Sentencia 2000-00890 de julio 28 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 200012331000200000890-01 (20579)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Sonia Esther Arzuaga

Demandado: Municipio de Valledupar

Bogotá, D.C., veintiocho de julio de dos mil once.

Asunto: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que se inhibió de fallar el asunto, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia.

2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de primera instancia que se inhibió de decidir de fondo, porque lo procedente tenía que ver con haber planteado la nulidad de los actos que le negaron a la actora el derecho reclamado.

Siendo así, deberá la Sala pronunciarse, en primer término, sobre la excepción de inepta demanda, para luego resolver si el municipio de Valledupar, como la demandante lo asegura, incurrió en falla del servicio por omisión al no renovar el seguro de vida que amparaba —en versión de la actora— a todos los funcionarios de la personería municipal, entre los que se encontraba su esposo Alberto Quiroz Quintero, pues con ello impidió que obtuviera el pago del seguro por muerte.

2.1. Excepciones.

El municipio demandado propuso la excepción de inepta demanda, pues, a su parecer, en atención a la negativa de la personería del mismo municipio y del Seguro Social sobre el reconocimiento y pago del seguro por muerte, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa.

No obstante, la lectura integral de la demanda denota que la parte actora no discute ni controvierte la legalidad de las respuestas dadas a sus peticiones, sino que reclama la reparación del daño, que atribuye a la administración municipal, consistente en que no renovó el seguro por muerte que amparaba la vida de su esposo Alberto Quiroz, impidiéndosele, de ésta forma, obtener la prestación a la que cree tener derecho.

En consecuencia, la excepción formulada carece de fundamento y dado que la misma no prosperó, la sentencia de primera instancia será revocada y resulta del caso estudiar las pretensiones.

2.2. Hechos probados.

Con base en las pruebas válida y oportunamente allegadas al expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes para la decisión:

2.2.1. El hecho de la muerte y el parentesco del occiso con la demandante se tienen por demostrados con los registros civiles del matrimonio celebrado el 17 de julio de 1971 entre el señor Alberto Quiroz Quintero y la señora Sonia Esther Arzuaga (fl. 2, cdno. 1) y de defunción, que da cuenta del fallecimiento del primero de los nombrados, el día 18 de abril de 1997 (fl. 3, cdno. 1).

2.2.2. El señor Alberto Quiroz Quintero —para la fecha de su muerte— desempeñaba el cargo de abogado auxiliar de la personería municipal de Valledupar, según consta en la certificación suscrita por la Personera del mencionado ente territorial, de la que se lee:

Que revisada la hoja de vida de quien en vida respondía al nombre de Alberto Hernando Quiroz Quintero se encontró que efectivamente al momento de su muerte ocupaba el cargo de abogado auxiliar de esta personería y para abril 18 de 1997, fecha de su fallecimiento, estaba afiliado al Instituto de Seguros Sociales seccional Cesar(2) (fl. 23 cdno. 1).

La personería da cuenta de que el antes mencionado estuvo vinculado en esa entidad durante el periodo comprendido entre el 23 de julio de 1990 al 18 de abril de 1997, con una asignación mensual de $ 855.740 y escalafonado en carrera administrativa desde el 9 de febrero de 1994 (fls. 82, 118-119, cdno. 1).

Y en el mismo sentido, obra la resolución de nombramiento 2 de 17 de julio de 1990 y el acta de posesión de 23 del mismo mes y año (fls. 61-63, cdno. 1).

2.2.3. La alcaldía del municipio de Valledupar - Personería municipal adquirió el seguro de vida grupo al que le correspondió la póliza 1700315793, con la aseguradora La Previsora S.A.

2.2.4. Según certificación expedida por la aseguradora “(...) con posterioridad a la finalización de la vigencia de la póliza (31-12-96) esta compañía no ha expedido otro seguro para amparar la muerte de sus empleados” (fl. 142, cdno. 1), advirtiendo que la póliza fue tomada el 14 de diciembre de 1995, para amparar a sus empleados en vida y gastos funerarios, durante el periodo comprendido entre el 1º del mes y año en mención y el 31 del mismo mes de 1996, por un valor total asegurado de $ 101 450 305.

En atención a lo anterior, la compañía de seguros expidió el certificado individual de seguro de vida grupo de la póliza matriz 1700315793 a favor del señor Alberto Quiroz Quintero, por igual vigencia y un valor asegurado de $ 6 398 448 (fls. 8 y 143, cdno. 1).

2.2.5. El 8 de julio de 1997, la señora Sonia Esther Arzuaga solicitó a la personería la cancelación del valor del seguro por muerte que amparaba a su esposo Alberto Quiroz Quintero, dado que la póliza no se encontraba vigente en el momento de su muerte. Señala el documento:

(...).

En el caso que nos ocupa dicho seguro por muerte era cubierto por la compañía de seguros La Previsora S.A., en este momento no se encuentra renovada para todos los empleados que conforman el equipo de trabajo de la personería municipal, es así como le corresponde asumir este derecho obligatorio directamente a la personería, ya que el causante prestaba sus servicios a dicha entidad (...)

Espero del señor personero una respuesta en concordancia con las normas que respaldan este derecho, como son: Decreto 1848 de 1969 en sus artículos 52 a 58 (…) (fls. 45-46, cdno. 1).

2.2.6. El 21 del mismo mes y año, la actora se dirigió a la Previsora S.A. exigiendo el reconocimiento y pago del seguro de vida, a que se refiere la póliza atrás referida, con ocasión de la muerte del señor Alberto Quiroz Quintero, empero la aseguradora —el mismo día— expuso que no le correspondía hacerlo, dada la inexistencia de la protección. Señala al respecto:

En atención a su amable solicitud del 21 de julio de 1997 nos permitimos informar que lamentablemente a la fecha del fallecimiento de su esposo no existía póliza de vida grupo, vigente con la personería municipal de Valledupar.

Por lo anterior, no nos es posible atender la reclamación presentada por usted (fl. 5, cdno. 1).

2.2.7. El 30 de julio de 1997, la accionante elevó a la personería nuevamente petición de pago, advirtiendo la diferencia entre su solicitud y las prestaciones económicas derivadas de hechos ocurridos por accidente de trabajo o enfermedad profesional (fls. 66-67, cdno. 1).

En respuesta, el personero municipal precisó que en cuanto la muerte del señor Quiroz no ocurrió por causa del trabajo, el obligado al pago del seguro por muerte no es el empleador sino el Instituto de Seguro Social (fls. 68-69, cdno. 1).

2.2.8. El 8 de enero de 1998, la actora puso de presente a la personería municipal la negativa de la aseguradora, por ausencia de póliza vigente para la fecha del fallecimiento de su cónyuge, a la vez que solicitó copia del documento (fl. 59, cdno. 1).

En respuesta a lo anterior, la entidad refirió que en reiteradas ocasiones respondió a la actora, en el sentido de poner de presente que no era competente para tramitar la solicitud de pago, pues el señor Quiroz Quintero estaba afiliado al Seguro Social (fl. 60, cdno. 1).

2.2.9. El 20 de febrero siguiente, el Seguro Social dio respuesta al derecho de petición presentando por la actora, en el sentido de señalar que el sistema de seguridad social no prevé el pago del seguro por muerte, sino la pensión de sobreviviente (fl. 7, cdno. 1).

2.2.10. Mediante oficio de 17 de enero de 2000, el Seguro Social dio cuenta i) de la afiliación del señor Alberto Quiroz Quintero, desde el 1º de enero de 1996 hasta el 18 de abril de 1997 y ii) del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la actora y sus dos hijos (fls. 147-153, cdno. 1).

2.3. Responsabilidad de la entidad pública demandada por omisión.

La parte actora atribuye responsabilidad al ente territorial accionado por omisión en la prestación del servicio, “(…) al no haber tomado el seguro de vida del doctor Alberto Quiroz Quintero”, pues la póliza que lo amparaba estaba vencida para la fecha de su muerte. Sostiene que el municipio de Valledupar no dio cumplimiento a las previsiones consagradas en los artículos 14 del Decreto 3135 de 1968 y 52 a 57 del Decreto 1848 de 1969, que lo obligan a contratar el seguro por muerte de sus empleados y a mantenerlo vigente.

El artículo 14 del Decreto 3135 de 1968, “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, dispone que la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el empleado o trabajador, reconocerá y pagará el seguro por muerte a que tenga derecho el beneficiario de la prestación, en los términos y montos establecidos en la ley, a cuyo tenor se lee:

Prestaciones a cargo de las entidades de previsión. La entidad de previsión social a la cual se halle afiliado el empleado o trabajador, efectuará el reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones:

1. A los empleados públicos y trabajadores oficiales:

a) Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria;

b) Servicio odontológico;

c) Auxilio por enfermedad no profesional;

d) Auxilio de maternidad;

e) Indemnización por accidente de trabajo;

f) Indemnización por enfermedad profesional;

g) Pensión de invalidez;

h) Pensión vitalicia de jubilación y vejez;

i) Pensión de retiro por vejez;

j) Seguro por muerte.

2. A los pensionados por invalidez, jubilación o vejez y retiro por vejez:

a) Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria;

b) Auxilio funerario, y

c) Sustitución de la pensión a beneficiarios del pensionado fallecido, en los términos que adelante se establecen.

El Decreto Reglamentario 1848 de 1969, por su parte, prevé que “[t]odo empleado oficial en servicio goza de un seguro por muerte, equivalente a doce (12) mensualidades del último salario devengado”, valor que podrá ser incrementado a veinticuatro (24) mensualidades, en el evento de que el empleado oficial fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional (art. 52).

En lo atinente a la efectividad del seguro, el artículo 54 ibídem consagra dos supuestos a saber:

1. El seguro por muerte a que se refiere este capítulo será satisfecho por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado el empleado oficial al tiempo de su fallecimiento, dentro de los tres (3) meses siguientes, a partir de la fecha en que se ordena el reconocimiento y pago correspondiente.

2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de su fallecimiento, el seguro por muerte se pagará directamente por la entidad, establecimiento o empresa oficial a la cual prestaba sus servicios el causante, dentro del mismo término señalado en el inciso anterior.

Y, los artículos 55 a 58 ibídem, fijan el trámite que los beneficiarios deben adelantar para acceder al pago de la prestación.

La lectura de las anteriores normas permite concluir que el seguro por muerte debe ser satisfecho por la entidad de previsión social a la que estuvo afiliado el empleado al tiempo de su deceso, quien está en la obligación de reconocer y pagar la prestación, salvo que el trabajador no se encuentre afiliado, pues en este caso será el empleador el obligado a asumir directamente el pago.

La Sección Segunda de la corporación se ha pronunciado sobre los sistemas de pensiones (arts. 10 a 151) y riesgos profesionales (arts. 249 a 256) que consagra la Ley 100 de 1993, para afirmar que las administradoras no están obligadas a reconocer el seguro por muerte, obligación ésta a cargo del patrono. Al respecto ha señalado:

El sistema general de pensiones ampara a la población colombiana contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, a través del reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la misma Ley 100 de 1993, mediante una ampliación de la cobertura para que todos los segmentos de la población accedan al sistema de pensiones. Tiene aplicación para todos los habitantes del territorio, salvo en las excepciones allí mismo establecidas, con garantía a los derechos adquiridos, siendo obligatoria su afiliación, excepto para los trabajadores independientes y aquellos que no tienen la calidad de afiliados obligatorios (art. 15).

El régimen solidario de prima media con prestación definida es “aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas”, según el Título II del Libro 1º de la Ley 100 de 1993.

A su turno, el régimen de ahorro individual con solidaridad “es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados”, de acuerdo con lo previsto en el Título III del Libro 1º de la Ley 100 de 1993. Las pensiones que se reconocen y pagan son la de vejez, de invalidez y de sobrevivientes y las indemnizaciones a que haya lugar, en la cuantía que dependerá de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros y de los subsidios del estado a que hubiere lugar.

De otra parte, el otro sistema, al cual se ha hecho alusión, es el sistema general de riesgos profesionales, organizado en el Decreto-Ley 1295 de 1994 “por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales” expedido con base en facultades extraordinarias conferidas en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, el cual constituye el conjunto de entidades públicas y privadas, normas, procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (D. 1295/94, art. 1º).

Por “riesgos profesionales” debe entenderse en forma general, el accidente causado como consecuencia directa del trabajo o labor que se desempeñe, así como la enfermedad profesional reconocida, por el Gobierno Nacional (D. 1295/94, art. 8º).

El Presidente de la República expidió el Decreto 1295 de 1994, cuyos objetivos se describen así: “a) Establecer las actividades de promoción y de prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad; b) Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional; c) Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional, y d) Fortalecer las actividades tendientes (sic) a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgo profesional” (art. 2º).

De lo anterior se infiere que a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 se protege el riesgo de muerte a través de dos sistemas, el general de pensiones y el general de riesgos profesionales, siendo aplicable el primero a muerte causada por razones distintas a las del trabajo y el segundo a la causada con ocasión del mismo(3).

En relación con la prestación por muerte a cargo del patrono, al resolver si la obligación corresponde a riesgo por muerte natural o accidente de trabajo, la Sección Segunda sostuvo:

De acuerdo con todo lo anterior se tiene que el deceso de Germán Gabriel Meza Salas ocurrió mientras se dirigía de su hogar al sitio de trabajo, vale decir, se trata de un siniestro acaecido bajo la figura del “accidente de trabajo”. En el mismo sentido, con arreglo a las probanzas allegadas al proceso resulta indudable que los beneficiarios del seguro por muerte son los demandantes.

Pasando a la preceptiva jurídica que informa el tema de este contencioso se tiene que conforme al artículo 19 del Decreto 1848 de 1969:

“Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al empleado oficial una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, siempre que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima”.

El artículo 20 ibídem prevé como una de las consecuencias del accidente de trabajo la muerte del empleado. Y en consonancia con ello el artículo 52 ejusdem dispone en su inciso segundo a propósito del seguro por muerte:

“El valor de dicho seguro será equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del último salario devengado, en el evento de que el empleado oficial fallezca como consecuencia de accidente de trabajo (…)”

Según se ha visto, en el caso de autos la muerte del empleado docente se produjo en circunstancias que ameritan la tipificación del deceso como accidente de trabajo, siendo del caso reconocer que el monto a reclamar por los beneficiarios en razón del concepto de seguro por muerte debe ser el equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del último salario devengado por aquél.

Consecuentemente la Sala estima que las pretensiones de los demandantes tienen vocación de prosperidad, por lo cual habrá de revocarse la sentencia de primer grado resolviendo en su lugar lo pertinente.

Asimismo, de conformidad con la tesis acogida por la Sala en cuanto a la aplicación de los ajustes de valor contemplados en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (indexación) se pronunciará la sentencia en tal sentido, habida consideración de que se trata de un factor de equidad, en virtud del cual se conserva la capacidad adquisitiva de esas sumas, por manera que lo contrario implicaría un desmedro o empobrecimiento para la parte actora, y consecuentemente, un enriquecimiento sin causa para el organismo oficial(4).

En el presente asunto, las pruebas que reposan en el plenario dan cuenta de que para la fecha del fallecimiento del señor Alberto Quiroz Quintero, es decir 18 de abril de 1997, éste ocupaba el cargo de abogado auxiliar en la personería municipal de Valledupar, escalafonado en carrera administrativa y afiliado al Seguro Social en pensión, salud y riesgos profesionales.

En relación con el seguro de muerte, obra en la actuación la póliza global matriz expedida por la compañía de seguros La Previsora S.A., que ampara la vida y los gastos funerarios de todos los empleados de la personería municipal, por un periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 1995 y el 31 del mismo mes de 1996, de la que se desprende el certificado individual a favor del asegurado Quiroz Quintero, con la misma vigencia.

Según el registro de defunción, el funcionario murió el 18 de abril de 1997 a causa de un accidente de tránsito, por lo que, para esa fecha, la póliza no estaba vigente, tal y como fue puesto en conocimiento de la actora por la aseguradora.

En atención a lo anterior, la Sala encuentra que, en efecto, el municipio de Valledupar incurrió en falla del servicio, pues, en tratándose de un derecho que le asiste a los empleados oficiales —como era el caso del señor Alberto Quiroz Quintero— en los términos del artículo 52 del Decreto 1848 de 1969, debió renovar la póliza global de vida que amparaba a los empleados de la personería.

Una valoración en conjunto de las pruebas que reposan en el plenario, permite concluir a la Sala que el municipio de Valledupar, para la fecha del fallecimiento del señor Quiroz, no cotizaba por el amparo denominado seguro por muerte y tampoco mantenía vigente la póliza de seguro, por lo que, so pretexto de la afiliación al Seguro Social, no podía alegar en su favor, como efectivamente ocurrió, que el pago de la prestación le correspondía a la entidad de previsión social.

Prueba de lo anterior es que, hasta el 31 de diciembre de 1996, la entidad pública accionada tenía contratada con la aseguradora La Previsora S.A. una póliza global que cubría este riesgo, seguro que dejó vencer sin renovar.

Si no existía el amparo no podía el Seguro Social o la compañía de seguros La Previsora S.A. asumir su pago, razón por la cual, se configura el segundo supuesto del artículo 54 del Decreto 1848 de 1969, relativo a la falta de cobertura del siniestro por muerte, situación esta que el legislador previó al trasladar al empleador dicha obligación.

No se trata aquí de establecer si los hechos son constitutivos de accidente de trabajo o enfermedad profesional —como lo predica el demandado—, sino de establecer si se configura la responsabilidad por omisión que endilga la actora al ente territorial, como generadora del daño del que se reclama reparación, pues, a consecuencia de ello, no le fueron reconocidos los valores correspondientes al seguro por muerte.

En tales condiciones, teniendo en cuenta las circunstancias que atrás se precisaron y las pruebas allegadas y practicadas en el proceso, esta corporación condenará a la demandada al pago de los perjuicios causados a la actora por omisión en el cumplimiento del deber de contratar el seguro por muerte.

2.4. Liquidación de perjuicios.

2.4.1. Materiales.

En los términos del artículo 52 del Decreto 1848 de 1969, en caso de fallecimiento de un docente oficial en servicio activo, sus beneficiarios tienen derecho a percibir el valor del seguro por muerte, equivalente a 12 mensualidades del último salario mensual devengado por el fallecido.

En el presente caso se demostró que el señor Alberto Quiroz Quintero estuvo vinculado a la personería municipal de Valledupar por el periodo comprendido entre el 23 de julio de 1990 al 18 de abril de 1997, devengando una asignación mensual de $ 855 740. Por tanto, la liquidación será:

$ 855.740 x 12 = $ 10.268.880

Asimismo, de conformidad con la tesis acogida por la corporación, en cuanto a la aplicación de los ajustes de valor contemplados en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (indexación) se pronunciará la sentencia en tal sentido, habida consideración de que se trata de un factor de equidad, en virtud del cual se conserva la capacidad adquisitiva de esas sumas, por manera que lo contrario implicaría un desmedro o empobrecimiento para la parte actora, y consecuentemente, un enriquecimiento sin causa para el organismo oficial(5).

La actualización se hará teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor de acuerdo con la fórmula:

 

s20579p18.JPG
 

s20579p18-1.JPG
(6) 

Va= $ 26 027 504

2.4.1. Morales.

Los perjuicios morales reclamados por la actora no serán reconocidos, porque la Sala no los encuentra acreditados, ni puede inferir el dolor del hecho de que la administración no renovara el seguro de muerte, a que se refieren los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de 29 de diciembre de 2000, proferida por la Sala de Descongestión de los tribunales administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, que declaró prospera la excepción de inepta demanda y se abstuvo de fallar de fondo para, en su lugar, DECLARAR patrimonialmente responsable al municipio de Valledupar, por la omisión en que incurrió al no renovar la póliza de vida que amparaba a los empleados de la personería municipal, impidiendo con ello el pago del seguro por muerte reclamado por la señora Sonia Esther Arzuaga, con ocasión del fallecimiento de su esposo Alberto Quiroz Quintero.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE al municipio de Valledupar a pagar a la señora Sonia Esther Arzuaga la suma de veintiséis millones veintisiete mil quinientos cuatro pesos m/cte. ($ 26 027 504), por concepto de perjuicios materiales.

3. Negar las demás pretensiones.

4. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 13 460 000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por la demandante en la suma de $ 20 537 760, por concepto de perjuicios materiales.

(2) A folio 103 del cuaderno 1 obra el formulario de afiliación al Seguro Social, por concepto de pensión, salud y riesgos profesionales.

(3) Sentencia de 31 de julio de 2003, M.P. Alberto Arango Mantilla, expediente 23001-23-31-000-1998-1008-01(0137-01). Así mismo, en los términos de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, la Sección Segunda de la corporación ha reconocido el seguro por muerte en varios pronunciamientos, entre otros, en la sentencia de 26 de octubre de 2001, M.P. Jesús María Lemus, expediente 2246-01.

(4) Sentencia de 20 de noviembre de 1998, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, expediente 5722(155-98).

(5) Sección Segunda, sentencia de 20 de noviembre de 1998, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, expediente 5722(155-98).

(6) Fecha de la negativa de pago por parte de la aseguradora.