Sentencia 2000-01035 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN A

Rad.: 5001-23-31-000-2000-01035-01 (30.799)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: Jose Emilio Melo Timaná y otros

Demandado: Nación —Ministerio de Transporte—, Instituto Nacional de Vías —Invías—, Ingenieros Constructores, Tecnología y Equipo “Constructora Inecon - Te Ltda.”. y Compañía de Seguros “La Previsora S.A”.

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C. veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $ 28.000.000, solicitada por concepto de perjuicios fisiológicos para el lesionado,(24) supera la cuantía mínima exigida en la norma vigente al momento de interposición del recurso (D. 597/88),(25) para que el asunto sea conocido en segunda instancia.

2. Cuestiones previas.

Como cuestión previa, es del caso precisar que en el término concedido a la parte demandada, Instituto Nacional de Vías —Invías—, para que sustentara el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, el recurrente allegó un escrito que denominó “alegatos de conclusión” (fls. 461 a 463); sin embargo, la Sala encuentra que, a pesar de esa denominación, del contenido de mismo es posible establecer que los argumentos que allí se exponen están dirigidos a cuestionar el fallo de primera instancia, lo cual es propio de la sustentación del recurso de alzada; así, el escrito será tenido en cuenta con esos efectos.

Por el contrario, no tendrá en cuenta el escrito que la misma parte allegó vencido el término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación, el cual presentó como “sustentación del recurso de apelación” (fls. 472 a 476), pues, para esa oportunidad, ya había fenecido el término para tal fin, si se tiene en cuenta que el mismo corrió desde el 3 hasta el 5 de agosto de 2005 (fl. 464) y el escrito fue presentado el 1º de noviembre siguiente.

Por otra parte, la Sala se abstendrá de valorar las pruebas que obran en el proceso penal adelantado por la Fiscalía Quinta Seccional de San Juan de Pasto, con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 12 de noviembre de 1998, en la vereda San Gabriel, toda vez que el traslado de pruebas no cumple con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil,(26)para tal fin.

Por último, en lo que atañe a la responsabilidad que se alega frente a los demandados, Ingenieros Constructores, Tecnología y Equipo “Constructora Inecon - Te Ltda.”. y Compañía de Seguros “La Previsora S.A”., la Sala no hará ningún pronunciamiento, pues ello no fue objeto de controversia en el recurso de apelación que presentó la parte demandada, quien tenía el interés para recurrir ese aspecto.

3. Caso concreto y valoración probatoria.

La parte demandante deprecó la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas, por las lesiones que sufrió el joven José Emilio Melo Timaná en el accidente de tránsito ocurrido el 12 de noviembre de 1998, cuando una piedra que era removida en la realización de una obra pública en la vía circunvalar del Volcán Galeras se desprendió, rodó e impactó el vehículo compactador de basuras en el cual se movilizaba el lesionado.

Las entidades demandadas alegaron que el accidente ocurrió como consecuencia de un caso fortuito o de un evento de fuerza mayor, pues era imprevisible el desprendimiento de la piedra que impactó el vehículo compactador de basuras, o por el hecho de un tercero, en la medida en que fue el conductor del automotor quien decidió transitar por la vía pública, sin prever los riesgos que en ella se podían presentar.

El tribunal de instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que el accidente se originó como consecuencia del desprendimiento de una roca durante la ejecución de una obra pública a cargo del Invías.

El Instituto Nacional de Vías —Invías— apeló la decisión, para lo cual alegó el hecho de un tercero como determinante del daño, pues el conductor del vehículo accidentado conocía los riesgos de la vía y la limitación de tránsito que la afectaba; además, adujo que la falla aludida en la demanda se debe predicar frente al municipio de Sandoná, por no disponer, para la recolección de basuras, un horario distinto al destinado para la realización de la obra pública y por permitir que el lesionado reemplazara a su padre en la labor de recolección de basuras.

Pues bien, con base en las pruebas recaudadas en el proceso, valoradas en su conjunto, se tiene como cierto, entre otras cosas, que el 12 de noviembre de 1998, a las 4:15 p.m., el joven Jose Emilio Melo Timaná ingresó al servicio médico de urgencias de la ESE hospital Clarita de Santos, en compañía de algunos integrantes de la defensa civil, luego de sufrir accidente de tránsito por volcamiento del vehículo en el que se movilizaba. Al ingreso, el paciente presentaba politraumatismos en diferentes partes del cuerpo (cara, escápula y brazo derecho), por lo que fue hospitalizado y dado de alta el día siguiente, 13 de noviembre de 1998, con diagnóstico de politraumatismo leve(27).

Según el informe de accidente de tránsito rendido por el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Nariño —IDATT— (se transcribe tal como aparece en el texto original):

“Siendo aproximadamente las 4:00 p.m. del día jueves 12 de noviembre de 1998, fuimos informados de un accidente de tránsito, ocurrido el mismo día, en la vereda San Gabriel, Jurisdicción de este municipio.

“Al trasladarse al lugar de los hechos, constatamos lo siguiente:

“El vehículo de placas: ODN-009, marca: CHEVROLET, modelo: 1993, tipo: CABINADO, clase: COMPACTADOR... de propiedad del MUNICIPIO DE SANDONA (NAR.) ALCALDÍA MUNICIPAL... conducido por el señor: PABLO EMILIO LEYTON...

“El anterior vehículo fué (sic) lanzado de la carretera que de Sandoná conduce a la vereda San Gabriel, aproximadamente unos 300 metros, al parecer por una piedra que se desprendió, según información al respecto, cuando la máquina retroexcavadora se encontraba laborando en la carretera principal, precipitándose unos 250 metros aproximadamente, hacía la quebrada El Potrerillo, se informa además que la máquina retroexcavadora pertenece a la compañía INECONTE (sic).

“En el mencionado accidente perdieron la vida los señores: PABLO EMILIO LEYTON... y MIGUEL YELA RODRÍGUEZ... y quedando heridos los srs. GILBERTO AGREDA... y JOSÉ EMILIO MELO...”(28).

Sobre el accidente ocurrido el 12 de noviembre de 1998, el ingeniero civil José Antonio Zambrano Villota,(29) vinculado para la fecha de los hechos a la firma Inecon - Te Ltda.,(30) sostuvo en su testimonio que: i) para esa época, se estaban adelantando las obras de ampliación y pavimentación de la vía nacional de Sandoná, específicamente, se realizan trabajos de excavación en la abscisa 43+150 y “...como era normal en esos trabajos se cerraba la vía y se colocaba (sic) las correspondientes vallas y paleteros para indicar que la vía estaba cerrada...” (fl. 309), ii) a 100 metros más abajo del lugar donde se realizaban los trabajos, había una vía paralela denominada “camino a San Gabriel”, la cual nunca se cerró con ocasión de los trabajos de pavimentación, “...únicamente por seguridad colocábamos un paletero para prevenir a los pocos vehículos que transitaban por el sector”,(31) iii) alrededor de las cuatro de la tarde, le informaron que la retroexcavadora que estaba removiendo material de la obra se detuvo, por falta de combustible, por lo cual coordinó con los empleados para conseguirlo, luego, se dirigió al campamento y iv)cuando regresó, se le informó sobre un accidente ocurrido en la vía San Gabriel, se dirigió al lugar del mismo y allí se encontró con el paletero, señor Segundo Celis, quien le indicó que una roca gigantesca se derrumbó “...con tan mala fortuna” que impactó al vehículo compactador de basuras y lo empujó hasta el abismo.

Precisó que, al interrogar al operador de la retroexcavadora, “...me contestó que una vez puesto el combustible se disponía a subir la mesa de trabajo y aún sin iniciar la excavación observó que se desprendió un pedazo de conglomerado gigante, el (sic) intentó colocar el brazo pero dijo que eran aproximadamente unas toneladas de material que por eso no lo pudo detener y este cayó a la banca y siguió rodando 100 metros más abajo y cayó sobre el vehículo”(32).

En relación con estos hechos, el señor Segundo Modesto Celis Díaz, vinculado al consorcio como paletero de la zona en la cual ocurrió el accidente, señaló, en su testimonio (se transcribe tal como aparece en el texto original):

“De lo que yo me acuerdo es que yo salía con un palo de quitarlo de donde había peligro, entonces cuando yo estuve cortando el palo yo estaba abajo de la carretera que conduce a la vereda San Gabriel y la Joya, como yo no ví (sic) que había peligro estaba cortando el palo para que pasen los carros para que haya vía, al instante que yo estaba cortando el palo salía un carro de San Gabriel y lo hice parar ahí, como había una piedra grande en la carretera, yo me puse a quitar la piedra y el palo, cuando quité la rama con el machete pasó el carro para el pueblo osea (sic) para Sandoná, luego de que pasó el carro cogí el palo me lo heché (sic) al hombro y me vine..., cuando ya bajaba el carro por el lado derecho, yo no miré sino al chofer y a otro que estaba en la cabina, el chofer paró ahí y me preguntó ¿hay peligro para irme? yo le contesté que no se pasara, él me dijo yo me voy, y yo le contesté usted verá, al momento arrancaron se fueron, cuando ya se fueron miré que había dos atras (sic) en la basura, el uno era YELA y el otro no le sé el nombre cuando ya se fueron volví y cargué el palo al hombro, caminé unos cinco pasos cuando sentí el golpe, yo solté el palo y corrí hasta donde cayó la piedra y ví (sic) abajo el carro a una quebradita, como eso se hizo una polvareda no se miraba estaba oscuro, de ver eso que el carro se fué (sic) abajo yo salí a la bomba a toda carrera y ahí me encontré al ingeniero CHAMORRO... y les avisé, le dije al ingeniero se bajó una piedra y se llevó el carro... la labor mía era de estar de paletero... en el momento del accidente no estaba lloviendo... Ellos [ocupantes del carro conductor de basuras] no me hicieron caso, yo les dije ustedes verán... los paleteros que estaban en la parte de arriba son los que tiene que decir cómo fué (sic) que se desprendió la piedra...”(33).

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra acreditado que el joven José Emilio Melo Timaná sufrió politraumatismo leve como consecuencia de las lesiones padecidas en accidente de tránsito ocurrido el 12 de noviembre de 1998, cuando se movilizaba por la vía San Gabriel, en un vehículo compactador de basuras que pertenecía a la Empresa de Servicios Públicos de Sandoná.

El accidente, según lo mostró el material probatorio, ocurrió cuando el vehículo compactador de basuras en el que se movilizaba el lesionado fue impactado por una piedra de gran tamaño que se desprendió de la carretera Sandoná - Pasto, exactamente, en la abscisa 43+150, cuando se desarrollaban trabajos de pavimentación y conservación por parte del consorcio integrado por las sociedades Constructora Inecon - Te S.A. y Concay, en virtud del contrato de obra suscrito con el —Invías—, entidad a cuyo cargo se encontraba la vía. La piedra o conglomerado gigante —como lo definió el conductor de la retroexcavadora— se desprendió y, pese a que el maquinista trató de retenerlo, rodó cien metros abajo hasta impactar con el vehículo compactador de basuras, impacto que produjo que este fuera empujado hacia el abismo.

En este punto, es preciso señalar que, según la jurisprudencia de la Sala, cuando el daño irrogado al Estado se origina como consecuencia de un deslizamiento de tierra —que, para el caso, se asemeja al conglomerado que se desprendió de la vía en la que se desarrollaba una obra pública—, el mismo es imputable al Estado si: i) el hecho se causa por la omisión, o defectuosa señalización de las vías públicas, ii) se produce un deslizamiento intempestivo de tierra que exigía la instalación de señales preventivas, iii) se omite la señalización de vías que se encuentren en reparación o en sitios que sean considerados de alto riesgo, o iv) se omite la ubicación de medidas preventivas que informen la presencia de cambios transitorios en las vías públicas(34).

La Sala ha considerado también que, para que se puedan imputar al Estado por los daños sufridos por las deficiencias u omisiones en la señalización de vías públicas, es indispensable demostrar la falla en el servicio consistente en la omisión, por parte de la administración, en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y control respecto de la realización de obras públicas y del tránsito en las vías, con el fin de prevenir los riesgos que con ellos se generen(35).

En lo que atañe a la clasificación de las señales de tránsito que deben ser utilizadas por la administración con miras a evitar la producción de daños por la falta de señalización en las vías, de conformidad con lo dispuesto en el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, adoptado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte mediante Resolución 5246 del 2 de julio de 1985,(36) ha dicho la Sala:

“Las señales preventivas tienen por objeto advertir sobre la existencia de calles y carreteras en construcción, lugares de alto riesgo de accidente o vías sometidas a proceso de conservación, para prevenir del peligro tanto a usuarios como a personas que trabajan en la vía. Así, conforme al artículo 2º de la Resolución 8408 de 1985, seis es el número mínimo de señales de aproximación a obstáculos y/o peligros en la vía. Estas deben ser colocadas en un orden preestablecido, que de todas maneras puede modificarse de acuerdo con la clase de obstáculos o el peligro que se presente. La señales preventivas de obstáculos y/o riesgos en la vía son: i) superficies rizada (SP-24), resalto (SP-25), depresión (SP-26), zonas de derrumbe (SP-42), superficie deslizante (SP-44), que se colocarán a 60 metros del peligro, ii) velocidad máxima 40 kilómetros por hora, colocado a 80 metros del sitio riesgoso (SR-30), iii) velocidad máxima 30 kilómetros por hora, colocado a 60 metros del sitio peligroso (SR-30), iv) peligro no especificado (SP-60), colocado a 60 metros del riesgo, v) prohibido adelantar (SP-26), colocado a 60 metros y vi) al finalizar el paso por la zona riesgosa, nuevamente debe determinarse el riesgo de la superficie (figura 2 de la Res. 8408/85).

“De igual manera, el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, define sesenta señales de prevención o preventivas para advertir ‘la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta’, las cuales se identifican por el código general SP. Así, resultan pertinentes para el asunto que ahora ocupa la atención de la Sala, las SP-01 y SP-02 o curvas peligrosas a la izquierda y derecha, que advierten la necesidad de reducir la velocidad para tomar la vía que representa un grado de riesgo importante, la señal SP-30 o reducción de calzada que ‘se empleará para advertir la proximidad a una reducción en el ancho de la calzada con desplazamiento del eje hacia la izquierda y disminución del número de canales, conservando la circulación en ambos sentidos’, la señal SP-36 o puente angosto, empleada para ‘advertir la proximidad de un puente cuyo ancho es inferior al ancho de la vía que se está recorriendo. Las anteriores han de complementarse con la señal reglamentaria SR-33 que indica el ancho máximo permitido’ y, la señal SP-39 o circulación en dos sentidos, ‘para advertir la proximidad a un tramo de la vía, sin separador central, en el cual la circulación se efectúa en los dos sentidos’.

“Las características, especificaciones de diseño y colores que deben tener esas señales preventivas, están definidas en el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras o Resolución 5246 del 2 de julio de 1985, adicionada y modificada mediante resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989 y 8171 del 9 de septiembre de 1987, todas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, así:

“Las señales de prevención o preventivas tienen una forma cuadrada, colocada en diagonal, con fondo amarillo, el símbolo y la orla negros y las dimensiones varían entre 60 y 75 cm.

“En cuanto a la ubicación de las señales, se prevé que todas ‘se colocarán al lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación del tránsito, en forma tal que el plano frontal de la señal y el eje de la vía formen un ángulo comprendido entre 85º y 90º, para que su visibilidad sea óptima al usuario’, y ‘En caso de que la visibilidad al lado derecho no sea completa, debe colocarse una señal a la izquierda de la vía’. Además, las señales deben colocarse lateralmente, en la forma que allí mismo se indica, mediante una gráfica, y en zonas urbanas, su altura, medida desde su extremo inferior hasta la cota del borde de la acera, no será menor de 2 mts., y la distancia de la señal, medida desde su extremo interior hasta el borde de la acera, no será menor de 30 cms.

“Y, en zona rural, las señales preventivas, dispone el manual, que se colocarán en una altura ‘medida desde su extremo inferior hasta la cota del borde del pavimento no será menor de 1.50 m. La distancia de la señal medida desde su extremo interior hasta el borde de la acera no será menor de 30 cm’. Y, siempre ‘antes del riesgo que traten de prevenir’, en zona rural cuando la velocidad autorizada sea de 40 a 60 kilómetros por hora, se colocará entre 50 y 90 metros de anticipación al riesgo.

“En cuanto a la conservación de las señales, el mismo manual, prevé lo siguiente:

‘Dentro de los programas de conservación se deben reemplazar las señales defectuosas, las que por cualquier causa no permanezcan en su sitio, y retirar las que no cumplan una función específica porque ya han cesado las condiciones que obligaron a instalarlas’”(37).

Pues, bien, a partir de los testimonios rendidos en el proceso, para la Sala es claro que, con ocasión de las obras de pavimentación realizadas por el Invías en la vía Sandoná - Pasto, era previsible que se presentaran desplazamientos de tierra o de material que pusieran en riesgo o en peligro el tránsito sobre la vía San Gabriel, desplazamientos que, incluso, fueron advertidos por el paletero de la obra antes del accidente, pues, según lo dicho en su testimonio, antes de transitar el vehículo compactador, él se encontraba removiendo “palos” y “una piedra gigante” que habían caído sobre la vía San Gabriel, de manera que si en la misma existía ese tipo de obstáculos era necesario que se instalara la señalización reglamentaria de que trata el “manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras”, que advirtiera ese tipo de riesgos en la circulación.

No obstante lo anterior, con los elementos de convicción es posible establecer que el Invías, que tenía a su cargo la vía donde se desarrollaba la obra pública, no instaló en ella las señales preventivas, con las especificaciones de trata el referido manual sobre dispositivos de control de tránsito, para advertir la existencia de una condición peligrosa en la vía San Gabriel, omisión que, de acuerdo con los pronunciamientos de esta Sección descritos en precedencia, comprometió la responsabilidad del Estado y, en consecuencia, el daño alegado en la demanda, como lo declaró el tribunal, es imputable a la administración.

En cuanto al argumento del Invías, conforme al cual el conductor del vehículo compactador desatendió la señal de pare que le hizo el paletero, debe señalarse que esa función de controlar el tránsito sobre la vía San Gabriel y de advertir de manera efectiva los peligros inminentes sobre la misma no se cumplió de manera diligente y eficaz, si se tiene en cuenta que el mismo paletero dejó que el conductor transitara por el lugar, a su propio riesgo, cuando le dijo “...ustedes verán”, en momentos en los cuales este y los ocupantes del vehículo le advirtieron que iban a circular por la vía; entonces, no es cierto que no hayan acatado su “orden de PARE”, en tanto que esta dejó de existir cuando el paletero les dijo “ustedes verán”, en lugar de insistir en ella e imponerla a esas personas, pues no puede desconocerse que el sentido etimológico de la palabra “orden” implica, precisamente, “mandato que se debe obedecer”,(38) esto es, que se debe cumplir y ejecutar.

Ahora, ninguno de los argumentos expuestos por el Invías en el recurso de apelación tiene la entidad suficiente para configurar, a partir de ellos, alguna de las eximentes de responsabilidad que alega, pues, en primer lugar, en cuanto a que la vía San Gabriel estaba cerrada por orden de la autoridad municipal, pese a lo cual el conductor del vehículo compactador decidió transitar por la misma, encuentra la Sala que tal afirmación no tiene respaldo probatorio, en la medida en que no obra en el plenario el acuerdo o la disposición emitida por el alcalde del respectivo municipio, de los cuales sea posible concluir que, en efecto, la vía San Gabriel tenía restricción de tránsito por parte de la autoridad municipal y tampoco se demostró que el conductor supiera de una restricción de esa naturaleza y que, pese a ello, circuló por la referida vía.

En cuanto a que la responsabilidad debe predicarse del municipio de Sandoná, por no establecer un horario distinto para las labores de recolección de basuras al de la ejecución de la obra y permitir, en cambio, que el lesionado reemplazara a su padre en esas labores, se advierte que esos argumentos no tienen, dentro del nexo causal, valor determinante alguno, pues el daño no devino de nada de ello, sino de las omisiones de la entidad demandada en cuanto a la colación de las señales preventivas para advertir los riesgos de tránsito sobre la vía.

Por último, aunque para la Sala no son claros los argumentos del recurrente cuando se refiere a la incongruencia de la sentencia, se estima que si su disentimiento se dirige a cuestionar que se declaró la responsabilidad del Estado y, sin embargo, se negó el perjuicio fisiológico deprecado, debe precisarse que una cosa es esa responsabilidad, la cual queda comprometida cuando se acredita que el daño que se atribuye a aquel es imputable y otra cosa es la acreditación del perjuicio —que puede ser moral, material o fisiológico—, al cual debe accederse y, por tanto, ordenarse el pago, si hay prueba que demuestre que se causó, es decir, que pruebe que el daño imputable a la administración le produjo —a quien lo alegó— un padecimiento o aflicción de orden moral (daño moral), un detrimento económico (daño material) o si afectó la salud o alteró las condiciones de existencia de la víctima (perjuicio fisiológico).

Por todo lo anterior, se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia; sin embargo, se modificará la condena impuesta por el a quo, en orden a declarar que los salarios mínimos a los cuales se condenó corresponderán a los vigentes al momento del pago de la sentencia.

Condena en costas

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCA el ordinal tercero de la sentencia del 11 de febrero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el cual quedará así:

“3. CONDÉNASE al Instituto Nacional de Vías —Invías— a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

José Emilio Melo Timaná (lesionado) 20 smlmv

José Tobías Melo (padre) 10 smlmv

Rosa Angélica Timaná (madre) 10 smlmv

Andrea Melo Timaná (hermana) 5 smlmv

Ever Andrés Melo Timaná (hermano) 5 smlmv

El valor del salario mínimo legal mensual será el vigente a la fecha de pago de la sentencia.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia del 11 de febrero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño,

3. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(24) Folio 11, cuaderno 1.

(25) Decreto 597 de 1988, artículo 132. “Competencia de los tribunales en primera instancia... 10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas en los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de ($ 26.390.000)” —Cuantía prevista para el año de presentación de la demanda (2000)—.

(26) Artículo 185 Código de Procedimiento Civil. “Prueba trasladada: las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

(27) Según certificación expedida por el gerente del hospital (fl. 271, cdno. 1) y según la historia clínica visible a folio 268 del cuaderno 1.

(28) Folio 301, cuaderno 1.

(29) Folios 308 a 313, cuaderno 1.

(30) En virtud del contrato 0156 de 19 de mayo de 1997 (fls. 9 a 18, cdno. 1), el Invías contrató al consorcio Constructora Inecon - Te y Concay S.A., para la pavimentación de la carretera Cebadal - Consacá - Sandoná - Pasto.

(31) Folio 309, cuaderno 1.

(32) Folio 311, cuaderno 1.

(33) Folios 339 a 340, cuaderno 1.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2003, Expediente 12.509; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 2003, Expediente 11.615; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2005, Expediente 14.536 y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2001, Expediente 12.820.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2006, Expediente 15.001.

(36) Mediante resoluciones 8171 de 1987, 1212 de 1988 y 11886 de 1989, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte introdujo algunas modificaciones y adiciones al manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, que fueron incorporadas en la segunda edición del manual publicado en 1992, adoptado como reglamento oficial por el entonces Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, mediante Resolución 3968 del 30 de septiembre del mismo año y ratificado por el Instituto Nacional de Vías, por medio de la Resolución 3201 del 5 de mayo de 1994.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2006, Expediente 19001-23-31-000-1993-06001-01

(38) Diccionario esencial de la lengua española. Editorial: Espasa, edición 2006, página 927.