Sentencia 2000-01080 de mayo 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Rad. 520012331000200001080 - 01 (28024)

Demandante: Esau Parra y otros

Demandado: Municipio de Guaitarilla

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., mayo veinte de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, comoquiera que se trata del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida en primera instancia(1) por el Tribunal Administrativo de Nariño.

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que habría dado origen a la presunta responsabilidad del ente demandado, dado que el accidente de tránsito ocurrió el 10 de diciembre de 1999 (fl. 3, c 1) y la demanda se formuló el 6 de septiembre del año 2000 (fl. 1, c 1).

3. Material probatorio obrante en el proceso.

— Copia auténtica del contrato de prestación de servicios 40 de fecha 17 de marzo de 1999, suscrito entre el alcalde del municipio de Guaitarilla y el señor Jairo Iván Parra Zambrano, cuyo objeto fue:

“El contratista se compromete para con el municipio a prestar sus servicios como técnico de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Umata de este municipio”.

— En oficio de fecha 19 de septiembre de 2001, el Centro Hospital Guaitarilla remitió copia de la historia clínica correspondiente al señor Jairo Iván Parra Zambrano.

— Testimonios de los señores Enriqueta Burbano de Pantoja, Omar Antonio Leyton Vallejo y Jairo Ricardo Pantoja, quienes manifestaron que no tienen conocimiento alguno de los hechos de la demanda.

— Declaración de la señora Liliana del Carmen Arciniegas.

“Haber sobre los hechos yo sé que tuvo un accidente en una motocicleta en la vía Túquerres-Guaitarilla y que iba acompañado de un compañero de trabajo (...) yo era muy amiga de él, hace aproximadamente unos 15 años, éramos amigos (...) entonces llegamos a tener una amistad muy buena y de largo tiempo, él estaba trabajando en la Umata en Guaitarilla, visitaba las fincas, hacia asesorías en las cuestiones de fincas, él era soltero, vivía con sus padres y sus hermanos en el barrio El Dorado de esta ciudad (...). Él mantenía una buena relación con su familia, pues yo sé principalmente con su mamá con su hermana Josefina y el hijo de ella, con ellos era especial, incluso les ayudaba económicamente y un buen hermano, él tiene un hermano Chucho, que se accidentó anteriormente y él le colaboraba mucho (...). Haber(sic) como dije anteriormente, lo conozco hace unos 15 años y, o sea los amigos de él, yo pertenecía al combo de él y lo que hacíamos era charlar. Lo que hacen los grupos, salir a una fiesta. Reunirnos, en tiempos especiales, tomarnos una cerveza o más hasta condiciones normales sin llegar a extremos de emborracharse y siempre la pasaba con nosotros unas ocho personas que salíamos (...). El Parrita se caracterizó por ser un buen trabajador, incluso cuando trabajó en Cali, tuvo muchos méritos la empresa lo mandó a un concurso a exponer porque era muy bueno me acuerdo que estaba tramitando una beca para irse a estudiar a España y tenía todos los papeles bien porque siempre sobresalía en su trabajo”.

— Testimonio del señor Ricardo Enríquez Arellano.

“Dentro de las conversas que teníamos me consta que él ayudaba a su familia, a su mamá y a su sobrino que es hijo de Josefina, él estuvo trabajando en Cali, para hacer su proyecto de tesis y salió con excelentes relaciones de allá de su trabajo, hicieron trabajos de investigación, era un gran profesional y responsable en todas sus actuaciones como profesional, dentro de lo que yo conocí. Él vivía con sus padres pero cuando ocurrió el accidente trabajaba en Guaitarilla, se llevaban bien con sus hermanos, la familia de donde proviene es muy unida (...). En lo concerniente al tema del licor, tomaba trago cuando había un acto social notorio, como un cumpleaños o en algunas fiestas de diciembre pero su comportamiento frente al licor no era de descontrolamiento sino más bien cuando se sentía un poco ebrio se iba para su casa a dormir”.

— Copia auténtica del acta de grado y registro del diploma correspondiente al señor Jairo Iván Parra Zambrano como ingeniero agrónomo.

— Memorial allegado el 19 de diciembre de 2001, suscrito por el apoderado de la parte demandante, a través del cual manifestó lo siguiente:

“En mi condición de apoderado de la parte actora, me permito remitir el expediente auténtico 33-877 de la Fiscalía 24 Local de Túquerres, para efectos de la prueba decretada en el proceso de la referencia, la que gestioné personalmente ante dicha fiscalía por motivos de celeridad y economía procesal.

Téngase como aportada oportunamente la prueba referida”.

En la parte superior del aludido memorial aparecen dos anotaciones en el siguiente sentido: la primera a cuyo tenor: “con 90 folios anexos” y la segunda: “hay cuaderno”(2).

Respecto de los aludidos documentos, para la Sala carecen de eficacia probatoria, comoquiera que obran en copia simple.

Al respecto ha sido abundante la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de señalar que frente a los documentos públicos y privados que se aporten a un proceso judicial, el Código de Procedimiento Civil establece que estos podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por transcripción o por reproducción mecánica. Si se trata de copias, estas tendrán el mismo valor probatorio que los originales en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o la copia autenticada;

2. Cuando sean autenticadas por notario;

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia auténtica en el curso de inspección judicial.

De manera que los documentos públicos o privados allegados a un proceso deben serlo en original o en copia auténtica para que puedan ser considerados como elementos de prueba válidos y, en consecuencia, susceptibles de valoración.

En Sentencia C-023 del 11 de febrero de 1998, al declarar exequibles los numerales 2º del artículo 254 y 3º del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, la Corte Constitucional aclaró que:

“Sería absurdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública, también carente de autenticidad.

Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial” (resaltado no original).

En otro aparte de la sentencia en mención, la Corte Constitucional también estimó ajustada a la Constitución la exigencia legal según la cual, para reconocer el mismo valor probatorio que al original de un documento respecto de las copias o de las copias de copias del mismo, resulta indispensable contar con el requisito de la autenticación. En este sentido sostuvo:

“El numeral 2º del artículo 254 establece que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original “cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente”. La razón de ser de esta exigencia es elemental, ya se trate de transcripción del documento o de reproducción mecánica del original (fotocopia): resultaría imposible saber con certeza que la una o la otra corresponde al original, de no existir la autenticación. Esa nota de autenticación debe ser original en cada copia. Así lo definió expresamente el Consejo de Estado, en sentencia de abril 4 de 1980:

“Es claro que la ley le da a las copias un valor probatorio similar al del documento original, pero, como es obvio, la diligencia que da fe de que la copia que se sella corresponde al documento original o a una copia debidamente autenticada, debe ser cumplida directamente por el funcionario autenticante, sin que pueda suplirse con la adjunción de una simple copia con la atestación original referida. En otros términos, toda copia debe tener un sello de autenticación propia para poder ser valorada como el documento original” (C.E., Sent. abr. 4/80, M.P. Carlos Betancourt Jaramillo).

Así, la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos”(3).

Por su parte, se reitera, esta sección en abundante jurisprudencia se ha referido acerca de la ausencia de valor probatorio de las copias simples. En sentencia del 1º de octubre de 2008, se expuso:

“La Sala tiene determinado que las copias informales carecen de valor probatorio en los términos de los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, dado que las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil antes citado(4)(5).

De manera similar, esta sección, en pronunciamiento del 11 de mayo de 2006, resaltó:

“En relación con lo anterior, el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil establece que los documentos deben ser aportados al proceso en original o en copias, sin presentarse ningún inconveniente frente a los documentos originales, cosa que no dio en el presente caso, pues su condición los exime del cumplimiento de cualquier formalidad adicional para su valoración probatoria. Contraria es la apreciación frente a los documentos allegados a través de copias informales o simples, los cuales por determinación de la ley procesal (CPC, art. 254) solo podrán adquirir el mismo valor probatorio que el documento original, al cumplir con la exigencia de la autenticidad de los mismos, la cual se adquiere ya sea por “provenir de la autorización del funcionario ante quien reposa el original, ora por la autenticación del notario previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente, ya por la reproducción del original o de copia auténtica que se ordene en el curso de una inspección judicial”, lo que genera seguridad al juzgador frente a su producción(6).

Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas, más aún cuando las copias simples de documentos privados son aportadas por un tercero, tal y como ocurrió en el asunto que ahora se estudia. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos”(7).

La anterior posición jurisprudencial, de oportunidad reciente, entre otros muchos casos, se ha reiterado en los siguientes pronunciamientos: Sentencia del 9 de marzo de 2011, Expediente: 28270, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez; sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 17933, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; auto del 3 de marzo de 2010, Expediente 37828, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 28 de abril de 2010, Expediente 18478, M.P. Enrique Gil Botero.

De manera que los documentos públicos o privados allegados a un proceso, de conformidad con la posición jurisprudencial consolidada, reiterada y vigente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, deben serlo en original o en copia auténtica para que puedan ser considerados como elementos de prueba válidos y, en consecuencia, susceptibles de valoración(8).

En el mismo sentido, tratándose del aporte como prueba de copia de providencias judiciales, esta corporación ha dicho:

“Norma esta [CPC, art. 254] que, como lo ha puntualizado la jurisprudencia, guarda concordancia con el numeral 7º del artículo 115 del mismo estatuto, a cuyo tenor en materia de copias de actuaciones judiciales, “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario”, puesto que se trata, “... de un acto mixto o, si se quiere, de naturaleza compleja, habida cuenta que la autenticación de la copia de un documento que obre en un expediente judicial, reclama la participación del juez, en orden a posibilitar —mediante providencia previa— que la copia sea expedida con tal carácter, así como del secretario del respectivo juzgado, quien cumple la función de ‘extender la diligencia de autenticación directamente o utilizando un sello’, precisando ‘que el contenido del documento corresponde exactamente al que tuvo a la vista’, según lo establece el artículo 35 del Decreto 2148 de 1983, tras lo cual procederá a suscribirla con firma autógrafa, que es en lo que consiste la autorización propiamente dicha”(9).

En consecuencia, dado que dichas copias no reposan auténticas en el expediente carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público, como lo es una sentencia judicial, para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación, en concordancia con los requisitos contemplados en el numeral 7º del artículo 115 del mismo estatuto procesal.

Con otras palabras, las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil antes citado”(10).

En el presente caso, las piezas procesales aportadas por la parte demandante que darían cuenta de la existencia de un proceso judicial que se habría adelantado con ocasión de los hechos que son objeto de la presente demanda, no reúnen los requisitos previstos en la ley y en la jurisprudencia de esta corporación para poder ser valorados.

Si bien la parte actora solicitó en el libelo demandatorio que se oficiara a la Fiscalía 33 Seccional de Túquerres con el fin de que se allegara el Expediente 33-877 por homicidio en accidente de tránsito, solicitud probatoria que fue decretada por el tribunal a quo en auto del 16 de agosto de agosto y, en cumplimiento de ello la secretaría de dicha corporación requirió a la aludida fiscalía en Oficio 5457, lo cierto es que nunca se dio respuesta a esa solicitud, al tiempo que ni la parte actora ni el magistrado ponente en el tribunal, en su momento, hicieron labor o actuación alguna tendiente a impulsar el recaudo del medio probatorio, en los términos en los cuales fue solicitado.

Según el memorial al cual se ha estado haciendo referencia, las copias aportadas por el demandante correspondían al “expediente auténtico 33-877 de la fiscalía 24 local de Túquerres”, sin embargo al revisar tal documentación no se advierte sello o anotación alguna por parte del funcionario competente, según la cual haga constar que tales copias corresponden a las originales, al tiempo que tampoco obra oficio de funcionario alguno en el cual certifique la autenticidad de las mencionadas piezas procesales.

De igual forma debe advertirse que los documentos en referencia no son de aquellos que deben reposar en los archivos de la entidad demandada —dado que al parecer se trata de un proceso penal— circunstancia que, si así fuera, daría lugar a la aplicación de la tesis jurisprudencial según la cual es posible la valoración de dicho medio probatorio, aun cuando se encuentre en copia simple, en cuanto se trate de documentación que al demandante le hubiere sido imposible obtener en reproducción auténtica porque el demandado sea quien conserve el original y se hubiere negado a aportarlo al expediente, sin aducir justificación alguna(11).

En consecuencia, dado que los aludidos documentos fueron aportados en copia simple, carecen de eficacia probatoria y, por tanto, no es posible su valoración.

— Declaración del señor Jairo Pantoja Chamorro.

Yo un día en el que no recuerdo ni fecha, ni mes, ni año, me encontraba en la casa en la vereda Buenos Aires, ya en horas de la tarde entonces escuché un comentario de un hijo mío que dijo que se habían estrellado unos señores en una moto, frente a donde el señor Omar Leyton, en el camino que conduce de Buenos Aires hacia la vereda La Esperanza, entonces yo me dirigí hasta allá a pie, al llegar al lugar de los hechos ya habían acudido a la novedad más gente, entonces yo procedí a mirar los cuerpos con el fin de identificar de quién se trataba y al darme cuenta que los señores que se habían accidentado aún estaban con vida, entonces yo me regresé rápidamente a traer el carro y nos dirigimos con otro señor a quien no recuerdo en este momento, al municipio de Guaitarilla más exactamente al hospital para que atendieran a los accidentados y antes de llegar a un punto del camino que se denomina “La peña blanca” encontramos a la ambulancia del hospital y procedimos a cambiarlos de carro, luego ya me regresé a mi casa y hasta allí es lo que yo hice, no más. Preguntado. Diga al juzgado si cuando usted llegó al lugar del accidente se pudo percatar o identificó usted contra qué o cuál fue la causa del accidente, otro vehículo, etc.? Contestó. Pues cuando yo llegué no encontré ningún otro vehículo fuera de la motocicleta en la cual se habían accidentado, no había carros ni motos, ni bicicletas contra las cuales se hayan dado, únicamente estaban caídos los dos cuerpos y a un lado de la motocicleta, de los cuerpos que estaban en el piso pude conocer el del señor Jorge Benavides, al otro señor no lo conocía (...) Preguntado. Los señores que se accidentaron tenían tufo u olor a bebidas que hagan presumir que estuvieron embriagados? Contestó. Pues yo del afán de subirlos o ayudarlos a subir de eso no me percaté y es que otra de las cosas yo casi no tuve contacto con ellos, por cuanto yo les abrí la puerta de atrás del carro y quienes ayudaron a subirlos al carro fueron el resto de la gente que estuvo allí en ese momento.

— Oficio 24 de fecha 5 de mayo de 2002, suscrito por la coordinadora de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Umata, a través de del cual manifestó lo siguiente:

“Con el fin de dar respuesta al Oficio 2458, me permito manifestarle, que el día 10 de diciembre de 1999, siendo las 10:00 a.m., los compañeros Iván Parra y Jorge Benavides, se desplazaron hacia la ciudad de Túquerres con el fin de solicitar un video sobre reciclaje de basuras, partieron con las debidas advertencias por parte de la coordinadora de la Umata, como fueron: viajar con cuidado, colocarse el casco y regresar en cuanto terminen de hacer la vuelta, la que no llevaría mucho tiempo, por lo tanto a medio día deberían estar en Guaitarilla”.

4. Aclaración previa.

El presente caso hace referencia a los daños solicitados por el grupo familiar de un contratista del Estado —Municipio de Guaitarilla— quien murió en un accidente de tránsito, mientras conducía una motocicleta de propiedad de la entidad demandada, en cumplimiento de una misión oficial.

Lo anterior, en principio, podría dar lugar a concluir que, comoquiera que el daño alegado en la demanda provino del cumplimiento del objeto de un contrato estatal, en el cual, por demás, se acusa a la entidad demandada del incumplimiento de obligaciones que se desprendían de ese acuerdo de voluntades, la acción procedente para reclamar los citados perjuicios correspondería a la de controversias contractuales.

No obstante, en el presente caso, como lo expuso el tribunal a quo —sobre lo cual no se manifestó inconformidad alguna por las partes— en el momento en que ocurrió el accidente, aun cuando la víctima se encontraba en cumplimiento de una misión oficial, esta no guardaba relación alguna con el objeto del contrato de prestación de servicios que se había suscrito con el municipio de Guaitarilla, esto es recoger unos videos para la realización de una conferencia, situación que para la Sala, sin necesidad de mayor argumentación, resulta suficiente para concluir que en el presente caso la acción procedente es la de reparación directa.

De igual forma cabe resaltar que en otras oportunidades en las cuales un contratista de la administración ha sufrido un daño, aún en cumplimiento del objeto del contrato correspondiente, a manera de ejemplo, en la construcción de una obra pública, se ha admitido que la acción procedente es la de reparación directa(12).

5. El objeto del recurso de apelación.

En algunos apartes de la impugnación presentada por el demandante manifestó que el recurso interpuesto lo era contra todo lo desfavorable contenido en la sentencia de primera instancia, sin embargo, al manifestar de manera concreta y expresa las razones de inconformidad contra la citada providencia, indicó que el objeto de la apelación radicaba en el “no reconocimiento de perjuicios morales a los demandantes que actuaron probadamente en condición de hermanos de la víctima” y en la negativa del tribunal a quo a reconocer los perjuicios materiales que se deprecaron.

Por su parte, la parte demandada dirigió su impugnación a la decisión según la cual el Tribunal había encontrado acreditada la concausa, dado que, según expuso, en el presente caso era evidente, a partir de las pruebas obrantes en el proceso, la existencia de la culpa exclusiva de la víctima, de manera que debía exonerarse de responsabilidad al ente demandado.

Así las cosas, de conformidad con los extremos de las impugnaciones de las partes, la Sala centrará su estudio en el análisis de los argumentos presentados por la parte demandada tendientes a desvirtuar la concausa y, en el evento en que se lleguen a despachar desfavorablemente tales afirmaciones, se harán las consideraciones a que haya lugar en relación con las razones de inconformidad que en relación, únicamente con los perjuicios no reconocidos, fueron expuestas por la parte actora(13).

5. El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

El análisis que en principio debe hacerse en relación con el estudio del recurso de apelación presentado por la parte demandada, debe partir, necesariamente, de la determinación del régimen aplicable al caso concreto, con el fin de establecer los parámetros a partir de los cuales debe definirse la responsabilidad del Estado.

Para estos efectos, resulta de gran utilidad poner de presente la jurisprudencia de esta corporación, en la cual se ha realizado un estudio del régimen de responsabilidad aplicable en aquellos eventos en los cuales quien sufre el daño es la persona que ejecuta de manera directa una actividad peligrosa, a diferencia del título de imputación que debe aplicarse en los casos que, a su vez, es un tercero quien padece el daño por el ejercicio de una actividad peligrosa.

En este sentido, esta corporación ha expuesto(14) que los daños que sufre quien ejerce una actividad peligrosa, cuando tales daños son la materialización de los riesgos propios de esa actividad, la decisión sobre el derecho a la indemnización debe ser adoptada, generalmente, bajo el régimen de la falla del servicio y no del régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional

“Finalmente, en relación con la condena despachada por el a quo con fundamento en el régimen de responsabilidad de riesgo excepcional, en cuanto consideró que el accidente no se produjo porque la víctima hubiere trascendido los límites del municipio sino porque estaba desempeñando una actividad peligrosa como es la conducción de automóviles, vale destacar que, tal como lo ha reiterado la Sala, los daños que sufre quien ejerce una actividad peligrosa, cuando tales daños son la materialización de los riesgos propios de esa actividad, la decisión sobre el derecho a la indemnización debe ser adoptada bajo el régimen de la falla del servicio y no del régimen de responsabilidad objetivo, por riesgo excepcional. Ha dicho la Sala:

“Quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc., no podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa para reclamar del Estado la indemnización por el daño que sufra como consecuencia del uso del arma, de la conducción del automotor, etc., en tanto es él mismo, precisamente, quien está llamado a actuar de manera prudente y diligente en el ejercicio de la actividad peligrosa que se le recomienda.

De tal manera, el servidor público de la fuerza pública que manipula un arma y se lesiona, no podrá acudir a este régimen de responsabilidad para obtener la indemnización de los perjuicios que se le hubieren causado; por el contrario, si el afectado es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la administración solo se exonerara si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza mayor(15).

Es decir, el régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional no puede ser aplicado al funcionario que resulte lesionado o muerto con la conducción del vehículo que le ha sido asignado para el cumplimiento de sus funciones, cuando la actividad es ejercida por la misma víctima y no se acredita la falla del servicio.

Además, dado que para el ejercicio de la función de guarda de tránsito se requería, entre otros, que el funcionario tuviera licencia de conducción, por cuanto el ejercicio propio de esa función demandaba el desplazamiento frecuente en vehículos, quien se vinculaba de manera legal y reglamentaria al ejercicio de esa actividad asumía los riesgos propios de sus funciones, entre los que se encontraban, justamente, el ejercicio de dicha actividad, que por su propia naturaleza se reputa como peligrosa. Por lo tanto, en el caso de que el funcionario sufriera algún daño como consecuencia de esa actividad, la entidad estatal a la cual se hallara vinculado ese servidor no veía comprometida su responsabilidad patrimonial, más allá de las obligaciones derivadas de esa relación laboral, las cuales se cubren con la indemnización a fort fait a que tiene derecho por virtud de esa vinculación y solo habrá lugar a la reparación, por vía de la acción de reparación directa, cuando dichos daños se hayan producido por falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros”.

De igual manera, resulta pertinente reiterar lo afirmado por la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 19 de abril de 2012(16), en torno a la aplicación de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia; en la providencia en comentó se consideró:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

A la luz de los precedentes jurisprudenciales reseñados, la Sala procederá a analizar los hechos probados.

Según la sentencia de primera instancia —punto que motivó la inconformidad del demandado— la administración habría incurrido en falla en el servicio por omitir el suministro a la víctima directa de los elementos necesarios de seguridad, en especial del casco protector, para conducir una motocicleta que, a su vez, se le había entregado para cumplir con el objeto del contrato de prestación de servicios que había suscrito con el citado municipio.

Al respecto resulta indispensable determinar si le asistía la obligación a la administración de suministrar el referido casco protector al señor Jairo Iván Parra Zambrano, para luego establecer, en el evento en que se compruebe la existencia de esa omisión, si el referido incumplimiento fue determinante en la producción del daño alegado en la demanda.

Como lo expuso el tribunal a quo —circunstancia que no fue controvertida por parte alguna— la Alcaldía Municipal de Guaitarilla el día 7 de abril de 1999 entregó al señor Jairo Iván Parra Zambrano una motocicleta marca Suzuki, modelo 1994, en buenas condiciones. Por su parte, el señor Parra Zambrano se comprometió a responder por el buen estado de funcionamiento y limpieza del vehículo.

En el plenario no existe prueba por medio de la cual se hubiere acreditado que el ente demandado sí hizo entrega del aludido elemento de seguridad; es más, la defensa de la administración en este sentido, no estuvo encaminada a demostrar el cumplimiento de esta circunstancia, sino a probar que en todo momento y, en especial, en relación con la diligencia que le fue encargada al señor Parra Zambrano —durante la cual ocurrió el accidente fatal—, se hicieron, de manera expresa y reiterada, recomendaciones consistentes en asegurar que la víctima directa del daño en el mencionado desplazamiento utilizara el casco protector.

Con todo, para la Sala, el análisis y aplicación al caso concreto del principio de buena fe, permite concluir que existía el deber del municipio demandado de suministrarle al señor Parra Zambrano los elementos de seguridad y demás accesorios indispensables para el desarrollo y ejecución óptima de la conducción de la motocicleta.

El principio de la buena fe que debe orientar las relaciones contractuales y, en general, todo acuerdo de voluntades que genere efectos en el mundo jurídico, encuentra consagración, entre otros cuerpos normativos, en el estatuto de contratación estatal, tanto en el artículo 5-2, el cual erige en deber de los contratistas “obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse”; en el artículo 23 en cuanto establece que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal estarán regidas por los principios generales del derecho, entre ellos el de la buena fe y el artículo 28 que dispone que en la interpretación de las normas y de las cláusulas y estipulaciones contractuales se tendrán en consideración los postulados de la buena fe, la igualdad y el equilibrio entre prestaciones.

En lo que se refiere a la ejecución de las obligaciones contractuales, el artículo 1603 del Código Civil dispone:

“Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”.

En desarrollo de este postulado general del derecho, en el Código de Comercio, existen varias disposiciones que, cuando se trata de un acuerdo de voluntades que implica la entrega de una cosa —independiente del título al que se haga—, se entiende que esa entrega —valga la redundancia— corresponde también la de sus accesorios, esto es de los utensilios que resulten necesarios para la utilización efectiva y en óptimas condiciones del objeto principal.

Para solo mencionar algunos ejemplos, se pueden tener en consideración los siguientes:

“ART. 928.—Obligación de entregar. El vendedor estará obligado a entregar lo que reza el contrato, con todos sus accesorios, en las mismas condiciones que tenía al momento de perfeccionarse; y si la cosa vendida es un cuerpo cierto, estará obligado a conservarla hasta su entrega so pena de indemnizar los perjuicios al comprador, salvo que la pérdida o deterioro se deban a fuerza mayor o caso fortuito, cuya prueba corresponderá al vendedor” (se resalta).

...

“ART. 1174.—Devolución de la cosa depositada. La cosa dada en depósito deberá ser restituida al depositante cuando lo reclame, a no ser que se hubiere fijado un plazo en interés del depositario.

El depositario podrá, por justa causa, devolver la cosa antes del plazo convenido. Si no se hubiere fijado término, el depositario que quiera restituir la cosa deberá avisar al depositante con una prudencial antelación, según la naturaleza de la cosa.

La restitución de la cosa supone la de sus frutos y accesorios” (se resalta).

...

“ART. 1434.—Determinación de accesorios de la nave. Son accesorios de la nave y se identifican con ella, para los efectos legales, todos los aparejos y utensilios destinados permanentemente a su servicio e indispensables para su utilización, los documentos de a bordo, los repuestos y las provisiones que constituyan la reserva constante y necesaria de la nave” (se resalta).

...

“ART. 1680.—Obligaciones del arrendador de nave. El arrendador estará obligado a entregar la nave con todos sus accesorios, en estado de navegabilidad y provista de los documentos necesarios, y a proveer oportunamente a todas las reparaciones debidas a fuerza mayor o a deterioro por el uso normal de la nave, según el empleo convenido” (se resalta).

De manera que, de conformidad con el principio de la buena fe, en especial, cuando se trate de negocios jurídicos que impliquen la entrega de una cosa, aun cuando no se diga de manera expresa, esa entrega debe comprender todo aquello que emane de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenezcan a ella, lo cual, como se ha visto —de acuerdo también con la obligación que se trate— comprenderá la entrega, a su vez, de todos los accesorios necesarios e indispensables para la utilización del objeto principal.

Lo anterior, claro está, sin perjuicio de un acuerdo expreso en contrario, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad.

En el presente caso, se reitera, el municipio de Guaitarilla hizo entrega al señor Parra Zambrano de una motocicleta con el fin de que se utilizara para el cumplimiento de las funciones que se desprendían del objeto contractual y de todas aquellas que, como en el presente caso, si bien no hacían parte del contrato de prestación de servicios antes referido, sí le fueron encargadas de manera especial.

De manera que, así no se hubiere hecho mención de manera expresa, a la administración le correspondía igualmente hacer entrega de los elementos de seguridad necesarios, en especial del casco protector, tanto para la protección del contratista, como para garantizar la utilización y conducción de la motocicleta en óptimas condiciones, teniendo en cuenta, además, que a partir de la expedición de la Resolución 3606 del 18 de noviembre de 1998, el uso del casco protector por parte de conductores y parrilleros se hizo obligatorio para transitar dentro de todo el territorio nacional.

En consecuencia, dado que el uso del casco protector resultaba indispensable para la utilización adecuada y en óptimas condiciones de la motocicleta en la medida en que resultaba y resulta obligatorio su uso, en aplicación del principio de la buena fe en la ejecución de un acuerdo de voluntades, de no mediar pacto en contrario, le correspondía a la administración suministrar el referido elemento accesorio.

No obstante, si bien la omisión del municipio demandado en suministrar el casco protector, eventualmente hubiere podido dar lugar a que el señor Parra Zambrano solicitara el cumplimiento de esa obligación, sea in natura o por el valor del importe del aludido elemento accesorio o, incluso, pudo haber conducido a que la víctima directa del daño se hubiere abstenido de usar ese vehículo, de manera alguna lo excusaba para que, si decidía ejercer la actividad de conducir, lo hiciera sin el correspondiente porte y utilización del referido casco protector.

Ciertamente, cada persona, en principio, es responsable de su propia seguridad y más aún cuando de manera voluntaria y libre decide ejercer una actividad peligrosa, situación que, como se explicó con anterioridad, implica tanto la asunción de los riesgos propios de esa actividad, como la obligación de extremar las medidas para evitar lesionarse.

Se agrega, además, que la víctima directa tenía o debió tener pleno conocimiento de la prohibición prevista en la Resolución 3606 del 18 de noviembre de 1998, proferida por el Ministerio de Transporte, según la cual no se encuentra autorizado el tránsito, por el territorio nacional, en motocicleta sin que el conductor de la misma y el parrillero portaran el casco protector, motivo por el cual, sin perjuicio, se reitera, de la posibilidad de solicitarle a la entidad demandada el cumplimiento de la obligación consistente en el suministro de este elemento de seguridad, el señor Parra Zambrano al ejercer la aludida actividad peligrosa era un conductor y, como tal, debía someterse a las reglas previstas en el ordenamiento para tales efectos.

Así las cosas, si una persona para el ejercicio de determinada actividad conoce de la existencia de requisitos para realizarla, cuyo cumplimiento se encuentra a su alcance, esto es que su inobservancia resulta inexcusable y de manera libre y espontánea decide practicar esa actividad, debe necesariamente someterse al reglamento correspondiente, aún más cuando algunos de esos requisitos han sido previstos, precisamente para garantizar la seguridad de los que efectúan esa actividad.

Al respecto resultan las consideraciones realizadas por esta corporación con ocasión de una demanda de nulidad que, precisamente, se presentó contra la citada Resolución 3606:

“Pues bien, mediante la Resolución 3606 de 18 de noviembre de 1998, el Ministerio de Transporte resolvió establecer el uso obligatorio del casco protector por parte de los conductores y parrilleros de motocicletas para transitar dentro del territorio nacional, señalando, además, que dichos cascos deben cumplir con los requisitos especificados en la Norma Icontec NTC-4533 y, que su no uso, da lugar a la imposición de una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Considera el actor que el acto demandado vulnera el derecho a la vida, a la salud, a los bienes, a la libertad, a circular libremente, al libre desarrollo de la personalidad, y que, en consecuencia, desconoce la supremacía de la Constitución, sin que a juicio de la Sala le asista razón alguna a aquel, pues nótese que, precisamente, el artículo 2º, inciso 2º, de la Constitución Política, que el demandante estima violado, prescribe que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, norma que es desarrollada por la resolución que ocupa la atención de la Sala, en la medida de que al establecer el uso obligatorio del casco y la consecuente imposición de la multa en caso de incumplimiento, la administración pretende proteger la vida y salud de los motociclistas, cuya actividad es altamente riesgosa.

Ahora bien, el hecho de que se imponga el uso obligatorio del casco no puede traducirse en un desconocimiento al desarrollo de la libre personalidad, como tampoco al de la libre circulación, pues, respecto del primero, basta observar que dicho derecho no es absoluto, en la medida de que sobre el mismo prevalecen otros tales como el derecho a la vida y el derecho a la salud y, respecto del segundo, que la medida que se cuestiona en manera alguna impide que quienes manejen una motocicleta puedan circular libremente dentro del territorio nacional, cuando a bien lo tengan, que es a lo que se refiere el canon constitucional que protege dicho derecho.

De otra parte, esta corporación observa que la resolución acusada fue expedida en ejercicio de las facultades legales que la Ley 153 de 1989, el Decreto 2171 de 1992 y el Código Nacional de Tránsito Terrestre le confieren al Ministerio de Transporte para expedir medidas tendientes a que las personas, animales y vehículos circulen libremente por el territorio nacional, sin que dicha libertad signifique, por ejemplo, que no se puedan adoptar medidas tales como la cuestionada, o como el uso del cinturón de seguridad, o la obtención de la licencia de conducción, etc., pues Colombia es un Estado social de derecho, fundada en la prevalencia del interés general, tal y como lo establece el artículo 1º de la Constitución Política, interés general que se ve protegido al adoptar medidas como la controvertida.

En lo que tiene que ver con la circunstancia de que el uso del casco le produce dolor de cabeza al demandante, debe advertirse que tal situación de carácter particular no puede ser tomada en cuenta como una causal de nulidad, por cuanto, según aquel, con la medida acusada se atenta contra su salud, pues tal y como lo sostuvieron el apoderado de la entidad demandada y el representante del Ministerio Público, el interés general prevalece sobre el interés particular.

Según el actor el uso del casco disminuye los reflejos, al igual que la audición y la visión, lo cual es una apreciación que puede desvirtuarse señalado que la norma demandada exige que el casco tenga determinadas especificaciones, esto es, que cumpla con las normas Incontec, con lo cual se busca que no sea un casco cualquiera, sino uno que proteja, precisamente, el derecho a la vida y el derecho a la salud.

Finalmente, frente al detrimento económico que a juicio del demandante le causa la disposición demandada, la Sala advierte, de una parte, que el valor del casco, comparado con el beneficio que le presta a los motociclistas, es insignificante, por cuanto les protege los derechos a la vida y a la salud tantas veces mencionados y, de otra parte, que la erogación que tienen que hacer los motociclistas para pagar las multas bien puede obviarse, si los mismos usan el casco, puesto que dicha multa es precisamente por no usarlo.

Así las cosas, esta corporación concluye que las normas constitucionales citadas por el actor como violadas no lo fueron y que, por el contrario, la resolución demandada pretende garantizar los derechos a que algunas de ellas se refieren, razón por la cual no accederá a las pretensiones de la demanda”(17).

No sobra reiterar que la conducción de motocicletas constituye una actividad altamente peligrosa y, por tanto, exige de manera necesaria e ineludible que quien la ejerza extreme las medidas de precaución tanto para garantizar su propia seguridad, como la de los demás conductores y usuarios de las vías, con mayor razón si algunas de esas herramientas de seguridad son de uso obligatorio.

En el presente caso, si bien la administración debió suministrarle el casco al señor Parra Zambrano al momento en el cual se le hizo entrega del vehículo, lo cierto es que esa omisión, se repite, de manera alguna lo excusaba para realizar la actividad peligrosa en comento sin el porte del referido elemento de seguridad, dado que él como conductor estaba en la obligación, a su vez, de cumplir con la reglamentación que exigía y exige el ordenamiento para el desempeño de esa actividad de conducir.

En este sentido, el señor Parra Zambrano pudo haberse abstenido de hacer uso de la motocicleta hasta tanto se le hubiere suministrado el casco protector o adquirirlo por su cuenta y solicitar su posterior reembolso, pero de manera alguna lo facultaba para conducir o transitar por el territorio nacional sin ese accesorio de protección, a sabiendas de que era obligatorio e indispensable para garantizar su propia seguridad.

Así mismo debe agregarse que, según lo expuesto en la demanda, los señores Parra Zambrano y Jorge Benavides al llegar al municipio de Túquerres procedieron a ingerir bebidas alcohólicas —brandy con leche—, actuación que generó —según los alegatos de conclusión de primera instancia presentados por la misma parte actora— un estado de alicoramiento “moderado” en la víctima directa, circunstancia, a su vez, que el tribunal a quo encontró acreditada, aspecto en relación con el cual, valga la pena recordarlo, la aludida parte demandante no manifestó motivo de inconformidad alguno.

Así las cosas, si bien no existe prueba científica a través de la cual se hubiere medido el nivel exacto de alcohol en la sangre del occiso —información que se extrae generalmente a través de pruebas técnicas especializadas que no obran en el expediente— y a partir de dichos datos puede determinarse con mayor precisión y exactitud —a través de tablas y parámetros establecidos para estos efectos— el grado de afectación que el alcohol produce en las funciones psicomotoras de la persona, lo cierto es que, como lo ha expuesto de manera reiterada la jurisprudencia de esta corporación, cualquier consumo de bebidas embriagantes, así sea mínimo, afecta desfavorablemente los reflejos, la evaluación de contingencias en el tráfico y retarda sensiblemente las reacciones normales del conductor experto.

Al respecto, la Sala ha expuesto:

“Según Carlos Alberto Olano Valderrama(18), no está en buenas condiciones para conducir quien se halle en estado de embriaguez, por cuanto dicha circunstancia, así no alcance un nivel muy elevado, incide desfavorablemente en la prontitud de los reflejos y en la evaluación de las contingencias del tráfico, factores indispensables para una segura conducción.

Es claro que la ingesta de bebidas embriagantes disminuye la capacidad de las personas para el desarrollo de cualquier actividad, sin embargo cuando tales actividades están relacionadas con situaciones que entrañan riesgo, como sería el caso de la conducción de vehículos automotores o motocicletas, dicha circunstancia incrementa en altísimas proporciones la posibilidad de que ocurra un accidente. Al respecto, resulta menester citar la sentencia de junio 8 de 1995, proferida por la Corte Suprema de Justicia, en la cual se dijo:

‘‘En síntesis, el fundamento de la agravante no es propiamente la embriaguez por sí misma, sino la disminución de la capacidad personal en el ejercicio de la actividad de conducir automotores debido a la ingestión de alcohol. Es evidente que el deber (sic), así no esté ebrio en alto grado, implica disminución de la capacidad (tanto psíquica como física) de atender el deber de cuidado que social y normativamente se espera del individuo que desarrolla actividades riesgosas. Es la falta al deber de atención por parte del agente, que dentro de tales consideraciones personales acrecienta la posibilidad de causar un daño al conducir. No se requiere un específico grado de embriaguez, basta con que el alcohol haya coadyuvado el incorrecto desarrollo de la actividad peligrosa”.

El alcohol, incluso en dosis pequeñas, deprime los centros coordinadores del cerebro y retarda sensiblemente las reacciones normales del conductor experto. En consecuencia, a pesar de su lucidez mental aparente y de su habilidad en el volante, el conductor que ha ingerido bebidas embriagantes tarda mucho más de lo normal en actuar ante circunstancias imprevistas, lo que es causa constante de numerosos y graves accidentes de tránsito. Hecho que torna irresponsable conducir vehículos después de haber ingerido licor, es que los trastornos neuromusculares (como retardos en las reacciones sicomotoras, disminución de la atención y perturbación de los reflejos con alargamiento de tiempo de reacción), ocurren mucho antes de que aparezcan los síntomas de ebriedad, de modo que ni el conductor ni quienes lo acompañan se dan cuenta del trastorno hasta que irrumpe una circunstancia imprevista, que demanda decisión y reacción rápidas de parte del conductor, pero ya entonces las decisiones y reacciones rápidas son imposibles, porque hay alcohol en el organismo, así sea en pequeña cantidad(19).

No hay duda que la conducción en estado de embriaguez de un vehículo automotor o una motocicleta aumenta el riesgo de sufrir un accidente, pero este se incrementa en altísimas proporciones cuando en dicha actividad intervine el factor velocidad, como ocurrió en este caso”(20) (se resalta).

De manera que para la Sala no cabe duda que el estado de alicoramiento del señor Parra Zambrano, así hubiere sido “moderado”, como lo aceptó expresamente la propia parte demandante, sin duda influyó de manera determinante en la producción del hecho dañoso cuya reparación se pretende.

Finalmente, otra situación que permite concluir que la producción del hecho dañoso obedeció a la conducta exclusiva de la víctima, dice relación con el evidente desconocimiento tanto de las órdenes, como de las recomendaciones emitidas por la directora de la Umata, quien fue precisa y persistente al insistirle al hoy difunto que su misión de trabajo consistía únicamente en trasladarse al municipio de Túquerres, recoger unos videos y, de manera inmediata, regresar al municipio de Guaitarilla, de tal forma que para antes del mediodía del 10 de diciembre de 1999 debía estar de nuevo en el último municipio mencionado.

No obstante tales instrucciones y directrices, lo cierto es que el señor Parra Zambrano, de forma deliberada y por demás irresponsable, decidió desconocer las órdenes impartidas y procedió, junto con su compañero de viaje, de manera imprudente, a ingerir bebidas alcohólicas en el municipio de Túquerres, al tiempo que, desconociendo una vez más las recomendaciones impartidas por la directora de la Umata, emprendió el camino de regreso sin las medidas de seguridad que se requerían y, aún peor, bajo los efectos del alcohol.

Por consiguiente, para la Sala resulta claro que fue el proceder imprudente, irresponsable, desconsiderado y exclusivo de la propia víctima el que finalmente ocasionó los resultados fatales ya conocidos, motivo por el cual se impone revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

6. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia apelada y, en su lugar deniéganse las pretensiones de la demanda.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con el Decreto 597 de 1988 —$26.390.000—, teniendo en cuenta que la demanda se radicó en el año 2000 y la cuantía del proceso se estimó en la suma de $59.000.000 a favor del señor Esau Parra (fl. 8, c 1).

(2) No obstante, se advierte que las citadas copias no obran en cuaderno aparte, en la medida en que fueron incorporadas como anexo a la demanda —aun cuando según el libelo introductorio no se aportaron en esa oportunidad— esto es se encuentran ubicadas con anterioridad al auto admisorio de la demanda y, por ende, al auto por medio del cual se abrió a pruebas el proceso, circunstancia que no encuentra explicación alguna en el proceso.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 1.998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(4) “... la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ‘el mismo valor probatorio del original’ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos ...” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(5) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008. Exp. 25000-23-26-000-2004-01856-01(AP). M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 26 de enero de 2006. Exp. AP-2180-2004.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2006. Exp. 15042. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(8) Ver: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de febrero 25 de 2009, Exp. 33736.

(9) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 22 de abril de 2002, Exp. 6636. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

(10) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de mayo de 2010. Exp. 36085. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(11) Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de abril de 2012. Exp. 23415.

(12) Ver entre otras, Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2009. Exp. 16689. M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(13) Lo anterior de conformidad con la sentencia del 9 de febrero de 2012, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera. Exp. 21.060.

(14) Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp. 17632. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(15) Sentencia del 13 de febrero de 1997, Exp. 9.912, reiterada, entre otras, en sentencia de 7 de septiembre de 2000, Exp. 13.184.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(17) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 10 de agosto de 2000. Exp. 5458. M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

(18) Olano Valderrama, Carlos Alberto. Tratado técnico jurídico sobre accidentes de circulación, Librería Ediciones del Profesional Ltda., sexta edición, Bogotá, 2003, pág. 365.

(19) Arango Palacio, Mario. Control de conductores alicorados, Minsalud, Medellín, 1974, pág. 2.

(20) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de octubre de 2008. Exp. 16353. M.P. Myriam Guerrero de Escobar.