Sentencia 2000-01007 de mayo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-2000-01007-01 (28.583)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Nubián de Jesús Obando y otros

Demandado: Municipio del Águila

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., doce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1 Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, por virtud del recurso de apelación formulado por la demandada contra la sentencia del 5 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida en $42.000.000, por concepto de perjuicio moral y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 2000(2), para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $26.390.000(3).

2.2 Consideraciones previas.

Previo a decidir el asunto de la referencia, es menester señalar que los actores solicitaron el traslado del proceso penal adelantado por “el homicidio” de XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, prueba decretada en auto de 27 de agosto de 2001 por el tribunal y allegada por la Fiscalía General de la Nación (fl. 85 cdn. 1 y 11 cdn. 2).

En lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que los medios probatorios en ella contenidos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hubieran sido solicitados en el presente proceso por la parte contra la cual se aducen, o que no hubieran sido practicados con audiencia de esta no pueden ser valorados por la Sala(4).

Como ya se advirtió, las copias del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Fiscalías, Fiscalía 17 Seccional Cartago Valle, por el delito de homicidio, sindicado “averiguatorio”, remitidas a este proceso por la misma entidad(5), fueron solicitadas por la parte accionante, sin que la demandada se hubiera pronunciado al respecto; en consecuencia, los testimonios y declaraciones que obran en el proceso penal ya mencionado no pueden ser valorados, pues no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, para el traslado de pruebas, en la medida en que no fueron practicados a petición o con audiencia de la parte demandada y tampoco fueron objeto de ratificación dentro del presente proceso contencioso administrativo.

No obstante lo anterior, los documentos públicos y los informes técnicos que se encuentran dentro de la investigación pueden ser valorados, en los términos de los artículos 254 y 243 del CPC.

2.3. Caso concreto.

a) Según el registro civil de defunción y la necropsia médico legal realizada por Diego Heraldo Garcés, médico general del Hospital San Rafael ESE, XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX falleció el 23 de marzo de 1998, por “shock cerebral causado por fracturas craneales con laceración cerebral y hemorragia e (sic) intracraneal, producidos por trauma contundente”, como consecuencia de una caída en bicicleta, a una altura aproximada de 3 metros.

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra debidamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, pues la muerte constituye un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado por el legislador.

b). Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos en las cuales murió el niño XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, obran las siguientes pruebas:

— Informe de 23 de marzo de 1998, suscrito por Miguel Antonio Lara González, Subcomandante Estación el Águila, quien hizo alusión a lo siguiente (se transcribe, tal cual, incluso con errores):

“De manera atenta me permito informar a ese despacho que el día de hoy 23 de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998) y siendo las 14:40 horas se practico inspección y reconocimiento de el cadáver de quien en vida correspondía al nombre de XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, 8 años de edad, residete (sic) en la Cra. 3 Nº 10-04 de este municipio, hijo de Lubian de Jesús Obando Granada, CC. 2’478.234 de El Águila Valle, Natural de El Águila Valle, 59 años de edad, alfabeto, de profesión carnicero, residente en la misma dirección y Amauda Cardona Villada, indocumentada, natural de El Águila, 29 años, profesión ama de casa, alfabeta y residente en la misma dirección. El menor en mención presenta fractura de cráneo en la parte occipital; ocacionados (sic) al caer de una bicicleta en la que se movilizaba y de la cual cayó a un presipicio (sic) de aproximadamente tres metros, golpenadose (sic) la cabeza con una piedra que se encontraba en el lugar. Los hechos ocurrieron en la Cr. 3 entre calles 11 y 12. Moviles (sic) imprudencia de el (sic) menor, al ahorillarse demasiado a la orilla (sic) del barranco” (fl. 14 cdn. 2).

— Testimonios de dos testigos presenciales del accidente, quienes relatan (se transcribe tal cual obran en el expediente, incluso con errores):

Testimonio de Arnobio de Jesús Torres Castilo:

“Preguntado: Relate todo lo que conozca en relación con la muerte del menor XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX sucedida el 23 de marzo de 1998. Contestó: Bueno, eso fue un lunes festivo, más o menos al medio día. Yo estaba parado en la puerta de mi casa donde yo trabajo, en mi taller, entonces miré hacia arriba y ví que el niño bajaba en bicicleta, comenzó a subir la lomita que hay par el Hospital, luego voltió y al voltiar no había que lo atajara ahí y entonces se fue abajo, al abismo, entonces ya me vine a mirar, entonces ya lo ví sin sentido, entonces el hijo mio que estaba ahí en el andén hizo parar un carro, lo montó en el carro y en él lo subieron al hospital, bueno hasta ahí conozco yo (…) Preguntado: Indique en que tiempo fueron colocadas barandas de protección en la vía en donde ocurrió el hecho. Contestó: La barandas de protección fueron colocadas después de la muerte del niño, porque antes no había la protección en esa parte del Abismo, porque eso ahí es como una especie de Abismo, inclusive me tocó presenciar varios accidentes por falta de la protección (…) Preguntado: Diga cúal era la altura del Abismo en el lugar del accidente mencionado. Contestó: La altura tiene más o menos unos tres o cuatro metros” (fl. 39 cdn. 2).

Testimonio de Jhon Fredy Torres Granada:

Preguntado: Relate todo lo que conozca en relación con la muerte del menor XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX sucedida el 23 de marzo de 1998. Contestó: Primero que todo yo estaba sentado en la puerta de mi casa donde vivo, bueno cuando el niño subía por la loma del hospital, entonces él iba a dar la vuelta y como esa calle queda así en loma y por debajo la central que va hacía Villa nueva a otras veredas, y pues como la calle de arriba que va hacia el hospital no tiene malla de protección, entonces el niño no alcanzó a dar la vuelta y fue a caer a la otra calle que va hacia Villanueva. Bueno yo en ese momento yo me asusté no sabía que hacer, yo me paré donde estaba y fui y lo observé primero y con la ayuda de mi papá que estaba ahí alfrente lo recogimos, en ese instante él me ayudó a levantar a alzar y en ese instante estaba el carro de Galindo y entonces me subí al carro y mi papá me ayudó a subirlo al carro y llevarlo al hospital y cuando llegamos al hospital, lo entré, entonces yo en ese momento me dirigí donde los familiares para informarles que había pasado, bueno, en ese momento subieron casi todos los familiares del niño, los hermanos, ellos subieron al hospital, los acompañé hasta la puerta y de ahí me regresé a mi casa y ellos pues quedaron arriba, cuando al rato, ya como a las horas, pasaron las horas, no recuerdo bien, cuando dijeron que el niño había fallecido, listo (…) Preguntado: Indique en qué tiempo fueron colacadas barandas de protección en la vía donde ocurrió el accidente. Contestó: La verdad es que las barandas y las mallas de protección las vinieron a colocar fue después del Accidente, no recuerdo bien la exacta, la fecha exacta (…) Preguntado: Diga cual era la altura del Abismo en el lugar del Accidente. Contesto: De tres a cuatro metros (…) Preguntado: Como usted ha dicho que fue testigo presencial del accidente que causó la muerte del menor Jhon Alexander, diga si al momento del Accidente la vía, por donde este transitaba tenía barandas o alguna malla de protección. Contestó: Ahí no había existido malla de protección hasta después de que el niño tuvo ese accidente vinieron a colocar la malla de protección (…)” (42 reverso a 45 cdn. 2).

Aunado a esto, se aportaron con la demanda fotografías que contienen imágenes del lugar donde, el 23 de marzo de 1998, el niño XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX se accidentó y perdió la vida. Tales fotos tienen mérito probatorio, ya que fueron reconocidas y ratificadas por los testigos presenciales del accidente, quienes manifestaron que ellas corresponden al lugar donde sucedió el accidente. Allí se observa tanto la pendiente de la vía, como la inexistencia de señalización y protección en la misma.

De conformidad con las pruebas anteriormente referenciadas, se encuentra acreditado que, el 23 de marzo de 1998, XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX i) se movilizaba en bicicleta por el municipio del (sic) Águila, ii) la calle por la cual transitaba tenía una pendiente aproximada de 3 a 4 metros, iii) esta no contaba con ningún tipo de protección o señalización para esa altura, iv) el niño cayó de la vía y recibió lesiones que le ocasionaron la muerte, v) en ese mismo lugar ya se habían presentado accidentes y vi) después de la muerte del menor fueron puestas mallas de protección en la vía.

Según el artículo 674 del Código Civil, “se llaman bienes de la unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la unión o bienes fiscales” (se resalta).

Al respecto, vale la pena señalar que la Constitución Política dispone, en su artículo 82, que el Estado tiene el deber de “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”, a fin de garantizar el acceso de todas las personas, el disfrute y la utilización de los bienes de uso público.

Ahora bien, el alcalde, como primera autoridad de policía del municipio, como lo indican los artículos 315 de la C.P. (numeral 2) y 84 de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, tiene el deber jurídico de ordenar la vigilancia, mantenimiento, protección y conservación de los bienes de uso público, en defensa de los intereses de la comunidad.

Según el artículo 17 de la Ley 105 de 1993, “por la cual se implementan normas básicas de transporte”, aplicable para la época de los hechos, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad de los municipios, hacen parte de la infraestructura municipal de transporte. A su tuno, el artículo 12 del Decreto-Ley 1333 de 1986, “por la cual se implementa el código de régimen municipal”, señala que la atención de las funciones, la prestación de los servicios y la ejecución de las obras a cargo de los municipios se deben hacer directamente por estos, a través de sus oficinas y dependencias centrales o de sus entidades descentralizadas, o por otras personas en razón de los contratos y asociaciones que para el efecto se celebren o constituyan.

En cuanto a la obligación de señalización que tienen las autoridades de tránsito, el artículo 113 del Código Nacional de Tránsito(6) indica lo siguiente:

“ART. 113.—Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine”.

El anterior panorama normativo permite afirmar que el municipio del (sic) Águila, Valle del Cauca, en su calidad de propietario de la malla vial de esa entidad territorial, tenía la obligación de demarcar e implementar en las calles las respectivas medidas de protección, pero omitió dicho deber jurídico, pues el accidente que sufrió el menor XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, en el perímetro urbano, se debió a la falta de elementos de contención, tales como barandas o mallas de protección, a pesar de que la pendiente de la vía era alta, por tanto, peligrosa, circunstancia que, sin duda, incidió en el resultado dañoso por el cual aquí se reclama.

Como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, la responsabilidad de la administración resulta comprometida siempre que se logre establecer en el proceso: i) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(7); ii) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, iii) la existencia de un daño antijurídico y iv) la relación causal entre la omisión y el daño(8).

En el caso concreto, la administración omitió una obligación de carácter legal, como lo era la demarcación e implementación de medidas de protección en una de sus calles, lo cual configuró una falla en la prestación del servicio, de tal suerte que la entidad accionada deberá responder por los perjuicios que tal hecho les produjo a los demandantes.

No obstante lo anterior, la condena que deba imponerse en este caso debe reducirse en un 20%, en atención a que el hecho dañoso obedeció también, aunque en menor medida que la de las demandadas, a la negligencia de los padres de la víctima, por haber omitido el deber de vigilancia y cuidado que les era exigible sobre esta.

En efecto, si bien se acreditó que la causa eficiente del daño obedeció a la falta de señalización y medidas de protección en el lugar de los hechos, también es cierto que los padres del menor omitieron el deber de vigilancia que les era exigible, toda vez que permitieron que su hijo, quien para entonces tenía 7 años, montara en bicicleta sin supervisión, conociendo las condiciones de la vía y, por ende, del riesgo que esta representaba, lo cual denota negligencia e irresponsabilidad de su parte, pues era de su conocimiento (por la distancia que existió entre el lugar del accidente y la casa del menor) que la calle tenía una pendiente alta y sin protección, por consiguiente peligrosa y que allí ya habían ocurrido incidentes.

Todo lo anterior permite afirmar que el accidente que cobró la vida de XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX no era imprevisible para sus progenitores, pues resulta apenas obvio que un menor de 7 años, como la víctima, no está en capacidad de advertir adecuadamente, por su grado de inmadurez sicológica, situaciones que entrañen riesgo o peligro, como las que se presentaban.

En consecuencia —se insiste— disminuirá el monto de la condena impuesta a la demandada.

III. Indemnización de perjuicios

3.1 Perjuicios morales.

Por la muerte de XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX concurrieron al proceso, Nubián de Jesús Obando Granada y Amanda Cardona Villada (en su condición de padres), María Isabel Obando Cardona, Jorge Andrés Obando Cardona, Edwin Nicolás, María Yamileth Obando Granada, Gloria Albenis, Aide Birney y Lida Orfindey Obando Granada y Julio César Obando Robayo (en calidad de hermanos) y Magnolia del Carmen Villada López (en su condición de abuela), quienes solicitaron, para cada uno, el equivalente a 2500 gramos de oro.

Se encuentra probado en el proceso que el hoy occiso era hijo de Nubián de Jesús Obando Granada y Amanda Cardona Villada, conforme lo indica el registro civil de nacimiento de la víctima, visible a folio 12 del cuaderno 1. Asimismo, está demostrado que XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX era hermano de María Isabel y Jorge Andrés Obando Cardona, de Edwin Nicolás, María Yamileth, Gloria Albenis, Aide Birney y Lida Orfindey Obando Granada, y de Julio César Obando Robayo, según lo indican los registros civiles de nacimiento visibles a folios 10, 11, 15, 14, 16, 17, 18 y 20 del cuaderno 1, y nieto de Magnolia del Carmen Villada López, según registro civil de nacimiento de la madre de la víctima, visible a folio 23 del cuaderno 1.

Acreditado el parentesco de los demandantes con la víctima, debe señalarse, en primer lugar, que, según la jurisprudencia de la Sala, en los eventos en los que una persona fallece o sufre una lesión y ello es imputable al Estado, se desencadena, a cargo de este, la indemnización de ese perjuicio, de tal manera que las personas que se sientan perjudicadas por dicha situación y hagan parte del grupo familiar más cercano pueden reclamar la indemnización respectiva, para lo cual basta con acreditar el parentesco con la víctima directa del daño, pues este se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio moral sufrido, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, siempre que no haya pruebas que indiquen o demuestren lo contrario.

En relación con la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial la jurisprudencia de esta corporación, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales. Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(9).

Conforme a lo anterior y siguiendo los parámetros trazados por la jurisprudencia de esta corporación en torno a la necesidad de tasar los perjuicios morales en salarios mínimos legales mensuales(10), la Sala condenará a la demandada a pagar, por dicho perjuicio, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las siguientes personas: Nubián de Jesús Obando Granada y Amanda Cardona Villada, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las siguientes personas: María Isabel y Jorge Andrés Obando Cardona, Edwin Nicolás, María Yamileth, Gloria Albenis, Aide Birney y Lida Orfindey Obando Granada, Julio César Obando Robayo y Magnolia del Carmen Villada López.

No obstante, las sumas reconocidas se reducirán en un 20%, por las razones anotadas anteriormente.

Es del caso señalar que el demandante Iván Ángel también solicitó reconocimiento por este perjuicio; sin embargo, la Sala no accederá a su reconocimiento, toda vez que se desconoce la calidad con la que compareció al proceso y, además, no hay prueba de la cual sea posible inferir algún padecimiento moral que le resulte indemnizable como tercero damnificado.

3.2 Condena en costas.

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y que en el presente asunto ninguna procedió de esa manera, la Sala se abstendrá de imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de 5 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar:

a. DECLÁRASE responsable al municipio del (sic) Águila, por la muerte del menor XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX.

b. CONDÉNASE al municipio del (sic) Águila a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

Nubián de Jesús Obando Granada (padre) 80 SMLMV

Amanda Cardona Villada (madre) 80 SMLMV

María Isabel Obando Cardona (hermana) 40 SMLMV

Jorge Andrés Obando Cardona (hermano) 40 SMLMV

Edwin Nicolás Obando Granada (hermano) 40 SMLMV

María Yamileth Obando Granada (hermana) 40 SMLMV

Gloria Albenis Obando Granada (hermana) 40 SMLMV

Aide Birney Obando Granada (hermana) 40 SMLMV

Lida Orfinde Obando Granada (hermana) 40 SMLMV

Julio César Obando Robayo (hermana) 40 SMLMV

Magnolia del Carmen Villada López (abuela) 40 SMLMV

c. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

d. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

2. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del CPC.

3. Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(2) La demanda fue instaurada el 10 de marzo de 2000.

(3) Decreto 597 de 1988.

(4) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20300.

(5) Oficio 936 de septiembre 17 de 2002, obrante a folio 11 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.

(6) Decreto-Ley 1344 de 1970, modificado por el artículo 2º del Decreto 2169 de 1970, Ley 33 de 1986, decretos 403, 1344, 1809, 1951, 1809 y 2591 de 1990.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 23 de mayo de 1994, expediente 7616.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 26 de septiembre de 2002, expediente 14.122.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

(10) Consejo de Estado, Sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15646.