Sentencia 2000-00767 de enero 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 520012331000200000-767-01 (27.644)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Emilsen del Carmen Herrera Burbano y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Aspectos procesales previos.

1.1. Competencia.

En atención a lo previsto en los artículos 120 del Código Contencioso Administrativo y 1º del Acuerdo 55 de 2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de 12 de marzo de 2004 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño.

Adicionalmente, comoquiera que la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación tuvieron lugar para el año 2004, la norma aplicable, a efectos de determinar la segunda instancia, es el Decreto 597 de 1988, el cual señalaba que para el año 2000, fecha de presentación de la demanda, la cuantía mínima para que un proceso en acción de reparación directa fuere susceptible del recurso de apelación era de $ 26.390.000, la cual se determina por el valor de las pretensiones sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad al libelo introductorio. En el caso concreto la pretensión mayor fue por concepto de perjuicios materiales - lucro cesante por valor de $ 532.710.111.00.

1.2. Prueba mediante copia simple.

Es necesario precisar lo concerniente a los documentos públicos, aportados en copia simple al proceso por ambas partes.

El precedente jurisprudencial ha precisado, que por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, los documentos que se aporten a un proceso judicial, podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por trascripción o por reproducción mecánica, como lo señala el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, si se trata de copias, debe observarse lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civiil, esto es:

“ART. 254.—[Modificado por el Decreto-Ley 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 117]. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y la del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, según los cuales los documentos presentados en sede judicial se reputan auténticos, en nada modifican el contenido de los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues el primero de ellos se refiere solo a documentos privados y el segundo, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, alude a documentos originales y no a copias(25). Queda claro entonces, que los documentos mediante los cuales se pretende la demostración de los hechos alegados en la demanda, deben aportarse en original o copia auténtica, debido a que las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 antes citado(26)(27).

Al respecto, ha señalado la jurisprudencia constitucional, que el precepto según el cual las copias, para que tengan el valor probatorio del original, tienen que ser autenticadas, es un principio elemental que siempre ha regido los ordenamientos procesales, considerando, que la certeza de los hechos que se tratan de demostrar con copias de documentos tiene relación directa con la autenticidad de tales copias.

“Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”(28).

Adviértase, entonces, que la honorable Corte Constitucional, en ejercicio de su función guardadora de la supremacía de la Constitución, mediante sentencia en cita, sostuvo que una cosa es la primacía del derecho sustancial, principio contenido en el artículo 228 de la Carta Magna, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que conllevan el nacimiento, modificación o extinción de los derechos reconocidos en la ley sustancial, de manera que concibió en la autenticidad de las copias, para reconocerle el mismo valor jurídico del original, el desarrollo de los derechos sustanciales, por cuanto cumple la finalidad de rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos.

“En las actuaciones de la administración de justicia, es decir, de los jueces, ‘prevalecerá el derecho sustancial’. Lo cual significa esto, y solamente esto: que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin, fin consistente en la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial. La exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ‘el mismo valor probatorio del original’ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos. Ninguna de las dos normas acusadas quebranta el artículo 228 de la Constitución. Una cosa es la primacía del derecho sustancial, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que causan el nacimiento, la modificación o la extinción de los derechos subjetivos, vale decir, de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Pretender que el artículo 228 de la Constitución torna inexequibles las normas relativas a la prueba, o la exigencia misma de esta, es desconocer la finalidad de las pruebas y del proceso en sí(29)”.

Del mismo modo, aseveró el máximo tribunal de lo constitucional que la exigencia de pruebas dentro del proceso judicial no es incompatible con la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 superior y en nada la contrarían, por el contrario, encontró que la exigencia de pruebas, presente en todos los ordenamientos jurídicos, son una forma para conseguir la seguridad en las relaciones jurídicas.

No obstante, es igualmente importante prever que la jurisprudencia ha establecido excepciones a las reglas probatorias anteriormente anotadas, las cuales se han circunscrito, principalmente, a las pruebas documentales trasladadas de procesos diferentes al contencioso, a aquellas que provienen de la entidad demandada, que han obrado a lo largo del plenario o han sido coadyuvadas por la parte contra quien se aducen, por cuanto se presume el pleno conocimiento de la prueba en la parte contraria y la posibilidad de controvertirla o, incluso, de alegarla a su favor. Lo anterior, atendiendo el principio de lealtad procesal.

Al respecto se ha dicho:

Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que estas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar estas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso(30).

Así, en reciente pronunciamiento la Sala de Subsección C, en aras de respetar el principio constitucional de buena fe y el deber de lealtad procesal(31), reconoció valor probatorio a una prueba documental allegada con el escrito introductorio en copia simple, que obró a lo largo del proceso, en un caso donde la nación al contestar la demanda admitió tenerla como prueba y aceptó el hecho a que se refería dicho documento, donde, además, una vez surtidas las etapas de contradicción, dicha prueba no fue cuestionada en su veracidad por la entidad demandada(32).

Este pronunciamiento se fundamentó en el citado precedente:

“De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda(33)”.

Al respecto, debe anotarse que el avance jurisprudencial presentado en este sentido obedece, entre otras, a la expedición de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que entró en vigencia el pasado 2 de julio de 2012 y en cuyo artículo 215 estableció una presunción legal con relación al valor probatorio de las copias, según la cual se presume que estas tienen el mismo valor del original, siempre que no hayan sido tachadas de falsas.

Con relación a esta codificación, es oportuno señalar que su artículo 308 restringió su aplicación a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, la Sala considera pertinente reiterar que en lo referente a la prueba del estado civil de las personas se seguirá aplicando, preferentemente, lo dispuesto por el Decreto-Ley 1260 de 1970 en cuanto se trata de una lex especialis(34).

En el caso de autos, dentro de los documentos que la parte actora aportó en copia simple se encuentran: Copia simple del informe administrativo por muerte Nº 13, proferido por la Policía Nacional - Departamento de Policía de Nariño el 29 de diciembre de 1999(35);copia simple del acta de posesión 8629 de 10 de enero de 1983 proferida por la Policía Nacional - Escuela Alejandro Gutiérrez, en el que consta que José Sabulón Villota Enríquez fue nombrado como Agente Alumno según la Resolución 5892 del 22 de octubre de 1982(36); copia simple del acta de posesión 0701 de 2 de marzo de 1983 proferida por la Policía Nacional - Escuela Alejandro Gutiérrez, en el que se manifiesta que José Sabulón Villota Enríquez fue nombrado como Agente Profesional según la Resolución 0913 del 21 de febrero de 1983(37); copia simple de la orden administrativa de personal Nº 1-0206 del 2 de noviembre de 1982, expedida por la Policía Nacional - Escuela Alejandro Gutiérrez en el que se establece que por reunir los requisitos establecidos en los artículos 3º y 4º del Decreto 609 del 15 de marzo de 1977 se nombra como alumno aspirante a agente del cuerpo profesional del curso 050 de la Esagu a José Sabulón Villota Enríquez(38);copia simple de la hoja de vida de José Sabulón Villota Enríquez(39);copia simple del Protocolo de Necropsia 464-99 realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Seccional Nariño el 1º de diciembre de 1999, en el que consta que el 28 de noviembre de 1999 murió el señor José Sabulón Villota Enríquez como consecuencia de un taponamiento cardiaco por heridas por proyectil de arma de fuego en el corazón(40);copia simple del Acta de Inspección Judicial con Examen Externo de Cadáver 205 correspondiente a José Sabulón Villota Enríquez(41);copia simple del certificado expedido por la Policía Nacional - Caja y Tesorería el 29 de noviembre de 1999, en el que se establece que el salario devengado por el señor José Sabulón Villota en el mes de septiembre fue de $ 821.326.36(42);copia simple del certificado expedido por la Policía Nacional - Caja y Tesorería el 29 de noviembre de 1999, en el que consta que el salario devengado por el señor José Sabulón Villota en el mes de octubre fue de $ 826.212.16(43) y; copia simple del certificado expedido por la Policía Nacional - Caja y Tesorería el 29 de noviembre de 1999, en el que se manifiesta que el salario devengado por el señor José Sabulón Villota en el mes de noviembre fue de $ 1.899.919.09(44).

No obstante, en concordancia con lo expuesto párrafos atrás, la Sala observa que los medios probatorios así presentado han obrado a lo largo del proceso sin que hayan sido objeto de tacha por parte de la entidad demandada, en quien es claro su conocimiento pleno de la prueba por cuanto en todos sus escritos de defensa hizo alusión a la misma y tuvo oportunidad de contradecirla o usarla en su defensa.

Por los argumentos expuestos se valorarán los mencionados documentos, conforme a los rigores legales vigentes en la materia(45).

1.3. Prueba trasladada.

En cuanto a las pruebas que la Sala valorará, se advierte que se allegó, a petición de la parte actora, copia auténtica del Proceso Prestacional 068 de 1999 por muerte del Agente José Sabulón Villota Enríquez, adelantado por la Policía Nacional - Comando Departamento Policía Nariño - Asuntos Disciplinarios, diligencias allegadas por dicha entidad mediante Oficio 0988 de 12 de febrero de 2001(46).

Teniendo en cuenta esto, la Sala con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada se sostiene en el precedente según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas.

Ahora bien, en el presente caso la Sala considera que ambas partes tienen pleno conocimiento de las pruebas trasladadas, toda vez que su traslado se produjo a petición de ambas partes y han obrado a lo largo del proceso, de manera que en relación con ellas se garantiza el derecho de contradicción y publicidad de la prueba.

En este sentido, el precedente de la Sala sostiene que las pruebas recaudadas podrán ser valoradas ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(47).

Cuando se trata de prueba documental, específicamente, se podrá trasladar de un proceso a otro en original (evento en el que se requerirá el desglose del proceso de origen y que se cumpla lo exigido en el artículo 185 CPC), o en copia auténtica (evento en el que se deberá cumplir lo consagrado en los artículos 253 y 254 del CPC), requisitos que se verifican en el caso de autos.

De esta manera, la Sala valorará las pruebas practicadas dentro del Proceso Prestacional 068 de 1999 por muerte del Agente José Sabulón Villota Enríquez, adelantado por la Policía Nacional - Comando Departamento Policía Nariño - Asuntos Disciplinarios, conforme a los fundamentos señalados.

No obstante, la Sala excluirá de dicha valoración los testimonios de Emilsen del Carmen Herrera Burbano, por cuanto esta es demandante en el caso de autos, y la declaración extra proceso rendida por la señora Zaira Lourdes Martínez, el 26 de enero de 2000(48) ante el Notario 2º del Circulo de Pasto, en tanto su práctica no reúne los requisitos exigidos por el artículo 298(49) y 299(50) del Código de Procedimiento Civil, ya que su valoración conllevaría la vulneración de debido proceso, derecho de defensa y contradicción de la prueba.

2. Sustento fáctico y objeto del recurso de apelación.

Resulta necesario precisar, ab initio, que el a quo dentro de sus consideraciones encontró probado el daño antijurídico, el cual no fue imputable a la administración.

Frente a lo anterior, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora centró sus inconformidades en los argumentos expuestos para no imputar el daño antijurídico, por lo que esta subsección concentra su análisis en el juicio de imputación.

Al respecto es preciso resaltar que:

“‘Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo’(51), razón por la cual se ha sostenido que ‘las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’(52).

Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por la apelante, por lo cual, en principio, los demás asuntos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(53) de la sentencia como el principio dispositivo(54) -(55).

En este sentido la Sala Plena de la corporación, en reciente pronunciamiento reiteró que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior lo sostuvo de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(56).

5. Imputación fáctica y jurídica (elemento de la responsabilidad del Estado).

En relación con la responsabilidad del Estado(57), la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización”(58) erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados(59) y de su patrimonio(60), sin distinguir su condición, situación e interés(61). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(62); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(63).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(64), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación (fáctica y jurídica) del mismo a la administración pública(65) tanto por la acción, como por la omisión.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo cual se analizará el caso a resolver.

En cuanto al daño antijurídico, como ya se ha dicho, su configuración no se haya en discusión entre tanto que el a quo lo halló configurado por lo cual el apelante no versó su controversia sobre este punto.

No ocurre lo mismo frente a la imputación, como elemento de configuración de la responsabilidad patrimonial de la administración, de manera que la subsección centrará su juicio de imputación en los elementos que conforme al material probatorio obran en el proceso para su configuración.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no solo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”.

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que estos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no. Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”.

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que

“El núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible. Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde solo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”.

En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”.

Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal, teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse (...) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”, y que además debe obedecer a la cláusula del Estado social de derecho.

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede encuadrar en la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos, que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho; en caso de no poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional.De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera:

“... en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos ‘títulos de imputación’ para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación” (destacado fuera del texto)

Asimismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el juicio de imputación y la imputación, en sí misma, es una sola, constante e invariable en el litigio de responsabilidad, la cual se presenta mediante diferentes criterios o fundamentos, por lo que cabe estudiar la responsabilidad extracontractual del Estado analizando dos extremos, a saber, uno de carácter subjetivo fundamentado en el régimen de la falla del servicio, y aquellos de naturaleza objetiva, el primero, fundado en la ruptura de la igualdad cargas públicas, pese a la licitud de la actuación de la administración, y aquel cuyo fundamento se haya en la concreción de un riesgo lícitamente creado por la administración.

Al respecto, se resalta que los regímenes objetivos son de aplicación subsidiaria y excepcional, por cuanto estos fueron previstos solo para aquellos eventos en los que la falla no resulta apta para resolver los múltiples casos en los que la administración causa daños antijurídicos, sin que medie una actuación u omisión reprochable a la misma.

Asimismo no puede entenderse que la existencia de los regímenes objetivos de imputación conlleva la objetivación de la responsabilidad extracontractual del Estado, en donde la administración entra a resarcir todo perjuicio que se cause a los particulares, convirtiéndose en un asegurador universal de estos. Por el contrario, deben rescatarse la subjetividad(66) de la falla del servicio(67) aplicable a todos los casos, en su calidad de régimen común de derecho y los elementos configurativos de cada criterio de imputación, para la atribución del daño antijurídico a la administración.

Entonces, frente a la existencia de diferentes criterios de imputación, la circunstancia de que los hechos relatados en la demanda sean constitutivos de una falla del servicio o conlleven la aplicación de un régimen objetivo, corresponde a la valoración teórica que incumbe efectuar autónomamente al juzgador, como dispensador del derecho ante la realidad histórica que las partes le demuestren(68), por cuanto, en aplicación del principio del iura novit curia se analiza el caso adecuando los supuestos fácticos al fundamento de la imputación que se ajuste debidamente, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, ni que se establezca un curso causal hipotético arbitrario.

De manera que es posible analizar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo criterios de imputación diferentes a aquellos invocados en la demanda, en aplicación al principio iura novit curia, que implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

Ahora bien, antes de realizar el estudio de la imputación en el caso concreto, para la Sala resulta pertinente hacer algunas consideraciones previas sobre el derecho a la seguridad personal de ciertos actores sociales en el marco del conflicto armado interno.

Antes de abordar el juicio de imputación en el caso concreto, y teniendo en cuenta las particularidades del asunto, la Sala debe abordar el tratamiento de la situación de ciertos actores sociales que hacen parte del sistema democrático y pueden ser objeto de protección reforzada [en el marco de la tutela del derecho a la seguridad personal], más cuando se acrediten, directa o indiciariamente, circunstancias que exceden la normalidad, o los peligros ordinarios bien sea por la ubicación del lugar en donde desempeñan sus actividades, o por las condiciones del conflicto interno que se presentaban para la época de los hechos.

El precedente jurisprudencial constitucional sostiene,

“... En efecto, la Constitución no limita el principio democrático al campo político sino que lo extiende a múltiples esferas sociales. Consecuencia directa justamente del carácter expansivo de la democracia participativa.

Ya la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que el principio democrático que prohija (sic) la Carta Política es a la vez universal y expansivo. Así ‘se dice que es universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción’(69)(70).

La aplicación del principio democrático se manifiesta, concretamente, en la tutela del derecho a la seguridad personal(71), que como garantía constitucional permite el desdoblamiento del ejercicio del derecho a la vida, cuyo alcance ha sido fijado en el precedente jurisprudencial constitucional en los siguientes términos,

“Dentro del desarrollo que del derecho fundamental a la vida ha realizado la jurisprudencia constitucional, se destaca el estudio acerca del carácter vincu-lante (sic) que para el Estado se deduce de sus dos ámbitos de protección, esto es, que se trata de un derecho que debe respetarse y debe protegerse(72). Conforme a lo anterior, por una parte, las autoridades públicas están obligadas a abstenerse de ejecutar actos que vulneren el derecho a la vida y, por la otra, a evitar que terceras personas por cualquier motivo lo desconozcan.

Este segundo ámbito de protección, se refiere entonces al deber que le asiste a las autoridades públicas de asegurar o garantizar el respeto del derecho a la vida por parte de terceros. Dicho deber no constituye una simple manifestación retórica de tipo formal, sino por el contrario, una declaración categórica e imperativa para el Estado, por virtud de la cual se le asigna una obligación positiva consistente en actuar con eficiencia y celeridad en su labor de defensa y cuidado de este derecho fundamental. Así las cosas, esta corporación ha sostenido que: ‘el Estado debe responder a las demandas de atención de manera cierta y efectiva, pues ante la amenaza que se tiende sobre la existencia y tranquilidad de individuos o grupos que habitan zonas de confrontación o que desarrollan actividades de riesgo en los términos del conflicto, es inexcusable que el Estado pretenda cumplir con sus deberes limitándose a señalar su imposibilidad para prestar la ayuda requerida’”(73).

Dicha circunstancia condujo al reconocimiento por parte de esta corporación de la seguridad personal como un derecho fundamental de todas las personas, y así lo estableció en la sentencia T-719 de 2003(74), al derivar su existencia del principio de igualdad de las cargas públicas y del principio de justicia y equidad. En sus propias palabras, la Corte manifestó que:

“Con base en los mandatos constitucionales e internacionales indicados abajo, y el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la protección de la seguridad de las personas en nuestro ordenamiento, según se reseña más adelante, para la Sala resulta claro que la seguridad personal, en el contexto colombiano, es un derecho fundamental de los individuos. Con base en él, pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar o mitigar. (...)

El derecho a la seguridad personal, en ese contexto, es aquel que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar estos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida, el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades por el Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad”.

Por virtud de lo expuesto en la Constitución Política, es claro que la obligación positiva que asume el Estado de asegurar a todas las personas residentes en Colombia la preservación de sus derechos a la vida y a la integridad física, como manifestación expresa del derecho fundamental a la seguridad personal, no se encuentra dentro de la clasificación moderna de las obligaciones como una obligación de resultado sino de medio, por virtud de la cual son llamadas las distintas autoridades públicas a establecer las medidas de salvaguarda que dentro de los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes, a fin de evitar la lesión o amenaza de los citados derechos fundamentales.

(...).

10. Ahora bien, en ciertos casos se exige como carga ciudadana fundada en el principio de solidaridad social (C.P. art. 95.2), que las personas asuman ciertos riesgos especiales, por fuera de los mínimos u ordinarios que se predican para toda la comunidad. Dichos riesgos por lo general tienen su origen en dos tipos de contingencias, por una parte, en aquellas que se derivan de la convivencia en sociedad, por ejemplo, cuando para asegurar la defensa de una población es indispensable instalar una estación de policía, que por la situación interna de conflicto armado que vive el país, puede exponer a determinados riesgos a los vecinos de dichas construcciones(75); y por la otra, en aquellas que subyacen a la prestación de los servicios públicos, ya sea en relación con las personas que se benefician de los mismos(76), o frente a las personas encargadas de su prestación, es decir, los servidores públicos”(77).

Teniendo en cuenta el alcance del derecho a la seguridad personal, cuyo sustento se encuentra en los artículos 93 y 94 de la Carta Política(78), en lo consagrado en el artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948(79), en el artículo 7.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos(80) [Pacto de San José] y en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(81), en el precedente jurisprudencial constitucional se plantea la necesidad de delimitar frente a qué tipo de riesgos se exige que las autoridades públicas ejerzan la protección debida. En ese sentido el precedente indica,

“Se tiene, en primer lugar, que dichos riesgos deben ser extraordinarios. Esto quiere decir que existe un nivel de riesgo ordinario, social y jurídicamente soportable, por estar implícito en la vida cotidiana dentro de cualquier sociedad. (...) (L)as personas no pueden exigir al Estado un nivel especial de protección frente a este tipo de riesgos elementales: soportarlos constituye una carga derivada de la condición misma de integrante de una comunidad de seres humanos, que se impone a todos los miembros de la sociedad por igual.

‘Ahora bien, en la medida en que la intensidad de dichos riesgos se incremente, es decir, cuando se tornen extraordinarios y reúnen las demás características señaladas en esta providencia, las personas tendrán derecho a solicitar la intervención protectiva (sic) de las autoridades para mitigarlos o evitar que se materialicen, cuando ello sea posible; tal intervención estatal podrá invocarse con distintos títulos, es decir, en virtud de distintos derechos fundamentales —la vida, la integridad personal o la seguridad personal—, dependiendo del nivel de intensidad del riesgo en cuestión y de sus características.

De tal manera que el derecho a la seguridad personal sí comprende un nivel de protección básico de las personas contra ciertos riesgos o peligros que, al responder a determinados atributos, “no resultan legítimos ni soportables dentro de la convivencia en sociedad, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales; se trata de riesgos extraordinarios cuya imposición misma lesiona la igualdad en la que deben estar las personas frente a la carga de vivir en sociedad.

Con el propósito de delimitar objetivamente el campo de aplicación del derecho a la seguridad personal en el ordenamiento jurídico colombiano, la jurisprudencia de esta Corte estableció una sencilla escala de riesgos, tomando en cuenta dos variables: (i) los niveles de tolerabilidad jurídica del riesgo por los ciudadanos en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas; y (ii) los títulos jurídicos con base en los cuales se puede invocar la intervención protectiva de las autoridades .

Bajo tales parámetros estableció cinco niveles de riesgo: (i) un nivel de riesgo mínimo(82); (ii) un nivel de riesgo ordinario, soportado por igual por quienes viven en sociedad(83); (iii) un nivel de riesgo extraordinario, que las personas no están obligadas a soportar; (iv) un nivel de riesgo extremo que amenaza la vida o la integridad personal(84); y (v) un nivel de riesgo consumado(85).

A partir de tal caracterización estimó la Corte que ‘el derecho fundamental a la seguridad personal opera para proteger a las personas de los riesgos que se ubican en el nivel de los riesgos extraordinarios, que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar’. A fin de establecer si un riesgo puesto en conocimiento de las autoridades tiene una intensidad suficiente como para ser extraordinario, el funcionario competente debe analizar si confluyen en él algunos de los siguientes atributos: específico e individualizable(86), concreto(87), actual(88), importante(89), serio(90), claro y discernible(91), excepcional(92), desproporcionado(93), además de grave e inminente”(94).

En la actualidad, la tutela del derecho a la seguridad personal se encuentra positivado en lo consagrado en los artículos 81 de la Ley 418 de 1997, de la Ley 548 de 1999 y en la Ley 782 de 2002, según las cuales “el Gobierno Nacional - Ministerio del Interior y de Justicia -, pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica o con el conflicto armado interno”. Así mismo, en virtud del Decreto 2816 de 2006 se “diseña y reglamenta el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia”, se establece que la “población objeto del programa está constituida por los dirigentes o activistas de grupos políticos, (especialmente de grupos de oposición), de organizaciones sociales, cívicas, comunales, gremiales, sindicales, campesinas, de grupos étnicos, de derechos humanos, de población en situación de desplazamiento; miembros de la misión médica; testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario, independientemente de que no se hayan iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos; periodistas y comunicadores sociales; alcaldes, diputados, concejales, personeros; funcionarios o ex funcionarios responsables del diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos o de paz del Gobierno Nacional”(95).

Ahora bien, en el caso concreto, debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación bajo el análisis de la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica se hará bajo los criterios expuestos por la falla en el servicio, sustentada en la vulneración de deberes normativos(96), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho.

El análisis lo aborda la Sala de Subsección C teniendo en cuenta los siguientes precedentes jurisprudenciales sobre la materia:

En una primera etapa, en la sentencia de la Sección Tercera de 17 de febrero de 1983, se plantearon varios fundamentos: i) cabe endilgar la responsabilidad por la abstención o inercia; ii) desde finales de los años treinta [1937] la Corte Suprema de Justicia afirma que cabe establecer la responsabilidad por la inejecución de obligaciones positivas, lo que se concretó en un fallo de 1946 de la misma corporación hablándose de dos supuestos: por omisión de un acto; o, por falta de intervención o de iniciativa ante deberes jurídicos positivos; iii) pese a lo anterior, se firmó que no hay responsabilidad cuando el funcionario competente necesita requerimiento para actuar. A lo que se agregó que si la ley lo ha reglamentado “resulta ineludible el formal requerimiento; iv) para establecer la falla del servicio es indispensable acreditar que se pidió la protección policiva(97). Luego, consideró el precedente, el Estado no asume una obligación de resultado, de seguridad. Se insiste, pues, que es imprescindible haber pedido protección ante amenazas fundadas y razonados temores; se demostró que los hechos, el homicidio del magistrado, fue ajeno a la natural aprehensión que debía tener el que temía un peligro inminente.

Dentro de este precedente cabe destacar el salvamento presentado por el consejero de Estado Carlos Betancur Jaramillo, en el que se sostuvo: i) en este tipo de asunto se produce la tensión entre la salvaguardia de la forma sagrada y la premisa “darle a cada cual lo suyo”; ii) la protección que merece todo individuo debe estar cerca; iii) debe estarse presto a actuar ante las primeras señales de perturbación; iv) en circunstancias anormales o excepcionales la autoridad no puede esperar que se cumpla con el requerimiento; v) ante una época de terror y angustia, “cuando la subversión cierra su cerco y el crimen organizado y brutal gana prestigio social”, todo ciudadano puede esperar la solidaridad; vi) la protección debe ser acorde con los riesgos propios de la actividad que cada individuo cumple; vii) frente a un estado de zozobra se extreman los riesgos y debe ampliarse la protección de aquellas personas que dirigen el Estado, y; viii) a la víctima no cabe endilgarle culpa por no haber protegido, o pedir la protección con todas las formalidades.

En el segundo precedente, constituido por la sentencia de la Sala Plena de 12 de julio de 1988 que resolvió el recurso extraordinario de anulación contra la sentencia de 17 de febrero de 1983, se sostuvo: i) el Estado se encontraba en la posibilidad de proteger a la víctima, aunque expresamente no se haya pedido; ii) la autoridad dejó de actuar, al haber permitido que otro destruyera sus bienes, o lo despojara de los mismo; iii) no es necesario averiguar la posibilidad de otros medios de defensa que el particular tenía; iv) ante un ambiente de zozobra, confusión e inestabilidad las autoridades deben proceder a dar protección, sin que haya lugar a exigir un requerimiento concreto y específico; v) se constató que no se puso medio alguno al servicio de la víctima que enfrentaba una situación especial de riesgo; vi) la protección a la vida honra y bienes no es estática; vii) las autoridades policiales no son simples sujetos pasivos, que demandan la petición de protección del miembro de la comunidad que la necesita; viii) debe observarse el deber positivo de permanente alerta, teniendo en cuenta las circunstancias de cada momento; ix) el Estado debe tomar “la acción cuando la situación azarosa de perturbación lo aconseje respecto de una o de determinadas personas, teniendo en cuenta la influencia que esa circunstancia obre sobre cada una, por la posición que ocupan en la vida social”; x) para el caso, la información de prensa permitió al juez concebir que las autoridades policiales debían volver su atención, cuidado y protección a la víctima; xi) al sobrevenir circunstancias extraordinarias se exige presencia especial de la autoridad; xii) el Estado es responsable “cuando el desorden causado por el daño se hace empresa pública y aquel no intenta siquiera contrarrestarlo”; xiii) la situación de riesgo puede estar determinada por alguna de las circunstancias excepcionales siguientes: posición intuitu personae “teniendo en cuenta sus condiciones personales y sociales”; ejercicio de cargos; antecedentes de persecución o de atentados criminales; tratarse de un medio anómalo; perturbación del orden público en el que la persona se desenvuelve; xxii) ante tales situaciones se afirma como imperativo que la actividad estatal se dirija a prestar una especial protección.

En una segunda etapa los precedentes recientes de la Sala en materia de falla del servicio por omisión en el deber de protección se orientan de manera disímil. En la sentencia de 26 de enero de 2006 se sostiene que la responsabilidad del Estado por omisión cuando se imputa el daño por falta de protección exige,

“... previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad”.

Posteriormente, en la sentencia de 19 de julio de 2007, la Sala frente a un caso en el que el amenazado era un personero, quien informó a la Policía Nacional de las amenazas, se sostiene que el municipio presentaba, para la época de los hechos, “alteraciones de orden público debido a los actos de violencia” de grupos armados insurgentes.

En tanto que en la sentencia de 3 de octubre de 2007 se argumentó que pese a las graves y reiteradas denuncias formuladas al gobierno “sobre la compleja y difícil situación que estaban padeciendo los miembros del Partido Comunista”, no se “adelantó investigación alguna tendiente a verificar o esclarecer la procedencia de las mismas, mucho menos se tomó medidas de protección para evitar la muerte de cientos de militantes de dicho partido político”.

Ahora bien, en la sentencia de 4 de diciembre de 2007 se indicaron los elementos con base en los cuales cabe examinar la fala del servicio de protección: i) indiciariamente se prueba que la víctima informa a las autoridades policiales acerca de las circunstancias de peligrosidad en que vive; ii) la autoridad policial conocía el riesgo que corría la víctima; iii) no es indefectible la prueba de la petición de protección; iv) basta que las autoridades si conocieran la situación de peligro en que se enmarcaba la persona. Así mismo, se sostiene en este precedente que la falla del servicio de protección puede apoyarse en la posición de garante que ostenta el Estado y expresa en tres aspectos: i) incumplimiento del deber de protección y cuidado, comunicado el peligro que se corría como resultado de múltiples intimidaciones; ii) no se endilga una obligación de imposible cumplimiento al Estado; iii) el “deber de protección de la vida, honra y bienes que se radica en cabeza del Estado, se torna más exigente en tratándose de personas frente a las cuales es posible o probable que se concrete o materialice un riesgo de naturaleza prohibida”.

Así mismo, en la sentencia de 6 de marzo de 2008 [Exp.14443] la Sala sostiene,

“El relación con el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, cabe señalar que el mismo está contenido en el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución que establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6º ibídem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que, omitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua (sic), pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos”.

En la sentencia de 25 de febrero de 2009 se sostiene que la prueba indiciaria es útil cuando se examina la imputabilidad de la falla del servicio por omisión en el servicio de protección. En concreto, se afirma la existencia de indicios “de que la víctima estaba siendo amenazada y de esta circunstancia tenía conocimiento la policía”. De igual forma, se afirma la existencia de circunstancias especiales que indicaban que la vida de la víctima “corría peligro para que oficiosamente debiera desplegar una actividad especial de protección de la vida”.

Recientemente, en la sentencia de 25 de agosto de 2010, de la Sección Primera, se sostiene que cuando “una persona se encuentra en peligro, y considera amenazados sus derechos fundamentales y los de su familia... es necesario que el Estado dirija su accionar con el fin único de evitar que se materialice un daño concreto, accionar que solo podrá estar antecedido de un conocimiento de los diferentes factores de riesgo que rodean a la persona”.

Finalmente, la Subsección C en la sentencia de 31 de enero de 2011 [Exp.17842], planteó cinco criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había “conocimiento generalizado” de la situación de orden público de una zona, que afectaba a organizaciones y a las personas relacionadas con estas; ii) que se tenía conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo vulnerable; iii) que existía una situación de “riesgo constante”; iv) que había conocimiento del peligro al que estaba sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejercía, y; vi) que no se desplegaron las acciones necesarias para precaver el daño.

Así las cosas, la Sala de subsección examinará los presupuestos fácticos y el acervo probatorio para establecer si en el caso del agente de policía José Sabulón Villota Enríquez, se encuentra probada la imputación del daño antijurídico a la entidad demandada, para lo cual se apoyará en los criterios recogidos de los precedentes jurisprudenciales citados.

Cabe, también, señalar que, en el evento de ser necesario, los hechos se analizarán con base en la prueba indiciaria(98) y bajo la valoración de los hechos indicadores, frente al hecho desconocido(99).

1) La posición intuitu personae (condiciones personales y sociales).

En el plenario se encuentra plenamente acreditado que en el momento de su fallecimiento, José Sabulón Villota Enríquez se encontraba ejerciendo el cargo de agente profesional de la Policía Nacional.

— Copia simple del acta de posesión 8629 de 10 de enero de 1983 proferida por la Policía Nacional - Escuela Alejandro Gutiérrez, en el que consta que José Sabulón Villota Enríquez fue nombrado como Agente Alumno según la Resolución 5892 del 22 de octubre de 1982(100).

— Copia simple del acta de posesión 0701 de 2 de marzo de 1983 proferida por la Policía Nacional - Escuela Alejandro Gutiérrez, en el que consta que José Sabulón Villota Enríquez fue nombrado como agente profesional según la Resolución 0913 del 21 de febrero de 1983(101).

— Copia simple de la orden administrativa de personal 1-0206 del 2 de noviembre de 1982, expedida por la Policía Nacional - Escuela Alejandro Gutiérrez en el que consta que por reunir los requisitos establecidos en los artículos 3º y 4º del Decreto 609 del 15 de marzo de 1977 se nombra como alumno aspirante a agente del cuerpo profesional del curso 050 de la Esagu a José Sabulón Villota Enríquez(102).

— Copia simple de la hoja de vida de José Sabulón Villota Enríquez(103).

— Copia simple del certificado expedido por la Policía Nacional - Caja y Tesorería el 29 de noviembre de 1999, en el que consta que el salario devengado por el señor José Sabulón Villota en el mes de septiembre fue de $ 821.326.36(104).

— Copia simple del certificado expedido por la Policía Nacional - Caja y Tesorería el 29 de noviembre de 1999, en el que consta que el salario devengado por el señor José Sabulón Villota en el mes de octubre fue de $ 826.212.16(105).

— Copia simple del certificado expedido por la Policía Nacional - Caja y Tesorería el 29 de noviembre de 1999, en el que consta que el salario devengado por el señor José Sabulón Villota en el mes de noviembre fue de $ 1.899.919.09(106).

— Copia autentica del oficio presentado por el Departamento de Policía de Nariño - Guardia Denar el 13 de diciembre de 1999 y en el que consta(107):

“... Para el día 271199 (sic) el AG. Villota Enríquez José Sabulón realizó tercer turno como custodia y para el día 281199 (sic) realizó primer turno como custodia relevándolo a las 06:00 horas para asistir a las 11:30 horas a servicio de Estadio como consta en el folio 229. En el folio 147 de la minuta de servicio se constata el tercer y primer turno de los días anteriormente dichos (...)”.

— Certificado expedido por la Policía Nacional - Departamento de Policía de Nariño - Jefe de Recursos Humanos el 25 de febrero de 2000 en la que consta que el señor AG. José Sabulón Villota Enríquez falleció el 28 de noviembre de 1999 y prestó sus servicios en la Policía Nacional por un tiempo de 16 años, 7 meses y 27 días(108).

Ahora, si bien considera la Sala que la posición de agente de la Policía Nacional por sí sola no pone a la víctima en una posición de especial protección del Estado, entre tanto que estos están instituidos como miembros de la institución para propender por la vida y seguridad de los colombianos, actividad que de suyo implica el asumir los riesgos que la función misma conlleva, este hecho no implica que quienes dedican su capacidad laboral al servicio de la fuerza pública renuncien per se a los derechos constitucionales y legales de protección y seguridad por parte de la administración, cuando por cualquier circunstancia su integridad física se ve comprometida en razón del cargo, las funciones o las labores u operativos por ellos ejecutados.

En el sub iúdice la Sala observa que la parte actora señaló como situación especial del agente Villota Enríquez, entre tanto que lo ubica en una condición personal especial, su participación en diferentes operativos de los que se derivaron amenazas contra su vida.

Así, se dijo que cuando el agente se encontraba en Cali laborando, tuvo que enfrentarse con muchas pandillas de delincuentes, de donde se derivaron las amenazas que, presuntamente, finalmente se concretaron en la muerte ocurrida el 28 de noviembre de 1999, según consta en el registro civil de defunción.

— Copia autentica del Registro de Defunción en el que consta que el día 28 de noviembre de 1999 a las 7:20 p.m., en el municipio de Pasto - Nariño murió de manera violenta el señor José Sabulón Villota Enríquez(109).

2) Las amenazas y la situación de peligro o riesgo a la que se encontraba expuesto el agente José Sabulón Villota Enríquez.

La Sala considera, plenamente establecida la existencia de las amenazas efectuadas contra la vida del agente José Sabulón Villota Enriquez, amenazas que evidentemente lo ubicaban en una situación de peligro, adicional a la que se encontraba expuesto en el ejercicio normal de las funciones que como miembro de la fuerza pública debía asumir.

Así quedó acreditado con los siguientes medios probatorios:

— Copia simple del acta de inspección judicial con examen externo de cadáver 205 correspondiente a José Sabulón Villota Enríquez(110):

“Resumen investigativo y observaciones: Según información de la señora: Emilsen del Carmen Herrera Burbano, (...) manifiesta que el hoy occiso le había comentado, que lo amenazó un agente retirado por mala conducta de nombre Zaragro, quien está dedicado en la ciudad de Cali al hurto. De motos (sic) en compañía de dos jóvenes y de acuerdo a las características le parece que son los mismos que le dispararon en el momento de los hechos. Los agentes de la Sijín conocieron el caso en su oportunidad y adelantan las averiguaciones del caso”.

— Declaración extra proceso rendida por la señora Sandra Milena Cifuentes Andrade el 26 de enero de 2000, quien manifestó haber conocido a José Sabulon Villota Enríquez porque diariamente frecuentaba su casa ya que conocía a la esposa de nombre Emilsen y con relación a los hechos sostuvo(111):

“... Cuando estuve en la casa de José Villota en la ciudad de Cali, aproximadamente en el mes de mayo del año pasado, escuché que en el lugar donde trabajaba el señor Villota Enríquez, en la Sijín como investigador de homicidios, ya que él pertenece a la Policía Nacional (agente), él me comentó que unos tipos lo había amenazado (sic), y que había solicitado el traslado para Pasto, cuando ellos vinieron aquí a Pasto, los fui a visitar a Emilsen y a su esposo, en el barrio Aquine II de Pasto, en noviembre del 99, nuevamente comentaron delante de mí que los tipos que lo habían amenazado en Cali, se los encontró aquí en Pasto en la calle 18 cerca al Parque Nariño, y habían discutido nuevamente, el esposo de mi amiga el señor Villota y un tal Sarageo, persona esta que se la tenía sentenciada, según lo que él decía, todo esto por trabajar en la policía, y él me comento que informado de esta amenazada (sic) al Teniente de la Sipol y a J1 y J2, a los tres días de haber comentado lo anterior, lo mataron...”.

Esta declaración fue ratificada dentro del contencioso por la señora Sandra Milena Cifuentes, mediante testimonio rendido el 8 de marzo de 2001, donde sostuvo(112):

“... Preguntado: Sírvase manifestar al juzgado si se ratifica en la declaración extra procesal y notarial que rindió el día 26 de enero del año 2000, a las 10:00 a.m., ante la Notaría Segunda del Círculo de Pasto. Contestó: Si me ratifico en esa declaración por haber dicho la verdad. (...). Preguntado: Sabe usted, dónde era la sede de trabajo del señor Villota Enríquez para las fechas de mayo de 1999 y noviembre de 1999, a qué actividad se dedicaba o qué clase de servicios prestaba. Contestó: En el mes de mayo trabajó en la ciudad de Cali, él trabajaba con la Policía pero no sé de qué y luego en noviembre de 1999, él trabajaba en la ciudad de Pasto en la Policía Nacional. Preguntado: Tiene usted conocimiento de las circunstancias en las que perdió la vida el señor Villota Enríquez, por qué razón o por intermedio de quién se enteró de ello, recuerda en qué fecha ocurrieron los hechos y el lugar de ocurrencia de los mismos. Contestó: El día 28 de noviembre de 1999, en horas de la noche, el señor Nicanor Herrera Burbano, quien es cuñado para mí, mediante llamada telefónica de él me enteré de que al señor Villota Enríquez lo habían matado, el finado nos dijo a mí y a mi novio German que estaba amenazado de muerte y a él lo habían matado saliendo de la casa de la mamá de él a unas dos cuadras, más concretamente en el barrio Miraflores de la ciudad de Pasto. Preguntado: Tiene usted conocimiento de cuáles fueron las circunstancias o razones por las que el fallecido Villota Enríquez recibió algún tipo de amenazas cuando residía en Cali, en caso afirmativo manifieste en qué consistieron las amenazas y qué personas fueron las que lo amenazaron. Contestó: A él lo amenazaron porque él investigaba delitos, él era eficiente en su trabajo como policía, él estaba tras algunos delincuentes y entre ellos las personas que lo amenazaron porque él investigaba delitos, él era eficiente en su trabajo como policía, él estaba tras algunos delincuentes y entre ellos las personas que lo amenazaron y según yo tengo entendido ellos fueron los que lo mataron porque los perseguía mucho, esto lo sé por comentarios del finado, pero sí sé es que uno de ellos tenía el nombre o sobrenombre de Sarageo. Preguntado: Manifieste usted si algunas personas diferentes a usted hayan sabido de estas amenazas, en caso afirmativo menciónelas. Contestó: Quienes conocían de estas amenazas era German Herrera Burbano, Emilsen Herrera Burbano y el Comando de Policía de Pasto, más concretamente a J1 y J2. Preguntado: Sabe usted qué determinación tomó el señor Villota Enríquez, después de recibir las amenazas en Cali, qué solicitud o trámite adelantó ante la Policía Nacional, institución para la cual trabajaba y si esa solicitud fue escrita o verbal. Contestó: El determinó que iba a pedir traslado a la ciudad de Pasto y no sé si esa solicitud haya sido escrita o verbal (...). Preguntado: Dentro de las visitas que usted efectuaba a la casa del señor Villota Enríquez en Pasto, ¿escuchó en alguna oportunidad comentarios sobre posibles amenazas que haya recibido el señor Villota Enríquez? En caso afirmativo diga usted si recuerda la fecha o época en la cual tuvo ocurrencia tales comentarios y qué (sic) consistieron los mismos. Contestó: Si yo escuché comentarios de José Sabulón y de su esposa de que lo tenían amenazado, para la fecha o época no recuerdo, a él le habían dicho que lo iban a matar. Preguntado: ¿Recuerda usted si a raíz del incidente anterior, el señor Villota Enríquez puso en conocimiento de sus inmediatos superiores? En caso afirmativo diga usted si esa queja o información fue verbal o por escrito y en qué sentido. Contestó: Sí, el señor José Sabulón puso en conocimiento de sus superiores, él informó a los comandos de la Policía de Pasto, esa información había sido verbal, yo esto lo sé por comentario del fallecido (...)”.

— Declaración extra proceso rendida por el señor Francisco German Herrera, el 26 de enero de 2000, quien manifestó haber conocido a José Sabulon Villota Enríquez porque fueron amigos desde que trabajaba en Samaniego unos 12 años atrás y era el esposo de su hermana, y con relación a los hechos sostuvo(113):

“... Cuando estuve en la casa de mi cuñado en Cali, en el mes de mayo con mi novia Sandra Milena Cifuentes, el día que fui a comprar un surtido de ropa para el almacén que poseo en Samaniego (N), en ese entonces él me comentó que unos tipos lo habían amenazado, y que por ese motivo él había solicitado el traslado para Pasto, me enteré que ya lo habían trasladado porque se comunicó conmigo para esto, yo venía con frecuencia a visitarlos, a finales de noviembre del año pasado, nuevamente me dijo que los tipos que lo habían amenazado en Cali, se los encontró aquí en Pasto, y habían discutido, y que en vista de eso, él había informados a los altos mandos y jefes de él de la Policía Nacional, y unos días después de esta conversación lo asesinaron...”.

Declaración que fue ratificada por el señor Francisco German Herrera Burbano mediante testimonio rendido el 8 de marzo de 2001, donde manifestó(114):

“... Preguntado: Sírvase manifestar al juzgado si se ratifica en la declaración extra procesal y notarial que rindió el día 26 de enero del año 2000, a las 10:00 a.m., ante la Notaría Segunda del Círculo de Pasto. Contestó: Si me ratifico por haber dicho la verdad. (...) Preguntado: ¿Sabe usted, dónde era la sede de trabajo del señor Villota Enríquez para las fechas de mayo de 1999 y noviembre del mismo año? ¿A qué actividad se dedicaba o qué clase de servicios prestaba? Contestó: Él trabajaba en la ciudad de Cali y luego lo trasladaron a la ciudad de Pasto, en Cali trabajaba en la Sijín y en Pasto en la policía, él trabajaba en las oficinas de la Policía Nacional. Preguntado: ¿Tiene usted conocimiento de las circunstancias en las que perdió la vida el señor Villota Enríquez? ¿Por qué razón o por medio de quién se enteró de ello? ¿Recuerda en qué fecha ocurrieron los hechos y el lugar de ocurrencia de los mismos? Contestó: A dicho señor lo mataron el día 28 de noviembre de 1999, por comentarios de mi hermana Emilsen Herrera, se supo que dos tipos en una moto le dispararon y lo mataron, eso fue en el barrio Miraflores, en la ciudad de Pasto, esos hechos fueron presenciados por mi hermana porque ella iba con mi cuñado en el carro que ellos tenían. Preguntado: Manifieste usted cómo se enteró de esas amenazas; aparte de usted existen otras personas que se enteraron de tales circunstancias, menciónelas. Contestó: A él lo amenazaron de la ciudad de Cali, no sé quién lo hizo, yo supe que él estaba amenazado porque él me comentó de esas amenazas sabía mi hermana Emilsen y mi compañera o novia Sandra y los altos mandos de la Policía Nacional con sede en Pasto, ahí nombraban a un J2 y un J3. Preguntado: ¿Sabe usted qué determinación tomó el señor Villota Enríquez después de recibir las amenazas de Cali? Qué solicitud o tramite adelantó ante la Policía Nacional, institución para la cual trabajaba. Contestó: El pidió traslado y le concedieron a la ciudad de Pasto. (...) Preguntado: Dentro de las visitas que usted efectuaba a la casa del señor Villota Enríquez en Pasto, ¿escuchó en alguna oportunidad comentario sobre posibles amenazas que haya recibido el precitado señor? En caso afirmativo, diga usted si recuerda la fecha o época en la cual tuvo ocurrencia tales comentarios y en qué consistieron los mismos. Contestó: El me comentó que habían discutido con uno o dos manes, él me dijo los sobre nombres pero no recuerdo ahora, el finado les había dicho que no los iba a dejar trabajar en Pasto, en razón a que ellos eran delincuentes y que ellos le habían ofrecido bala y debido a eso fue que informó a J2 y J3 y a los 15 días lo acribillaron; esos comentarios los recibí de él una semana antes de su muerte. (...) Preguntado ¿Recuerda usted si a raíz del incidente anterior el señor Villota Enríquez puso en conocimiento de sus inmediatos superiores? En caso afirmativo diga usted si esa queja o información fue verbal o por escrito y en qué sentido. Contestó: Eso fue verbal y por teléfono, él había llamado a J2 y J3, él informó de las amenazas a que fue objeto...”.

3) La circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la muerte violenta del agente José Sabulón Villota Enríquez.

Observa la Sala, que en relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte del extinto agente José Sabulón Villota Enríquez. El material probatorio revela que el día 28 de noviembre de 1999, mientras se encontraba de franquicia, es decir, fuera del servicio, aproximadamente hacia las 7:15 p.m., luego de visitar a su mamá, el mencionado agente fue interceptado a la altura de la calle diagonal 16 B con carrera 2 E, de la ciudad de Pasto por dos sujetos, sin identificar, que se desplazaban en una motocicleta, quienes se ubicaron por el lado izquierdo de la víctima para dispararle en repetidas ocasiones con arma de fuego cuyos impactos le causaron la muerte.

Adicionalmente al material probatorio antes citado, respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo ocurrencia la muerte del agente José Sabulón Villota Enríquez, se encuentran los siguientes elementos:

— Copia simple del acta de inspección judicial con examen externo de cadáver Nº 205 correspondiente a José Sabulón Villota Enríquez(115):

“... Descripción morfológica, cromática y particularidades: Se trata de un hombre de (ilegible) trigueño medio, cabello lacio castaño oscuro, abundante corto, frente mediana, cejas rectas, semipobladas separadas, iris castaño medio, nariz grande, dorso recto base mediana horizontal, barba y bigote rasurados, boca y labios medianos, mentón redondo, con papada, dentadura natural incompleta en buen estado, (mentón redondo), contorno facial oval (sic), orejas triangulares grandes lóbulo separado.

Descripción de lesiones: Herida abierta de bordes irregulares de 6 cms por 1 cm, en región molar izquierda en sentido horizontal con abrasión sobre la región maseterica (sic), dos heridas abiertas de bordes regulares con anillo de abrasión de seis milímetros en región pre auricular izquierda, herida abierta de borde regulares (sic) con anillo de abrasión de 3 cms por dos centímetros, ubicados en hemitórax izquierdo sobre línea axilar anterior, la lesión corresponde a perforaciones en prenda, sobre el flanco izquierdo y en la región de la herida se aprecian lesiones puntiformes múltiples, cicatriz antigua en cara interna del antebrazo izquierdo distal de 3 por 2 centímetros.

Fenómenos cadavéricos: cadáver tibio con livideces moderadas en plano dorsal que desaparecen a la digito presión, cadáver flácido.

Tiempo aproximado de la muerte: de una a 3 horas.

(...).

Resumen investigativo y observaciones: Según información de la señora: Emilsen del Carmen Herrera Burbano, identificada con la cédula de ciudadanía 59.794.644 de Samaniego, residente en el barrio Aquina II casa Nº 39 teléfono Nº 214680, esposa del hoy occiso, manifestó: que el día de hoy se encontraban en la casa de habitación de la señora: Esperanza Enríquez, madre de José Villota, ubicada en la diagonal 16B Nº (Ilegible) del barrio Miraflores, salieron de ese lugar junto con sus hijos y se movilizaban en el vehículo marca Renault 6 color verde (sic) de su propiedad y momentos en que se movilizaban por la diagonal 16B con carrera 2E frente al jugadero de sapo (sic) de una esquina fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta al parecer AX-100 color oscura y el parrillero que se trata de un joven cabello rapado, tex blanca (sic), con características de personas de clima cálido (Cali o Putumayo), el que iba manejando la moto se trata de un joven blanco y uno, le propinaron dos disparos se encontraban varados por gasolina, le estaba siguiendo una moto y de inmediato dispararon contra el hoy occiso (sic). El señor José Nicanor Herrera residente de la casa 39 del barrio Aquino II, Teléfono 7214680,(...)”.

— Copia autentica del informativo sobre la novedad del deceso de un agente proferido por el Departamento de Policía de Nariño - CAI de la ciudad de Pasto el 28 de noviembre de 1999(116):

“... Con el presente me permito informar a ese comando la novedad ocurrida el día de hoy, siendo las 19:30 horas aproximadamente donde fue ultimado el señor: AG. Villota Enríquez José Sabulón, quien laboraba en la guardia del comando del departamento y el día de hoy se encontraba con franquicia (sic).

Los hechos ocurrieron en la calle 17 con Crra. 2 barrio Miraflores, donde dos sujetos que se transportaban en una moto, DT-125, color negra, le propinaron al agente tres impactos, dos a la altura del pómulo izquierdo y uno a la altura del costado izquierdo, al parecer con arma de fuego calibre 38 largo, quien fue trasladado hasta el Hospital Departamental donde falleció. Los delincuentes después de cometer el ilícito emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime convenientes...”.

— Copia autentica de la providencia proferida por la Policía Nacional - Departamento de Policía de Nariño - Asuntos Disciplinarios - Servicios Especializados el 13 de diciembre de 1999, en la que se ordena dar inicio a la investigación Administrativo - Prestacional, con base en el informe sin número con fecha 28 de noviembre de 1999, suscrito por el señor agente German Orlando Díaz Guerrero, adscrito al CAI de la ciudad de Pasto, quien manifiesta la novedad presentada el día 28 de noviembre de 1999, en el barrio Miraflores en donde perdió la vida el señor agente José Sabulón Villota Enríquez a causa de heridas producidas por arma de fuego(117).

— Copia autentica de la providencia proferida por la Policía Nacional - Departamento de Policía de Nariño - Asuntos Disciplinarios - Servicios Especializados el 17 de diciembre de 1999 y en la que consta(118):

“... Hechos

El día 28 de noviembre de 1999, el señor Agente Villota Enríquez José Sabulón, se encontraba disfrutando de franquicia, ya que había realizado primer turno de servicio de seguridad en las instalaciones de la base del Comando del Departamento de Policía - Nariño y aproximadamente a las 7 y 30 de la noche cuando se desplazaba en el vehículo de su propiedad marca Renault 6, color verde sin más datos, por la calle 17 con carrera 2a del barrio Miraflores de esta ciudad, fue interceptado por dos sujetos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta al parecer DT-125, color oscuro, quienes le dispararon en varias ocasiones propinándole dos disparos a la altura de la cabeza lado izquierdo y uno a la altura del costado superior izquierdo, los cuales le produjeron su deceso en los momentos en que era trasladado hacia el Hospital Departamental, ya que uno de los proyectiles había impactado en el corazón.

(...).

Concepto

Primero: Que la muerte del señor Agente Villota Enríquez Sabulón, identificado con la cédula de ciudadanía número, 12.981.477 de Pasto (N), se encuentra establecido en el Decreto 1213 de 1990, articulo 121 “muerte simplemente en actividad”, toda vez que para la fecha el funcionario se encontraba en el momento de los hechos de franquicia y realizando actividades de carácter personal. Hechos sucedidos el día 28 de noviembre de 1999 en la ciudad de Pasto (N) (...)”.

— Copia autentica de la declaración rendida por el subteniente Ordoñez Moncayo Mardoqueo el 15 de diciembre de 1999, dentro del proceso investigación disciplinaria iniciado por la oficina de Asuntos Disciplinarios de la Policía Nacional(119):

“... Preguntado: ante el despacho haga un relato claro, preciso y detallado de lo sucedido el día 28 de noviembre de 1999, día en el cual perdió la vida el señor Agente Villota Enríquez José Sabulón a causa de heridas producidas por arma de fuego. Contestó: Para ese día 28 de noviembre de 1999 yo me encontraba disfrutando de mi franquicia por haber prestado las 24 horas de servicio como comandante de guardia el día 27 del mismo mes para el día 28 en horas de la madrugada se les informó a todo el personal que realizaba primer turno que recordaran que tenían que tenían (sic) que estar a las 11 y 30 de la mañana en el estadio ya que había una orden de servicios en la cartelera de guardia, a eso de las 6 de la mañana se realizó el respectivo relevo del personal que realizaba segundo turno de seguridad de instalaciones del comando de departamento y ellos efectivamente salieron a descansar para luego realizar el respectivo servicio en el estadio, y ya cuando tipo 6 de la noche me enteré de la muerte del señor agente Villota, extrañándome por consiguiente del porque sucedió la muerte en forma inexplicable. Preguntado: Diga al despacho que funciones cumplía el señor agente Villota Enríquez José Sabulón para el día 28 de noviembre de 1999. Contestó: Realizó primer turno y le correspondía servicio en el estadio, no me consta si él asistió al servicio que le correspondía en el estadio, por cuanto los comandantes de guardia no asistimos a esos servicios por orden del comando ya que trabajamos 24 por 24 (...)”.

— Copia autentica de la declaración rendida por el señor agente German Orlando Díaz Guerrero el 15 de diciembre de 1999, dentro del proceso investigación disciplinaria iniciado por la oficina de Asuntos Disciplinarios de la Policía Nacional(120):

“... Preguntado: Ante el despacho haga un relato claro, preciso y detallado acerca de lo sucedido el día 28 de noviembre de 1999 con relación al deceso del señor agente Villota Enríquez José Sabulón. Contestó: Para la fecha de los hechos y la hora indicada en el informe que se suscribió por el comando del primer distrito barrio Miraflores, específicamente en la calle 17 con carrera segunda se efectuaron unos disparos y que posiblemente había un herido, nos trasladamos al lugar de los hechos y efectivamente se pudo constatar que se realizaron unos disparos. Según información de la ciudadanía quienes se negaron a suministrar información personal, informaron que dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta al parecer marca Suzuki, color negro, sin placas tripuladas por dos sujetos de contextura delgada, uno de los cuales estaba rapado dispararon en repetidas ocasiones contra un vehículo de color azul que había hecho el pare en el lugar antes mencionado, según informó la ciudadanía que se aproximó, un familiar del que se encontraba herido y que era el señor Cabo Primero Villota Enríquez Víctor Hugo, quien había llevado al herido hasta el Hospital Departamental, una vez enterado de estos hechos nos dirigimos a dicho lugar donde nos entrevistamos con el señor Cabo Primero Villota Enríquez, quien nos confirmó que era el herido su hermano, el señor agente Villota Enríquez José Sabulón quien trabajaba en la Guardia de Comando del Departamento de Policía - Nariño, misma forma en este lugar por parte de Medicina Legal se nos hizo (sic) saber del deceso del señor agente Villota Enríquez José Sabulón quien presentaba tres heridas producidas por arma de fuego al parecer revólver 38 largo, las heridas se encontraban una en el pómulo del lado izquierdo, otro a la altura lado izquierdo de la oreja y la otra a la altura del costado lado izquierdo, con estos datos se realizó el informe dirigido al Comando del Primer Distrito y al Comando de la Estación - Pasto. Preguntado diga al despacho si el señor agente Villota Enríquez José Sabulón se encontraba en traje de uniforme o en traje de civil. Contestó: Se encontraba en traje de civil y en el momento de los hechos iba acompañado de su señora esposa y de sus dos hijos quienes eran menores de edad...”.

4) Conocimiento de las autoridades sobre las amenazas o situación de riesgo en la que se encontraba del agente José Sabulón Villota Enríquez.

Para llegar a establecer la falla de la administración consistente en la omisión a la protección o seguridad personal del agente José Sabulón Villota Enríquez, observa la Sala, que, si bien la posición actual jurisprudencial sostiene que no es necesario el requerimiento formal de la víctima para exigir de las autoridades la tutela a su derecho de protección, sí ha sido un elemento constante en dichos precedentes, el necesario conocimiento que tengan las autoridades de las amenazas o de la situación de riesgo en que se encuentra la víctima, pues es lógico, que tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la actuación y protección de las autoridades.

En el sub iúdice no existen elementos que permitan establecer o inferir lógicamente, que las autoridades policiales tuvieran conocimiento de la existencia de las amenazas en contra del agente, pues si bien Francisco German Herrera Burbano(121) y Sandra Milena Cifuentes Andrade(122), manifestaron que la víctima informó la existencia de las amenazas a sus superiores y a la institución, ambos sostienen que su conocimiento deriva del dicho de la misma víctima, de manera que dichos testigos no tuvieron percepción directa de este hecho, frente a lo cual, la Sala considera, adicionalmente, tener en cuenta que los señores Herrera Cifuentes son el hermano y la cuñada de la demandante Emilsen del Carmen Herrera Burbano y, en consecuencia, cuñado y concuñada de la víctima.

Ahora, si bien el escrito demandatorio y el testigo Francisco German Herrera Burbano, indicaron que fue en atención a las amenazas recibidas por el agente Villota Enríquez que este solicitó su traslado de la ciudad de Cali (Valle) a Pasto (Nariño), se itera, que el dicho del testigo obedece a lo que él afirma escuchó de la víctima, de modo que su conocimiento sobre este hecho tampoco es directo, sin que obre en el plenario otro medio probatorio que permita confirmar tal circunstancia.

Por el contrario, observa la Sala que tanto la víctima como los demandantes tenían vínculos con la ciudad de Pasto, anteriores a las amenazas, así, se infiere de los testimonios de Francisco German Herrera Burbano(123) y Sandra Milena Cifuentes Andrade(124) quienes afirmaron que el Agente Villota prestó sus servicio en Cali desde mayo de 1999, hasta noviembre del mismo año, cuando fue trasladado a la ciudad de Pasto.

Igualmente, prevé la Sala que el nacimiento de las hijas mayores de José Sabulón Villota Enríquez, procreadas con Mery Fidalfia Tapia Benavides, es decir, Jessyca Janiberth Villota Tapia y Jhennifert Astrid Villota Tapia, nacidas en 1988 y 1990, se produjo en la ciudad de Pasto.

En el mismo sentido, encuentra la Sala que la demandante, Emilsen del Carmen Herrera Burbano, nació en Samaniego (Nariño); que su matrimonio con el agente José Sabulón Villota Enríquez se realizó en la misma ciudad de Samaniego (Nariño) y; que uno de sus hijos, John Alexander Villota Herrera, nació en el año 1991 en la misma ciudad de Pasto (Nariño); donde, además, según lo muestran los hechos y los testimonios, se hallaba residenciada la señora madre de la víctima.

— Certificado expedido por el Notario Único del Círculo de Samaniego - Nariño en el que consta que el día 21 de julio de 1990, se celebró el matrimonio entre José Sabulón Villota Enríquez con Emilsen del Carmen Herrera Burbano(125).

— Copia autentica del certificado expedido por el Notario Único del Círculo de Samaniego, Nariño, en el que consta que el día 6 de julio de 1970 en el municipio de Samaniego, Nariño, nació Emilsen del Carmen Herrera Burbano (cónyuge) hija de José León Herrera y Luz María Burbano(126).

— Copia autentica del registro civil de nacimiento en el que consta que el día 18 de mayo de 1991 en el municipio de Pasto - Nariño, nació John Alexander Villota Herrera, hijo de José Sabulón Villota Enríquez y Emilsen del Carmen Herrera Burbano(127).

— Copia autentica del registro civil de nacimiento en el que consta que el día 6 de diciembre de 1996, en el municipio de Cali, Valle del Cauca, nació Johanna Alexandra Villota Herrera, hija de José Sabulón Villota Enríquez y Emilsen del Carmen Herrera Burbano(128).

— Certificado expedido por el Notario Segundo del Círculo de Pasto - Nariño en el que consta que el día 6 de abril de 1990 en el municipio de Pasto - Nariño nació Jhennifert Astrid Villota Tapia, hija de José Sabulón Villota Enríquez y Mery Fidalfia Tapia Benavides(129).

— Certificado expedido por el Notario Segundo del Círculo de Pasto - Nariño en el que consta que el día 19 de septiembre de 1988 en el municipio de Pasto - Nariño nació Jessyca Janiberth Villota Tapia, hija de José Sabulón Villota Enríquez y Mery Fidalfia Tapia Benavides(130).

Lo anterior para afirmar, que no puede inferirse que el único motivo de la víctima para solicitar el traslado de la ciudad de Cali (Valle) a Pasto (Nariño) pudiera ser la existencia de las amenazas referidas por los testigos.

Es así que la Sala no encuentra material probatorio que permita establecer con certeza la existencia del elemento cognitivo en cabeza del ente demandado, de donde pudiera derivarse su obligación de protección, seguridad y vigilancia frente a las amenazas referidas por los testigos, contrario sensu, de los restantes medios de evidencia se observa que la Policía Nacional no tuvo registro alguno de tal situación.

Al respecto se hallan:

— Comunicado enviado por el Departamento de Policía de Nariño - Seccional de Inteligencia el 19 de febrero de 2001 al Tribunal Administrativo de Nariño, en el que se manifestó(131):

“... En atención al oficio de la alusión de fecha 12 de febrero del presente año, y con referencia al proceso 20767, propuesto por Emilsen del C. Herrera B. y otros, me permito infamar (sic) a ese despacho que revisados los archivos de la unidad no reposa ningún informe enviado por el señor AG. José Sabulón Villota Enríquez, en el que manifieste haber recibido amenazas contra su vida (...)”.

— Oficio proferido por el Departamento de Policía de Nariño - Comando, el 1º de agosto de 2001 y en el que consta(132):

“... En atención al oficio del asunto, me informar (sic) a ese despacho que revisados los archivos de las diferentes dependencias del Departamento de Policía - Nariño, no reposa ningún informe o denuncia formulada por el señor José Sabulón Villota Enríquez, por amenazas recibidas por cuestiones de trabajo...”.

En conclusión, si bien existe en cabeza de los administrados, no obstante su condición de miembros de la fuerza pública, el derecho a exigir la protección y seguridad personal de las autoridades, cuando sus bienes jurídicos tutelados se ven amenazados o vulnerados, la exigencia de dicho amparo requiere que las autoridades correspondientes tengan conocimiento previo de tales situaciones de peligro o de riesgo, ya sea que dicho conocimiento se derive de una denuncia pública, una amenaza pública, un hecho notorio, de la alteración del orden público o porque la víctima directamente puso al tanto de la situación a las autoridades, sin que sea necesario el requerimiento expreso o formal de la protección para pretender de ellas prestación de la seguridad personal debida, adecuada y necesaria.

Así pues, si bien la regla general es que quien ve amenazado o vulnerado su derecho debe demandar la protección de las autoridades respectivas, quienes entonces estarán en la obligación de adoptar las medidas que correspondan con el nivel de riesgo en que se encuentra la víctima, no obstante, las autoridades que por algún medio obtienen conocimiento o infieren una situación de riesgo inminente, están en la obligación de ejecutar el deber positivo de protección y seguridad a que tienen derecho los habitantes del territorio.

Es así, que de conformidad con el artículo 39 de la Resolución 9960 de 13 de noviembre de 1992, la Policía Nacional tiene la obligación de intervenir frente a los casos de policía en toda circunstancia de que tenga conocimiento, deber normativo que, a su vez, fue contemplado en el artículo 8º de la Ley 62 de 12 de agosto de 1993 y el Decreto 2535 de 17 de diciembre de 1993, que en su artículo 32, estatuyó que los funcionarios de esta entidad están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza, ya sea por su propia iniciativa o porque el servicio sea solicitado directamente, sin establecer ninguna formalidad sino que, en su lugar, señaló que ya sea de “palabra o por voces de auxilio”, a toda persona que requiera asistencia para proteger su vida, o sus bienes, o la inviolabilidad de su domicilio, o su libertad personal, o su tranquilidad.

Ahora bien, la situación intuito personae, si bien puede determinar una situación de riesgo cuando se encuentra rodeada de otras circunstancia especiales, tales como alteración del orden público o amenazas públicas o cualquier otro medio anómalo, este escenario, igualmente, exige el conocimiento de dichas circunstancias por parte de las autoridades, de manera que, en el juicio de reparación directa deben ser probadas dichas situaciones, por cuanto no puede el juez contencioso administrativo presumir, con fundamento en la calidad del sujeto, la existencia de las anomalías y el conocimiento de las autoridades, teniendo en cuenta, adicionalmente, que en principio los miembros de la fuerza pública están instituidos para enfrentar los riesgos que el ejercicio de la función de policía conlleva, en el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz(133), riesgos tales como el enfrentamiento con grupos delincuenciales de donde, efectivamente, se derivan otros riesgos que, sin lugar a dudas deben ser cubiertos por la institución a fin de garantizar los derechos y bienes jurídicos de sus miembros.

Sin embargo, se insiste, debe existir en la demandada el conocimiento de las circunstancias especiales o de los factores de riesgo adicionales que rodean la normal prestación del servicio o el ejercicio de la profesión, pues lo contrario sería afirmar que per se, el ejercicio de la actividad de policía requiere la protección personal permanente de cada agente, sino que ello debe desprenderse de situaciones fácticas concretas, acreditadas junto con el elemento cognitivo ante el juez mediante la actividad probatoria, de manera que pueda el fallador, por lo menos, indiciariamente, establecer la responsabilidad del ente estatal, que como se ha dicho, no es ilimitada.

De manera, que siempre que las autoridades tengan conocimiento de una situación de riesgo o peligro, o de amenazas en contra de un administrado, ya sea porque este ostente una condición especial o no, las autoridades están en el deber de evaluar el nivel de riesgo y desplegar la actuación que proporcionalmente corresponda, so pena de incurrir en una falla del servicio, afirmando la posibilidad de que la misma se consolide no solo por el incumplimiento u omisión de las autoridades, sino que también, habrá lugar a ella cuando no se observen los deberes positivos a los que debió sujetarse en su actuar, sin importar que el daño haya provenido de un tercero o que la víctima no haya requerido formalmente la protección de la administración, a menos que se demuestre que el hecho del tercero fue de tal entidad que desbordo el proceder adecuado, diligente y oportuno de la administración, carga que en todo caso se radica en cabeza de la demandada.

En conclusión, por no demostrarse que la entidad demandada tuvo conocimiento de las amenazas en contra del agente de la Policía José Sabulón Villota Enriquez y con fundamento en los anteriores argumentos, la Sala confirmará la sentencia del a quo que negó las pretensiones de la demanda.

10. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. CONFIRMESE la sentencia de 12 de marzo de 2004 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño(134) mediante la que se dispuso negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(25) Consejo de Estado - Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Exp. 26.225.

(26) “... la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ´el mismo valor probatorio del original´ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos...” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(27) Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 31217, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(28) Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 023 de 11 de febrero de 1998.

(29) Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 023 de 11 de febrero de 1998.

(30) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999- 01250.

(31) “... La actividad probatoria es esencial dentro del desarrollo de cualquier tipo de proceso, pues mediante ella las partes procuran acreditar la exactitud de sus alegaciones, y el órgano jurisdiccional intenta alcanzar el convencimiento sobre los hechos litigiosos en aras de ofrecer la tutela más justa. Por ello, dada la relevancia práctica de esta actividad, el legislador realiza una regulación de la prueba en la que se pretende evitar que la actuación maliciosa de cualquiera de los litigantes pueda desplegar algún tipo de eficacia. La infracción del principio de la buena fe procesal en el desarrollo de la actividad probatoria suele estar relacionado, por un lado, con conductas de las partes, el engaño, la mentira, el error; y, por otro, con el uso de los medios probatorios para dilatar o complicar el desarrollo normal del proceso.

La intervención de buena fe de las partes en materia probatoria comporta, en primer lugar, que limiten su proposición de prueba a aquellas que sean pertinentes, útiles y licitas, y lo efectúen en el momento procesal adecuado, que varía en función del tipo de prueba. Y, en segundo lugar, una vez admitida la prueba, que realicen toda la actividad tendente a su práctica, salvo que renuncien a ella de forma expresa. En ningún caso es posible que una vez practicada la prueba, la parte proponente pueda renunciar a la misma, ya que en función del resultado obtenido podría sustraerse maliciosamente del proceso un material de enjuiciamiento del todo imprescindible para la más justa resolución del caso, a la vez que se eliminaría un elemento de defensa de la parte contraria. Además, ello supondría la vulneración del principio chiovendano de adquisición procesal, que si bien no ha sido expresamente recogido en la LEC 1/2000, ha sido reiteradamente admitido por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. (...) de igual modo, las reglas de buena fe inciden en materia de carga de la prueba, especialmente en aquellas situaciones fácticas cuya prueba es fácil para una de las partes; en estos casos, la buena fe en su actuar debería comportarle la carga de probar los citados hechos. Así en los modernos ordenamientos procesales —como destaca recientemente Berizonce— la debida colaboración de las partes en materia probatoria ha dado lugar a la denominada carga de la prueba dinámica, lo que comporta la imposición de la carga de aportación a la parte que, según las circunstancias del caso y la relación o situación jurídica base del conflicto, se encuentre en condiciones técnicas, profesionales o fácticas para suministrarla, con prescindencia de la calidad de actor o demandado en el proceso... En materia de prueba documental, la buena fe de los litigantes se concreta muy especialmente en tres momentos: a) en primer lugar, en la exigencia de aportar los documentos en que se fundamenten sus pretensiones con los escritos iniciales de alegaciones, al objeto de garantizar plenamente el derecho a la defensa de la contraparte. Por ello, el artículo 269.1 LEC prevé la preclusión de la aportación de documentos, y el artículo 270.2 LEC recoge expresamente la mala fe procesal como motivo para imponer una multa de hasta 1200 euros para cuando se pretenda vulnerar dicha preclusión sin causa justificada. Además, por otro lado, no pueden esconderse los documentos decisivos, ni aportarlos de forma manipulada en orden a falsear la realidad de los hechos que recoja. En este caso, al margen de la correspondiente responsabilidad penal en la que se podrá incurrir, se justificará la nulidad de la sentencia firme civil y su posterior revisión. b) En segundo lugar, en la necesidad de pronunciarse sobre la autenticidad de los documentos en el acto de la audiencia previa, a fin de evitar innecesarias actuaciones probatorias posteriores. c) Y, en tercer lugar, en la obligación de aportar, a instancia de la parte contraria, los documentos que sean requeridos por el juez, para así protegerle en su derecho fundamental a la prueba...”. Joan Pico I Junoy. El Principio de la Buena Fe Procesal. Ed. J.M. Bosch. Págs. 152 a 157.

(32) Consejo de Estado, sentencia de 18 de julio de 2012, Exp. 22.417, M.P. Enrique Gil Botero.

(33) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999- 01250.

(34) Debe entenderse que aunque exista una norma posterior en materia de prueba del estado civil de las personas aplica el criterio de especialidad como una regla de aplicación dirigida a las autoridades judiciales y administrativas, para dirimir las posibles antinomias que se susciten con otras normas de carácter general. En tal sentido el criterio lex especialis supone dar un tratamiento distinto (especial y preferente) a una categoría distinta (especial y preferente) de sujetos o situaciones, en razón de las diferencias que presentan con respecto a la categoría general.

(35) Fl. 21 del cdno. 1.

(36) Fl. 22 del cdno. 1.

(37) Fl. 24 del cdno. 1.

(38) Fl. 25 del cdno. 1.

(39) Fls. 26-27 del cdno. 1. No obstante en los fls. 146 y 163 cdno. 1 obra original de extracto de la hoja de vida de José Sabulón Villota Enríquez.

(40) Fls. 28-30 y 130-131 del cdno. 1.

(41) Fls. 31-33 y 132-134 del cdno. 1. y fls. 241-243 del cdno. 2.

(42) Fl. 34 del cdno. 1.

(43) Fl. 35 del cdno. 1.

(44) Fl. 36 del cdno. 1

(45) La valoración probatoria es la actividad intelectual desplegada por el juzgador frente a los medios probatorios, para establecer la fuerza de convicción o de certeza que representan cada uno de ellos dentro de determinado proceso. Para el desarrollo de la apreciación de las pruebas, la doctrina jurídica procesal ha identificado diferentes sistemas dentro de los cuales se encuentran el de la íntima convicción o de conciencia o de libre convicción[1], el sistema de la tarifa legal o prueba tasada[1] y el régimen de la sana crítica o persuasión racional, consagrado en los códigos modernos, entre ellos el Código de Procedimiento Civil Colombiano que dispone en su artículo 187 que el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la sana critica, es decir de la lógica, la ciencia y la experiencia (...) Así, la valoración mediante la sana crítica, requiere, además, el análisis en conjunto de las pruebas y un ejercicio de ponderación de las mismas, exponiendo razonadamente el valor que atribuye a cada una, desechando solo aquellas que encuentre ilegales, indebidas o inoportunamente allegadas al proceso. Consejo de Estado, sentencia de 6 de marzo de 2013, Exp. 24884.

(46) Fl. 112 de cdno. 1.

(47) Sentencias de 21 de febrero de 2002. Exp. 12789; 9 de junio de 2010. Exp.18078.

(48) Fl. 40 del cdno. 1 y fl. 248 del cdno. 2

(49) Artículo 298. Testimonio para fines judiciales.“Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º deenero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627” “Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:” Quien pretenda aducir en un proceso el testimonio de una persona podrá pedir que se le reciba declaración extraprocesal con citación de la contraparte.

(50) Artículo 299. Testimonios ante notarios y alcaldes.“Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partirdel 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 622” “Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 130 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:” Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. Igualmente los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, que solo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y solo tendrán valor para dicho fin.

(51) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 1º de abril de 2009, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 32800.“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(52) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 10 de febrero de 2010, C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. 16306. Cfr. Corte Constitucional C-583 de 1997.

(53) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del Exp. 32.800, con ponencia de la señora magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(54) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son características de esta regla las siguientes: “(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(55) Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060.

(56) Consejo de Estado - Sala Plana de Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060.

(57) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

(58) En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(59) Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p.49.

(60) “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(61) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

(62) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que esta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por esta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p.120.

(63) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pp.120-121.

(64) “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

(65) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) este sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

(66) Consejo de Estado, sentencia de 13 de julio de 1993, Exp. 8.163.

(67) Debe tenerse en cuenta que la falla en el servicio es el título de imputación, de vieja data acogido por nuestro ordenamiento jurídico como el régimen bajo el cual, por excelencia, se deduce la responsabilidad extracontractual de la administración, por el mal funcionamiento de los servicios que se encuentran en cabeza del Estado, ya sea porque este no se prestó, se prestó tardíamente, defectuosamente o equivocadamente. Por lo cual, mientras la parte que demanda la responsabilidad estatal, tiene la carga de demostrar dicha falta, corresponde a la administración, acreditar que su actuación fue oportuna, prudente, diligente, eficaz y con pericia, es decir, que no hubo falla del servicio o, que no obstante, su adecuada y oportuna actuación, se presentó una causa extraña, que desbordó su diligencia y eficacia, a saber, la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho exclusivo y determinante de la víctima o, el hecho, también, exclusivo y determinante de un tercero. Asimismo, teniendo en cuenta que las actuaciones de la administración por su naturaleza son esencialmente regladas, la falla del servicio ha sido considerada como la violación de una obligación a cargo del Estado, de manera que para lograr determinar cuál es el contenido obligacional al que está sujeto el Estado frente a un caso concreto, debe el juez referirse en primer término, a las normas que regulan la actividad pública causante del perjuicio, previendo, adicionalmente que la determinación de la obligación administrativa, no solo está circunscrita a los casos en que la ley o el reglamento la consagran expresa y claramente, sino también en todos aquellos eventos en que de hecho la administración asume un servicio o lo organiza, o cuando la actividad cumplida está implícita en las funciones del Estado[1].

Nótese igualmente, que la falla de la administración, se configura, no solo en la mala prestación de los servicios a cargo del Estado sino, también, por la falta o ausencia de prestación, es decir por omisión, en el entendido que el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr la garantía y seguridad, real, de los bienes jurídicos y derechos de los administrados, y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos. En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la imputación de un daño antijurídico a la administración, es necesario que se acredite la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, de manera que lo que aquí se realiza, es una imputación objetiva por desconocimiento de los deberes normativos, a título de falla. Consejo de Estado, sentencia de 30 de marzo de 1990, Exp. 3510.

(68) Consejo de Estado, sentencia de 20 de febrero de 1989. Exp. 1397.

(69) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 3 de marzo de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En el mismo sentido se puede consultar la Sentencia C-1110 del 24 de agosto de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(70) Corte Constitucional. Sentencia C-934 de 29 de septiembre de 204. Exp. D-5132. Puede verse también Sentencia C-252 de 16 de abril de 2010. Exp. R.E.152.

(71) “Al determinar el alcance del derecho a la seguridad personal en el orden constitucional colombiano, a la luz de los instrumentos internacionales reseñados, la Corte señaló: (i) El derecho a la seguridad personal está incorporado al ordenamiento jurídico colombiano en virtud de los artículos de la Constitución citados e interpretados a la luz de los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia que crean obligaciones internacionales para el país (C.P. arts. 93 y 94); (ii) Además de manifestarse como un derecho humano fundamental de todas las personas, el derecho a la seguridad personal adquiere especial importancia en el caso de ciertos sujetos que, dada su condición o su contexto, han recibido especial protección tanto por la Carta como por otras fuentes de derecho internacional vinculantes para Colombia; y (iii) El contenido específico del derecho a la seguridad personal es históricamente variable, y se ha de determinar de conformidad con el contexto sociopolítico y jurídico en el cual se vaya a aplicar”. Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 16 de mayo de 2008. Exp.T-1783291.

(72) Sentencia T-102 de 1993. (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(73) Sentencia T-981 de 2001. (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) (Destacado por fuera del texto original).

(74) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(75) Esta corporación, en Sentencia T-1206 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en relación con la construcción de estaciones de policía en sectores en donde se expone en alto grado la población civil, manifestó que: “la convivencia en sociedad implica que las personas se expongan a determinadas contingencias. La presencia de tales contingencias, sin embargo, por sí misma no hace que las personas sean merecedoras de una protección especial por parte del juez de tutela. Solo cuando el riesgo se torna desproporcionado, hasta el punto de constituir un peligro inminente, puede el juez de tutela conceder la protección solicitada.// Así, en el caso específico en que los vecinos a las estaciones y demás puestos de policía demanden cierta acción por parte de las autoridades para la protección de su vida e integridad personal frente a ataques de la guerrilla, la acción de tutela solo será procedente cuando concurran las siguientes dos circunstancias: (1) que, dada la proyección en el presente de unas ciertas circunstancias históricas, la probabilidad actual de que ocurra el ataque sea alta y (2) que la situación específica del demandante o de las personas en nombre de quienes interpone la acción los coloque en una situación de riesgo excepcional que: a) sea difícil de evitar o su evasión suponga cargas que no tiene porqué asumir personalmente y; b) que las autoridades estén en capacidad de minimizar (dicho riesgo) sin sacrificar bienes jurídicos de igual o superior importancia constitucional”.

(76) Así, a manera de ejemplo, lo reconoció el Consejo de Estado, en tratándose de los daños a los vehículos de servicio público o a las personas que acceden al mismo frente a la comisión de actos terroristas. En sentencia del 16 de junio, Exp. 9392, dicha corporación manifestó: “En relación con los actos terroristas contra vehículos de servicio público, la sala ha señalado que solamente en estados especiales de agitación , en los cuales dichos actos son normalmente previsibles, las autoridades tienen la obligación de tomar medidas especiales de protección sobre dichos vehículos; y su omisión, en tales casos, puede constituir falla del servicio que comprometa la responsabilidad de la administración. Pero cuando no se presentan dichas circunstancias especiales, no puede imponerse a las autoridades la obligación de escoltar cada vehículo de servicio publico (sic), pues ellas carecen de medios y de personal para tal efecto; y menos deducirse falla del servicio por omisión cada vez que ocurran actos terroristas en tales circunstancias”. (C.P. Carlos Betancur Jaramillo).

(77) Corte Constitucional. Sentencia T-686 de 30 de junio de 2005. Exp. T-795791

(78) Puede verse Corte Constitucional. Sentencias T-713 de 2003; T-496 de 2008.

(79) Aceptada como costumbre internacional desde la Proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968.

(80) Incorporada al ordenamiento jurídico colombiano por medio de la Ley 16 de 1972.

(81) Incorporada al ordenamiento jurídico colombiano por medio de la Ley 74 de 1968. En la perspectiva del precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “Al determinar el alcance del derecho a la seguridad personal en el orden constitucional colombiano, a la luz de los instrumentos internacionales reseñados, la Corte señaló: (i) El derecho a la seguridad personal está incorporado al ordenamiento jurídico colombiano en virtud de los artículos de la Constitución citados e interpretados a la luz de los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia que crean obligaciones internacionales para el país (C.P. arts. 93 y 94); (ii) Además de manifestarse como un derecho humano fundamental de todas las personas, el derecho a la seguridad personal adquiere especial importancia en el caso de ciertos sujetos que, dada su condición o su contexto, han recibido especial protección tanto por la Carta como por otras fuentes de derecho internacional vinculantes para Colombia; y (iii) El contenido específico del derecho a la seguridad personal es históricamente variable, y se ha de determinar de conformidad con el contexto sociopolítico y jurídico en el cual se vaya a aplicar”. Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 16 de mayo de 2008. Exp.1783291.

(82) Se trata de un nivel en el cual la persona solo se ve amenazada en su existencia e integridad por factores individuales y biológicos.

(83) Se trata de los riesgos ordinarios, implícitos en la vida social.

(84) Este es el nivel de los riesgos que, por su intensidad, entran bajo la órbita de protección directa de los derechos a la vida e integridad personal.

(85) Este es el nivel de las violaciones a los derechos, no ya de los riesgos, a la vida e integridad personal: la muerte, la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante, representan riesgos que ya se han concretado y materializado en la persona del afectado.

(86) Es decir que no debe tratarse de un riesgo genérico.

(87) Basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en suposiciones abstractas.

(88) En el sentido que no debe ser remoto o eventual.

(89) Que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo que no puede tratarse de un riesgo menor.

(90) De materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede ser improbable.

(91) No debe tratarse de una contingencia o peligro difuso.

(92) No se trata de un riesgo que deba ser soportado por la generalidad de los individuos.

(93) Teniendo como parámetro de comparación los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.

(94) Corte Constitucional. Sentencias T-719 de 2003; T-496 de 16 de mayo de 2008. Exp. 1783291.

(95) Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 16 de mayo de 2008. Exp.1783291

(96) Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es solo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p.211.

(97) Sala Plena, sentencia de 16 de julio de 1980. Exp.10134.

(98) “En nuestro derecho positivo (CPC arts. 248 a 250), los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos —(...) En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales establece otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En otros términos, al ser el indicio una prueba indirecta que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso, tal construcción demanda una exigente labor crítica en la que si bien el fallador es autónomo para escoger los hechos básicos que le sirven de fundamento al momento de elaborar su inferencia, así como para deducir sus consecuencias, en ella está sujeto a las restricciones previstas en la codificación procesal: i) La consignada en el artículo 248 del CPC conforme al cual los raciocinios son eficaces en tanto los hechos básicos resulten probados; y ii) la contemplada en el artículo 250 ejusdem que impone un enlace preciso y directo entre el indicio y lo que de él se infiere, que exige —salvo el evento no usual de los indicios necesarios que llevan a deducciones simples y concluyentes— pluralidad, gravedad, precisión y correspondencia entre sí como frente a los demás elementos de prueba de que se disponga. Al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con su naturaleza jurídica (si son medio de prueba o si son objeto de prueba), puede afirmarse que el indicio está integrado por los siguientes elementos: i) Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos, los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso; ii) Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica o de la ciencia, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; iii) Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar; iv) El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental. Así las cosas, una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios de prueba que obren en el proceso. (...) En efecto, suele acudirse a pruebas indirectas en las que está separado el objeto de la prueba y el objeto de percepción, en particular a los indicios, toda vez que exigir la prueba directa supondría demandar una “prueba imposible”, lo que impone acudir al juicio lógico del fallador quien a través de su raciocinio evalúa algunos rastros y máximas de la experiencia de varios hechos probados, infiere conclusiones desconocidas y así procura establecer cuál ha sido la participación de agentes del Estado en el hecho dañoso”.

(99) “La existencia y convergencia de hechos indicadores, los cuales se encuentran debidamente acreditados, entraña una pluralidad simétrica de hechos indicados que corresponden a las conclusiones como producto de las inferencias, a partir de un número igual de hechos probados. Y es que como ya se sabe, el indicio se estructura sobre tres elementos: (...) Es el juzgador quien declara la existencia de un indicio, cuando establece un hecho indicador, aplica una o varias reglas de la experiencia e infiere lógicamente otro hecho indicado. Es el juez quien construye el indicio, en cada caso concreto. En la misma sentencia la Corte Suprema de Justicia señala los requisitos de existencia de la prueba indiciaria: “De conformidad con la previsión legal sobre la prueba indiciaria... el hecho indicador del cual se infiere la existencia de otro acaecimiento fáctico, debe estar debidamente acreditado por los medios directos de prueba (testimonio, peritación, inspección, documento, confesión); ha de ser indivisible, pues los elementos que lo integran no pueden a su vez tomarse como hechos indicadores de otros acaecimientos fácticos; independiente, ya que a partir de un hecho indicador no pueden estructurarse varios hechos indicados; si son varios han de ser concordantes, de manera que los hechos inferidos guarden armonía entre sí como partes que integran un mismo fenómeno; convergentes, es decir que la ponderación conjunta de los distintos indicios dé lugar a establecer una sola conclusión y no varias hipótesis de solución; y, finalmente, que en su apreciación, como ocurre con todos los medios de prueba, el juzgador acuda a las reglas de la sana crítica, establezca el nivel de probabilidad o posibilidad, y, en tal medida señale si son necesarios, contingentes, graves o leves, y su relación con los demás medios de prueba que obran en la actuación”. En la misma providencia se determinan las varias clases de indicios: “Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador revela en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro hecho a partir de relaciones de determinación constantes como las que se presentan en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su causa o efecto, el hecho indicador evidencie la presencia del hecho indicado. Estos últimos, a su vez, pueden ser calificados como graves, cuando entre el hecho indicador y el indicado media un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones serias y estables, que no deben surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador, sino de la común ocurrencia de las cosas; y leves, cuando el nexo entre el hecho indicador y el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece”.

(100) Fl. 22 del cdno. 1.

(101) Fl. 24 del cdno. 1.

(102) Fl. 25 del cdno. 1.

(103) Fls. 26-27 del cdno. 1. Nº obstante en fls. 146 y 163 cdno. 1 obra original de extracto de la hoja de vida de José Sabulón Villota Enríquez.

(104) Fl. 34 del cdno. 1

(105) Fl. 35 del cdno. 1

(106) Fl. 36 del cdno. 1

(107) Fls. 122-124 del cdno. 1

(108) Fl. 244 del cdno. 2

(109) Fls. 9 y 135 del cdno. 1. De igual forma obra en el proceso, copia simple del certificado de defunción expedido por el Dane, en el que consta que José Sabulón Villota Enríquez murió el día 28 de noviembre de 1999 en el municipio de Pasto Nariño (fls. 12 y 136, cdno. 1).

(110) Fls. 31-33 y 132-134 del cdno. 1 y fls. 241-243 del cdno. 2

(111) Fl. 38 del cdno. 1 y fl. 246 del cdno. 2.

(112) Fls. 155-157 y 160-162 del cdno. 1.

(113) Fl. 39 del cdno. 1 y fl. 247 del cdno. 2.

(114) Fls. 153-155 y 158-160 del cdno. 1.

(115) Fls. 31-33 y 132-134 del cdno. 1 y fls. 241-243 del cdno. 2.

(116) Fl. 118 del cdno. 1.

(117) Fl. 119 del cdno. 1.

(118) Fl. 139 del cdno. 1.

(119) Fl. 125 del cdno. 1.

(120) Fls. 126-127 del cdno. 1.

(121) Fls. 39 del cdno. 1. y fl. 247 del cdno. 2.

(122) Fl. 38 del cdno. 1. y fl. 246 del cdno. 2.

(123) Fl. 39 del cdno. 1. y fl. 247 del cdno. 2.

(124) Fl. 38 del cdno. 1. y fl. 246 del cdno. 2.

(125) Fl. 10 del cdno. 1. Asimismo consta dentro del expediente, el certificado expedido por la Diócesis de Ipiales en el que consta que el 21 de julio de 1990 se celebró la unión en matrimonio de José Sabulón Villota Enríquez y Emilsen del Carmen Herrera Burbano (fl. 11, cdno. 1.).

(126) Fl. 14 del cdno. 1.

(127) Fl. 15 del cdno. 1.

(128) Fl. 16 del cdno. 1.

(129) Fl. 18 del cdno. 1.

(130) Fl. 19 del cdno. 1.

(131) Fls. 114-115 del cdno. 1.

(132) Fl. 173 del cdno. 1.

(133) Artículo 218 constitucional.

(134) Fls. 215-230 del cdno. 2.