Sentencia 2000-00893 de abril 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Rad.: 760012331000200000893 01

Número interno: 27956

Demandante: Fundación Convivir

Demandado: municipio de Tuluá

Asunto: apelación sentencia. Reparación directa

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 27 de junio de 2003, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

1. El caudal probatorio obrante en el asunto de la referencia.

a. Registro fotográfico (13 fotografías), de una serie de vallas publicitarias instaladas en el municipio de Tuluá, sin que se haya allegado constancia alguna respecto de la persona que tomó dichas fotografías (fls. 43-46, cdno. 1).

b. Certificado de existencia y representación legal de la Fundación Convivir (fls. 2-4, cdno. 1).

c. Certificaciones o declaraciones extraprocesales rendidas ante la Notaría Segunda de Tuluá por los señores Luis Fernando Mafla Reyes, Dalila García Alarcón, Hugo Fernando Patiño y Fernando López; de igual forma, obran unas declaraciones rendidas ante la alcaldía municipal de Tuluá por los señores Adalberto Rengifo, Aura Elisa Meneses de Garzón, Jesús Antonio García Mora y Alicia Aristizábal de Quintero.

En efecto, dichos medios de acreditación no serán valorados por esta Subsección, por cuanto corresponden a diligencias que no forman parte de proceso alguno y, por tanto, no pueden trasladarse a otro proceso —en este caso al contencioso administrativo— para efectos de acoger la información que dichos medios de prueba contienen.

Ciertamente, las declaraciones o los relatos que frente a determinados hechos se emiten de manera extraprocesal, no provienen del interior de un proceso, comoquiera que se trata, como su nombre lo indica, de señalamientos hechos ante un notario por fuera de actuación judicial o de otro proceso de cualquier naturaleza, lo cual supone, en primer lugar, que su práctica no estuvo precedida de decreto u orden alguna proveniente de una autoridad competente, amén de que por esa misma razón y en adición a ella se encuentra que la declaración correspondiente se rindió sin audiencia de la parte contraria y, por ende, sin observancia del principio de contradicción de la prueba el cual forma parte sustancial del derecho fundamental al debido proceso, de modo que su aporte a este litigio no corresponde en estricto sentido a un traslado probatorio y, por consiguiente, resulta evidente que no se reúnen los presupuestos exigidos en la ley para mantener o garantizar la eficacia probatoria de las pruebas trasladadas.

d. Copia auténtica de unas declaraciones rendidas ante la alcaldía municipal de Tuluá por los señores Miriam Rojas de García, Adalberto Rengifo, Aura Elisa Meneses de Garzón, Jesús Antonio García Mora y Alicia Aristizábal de Quintero (fls. 124-128, cdno. 1), sin embargo, en el acervo probatorio del asunto de la referencia no obra constancia alguna acerca de si dichas declaraciones habrían sido recepcionadas dentro de algún procedimiento administrativo iniciado por la entidad pública demandada.

Aunado a ello se tiene que las declaraciones recepcionadas por la entidad pública demandada y que ahora pretende hacer valer en este proceso no fueron practicadas con audiencia de la parte actora, motivo por el cual dichos medios de acreditación no serán tenidas en cuenta.

e. Copia auténtica de la Resolución 2 de junio 21 de 1996, dictada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, por medio de la cual se registra un urbanizador en la ciudad de Tuluá, en los siguientes términos:

“A. Que el señor Fundación Convivir (...) ha solicitado sea registrado como Urbanizador en cumplimiento de las normas establecidas por la Ley de Vivienda, Decreto 66 de 1968 y 2619 de 1979.

B. Que el señor (sic) Fundación Convivir presentó con su solicitud los documentos para su registro de acuerdo a lo establecido por el artículo 3º del Decreto 2610 de 1979.

C. Que el Decreto 78 de 1988 asignó la función de registro de urbanizadores a los municipios.

D. Que una vez estudiada la solicitud se considera viable atender favorablemente la petición del interesado.

RESUELVE:

Artículo primero: registrar al señor (sic) Fundación Convivir (...) como urbanizador en virtud de lo establecido por la Ley 66 de 1968 y el Decreto 2610 de 1979.

(...)” (fls. 95-96, cdno. 1) (se destaca).

f. Copia auténtica de la Resolución 90 de junio 7 de 1996, emitida por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a través de la cual se suspendió transitoriamente la expedición de licencias en el norte de los sectores uno y dos de la ciudad de Tuluá (fls. 99-100, cdno. 1).

g. Copia auténtica de la Resolución 1 de junio 26 de 1997, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en virtud de la cual se resolvió lo siguiente:

“Artículo primero: conceder a la Fundación Convivir, con representación legal del doctor Dorance Delgado Aguilar, la recepción anticipada de dineros con destino a financiar el programa de lotes con servicios ubicada en las Delicias del Campo de esta ciudad.

Artículo segundo: toda publicidad o promoción que se realice cualquiera que sea el medio, deberá expresar el número y fecha de esta resolución (...)” (fls. 97-98, cdno. 1) (negrillas adicionales).

h. Copia auténtica de un oficio expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Tuluá y dirigido a la Fundación Convivir, calendado el 30 de julio de 1997, en el cual se precisó lo siguiente:

“Cordialmente recuerdo a usted que de conformidad al Decreto-Ley 2610 de 1979; para anunciar y desarrollar las actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda es requisito que el anunciante tenga el respectivo permiso que para tal caso expide esta oficina.

Así entonces resulta incorrecto la forma como usted viene promoviendo y publicando un programa de vivienda, a más de que lo hace invocando permiso y documentos que aunque son necesarios no son lo suficientes para promover tal actividad; a más de que dicha publicidad para ampararse en la seriedad y prestigio de las instituciones como el Departamento Administrativo de Planeación Municipal” (fl. 94, cdno. 1).

i. Copia auténtica de la Resolución 12 de junio 25 de 1998, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en virtud de la cual se resolvió:

“1. Que la Fundación Convivir por medio de la Resolución 1 de junio 26 de 1997, obtuvo por parte de esta dependencia permiso para la captación anticipada de dineros con destino a la financiación de un programa de vivienda por el sistema de participación comunitaria.

2. Que dentro de los requisitos exigidos por el código de ordenamiento urbano para la expedición del anteriormente mencionado permiso, se exige la presentación entre otros de un cronograma de ejecución de obras, el cual no ha sido cumplido por parte de la Fundación Convivir, y al cual se comprometió a obtener el permiso.

3. Que de los balances presentados en Diciembre de 1997 por la Fundación Convivir se desprenden serias contradicciones entre uno y otro, pero en ambos aparece claramente que los dineros captados no se han utilizado para los fines previstos cuando se obtuvo el permiso de captación anticipada de dineros por parte de esta oficina, pues en la parte motiva de la Resolución 1 de junio 26 de 1997 se aclara que los dineros captados tienen como destino la financiación de un programa de vivienda por el sistema de participación comunitaria.

RESUELVE:

1. Conceder un plazo máximo de 30 días hábiles para que la Fundación Convivir se ponga al día con el cronograma de ejecución de obras que presentó en esta oficina en la época de la solicitud del permiso para la captación anticipada de dineros o demuestre claramente que lo hará.

2. De no cumplirse el numeral anterior en el término previsto se tomarán las medidas que fueren necesarias para garantizar el correcto desempeño de la fundación sin ánimo de lucro Convivir (...)” (fls. 103-104, cdno. 1).

j. Copia auténtica de la Resolución 16 de diciembre 1º de 1998, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Tuluá, la cual resolvió:

“Artículo primero: solicitar a la Fundación Convivir renovar la constitución de las pólizas de manejo requeridas en el numeral h del artículo 146 del Decreto Extraordinario 279 de 1992 en el término de 10 días hábiles (...)” (fls. 105-106, cdno. 1).

k. Copia auténtica de la escritura pública de constitución de la Fundación Convivir (fls. 110-114, cdno. 1).

l. Oficio 1275 de octubre 21 de 2002, remitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el cual se lee lo siguiente:

“... nos permitimos informar que para las elecciones de octubre - 2000 el señor Dorance Delgado Aguilar no fue candidato a ninguna corporación. Y para las elecciones del año de 1997 dicho señor fue candidato al concejo municipal de Tuluá, avalado por el partido liberal colombiano” (fl. 3, cdno. 3).

m. Oficio 1497 de diciembre 5 de 2002, allegado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito, en el cual se informó lo siguiente:

“Dando respuesta a su oficio 5257 GSG-2000-0893, fechado el quince (15) de octubre de dos mil dos (2002), referencia reparación directa 2000-0893-00, M.P. Gloria Sánchez Gutiérrez. Permítole (sic) remitirle fotocopias de la respectiva demanda penal formulada contra el señor Dorance Delgado Aguilar, proceso que en la actualidad lo tramita este despacho, bajo la radicación 2002-0061-00” (fls. 4, cdno. 3).

n. Copia simple de lo que en apariencia correspondería a un informe final contable de la Fundación Convivir, suscrito supuestamente por el Departamento Administrativo Jurídico de la gobernación del Valle del Cauca (fls. 11-19, cdno. 1).

Documento que carece de valor probatorio, pues como de manera reiterada lo ha sostenido esta Corporación, las copias simples no constituyen medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretenden hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo normado en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil(1).

o. Copia auténtica de un recorte de una noticia publicada en el periódico regional denominado El País, en el cual se informa respecto de la existencia de “urbanizadores ilegales” en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca (fl. 41, cdno. 1).

Respecto de pruebas documentales consistentes en copia auténtica de periódicos, boletines o artículos de prensa, la Sala considera necesario traer a colación aquello que al respecto se señaló en reciente pronunciamiento:

“Debido a que para este caso definir el alcance de una publicación de prensa representa la esencia a fin de establecer la posible configuración de la causal de pérdida de investidura alegada, la Sala comienza por este análisis.

Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(2). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(3).

En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “... son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “... son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”(4).

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos.

Consecuentemente, a las noticias o informaciones que obtengan los medios de comunicación y que publiquen como reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí solas con el carácter de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso.

En relación con este último punto el Consejo de Estado ha indicado que “... las informaciones publicadas en diarios no pueden considerarse dentro de un proceso como prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio de prueba, en particular porque no son suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho...” por cuanto es sabido que el periodista “... tiene el derecho de reservarse sus fuentes”(5).

En este sentido, ha sostenido que las declaraciones que terceros hacen a los medios de comunicación “... tan solo constituyen evidencia de la existencia de la información (...) por lo que no ostentan valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial...”(6).

Lo anterior, debido a que en sí mismas las publicaciones periodísticas representan “...la versión de quien escribe, que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso”, condición que no permite otorgarles valor de plena prueba debido a que “... son precisamente meras opiniones...”(7).

5. Del caso concreto.

En el sub examine, la periodista autora del artículo “El ventilador apagado de Tapia”, explicó en su declaración que su contenido se funda en varias fuentes a las que tuvo acceso, las cuales se abstiene de revelar porque gozan de protección de la reserva.

A partir de lo obrante en el proceso, y de la síntesis jurisprudencial efectuada sobre el mérito probatorio de las publicaciones periodísticas, la Sala concluye que el cargo de tráfico de influencias que en el presente evento la demanda plantea, el cual, como único soporte probatorio parte de un artículo periodístico, que además solo se allegó válidamente al proceso tras su decreto de oficio en el auto de pruebas y no con la demanda, carece de la suficiencia probatoria de constituir acreditación sobre la imputación atribuida a los demandados y, que por tanto, no alcanza a conferir la convicción que se requiere para poder dar por configurada la conducta prohibida que se les reprocha.

A las voces del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, plenamente aplicable a este proceso de naturaleza sancionatoria, la carga de la prueba sobre la estructuración de la causal que se les atribuye a los demandados: tráfico de influencias debidamente comprobado, recae en el demandante que es quien la alega. Y en este caso, comoquiera que el artículo periodístico es el único soporte de la aseveración, se quedó aislado sin conexidad ni correspondencia con ningún otro elemento probatorio que lo fortalezca y lo consolide”(8) (se deja destacado en negrillas y en subrayas).

2. Valoración probatoria y caso concreto.

Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, el hecho dañoso en el cual se sustentó la presente demanda de reparación directa se habría ocasionado por las supuestas acciones de desprestigio emprendidas por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Tuluá en contra de la Fundación Convivir, circunstancia que, en criterio del demandante, le habría impedido cumplir con su propósito de desarrollar un proyecto de construcción de viviendas comunitarias en el referido ente territorial.

Ahora bien, el artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas; del mencionado precepto constitucional la jurisprudencia de esta Sección ha colegido, en cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el expediente para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en un título jurídico subjetivo u objetivo de imputación, que deben concurrir en el plenario los elementos demostrativos de la existencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado ¾o determinable¾, que se inflige a uno o a varios individuos; (ii) una conducta, activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, y (iii) cuando hubiere lugar a ella, una relación o nexo de causalidad entre esta y aquel, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada.

Así pues, el primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad; es la existencia del daño, el cual, además debe ser antijurídico, comoquiera que este constituye un elemento necesario de la responsabilidad, de allí la máxima “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado.

En este sentido se ha pronunciado la Sala, en los siguientes términos:

“... porque a términos del artículo 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.

Con anterioridad, el examen judicial de estas controversias, por lo general, enfocaba inicialmente la comisión de una falla del servicio, conducta consecuente con el concepto de daño que tradicionalmente se había venido manejando, según el cual la antijuridicidad del daño se deducía de la ilicitud de la causa”(9).

En época más reciente, sobre el mismo aspecto se señaló:

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

En efecto, en sentencias proferidas (...) se ha señalado tal circunstancia precisándose (...) que “es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado...” y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”(10).

Para el caso sub examine se tiene que a lo largo del trámite de la referida acción se manifestó que el hecho dañoso fundamento del presente litigio se produjo por la campaña de desprestigio adelantada por el Departamento Administrativo de Planeación municipal de Tuluá, lo cual, según términos del actor, le habría impedido ejecutar el proyecto de construcción de unas viviendas comunitarias en el municipio de Tuluá.

No obstante lo anterior, advierte la Sala que dentro del acervo probatorio no obra medio de acreditación alguno que demuestre que la entidad pública demandada hubiere iniciado acciones sistemáticas o incluso aisladas tendientes a afectar el buen nombre de la Fundación Convivir, motivo por el cual se impone concluir acerca de la ausencia de prueba respecto de la causación del aludido daño antijurídico al demandante, con la actuación u omisión del municipio de Tuluá.

Respecto de la publicación periodística del Diario El País de la ciudad de Cali, titulado “Piratas de la vivienda alarman a los tulueños”, se observa que la misma no fue debidamente ratificada por el respectivo autor, razón por la cual dicho medio de acreditación no será valorado.

Por consiguiente, como resulta imposible adelantar un análisis respecto de los restantes elementos para acreditar la responsabilidad, debido a que se está en presencia de una falta absoluta de daño antijurídico que pudiere ser imputable al Estado, lo cual releva al juzgador de cualquier otro tipo de consideraciones, la Sala confirmará la sentencia impugnada con fundamento en las razones expuestas(11).

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria(12) que le impone la norma legal en cita, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita demostrar el acaecimiento del hecho dañoso que fundamentó la presente acción indemnizatoria.

• Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 27 de junio de 2003, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En este sentido se pronunció de manera reciente esta subsección, a través de sentencia de marzo 10 de 2011, Expediente 19.347.

(2) Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener “(...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia de 27 de junio de 1996, radicado 9255, C.P. Carlos A. Orjuela G.; sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13.338, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 10 de noviembre de 2000, radicado 18298, actor: Renata María Guadalupe Lozano, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y sentencia del 16 de enero de 2001, radicado ACU-1753, C.P. Reinaldo Chavarro; sentencia de 25 de enero de 2001, radicado 3122, C.P. Alberto Arango Mantilla; sentencia de 6 de junio de 2002, radicado 739-01, C.P. Alberto Arango Mantilla.

(3) En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre diez de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, expuso una tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso solo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.

(4) Sentencia de 6 de junio de 2007, Expediente AP-00029, M.P. María Elena Giraldo Gómez. Sección Tercera.

(5) Sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13338, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Sección Tercera.

(6) Sentencia de 2 de marzo de 2006, Expediente 16587, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sección Tercera.

(7) Sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13338, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Sección Tercera.

(8) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de 2012, Expediente 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI), M.P. Susana Buitrago Valencia.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 1993. Expediente 6144. C.P. Juan de Dios Montes.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2002. Expediente 12625. C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(11) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Expediente 165.16 y del 4 de junio del 2008, Expediente 16.643. M.P. Enrique Gil Botero.

(12) Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto:“Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., nums. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables” Ídem. Pág. 406.