Sentencia 2000-00845 de mayo 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-2000-00845-01(27894)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Tito Antonio Gomez Otero

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec.

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones:

Pretenden los demandantes, en el recurso de apelación, que sean aumentados los montos reconocidos por la sentencia de primera instancia, en relación con los perjuicios morales para cada uno de los demandantes.

En primer lugar, debe advertirse que, en relación con los límites de la competencia de la Sala para decidir asuntos como el que nos ocupa, donde se ha interpuesto recurso de apelación por parte del apoderado de los demandantes en condición de apelante único, no es posible abordar y analizar el asunto en virtud del grado jurisdiccional de consulta, a pesar de que la condena impuesta a la entidad de derecho público excede de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes; al respecto, en reciente pronunciamiento la Sala sostuvo(1):

“Previo a abordar el análisis respecto del objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, resulta necesario precisar que en el presente asunto no hay lugar a tramitar el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo(2), según el cual las sentencias que impongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública deberán consultarse para ante el superior cuando no fueren apeladas, pero siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia en razón de su cuantía y en cuanto la condena impuesta a la entidad pública demandada fuere superior al monto equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales o que la sentencia que no fuere apelada hubiere sido proferida en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem.

“De conformidad con lo anterior, se advierte que en el presente asunto tal y como lo ha manifestado la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, resulta improcedente el trámite del grado jurisdiccional de consulta, por cuanto la sola interposición del recurso de apelación respecto de la sentencia condenatoria excluye, per se, el mencionado grado jurisdiccional, independientemente de cuál hubiere sido la parte que formuló la impugnación”.

Ahora bien, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante está encaminado, como se indicó, solamente a que se considere un mayor valor en el monto de las condenas impartidas a favor de los demandantes, por concepto de perjuicios morales.

Al respecto, conviene recordar que, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla” (negrillas adicionales).

Sobre el particular, la misma sentencia acabada de citar dijo:

“En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(3), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que ‘las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: tantum devolutum quantum appellatum’”(4).

Así, pues, en este estadio procesal solamente se decidirá si la condena impuesta en primera instancia, por concepto de perjuicios morales, amerita ser aumentada o no.

Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada se produjo por la muerte del señor Baldimir (sic) Gómez Juspian y, con ocasión de ello, es claro que se causaron perjuicios morales a su padre, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y a sus hermanos,afección que, sin duda, debe ser indemnizada.

En efecto, ha sido una posición jurisprudencial clara y reiterada de esta corporación aquella que indica que los daños causados por la muerte o la lesión de una persona, una vez acreditado el parentesco de los demandantes con la víctima, permiten presumir respecto su familia cercana padecimientos de orden moral que se traducen en perjuicios, dada la afectación a las normales relaciones de cercanía, amor y afecto que las personas tienen con su entorno familiar.

Igualmente, ha sostenido la Sala que se entiende por familia cercana a los abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos de la víctima(5), lo cual surge del contenido del artículo 42 de la Carta Política(6) y de las reglas de la experiencia, de modo que se infiere, para el presente caso, que los demandantes han sufrido el perjuicio por cuya indemnización se reclama.

Ahora bien, la tasación de este perjuicio extrapatrimonial corresponde al juzgador, quien, con fundamento en su prudente juicio o arbitrio judice, establece, en la situación concreta, el valor que resulte suficiente para reparar a las víctimas por el daño inferido atendiendo criterios de igualdad y de justicia.

La Sala, en este caso específico, considera que la condena proferida en primera instancia por concepto de perjuicios morales merece ser modificada para aumentar los montos reconocidos a cada uno de los demandantes.

La jurisprudencia de esta corporación, en asuntos similares, ha reconocido montos mayores por perjuicios morales a la familia cercana del occiso, aunque ello no obsta para aceptar que en determinados casos los jueces puedan graduar el quantum indemnizatorio, porque se probó que las relaciones afectivas no eran normales o las mejores, o porque no existía fraternidad, ni cariño, ni solidaridad; en este caso, no se advirtió nada de lo anterior y ello conlleva a que no exista fundamento para que se rebaje la valoración de lo que, conforme a lo decidido en casos similares, debe ser la indemnización necesaria para reparar el daño causado.

Al respecto, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001(7), para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales se ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(8), lo cual impone modificar en este aspecto la sentencia de primera instancia.

Por consiguiente, la Sala, en virtud del arbitrio judice que rige este tipo de reconocimientos y atendiendo los parámetros que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado en casos semejantes al que se analiza, modificará en este punto la sentencia impugnada, para en su lugar reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero que se establecen a continuación, para cada uno de los demandantes:

a) Recibirán el padre, la esposa y los hijos de la víctima, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno; y

b) Recibirán los nietos y los hermanos de la víctima, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno.

Costas:

No habrá lugar a condena en costas, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, de conformidad con las previsiones del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de trece (13) de febrero de dos mil cuatro (2004), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, cuyo ordinal segundo quedará así, en relación con el reconocimiento de perjuicios morales:

• El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, pagará la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a título de indemnización de perjuicios morales, a cada una de las siguientes personas:

Tito Antonio Gómez Otero (padre)

Marina Buitrón de Gómez (esposa)

James Bladimir Gómez Buitrón (hijo)

Deisy Evelin Gómez Buitrón (hija)

Idalia Gómez Buitrón (hija)

• El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, pagará la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a título de indemnización de perjuicios morales, a cada una de las siguientes personas:

Evelin Muñoz Gómez (nieta)

Robinson Muñoz Gómez (nieto)

Aleida María Gómez Juspian (hermana)

Tito Gómez Juspian (hermano)

Dolma Daisy Gómez Juspian (hermana)

Hermilsun Gómez Juspian (hermano)

Lícida Gómez Juspian (hermana)

Jorge Darío Gómez Juspian (hermano)

Diego Lenin Gómez Juspian (hermano)

Helmer Gómez Juspian (hermano)

Sonia Juspian (hermana)

Fernando Adolfo Juspian (hermano)

2. Ejecutoriado el presente fallo, devuélvase al tribunal del origen.

3. Sin costas

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), Radicación 73001233100019991697 01, Expediente 21.329, Actor: Pablo Andrés Murillo Devia y otros.

(2) “ART. 184.—Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas”.

(3) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:

“La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin. O como dice Couture: ‘es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso’.

“Son características de esta regla las siguientes:

“El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106).

(4) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), Radicación 66001-23-31-000-1998-00496-01(22745).

(6) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández Henríquez.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Radicación 66001-23-31-000-1998-00496-01(22745), actor: Ligia Pérez Vargas y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.