Sentencia 2000-01010 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000232600020000101001 (27.687)

Consejera Ponente:

Dr. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: acción de reparación directa

Actor: Rafael Osma Güiza

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(3), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.

2. Caducidad.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo preceptúa:

(...).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Teniendo en cuenta que la presente demanda se formuló el 5 de mayo de 2000 y las operaciones de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, a las que el demandante atribuye la generación de perjuicios materiales e inmateriales, iniciaron en el mes de agosto de 1998, resulta claro que el término de caducidad no se completó y que, por tanto, la Sala está habilitada para pronunciarse de fondo en el presente asunto.

3. Legitimación en la causa.

3.1. Tal como lo manifestó el tribunal, acogiendo la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la Aeronáutica Civil, el señor Rafael Osma Güiza no tiene la legitimación para defender los intereses de la sociedad Osma y Cía. Ltda., toda vez que esta última es una persona jurídica de derecho privado que, de haberse considerada afectada, podía haber comparecido a este proceso o a otro en defensa de sus intereses.

Precisado lo anterior, resulta importante aclarar que el actor sí está legitimado para reclamar en condición de propietario del inmueble ubicado en Bogotá en la Calle 40 Nº 103-20, calidad que ostenta desde el 19 de noviembre de 1987, según anotación 4 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-229144, esto es, desde antes del inicio de operaciones de la segunda pista del aeropuerto El Dorado. Ello es así, tanto porque, en la fecha citada el predio fue adquirido en común y proindiviso, como porque el 17 de julio de 1998 la propiedad se consolidó en el actor, como se verá en el acápite de hechos probados.

3.2. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil está legitimada para ocupar el extremo pasivo de la presente controversia, ya que, además de persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa y financiera, está siendo señalada como la obligada a responder por los daños causados al actor con ocasión de la contaminación generada con la puesta en funcionamiento de la segunda pista del aeropuerto El Dorado.

4. Problema jurídico y esquema de resolución.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación, con miras a determinar si la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil puede ser declarada responsable por los daños causados a la parte demandante, con ocasión de la puesta en funcionamiento de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, obra pública que, si bien contaba con las autorizaciones administrativas respectivas, generó riesgos y altas inmisiones de ruido que menoscabaron el medio ambiente y por consiguiente la salud física y emocional del actor, como también sus derechos patrimoniales.

Con este fin, la Sala abordará inicialmente el estudio de los daños al medio ambiente por contaminación auditiva y su afectación a los derechos colectivos, en el marco de autorizaciones administrativas y su afectación a los derechos individuales; para finalmente estudiar el caso concreto desde la perspectiva de los hechos probados.

5. Análisis del caso.

5.1. Los daños al medio ambiente y su afectación a los derechos individuales.

5.1.1. La Carta Política en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, al tiempo que impone a las autoridades la obligación de garantizar su conservación y restauración, amén de prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, las faculta para imponer sanciones y exigir la reparación de los daños causados(4).

5.1.2. La constitucionalización de este tipo de derechos en los ordenamientos jurídicos y su incorporación en instrumentos internacionales refleja la toma de conciencia universal(5) por garantizar un desarrollo sostenible, entendido de vital importancia para el crecimiento humano integral y en clave de responsabilidad con las generaciones futuras en el entendido que el medio ambiente constituye patrimonio común de la humanidad.

5.1.3. Es que, en la dimensión ambiental, actividades humanas básicas como el asentamiento en centros urbanos y rurales, otrora indiferentes, hoy demandan previa planeación que comprende, además de vías y dotación de servicios básicos, el tratamiento de desechos, manejo de olores, ruidos, humos etc. Estos últimos de cara a procesos de industrialización y tecnificación, entre muchos otros, que al tiempo de necesarios se consideran responsables de la destrucción de los recursos naturales y del medio ambiente en general, lo que demanda una ponderada valoración de su costo beneficio, frente a los derechos colectivos e individuales de las sociedades presentes y futuras.

5.1.4. Así, además de la implementación de instrumentos administrativos para la preservación del medio ambiente, establecidos en normas nacionales(6)e internacionales(7), dirigidos en general a la regulación de la actividad humana, dentro del marco de su sostenibilidad ambiental, el ordenamiento prevé mecanismos de control colectivo que comprometen a la comunidad en la implementación de medidas de precaución, amén de políticas de prevención por transgresión abstracta o concreta, pero en todo caso dirigidas a evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza o la vulneración.

Ahora, reconocida la relación estrecha entre los derechos colectivos y, en especial, del medio ambiente, con los derechos de los particulares, la Carta Política, a la vez que consagra las acciones populares para su protección en cuanto derecho colectivo, deja incólume la reparación directa cuando la alteración afecta derechos subjetivos.

De esta manera, por ejemplo, cuando una fábrica realiza vertimiento de residuos contaminantes a ríos o mares, en cuanto la afectación de un recurso natural, es dable acudir a la acción popular para que el juez ordene las medidas necesarias para la preservación de aquel recurso hídrico, sin perjuicio de que el propietario del cultivo o de los animales que se abastecen de esa misma fuente puedan amen de la acción colectiva, pueda abogar por que se establezca el daño individual y se disponga su reparación.

5.1.5. Esta sección, en providencia reciente(8), condenó al Distrito Capital por el daño ambiental ocasionado, porque el derrumbe de un relleno sanitario alteró la calidad del aire a unos niveles que, si bien de acuerdo con diferentes estudios y monitorias técnicas no constituían un riesgo para la salud humana, generó un cambio en los hábitos de los núcleos familiares, con lo cual se produjo la afectación de derechos fundamentales como la intimidad personal y familiar. En dicha oportunidad, se enfatizó en el deber del juez de la responsabilidad proteger los intereses individuales afectados con un evento contaminante:

“Este efecto reflejo del daño al derecho colectivo a un medio ambiente sano, admite el pronunciamiento judicial sobre intereses individuales afectados con el evento contaminante, para ello puede apelarse a dos vías que conducen a idéntica conclusión. De un lado, el criterio de la conexidad, aplicado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional(9), para señalar que los derechos colectivos o de tercera generación tienen una relación directa con derechos de carácter fundamental, de tal forma que la puesta en riesgo de estos últimos justifica la utilización de acciones de carácter individual; de otro, la llamada vis expansiva de los derechos fundamentales, criterio aplicado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para indicar que aun cuando el catálogo de derechos consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos no contemple intereses difusos, estos pueden ser objeto de protección indirecta, cuando su lesión compromete un derecho individual, que admite una extensión de su núcleo esencial para posibilitar una verdadera tutela judicial efectiva. Así las cosas, por ejemplo, la generación de contaminación auditiva admite protección del juez regional no porque se lesionen las normas sobre los niveles permitidos de ruido o de las zonas en las que puedan instalarse bares y discotecas, sino porque no permite el correcto ejercicio del derecho a la intimidad familiar e inviolabilidad del domicilio(10).

5.1.6. El fundamento de la responsabilidad por el daño ambiental(11) data de antes de la Constitución de 1991(12), aunque, sin lugar a dudas, esta última lo desarrolla e instituye como principio inspirador, según se puede constatar en los artículos 80 y 90 de la mencionada normativa superior, en los que se impone el deber del Estado de exigir la reparación de los perjuicios causados a los derechos colectivos y la cláusula general de responsabilidad de la administración. Esta última aplicable cuando la víctima no tiene que soportar el daño individual generado en el marco de las competencias de vigilancia y control de las autoridades públicas(13).

5.1.7. En este sentido, tratándose de la responsabilidad que le asiste al Estado, habría que distinguir la generada por ocasionar un daño ambiental por contaminación, es decir, por verter o emitir sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, de la que le cabe por omitir sus obligaciones positivas en materia de policía ambiental, ello es, cuando la vulneración es generada por un particular y no se toman medidas o las adoptadas resultaron insuficientes, pues se terminó afectando el medio ambiente y por contera intereses individuales.

Sin embargo, esta labor, como lo ha destacado la jurisprudencia(14), no es una tarea sencilla, toda vez que el medio ambiente y el entorno de las actividades humanas que lo alteran, comportan, entre otros, la valoración de múltiples variables, para el efecto los derechos e intereses individuales, generales y colectivos que se ponen en juego e inclusive en tensión, las características de las actividades contaminantes, su regulación, su intensidad y margen de tolerancia, entre otras, con necesaria proyección en la afirmación de los elementos del juicio de responsabilidad, la valoración de los medios de prueba y las medidas de reparación.

5.1.8. Bajo este panorama, queda claro que la afectación ambiental o ecológica(15), y particularmente esta última, puede generar un daño al interés colectivo a gozar de un medio ambiente sano, y no solo a este sino también a las personas en su concepción integral, esto es vida en condiciones de dignidad, salud, intimidad personal y familiar e integridad patrimonial, evento último en que, de solicitarse su intervención, corresponde al juez de la responsabilidad, previa valoración de las particularidades de la alteración medioambiental, entrar a armonizar los intereses generales, colectivos y subjetivos comprometidos.

5.2. Afectación a los derechos colectivos y subjetivos en el marco de autorizaciones administrativas.

5.2.1. Ahora, se debe tener presente que las afectaciones al medio ambiente y a los derechos individuales por la misma causa pueden estar precedidas de autorizaciones administrativas legamente otorgadas, en orden al desarrollo de proyectos privados o públicos, con proyecciones indudables hacia la satisfacción de los fines estatales y así mismo dotados de un visto bueno institucional e incluso de aceptación general en la comunidad. Podría incluso acompañarse con prácticas habituales cuyos efectos perniciosos no se conciban con claridad.

De este modo, para la puesta en marcha de una refinería, la explotación de una mina, de un pozo petrolero, la construcción de una carretera, el funcionamiento de un aeropuerto, o cualquier obra que pueda producir deterioro de los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, está claro que se requiere agotar los trámites legales(16) como estudios de impacto y planes de manejo, con el fin de obtener la respectiva licencia ambiental(17), que en sí mismos no excluyen la configuración de un daño antijurídico y por ende puede comportar responsabilidad individual o colectiva, al margen de la validez de los actos u operaciones que los generaron.

A manera ilustrativa, puede presentarse situaciones imprevisibles que desborden los estudios ambientales inicialmente realizados o las medidas impuestas para la mitigación del impacto o que se presenten dentro de la dinámica propia del proyecto que terminen generando afectaciones sobre situaciones particulares protegidas de orden moral o patrimonial(18), verbigracia, la explotación de un pozo petrolero puede producir un derrame del líquido que afecte fuentes hídricas, la flora, la fauna y los derechos a la propiedad y la salud de las poblaciones vecinas, pese al acatamiento de las obligaciones establecidas en la autorización administrativa y a las medidas adoptadas para desarrollarla.

5.2.2. La posible contaminación por inmisiones, en forma de ruidos, olores, humos etc. ha sido puesta de relieve por la doctrina(19). Así, en el derecho alemán, por ejemplo, para los supuestos de inmisiones procedentes de instalaciones públicas o actividades desarrolladas en el ejercicio de funciones soberanas y de empresas o instalaciones privadas que desarrollan actividades de interés general, como aeropuertos, ferrocarriles, tranvías etc., al tiempo que al perjudicado se le impide hacer uso de acciones negatorias(20), se prevén mecanismos eficientes de compensación por los perjuicios generados que restablezcan el equilibrio necesariamente vulnerado(21).

5.2.3. Por su parte, en el derecho italiano se considera que la autorización administrativa no excluye la acción civil, en todos casos que la contaminación al medio ambiente supere la normal tolerancia(22).

5.2.4. A su vez, en el derecho francés, la jurisprudencia considera que la autorización administrativa de una actividad no excluye que puede reclamarse civilmente por los daños y perjuicios causados e incluso imponer medidas por parte de los tribunales para hacer cesar el perjuicio, sin que para el efecto se tenga que suspender la actividad(23). En este país, se encuentran también ejemplos en la doctrina que señalan que la responsabilidad derivada del daño ambiental por actividades industriales no puede excusarse y exonerarse por la existencia o el cumplimiento de la autorización correspondiente(24).

5.2.5. Así mismo, el Tribunal Supremo Español ha sido consistente en señalar que la autorización administrativa no exime de responsabilidad. Entre muchos ejemplos, es dable traer a colación la sentencia del 3 de diciembre de 1987 que resolvió un asunto por contaminación causada por actividad térmica. Se consideró que las normas administrativas que inciden en la regulación de las centrales térmicas no impiden per se las posibles consecuencias dañosas(25). Igualmente, en sentencia del 30 de mayo de 2007, también se señaló que la autorización administrativa no exime del deber de indemnizar, porque de ello no se sigue el deber de los habitantes de soportar todo perjuicio(26).

5.3. La contaminación sónica del medio ambiente y su afectación a los derechos individuales.

5.3.1. En el marco de las relaciones de vecindad, es decir, de aquellas que se establecen entre quienes residen, trabajan, frecuentan y por ende tiene un mismo espacio de convivencia, llámese, barrio, zona, comuna, oficina donde convergen propietarios, tenedores, poseedores, moradores y en general habitantes, en el que desarrollan actividades comerciales, industriales, educativas y estatales se pueden presentar injerencias al medio ambiente que alcanzan los derechos e intereses involucrados.

5.3.2. La autora Esther Algarra Prats, al inicio de su estudio sobre la defensa jurídica civil frente a humos, olores, ruidos y otras agresiones a la propiedad y a la persona define las relaciones de vecindad:

“La vida del hombre se desenvuelve básicamente en sociedad, y es en esas relaciones sociales donde la convivencia humana plantea a menudo conflictos y problemas que, en ciertos casos, el derecho está llamado a resolver. Cuando esas relaciones vienen determinadas por la proximidad o inmediación de los lugares en los que el hombre se desenvuelve o habita, estamos en presencia de las llamadas relaciones de vecindad, que, como relaciones de convivencia social que son, no están exentas de ser problemáticas o conflictivas y no son ajenas al derecho”(27).

Esta misma autora llama la atención, sobre como las fricciones entre vecinos responden a circunstancias de permanente confrontación que por su antigüedad no han perdido intensidad o importancia(28), otrora circunscritas a disputas sobre terrenos, muros y en general espacios y lugares de proximidad y por lo mismo de compartimiento. En la actualidad las divergencias espaciales subsisten, sin embargo, la cercanía y la complejidad de la vida comunitaria tiene que ver en mayor número e intensidad con las interferencias en forma de humos, ruidos, gases, vapores, olores, calores, trepidaciones, radiaciones y similares fenómenos, provenientes de vías de comunicación, fabricas, comercios que penetran en las esferas vecinales afectando a las personas en su propia intimidad, la de su familia y sus proyecciones patrimoniales.

5.3.4. Ahora, si bien el ruido acompaña todas las actividades humanas, su permanencia e intensidad no deja de ser preocupante, en cuanto sonido carente de cualidades musicales agradables o un sonido que no es deseable(29). Se trata de distinguir los niveles de insatisfacción que, además superan los márgenes de tolerancia, en cuanto se involucran en espacios que tendrían que permanecer infranqueables.

5.3.5. Para la Corte Constitucional el ruido afecta directamente el derecho colectivo a un medio ambiente sano y bien puede vulnerar derechos individuales fundamentales.

En Sentencia T-452 de 1995 se señaló: “El ruido excesivo también puede vulnerar un derecho fundamental, la intimidad personal y familiar (art. 15) cuando se presenta una injerencia arbitraria, o sea, niveles de ruido que no se tiene la carga de soportar, en ese reducto exclusivo y propio de la persona”. Criterio que fue nuevamente sostenido en la Sentencia T-1666 de 2000. Se sostuvo: “resulta claro que la tutela (...) procede, aun cuando ella cuenta con las acciones populares, y así no haya sufrido daño en su integridad física, pues se encuentra en situación de indefensión frente al particular contra el cual dirige la acción y, como se verá a continuación, no se trata solo de una amenaza contra los derechos a la salud y la integridad física, sino de la violación de derecho que, como el último de los mencionados, son en sí fundamentales, como los derechos a la intimidad, a la tranquilidad...”.

5.3.6. Sobre la responsabilidad patrimonial por ruido, en cuanto inmisión, la Corte Europea de Derechos Humanos, con ocasión de la operación del aeropuerto Heathrow en el Reino Unido se ha pronunciado en el sentido de resaltar el derecho al limpio y tranquilo disfrute del medio ambiente. Sosteniendo que la afectación de derechos individuales, por cuenta de agentes contaminantes, como el ruido, da lugar a invocar la protección del artículo 8º relativo a la intimidad personal y familiar(30).

Ha señalado también, en interpretación del anterior enunciado normativo(31), que los particulares son titulares de su vida privada y familiar, domicilio y correspondencia; en general de los espacios físicos donde se desarrollan intereses, iniciativas y expectativas propias y de su entorno familiar por las que puede exigir condiciones de tranquilidad y salubridad. Ha puntualizado, además, que la vulneración del domicilio no solo se limita a intromisiones personales, tales como la entrada sin autorización, sino también a lesiones inmateriales o incorpóreas como ruidos, emisiones y olores. Coligiendo que la gravedad de la privación tendría repercusiones en el mayor o menor disfrute de los derechos e intereses que las autoridades están en el deber de garantizar y proteger.

Intromisiones con repercusiones en el medio ambiente que comprometen la responsabilidad estatal, tanto por su intervención directa, como por la ausencia de reglamentaciones adecuadas. Se advierte que el artículo 8º de la Convención protege al individuo contra injerencias arbitrarias de los poderes públicos al punto de exigirles medidas efectivas dirigidas al respecto efectivo de la vida privada y familiar. Dicha corporación precisó que, tanto si el asunto se enfoca bajo la perspectiva de una obligación positiva a cargo del Estado que consistiría en adoptar medidas razonables y adecuadas para proteger la intimidad, como si se trata de una injerencia de una autoridad pública los principios aplicables serían los mismos(32); pues lo que se busca es el justo equilibrio entre los intereses concurrentes del individuo y la sociedad en conjunto, sin la exclusión de aquello para lo cual es menester adoptar medidas en orden a mitigar las afectaciones por ruido.

Estas premisas, bajo las circunstancias de cada caso, han llevado en ocasiones al Tribunal Europeo ha considerar que no existe incompatibilidad entre el ruido generado por la actividad y el artículo 8º de la convención, tanto porque el nivel acústico no sobrepasa los límites aceptables, como porque los demandantes no demostraron haber sufrido el perjuicio o contaminación ambiental(33). Al margen de las respectivas condenas a los Estados, siempre que se considera que las medidas para controlar el ruido fueron insuficientes.

Así, en sentencia reciente, el tribunal en cita, a pesar de que reconoció la complejidad de la función estatal en el funcionamiento adecuado de la infraestructura y la adopción de medidas para mitigar el impacto del ruido, condenó al Estado húngaro fundado en que las medidas adoptadas fueron insuficientes para evitar que el demandante fuere expuesto a ruidos excesivos durante un largo período de tiempo. Entendió que esta situación suponía una carga desproporcionada al recurrente que no tiene el deber jurídico de soportar en consideración a que, si bien no logró establecer una relación directa entre las grietas de su vivienda y el ruido, la prueba pericial dejó de manifiesto la superación de los límites legales de decibelios, lo que en sí mismo constituye una violación del artículo 8º de la convención(34).

5.3.8. Realizadas estas precisiones, la Sala se detendrá en el estudio de las pruebas válidamente incorporadas al expediente, a la luz de la santa crítica y las reglas de la lógica y la experiencia, con el fin de determinar si los hechos de la demanda fueron demostrados.

5.4. Objeción por error grave y hechos probados.

5.4.1 La Sala, en razón, de que en primera instancia no se decidieron expresamente las objeciones por error grave, formuladas contra los dictámenes periciales, inicialmente resolverá el punto, acorde con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil el que preceptúa:

“ART. 241.—Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

“Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave”.

Se habrá, en consecuencia, de apreciar en conjunto las experticias valiéndose de las reglas de la sana crítica y el principio de la valoración integral de la prueba(35). Lo anterior, comoquiera que no resultaría lógico que el juez se viese obligado, en todos los casos, a acoger un dictamen, así el mismo confiera certeza, porque ello equivaldría a trasladar al perito el juzgamiento(36).

En este sentido no basta que los peritos emitan un concepto, se requiere que el mismo se fundamente en las reglas del conocimiento de la experiencia y de la lógica(37), sobre el punto técnico sometido a examen.

En este punto, es importante acotar que la valoración probatoria, tratándose de daños medioambientales, además de los contenidos eminentemente técnicos, donde la prueba pericial puede jugar un papel clave, deberá considerar los fenómenos de afectación y tener presente su y tener presente su variación espacio temporal. De modo que, tratándose del dictamen pericial, corresponde al juez con una actitud proactiva a la protección y desde la perspectiva de las dificultades que la misma comporta, evaluar los fundamentos y conclusiones.

Ahora, para que se configure un error grave, los expertos deben incurrir en equivocaciones con entidad suficiente para llegar a conclusiones igualmente equívocas tal y como lo exigen el numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil(38).

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(39) ha precisado, respecto de la objeción por error grave:

“(...) si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos...”(40) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, “... es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...”.

5.4.2. En el proceso se decretó la práctica de un dictamen pericial con intervención de peritos avaluadores de bienes inmuebles, para que determinen la depreciación sufrida por el predio ubicado en la Calle 40 Nº 103-20 en el sector de Fontibón en Bogotá, D.C., a causa de la entrada en operación de la segunda pista del aeropuerto internacional El Dorado (fls. 132 y 133, cdno. 1).

Inicialmente, los expertos se desplazaron hasta el inmueble al que describieron por su extensión, destino económico, servicios públicos, identificación y linderos. Y, a partir de especificaciones generales de construcción, distribución, diseño, estado de conservación, la oferta y la demanda, así como su estratificación, lo avaluaron en $ 746. 982.800, al margen de la zona de influencia de la pista.

Luego, en consideración(41) a la señalada influencia, así como de las vecindades, estrato socioeconómico y desinterés del mercado, fijaron en 40% la depreciación, esto es una disminución del precio comercial de $ 448.189.680. Así concluyeron:

“Valor del terreno por encontrarse en área de influencia
 área en m2Vr. $ m2Valor total
Bodega 1
Área construida
405.86 m2141.00057.226.260
Bodega 2
Área construida
308.00 m2141.00043.428.000
Área del terreno1.997.33 m2174.000347.535.420
Total avalúo  $ 448.189.680

Menor valor del terreno

$ 746.982.800 - 448.189.680 = $ 298.793.120”(42).

Dentro del término de traslado, la parte demandada objeto la experticia por error grave(43) entre tanto la parte demandante solicitó su aclaración y complementación(44), con el fin de que se determine el daño emergente causado con ocasión del desmonte del taller de fundición, el lucro cesante con motivo del cese de producción y los dineros dejados de percibir por concepto de cánones de arrendamiento.

El 10 de septiembre de 2002, los peritos, en correspondencia a las solicitudes complementaron el dictamen:

“Resumen liquidación dictamen

Liquidación contratos de trabajo

 

Daño emergente actualizado$ 1.098.190.00
Lucro cesante340.938.00
Subtotal$ 1.439.128.00

 

Fundición y fabricación piezas varias

 

Daño emergente actualizado$ 11.075.812.57
Lucro cesante consolidado2.063.298.11
Lucro cesante futuro28.405.172.93
Subtotal$ 41.554.283.61

 

Arrendamientos dejados de percibir

 

Lucro cesante pasado$ 33.019.363.90
Lucro cesante futuro161.037.454.70
Subtotal$ 194.056.818.60
Total liquidación$ 237.040.230.20”(45).

 

Sobre el dictamen así complementado la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil fundamentó su inconformidad así:

Respecto del dictamen inicial: i) el demandante compró el predio a la señora Ana Luisa Güiza de Osma estando la segunda pista construida, por lo tanto bajo estas circunstancias no se puede considerar que el predio se desvalorizó por esta causa; ii) la parte del inmueble destinada a vivienda fue insonorizada por la aeronáutica civil, a pesar de que no era su obligación, aspecto que no fue tenido en cuenta; iii) en el dictamen se relacionó la escritura pública de compraventa no así el certificado de tradición y libertad; iv) los expertos consideraron que la desvalorización del inmueble tenía que ver con su localización, sin ponderar que el aeropuerto es un polo de desarrollo; v) en la misma zona de ubicación del inmueble existen establecimientos financieros y comerciales que no se han perjudicado con la puesta en funcionamiento de la segunda pista del aeropuerto El Dorado; vi) el dictamen no podía concluir la existencia de un daño especial por cuanto esto le corresponde al juez; vii) los peritos no tienen la competencias para referirse a posibles enfermedades; viii) no se tuvo en cuenta la declaración para efectos fiscales y catastrales por el año 1998, de acuerdo con la contestación efectuada por la Secretaría de Hacienda Distrital y ix) la conclusión sobre la desvalorización no concuerda con el certificado de catastro allegado con el experticio(46).

En relación con la complementación, la objeción se puede resumir así: i) se parte del supuesto cierto del desmonte de un taller de fundición sin soporte alguno; ii) se toman extremos para hacer la liquidación que no guardan relación con el proceso; iii) la liquidación de personal no tiene soporte probatorio alguno y además no tiene relación con la construcción de la segunda pista y iv) el dictamen se refiere de forma insistente a una persona natural y a una sociedad indistintamente, al margen de la representación (fls. 208 y 209, cdno. 1).

Analizados los argumentos planteados por la objetante, a luz de las consideraciones precedentes, se observa que la objeción por error grave no está llamada a prosperar, porque ninguna de las observaciones planteadas logra desvirtuar las apreciaciones y tampoco las conclusiones del dictamen. Esto es así porque la Aeronáutica planteó a manera de objeciones los argumentos que esgrimió en su defensa, como el tema de la legitimación del actor para intervenir en el proceso en representación de la sociedad Osma Cía. Ltda., la adquisición del bien cuando la pista dos del aeropuerto ya se había construido, las medidas de insonorización tomadas por la entidad.

Se detuvo también en la autoridad de los peritos para pronunciarse sobre aspectos relacionados con afectaciones a la salud del actor, amén de apreciaciones jurídicas como el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. Ahora, si bien algunas manifestaciones de los peritos desbordaron su cometido, ello per se no puede llevar a la Sala a rechazar la prueba, por tanto, sin perjuicio de su valoración a luz de la sana crítica, las reglas de la experiencia y la lógica en relación de los hechos que se pretenden demostrar, se despachará desfavorablemente la objeción de este dictamen pericial.

5.4.3. Cabe anotar que, en el proceso se decretó un segundo dictamen(47) con el fin de absolver el cuestionario presentado con la demanda, que en términos generales pretendía determinar los efectos causados sobre el predio ubicado en la Calle 40 Nº 103-20 por el inició de las operaciones aeronáuticas en la segunda pista del aeropuerto El Dorado, para esta labor fueron designados dos ingenieros, quienes contestaron las preguntas una a una.

Las enumeradas de la uno a la cuatro, tienen relación con la ubicación del inmueble especialmente con respecto de la zona contaminante. Establecida por los expertos en 24.10 metros respecto de la malla perimetral, sobre la cual se realizan las operaciones de despegue y corretaje, dentro de las alturas convencionales de este tipo de operaciones.

Las preguntas enumeradas del cinco a la ocho se refieren a los eventuales perjuicios por afectación moral, salud y pérdidas patrimoniales que se causaron por el cese de actividades, durante los sobrevuelos y la disminución en los ingresos, como por la devaluación del bien y lucro cesante. Contestaron respectivamente:

“No existe perjuicios morales, lo que puede existir es perturbación a la tranquilidad personal y/o pública...”.

“Sí consideramos que por el ruido posiblemente existe perjuicios a la salud, pero estas se pueden establecer con precisión, mediante un seguimiento médico y con un estudio científico bien detallado que pueda determinar los daños a la salud a corto, mediano y largo plazo...”.

“Sí es lógico, y lo que percibimos en las visitas que realizamos al inmueble del litigio, ya que el ruido y especialmente en zonas descubiertas es severo y perturba el ambiente de trabajo, es decir aísla parcialmente la comunicación y concentración de las labores que pudieron llevarse a cabo, es cielo cubierto. Y esto se tomaría como una pérdida en la producción de la empresa por ruido...”.

“Las pérdidas económicas del valor actual de las inversiones y principalmente del valor económico de los inmuebles, vienen representando un descenso del 35% al 40% aproximadamente por la situación económica que se vive en el país, desvalorizando los bienes y negociándose con el valor venal o de crisis, debido a la necesidad que tenga el vendedor. Este descenso se puede aumentar en un 10% en el sector del inmueble debido a la circunstancia del ruido y demás factores complementarios causados por el cruce de aviones”.

Las preguntas nueve y diez comprendieron el arrendamiento o venta del bien, en atención a sus características específicas. Al respecto los peritos señalaron la necesidad de adecuaciones, con el fin de mitigar el impacto del ruido y así mismo establecieron el uso que encontraron viable para fines industriales, más no para fines residenciales o negocios como híper tiendas o similares.

Las preguntas once y doce se dirigieron a conocer si el cierre del taller de fundición de hierro gris respondió al peligro que la actividad representaba para la operación aérea dada la cercanía del sobrevuelo. Sobre el particular los peritos, si bien consideraron que los materiales de combustión a cielo abierto constituía un riesgo, difirieron el punto a un análisis que comprendiera el plan de ordenamiento territorial y de políticas para el desarrollo de este tipo de empresas.

La pregunta trece se encaminó a establecer la violación de la normatividad ambiental por efecto de la operación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado. Al respecto se señaló:

“Tal como se observa en la foto Nº (sic). La cercanía del inmueble en litigio con la zona de límite de la pista es corta y las barreras naturales que son complementarias a las barrera física no se han dado ya que los arbustos recomendados en el plan de manejo ambiental no se han desarrollado totalmente, cálculos que se realizaron a mediano plazo (t = 5 a 10 años) en la foto 2, se observa el estado actual de los arbustos...”.

Las preguntas quince a diecisiete se dirigen a determinar el monto de los perjuicios materiales, en relación con la depreciación del bien y el lucro cesante dejado de percibir, por concepto de la afectación a la operación normal de la empresa y cánones de arrendamiento ($ 1.000.000 mensual) ante la terminación del contrato con el establecimiento de comercio Pollos y Pollos.

Luego de ratificar la existencia de un descenso en los precios, del 35 al 40%, por la situación económica general y la especial ubicación del inmueble, se consideró una devaluación adicional del 10%, confirmando los cálculos que el demandante acompañó con el cuestionario, así:

“a) Por avaluó catastral distrital (anexo seis) año gravable de 1999 $ 870.824.000.oo

Mi avalúo comercial para pagar impuestos distrito año de 1999 $ 451.142.900.oo (según prueba E anexo cinco - avaluó comercial de miembros lonja).

Diferencia igual a pérdida por aviones nueva pista El Dorado $ 419.681.100.oo”.

Sobre los restantes puntos, los expertos señalaron lo siguiente:

“Debido a lo observado y conversado con los trabajadores nos pudimos dar cuenta que estos frenaban su actividad al paso de un avión en una forma mínima por la ya costumbre, a pesar de que no estaban usando el protector de oído, porque este elemento era para ellos estorboso al desarrollar las actividades.

“Según lo analizado en el sector, este negocio de Pollos y Pollos estaba ubicado en su sitio no apropiado para este tipo de establecimiento no industrial sino comercial. Para su continuidad y funcionamiento se tenía que ampliar la distribución encareciendo acarreos personal, lo cual aumentaría costos afectando la rentabilidad”.

La demandante formuló objeción por error grave, con fundamento en los siguientes argumentos: i) las afirmaciones de los peritos no tiene una base científica o técnica en aspectos como la afectación causada al predio por la puesta en operación de la segunda pista del aeropuerto, en específico sobre temas como la contaminación ambiental generada por ruido, inmisiones atmosféricas y desechos sólidos; ii) establecido que existió un perjuicio a la propiedad del señor Osma Güiza y a su participación como socio de la sociedad Osma y Cía. Ltda. los peritos tampoco tuvieron en cuenta que era deber de la Aeronáutica expropiar el bien previa indemnización; iii) no solamente la situación económica del país fue la causa de la depreciación sino factores como el sobrevuelo de aviones, los ruidos, emisiones atmosféricas y desechos sólidos; iv) los peritos no señalaron los efectos de la contaminación auditiva, de manera científica o técnica frente a los moradores, trabajadores o visitantes habituales del inmueble; v) los peritos no precisaron que el demandante tuvo que cambiar la destinación del inmueble al verse obligado a desmontar su taller de fundición por el peligro que las chispas representaban para los aviones que sobrevolaban el lugar; vi) los peritos no señalaron la necesidad de una zona de protección para la pista que brinde seguridad frente a posibles atentados terroristas y vii) los peritos no explican porque el predio no se encuentra dentro de la curva de insonorización, teniendo en cuenta su proximidad a la pista y su clara afectación por las emisiones producidas por los aviones(48) (fls. 193 a 195).

La Sala concluye nuevamente, que la objeción formulada por la demandante no está llamada a prosperar, si se considera que las inconformidades planteadas, de una parte se refieren a aspectos no comprendidos en el cuestionario, como sucede con la solicitud de una manifestación expresa sobre el deber de la administración de expropiar el bien o sobre la necesidad de barreras de protección para evitar atentados terroristas y de otra, comprenden aspectos que pudieron ser objeto de complementación de considerarse necesario, como las relativas a la fundamentación técnica y científica de la contaminación ambiental que afectaba el predio. Además de divergencias puramente conceptuales, como sucede con los criterios que para los peritos constituyeron causa de la devaluación.

Lo anterior, sin perjuicio de la valoración crítica que corresponde a la Sala especialmente si se tiene en cuenta que los peritos fueron indagados por aspectos sobre los que no tenían conocimientos especializados, verbigracia el tema de la afectación a la salud o que no requerían los conocimientos científicos o técnicos de su materia. Pero, especialmente, bajo la particularidad que reviste el fenómeno de la contaminación sónica.

5.4.4. Precisado lo anterior se observa que el sub judice se encuentra probado:

5.4.4.1. Se sabe que el 19 de noviembre de 1987, el actor adquirió en común y proindiviso el lote de terreno marcado con el número 5 en la zona de Fontibón con sus respectivas construcciones y que incrementó su participación inicialmente en el 40% el 5 de agosto de 1993 y del restante 50% el 17 de julio de 1998(49). Se trata de un lote con dos bodegas construidas sobre la carrera 103 bis ubicadas en el aérea de influencia aeroportuaria, frente a la segunda pista del aeropuerto El Dorado a una distancia de 24.10 metros a la malla perimetral. Lo anterior de conformidad con el folio de matrícula inmobiliaria visible a folio 2 del cuaderno 2 del expediente(50).

5.4.4.2. Se conoce que el uso del suelo, en el sector, para el momento de la entrada en operación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, era el establecido en el Acuerdo 6 de 1990 y en el Decreto 301 de ese mismo año, normatividad que señalaba que dicha zona únicamente podía utilizarse con fines industriales o agrologicos. Con posterioridad, ya en operación el mencionado proyecto, el Decreto 765 de 1999 calificó el área de influencia aeroportuaria con fines industriales y comerciales(51).

5.4.4.3 Se encuentra establecido que el aeropuerto El Dorado se construyó en el año de 1956 y que, desde un principio, se planeó la construcción de la segunda pista, incluida en los planes maestros de actualización para los años 1982, 1986 y 1992. Igualmente que en 1985 la CAR emitió la Resolución 2154 aprobando la relocalización del río Bogotá, necesaria para la ejecución del proyecto y que la Aeronáutica Civil obtuvo los permisos correspondientes, entre ellos la licencia ambiental(52).

5.4.4.3. Está probado que el 28 de abril de 1994, el director general de la Aeronáutica Civil i) solicitó al Ministerio de Ambiente la concesión de la licencia ambiental, con el fin de construir la segunda pista del aeropuerto El Dorado(53) y ii) se realizó un estudio de impacto ambiental y su evaluación técnica, una audiencia con intervención de la comunidad para la presentación del proyecto y la formulación de observaciones. Se conoce también que otorgada la licencia, la decisión fue recurrida, dando lugar a una serie de modificaciones fundamentalmente respecto de los plazos(54).

El Ministerio de Medio Ambiente, para conceder la autorización, tuvo en cuenta el concepto técnico emitido por la Dirección Ambiental Sectorial de la entidad en la que se establecieron una serie de medidas para la mitigación de la contaminación sónica y, además, se estableció que, a partir de la entrada en operación de la segunda pista, se eliminarían las áreas sometidas a niveles mayores de 75 db, de suerte que la reubicación e indemnización de los predios en la zona de mayor influencia se consideraron innecesarias.

Bajo estas circunstancias, se condicionó la licencia al cumplimiento, por la Aeronáutica Civil, de una serie de medidas para la mitigación del ruido, entre las que se puede destacar:

— La prohibición de la operación de aeronaves de primera y segunda generación a partir del 1º de enero del año 2000.

— La prohibición de operación de aeronaves de primera y segunda generación entre las 9:00 y las 6:00 a.m.

— El aterrizaje desde el occidente y el despegue desde el oriente para las naves de tercera generación que realizaran dichas operaciones en el horario de 9:00 p.m. a 6:00 a.m.

— La construcción de una barrera de protección contra el ruido.

— El establecimiento de una zona para la prueba de motores.

— La presentación de un manual de procedimiento para el abatimiento de ruido.

— La realización de talleres de información a la comunidad impactada con niveles de ruido iguales o superiores a 65 ldn (niveles de ruido día-noche).

— La realización de un censo predial que incluyera todas las unidades de vivienda y edificaciones de servicio social y comunitario sometidas a niveles de ruido entre 65 y 75 db.

— La presentación de las obras y medidas de mitigación contra el ruido y contra el riesgo de salud para todas las unidades de vivienda, edificaciones de servicio social y comunitario que serían impactadas al momento de entrar en operación la segunda pista,

— La obligación de informar sobre efectos ambientales no previstos para la adopción de medidas.

5.4.4.3. Igualmente, se sabe que el 13 de mayo de mayo de 1998, el director general de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil solicitó al Ministerio de Ambiente la modificación de la licencia, con el fin de que se corrija la expresión aeronaves de primera y segunda generación por aeronaves que no cumplan los niveles de ruido previstos en el capítulo 3 del anexo 16 del convenio de la aviación civil internacional; así mismo, solicitó la ampliación del plazo para la operación de ese tipo de aeronaves, la entrega del censo predial y la aceptación de un nuevo cronograma de medidas de mitigación del ruido, conforme al nuevo impacto remitido al ministerio el 24 de abril de 1998(55).

El Ministerio de Ambiente accedió a la solicitud y mantuvo la decisión el 5 de agosto de 1998 mediante Resolución 745. En relación con las medidas para la mitigación de la contaminación auditiva y, partiendo del nuevo estudio de impacto ambiental, se tomaron entre otras, las siguientes:

— Se autorizó el nuevo modelo de operación presentado por la

— Aeronáutica Civil, para el inicio de operaciones en la segunda pista.

— Se precisó que se prohibía la utilización de aeronaves que no cumplieren con los niveles de ruido, previstos en el capítulo 3 del anexo 16 del convenio de aviación civil internacional.

— Se modificó el horario de operaciones de la segunda pista, para restringir, todas las operaciones entre las 10 p.m. y las 6 a.m.

— Se fijó el 30 de septiembre de 1998, para la presentación del censo predial, documento que debía incluir, como inicialmente se había establecido, todas las unidades de vivienda y edificaciones de servicio social y comunitario sometidas a niveles de ruido entre 65 y 75 Ldn. Se dejó por fuera de las medidas de insonorización todas las ampliaciones o construcciones nuevas.

— Se fijó como fecha límite para la implementación de las medidas de mitigación del ruido, en los predios afectados por la operación del aeropuerto, el 31 de diciembre de 1999, quedando condicionada la operación del 100% de la segunda pista al cumplimiento de dichas labores.

— Se dispuso, una vez iniciada la operación de la segunda pista, la realización de un nuevo monitoreo de ruido, por el término de un mes, con el fin de detectar nuevas aéreas afectadas.

— Se ordenó a la Aeronáutica Civil realizar un estudio técnico del impacto de las vibraciones sobre las viviendas de la zona de influencia.

— Se ordenó la continuación de talleres, especialmente en relación con la información sobre las medidas para la mitigación del ruido.

— Se modificó la fecha para la presentación del plano del lugar de realización de las pruebas de motores(56).

5.4.4.4. Está demostrado que la Aeronáutica Civil, pese a que no implementó el proyecto de insonorización antes de entrar en operación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, contrató las obras de mitigación del ruido(57) implementando así las medidas de insonorización de las viviendas y edificaciones de servicio social y comunitario. Se encuentra establecido que, ante solicitud del actor y, como caso especial, se autorizó la insonorización del apartamento usado para vivienda, que no figuraba en el censo, conformado por dos habitaciones y un comedor. Las obras fueron adelantadas entre el 25 octubre y el 25 de noviembre de 1999(58).

5.4.4.5. Se conoce que el 2 de marzo de 1999, el señor Rafael Osma Güiza presentó una solicitud a la Secretaria de Hacienda Distrital con el fin de que se lo autorice para declarar por menor valor el inmueble para el año 1999. Como fundamento de su solicitud acompañó un avaluó realizado por la constructora inmobiliaria Agora Ltda., en el que se estableció el precio comercial de $ 451.142.900. En su solicitud puso de presente el incremento desmesurado del avaluó catastral, ya que en el año 1995 se encontraba en $ 25.604.000 en el año 1996 se incrementó a $ 553.213.000 y para el año 1999 a $ 870.824.000.

Igualmente, el actor, en su misiva, destacó que se debía tener en cuenta el devaluó sufrido por su inmueble, como consecuencia de la situación económica que afectaba la industria y el comercio, como también el mercado de los inmuebles, dados los altos intereses de los créditos e impuestos, situación que consideró agravada por la ubicación del bien cerca a la nueva pista del aeropuerto El Dorado(59). Esta petición le fue negada el 24 de marzo de 1999. Se sostuvo que el valor catastral es el mínimo para declarar el impuesto predial, siendo de competencia exclusiva del Departamento Administrativo de Catastro Distrital la revisión de los avalúos(60).

5.4.4.5. Bajo las circunstancias acreditas por los medios de prueba y las consideraciones contenidas ad supra, precisa examinar si en el caso concreto se encuentran acreditados los daños reclamados por el demandante y si estos pueden imputarse a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

5.5. Consideraciones respecto del caso concreto.

5.5.1. Como se dejó explicado de manera precedente, la contaminación sónica en niveles anormales y prolongada en el tiempo además de afectar el medio ambiente necesariamente interfiere en la esfera personal de la población circundante comprometiendo la responsabilidad patrimonial del ente generador, en cuanto la inmisión puede afectar derechos patrimoniales u otros de carácter inmaterial como la privacidad, intimidad, tranquilidad e incluso el mismo derecho a la salud, como lo ha puesto de manifiesto la judicatura nacional e internacional. En otros términos, la contaminación sónica, en cuanto repercute el ambiente, vulnera el derecho colectivo a su disfrute en condiciones sanas y se proyecta en la esfera individual.

En este sentido, en sociedades modernas, en las que el ruido es un componente presente en las relaciones humanas y en las que este tipo de inmisiones, en más de una ocasión se producen en actividades motivadas en la satisfacción de los fines estatales, debe poderse establecer el grado de perturbación sobre los bienes o intereses jurídicamente protegidos. Para el efecto es dable considerar antijurídicas las inmisiones no soportables ni tolerables, esto es aquellas que interfieren en el ejercicio placentero y tranquilo de las actividades habituales, incluso bajo el cumplimiento de las respectivas autorizaciones ambientales.

En este orden de ideas, como se puede deducir a partir de las consideraciones precedentes(61), resulta importante, tratándose de daños ocasionados por reflejo de actividades con impacto en el medio ambiente, analizar entre otras las relaciones concretas de vecindad, esto es la proximidad de los bienes protegidos a las fuentes de contaminación y el alcance de la respectiva autorización administrativa si la existe. Todo ello con el objeto de establecer los niveles de contaminación y así mismo los excesos sobre los límites de tolerancia.

5.5.2. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de las consideraciones de esta providencia, el señor Rafael Osma Güiza y ahora sus sucesores procesales se encuentran legitimados para solicitar la indemnización en razón de la depreciación de su propiedad y así mismo la disminución de los ingresos dejados de percibir por la misma, si lo demostraron. Amén de los perjuicios morales y a la salud, en tanto derechos patrimoniales trasmisibles(62), con motivo del inicio de operaciones de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, las que, además de generar un riesgo, fundamentalmente propician elevados índices de contaminación sónica.

Se encontró acreditado que el 19 de noviembre de 1987, el actor adquirió junto con las señoras Gladys Esmeralda, Luz Marina y Claudia Teresa Osma Hurtado el lote de terreno marcado con el número 5 en la zona de Fontibón con sus respectivas construcciones, bien sobre el cual adquirió el 40% de los derechos el 5 de agosto de 1993 y el restante 50% el 17 de julio de 1998(63), justo antes de entrar en operaciones la segunda pista del aeropuerto El Dorado. Se trata de un lote con dos bodegas construidas sobre la carrera 103 bis ubicadas en el aérea de influencia aeroportuaria frente a la segunda pista del aeropuerto El Dorado, a una distancia de 24.10 metros a la malla perimetral del aeropuerto(64).

Acorde con las pretensiones, el actor considera que el ruido causado por la entrada en operación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, en el mes de agosto de 1998, bajó el valor de su propiedad y su atractivo para el alquiler, además de afectar su salud física y emocional y el ejercicio de las actividades que allí se desarrollaban. Se conoce que el señor Osma Güiza habitaba el inmueble, así el mismo haya sido privilegiado para uso industrial y comercial, de donde, así fuere por este último, tenía derecho a no ser perturbado en su intimidad(65), tranquilidad(66) personal y económica por ruidos que superan las reglas normales de tolerancia. Lo anterior en cuanto, además de la vivienda, está demostrado que en el inmueble se desarrollaban actividades comerciales e industriales.

5.5.3. Las pruebas allegadas dan cuenta de que el predio de propiedad del actor se encuentra ubicado en el área de influencia de la segunda pista del aeropuerto El Dorado por ende perturbado con el ruido propio de la actividad, hecho notorio, además, refrendado por la prueba testimonial y pericial. Esto es así, comoquiera que el señor Manuel Antonio Moreno Díaz(67) puso de presente dicha alteración al ambiente ante el Tribunal, apreciación frente a la que coincidieron los expertos en medio ambiente(68) y que a la luz de las circunstancias fácticas examinadas y las consideraciones tenidas en cuenta para expedir la licencia ambiental(69), a cuyo tenor la actividad generaría contaminación por ruido que era necesario mitigar, no cabe duda de su incidencia en el normal desarrollo de las actividades que se llevaban a cabo en el inmueble.

Interferencia evidente, la que, si bien no se puede afirmar que afectó la salud del actor, porque los peritos designados para el efecto no contaban con la pericia para determinarla y no se allegaron otro tipo de estudios técnicos, si puede considerarse, con apoyo de las reglas de la experiencia, genera intranquilidad y desasosiego, por superar las fronteras de normal tolerancia.

Conclusión que en este caso no se desvirtúa por el hecho de que, en criterio de la Aeronáutica, la propiedad del actor no se ubica en un lugar con un impacto superior a los 65 decibeles, por cuanto, además de que en el proceso únicamente se cuenta con el soporte del plano de isorruido elaborado por la misma entidad, se trata de un parámetro especialmente establecido para inmuebles destinados a vivienda y servicio social y comunitario(70), no de destinación industrial y comercial, respecto de los cuales se guardó silencio. Sin que por ello se pueda afirmar que la interferencia no se presenta, sino que debe determinarse para el caso, atendiendo al tipo de actividad desarrolladas en el inmueble.

Es que los límites legales, si bien no dan lugar a excluir la contaminación en todos los eventos, cuando menos fijan un criterio general de no traspaso en todos los casos.

En este sentido, a diferencia de lo considerado por el tribunal, para la Sala el daño ambiental por ruido, en cuanto alteración al medio ambiente, afectó los intereses patrimoniales del actor dado el lugar de ubicación del inmueble de su propiedad, como lo demuestra el análisis conjunto de los dictámenes periciales, en los que si bien se adujeron porcentajes distintos, la depreciación por contaminación resulto evidente(71).

Lo que da lugar a sostener que las operaciones de la segunda pista del aeropuerto El Dorado afectaron el inmueble de propiedad del actor e interfirieron, además en su intimidad personal y familiar sin que la demandada haya dispuesto medidas de insonorización suficientes, las que en todo caso no habrían detenido la desvalorización del inmueble debido a la contaminación sónica, aunque podría haber contribuido a la tranquilidad y guardado en mayor grado la intimidad del actor.

No sucede lo propio respecto de los ingresos dejados de percibir por concepto de cánones de arrendamiento, porque, además de no estar acreditadas las implicaciones definitivas sobre la actividad desarrollada en el inmueble, tampoco se conoce la injerencia de la entrada en operación de la segunda pista con una actividad determinada, de manera que para la Sala no es claro que las actividades desarrolladas en el inmueble industriales y comerciales hayan sido afectadas por la contaminación ambiental.

Ahora, se sostiene en la demanda que el local arrendado fue dejado por sus inquilinos, con motivo de la contaminación auditiva, empero ello no se probó, pues, el único respaldo con el que se cuenta, esto es el testimonio del señor Moreno Díaz(72) no resulta suficiente en cuanto el declarante no conoció, de manera directa, la situación y tampoco obtuvo la información por los arrendatarios.

Además, se debe tener en cuenta, de una parte, que, acorde con el dictamen, en el inmueble se desarrollaba una actividad mercantil no apropiada para el sector dando lugar a altos costos de operación que afectaban su rentabilidad, al punto que los expertos consideraron que debía destinarse para uso industrial, con la implementación de medidas para la mitigación del ruido.

Y, de otra, que el contrato de arrendamiento, según se encuentra probado, inició el 5 de abril de 1998 y terminaba el mismo día de 1999(73). Como se puede notar se trataba de un contrato reciente, por un año, de donde no se puede derivar que el arrendamiento fuera un ingreso fijo mensual que con carácter regular estuviera recibiendo el demandante y especialmente que la causa para dejar el local hubiere sido la entrada en operación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado.

5.5.3. Así las cosas, el daño alegado y probado relativo a la depreciación del bien deberá ser reparado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, entidad estatal que adelantó las obras para la habilitación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado y que administra y vigila su uso, siendo en consecuencia responsable de la contaminación auditiva que depreció el valor comercial del bien, imponiendo al actor una carga que no tenía que soportar y que bien pudo mitigar acudiendo a medidas para la mitigación del ruido, pues así lo establecía la licencia ambiental(74). No obstante se limitó únicamente a la insonorización del espacio destinado a residencia, desconociendo los intereses patrimoniales del actor, además de su tranquilidad.

Es que, no se puede pasar por alto, la responsabilidad que en materia ambiental le asiste al Estado de suerte que, al desarrollar, promocionar o autorizar proyectos de infraestructura, científicos, técnicos, industriales etc. que demanden la afectación de los recursos naturales y en general del medio ambiente, debe tener en cuenta que el desarrollo sostenible es un punto cardinal en la materialización de los fines estatales, de cara a las generaciones futuras, lo que necesariamente implica propender por el menor impacto posible sobre los derechos colectivos e individuales que puedan resultar sacrificados.

6. Liquidación de perjuicios.

6.1. Perjuicios materiales.

Por este aspecto en la demanda se solicitó tanto el pago de la depreciación del bien —daño emergente— como los dineros dejados de percibir por concepto de cánones de arrendamiento —lucro cesante— últimos que no encontraron respaldo probatorio dentro del proceso y por tanto no dan lugar a reconocimiento alguno.

Como se manifestó, de manera preliminar en el proceso se decretó prueba pericial con el fin de determinar, entre otros, el valor de la disminución del precio comercial que el inmueble de propiedad del señor Osma Guiza sufrió como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la segunda pista del aeropuerto El Dorado.

Si bien, los dictámenes no son coincidentes en el porcentaje de la devaluación, pues se indicó una disminución del precio del 40%(75) y del 10%(76) respectivamente, para la Sala resulta persuasivo este último, en razón a que, para su establecimiento, además de tomarse en consideración el inmueble dentro de la zona de influencia se tuvo en cuenta otras variables como la situación económica que afectaba para la época el sector inmobiliario, conclusión que adquiere mayor firmeza si se tiene en cuenta que el propio actor, para lograr la disminución de la base gravable para el pago del impuesto predial del inmueble para el año 1999, manifestó a la Secretaria de Hacienda Distrital que su inmueble se había devaluado en razón de su ubicación, pero además por la situación económica que afrontaba el país(77).

En esa media se tomará el 10% ($ 87.082.400) del avaluó que se tomó como base del mencionado dictamen pericial, que corresponde al avaluó catastral del inmueble con el que se pagó el impuesto predial para el año de 1999(78) ($ 870.824.000) y se actualizará a la fecha de esta sentencia con aplicación de la fórmula que para el efecto ha acogido esta corporación.

 

2000-01010 ecu1
 

 

Donde:

Ra: valor actualizado a obtener

Rh: valor indemnización

Ipc (f): último índice de precios conocido (feb. 2014)

Ipc (i): índice de precios a la fecha del avaluó del inmueble (ene. 99).

 

2000-01010 ecu2
 

 

Ra = $ 188.156.104

Son ciento ochenta y ocho millones ciento cincuenta y seis mil ciento cuatro pesos.

6.2. Perjuicios inmateriales.

6.2.1. Perjuicios morales.

El señor Rafael Osma Guiza solicitó el pago de $ 10.000.000 por concepto de perjuicios morales en razón a que vio afectada su capacidad creativa y trabajo, es decir de 38,4 smlmv teniendo en cuenta que para el año 2000, momento de presentación de la demanda, el smlmv era de $ 260.100.

Aunque se encuentran referentes en la doctrina que arguyen que el simple hecho de estar sometido de forma más o menos continua o reiterada a ruidos de ciertas características, constituye en sí mismo un daño moral para quien lo sufre(79) —así demostrada todo emisión sonora que supere los límites tolerables y se convierta en molesta permite deducir el padecimiento moral— lo cierto es que esta corporación por regla general exige la demostración de este tipo de padecimientos, lo que acontece en el sub lite.

Efectivamente, a este tema, se refirieron los peritos ambientalistas, pues al ser interrogados sobre la posibilidad de que el ruido haya generado perjuicios morales al actor reconocieron una posible perturbación de su tranquilidad personal y/o pública...”.

Además, se encuentra el testimonio decretado por el tribunal(80) una vez concluida la etapa probatoria tras la muerte del demandante, como hecho sobreviniente. En la versión que rindió la señora Cecilia de Olarte manifestó:

“Preguntado. Usted observó algún cambio en el comportamiento psicológico del Dr. Rafael Osma Güiza y a partir de cuándo. Contestó: cuando el encontró que sus bienes valían nada que su industria no la podía funcionar, esto lo llevó a la desesperación, me llama hasta las 11 de la noche, me decía perdóneme pero yo no tengo a quien comentarle mis cosas, uno no le comenta las cosas de uno a todo el mundo, y éramos muy amigos y yo lo tenía que escuchar claro, estaba tan desesperado que yo en días anteriores que yo el jueves o el viernes llame a una de las hijas y le pedí que se reuniera con todos sus hermanos y le dieran animo a ese hombre porque yo le veía desesperado que yo si creí que el fuera capaz de cometer una locura, yo le dije que ayudaran al papá porque yo creía que le iba a dar un infarto, de ahí que el día martes al mediodía cuando la misma hija Claudia Osma me llamó fuera de control para decirme que su papá se había muerto yo pensé que le había dado un infarto, eso es lo que realmente me consta. Preguntado. Usted dice que el Dr. Rafael Osma Güiza sentía miedo, angustia, desesperación que era lo que le producía estos sentimientos. Contestó. Es decir, el miedo a que el futuro era realmente incierto porque lo que él había construido durante toda su vida se derrumbó como castillo de naipes y una persona ya mayor para volver a empezar de nuevo es muy difícil, el miedo más que todo era ver que no podía sostener su familia, porque el a todos los hijos les daba, a los nietos, a la mamá que también dependía de él, ese fue su mayor miedo digamos. Preguntado. Que manifestaba el Dr. Rafael Osma Güiza con relación a la construcción de la segunda pista y qué le causaba tanta angustia. Contestó. La angustia que le causaba es que la pista es que la pista acabo con su bien inmueble y su industria...”(81).

El daño moral se refiere a las angustias y depresiones producidas por el hecho lesivo(82), en este caso la contaminación sónica por fuera de los límites de la normal tolerancia. De donde la Sala encuentra acreditado el padecimiento moral, si se tiene en cuenta que la alteración al ambiente afectó la tranquilidad e intimidad del actor generando angustia y miedo, de acuerdo con el testigo.

En este sentido, en atención a la naturaleza de la afectación y su intensidad, se condenará a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil al pago de 30 smlmv por concepto de perjuicios morales.

6.2.2. Daño a la salud.

Por su parte, el demandante consideró que el inició de actividades en la segunda pista del aeropuerto El Dorado, le generaron una afectación a su salud, toda vez que el inmueble afectado por la contaminación sónica además de ser su lugar de trabajo era el de su residencia. Por este concepto reclamó el pago de $ 15.000.000 es decir, de 57,6 smlmv teniendo en cuenta igualmente el valor del smlmv al momento de presentación de la demanda.

El daño a la salud ha sido entendido como aquel que resulta de la afectación de la víctima en su integridad psicofísica. El señor Rafael Osma Guiza para demostrarlo solicitó a los expertos ambientalistas su determinación, no obstante, aquellos sobre el punto manifestaron que afecciones de esta naturaleza solo podían establecerse mediante un seguimiento médico y científico.

Así las cosas, ante la ausencia de elementos de prueba que permitan tener por establecida la afectación a la integridad psicofísica del actor, no habrá lugar a realizar reconocimiento alguno por este concepto.

6.3. Finalmente, se advierte que, aun cuando el tribunal dispuso mediante auto del 19 de enero de 2002 el reconocimiento de los señores Blanca Cecilia Hurtado y Rafael, Claudia Teresa y Ana Elizabeth Osma Hurtado como sucesores procesales del señor Rafael Osma Güiza, las condenas que en este proceso se decreten serán reconocidas a favor de la masa sucesoral, pues no le corresponde al juez de la responsabilidad fungir de liquidador patrimonial de la misma.

7. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 10 de marzo de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. RECHAZAR las objeciones presentadas por las partes contra los dictámenes periciales practicados dentro del presente proceso.

3. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil de los daños ocasionados al demandante con motivo de la puesta en funcionamiento de la segunda pista del aeropuerto El Dorado ocurrida en el mes de agosto de 1998.

4. CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil a pagar a la sucesión del señor Rafael Osma Güiza, a título de indemnización por daño emergente, la suma de ciento ochenta y ocho millones ciento cincuenta y seis mil ciento cuatro pesos ($ 188.156.104) y por padecimiento moral el equivalente a 30 smlmv a la ejecutoria de la presente sentencia.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. La demandada dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en el año 2000 fuera conocida por esta corporación debía superar la suma de $ 26.390.000 —CCA, arts. 129 y 132 subrogados por el D. 597/88— y la señalada en la demanda alcanza la suma de $ 616.681.100 (fl. 8, cdno. 1).

(4) Artículos 79, 80 y 88 de la Constitución Política de Colombia.

(5) La conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, Realizada en Estocolmo en 1972 fue la primera conferencia global sobre el medio ambiente, en la que se decidió incluir conjuntamente los temas de desarrollo y los compromisos principales se consignaron en la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano, el plan de acción para el medio ambiente humano y en la resolución de arreglos institucionales y financieros. Con posterioridad la comunidad internacional ha venido desarrollando nuevos compromisos y revisando los avances en la materia, por ejemplo, en el año 1992 la comunidad internacional manifestó su voluntad de buscar un modelo conjunto para el desarrollo ambiental sostenible, entendido este como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades” en la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992; los principales resultados fueron la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21, la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la creación de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. Estos compromisos que fueron evaluados ante convocatoria de la ONU en la Cumbre de Johannesburgo 26 de 2002 en la que además la atención se centró en la implementación del desarrollo sostenible y su financiamiento y en la reafirmación de la importancia de integrar las tres esferas del concepto: la ambiental, la económica y la social. Sobre todo, se destacó la importancia de erradicar la pobreza y favorecer el desarrollo humano. Recientemente en Río de Janeiro en el año 2012.

(6) Entre un sin número de leyes y decretos, el Código de Recursos Naturales o la Ley 99 de 1993.

(7) (i) Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972; (ii) Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas de 1982; (iii) Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptado en 1987; (iv) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992; (v) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992; (vi) Protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997; (vii) Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de 2000; y (viii) Acuerdo de Copenhague de 2009. Los citados instrumentos, junto con otros que acompañan también al interés universal por la protección de un medio ambiente sano, consagran y desarrollan los principios, objetivos, herramientas e instituciones de gestión ambiental que deben ser tenidos en cuenta por los Estados para lograr el fin propuesto de garantizar la diversidad e integridad de los ecosistemas.

(8) Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, expedientes acumulados AG. 25000232600019990002 04 y 2000-00003-04, C.P. Enrique Gil Botero.

(9) Cita original: Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-595 de 1º de diciembre de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.

(10) Cita original: Ver: Bouazza Ariño, Omar. “Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. En: Revista de Administración Pública Nº 170. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2006. Pág. 213 a 224.

(11) La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tratándose del medio ambiente y los daño y su afectación constitutiva de daño ambiental, en sentencia del 16 de mayo de 2011, M.P. William Namén Vargas señaló: “El ambiente representa un bien jurídico inmaterial, unitario, autónomo y diverso de sus distintos segmentos, bienes materiales o intangibles, con reconocimiento y tutela normativa per se al margen de la lesión de otros derechos e intereses individuales, al tratarse de un valor primario, primigenio, colectivo o supraindividual con dimensión personal, social y pública, concerniente al Estado, la colectividad e individuos que la integran y cuyo titular genuino, es la colectividad...”.

“Daño ecológico, daño a la salubridad ambiental, etc. estricto sensu, es todo detrimento causado al ambiente, bien público resultante de la conjunción de sus distintos elementos, susceptibles de protección autónoma, mesura o proyección patrimonial, y derecho colectivo perteneciente a toda la comunidad, conglomerado o sociedad...”.

(12) Artículo 16 de la Ley 23 de 1973. “El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al hombre o los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado (...).

(13) Resulta importante destacar que la comunidad internacional recalcó la importancia de proteger a las víctimas de los daños al medio ambiente y proceder a su reparación cuando sea del caso, así se consignó esta preocupación en el l principio 13 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente establece: “Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, o en zonas situadas fuera de su jurisdicción”.

(14) Consejo de Estado, ob. cit. En esta providencia se puso de presente: “La Sala, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, debe poner de presente en primer lugar, que el medio ambiente como objeto de la ciencia jurídica conlleva dificultad en la utilización de los esquemas tradicionales de responsabilidad civil extracontractual...”.

(15) Se encuentran ejemplos en la doctrina que diferencian estos supuestos en daños ecológicos y daños ambientales, así Andrés Mauricio Briseño ha manifestado que el tratamiento jurídico de lo que ordinariamente se ha denominado como daños ambientales en los últimos tiempos es objeto de diversos estudios, trabajos y pronunciamientos jurisprudenciales, todos los cuales se identifican por refundir —o confundir— en ese mismo concepto un daño que tiene una doble connotación jurídica, así como una doble valoración de los perjuicios que se producen. Y no se trata de una cuestión simplemente de términos, sino que es una cuestión de la que se puede depender todo el régimen de responsabilidad en el que se reconozcan, así como las acciones, la extensión de la obligación de reparación, e incluso los mecanismos de compensación que pueden proceder. Puede considerarse que cabe distinguir entre los efectos nocivos producidos en la esfera personal, patrimonial e incluso moral, esto es, perjuicios causados por daños ambientales, y aquellos efectos que causan la degradación, deterioro o destrucción del medio ambiente natural, perjuicios causados por los daños ecológicos.

(16) El marco jurídico de la licencia ambiental se encuentra regulado en el artículo 49 y siguientes de la Ley 99 de 1999 y sus decretos reglamentarios 1753 de 1998, 1728 de 2002, 1180 de 2003, 1220 y 2005 y el 2880 de 2010 actualmente en rigor.

(17) La licencia ambiental es “la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. Artículo 3º del Decreto 2880 de 2010.

(18) Ver Verónica Delgado Schneider, sobre daños al margen de permisos ambientales, por no seguir sus prescripciones condicionales o porque las mismas no fueron previstas en la evolución del proyecto, ni por el titular ni por el Estado y en consecuencia nada se exigió reparar. En: La responsabilidad civil extracontractual por el daño ambiental causado en la construcción u operación de las carreteras. En: Revista de Derecho, vol. 1, julio de 2012, páginas 47 a 76.

(19) Prats, Esther Algarra. La defensa jurídico-civil frente a humos, olores, ruidos y otras agresiones a la propiedad y a la persona, McGraw-Hill, Madrid 1995, págs. 438 y 439.

(20) La acción negatoria es la vía tradicional que el propietario o titular de un derecho real sobre un bien para hacer cesar las perturbaciones ilegitimas que afecten a su derecho y que no consistan en la privación o detentación indebidas de la posesión. Díaz Romero María del Rosario, La protección jurídico civil de la propiedad civil frente a las inmisiones. Especial referencia a la acción negatoria, pág. 122. En: Responsabilidad civil extracontractual por ruidos en derecho alemán y en derecho español, Maria Ángeles Martín Vida, pág. 5. Revista para el Análisis del Derecho, Indret.

(21) Cita original: La jurisprudencia sobre estos supuestos, tanto del RG como del BGH, es muy numerosa: así, entre otras, las sentencias del RG de 30 de marzo de 1904 (RGZ, 57,224 y ss.)... 6 de febrero de 1986 (BGHZ, 97, 114 y ss.).

(22) Cita original: Vid. Especialmente Paradiso, M. Tutella dalle immissioni, ente público económico e perseguimiento dei fini istituzionali, en Guis. Civ., 1984-II, págs. 2857 y ss., quien señala que se aplica la disciplina del art. 844 CC siempre que no se trate de una actividad pública con fines institucionales y que no hay inconveniente en la actuación de la jurisdicción ordinaria, cuando se trata solo de ordenar una indemnización y no de (sic).

(23) Cita original: puede verse entre otras, Cour Cass., 11 de julio de 1826 (S, 1825-1827.I, pág. 388)...; Cour Cass. I, 5 de diciembre de 1974 (JCP, 1974-IV, pág. 28).

(24) Chapus. Responsabilitaté publique et responsablitité privee. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et juridiciare, p. 330 a 331 y 336. En: La tutela civil del ambiente y la responsabilidad por daños ecológicos y ambientales. Su reconocimiento jurídico y sus limitaciones en el derecho europeo y comunitario europeo (especial referencia a la jurisprudencia española), pág. 296.

(25) Ob. cit., pág. 296.

(26) Tribunal Supremo Español, Sala de lo Civil, número de Resolución 589/2007, sentencia del 31 de mayo de 2007, Francisco Marín Castan.

(27) La defensa jurídico civil frente a humos, olores, ruidos y otras agresiones a la propiedad y a la persona. Pág. 3.

(28) Señala como ejemplo la cita de Hedemman: “La terquedad de los campesinos que disputan por una estrecha faja de terreno limítrofe, que envidian al vecino los árboles y matorrales tras la linde, que no quieren tolerar un seto o un muro, un establo o un tragaluz instalados junto a su finca, no se limita a dar vida a narraciones populares o a piezas teatrales, sino que ha proporcionado también mucho trabajo a los jueces en el curso de los siglos”. Ob. cit., pág. 5.

(29) Enlace: http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_30_(part1)_spa.pdf. Link: Organización Mundial de la Salud.

(30) En el caso Powell and Rayner contra UK la Corte luego de señalar que el aeropuerto constituía un importante polo de desarrollo para la economía del país, de encontrar que la parte demandada había realizado una serie de esfuerzos para mitigar las molestias que causan las aeronaves con sus ruidos y de reconocer que a los Estados les es reconocido un margen de apreciación sobre sus políticas en áreas sociales y técnicas, decidió que no había ningún motivo serio que permitieron establecer la violación del artículo 13 en relación con el artículo 8º de la convención, relativo a la vida privada y familiar (traducción libre).

Por su parte en el caso Hatton contra Reino Unido, el tribunal tendría la oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre el tema, en una primera decisión el tribunal encontró violado el artículo 8º de la convención para lo cual señaló que en dicho caso no se encontró el equilibrio correcto entre el bienestar económico del país y el disfrute efectivo del derecho de los demandantes al respeto de su domicilio y de sus vidas privadas y familiares”. Precisó que si bien los estados gozan de cierto margen de apreciación al decidir las medidas que deben adoptar, “en un campo tan sensible como el de la protección medioambiental, la mera referencia al bienestar económico del país no es suficiente para suspender los derechos de los demás. Debe exigirse a los Estados que minimicen, hasta donde sea posible, la injerencia en esos derechos, intentando encontrar soluciones alternativas y buscando, en general, alcanzar los fines de la forma menos onerosa para los derechos humanos. Para lograr esto, deben llevar a cabo una investigación y un estudio adecuados y completos con objeto de encontrar la mejor solución posible que realmente lleve a un equilibrio entre los intereses en conflicto”.

No obstante, en segundo pronunciamiento, de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derecho Humanos revocó parcialmente la anterior decisión en lo que se refiere a la violación del artículo 8º del Convenio, concluyendo que en esencia, las autoridades no sobrepasaron su margen de acción o de apreciación en la búsqueda de un equilibrio justo entre el derecho de las personas afectadas por esas regulaciones respecto de su vida privada y familiar, y los intereses en conflicto del resto de la comunidad. Para arribar a esta conclusión señaló entre otras manifestó que el gobierno británico no había violado normas de derecho interno con la implementación del plan 1993, sumado a que realizó un control permanente de la situación, enfatizó en la importancia de los vuelos nocturnos para el desarrollo económico del país como un todo, encontró que los demandantes tampoco acreditaron la depreciación de sus viviendas considerando que solo un número reducido de personas padecían los efectos del ruido nocturno y que podía haberse mudado a otro lugar sin perjuicio económico (traducción libre).

En igual sentido, López Ostra v. España. En este caso la demandante vivía en una zona residencial de Valencia donde el ayuntamiento autorizó la apertura, en las proximidades de su vivienda, de salas de baile nocturnos, como bares, pubs y discotecas haciendo imposible el descanso de las personas que vivían en el sector.

(31) Tribunal Europeo de Derecho Humanos, asunto Moreno Gómez contra Reino de España.

(32) Tribunal Europeo de Derechos Humanos asunto Stubblings y otros contra el Reino Unido, Surigiu contra Rumania, Hatton y otros contra el Reino Unido, citadas en Moreno Gómez contra el Reino de España. Ver también Martínez Martínez contra el Reino de España.

(33) Como sucedió en los casos iniciados por el contrario el Reino Unido por la contaminación acústica que generaba el aeropuerto londinense Heathrow.

(34) Los hechos que motivaron este caso son los siguientes: “Desde inicios de 1997 el volumen de tráfico en la calle del demandante se vio incrementado significativamente como consecuencia del establecimiento de unos precios elevados del peaje de la autopista. Con el fin de evitar el peaje, los vehículos y principalmente el tráfico pesado, eligieron como rutas alternativas las carreteras libres de peaje entre otras la calle en la que el demandante tiene ubicada su vivienda”. El tribunal condenó al Estado al pago de 6.000 euros. En: La tutela del TEDH frente a la contaminación acústica continúa y se acentúa (comentario a la Stedh Deés c. Hungría, de 9 de noviembre de 2010), Ángel de Ruiz de Apodaca Espinosa, Revista Jurídica de Navarra, Pág. 221 a 228.

(35) Artículo 187, Código de Procedimiento Civil. “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

(36) Ver sentencia de 14 de abril de 2011, Expediente 19640, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(37) En este sentido. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de junio de 2008. Radicación 25000-23-31-000-1994-00177-01 (15911) C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(38) El numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civiles, establece: “4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en estas.

(39) Corte Suprema de Justicia, auto de 8 de septiembre de 1993, Expediente 3446, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

(40) Gaceta Judicial, T LII, pág.306.

(41) Folio 5 del cuaderno 3. Entre los criterios señalados para la devaluación, aunque se puede ver que no tiene relación al tema y se escapa del ámbito de sus conocimientos, los peritos manifestaron que la entrada en operación de la segunda pista es constitutiva de un daño especial por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.

(42) Folio 7 del cuaderno 3.

(43) Folios 171 a 173 del cuaderno 1.

(44) Folios 175 a 176 del cuaderno 1.

(45) Folio 38 del cuaderno 3.

(46) Folios 171 a 173 del cuaderno 1.

(47) Folio 12 a 24 del cuaderno 3.

(48) Folios 193 a 195 del cuaderno 1.

(49) Folios 5 al 9 del cuaderno 2. Escritura pública 2316 del 30 de junio de 1998 registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-229144 el 17 de julio de 1998. Se describe en términos generales el bien como un lote de terreno de una extensión de 3.120.83 con dos bodegas.

(50) Folios 3 y 4 y 13 y 14 del cuaderno 2. Los peritos con ocasión de sus respectivos dictámenes determinaron la ubicación del inmueble.

(51) Folios 46 a 53 del cuaderno 2. Comunicación suscrita por la subdirectora de planeamiento y ordenamiento urbano del distrito capital al Tribunal Administrativo de Cundinamarca obrante. Se aportaron como anexos de esta comunicación el Decreto 765 y copias del artículo 362 y siguientes del Decreto 619 de 2000.

(52) Folios 55 y 56 del cuaderno 2. Comunicación del gerente segunda pista al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

(53) Folio 154 del cuaderno 2. Resolución 1330 de 7 de noviembre de 1995.

(54) Folio 182 a 197 del cuaderno 2. Resolución 1389 de 22 de noviembre de 1995 por medio de la cual se resolvieron unos recursos de reposición.

(55) Folio 265 del cuaderno 2. Resolución 534 de 16 de junio de 1998.

(56) Folios 255 a 265 y 349 a 358 del cuaderno 2. Partes resolutivas modificación licencias ambientales.

(57) Folios 98 a 104 del cuaderno 2. Contrato suscrito por la Aeronáutica Civil con la sociedad Movicon S.A. para la realización de las obras de mitigación del ruido sector de Fontibón, barrio San José, manzanas 39, 41, ,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 65, 72, 80, 81, 82 y 83 en las cercanías del aeropuerto el Dorado.

(58) Folios 151 a 153 del cuaderno 2. Informe mensual de avance de obra del período octubre a noviembre. Igualmente, obra comunicación del gerente de la segunda pista a la dirección legal de la Aeronáutica Civil en la que pone de manifiesto que pese a que los bienes con destinación comercial e industrial no hacen parte del plan de insonorización y que el ubicado en la Calle 40 Nº 103-20 no está incluido dentro de la curva de Isorruido, se tomó la parte del mismo destinada a vivienda como caso especial y se adelantó la obra. Folio 70 del cuaderno 2.

(59) Folios 33 a 35 del cuaderno 2. Solicitud de disminución base gravable para pagar el impuesto predial.

(60) Folios 30 a 32 del cuaderno 2. Auto de rechazo 300 de 24 de marzo de 1999.

(61) Consideraciones efectuadas a partir del numeral 5.1 al 5.3.

(62) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2006, Expediente 14908, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. “... En síntesis, el derecho a la indemnización por el perjuicio moral se transmite porque se trata de un crédito que puede ser reclamado, bien por su titular o por sus sucesores mortis causa, en cuanto continuadores de su personalidad, que ocupan su posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial trasmitidas por el fallecimiento...”. Ver en igual sentido la sentencia de 7 de diciembre de 2004, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. En relación al daño a la vida de relación hoy denominado daño a la salud se ha considerado trasmisible bajo la misma consideraciones aplicables al daño moral, en esa media se ha señalado que “... una vez causado se convierte en un derecho patrimonial que puede hacer parte del acervo hereditario...”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2002, Expediente14357, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(63) Folio 2 del cuaderno 2. Certificado de tradición y libertad. En la escritura pública 2316 del 30 de junio de 1998 se describe el bien como un lote de terreno de una extensión de 3.120.83 con sus respectivas construcciones es decir, junto con dos bodegas.

(64) Folios 3 y 4 y 13 y 14 del cuaderno 2. Los peritos determinaron la ubicación del inmueble.

(65) “... las molestias causadas por ruidos u olores no tienen, prima facie, relevancia constitucional, salvo que tales molestias adquieran una magnitud de tal entidad que lleguen a constituir una injerencia arbitraria sobre el derecho a la intimidad de las personas que deben soportar tales olores o ruidos. Si se llega a comprobar la anotada magnitud y, además, se cumplen los restantes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la cuestión adquiere entidad constitucional y, el anotado mecanismo procesal, se convierte en el instrumento adecuado para lograr el cese de las emanaciones auditivas u olfativas que violan el derecho fundamental a la intimidad. Sentencia T-589 de octubre 20 de 1998.

(66) “... Ahora bien, en repetidas oportunidades esta corporación ha dicho que la contaminación auditiva puede constituir una intromisión indebida en el espacio privado de las personas, y que, por contera, implica generalmente la transgresión de los derechos a la intimidad personal y familiar, a la paz y a la tranquilidad, sin perjuicio de los daños que aquella pueda ocasionar a la salud o a la calidad de vida”.

“... la tranquilidad se ha erigido en derecho susceptible de protección por esta vía, en tanto es inherente a la persona humana y se encuentra dentro de los derechos del artículo 94 superior. La jurisprudencia lo ha catalogado como personalísimo, derivado por necesidad del derecho a la vida digna. Si bien es cierto que la tranquilidad tiene una dimensión subjetiva, indeterminable, y por lo tanto imposible de ser objeto jurídico, también es cierto que existen elementos objetivos para garantizar ese bienestar íntimo de la persona, dada la influencia del entorno sobre el nivel emocional propio. A nadie se le puede perturbar la estabilidad de su vivencia sin justo título fundado en el bien común. Y esto obedece a una razón jurisprudencial evidente: el orden social justo parte del goce efectivo de la tranquilidad vital de cada uno de los asociados, de suerte que, al no perturbar el derecho ajeno, se logra la común unidad en el bienestar, es decir, la armonía perfeccionante de los individuos que integran la sociedad organizada, bajo el imperio de la ley, en forma de Estado.” Ver sentencias T-028 de 1994 y T-394 de 1997.

Ver Sentencia T-357 de 1995. “Ahora bien, surge una pregunta: ¿el ejercicio abusivo de la producción de ruido podría llegar a vulnerar o amenazar un derecho fundamental? La respuesta es afirmativa. Como primera medida, el ruido es reconocido como agente contaminante del medio ambiente, tanto por la legislación nacional (D. 2811/74) como por la jurisprudencia de esta corporación. Así mismo, la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples sentencias que el medio ambiente no es derecho fundamental por naturaleza, sin embargo, cuando existe una violación de un derecho fundamental, como la salud o la vida, es posible que proceda la tutela probándose la relación causal entre la actividad que vulnera el medio ambiente y el daño al derecho fundamental respectivo. En ese orden de ideas, es posible que el ruido llegue a niveles en los cuales viole o amenace violar un derecho fundamental como el de la salud, en cuyo caso pueda ser tutelado, en tanto y en cuanto, se logre comprobar el nexo entre la conducta acusada violatoria del medio ambiente y el daño o amenaza al derecho fundamental.

(67) Folio 126 del cuaderno 2. Preguntado: como usted estuvo dentro del predio diga Ud. que sintió por el ruido al paso de los aviones por encima del predio. Contestó: ya que yo estuve en el mencionando predio de la Calle 40 Nº 103-20 me subí al tejado del inmueble y en esos momentos paso un avión y con ondas sonoras vibraron las tejas y sentí miedo...”.

(68) “El ruido y la contaminación área que se percibe constantemente por el paso de aviones se traduce en deterioro urbano, ya que afecta la calidad de quienes residen y trabajan en este inmueble, lo cual, les puede causar enfermedad, daño o molestia a plantas animales y en general al ser humano”.

“Si es lógico y lo percibimos en las visitas que realizamos al inmueble del litigio ya que el ruido y especialmente en zonas descubiertas es severo y perturba un ambiente de trabajo, es decir, aísla parcialmente la comunicación y concentración de las labores que pudieron llevarse a cabo, es cielo descubierto...”.

(69) Folios 115 a 144 Estudio de impacto ambiental, contentivo del plan de manejo ambiental y control ambiental dirigido a implementar las acciones necesarias para evitar, corregir, compensar y mitigar los impactos negativos ambientales —entre otros el impacto por ruido— relacionados con las construcción, operación y mantenimiento de la segunda pista del aeropuerto El Dorado.

(70) Folio 149, cuaderno 2. Contestación gerente segunda pista aeropuerto El Dorado: “El Ministerio de Ambiente incluyó en la licencia ambiental, Resolución 1330 de 1995, para la construcción de la segunda pista, medidas de mitigación en la viviendas aledañas al aeropuerto El Dorado donde el ruido producido por las aeronaves fuese mayor de 65 decibles en promedio día/noche (db ldb)... De hecho el mismo Ministerio de Ambiente, establece que la medidas de insonorización son únicamente para viviendas y no para construcciones de comercio, industria u otros, resoluciones 1330, 1389 de 1995 y 534 y 745 de 1998. El documento escrito por el señor Osma, demuestra que su uso corresponde a bodegas por lo que no obliga a la entidad a adelantar medidas de insonorización...”. En la licencia ambiental se estableció que las medidas de insonorización se harían sobre las unidades de vivienda y edificaciones de servicio social impactados con niveles de ruido superiores a 65 decibeles.

(71) Folio 6 cuaderno 3. “Conclusiones en el menor valor del predio. Valor avaluó: si el predio no se encontrará en el área de influencia, tendría un valor comercial de $ 746.982.800 por encontrarse en dicha área y teniendo en cuenta lo anterior estimamos la devaluación del metro cuadrado en un 40% en las condiciones actuales del mercado lo cual nos da una rebaja del precio comercial de $ 298.793.120”.

“Las pérdidas económicas del valor actual de las inversiones y principalmente del valor económico de los inmuebles, vienen representando un descenso del 35% al 40% aproximadamente por la situación económica que se vive en el país, desvalorizando los bienes y negociándose con el valor venal o de crisis, debido a la necesidad que tenga el vendedor. Este descenso se puede aumentar en un 10% en el sector del inmueble debido a la circunstancia del ruido y demás factores complementarios causados por el cruce de aviones”. Folio 18, cuaderno 3.

(72) Folios 124 a 128 del cuaderno 1. “Si conozco este local de la Cra. 103 bis Nº 40‘12 y sé que el Dr. Rafael Osma tenía arrendado este local a los señores de Inversiones Pollos y Pollos Ltda. pero ellos es decir Pollos y Pollos Ltda. le entregaron el local al Dr. Osma al ver el peligro que estaban conviviendo al salir los vuelos de los aviones frente a ellos, porque el local esta de frente a la nueva pista del El Dorado 125”.

(73) Folio 10 del cuaderno 2. Contrato arrendamiento.

(74) Artículo octavo: en caso de detectarse, durante el tiempo del desarrollo del proyecto efectos ambientales no previstos, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y/o la interventoría ambiental del proyecto deberá informarle de manera inmediata de este hecho al Ministerio de Medio Ambiente para que este determine o exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medias que debe adoptar para evitar un deterioro al medio ambiente. El incumplimiento de estas medidas será causal para la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar. 179.

(75) Folio 6, cuaderno 3. “... si el bien no se encontrará en el área de influencia, tendría un valor comercial de $ 746.982.8000 por encontrarse en dicha área y teniendo en cuenta lo anterior estimamos la devaluación del metro cuadrado en un 40% en las condiciones actuales del mercado...”.

(76) Folio 16, cuaderno 3. “Las pérdidas económicas del valor actual de las inversiones y principalmente del valor económico de los inmuebles, vienen presentando un descenso del 35% al 40% aproximadamente por la situación económica que se vive en el país, desvalorizando los bienes y negociándose con el valor venal o de crisis, debido a la necesidad que tenga el vendedor. Este descenso se puede aumentar en un 10% en el sector del inmueble debido a la circunstancia del ruido y demás factores complementarios causados por el cruce de aviones...”.

(77) Folio 33, cuaderno 2. “... Que es importante que en la Dirección de Impuestos Distritales acepte este avalúo que entrego como anexo no.1 por el decremento de la base gravable que sufre hoy el predio de la Calle 40 Nº 103-20 y se tenga en cuenta la angustiosa situación económica de Bogotá por crisis que rebaja los precios de los predios, por la situación de desempleo por el cierre de pequeñas y medianas empresas, porque Colombia no tenemos casi venta de artículos de producciones nacionales y porque hay iliquidez general para comprar y vender y porque nadie quiere comprar bienes raíces, ni tomarlos en arriendo...”.

(78) Folios 31 y 36 del cuaderno 1. Auto de rechazo 300 del 24 de marzo de 1999 de la Secretaria de Hacienda Distrital y declaración del impuesto predial unificado para el año 1999.

(79) Martín Vida, María Ángeles. Responsabilidad Civil extracontractual por ruidos en Derecho alemán y en derecho Español. Revista para el Análisis del Derecho, Indret, pág. 8. Como ejemplos se citan las siguientes sentencias: STS, 1ª, 29.4.2003, Ar. 3041 y STS, 1ª, 2.2.2001, Ar. 1003.

(80) Auto del 23 de octubre de 2002 a folio 219, cuaderno 1.

(81) Folios 364 a 368.

(82) Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo II, Editorial Temis, pág. 503.