Sentencia 2000-01052 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 54001-23-31-000-2000-01052-01(29587)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Ventura Córdoba Mosquera y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La caducidad de la acción contencioso administrativa.

La Sala observa que las lesiones sufridas por el soldado profesional Ventura Córdoba Mosquera acaecieron el día 5 de septiembre de 1998 y, dado que la demanda de reparación directa se presentó el día 25 de agosto de 2000, se impone concluir que dicha acción se ejerció dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso.

2. En el presente caso, en la demanda se alegó que el daño antijurídico sufrido por los actores tuvo su origen en las lesiones sufridas por el soldado profesional Ventura Córdoba Mosquera, el día 5 de septiembre de 1998; previo a analizar el material probatorio que obra en el expediente, la Sala estima pertinente señalar:

En relación con los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía, detectives del DAS o personal del Inpec, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que en tales eventos no se ve comprometida la responsabilidad del Estado, dado que tales daños, en cuanto se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, se cubren con la indemnización a fort fait a la cual tienen derecho por virtud de esa vinculación y sólo habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del ente público demandado, por vía de la acción de reparación directa, cuando dichos daños se hubieren producido por falla del servicio o cuando se hubiere sometido al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros, o cuando el daño sufrido por la víctima hubiese sido causado con arma de dotación oficial, evento en el cual hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo; en todo caso, se reitera, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)(1).

Así pues, se ha declarado la responsabilidad del Estado en los eventos en los cuales se ha acreditado el hecho de haber sometido a los miembros de la fuerza pública a la asunción de riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado.

Asimismo, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que en relación con los agentes de la Policía, militares o miembros armados del DAS, “el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado”(2) y no frente a los demás ciudadanos ajenos a dichas actividades.

Por lo tanto, si bien es cierto que el deber del Estado consistente en proteger la vida de todas las personas se predica también en relación con los miembros de los cuerpos armados, la asunción voluntaria de los riesgos propios de esas actividades modifica las condiciones en las cuales el Estado debe responder por los daños que éstos puedan llegar a sufrir.

Contrario sensu, en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, se ha considerado que el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente al que se aplica a quienes voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, como los militares, agentes de policía, detectives del DAS o personal del Inpec, porque el sometimiento de aquéllos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución Política impone a las personas, derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social, para “defender la independencia nacional y las instituciones públicas”(3).

3. El caudal probatorio obrante en el expediente.

— Copia auténtica del acta de Junta Médica Laboral Militar 823 de abril 16 de 1999, practicada al soldado profesional Ventura Córdoba Mosquera, en cuyo contenido se dejó constancia de lo siguiente:

“Conclusiones.

A. Antecedentes -- Lesiones -- Afecciones -- Secuelas:

1. H.A.F. Antebrazo derecho con fractura tratado con osteosíntesis que deja como secuelas: A) Abolición de pronosupinación antebrazo derecho. B) Limitación a las flexoextensión codo derecho.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio.

Le determina incapacidad relativa y permanente.

No apto para actividad militar.

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.

Le produce una disminución de la capacidad laboral del treinta y uno punto sesenta y tres por ciento (31.63%).

D. Imputabilidad del servicio.

Lesión 1. Ocurrida en el servicio por causa y razón del mismo de acuerdo al informativo relacionado anteriormente.

(...)” (fls. 29-31, cdno. 1).

— Dictamen médico-legal practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -- Seccional Chocó a la víctima directa del daño, en el cual se dejó constancia de lo siguiente:

“(...).

Anamensis: “Hace como dos años y pico, mientras me encontraba patrullando (cuando era soldado profesional en el Batallón Belalcázar de Santana-Putumayo), nos sentamos a descansar y pusimos los fusiles recostados contra un palo, y uno se cayó y se disparó y me pegó en el codo y me partió el hueso”. Recibió manejo médico en tres sesiones quirúrgicas en el Hospital Universitario de Cali. Refiere que no ha podido volver a trabajar porque la mano le impide el ejercicio de las labores.

Examen físico: Buenas condiciones clínicas generales. Tensión arterial: 130/70 mm. Hg; Frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto.

No se encontraron signos relevantes de enfermedad orgánica general en el examen clínico.

Presenta los siguientes signos externos de lesión: 1) Cicatriz deprimida e hiperpigmentada de 10x4 cms. a lo largo de la cara lateral del codo derecho; 2) Cicatriz levemente elevada y pigmentada, de 21x1.5 cms. a lo largo de la cara posterior de los dos tercios superiores del brazo derecho; 3) Limitación para la pronación-supinación del antebrazo derecho en un 95%; 4) Limitación para la flexoestensión del codo derecho en un 10%.

Discusión y conclusiones:

Aunque en la solicitud de la peritación no se indica el propósito de la misma, se practica el examen clínico orientado de acuerdo con lo informado por el mismo examinado, y se encuentran signos de lesión antigua en el miembro superior derecho, cuyo mecanismo de acción no es posible determinar a partir de las características que presenta actualmente.

Se encontró importante limitación funcional en el codo derecho desempeño de muchas de las actividades propias de sus necesidades laborales y de subsistencia.

Aún desconociendo el propósito concreto de esta peritación por falta de información del solicitante, en aras de contribuir de algún modo con la justicia, se determina lo siguiente:

1. Incapacidad médico-legal: Definitiva de cuarenta y cinco (45) días.

2. Secuelas médico-legales: a) Deformidad física de carácter permanente por lo notorio de las cicatrices en el miembro superior derecho; b) Perturbación funcional del miembro superior derecho de carácter permanente debido a las limitaciones en los arcos de movimiento del codo y antebrazo derecho. (......)" (fls. 147-148, cdno. 1).

— Oficio G.H. 0089, elaborado por el Hospital San Francisco de Asís ESE, a través del cual remitió la historia clínica del señor Ventura Córdoba Mosquera (fls. 82-86, cdno. 1).

— Oficio 1951, elaborado por el Hospital Militar Regional de Occidente, a través del cual remitió la historia clínica del señor Ventura Córdoba Mosquera (fls. 155-180, cdno. 1).

— Copia auténtica del “concepto comandante unidad”, elaborado por el comandante del Batallón de C/G 31 de Belalcázar, el 5 de septiembre de 1998, en el cual se relató que:

“El soldado voluntario Córdoba Mosquera Ventura, (...), fue herido en desarrollo de operaciones de registro y control militar de área en la vereda San Andrés, jurisdicción del municipio de La Hormiga, Putumayo, el día 5 de septiembre a las 13:55 horas, cuando se disparó accidentalmente el fusil de su dotación causándole una herida en el antebrazo derecho, fue atendido en el Hospital de La Hormiga y por su gravedad fue evacuado al Hospital de Puerto Asís y de allí remitido al Dispensario de la Tercera Brigada con sede en Cali.

Por lo anteriormente expuesto en el informe rendido por el señor teniente Wilson Castro Cruz (......), Comandante de la Compañía B del Batallón de Contraguerrillas 31 Sebastián Belalcázar y conforme a lo estipulado por el Decreto 94 de 1989, artículo 35 literal B, este Comando conceptúa que la lesión sufrida por el soldado voluntario Córdoba Mosquera Ventura (......), ocurrió en el servicio y por causa y razón del mismo” (fl. 34, cdno. 1) (se resalta).

— Oficio 351642 de abril 23 de 2001, elaborado por la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, mediante el cual se remitió el expediente prestacional del señor Córdoba Mosquera; en dicho encuadernamiento obra lo siguiente:

a) Constancia elaborada por el Ejército Nacional, el 30 de junio de 1999, de la cual se desprende que:

“El señor VL. Ventura Córdoba Mosquera (......), es soldado del Ejército en servicio activo y actualmente presta sus servicios en B.C/Guerri. # 31 e ingresó como soldado voluntario, tiempo prestado a las Fuerzas Militares de: Cuatro 0004 años tres 0003 meses dieciséis días hasta 1999 06 30” (fl. 106, cdno. 1).

b) Resolución 14473 de diciembre 9 de 1999, dictada por el Ejército Nacional, en la cual se resolvió que:

“CONSIDERANDO.

Que el señor soldado voluntario Córdoba Mosquera Ventura, le fue practicada acta de Junta Médica Laboral 823 del 16 de abril de 1999.

Que al tenor de lo dispuesto en el Decreto 2728 de 1968, se consolidó el derecho al reconocimiento y pago de:

a) Indemnización, por disminución de la capacidad laboral del 31.63% teniendo en cuenta el Decreto 94 de 1989; las tablas A, C y el factor de 16.10% por el cual deben multiplicar los siguientes factores prestacionales.

Sueldo básico cabo segundo $ 440.079

Total $ 440.079

RESUELVE:

ART. 1º—Reconocer y ordenar el pago con cargo al presupuesto del Ejército Nacional, a favor del señor exsoldado voluntario Córdoba Mosquera Ventura (...), la suma de siete millones ochenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos con 90/100 m/cte., ($ 7´085.271,90), por los siguientes conceptos:

a) Indemnización, por disminución de la capacidad laboral, siete millones ochenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos con 90/100 m/cte., ($ 7´085.271,90).

ART. 2º—La suma anteriormente reconocida se cancelará de acuerdo con la asignación de los recursos PAC (plan anual de caja), por parte de la dirección general del tesoro nacional.

(...)” (fl. 109, cdno. 1) (resaltados adicionales fuera del texto original).

c) Resolución 201 de febrero 17 de 2000, dictada por el Ejército Nacional, en la cual se resolvió que:

“CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 14473 del 09 de diciembre de 1999, se reconoció y ordenó el pago de la suma de siete millones ochenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos con 90/100 m/cte., ($ 7´085.271,90), a favor del señor soldado voluntario Córdoba Mosquera Ventura, valor correspondiente a la indemnización por junta médica 823 del 16 de abril de 1998.

Que el mencionado soldado se hizo presente a reclamar las prestaciones sociales a través de su apoderado el doctor Arévalo Luis Herneyder (...) mediante poder presentado el día 13 de diciembre de 1999.

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto es procedente reconocer personería jurídica al doctor Arévalo Luis Herneyder dentro del expediente y resolución antes mencionados.

RESUELVE:

ART. 1º—Revocar parcialmente la Resolución 14473 del 09 de diciembre de 1999 en el sentido de ordenar pagar la suma de siete millones ochenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos con 90/100 m/cte., ($ 7´085.271,90), al soldado voluntario Córdoba Mosquera Ventura a través del doctor Arévalo Luis Herneyder (...).

(...)” (fl. 118, cdno. 1).

De igual forma, obran en el expediente los siguientes medios de acreditación:

— Oficio BR3-BIBOY-CDO-375 de julio 18 de 2001, a través del cual el Ejército Nacional remitió dos certificaciones elaboradas por el comandante del Batallón de Infantería 9 “Batalla de Boyacá”, en las cuales consta lo siguiente, respectivamente:

“Que todos los soldados de las Fuerzas Militares, reciben las siguientes instrucciones y entrenamientos así:

a) Primera Fase de Instrucción Individual Básica y de Combate, consta de 12 semanas.

b) Segunda fase de instrucción, pelotón y especialistas, consta de 4 semanas.

c) Tercera fase de instrucción, guerrillas y contraguerrillas, consta de 4 semanas.

d) Cuarta fase de instrucción, operaciones, consta de 56 semanas.

e) Quinta fase de instrucción, adaptación a la vida civil, consta de 4 semanas,

Durante todas las fases en las diferentes materias en que se instruye al soldado, por ejemplo, instrucción individual básica y de combate, técnicas de escuadra, cantos y toques de corneta, derechos humanos, etc., se recaba permanentemente la aplicación de las medidas de seguridad contra accidentes de acuerdo al manual EJC-1-2, antes, durante y después de cada instrucción.

Los comandantes de compañía, pelotón y de escuadra insisten a diario en la aplicación de las medidas de seguridad contra accidentes en las diferentes formaciones que se realizan a diario, iniciación del servicio, formaciones para la recogida del personal antes de pasar a su descanso, insistiendo también en aquellos casos fortuitos o accidentes que se puedan presentar.

Por otra parte las horas de instrucción en el Ejército son de 50 minutos para enseñar y aplicar las medidas de seguridad contra accidentes antes, durante y después de cada instrucción de acuerdo al horario establecido” (fl. 230, cdno. 1).

“Que en cumplimiento a los reglamentos y directivas de armamento en todas las unidades del Ejército Nacional, se realiza mantenimiento preventivo al armamento con el fin de mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento. Ese mantenimiento se realiza en forma diaria, semanal, antes de entrar en acción y mantenimiento del arma después de haber sido disparada, y es fundamental por cuanto el mantenimiento determinará si el arma habrá de funcionar correctamente en el momento que se necesite. Es por ello que los miembros del Ejército Nacional son muy cuidadosos en el cumplimiento de este imperativo” (fl. 232, cdno. 1).

4. Valoración probatoria y caso concreto.

Así las cosas, de conformidad con las pruebas relacionadas anteriormente se puede tener por acreditado i) que el día 5 de septiembre de 1998, aproximadamente a las 13:55 horas, el soldado voluntario Ventura Córdoba Mosquera resultó herido durante el desarrollo de operaciones de registro y control militar de área en la vereda San Andrés, jurisdicción del municipio de La Hormiga (Putumayo); ii) que el referido suceso se produjo como consecuencia del disparo accidental del fusil de dotación oficial causándole una herida en el antebrazo derecho; iii) que la víctima directa del daño fue atendida en el Hospital de La Hormiga y, posteriormente, por su gravedad fue trasladado al Hospital de Puerto Asís y, luego, fue remitido al Dispensario de la Tercera Brigada con sede en Cali; iv) que a través del acta de la junta médica laboral del Ejército Nacional, adoptada el día 16 de abril de 1999, se determinó que el señor Córdoba Mosquera había sufrido una disminución de la capacidad laboral equivalente al 31.63%.

Adicionalmente, en el dictamen médico legal elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se dejó constancia de la siguiente declaración de la propia víctima(4), en la cual narró que:

“Hace como dos años y pico, mientras me encontraba patrullando (cuando era soldado profesional en el Batallón Belalcázar de Santana - Putumayo), nos sentamos a descansar y pusimos los fusiles recostados contra un palo, y uno se cayó y se disparó y me pegó en el codo y me partió el hueso” (se resalta).

De conformidad con el material probatorio aportado al asunto sub examine, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por los demandantes, consistente en las lesiones que sufrió el exsoldado profesional Ventura Córdoba Mosquera el día 5 de septiembre de 1998, quien durante un operativo de registro y control militar de área en la vereda San Andrés, jurisdicción del municipio de La Hormiga (Putumayo) resultó herido, al recibir un impacto de bala que provino accidentalmente de un fusil de dotación oficial.

Aunado a ello, conviene precisar que el hecho dañoso acaeció cuando el soldado profesional Córdoba Mosquera se sentó a descansar con otros compañeros y, mientras se encontraban sentados, uno de los fusiles que estaba recostado contra un palo, cayó y se disparó, impactando el codo derecho del demandante.

En línea con lo anterior, en el asunto sub judice se declarará la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional toda vez que el daño que sufrió el militar profesional aludido fue causado con un fusil de dotación oficial, como consecuencia de una circunstancia absolutamente súbita e inesperada, cuestión que indudablemente lo sometió a un riesgo superior a los que normalmente debía afrontar como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

A folio 42 del cuaderno 1 del expediente obra copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Ventura Córdoba Mosquera, en el cual consta que los padres de la víctima son los señores Octavio Córdoba Mena y Mercedes Mosquera, así como también obran los registros civiles de nacimiento de los señores Darinson (hijo), Erika Marcela (hija) y Yairler Córdoba Palacios (hijo) (fls. 18-20, cdno. 1);

De igual forma, en el encuadernamiento reposan los registros civiles de nacimiento de los señores Avelina (hermana), John Jairo (hermano), Félix Valoy (hermano) y Sofía Córdoba Palacios (hermana); Héctor Enrique (hermano), Edwin Antonio (hermano) y Sandra Milena Córdoba Mosquera (hermana).

Respecto de la demandante Luz Maritza Córdoba Mosquera, esta Subsección no encontró medio probatorio alguno que acreditara parentesco con la víctima directa del daño, por lo tanto, esta Subsección no accederá a lo reclamado por dicha actora por concepto del referido perjuicio.

Si bien en el expediente obra una declaración extraprocesal rendida por el señor Salomón Hinestroza Palacios, lo cierto es que la misma no fue ratificada dentro del asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 229(5) del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual no puede ser tenida en cuenta en el presente proceso, amén de que su recepción se cumplió sin citación de la parte contraria y, por ende, sin observancia alguna de los derechos de defensa y de contradicción, lo cual significa, además, que su práctica se cumplió con total desconocimiento del principio constitucional y a la vez derecho fundamental al debido proceso.

Aunado a ello, conviene destacar que dichas declaraciones corresponden a diligencias que no forman parte de proceso alguno, razón por la cual no pueden trasladarse a otro proceso —en este caso al contencioso administrativo— para efectos de acoger la información que dichos medios de prueba contienen.

Ciertamente, las declaraciones o los relatos que frente a determinados hechos se emiten de manera extraprocesal no provienen de un proceso, comoquiera que se trata, según su nombre lo indica, de señalamientos hechos ante un Notario por fuera de actuación judicial o de otro proceso de cualquier naturaleza, lo cual supone, en primer lugar, que su práctica no estuvo precedida de decreto u orden alguna proveniente de una autoridad judicial, amén de que por esa misma razón y en adición a ella se encuentra que la declaración correspondiente se rindió sin audiencia de la parte contraria y, por ende, sin observancia del principio de contradicción de la prueba, el cual forma parte sustancial del derecho fundamental al debido proceso, de modo que su aporte a este litigio no corresponde en estricto sentido a un traslado probatorio y, por consiguiente, resulta evidente que no se reúnen los presupuestos exigidos en la ley para mantener o garantizar la eficacia probatoria de las pruebas trasladadas(6).

Ahora bien, acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien éstas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas. Hay situaciones en las cuales éstas son de tal magnitud que su ocurrencia afecta tanto a quien las sufrió directamente, como a terceras personas, por lo cual resulta necesario, en muchos de los casos, demostrar únicamente el parentesco con la víctima, pues éste se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio, siempre que no hubieren pruebas que indiquen lo contrario. En otras ocasiones, las respectivas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido.

En efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima y para sus familiares. Igualmente resulta claro que la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En el sub judice, tal como se demostró en el proceso, el militar profesional Ventura Córdoba Mosquera resultó lesionado en la forma en la cual se estableció en la relación de pruebas y ello, además, le generó una disminución de la capacidad laboral equivalente al 31.63%, todo lo cual le produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

En ese orden de ideas, en el presente caso se decretará la indemnización de los perjuicios morales tasados en salarios mínimos mensuales vigentes para todos los demandantes, comoquiera que obran los registros civiles que demuestran la relación de parentesco que los une con la víctima directa, respectivamente. Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

Ventura Córdoba Mosquera (lesionado)60 SMMLV
Mercedes Mosquera (madre)60 SMMLV
Octavio Córdoba Mena (padre)60 SMMLV
Yairler Córdoba Palacios (hijo)60 SMMLV
Erika Marcela Córdoba Palacios (hija)60 SMMLV
Darinson Córdoba Palacios (hijo)60 SMMLV
Avelina Córdoba Palacios (hermana)30 SMMLV
John Jairo Córdoba Palacios (hermano)30 SMMLV
Félix Córdoba Palacios (hermano)30 SMMLV
Héctor Enrique Córdoba Mosquera (hermano)30 SMMLV
Edwin Antonio Córdoba Mosquera (hermano)30 SMMLV
Sandra Milena Córdoba Mosquera (hermana)30 SMMLV
Sofía Córdoba Palacios (hermano)30 SMMLV

5.2. Perjuicio por daño a la salud.

En el libelo demandatorio se reclamó por concepto de “perjuicios fisiológicos” la suma equivalente a 2000 gramos de oro, en los siguientes términos:

“Atendiendo el análisis jurisprudencial y con base en los hechos de esta demanda, las lesiones recibidas por mi mandante afectan gravemente su salud, sus condiciones físicas y morales, con lo cual se restringe su vida social, cultural y deportiva teniendo que resignarse a la no realización de casi la totalidad de estas actividades por cuanto sus lesiones, merman ostensiblemente su capacidad física.

Por ello es que este dramático cuadro lesiones que presenta SLV. Ventura Córdoba Mosquera, y que proviene de las fallas del servicio de la administración, la hacen responsable por los perjuicios que la jurisprudencia y la doctrina han convenido en llamar fisiológicos, y que ante el carácter definitivo de su incapacidad y de las lesiones que son irreversibles, las hacen permanentes hasta el final de sus días (...)”.

Al respecto resulta necesario precisar que mediante sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló dicho concepto por el de daño a la vida de relación, en la cual se precisó:

“[E]l daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre(7) (resaltados adicionales).

Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(8), la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que éstas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él”.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”(9).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d'éxistence(10) pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos(11) o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”(12).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

Tal como se analizó anteriormente, la Sala había considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(13).

Finalmente, la Sala cambió de nuevo la conceptualización de dicho perjuicio por el de daño a la salud, tal y como lo señaló mediante la providencia de 14 de septiembre de 2011, en la cual se puntualizó lo siguiente:

“se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo(14).

En el presente caso, para la Sala resulta claro que el señor Ventura Córdoba Mosquera resultó lesionado, como consecuencia de un disparo proveniente de un arma de dotación oficial mientras se encontraba en un operativo militar, lo cual le produjo un grado de minusvalía de 31.63% de conformidad con el dictamen elaborado por la junta de calificación de invalidez del Ejército Nacional, cuestión suficiente para evidenciar que el actor sufrió un daño a la salud, por lo que se reconocerá por dicho perjuicio la suma equivalente a 126 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

5.3. Perjuicios materiales.

5.3.1. Daño Emergente.

En relación con dicho perjuicio, si bien la parte demandante solicitó que se condenara a pagar perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente presente y futura, lo cierto es que dentro del acervo probatorio del asunto de la referencia no se acreditó la causación del perjuicio referido, motivo por el cual esta Subsección se abstendrá de acceder al reconocimiento de dicha solicitud.

5.3.2. Lucro cesante.

La Sala se ocupará de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al rubro de lucro cesante a favor del lesionado, señor Ventura Córdoba Mosquera, reconocimiento que se estima procedente en consideración a que se encuentra demostrado, con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, las cuales acreditaron que la víctima directa se desempeñaba como soldado voluntario y devengaba, por dicho concepto, la suma de $ 440.079 (fl. 16, cdno. 2).

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a liquidar las indemnizaciones debida y futura de la siguiente manera:

Se tomará como período indemnizable el comprendido entre la fecha en la cual el señor Ventura Córdoba Mosquera sufrió el accidente, esto es 5 de septiembre de 1998 y la de la presente sentencia, para lo cual se liquidará a favor del citado demandante el perjuicio material por el ingreso que dejó de percibir como consecuencia de la invalidez que le produjo el accidente, el cual fue certificado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en un 31.63%.

— Ingreso del lesionado al momento del accidente: $ 440.079

— Expectativa de vida total de la víctima: 50.3 años (603.6 meses)

— Período consolidado: 186 meses

— Período futuro: 417.6 meses

— Índice final: febrero de 2014 (último conocido): 115.26

— Índice inicial: septiembre de 1998: 98.57

Actualización de la base:

aaa
 

RA = $ 440.079 x 1.1693 = $ 514.584, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($ 616.000), se tomará el último de ellos para la liquidación, adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja un valor de ($ 770.000); la incapacidad dictaminada al demandante fue de 31.63%, razón por la cual el salario base de liquidación debe ser de $ 243.551.

Consolidado:

Desde la fecha de la ocurrencia del accidente de tránsito (sep./98) hasta el de esta sentencia (mar./2014), esto es 186 meses, aplicando la siguiente fórmula:

bbb
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

ccc
 

S = $ 243.551 x 301,449

S = $ 73´403.132

Futuro:

Por el resto del período de vida probable de la víctima, esto es 417.6 meses, aplicando la siguiente fórmula:

ddd
 

eee
 

fff
 

S = $ 243.551 x 178.415

S = $ 43´453.151

Total perjuicios materiales por concepto de lucro cesante: ciento dieciséis ochocientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y tres ($ 116´856.283).

6. Condena en costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 22 de octubre de 2004, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar:

1. Declárese administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por las lesiones sufridas por el señor Ventura Córdoba Mosquera.

2. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero, como consecuencia de las lesiones sufridas por el señor Ventura Córdoba Mosquera.

Por daño moral, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Ventura Córdoba Mosquera (lesionado)60 SMMLV
Mercedes Mosquera (madre)60 SMMLV
Octavio Córdoba Mena (padre)60 SMMLV
Yairler Córdoba Palacios (hijo)60 SMMLV
Erika Marcela Córdoba Palacios (hija)60 SMMLV
Darinson Córdoba Palacios (hijo)60 SMMLV
Avelina Córdoba Palacios (hermana)30 SMMLV
John Jairo Córdoba Palacios (hermano)30 SMMLV
Félix Córdoba Palacios (hermano)30 SMMLV
Héctor Enrique Córdoba Mosquera (hermano)30 SMMLV
Edwin Antonio Córdoba Mosquera (hermano)30 SMMLV
Sandra Milena Córdoba Mosquera (hermana)30 SMMLV
Sofía Córdoba Palacios (hermano)30 SMMLV

Por daño a la salud a favor del señor Ventura Córdoba Mosquera la suma equivalente a 126 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por perjuicios materiales (lucro cesante):

Ciento dieciséis millones ochocientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y tres ($ 116´856.283).

SEGUNDO. Cúmplase, lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

TERCERO. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de mayo de 2010, expediente 19.158 y del 14 de julio de 2005, expediente 15.544, ambas con ponencia de la consejera Ruth Stella Correa.

(2) En sentencia de 3 de abril de 1997, expediente 11.187: “Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Sólo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado. En tratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las Fuerzas Armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común”.

(3) Al respecto, consultar por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 15 de octubre de 2008, expediente 18.586, M.P. Enrique Gil Botero.

(4) Respecto de dicha prueba, conviene destacar que NO se trata de una declaración de parte rendida dentro del presente proceso <<la cual, dado el evento hipotético en que sí lo fuera, no podría tenerse como testimonio por cuanto se trataría de una declaración formulada por la propia demandante>>, sino que consiste en unas afirmaciones realizadas por la propia víctima durante la práctica del dictamen médico legal efectuado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dictamen que no fue objeto de objeción por alguna de las partes, de conformidad con la constancia obrante a folio 209 del cuaderno 1.

(5) Artículo 229 del Código de Procedimiento Civil: “Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

(6) Sentencia del 17 de abril 2013, expediente 26.114.

(7) Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842, M.P. Alier Hernández Sección Tercera.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

(9) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, pág. 98.

(10) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pág. 78.

(11) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 252.

(12) Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pág. 278.

(13) Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, expediente 16.407.

(14) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, expediente 19.031, M.P. Enrique Gil Botero.