Sentencia 2000-00830 de mayo 2 de 2013

 

Sentencia 2000-00830 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref.: Expediente 13001 23 31 000 2000 00830 01

Nº Interno: 0055-10

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Apelación sentencia

Actor: Alberto Carreño Polo

Bogotá, D. C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cuestión previa

Esta corporación en reiteradas ocasiones ha señalado que una vez otorgada una competencia a determinada autoridad judicial, se exige de ella que la agote y resuelva el fondo mediante sentencia de mérito, siempre que se den los presupuestos de ley, en caso contrario, la inhibición en que incurra constituye un comportamiento anómalo y censurable del operador jurídico, por cuanto su función ampliamente conocida, es resolver con todas las garantías una controversia judicial.

Sobre este punto la Corte Constitucional ha señalado:

“El derecho constitucional fundamental al debido proceso se funda, entre otros aspectos, en la garantía de que, sometido un asunto al examen de los jueces, se obtendrá una definición acerca de él, de donde se desprende que normalmente la sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución judicial. Hacerla aparente o formal implica, por tanto, la innegable violación de aquél, ya que deja al interesado a la expectativa, contrariando la razón misma del proceso”(1).

A juicio de la Sala, una inhibición no justificada es ajena a los deberes constitucionales y legales del juez y configura una verdadera denegación de justicia. No obstante, en casos extremos, ante la falta de alternativas del juez que obedezca a motivos debidamente fundamentados, puede presentarse un fallo inhibitorio, pero, se reitera, es esta la excepción.

En este evento, es necesario efectuar una valoración sopesada de la decisión inhibitoria, a fin de establecer que el juez de la causa no haya tenido otra alternativa, de manera que no se presente una obstrucción de justicia, el desconocimiento del derecho sustancial y de acceder a la administración de justicia. Indica la Corte Constitucional al respecto:

“inhibirse sin razón válida, el juez elude su responsabilidad, apartándose de la Constitución y de la ley; realiza su propia voluntad, su interés o su deseo, por encima del orden jurídico; atropella a quienes están interesados en los resultados del juicio y hace impracticable el orden justo preconizado por la Constitución.

La inhibición injustificada carece de legitimidad y pierde el sentido de una decisión judicial apta para producir cualquier efecto jurídico. Es tan solo una providencia judicial aparente que no merece la intangibilidad normalmente atribuida a las determinaciones de los jueces (...)” [resalta la Sala].

Por su parte, el artículo 37, numeral 4º, del Código de Procedimiento Civil, consagra como uno de los deberes del juez emplear todos los poderes concedidos por la legislación para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias, lo que implica que los casos que puedan presentarse deben ser de tal naturaleza, que agotadas por el juez todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico le ofrece para resolver, siga siendo imposible la decisión de fondo. De manera que, siempre que exista alguna posibilidad de llegar a ella, la obligación inexcusable del fallador consiste en adelantar todas las medidas de saneamiento necesarias para impedir una decisión inhibitoria, so pena de incurrir en denegación de justicia.

Precisado lo anterior, y al verificar los supuestos del caso concreto, se encuentra que es procedente revocar la decisión inhibitoria del tribunal, teniendo en cuenta que el Oficio 160949 DPSOC-177 de 16 de febrero de 2000 expedido por el director de prestaciones sociales de la Armada Nacional sí compromete la situación jurídica del actor en cuanto le niega un derecho respecto del cual cree tener derecho, cual es la pensión mensual de invalidez y el reajuste de la indemnización pagada.

Del contenido de la demanda, se encuentra que no se controvierten los actos expedidos por los máximos órganos médicos laborales ni la decisión de retiro, simplemente el actor en ejercicio de un derecho constitucional solicita un derecho pensional de carácter imprescriptible.

Establecido lo anterior, considera la Sala que el problema jurídico se circunscribe a determinar si el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez por las lesiones sufridas mientras era miembro activo de la Armada Nacional en calidad de infante de marina, y al reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad laboral del 55.5% y que lo declaró no apto para el ejercicio de las actividades militares que desarrollaba.

En vista de lo anterior, se analizará previamente la situación del actor bajo el siguiente derrotero:

— Fue incorporado el 16 de septiembre de 1989 a la infantería de marina de la Armada Nacional, según lo expuesto en el escrito de la demanda (fl. 47).

— Estando en el ejercicio de sus funciones, por orden de sus superiores participó de unas competencias deportivas en donde sufrió un accidente que le produjo una grave lesión lumbar.

— Por medio del Acta de Junta Médico Laboral Nº 004-99 del 23 de febrero de 1999 (fls. 31-33) se determinó que el demandante sufría una “discopatía degenerativa a nivel lumbar sin compromiso neurológico”, la cual fue calificada como una “incapacidad relativa y no permanente “encontrándose no apto para el servicio militar. En vista de ello, le determinaron una discapacidad laboral del 28.0%, atribuida al servicio militar pero no por causa y razón del mismo.

— El 30 de julio de 1999 el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, mediante Acta Nº 375 (fls. 34-35ª), decidió modificar en alguna de sus partes las conclusiones de la junta médico laboral, en lo que se refiere a la disminución de la capacidad laboral, la cual ascendió a 55.5%, por la circunstancia en que ocurrieron los hechos, correspondiéndole el literal b y por los índices de lesiones, el cual revoca el señalado en el acta de junta médico laboral y se asigna el numeral 1-062 literal C índice 15.

— El 1º de octubre de 1999 el director de prestaciones sociales de la Armada Nacional y el jefe de desarrollo humano de la Armada Nacional expidieron la Resolución 000716, por medio de la cual se le reconoció al actor una indemnización por disminución en la capacidad laboral del 55.5% por la suma de $ 24.005.864 (fls. 36-37).

— La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en respuesta a la solicitud efectuada por el tribunal administrativo mediante auto de 7 de abril de 2006(2) (fl. 321), realizó dictamen el 23 de febrero de 2007 calificando el grado de invalidez del actor en 76.84% (fl. 367 vto.).

Del citado material probatorio y para desarrollar el problema jurídico, es necesario precisar que el Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares” en su artículo 3º dispone el reconocimiento y pago de una indemnización a servidores que sean desacuartelados por incapacidad relativa y permanente, en los siguientes términos:

“ART. 3º—El soldado o grumete de la Fuerzas Militares que sea desacuartelado por incapacidad relativa y permanente, tendrá derecho a que por el tesoro público se le pague por una sola vez, una indemnización que fluctuará entre uno (1) y treinta y seis (36) meses del sueldo básico que corresponda a un cabo segundo o marinero, según el índice de lesión que fije sanidad militar (…)”.

Esta normatividad señala en su artículo 4º una pensión de invalidez pero para aquellos soldados que sean desacuartelados por incapacidad absoluta y permanente, situación en la que no se encontraba el actor quien fue “desencuartelado” por incapacidad relativa y permanente, lo que implica que solo procede la indemnización consagrada en el citado artículo 3º.

Así entonces, resulta incompatible el otorgamiento de la indemnización por incapacidad relativa —artículo 3º Decreto 2728 de 1968— con el reconocimiento de la pensión de invalidez por la pérdida absoluta y permanente de la capacidad laboral —artículo 4º ibídem—.

Ahora bien, el citado Decreto 2728 de 1968, estableció en su artículo 2º que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización, los soldados y grumetes quedan sometidos al “reglamento general de incapacidades, invalideces e indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

Para la época de los hechos se encontraba vigente el Decreto 0094 de 1989, “por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y Ejército Nacional” que en su artículo 90 señalaba:

“Pensión de invalidez del personal de soldados y grumetes. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el tesoro público y liquidada así:

a) El 75% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

b) El 100% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%”.

Según los resultados de las actas de junta médica laboral y de Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, el grado de disminución de la capacidad laboral del actor era del 55.5%, lo cual según lo señalado en la normativa referenciada, no daba lugar a la pensión de invalidez; por ello, le fue reconocida una indemnización por incapacidad relativa y permanente, de que trata el artículo 3º del Decreto 2728 de 1968.

Ahora bien, encuentra la Sala que la discusión se centra en el porcentaje de la disminución en la capacidad laboral del actor y de los efectos que este tiene en el tema pensional. En el trascurso del proceso se ordenó remitir al actor a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, para que le calificara su capacidad laboral y finalmente a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez quien le determinó una disminución en su capacidad laboral del 76.84% (fl. 353).

El citado porcentaje debe ser tenido en cuenta, en atención a lo dispuesto en el Decreto 2463 de 2001(3) el cual si bien dispuso en su artículo 1º que se aplicaría a todos los trabajadores y servidores públicos del territorio nacional de los sectores público y privado, trabajadores independientes afiliados al Sistema de Seguridad Social y pensionados por invalidez, también determinó que una de las funciones de estas juntas calificadoras es la de evaluar las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral requeridas por las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual su actuación será como peritos.

Sobre el particular, el artículo 3º ibídem señaló:

“Corresponderá a las siguientes entidades calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en caso de accidente o enfermedad:

1. Las juntas regionales de calificación de invalidez decidirán sobre las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual, su actuación será como peritos asignados en el proceso. Las juntas de calificación de invalidez también actuarán como peritos en los casos de solicitudes dirigidas por compañías de seguros cuando se requiera calificar la pérdida de capacidad laboral”.

Y tal como lo ha dicho esta corporación, cuando existen conceptos médicos que se diferencian en cuanto a la disminución de la capacidad laboral del funcionario —el emitido en el trámite administrativo y el de los peritos designados en el proceso—, debe darse prelación al dictamen que emitan los expertos dentro del proceso, dado que puede ser controvertido como medio de prueba, lo que no acontece con las evaluaciones médicas realizadas en los trámites administrativos de reconocimiento de pensión de invalidez(4). Este tipo de dictámenes proferidos en sede judicial tendientes a desvirtuar los realizados en sede administrativa, pueden ser objetados por la entidad demandada, lo cual no se presentó en este caso.

En ese orden, y conforme al dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se tiene que el actor cumple con los requisitos establecidos en el artículo 90(5) del Decreto 094 de 1989 para acceder a la pensión de invalidez, desde la fecha en que ocurrió el retiro del servicio, pues atendiendo la interpretación de las normas que gobiernan lo relacionado con la pensión de invalidez, es la fecha del retiro, como consecuencia de la incapacidad, la que debe tomarse como base para efectuar el reconocimiento.

En el mismo sentido, es procedente ordenar que al momento del pago de la pensión decretada en vía judicial se descuente lo pagado por concepto de indemnización, pues dicha compensación fue pagada atendiendo los porcentajes que en este proceso fueron desvirtuados.

Así las cosas, la Sala procederá ordenar el pago de la pensión de invalidez en cuantía del 75% del sueldo básico de un sargento segundo o su equivalente, a partir de la fecha de retiro del actor y el descuento de lo pagado por concepto de indemnización.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del proceso promovido por Alberto Carreño Polo contra la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional. En su lugar se DISPONE:

1. DECLÁRASE la nulidad del Oficio Nº 160949 DPSOC-177 expedido por el director de prestaciones sociales de la Armada Nacional.

Como consecuencia de la nulidad anterior, la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, reconocerá y pagará al señor Alberto Carreño Polo una pensión de invalidez a partir del 30 de enero de 2000, fecha del retiro efectivo del servicio, en cuantía del 75% del sueldo básico de un sargento segundo o su equivalente, en los términos del artículo 90 literal a) del Decreto 094 de 1989.

2. Sobre las sumas adeudadas se ordena descontar lo pagado al demandante por concepto de indemnización, por la incompatibilidad existente con el pago de la pensión de invalidez.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1) Corte Constitucional, sentencias C-666 de 1996 y SU 600 de 1999, M. P. José Gregorio Hernández.

(2) Ofíciese a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para que dentro del término de cinco (5) días evalúe y califique el grado de incapacidad que ha venido afectado al señor Alberto Carreño Polo.

(3) “Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez”.

(4) Ver las sentencias del 17 de septiembre de 1990, Expediente 3778, 19 de agosto de 1999, Expediente 14309 y 10 de diciembre de 1998, Expediente 13774.

(5) ART. 90.—Pensión de invalidez del personal de soldados y grumetes. Partir de la vigencia del presente decreto, cuando el personal de soldados grumetes de las Fuerzas Militares, adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el tesoro público liquidada así:

a) El 75% del sueldo básico de un cabo superior o su equivalente, cuando en índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.