Sentencia 2000-00945 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Exp.: 250002326000 200000945 01 (27251)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Sociedad PC Mayorista S.A. —en liquidación—

Demandado: Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—

Acción: Reparación directa

Bogotá, D. C., veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de febrero de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, comoquiera que los perjuicios materiales —lucro cesante— se estimaron en $107’000,000.oo, mientras que el monto exigido en el año 2000 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa accediera a doble instancia(19), era de $26.390.000 (D. 597/88).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso las pretensiones de la demanda se originaron en los daños sufridos por la sociedad actora con ocasión de la aprehensión de una mercancía de su propiedad el día 10 de enero de 1998 en el aeropuerto El Dorado, así como de su posterior decomiso a favor de la Nación, mediante Resolución 6073 de 4 de septiembre de 1998.

Visto el expediente, observa la Sala que en contra del acto administrativo que acaba de mencionarse, se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante Resolución 4553 de 16 de junio de 1999, por medio de la cual se ordenó la devolución de las impresoras por encontrarse establecido que el descargue de las mercancía del avión de Tampa S.A. se había hecho de conformidad con las normas aduaneras y, además, que fue por hechos atribuibles a funcionarios de la Dian, que la empresa de transporte no pudo cumplir a cabalidad con sus obligaciones.

Así las cosas, como sea que desde el momento de la aprehensión de las impresoras en el aeropuerto y hasta la expedición de la Resolución 4553 de 16 de junio de 1999, se encontraba en curso el procedimiento administrativo por el cual se buscaba definir la situación jurídica de las mercancía, y no fue sino con dicho acto administrativo que se puso fin a la misma, la Sala, para efectos de contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa interpuesta por PC Mayorista S.A. tendrá como punto de referencia la fecha de notificación personal de esa determinación(20), esto es, el día 28 de ese mes y año.

Toda vez que la demanda se interpuso el 27 de abril de 2000, debe concluirse que el ejercicio de la acción fue oportuno.

3. Las pruebas aportadas al expediente.

Obran en el expediente los siguientes elementos probatorios susceptibles de valoración:

Prueba pericial

— Dictamen pericial rendido con el objeto de establecer la existencia y cuantía de los daños reclamados en la demanda, como consecuencia de la retención por parte de la Dian de las 275 impresoras marca Epson de propiedad de la sociedad PC Mayorista S.A.(21).

En original o copia auténtica se allegaron los siguientes documentos:

— “Acta de los hechos” de 10 de enero de 1998, suscrita por un representante de la Dian y de la Aerolínea Tampa S.A. en la que consta que en esa fecha ocurrió la aprehensión de 275 impresoras, las mismas a las que se refieren los hechos de la demanda(22).

— Certificación expedida por el revisor fiscal de la sociedad PC Mayorista S.A. según la cual, el 5 de agosto de 1999, esa sociedad cedió a título oneroso a Top Computer Ltda., las impresoras por valor de $ 29’740.000. De conformidad con la misma certificación, la cesionaria asumió los gastos de nacionalización de la mercancía(23).

— Declaración de importación sobre las 275 impresoras marca Epson, en la que consta que la sociedad PC Mayorista S.A. pagó a Epson Latin America Inc., la suma de US 50.826 por su compra. Así mismo, permite probar que se cancelaron en una entidad financiera los gastos de nacionalización los cuales ascendieron a $ 21’495.647(24).

— Certificación de 17 de noviembre de 1999 expedida por Epson Colombia Ltda., en la que se relacionaron los precios de venta al público para el mes de enero de 1998 respecto de unas impresoras de la misma referencia a las decomisadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como los precios de venta al público para el mes de agosto de 1999 de unas impresoras de otras referencias(25).

— Documento suscrito por el representante legal y revisor fiscal de la sociedad actora titulado “Cuadro Nº 1 Liquidación importación impresoras marca Epson”, por medio del cual se hizo una estimación del precio de venta al público de las impresoras decomisadas por la Dian para enero de 1998(26).

— Resolución 6073 de 4 de septiembre de 1998, por medio de la cual la entidad demandada ordenó decomisar a favor de la Nación, las impresoras incautadas el 10 de enero de 1998 en el aeropuerto El Dorado(27).

— Resolución 4553 de 16 de junio de 1999, a través de la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dispuso que se entregaran, las impresoras decomisadas(28).

— Certificado de existencia y representación legal de la sociedad PC Mayorista S.A. en el que consta que el 26 de octubre de 1998 entró en estado de disolución y liquidación(29).

4. El objeto de la apelación.

Estudiado el memorial por medio del cual la sociedad demandante interpuso recurso de apelación, encuentra la Sala que a partir de su contenido es posible establecer los motivos de inconformidad que la sociedad PC Mayorista S.A. presentó en contra de la sentencia recurrida, los cuales permiten adelantar un estudio de fondo en esta instancia. Este es el tenor de su contenido (se transcribe tal cual se halla en el texto):

“(…) respetuosamente, manifiesto que interpongo el recurso de apelación contra la sentencia proferida por su despacho, con el fin que se modifique la parte motiva y se revoquen en su parte resolutiva los pronunciamientos adversos a las pretensiones de la demanda, y, en su defecto, se acojan favorablemente estas.

“No obstante que sustentaré en segunda instancia el recurso aquí interpuesto, sucintamente expreso que este tiene por fundamento que en el expediente se encuentran probados los daños determinados en la demanda y la cuantía de los mismos, contrario a la simple y ligera aseveración que al respecto en la parte motiva hace el a quo, omitiendo reconocer los hechos y cuantías que con toda claridad establecen las pruebas documentales y el dictamen pericial que obran en el proceso.

“Debo resaltar que en mi alegato de conclusión, en el capítulo cuantificación de los perjuicios, expresamente señalé los hechos y las pruebas de los mismos que conllevan necesariamente a su determinación” (negrilla por la Sala).

Como puede verse, de lo expuesto por la parte actora al momento de interponer el recurso de apelación, se encuentra que la sociedad PC Mayorista S.A. está inconforme con los pronunciamientos adversos a las pretensiones de la demanda, toda vez que, en su criterio, sí obran pruebas en el expediente que permiten establecer la existencia y cuantía de los daños por los cuales reclamó indemnización.

En ese sentido y comoquiera que en la sentencia de primera instancia se condenó al pago de $ 23’844.027, para delimitar el objeto de la apelación corresponde a la Sala verificar cuáles de las pretensiones relacionadas con los daños reclamados fueron negadas por el a quo.

Para ello es necesario remitirse a las pretensiones de la demanda con el objeto de cotejar su correspondencia con lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así:

Según el libelo, por concepto de daño emergente, la parte actora solicitó el reconocimiento de la disminución del valor comercial de la mercancía aprehendida y decomisada, según los precios de venta al público, disminución ocurrida entre la fecha del decomiso y la fecha de nacionalización, lo cual, aunado a la obsolescencia de las impresoras, habría ascendido a la suma de $50’000.000, petición que fue rechazada con fundamento en que la sociedad PC Mayorista S.A. no perdió los artículos, por cuanto la Dian se los devolvió.

De igual forma y por el mismo concepto, se pidió la actualización de los $50’000.000, a los que habría ascendido la disminución comercial de la mercancía aprehendida y decomisada, solicitud esta que por ser consecuencial a la anteriormente señalada, también fue negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Por concepto de lucro cesante, la sociedad demandante solicitó el reconocimiento del provecho o ganancia que dejaron de reportar los bienes aprehendidos y decomisados tras su comercialización, utilidad que, según aseveró, era de $107’000.000(30).

Sobre esta petición, la sentencia apelada sostuvo que debía negarse por falta de prueba acerca de las posibles ganancias que la sociedad PC Mayorista S.A. hubiere obtenido por la comercialización de las impresoras; no obstante ello, el a quo consideró que la retención irregular de la mercancía por parte de la Dian le debió causar a la parte actora unos “eventuales” contratiempos económicos, como pudo haber sido la necesidad de disponer de más dinero para comprar por segunda vez los artículos o para cumplir con los eventuales compromisos adquiridos, razonamiento con fundamento en el cual condenó a la entidad demandada al pago de la desvalorización de la suma declarada de la mercancía en cuantía de $23’844.027, los cuales, según se indicó en la parte resolutiva de la sentencia, se reconocieron por concepto de lucro cesante.

Así mismo, se pidió en la demanda que se reconociera indemnización por los perjuicios morales que se le habrían causado a la sociedad PC Mayorista S.A. con base en que el decomiso de las impresoras por parte de la Dian le habría ocasionado a esa sociedad una merma en su liquidez, circunstancia que la habría llevado a incumplir obligaciones comerciales adquiridas frente a sus acreedores internacionales y nacionales, lo que a la postre habría incidido en el estado de disolución y liquidación al que llegó en octubre de 1998(31), pretensión que negó el tribunal por considerar que las personas jurídicas no padecen aflicción emocional.

De conformidad con todo lo anterior, la Sala concluye que el recurso de apelación que enseguida pasará a resolverse debe entenderse interpuesto únicamente en contra de la negativa del tribunal a reconocer las pretensiones relacionadas con el daño emergente y con los perjuicios morales derivados del decomiso de la señalada mercancía y los sucesos que se desencadenaron a partir de allí, pues en lo que concierne al lucro cesante al que se atribuyó el reconocimiento patrimonial que se hizo en la parte resolutiva de la sentencia apelada, la parte actora no expresó inconformidad alguna, razón por la cual, al margen de que se compartan o no las consideraciones que al respecto hizo el a quo para su reconocimiento, no se hará ningún pronunciamiento al respecto, pues al no tratarse de un aspecto comprendido en la apelación, la Sala carece de competencia para pronunciarse en relación con él.

En este punto de la providencia resulta oportuno mencionar, como ya en otras oportunidades lo ha hecho la Sala, que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(32).

No sobra mencionar que otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.

Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política(33).

De esta manera resulta claro que el límite material para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación.

Así las cosas, el mencionado principio se presenta como un límite adicional a la competencia de la Sala que le impide pronunciarse en relación con la condena impuesta en primera instancia a título de lucro cesante, la cual, como se dejó visto, no fue objeto del recurso que ahora se resuelve.

5. Caso concreto.

5.1. Daño emergente.

La parte actora solicitó que se reconozca a su favor la suma de $50’000.000, por concepto de indemnización de daño emergente, consistente en la pérdida del valor comercial de las impresoras, según los precios de venta al público entre la fecha del decomiso y la fecha de nacionalización después de su entrega a la sociedad demandante(34).

Observa la Sala que para efectos de establecer la existencia y cuantía del daño emergente reclamado, la sociedad actora solicitó que se tuvieran como referente los precios de venta al público de las impresoras; no obstante, comoquiera que la configuración de esta clase de daño supone que el bien de tipo económico por el cual se reclama indemnización haya salido del patrimonio de la víctima, no es posible determinar su existencia con base en el presupuesto planteado por la parte actora, por cuanto los precios de venta al público a los que se refirió no constituyen sino una mera expectativa para el demandante en relación con el valor por el cual, eventualmente, habría podido comercializar la mercancía que le fue decomisada.

Lo anterior, sin embargo, no significa en manera alguna que dicha pretensión no pueda analizarse, o que por esa mera circunstancia deba negarse, sino que para establecer la existencia y, si hay lugar a ello, el monto de la indemnización que habría de corresponderle a la parte actora por concepto de daño emergente, debe adoptarse como referente la cantidad de dinero que la sociedad PC Mayorista S.A. efectivamente invirtió en la compra de las 275 impresoras y el valor por el cual las cedió a título oneroso a Top Computer Ltda.

Como prueba para establecer la existencia y cuantía del daño emergente en cabeza de la sociedad demandante, se practicó un dictamen pericial en el cual se conceptuó de la siguiente manera:

“3.1.2. Cálculo del daño emergente por el valor de la mercancía retenida y la no venta oportuna de esta.

Basados en fotocopias simples de los documentos que soportan la compra e importación de la mercancía y de acuerdo a la tasa de cambio vigente en la fecha de aprehensión y decomiso (enero 10 de 1998=$1.315,70), información tomada del Banco de la República, se efectúa la siguiente liquidación:

Valor de la compra según Factura 91-23023-21 de Epson Latin America Inc.,

US $50.826.00 x $ 1.315.70 = $66.871.768.00

Vp = $66.871.768 x 106.55 junio -99 = Vp: $ 66.871.768 x 1.2215646575

.................................87.2242 enero -98

Vp = $ 81.688.188”(35).

La Sala no encuentra que los peritos hayan determinado que como consecuencia de la aprehensión y decomiso de las impresoras por parte de la Dian, hubiere ocurrido un detrimento del capital que la sociedad PC Mayorista S.A. invirtió en su compra. Por el contrario, los auxiliares de la justicia centraron su labor en actualizar el precio que la sociedad actora pagó por tales artículos, por el término en que la entidad demandada los mantuvo bajo su custodia, esto es, entre enero de 1998 y junio de 1999.

En relación con lo anterior, resulta oportuno destacar que no es posible asimilar la actualización de una suma de dinero con la indemnización de un daño, por cuanto, la primera de las mencionadas figuras busca mantener el valor adquisitivo de la moneda, mientras que la segunda implica reparar un daño con la finalidad de dejar indemne a quien lo ha sufrido o, al menos, colocarlo en una situación lo más parecida posible a la que existía antes de los hechos.

En tales circunstancias, concluye la Sala que a partir de las consideraciones expuestas en el dictamen pericial no es posible determinar la existencia del daño emergente por la disminución del valor comercial de los artículos según los precios de venta al público entre su decomiso y la fecha de nacionalización, pues los peritos se limitaron a actualizar una suma de dinero, sin establecer en forma alguna si, en efecto, el patrimonio de la sociedad demandante se habría visto afectado negativamente en razón del decomiso de las impresoras, a pesar de que estas le fueron devueltas, o, lo que es lo mismo decir, si se configuró detrimento alguno respecto del capital que PC Mayorista S.A. destinó para la adquisición de la mercancía que le fue decomisada por la Dian.

No obstante lo anterior, encuentra la Sala que existen otras pruebas en el proceso con base en las cuales es posible establecer una disminución del capital invertido en la adquisición de las impresoras y, por tanto, un menoscabo patrimonial en cabeza de la sociedad PC Mayorista S.A. tal y como pasa a exponerse:

Según se consignó en la declaración de importación obrante en el expediente, la sociedad demandante pagó a Epson Latin America Inc., por la compra de las 275 impresoras, la suma de USD 50.826(36), cantidad que, en pesos colombianos, para el día en que la Dian decomisó la mercancía en el aeropuerto El Dorado, equivalía a $ 66’871.768(37).

De conformidad con una certificación expedida por el revisor fiscal de la sociedad demandante, una vez le fueron devueltas las impresoras, tras haber estado en poder de la Dian entre enero de 1998 y junio de 1999, estas fueron cedidas a título oneroso a la empresa Top Computer Ltda., el 5 de agosto de 1999 por valor de $29’740.000. La certificación también da fe en cuanto a que la cesionaria asumió los gastos de nacionalización de la mercancía(38), los cuales ascendieron a un valor de $21’495.647, como consta en la declaración de importación(39).

En este punto resulta pertinente señalar que según el artículo tercero del Decreto 1909 de 1992, vigente para la época de los hechos, los responsables de la obligación aduanera, esto es de la presentación de la declaración de importación y el pago de los tributos a que hubiera lugar, eran el importador, el propietario o el tenedor de la mercancía y, en lo que correspondiera a su intervención, también el transportador, el depositario, el intermediario y el declarante(40).

De conformidad con lo anterior y comoquiera que PC Mayorista S.A., para la fecha de la importación de las impresoras, era la propietaria y también fue quien realizó la importación(41), la Sala concluye que dicha sociedad era la responsable de la obligación aduanera en relación con esa mercancía, es decir, que era la obligada a presentar la declaración de importación y de cancelar los tributos a que hubiera lugar por la introducción de esa mercancía al territorio nacional.

Ahora bien, de conformidad con la certificación expedida por el revisor fiscal de PC Mayorista S.A. la sociedad Top Computer Ltda., por la cesión de las impresoras pagó a la demandante la suma de $29’740.000 y, adicionalmente, asumió el pago de la obligación aduanera por valor de $21’495.647, circunstancia que permite a la Sala inferir de manera razonada que en realidad las impresoras se cedieron por un valor total de $51’235.647.

Por estas razones y para efectos de determinar cuánto dinero perdió la sociedad demandante respecto del capital que invirtió para adquirir las impresoras, resulta necesario tomar el valor que esta pagó para comprarlas, es decir, $66’871.768, menos el valor total por el cual se realizó la cesión de la mercancía a favor de la sociedad Top Computer Ltda., esto es, $51’235.647, lo que arroja un resultado de $15’636.121, que constituye el valor que deberá reconocerse a la parte actora por concepto de daño emergente, diferencia que deberá ser actualizada de conformidad con la siguiente fórmula:

S-2000-00945-01
 

En donde:

Ca: Capital actualizado a establecer.

Ch: Capital histórico que se va a actualizar: $ 15’636.121.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el vigente a la fecha de esta sentencia (diciembre de 2014):

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el vigente a la fecha en que la demandante cedió las impresoras a Top Computer Ltda., (agosto de 1999):

S-2000-00945-02
 

En resumen, el daño emergente en cabeza de la sociedad demandante, asciende a $ 32’959.994

Ahora bien, con la demanda y por concepto de indemnización del daño emergente, la sociedad PC Mayorista S.A. también solicitó el reconocimiento y pago de intereses legales del 6% anual sobre el precio de venta al público de la mercancía decomisada, el cual, según dijo, correspondía a un valor de $107’000.000.

En cuanto a esta pretensión, observa la Sala que, como ya se señaló al analizar la primera de las pretensiones, los precios de venta al público a los que se refiere la parte actora no son sino una mera expectativa respecto de las utilidades que la sociedad esperaba percibir en relación con el valor por el cual, eventualmente, habría podido comercializar la mercancía que le fue decomisada, razón por la que no es posible reconocer sobre ese valor los intereses reclamados.

5.2. Daño moral reclamado.

La parte actora solicitó se le reconociera la suma de $17’300.000, por concepto de indemnización del daño moral objetivado, teniendo en cuenta que la aprehensión y el decomiso de las impresoras por parte de la Dian, le habría ocasionado una merma en su liquidez, lo cual la habría llevado a incumplir obligaciones comerciales adquiridas ante acreedores internacionales y nacionales, que a la postre habrían incidido en el estado de disolución y liquidación en el que entró en octubre de 1998(42).

Como quiera que esta Sub Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de la reparación del daño moral objetivado, es oportuno reiterar lo que al respecto se dijo en sentencia de 11 de agosto de 2011(43). En esa providencia se razonó de la siguiente manera:

“Respecto al pedimento resarcitorio por perjuicios morales objetivados, aprovecha la oportunidad la Sala, para recordar que esta abandonada clasificación tuvo su origen en los fallos de la H. Corte Suprema de Justicia, proferidos a partir de la década de 1940, reconociendo la doctrina nacional que la sentencia que fijó inicialmente este criterio estableció dos modalidades para diferenciar entre perjuicios morales subjetivos y objetivados(44).

Así los diferenció la Corte(45):

‘Hay en torno al daño moral dos géneros de perjuicios: los que emanan de aquel en forma concreta, determinada o determinable, que pudieran llamarse perjuicios morales objetivados; y otros que son indeterminados o indeterminables) inasibles y abstractos, perjuicios moral, no susceptibles de objetivación’.

Esta distinción partía de considerar que la lesión a un bien extrapatrimonial podía traer perjuicios materiales y viceversa, por lo que la Corte Suprema estimó posteriormente que: ‘el daño moral objetivado puede fácilmente repararse. Tal cosa ocurre con el perjuicio inferido a una persona en su patrimonio por la pérdida de su crédito causada por la difamación o por su inhibición para el trabajo; dicho daño es tangible, estimable con relativa facilidad, concretable en cifras numéricas’(46), por lo que, en consecuencia, las repercusiones objetivas del daño moral habían de indemnizarse con aplicación de las normas que regulaban la fijación y resarcimiento del perjuicio material(47).

De este breve recuento, se desprende que por sus características el perjuicio moral objetivado es de naturaleza eminentemente patrimonial, identificable con esta última clase de perjuicios en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante, por lo que no hay lugar a su reconocimiento de manera autónoma, pues de hacerse así, se estaría indemnizando dos veces un mismo perjuicio desde dos enfoques diferentes, trasgrediendo el principio del no enriquecimiento sin causa, en tanto la medida del perjuicio es la medida de la reparación”.

Así las cosas, toda vez que resulta improcedente reparar de manera autónoma el daño moral objetivado, la Sala no accederá a dicha pretensión.

En todo caso, ha de decirse que, si bien es cierto que de conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad PC Mayorista S.A. esta se encuentra en estado de disolución y liquidación desde el 26 de octubre de 1998(48), la Sala no encuentra prueba alguna que permita establecer que la aprehensión y decomiso de las impresoras hubiera sido la causa determinante de dicha situación.

Si bien en el dictamen practicado se hizo una breve alusión a dicha circunstancia, en este no se ofrecieron argumentos que permitan acoger sus conclusiones. Esto dijo la experticia:

“3.1 Daño emergente para la sociedad PC Mayorista S.A.

— Datos aportados al proceso en cuanto a valores financieros:

Periodos gravablesUtilidad estimada por añoUtilidad contable
Año 1997-511’999.189
Año 1998597’503.054822’142.335
Totales597’503.054310’143.146

Para el año 1998 se estimó un incremento en las utilidades con el IPC del 16.7% para dicho año, según cifras tomadas del Dane.

Sobre las anteriores cifras estimadas para el año 1998 para PC Mayorista S.A. es importante señalar:

— Que de acuerdo con los estudios de proyección por el citado año, adicionalmente son estimados y no se encuentran soportados por la firma de un profesional.

Igualmente es importante que en lugar de las utilidades que se estimaron de $597’503.054, la contabilidad a 31 de diciembre de 1998 presentó una pérdida contable de $822’142.335; año en que se retuvo indebidamente la mercancía por parte de la Dian.

Analizado el comportamiento de estas utilidades y pérdidas, es evidente que a partir de enero de 1998 y hasta diciembre 31 del mismo año se disminuyeron las utilidades hasta llegar a unas pérdidas que superaron el 50% del capital de la sociedad, causal suficiente para la disolución de la compañía, como en efecto se hizo según Escritura Pública 4.137 de la Notaría 25 de Bogotá, inscrita en fecha 26 de octubre de 1998 bajo el Nº 654373”(49).

De lo anterior se desprende que, a más de una mera coincidencia en cuanto al año en el que ocurrió el decomiso de las impresoras y el año en el que la sociedad demandante entró en disolución y liquidación, los peritos no establecieron en forma alguna que la primera de las circunstancias mencionadas hubiera sido la causa de la segunda; sin embargo, sin más fundamento que la mencionada coincidencia, atribuyeron a la circunstancia de la aprehensión y decomiso de las impresoras la causa del 100% de las pérdidas contables del año 1998, detrimento que, según se indicó, superó el 50% del capital de PC Mayorista S.A.

Al respecto, debe decirse que, además de que la mera coincidencia en cuanto al año en el que ocurrieron las mencionadas circunstancias no es suficiente para establecer que el decomiso de las impresoras hubiera dado origen a la disolución y liquidación de la sociedad demandante, para la Sala no es clara la afirmación realizada por los peritos en cuanto a que las pérdidas contables establecidas a 31 de diciembre de 1998, las cuales habrían superado el 50% del capital de PC Mayorista S.A. hubieran incidido de manera determinante en el estado de disolución y liquidación de la sociedad, toda vez que, según se indicó en el certificado de existencia y representación, esta situación se consolidó mucho antes, esto es, el 26 de octubre de 1998, cuando se registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá mediante Escritura Pública 4137.

Así las cosas, la Sala observa que el peritazgo carece de bases que sustenten las afirmaciones a las que acaba de hacerse referencia, razón por la cual no es posible acoger lo dicho por los auxiliares de la justicia.

6. Actualización de la condena impuesta en primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció a favor de la sociedad demandante, la suma de $23’844.027 por concepto de indemnización del lucro cesante.

Dicha condena será actualizada con aplicación de la siguiente fórmula:

S-2000-00945-03
 

En donde:

Ca: Capital actualizado a establecer;

Ch: Capital histórico que se va a actualizar: $23’844.027

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el vigente a la fecha de esta sentencia: diciembre de 2014: 118,15

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia: febrero de 2004: 77,62

Reemplazando tenemos:

S-2000-00945-04
 

7. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, la sentencia proferida el 11 de febrero de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

1. DECLARAR a la Nación-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales responsable por la aprehensión y decomiso irregular de 275 impresoras marca Epson propiedad de la sociedad PC Mayorista S.A. en liquidación.

2. CONDENAR a la Nación-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a pagar a favor de PC Mayorista S.A. las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicio material en la modalidad de daño emergente, la suma de treinta y dos millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos ($ 32’959.994).

Por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la suma de treinta y seis millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cinco pesos ($36’294.405).

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Sin condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(19) Folio 10, cuaderno principal.

(20) Folios 56-71, cuaderno 2.

(21) Folios 1-11 y 107-111, cuaderno 5.

(22) Folio 270, cuaderno 4.

(23) Este documento se allegó con la experticia practicada pues la parte actora lo proporcionó a los peritos. Respecto de esta evidencia se surtió el derecho de contradicción cuando se corrió traslado a las partes del dictamen pericial y su aclaración. Así mismo, es de tener en cuenta que es de carácter privado y en todo caso, de conformidad con el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, se presuma auténtico en tanto, según dice la norma, “La parte que aporte al proceso un documento privado, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad”. Por todo lo dicho con anterioridad, la Sala otorgará valor probatorio a dicha certificación. Folio 102 cuaderno 5. Folio 102 cuaderno 5.

(24) Folio 41, cuaderno 2.

(25) Folio 42 cuaderno 2.

(26) Folio 22, cuaderno 2.

(27) Folios 56-71, cuaderno 2.

(28) Folios 56-71, cuaderno 2.

(29) Folios 2-3, cuaderno principal.

(30) Folio 10, cuaderno principal.

(31) Folios 9-10, cuaderno principal.

(32) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, “es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(33) “ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

(34) Folio 9, cuaderno principal.

(35) Folios 1-11, del cuaderno 5.

(36) Folio 41, cuaderno de pruebas 2.

(37) De conformidad con el “acta de los hechos”, el decomiso de las impresoras tuvo lugar el 10 de enero de 1998. La tasa representativa de mercado que rigió ese día fue de $1.315,70

(38) Folio 102, cuaderno del dictamen pericial.

(39) Folio 41, cuaderno de pruebas 2.

(40) “ART. 2º—Obligación aduanera en la importación. La obligación aduanera nace por la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional.

La obligación aduanera comprende la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de conservar los documentos que soportan la operación, atender las solicitudes de información y pruebas, y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes”.

“ART. 3º—Responsables de la obligación aduanera. De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, importador, el propietario, o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, depositario, intermediario y el declarante.

Para efectos aduaneros, la Nación estará representada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Aduanas Nacionales”.

(41) Circunstancia que se encuentra establecida a través de la declaración de importación.

(42) Folio 10, cuaderno principal.

(43) Sentencia proferida dentro del expediente 25000-23-26-000-1997-04613-01 (21801). Actor: Luis Eduardo Pérez y otros.

(44) En tal sentido puede consultarse los siguientes autores: Javier Tamayo Jaramillo. Tratado de responsabilidad civil, tomo II, Legis. págs. 531-540; y Lopez Morales Jairo. Perjuicios morales. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 1997, págs. 21-23.

(45) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1941 junio 20 G.J.T. LI, No. 1971-1972.

(46) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1941 junio 20 G.J.T. LI, No. 1971-1972. En igual sentido la Corte se había manifestado desde 1937: “Ante todo es de observarse que, en la mayor parte de los casos, el perjuicio moral causa un daño patrimonial: por ejemplo, el ataque a la probidad de un comerciante puede ocasionar la ruina de su negocio”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1937 septiembre 28 G.J.T. XLV, No. 1929, págs. 758-763.

(47) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1941 junio 20 G.J.T. LI, No. 1971-1972.

(48) Folios 2-3, cuaderno principal.

(49) Folio 7, cuaderno dictamen pericial.