Sentencia 2000-00781 de noviembre 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 25000-23-26-000-2000-00781-01 (26.434)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Fernando Mayorga Díaz

Demandados: Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho y Superintendencia de Notariado y Registro

Proceso: acción de reparación directa

Bogotá D.C., trece de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2003 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, que declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Justicia y de caducidad de la acción, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la pretensión mayor se estimó en $ 1.248.000.000, suma correspondiente al monto de los perjuicios materiales solicitados por la parte actora, mientras que el monto exigido en el año 2000 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, era de $ 26.390.000 (D. 597/88).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

2.1. En criterio de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad, toda vez que desde el año 1997, el actor tenía conocimiento de que el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40139683 se encontraba bloqueado en virtud de una investigación administrativa, así como de la apertura de dos folios de matrícula inmobiliaria que involucraba el correspondiente al predio de su propiedad.

2.2. En la sentencia de primera instancia el a quo consideró que asistía razón a la entidad pública demandada, comoquiera que los actos por los que se permitió la división del inmueble sobre el cual el demandante alega ser el propietario y, por tanto, la apertura de los folios de matrícula inmobiliaria cuestionados, tuvieron lugar en el año 1997, anualidad en la que no solo se inició la investigación aludida, sino que además se ordenó la vinculación del actor al trámite.

2.3. No obstante, a juicio del apelante, al tenor de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, la excepción de caducidad de la acción, formulada por la Superintendencia de Notariado y Registro, tiene el carácter de previa, por lo que debió presentarse en escrito separado. De esta manera, opina el recurrente, ante la falta de cumplimiento de esta exigencia, la excepción referida no podía ser oída ni tramitada.

2.4. Con fundamento en lo expuesto y para determinar si, en efecto, operó el fenómeno de la caducidad, la Sala considera necesario examinar si, (i) como lo indicó el recurrente, dada la naturaleza de la excepción de caducidad, esta no podía ser decidida por el tribunal de primera instancia en la sentencia y (ii), solo en caso de que el actor carezca de razón, a partir de qué día se ha de contar el término preclusivo de dos años en el presente caso, de manera que se pueda realizar el cálculo correspondiente.

2.4.1. En este orden de ideas, para resolver el primer cuestionamiento planteado, resulta imperioso destacar que el artículo 144 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 46 de la Ley 446 de 1998, aplicable al caso de autos en atención a la fecha de interposición de la demanda, establece:

“Durante el término de fijación en lista el demandado podrá contestar la demanda mediante escrito que contendrá:

(...).

3. La proposición de todas las excepciones que se invoquen contra las pretensiones del demandante, las cuales se decidirán en la sentencia” (se resalta).

En consonancia con lo anterior y sobre la naturaleza de la excepción de caducidad en la acción de reparación directa, en sentencia de 10 de julio de 2003(15), la Sala precisó:

“... la caducidad como hecho, en sí mismo considerado, es [una] institución jurídica constitutiva de excepción de fondo, tal como lo indica el Código de Procedimiento Civil en el último inciso del artículo 97, el cual es claro al indicar que aunque en el proceso civil la caducidad de la acción se puede proponer como excepción previa, es por su naturaleza excepción de fondo, dice: “[t]ambién podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad de la acción”. La Sala reitera así la jurisprudencia sobre la materia, expuesta entre otras sentencias en las proferidas los días 14 de octubre de 1999 y 20 de septiembre de 2001”(16) (se resalta).

Igualmente, no sobra poner de presente que de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, el estudio oficioso de la caducidad resulta imprescindible, pues dada su naturaleza de presupuesto de la acción, el juez está llamado a verificar —aún si la parte demandada no lo solicitó— si la demanda fue interpuesta en tiempo. De este modo, de encontrar que no se satisfacen las previsiones del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el fallador deberá declarar que la acción se encuentra caducada(17).

Aunado a lo anterior también se debe resaltar que el artículo 144 del Código Contencioso Administrativo no exige la interposición de las excepciones en escrito separado, puesto que dicha normativa es clara en declarar que el demandado en el mismo escrito de contestación de la demanda puede proponer las excepciones que considere.

En virtud de las normas y jurisprudencia señaladas, la Sala concluye que el recurrente se equivocó al sostener que el a quo no podía resolver en la sentencia la excepción de caducidad propuesta por la Superintendencia de Notariado y Registro, por cuanto en virtud del artículo 144 del Código Contencioso Administrativo, no solo esa entidad podía presentar todas las excepciones en el escrito de contestación, sino que el juez estaba llamado a decidirlas todas en la sentencia.

2.4.2. Ahora bien, es menester, entonces, que la Sala se ocupe de determinar a partir de qué día se ha de contar el término de caducidad en el presente caso y, en consecuencia, si operó tal y como lo estimó el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

Al tenor de lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados “a partir del día siguiente” del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En este orden de ideas, siguiendo la jurisprudencia de la Sala, cuando se pretende la declaratoria de responsabilidad del Estado, el juez ha de verificar no solo el momento en que se produjeron los hechos objeto de demanda, sino además, el día en que “se tenga conocimiento efectivo de tal circunstancia por parte del afectado”(18).

Es por lo anterior que en el presente caso resulta forzoso establecer la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda —apertura de dos folios de matrícula inmobiliaria sobre un mismo predio y “bloqueo” del folio de matrícula inmobiliaria asignado al inmueble propiedad del señor Mayorga—, pero más importante aún, la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de tales hechos.

2.4.2.1. Sobre el particular y de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra demostrado que el 14 de agosto de 1997, la Superintendencia de Notariado y Registro, por intermedio de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur, expidió el auto por el cual inició la actuación administrativa “tendiente a establecer la verdadera y real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 050-0163368 y sus segregados, EXP-149-97”(19).

En la citada providencia, se advirtió sobre la falsedad de los soportes del folio de matrícula inmobiliaria 050-163368, del que se segregó el folio 50S-40139683, razón por la que se resolvió vincular al proceso al señor Fernando Mayorga Díaz.

Se conoce que el 2 se septiembre de 1997, la división jurídica de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur, dejó constancia de que verificadas las guías telefónicas de ese año, no se encontró dirección ni teléfono del mencionado demandante para efectuar su notificación personal(20).

Al respecto, en el expediente obra copia auténtica de la constancia de fijación —3 de septiembre de 1997— y desfijación —16 de septiembre de 1997— del edicto por el cual se notificó el auto señalado anteriormente, con la inserción de su parte resolutiva(21).

Así mismo, en el plenario reposa copia auténtica del Diario Oficial(22) publicado el 15 de septiembre de 1997, en cuya página 43 se reprodujo la parte resolutiva del auto ya indicado, proferido por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur(23).

De la misma forma, en la copia auténtica de la Resolución 281 proferida el 3 de marzo de 1998 por el registrador principal de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá, zona sur, “por la cual se resuelve un recurso. Expd. 149-97”(24), se lee que el 3 de junio de 1997, “la señora coordinadora de antiguo sistema (sic)”, mediante oficio 1706, solicitó a la división jurídica de esa entidad como medida preventiva “[e]l bloqueo del folio 050163368 y de todas las matrículas segregadas”.

2.4.2.2. Ahora bien, aunque en concordancia con lo anterior la Sala podría concluir que, en efecto, para el 3 de abril de 2000, fecha en que se presentó la demanda de la referencia, la acción se encontraba caducada, comoquiera que está demostrado que el 16 de septiembre de 1997, el señor Fernando Mayorga Díaz quedó jurídicamente vinculado a la actuación administrativa 149-97 iniciada el 14 de agosto del mismo año por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur, para “establecer la verdadera y real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 050-0163368 y sus segregados, EXP-149-97”, pues así se lee en la constancia de desfijación del edicto por el cual se notificó el auto de apertura de la investigación, providencia en la que se advirtió sobre la falsedad de los soportes del folio de matrícula inmobiliaria 050-163368, del que se segregó el folio 50S-40139683, asignado al predio del aquí demandante, lo cierto es que, por las razones que pasan a explicarse, la Sala considera que la demanda fue presentada oportunamente.

En efecto, el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo dispone:

“Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado.

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la misma manera.

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquel haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

(...).

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si esta es escrita.

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este código”.

A su turno, el artículo 45 ejusdem, señala que “[s]i no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia” (se resalta).

En este sentido, entonces, se ha de tener en cuenta que la entidad tiene el deber de agotar todos los medios a su alcance para efectuar la notificación personal de la decisión, antes de efectuar la notificación por edicto, de suerte que “al destinatario o interesado debe llamársele por cualquier medio que sea eficaz o, en su defecto, enviársele una comunicación de citación para la práctica de la diligencia, dejando en el respectivo expediente la prueba de las actuaciones adelantadas para lograr la comparecencia personal del interesado”(25) (se resalta).

En este sentido, la Sala considera que si bien, como ya se indicó, se encuentra demostrado que la división jurídica de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur, dejó constancia de que verificadas las guías telefónicas de ese año no se encontró dirección ni teléfono del señor Fernando Mayorga Díaz para efectuar su notificación personal, en el expediente no reposa prueba alguna sobre la realización de dicha búsqueda o sobre el agotamiento de todos los medios disponibles —por ejemplo, indagar la dirección del inmueble con base en la escritura pública señalada en el folio de matrícula 50S-40139683, al reposar allí la ubicación del inmueble— para la práctica de la diligencia de notificación personal.

Por lo anterior, se ha de concluir que para contabilizar el término de la caducidad, la Sala no puede tomar como fecha la notificación por edicto del auto expedido el 14 de agosto de 1997 por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur.

2.4.2.3. Así las cosas, en criterio de la Sala no resta más que contabilizar el término de la caducidad de la presente acción a partir de la fecha en que el actor fue notificado de la Resolución 1265 del 21 de julio de 1999, expedida por el registrador principal de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá, zona sur, “por la cual se decide una actuación administrativa: folio de matrícula inmobiliaria 050-163368 y folios derivados de este. Expd. 149-97”(26), diligencia que se surtió el 17 de agosto del mismo año(27), toda vez que mediante dicha providencia se pusieron de presente las irregularidades alegadas en la demanda.

2.5. En suma, la acción de la referencia no se encontraba caducada al momento del presentación de la demanda, pues la responsabilidad administrativa que se alega se origina en hechos que el actor conoció el 17 de agosto de 1999, lo que significa que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley, comoquiera que ello ocurrió el 3 de abril de 2000.

3. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, la Sala deberá determinar si las entidades demandadas causaron un daño al señor Fernando Mayorga Díaz, al (i) permitir que los linderos del predio de su propiedad “fueran incluidos dentro de la matrícula inmobiliaria 50S-40267342, que contiene los linderos del barrio El Mirador”, es decir, por permitir la apertura de “dos matrículas inmobiliarias sobre un mismo predio” y (ii) en razón de la investigación administrativa iniciada con el fin de establecer presuntas irregularidades relacionadas con el folio de matrícula inmobiliaria 050-163.368, “bloquear” el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40139683, es decir, el asignado al inmueble propiedad del mencionado demandante.

4. Análisis del caso.

4.1. Medios de prueba.

4.1.1. La Sala valorará las pruebas que obran en el expediente y que cumplen las exigencias legales previstas para el efecto.

4.1.2. Por lo anterior, valorará los documentos que obran en la investigación administrativa 149-97(28), adelantada por la Superintendencia de Notariado y Registro, por intermedio de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur, “tendiente a establecer la verdadera y real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 050-0163368 y sus segregados, EXP-149-97”, comoquiera que se satisface lo dispuesto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(29), en tanto el demandante en el presente juicio fue vinculado a esa investigación y aquellos fueron producidos por una de las entidades aquí demandadas, esto es, la Superintendencia de Notariado y Registro.

4.1.3. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que los medios de prueba que satisfacen las exigencias legales para su valoración y que resultan pertinentes para resolver el problema jurídico planteado, son:

— Escritura pública 12555 otorgada el 18 de diciembre de 1992, por la cual el señor Gildardo Morera Nieto transfirió al señor Fernando Mayorga Díaz, a título de venta real y efectiva, el derecho de propiedad y posesión sobre un lote de terreno con una extensión de 25.000 m2, ubicado en la vereda El Cerro, “zona de Bosa, Santafé de Bogotá”(30), con folio de matrícula inmobiliaria 050-0040113854 y los siguientes linderos:

“Norte: partiendo del punto veinte (20) al punto veintiuno (21) dirección WE y distancia de ciento quince metros (115 m) lindando con el predio de mayor extensión o lote siete (7) La Esperanza.

Oriente: del punto anterior veintiuno (21) al punto veintidós (22) dirección NS y distancia de ciento ochenta metros (180 m) lindando con el lote dos (2) de la finca El Cerrito.

Sur: del punto anterior veintidós (22) al punto diecinueve prima (19’) dirección EW y distancia de ciento sesenta metros (160 m) lindando con el lote siete B (7B) El Roy de propiedad de María Teresa Londoño.

Occidente: del punto anterior diecinueve prima (19’) al punto veinte (20) punto de partida y encierra, y dirección SN y distancia de ciento ochenta metros (180 m) lindando en parte con el lote siete A (7A) El Diamante, de propiedad de Luis Jorge Salinas Zamora y en parte con el de mayor extensión o lote siete (7) La Esperanza”.

— Certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria 50S-40139683, expedido el 22 de marzo de 2000 por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur, con fecha de apertura de 28 de abril de 1993 y estado “activo”, en el cual se lee(31):

“Descripción: cabida y linderos

Lote 7 C con una ext. 25.600 m2 cuyos linderos y demás especificaciones obran en la escritura 12155 del 18-12/92 notaría 29 de Santafé de Bogotá, según Decreto 1711 del 6 de julio de 1984.

Complementación:

Moreno (sic) Nieto Gildardo adquirió por compra a Ortiz Pérez Senén, por la escritura 10685 del 11-12-92 notaría 29 de Santafé de Bogotá, Re. al folio 050-40113854. Este efectuó división material por la escritura 5144 del 28-08-1992 del 20-12-1960 notaría 2 de Bogotá, registrada hoy al folio 050-0163368.

Dirección del inmueble tipo predio: sin información

1) Lote 7 C San Miguel

Matrícula abierta con base en la siguiente matrícula inmobiliaria

40113854

Anotación 1 fecha: 18-03-1997 Radicación 17607

Doc.: escritura 12155 del 18-12-1992 notaría 29 de Santafé de Bogotá valor acto: $ 1.500.000.

Especificación 101 compraventa parcial falsa tradición, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio. Artículo 7º, numeral 6º, Decreto 1250 de 1970.

Personas que intervienen en el acto (la X indica la persona que figura como propietario)

De: Morera Nieto Gildardo

A: Mayorga Díaz Fernando” (resaltado del texto).

— Certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria 50S-40113854, es decir, del cual se segregó el asignado al predio de propiedad del actor, expedido el 22 de marzo de 2000 por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur, con fecha de apertura de 28 de septiembre de 1992 y estado “cerrado”(32):

“Descripción: cabida y linderos

Lote 7 se segrega de otro de mayor extensión denominado finca El Cerrito, ubicada en la vereda de El Cerro en el municipio anexo de Bosa, Santafé de Bogotá D.C. y parte de Soacha, departamento de Cundinamarca. Este lote queda con una extensión de 22.6 fanegadas equivalentes a 144.640 m2, aproximadamente, sus linderos y demás especificaciones obran en la escritura 5144 de 28-08-92 notaría 18 de Santafé de Bogotá, según Decreto 1711 06-07-84.

Complementación:

Ortiz Pérez Senén adquirió en mayor extensión por compra que hizo a Durán Blanco Daniel mediante escritura 5802 del 20-12-60 notaría segunda de Bogotá, registrada al folio de matrícula 050-0163368.

Dirección del inmueble tipo predio: sin información

Sin dirección # lote 7

Matrícula abierta con base en la siguiente matrícula inmobiliaria 0163368

Anotación 1 fecha: 09-09-1992 Radicación 56105

Doc.: escritura 5144 del 28-08-1992 notaría 18 de Santafé de Bogotá valor acto: $

Especificación 160 división material

Personas que intervienen en el acto (la X indica la persona que figura como propietario)

A: Ortiz Pérez Senén

Anotación 2 fecha: 26-11-1992 Radicación 74605

Doc.: escritura 10685 del 11-11-1992 notaría 29A de Santafé de Bogotá valor acto: $ 3.600.000

Especificación 101 compraventa

Personas que intervienen en el acto (la X indica la persona que figura como propietario)

De: Ortiz Pérez Senén

A: Morera Nieto Gildardo

Anotación 3 fecha: 18-03-1997 Radicación 17607

Doc.: escritura 12155 del 18-12-1992 notaría 29 de Santafé de Bogotá valor acto: $ 1.500.000

Especificación 101 compraventa parcial con un área de 4 fanegadas o 25.600 m2. Lote 7 C.

Personas que intervienen en el acto (la X indica la persona que figura como propietario)

De: Morera Nieto Gildardo

A: Mayorga Díaz Fernando” (resaltado del texto).

— Certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria 50S-40267342, este es, el cual se dijo en la demanda que incluyó los linderos del predio de propiedad del actor, expedido el 17 de agosto de 1999 por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur, con fecha de apertura de 22 de enero de 1997 y estado “activo”, en el que se señaló(33):

“Descripción: cabida y linderos

Contenidos en escritura 3147 de fecha 19-12-96 en notaría 39 de Santafé de Bogotá lote de terreno con área de 13 HCS 1.274,43 m2 (según D. 1711 jul. 6/84).

Complementación:

Resolución 201 15 febrero 1982 resuelve: artículo primero: autorizase el cambio de número de matrícula al predio distinguido así: zona A (hace parte del Porvenir y el INCA) Porvenir, ubicado en Bosa.

Dirección del inmueble tipo predio: sin información

1) Carrera 92 # 63-A-28 sur lote 18 manzana 13.

2) Carrera 39 # 63A-70 sur.

Matrícula abierta con base en la siguiente matrícula

642115

Anotación 1 fecha: 27-12-1996 Radicación 96-104658

Doc.: escritura 3147 del 19-12-1996 notaría 39 de Santafé de Bogotá valor acto: $ 23.000.000

Especificación 150 Adjudicación en sucesión adición de partición y adjudicación para Armando Acuña Hernández, que le corresponde en su condición de cesionario (...) que corresponde al 51.92% adquirido por E.P. 4447 del 04-10-96 Notaría 38: un lote de terreno (13 HCS 1.274,43 m2).

Personas que intervienen en el acto (la X indica la persona que figura como propietario)

De: González Escobar Lucio

A: Acuña Hernández Armando” (resaltado del texto).

— Resolución 281 proferida el 3 de marzo de 1998 por el registrador principal de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá, zona sur, “por la cual se resuelve un recurso. Expd. 149-97”(34), documento en el que se indicó que el 3 de junio de 1997, mediante oficio 1706, “la señora coordinadora de antiguo sistema (sic)” solicitó a la división jurídica de esa entidad como medida preventiva “[e]l bloqueo del folio 050163368 y de todas las matrículas segregadas”(35).

— Resolución 1265 del 21 de julio de 1999 “por la cual se decide una actuación administrativa: folio de matrícula inmobiliaria 050-163368 y folios derivados de este. Expd. 149-97”(36), expedida por el registrador principal de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá, zona sur que, en lo que aquí concierne, ordenó anotar en el folio de matrícula 50-40139683 la expresión “falsa tradición, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio”, artículo 7º, numeral 6º, Decreto 1250 de 1970”, al constatar que su “origen se remonta a un título de adquisición inexistente (...) y a un predio al cual la oficina de registro de instrumentos públicos no le ha asignado matrícula inmobiliaria”.

De acuerdo con el citado documento, el 29 de mayo de 1997 se presentó ante la oficina de registro de instrumentos públicos una solicitud para la expedición del certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 050-163368, adjuntándose para el efecto copia de la escritura 5.802 otorgada el 20 de diciembre de 1960 ante la notaría segunda de Bogotá. Sin embargo, al hacer la verificación de los datos proporcionados, “la ya citada escritura 5802 no se encontró registrada, al igual que el título antecedente mencionado en ella”.

Se precisó que, por lo anterior, mediante auto proferido el 14 de agosto de 1997 se inició una actuación administrativa tendiente a establecer la situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 050-0163368 y sus segregados 050-40113848 al 050-40113866, así como los derivados de estos, entre los cuales, observa la Sala, se encontraba el asignado al aquí demandante (050-40139683).

En la providencia se indicó que de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, la apertura del folio 050-0163368, que correspondía a un lote llamado “El Cerrito”, ubicado en el municipio de Bosa, Cundinamarca, con una extensión de 554 fanegadas, acaeció el 8 de agosto de 1973. Para la fecha de la investigación, el folio aludido registraba dos anotaciones: la apertura, por la venta que hiciera el señor Daniel Durán Blanco al señor Senén Ortiz Pérez, y la división material (“loteo”) realizada el 9 de septiembre de 1992.

En este orden de ideas, se adujo que de acuerdo con la escritura pública 5.802, el 20 de diciembre de 1960, el señor Daniel Durán Blanco vendió un globo de terreno ubicado en el municipio de Bosa al señor Senén Ortiz Pérez. Además, “se cita como antecedente de la tradición, que el exponente vendedor adquirió el globo de terreno por adjudicación que de él hizo el resguardo indígena, según Resolución 137 (sin fecha) y registrada en el libro primero página 397 número 2199 del 28 de agosto de 1922”. No obstante, se encontró que la escritura pública 5.802 “no figuraba inscrita como compraventa en los libros del antiguo sistema” y la adjudicación del terreno por parte de un resguardo indígena tampoco se encontraba registrada en el libro mencionado.

De otra parte, se manifestó que verificado el folio físico 050-163368, así como los rollos de seguridad y las microfichas y fotogramas correspondientes, se constató que realmente aquel se abrió con la escritura 5357 suscrita el 4 de julio de 1997 en la notaría tercera de Bogotá, que correspondió a la venta realizada por el señor Raúl Acosta Sánchez al señor Jorge Enrique Gómez de un lote de terreno denominado “San Jorge” ubicado en Bosa, con una extensión de 3.257,60 m2. El señor Jorge Enrique Gómez, a su vez, transfirió el derecho de dominio a favor de la señora Edilma Rojas Vega (escritura 3.558 de dic. 19/98, notaría 12 de Bogotá), quien dividió el inmueble en 33 lotes, “dos para el loteo y 31 para el reloteo (sic)”, creándose las matrículas 40015071 a la 40015105. Finalmente, como anotación tres, aparecía “la escritura 5.144 del 28 de agosto de 1992 notaría 18 de Santafé de Bogotá, por medio de la cual ‘el señor Henry Pérez Velasco en nombre y representación del señor Senén Ortiz Pérez (...), según poder especial conferido (...) dividió la finca El Cerrito en 19 lotes”.

En este orden de ideas, se precisó que “[e]n la escritura 5144 quien actuó en nombre y representación de Senén Ortiz Pérez (...) manifiesta que este adquirió el inmueble por escritura 5802 del 20 de diciembre de 1960 notaria segunda de Bogotá, inscrita en la matrícula inmobiliaria 050-163368”, a pesar de que “ni en la microficha existente en los archivos de esta oficina ni en la que reposa en el rollo de seguridad está microfilmada la escritura 5802”. De este modo —se dijo en la providencia—, quedó claro que “el señor Senén Ortiz Pérez no estaba inscrito como propietario, no se trataba de un predio de 554 fanegadas sino de un predio de 3.257,60 m2. La anterior circunstancia supone el rompimiento del principio de tracto sucesivo mediante el cual solo quien aparece inscrito como propietario puede realizar actos de disposición, salvo en los casos de venta de cosa ajena (C.C. art. 1871).

En consecuencia, se concluyó que inexplicablemente a partir de 1992, el verdadero folio de matrícula inmobiliaria 050-163368 “refleja una descripción, cabida, linderos y titulares que no corresponden con los documentos inscritos en los libros de antiguo sistema, ni con los documentos microfilmados, no existe identidad registral y documental acorde con los documentos que reposan en el archivo de esta oficina, lo que hace presumir que el verdadero folio fue sustituido”.

Respecto de la identificación catastral del predio, se anotó que en concordancia con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Catastro, existían dos cédulas catastrales para la matrícula objeto de investigación, una de ellas asignada el 8 de febrero de 1974 al predio “San Jorge” y la otra el 21 de abril de 1991, concedida con base en la escritura 5.802, la cual fue otorgada 18 años después de la apertura del folio verdadero. En este sentido, “resulta extraño que según la escritura 5802, el señor Senén Ortiz Pérez compró el inmueble en 1960 y a los 31 años de haberlo adquirido se le asignó cédula catastral”.

En virtud de lo expuesto, se anotó:

“Al tenor del artículo 82 del Decreto 1250 de 1970, el folio 050163368 que hoy existe en esta oficina, no exhibe su verdadero estado jurídico, por cuanto identifica un predio que registralmente no existe, se presume que el verdadero folio fue sustituido para darle vida al que hoy identifica el predio El Cerrito, en este caso entonces estamos frente a la utilización de medios ilegales para obtener un certificado de libertad y tradición para un inmueble al cual la oficina de registro de instrumentos públicos no le ha asignado el número 050-163368, sobre esta circunstancia particular y sobre la autoría intelectual y material de presuntos hechos delictuosos en los que se haya podido incurrir, le compete pronunciarse a la fiscalía que hoy conoce los antecedentes denunciados.

Por lo anterior y con base en el artículo 47 del Decreto 1250 de 1970 se hace necesario ordenar la reconstrucción del verdadero folio de matrícula inmobiliaria 050-163368, con fundamento en los datos contenidos en la microficha, salvo el fotograma que se refiere a la división material realizada por medio de la escritura 5144 del 28 de agosto de 1991 de la notaría 18 de Bogotá, y con los datos que obran en las microfichas de los folios de matrícula inmobiliaria 050-40015072 al 050-40015088, esto es, como anotación 03 la anotación 01 de los folios referidos, incluyendo como segregadas las matrículas que se originaron con fundamento en el loteo y reloteo (sic) efectuado por la señora Edilma Rojas Vega a través de la escritura 14321 del 24 de diciembre de 1988 de la notaría 27 de Bogotá. En cuanto se refiere a la fecha de apertura y su fundamento, estos datos deben ser idénticos a los escritos en el folio 050-163368 que actualmente existe en esa oficina por ser los únicos datos verdaderos que tiene el folio tal como se corrobora en la microficha existente.

Sobre el folio 050-163368 para el predio El Cerrito, debe excluirse la anotación 01, por inexistencia del registro de la escritura 5802 del 20 de diciembre de 1960 de la notaria 2 de Bogotá, tal cual se demostró anteriormente.

Las maniobras que se adelantaron para suplantar el folio, se presume tenían el objetivo de obtener el registro de la escritura 5144 del 28 de agosto de 1992 de la notaría 18 de Bogotá, por la cual se dividió materialmente el predio en 19 lotes. Efectivamente esta escritura sí cumplió con el trámite registral exigido en los artículos 22 y ss (sic) del Decreto 1250 de 1970, los cuales al tenor del artículo 84 del Decreto 1 de 1984, constituye un acto administrativo.

No obstante figurar como acto administrativo debe procederse a modificar la calificación de la inscripción de la escritura 5144 del 28 de agosto de 1992, notaría 18 de Bogotá, referente a la división material; junto con la inscripción de la anotación 01 de las matrículas 050-40113848 a la 40113866, derivadas de la división material, sin que medie consentimiento expreso y escrito de quienes medien como titulares, comoquiera que la situación jurídica creada no fue legal; porque como se expresó, la inscripción y la apertura de las matrículas se provocó mediante maniobras en las que no intervino el consentimiento ni la voluntad de esta oficina, además de provenir de un registro inexistente, por tanto tal acto administrativo y los derivados de este se emitieron induciendo en error a esta oficina, de tal modo que no se han podido generar situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos, porque para que estos nazcan se necesitan un justo título y acto ilegal o inconstitucional no lo es, luego de él no se deriva ningún derecho ni procede ninguna situación jurídica que amerite protección del ordenamiento”.

— Resoluciones 1848 del 23 de septiembre de 1999 y 2070 del 22 de octubre del mismo año, expedidas por el registrador principal de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá, zona sur, que confirmaron la Resolución 1265 del 21 de julio de 1999 “por la cual se decide una actuación administrativa: folio de matrícula inmobiliaria 050-163368 y folios derivados de este. Expd. 149-97”(37).

— Finalmente, en el expediente obra el dictamen pericial practicado a solicitud de la parte demandante y remitido al a quo el 23 de enero de 2001(38), con el objeto de establecer “la doble alinderación del globo El Diamante, hoy denominado el mirador, el número de lotes en que fue subdividido el predio de mi cliente(sic), el valor comercial de los lotes antes aludidos, el valor total de los perjuicios ocasionados al demandante y los demás que el tribunal tenga a bien ordenar”.

En el dictamen se lee que, para el efecto, los peritos solicitaron al Instituto Geográfico Agustín Codazzi que realizara el plano topográfico del inmueble referido en la escritura pública 12.155, para “de esta manera sobreponer al plano actual de loteo CB-69/4-03 del barrio El Mirador de la Estancia, radicado y aprobado por el Departamento de Catastro”, por lo que concluyeron que el “predio del señor Fernando Mayorga Díaz con matrícula 50S-40139683 se dividió en 209 matrículas inmobiliarias”, no obstante solo abarca “139 lotes de la división o loteo actual del barrio ‘El Mirador”, de suerte que “[h]echo dicho trabajo se pudo establecer (...) la doble alinderación de terreno materia de la litis”.

Al dictamen se adjuntó “levantamiento planimétrico del lote 7C San Miguel”, cuya extensión es de 24.413,74 m2, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con base en las “indicaciones suministradas por el propietario. Su forma, linderos y colindantes se tomaron de la escritura 12.155 del 18 de diciembre de 1992 de la notaría 29 de Santafé de Bogotá”.

Así mismo, se allegó el plano del barrio “El Mirador de la Estancia”, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

4.2. Acreditación de los elementos de la responsabilidad.

4.1.1. De conformidad con el artículo 90 de la Carta, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

En relación con el contenido de la norma constitucional que viene a indicarse, esta corporación ha sostenido que aunque el ordenamiento jurídico no contiene una disposición que consagre una definición de daño antijurídico, este se refiere a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(39), de ahí que para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en un título jurídico subjetivo u objetivo de imputación, se ha de probar la existencia de (i) el daño, el cual debe ser cierto(40) —“es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”(41)—, y determinado o determinable, (ii) la conducta u omisión que generó el daño, atribuible a una autoridad pública y (iii) cuando hubiere lugar a ella, una relación o nexo de causalidad entre los dos primeros elementos, o lo que es lo mismo, que el daño se produzca como consecuencia o por virtud de la acción o la omisión atribuible a la entidad pública demandada.

4.1.2. Respecto del primer elemento anotado, es decir, de la existencia de un daño, se ha de precisar que, conforme a la jurisprudencia de la Sala, aquel constituye el fundamento mismo de la responsabilidad, de suerte que “si no hay daño no hay responsabilidad” y “solo ante su acreditación, hay lugar a explorar la imputación del mismo al Estado”(42).

En este sentido, es claro que a la luz del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, corresponde a la parte demandante probar los supuestos de hecho sobre los que fundamenta su pretensión de reparación, para lo cual, como ya se indicó, en primer lugar habrá de demostrar la existencia del daño y su carácter de antijurídico(43).

4.3. Estudio del caso concreto.

4.3.1. En criterio del recurrente, las entidades demandadas causaron un daño al señor Fernando Mayorga Díaz, al (i) permitir que los linderos del predio de su propiedad “fueran incluidos dentro de la matrícula inmobiliaria 50S-40267342, que contiene los linderos del barrio El Mirador” o, lo que es lo mismo, “haber abierto dos matrículas inmobiliarias sobre un mismo predio” y (ii) “bloquear” el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40139683, es decir, el asignado al inmueble propiedad del mencionado demandante, en razón de la investigación administrativa iniciada con el fin de establecer presuntas irregularidades relacionadas con el folio de matrícula inmobiliaria 050-163.368.

4.3.1.1. Sobre la primera cuestión, la Sala observa que al proceso se allegó copia de la escritura pública 12.155 otorgada el 18 de diciembre de 1992, por la cual el señor Gildardo Morera Nieto transfirió al señor Fernando Mayorga Díaz, a título de venta real y efectiva, el derecho de propiedad y posesión sobre un lote de terreno con una extensión de 25.000 m2, ubicado en la vereda El Cerro, “zona de Bosa, Santafé de Bogotá”. En relación con dicha escritura, se aportó copia del certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria 50S-40139683, expedido el 22 de marzo de 2000 por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur, con fecha de apertura de 28 de abril de 1993 y estado “activo”, en el cual se lee en el apartado de “Descripción: cabida y linderos: lote 7 C con una ext. 25.600 m2 cuyos linderos y demás especificaciones obran en la escritura 12155 del 18-12/92 notaría 29 de Santafé de Bogotá, según Decreto 1711 del 6 de julio de 1984”.

Igualmente, obra en el proceso el certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria 50S-40267342, expedido el 17 de agosto de 1999 por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona sur, con fecha de apertura de 22 de enero de 1997 y estado “activo”, en cuyo apartado de “Descripción: cabida y linderos” se indicó: “[c]ontenidos en escritura 3147 de fecha 19-12-96 en notaría 39 de Santafé de Bogotá lote de terreno con área de 13 HCS 1.274,43 m2 (según D. 1711 jul. 6/84)” y respecto de la dirección, se señaló: “1) Carrera 92 # 63-A-28 sur lote 18 manzana 13. // 2) carrera 39 # 63A-70 sur”.

Finalmente, en el plenario reposa el dictamen pericial remitido al a quo el 23 de enero de 2001, rendido de conformidad con el “levantamiento planimétrico del lote 7C San Miguel”, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con base en las “indicaciones suministradas por el propietario. Su forma, linderos y colindantes se tomaron de la escritura 12.155 del 18 de diciembre de 1992 de la notaría 29 de Santafé de Bogotá”, así como el plano del barrio “El Mirador de la Estancia”, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

4.3.1.2. En razón de los medios de prueba que se vienen indicando, la Sala concluye que no se encuentra demostrado que los linderos del predio de propiedad del señor Fernando Mayorga Díaz “fueran incluidos dentro de la matrícula inmobiliaria 50S-40267342, que contiene los linderos del barrio El Mirador”, así como tampoco que las entidades demandadas hubieran “abierto dos matrículas inmobiliarias sobre un mismo predio”.

4.3.1.2.1. En efecto, una primera cuestión que llama la atención de la Sala sobre este punto, es la falta de claridad sobre la identificación material del predio propiedad del demandante y su relación con el predio correspondiente al folio 50S-40267342, o lo que es lo mismo, con el predio que, se alega, contiene los linderos del terreno que dio inicio al proceso sub judice.

Lo anterior, porque la extensión del predio referido en la escritura pública 12555, esto es, la aportada por el demandante para acreditar su calidad de propietario, difiere de la indicada en el folio de matrícula inmobiliaria en la cual se registró ese acto, es decir, la 50S-40139683, pues mientras en la escritura se lee que el predio mide 25.000 m2, en el certificado señalado se consignó que su superficie es de 25.600 m2.

En este sentido, la Sala observa que también existe una marcada diferencia entre la extensión del predio objeto de la presente litis y la superficie del predio que supuestamente lo contiene (matrícula inmobiliaria 50S-40267342), en tanto este solo mide 1.274,43 m2.

4.3.1.2.2. Ahora bien, respecto del “levantamiento planimétrico del lote 7C San Miguel”, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Sala observa que, como bien se dice allí, fue elaborado conforme a las “indicaciones suministradas por el (...) [señor Fernando Mayorga Díaz]. Su forma, linderos y colindantes se tomaron de la escritura 12.155 del 18 de diciembre de 1992 de la notaría 29 de Santafé de Bogotá”, sin que para el efecto se hayan tenido en cuenta los linderos establecidos en la escritura 3147, otorgada el 19 de diciembre de 1996 en la notaría 39 de Bogotá, correspondiente a la matrícula inmobiliaria 50S-40267342, es decir, aquella que presuntamente incluyó los linderos del predio de propiedad del actor, la cual no fue aportada al presente juicio.

En consecuencia, a juicio de la Sala, el levantamiento planimétrico aludido no indica nada respecto de la superposición de linderos alegada por el demandante ni sobre la apertura de dos folios de matrícula inmobiliaria sobre el mismo terreno.

Y es que en este punto la Sala se pregunta cómo puede tener certeza sobre la superposición de linderos de los predios o la apertura de dos folios de matrícula inmobiliaria sobre el mismo predio, si solo conoce los linderos y la ubicación de uno de ellos, pues solo se aportó una de las escrituras involucradas, a lo que se agrega que los folios de matrícula inmobiliaria no tienen información suficiente sobre el particular y la prueba técnica realizada únicamente tuvo en cuenta la misma escritura allegada al plenario.

Es claro que, comoquiera que la especificación de los linderos se encontraba en las escrituras 12.155 y 3147, la prueba técnica para determinar la sobreposición de linderos aludida exigía la contrastación de tales documentos, y como ello no se hizo, carece de sustento suficiente la afirmación contenida en el dictamen pericial según la cual, “se pudo establecer (...) la doble alinderación de terreno materia de la litis”, en tanto, se repite, para su elaboración solo se tuvieron en cuenta las “indicaciones suministradas por el (...) [señor Fernando Mayorga Díaz]. Su forma, linderos y colindantes se tomaron de la escritura 12.155 del 18 de diciembre de 1992 de la notaría 29 de Santafé de Bogotá”, no así el contenido de la escritura 3147 y de su folio de matrícula 50S-40267342, tantas veces mencionados.

4.3.1.2.3. Lo mismo ocurre con el plano del barrio “El Mirador de la Estancia”, elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, habida cuenta de que nada prueba respecto de que los linderos del predio de propiedad del actor “fueran incluidos dentro de la matrícula inmobiliaria 50S-40267342” o sobre la apertura de dos folios de matrícula inmobiliaria.

4.3.1.2.4. Así las cosas, para la Sala es evidente que la falta de medios de prueba sobre la identificación jurídica y material del predio que supuestamente incorporó el inmueble de que trata esta demanda, así como sobre la presunta superposición de linderos, permite concluir que el hecho dañoso, consistente en que los linderos del predio de propiedad del señor Mayorga Díaz “fueran incluidos dentro de la matrícula inmobiliaria 50S-40267342, que contiene los linderos del barrio El Mirador”, o mejor aún, la apertura de dos folios de matrícula inmobiliaria sobre un mismo predio, no se encuentra debidamente demostrada.

4.3.1.2. En cuanto al hecho relativo al “bloqueo” del folio de matrícula inmobiliaria 50S-40139683, es decir, del asignado al inmueble propiedad del demandante, en razón de la investigación administrativa iniciada con el fin de establecer presuntas irregularidades relacionadas con el folio de matrícula inmobiliaria 050-163.368, la Sala encuentra que si bien se demostró que en efecto ello ocurrió, pues no solo así se manifestó en la contestación de la demanda, sino que además consta en la Resolución 281 proferida el 3 de marzo de 1998 por el registrador principal de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá, zona sur, “por la cual se resuelve un recurso. Expd. 149-97”(44), documento en el que se indicó que el 3 de junio de 1997, mediante oficio 1706, “la señora coordinadora de antiguo sistema (sic)” solicitó a la división jurídica de esa entidad como medida preventiva “[e]l bloqueo del folio 050163368 y de todas las matrículas segregadas” (se resalta) , lo cierto es que en el expediente no obra ninguna prueba que permita afirmar que en virtud de tal situación, el señor Fernando Mayorga Díaz hubiera sufrido una lesión patrimonial, de suerte que no se demostró, por ejemplo, que por esa circunstancia le fue imposible realizar un negocio jurídico o registrar un gravamen para garantizar una obligación.

4.3.2. Por lo anteriormente expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 30 de octubre de 2003 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, comoquiera que no se demostró el daño cuya reparación se demandó.

5. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas en razón de lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 30 de octubre de 2003 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(15) Expediente 11.163, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(16) Sentencias: del 14 de octubre de 1999, Expediente 7861. Actor: Luis Antonio Hurtado Hurtado y del 20 de septiembre de 2001, Expediente 10.973. Actor: Sociedad “La Muriel Mining Corporation”.

(17) Véase entre muchas otras, la sentencia de 26 de mayo de 2011, Expediente 19.765, C.P. (E) Gladys Agudelo Ordóñez.

(18) Auto de 3 de marzo de 2010, Expediente 37.398, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. También se puede consultar el auto de 23 de febrero de 2012, Expediente 42.141, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(19) Folios 101 a 104 del cuaderno 3.

(20) Folio 117 del cuaderno 3.

(21) Folios 121 a 123 del cuaderno 3.

(22) El artículo 46 del Decreto 1 de 1984 disponía que: “Cuando, a juicio de las autoridades, las decisiones afecten en forma directa e inmediata a terceros que no hayan intervenido en la actuación, ordenarán publicar la parte resolutiva, por una vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente destinado para estos efectos, en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones”.

(23) Folios 1 y 2 del cuaderno 4.

(24) Folios 20 a 38 del cuaderno 4.

(25) Cfr. Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 18 de marzo de 2010, Expediente 1.989, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

(26) Folios 23 a 51 del cuaderno 6.

(27) Folio 53 del cuaderno 6.

(28) Folios 101 y siguientes del cuaderno tres y cuadernos 4 a 6.

(29) “Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

(30) Folios 3 a 5 del cuaderno 2.

(31) Folio 7 del cuaderno 2.

(32) Folios 81 a 88 del cuaderno 2.

(33) Folios 8 a 50 del cuaderno 2.

(34) Folios 20 a 38 del cuaderno 4.

(35) Folio 69 del cuaderno 3.

(36) Folios 23 a 51 del cuaderno 6.

(37) Folios 147 a 162 y 183 a 201 del cuaderno 6.

(38) Folios 1 a 15 del cuaderno 7.

(39) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11.945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(40) Entre muchas otras, sentencia de 4 de diciembre de 1991, Expediente 6.608, C.P. Julio César Uribe Acosta: “[p]ara que las personas en quienes repercute el daño, causado a otra, puedan demandar indemnización, es indispensable que invoquen un interés legítimo y que el perjuicio que reclaman sea cierto y no eventual”.

(41) Henao Pérez, Juan Carlos (1998), El Daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, página 130.

(42) Sentencia de 21 de marzo de 2012, Expediente 23.478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Igualmente, se puede consultar la sentencia de 10 de septiembre de 1993, Expediente 6.144, C.P. Juan de Dios Montes.

(43) Sentencia de 21 de marzo de 2012, Expediente 23.126. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(44) Folios 20 a 38 del cuaderno 4.