Sentencia 2000-01115 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-26-000-2000-01115-01 (27.227)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Wilhelm Scheffler y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de febrero de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la pretensión mayor se estimó en $ 76.000.000(44), suma correspondiente al monto de los perjuicios materiales irrogados al actor en la modalidad de lucro cesante, mientras que el monto exigido en el año de presentación de la demanda para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, era de $ 26.390.000 (D. 597/88).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se alega se origina en la falla del servicio en que habría incurrido la DIAN al permitir la importación del automotor en cuestión desde Venezuela, a pesar de tratarse, al parecer, de un bien objeto de hurto en el vecino país, y la Policía Nacional, al suministrar al señor Scheffler información errada en relación con los antecedentes del vehículo identificado con placa ZIM 165, pues, según se afirmó a lo largo del proceso, de haberse conocido la procedencia ilícita del automóvil, su compra no se habría efectuado.

De conformidad con lo expuesto, entonces, para la Sala es claro que si bien, en criterio de la parte actora, el daño se causó “por fallas en el servicio de la administración pública, presentadas en la compra de la camioneta marca Grand Cherokee(45) —se resalta—, el término de caducidad de la acción debe contarse a partir del momento en que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso, es decir, desde el 27 de agosto de 1999, esto es, desde el día siguiente a la inmovilización del vehículo por parte de la Policía Nacional, comoquiera que fue en razón de este suceso que el demandante se enteró de que la información suministrada por las autoridades demandadas era equivocada, así como de las presuntas irregularidades que se presentaron en el trámite de importación.

En efecto, sobre el particular, por ejemplo, en auto de 7 de mayo de 1998(46), la Sala explicó:

“Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que solo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción” (resaltado del texto).

De conformidad con lo expuesto, la acción debía impetrarse antes del 27 de agosto de 2001 y como ello sucedió el 19 de mayo de 2000, resulta evidente que se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, la Sala deberá determinar si la DIAN y la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional son responsables del daño alegado en la demanda, consistente en la compra, por parte del señor Wilhelm Scheffler, del vehículo identificado con placa ZIM 165, en virtud de (i) la autorización de la importación del automotor en cuestión desde Venezuela, a pesar de tratarse, al parecer, de un bien objeto de hurto en el vecino país; la negativa frente a la solicitud presentada el 10 de abril de 2000 por el mencionado señor, respecto de la expedición de una copia de la información remitida por la Embajada de Venezuela en Colombia, al considerar que aquella tenía el carácter de reservado; y la iniciación en su contra de un proceso de requerimiento especial aduanero, por fuera del término previsto en el ordenamiento; y (ii) el suministro de información errada en relación con la procedencia lícita del vehículo, así como la mora injustificada para adelantar el procedimiento previsto en el artículo 7º de la Ley 207 de 1995 por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático”, respectivamente.

4. Análisis del caso.

4.1. Hechos probados.

En concordancia con el material probatorio que obra en el expediente y respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, la Sala encuentra probado lo siguiente:

4.1.1. Los señores Wilhelm Scheffler y Krause Gudrun son padres de las menores Jeannette y Ángela Scheffler Krause(47).

4.1.2. Está demostrado que el 16 de enero de 1996, la DIAN suscribió el formulario de declaración de importación 95209 1035167, con adhesivo de pago de tributo aduanero por intermedio del Banco de Bogotá 0153002055179-4 y número de levante 250500149, presentado el mismo día por la señora Yaneth Flórez Sánchez en calidad de importadora, correspondiente a un vehículo proveniente de Venezuela, transportado a Colombia por vía terrestre por la empresa Merma y Pesca C.A., con las siguientes características “vehículo automotor proyectado para el transporte de personas, marca Jeep Cherokee Limited 4WD, tipo sedán, clase campero, cabina regular, capota metálica, 4 puertas, año de fabricación 1995, modelo 1996, 5 pasajeros, dirección hidráulica, motor a gasolina, 5200CC, 8 Cil., en V 220 HP, 4800 RPM, caja automática de 4 vel., con tracción 4x4, peso bruto vehicular 2495 KG, capacidad de carga 522 KG, distancia entre ejes 2690 MM, altura mínima diferencial al suelo 190 MM, chasís independiente a la carrocería, radio AM/FM, cassette (sic), aire acondicionado como equipo de norma, servicio particular. (…) color: azul || serial carrocería: 8Y2GZ43YDSV084346”(48).

4.1.3. De igual forma, se encuentra probado que la señora Yaneth Flórez Sánchez presentó ante la DIAN, como soporte de la declaración de importación, los siguientes documentos:

— Registro de importación L1951001828336, válido hasta el 30 de junio de 1996(49).

— Carta de porte internacional por carretera Nº 0110, de la empresa Merma y Pesca C.A.(50).

— Certificado de origen 112333, en el que se señala que el vehículo con factura comercial 1523 cumple con lo dispuesto en las normas de origen Decisión 293, artículo 1º literal c) y Resolución 336 del Acuerdo de Cartagena(51).

— Factura comercial de contado 1523, suscrita el 9 de enero de 1996 por Autozulia C.A. en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, por un valor de USD 22.000(52).

— Manifiesto de carga internacional 0135(53).

— Declaración del valor de aduanas 95216 0191188(54).

— Declaración de tránsito aduanero internacional 0202(55).

— Auto de comisión para la inspección aduanera del vehículo, previa al levante(56), y acta de la diligencia respectiva adelantada el mismo día por el funcionario de la DIAN Edgar Fernando Ustate Pérez, en la que se lee lo siguiente(57):

“1. Cumple con los requisitos de la modalidad declarada: Sí X No _

2. La declaración [está] correctamente diligenciada: Sí X No _

3. Los tributos aduaneros están correctamente liquidados: Sí X No _

4. Se presentó la declaración y se solicitó el levante dentro del término establecido en el artículo 18 del Decreto 1909/92: Sí X No _

5. Se presentó declaración ante jurisdicción: Sí X No _

6. Existe constancia de los tributos aduaneros exigibles: Sí X No _

7. Contiene la declaración los datos sobre la modalidad de importación y subpartida (sic) arancelaria, descripción de la mercancía, cantidad, valor, tributos aduaneros y tratamiento preferencial cuando sea el caso: Sí X No _

8. Es el nombre del declarante diferente al del consignatario del documento de transporte: Sí _ No X

9. En caso afirmativo se acreditó el endoso en el documento de transporte para retiro de la mercancía: Sí _ No X

10. Los documentos señalados en el artículo 32 del Decreto 1909 de 1992 fueron presentados a satisfacción: Sí X No _

11. Existen inconsistencias en la declaración de aduanas con relación a los documentos soportes: Sí _ No X

12. Es consistente la subpartida (sic), tarifas o tratamiento preferencial declarado con las mercancías inspeccionadas físicamente: Sí X No _

14 (sic). Corresponde el valor en aduana declarado con el valor de las mercancías inspeccionadas físicamente: Sí X No _

15. Se encontraron faltantes o averías declaradas: Sí _ No X

16. Se encuentran mercancías no amparadas a escasos frente a las cantidades declaradas: Sí _ No X

(…).

17. Procede el levante: Sí X No _

(…).

19. Los suscritos funcionarios inspectores dejan constancia de que la mercancía inspeccionada se deja debidamente sellada y en buen estado” —resaltado del texto—.

4.1.4. Se conoce que el 24 de enero siguiente, la DIAN —administración local de La Guajira— jefatura de división operativa certificó que en sus archivos reposa la declaración de importación original y sus documentos anexos originales, correspondientes al vehículo descrito en precedencia(58).

4.1.5. Se tiene certeza de que el 9 de febrero del mismo año, el señor Andrés Zuleta Ardila, en calidad de vendedor, y el señor Wilhelm Scheffler, en calidad de comprador, suscribieron el contrato de compraventa de vehículo automotor VA-0494821, correspondiente al identificado con placa ZIM 165, por un precio de $ 38.750.000(59).

4.1.6. El día 13 del mes aludido, en atención a la solicitud elevada el mismo día por la señora Yaneth Flórez Sánchez, la Sijin del Departamento de Policía de Cundinamarca, mediante oficio 0302SIJIN-AU.997 suscrito por un técnico en identificación de automotores y el jefe de unidad de automotores, manifestó que en concordancia con la revisión técnica practicada al vehículo encartado de placa ZIM 165, chasís 8Y2GZ43YDSV084346, los “sistemas de fabricación [son] originales a la fecha” y que “revisado Kardex: en la fecha 13-02-96 no registra antecedentes por hurto de acuerdo con los sistemas que posee”(60).

4.1.7. De conformidad con el formulario único nacional 095-067602 del Ministerio de Transporte, está probado que se efectuó el registro inicial del vehículo de placa ZIM 165, chasís y serie 8Y2GZ43YDSV084346, y se dejó constancia de los datos del “nuevo propietario (traspaso)”, señor Wilhelm Scheffler. El documento, que no tiene fecha, registra copia de las improntas en el reverso(61).

4.1.8. Se sabe que el 14 de febrero de esa anualidad, el Ministerio de Transporte - Dirección general de transporte y tránsito terrestre automotor expidió la licencia de tránsito 94-156643 del vehículo de placa ZIM 165 y número de chasís 8Y2GZ43YDSVO 84346, figurando como propietario el señor Wilhelm Scheffler(62).

4.1.9. Se encuentra demostrado que el 26 de marzo de 1998, es decir, aproximadamente dos años después, mediante oficio 0384/JEFAT-SIJIN, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó a la señora Gudrun Scheffler, que en atención a su requerimiento del día 5 del mismo mes, consistente en la realización de un estudio técnico sobre el vehículo, así como de la revisión de su documentación, “se pudo verificar que la [documentación] correspondiente a lo adelantado dentro del país no tiene o registra irregularidad alguna”; empero, le sugirió “que para confirmar los documentos de origen se dirij[iera] a la Dirección de Policía Judicial e Investigación Dijin (…), ya que ellos tienen la posibilidad de consultar lo antes referido con las autoridades venezolanas”(63).

4.1.10. También está probado que el 29 de abril de ese año, por oficio 06405POAUT-997, la Dijin automotores informó a la inspección de tránsito y transporte de Zipaquirá, Cundinamarca, los resultados de la revisión técnica practicada al vehículo, como sigue:

“… los sistemas de identificación que posee en la actualidad se dictaminan así: son originales de fábrica. Se anexan improntas.

(…).

Informe de Kardex nacional de vehículos hurtados: no registra pendientes por hurto de acuerdo con los sistemas de identificación que posee en la fecha”(64).

4.1.11. Consta que el 6 de mayo de 1999, el señor Scheffler declaró y pagó el impuesto sobre vehículos automotores correspondiente al identificado con placa ZIM 165, por un valor de $ 697.000(65).

4.1.12. Está acreditado que el 26 de agosto de 1999, el subintendente Gonzalo Ballén Sierra, técnico en identificación de automotores de la Sijin Cundinamarca informó mediante oficio 12206 a la jefatura del grupo de automotores del mismo organismo:

“Comedidamente me permito informarle el resultado del estudio técnico practicado al automotor de las siguientes características:

1. Elementos de estudio:

Clase:Camioneta
Marca:Jeep Grand Cherokee
Tipo:Station Wagon
Color:Azul
Modelo:1996
Placas:ZIM 165 original
Motor:4M31803230394 original
Serie:8Y2GZ43YDSV084346 original
Carrocería:84346 original

2. Resultados del estudio:

Examinados los sistemas de identificación que en la actualidad posee el mencionado automotor se hallaron originales de fábrica al igual que sus placas de identificación exterior. Explorada la pintura de adentro hacia afuera se halló que su color azul es original.

3. Conclusiones:

Vistos los puntos anteriores se conceptúa que el automotor objeto del presente estudio técnico queda identificado, con los sistemas que en la actualidad posee, por ser estos los originales de fábrica. Al consultar el Kardex sistematizado de vehículos hurtados que se lleva en la Dijin, y a su vez consultado en la República de Venezuela, se pudo constatar que el mencionado vehículo presenta allí en la hermana República un pendiente por hurto de fecha 280895; según denuncia (sic) DAB00W de año 1995; expediente E440822”(66).

4.1.13. En razón de lo anterior, el mismo día, el subintendente Gonzalo Ballén Sierra, técnico en identificación de automotores de la Sijin Cundinamarca, y la intendente Myriam Mozo López, jefe de la sala técnica Sijin Cundinamarca, procedieron a inmovilizar el vehículo de placa ZIM 165, en el momento en que la señora Krause Scheffler lo conducía por el municipio de Zipaquirá, dejando constancia del siguiente “motivo de la inmovilización: por tener un pendiente de hurto en la República de Venezuela en el año 1995”(67). En este orden, está probado que el día 13 de septiembre del mismo año, la Sijin Cundinamarca puso el automotor a disposición de la jefatura del área de delitos contra el patrimonio económico de la Dijin, aclarando para el efecto que, “al consultar el Kardex sistematizado de vehículos hurtados nacionales e internacionales que se lleva en la Dijin, se pudo constatar que el mencionado rodante presenta un pendiente por hurto en la hermana República de Venezuela en el año 1995”(68).

4.1.14. Se conoce que el 17 de septiembre siguiente, la Policía Nacional - Grupo de automotores Dijin puso el vehículo a disposición de la DIAN, por “figurar hurtado en la República de Venezuela cuando portaba la placa DAB00W”(69).

4.1.15. Se sabe que el 30 de septiembre de 1999, el tercer secretario de la Embajada de la República Federal de Alemania en Colombia, señor Markus Hessling, informó al señor Wilhelm Scheffler que “hemos tratado infructuosamente de conseguir una copia de la denuncia instaurada por el aparente hurto de una camioneta que coincide con las características de la suya. Hemos acudido para esta búsqueda al oficial de enlace de la Embajada Alemana en Caracas, sin que la mencionada autoridad venezolana haya podido encontrar dicha denuncia. Los únicos datos suministrados por la PTJ a la policía colombiana en Caracas son el número de expediente E-440.822 de fecha 28.08.95, de la división de investigaciones de vehículos”(70).

4.1.16. En la misma fecha, la jefatura de la división de investigaciones de la DIAN informó a la división de fiscalización aduanera de la administración especial de aduanas de Bogotá, que el 18 de febrero anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo llegar, con nota DP/OFL/PS/000414, dos disquetes remitidos el día 12 febrero de 1998 por la Embajada de Venezuela en Colombia, “sobre denuncias de vehículos hurtados en ese país a partir de 1994, oficio O. J./A.T. 013757 del 13 de marzo de 1998 con listado de vehículos hurtados en el Ecuador; y oficio VA.CVICE5799 de marzo 29 de 1999 con información en tres disquetes que hizo llegar la Embajada del Ecuador mediante nota 4-2-78/99; se halló que el vehículo serial 8Y2GZ43YDSVO84346 figura solicitado por la República de Venezuela”(71).

4.1.17. El 4 de octubre siguiente, la DIAN - División de fiscalización aduanera adelantó la diligencia de aprehensión del automotor, según consta en el acta 834-106, por lo que quedó ubicado en el depósito Alpopular de la ciudad de Bogotá y fue objeto de avalúo por la suma de $ 45.000.000, dentro del expediente contentivo de la investigación administrativa correspondiente VH 99 99 0237(72).

4.1.18. En el expediente contencioso figura que el 29 de febrero de 2000, el señor Scheffler declaró y pagó el impuesto sobre vehículos automotores correspondiente al identificado con placa ZIM 165, por un valor de $ 79.000(73).

4.1.19. Se encuentra acreditado que el 8 de mayo de esa anualidad, la DIAN comunicó al señor Scheffler que no podía acceder a su petición relativa a la expedición de una copia de la información suministrada por Venezuela, pues la misma tiene “carácter reservado”(74).

4.1.20. Está demostrado que el 28 de septiembre del año atrás referido, la DIAN - División de investigaciones especiales de la subdirección de fiscalización aduanera profirió el requerimiento especial aduanero 0124, oportunidad en la que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 232, 502, 507 y 508 del Decreto 2685 de 1999, propuso el decomiso del vehículo de placa ZIM 165, número de chasís 8Y2GZ43YDSVO 84346, comoquiera que “no se encuentra incluido en la declaración de importación con la que se pretende amparar, toda vez que el vehículo es declarado modelo 1996 y el aprehendido modelo 1995”(75).

4.1.21. Por último, se conoce que el 6 de abril de 2001, la DIAN expidió la Resolución 3112, por medio de la cual resolvió la situación jurídica del vehículo encartado, acto en el que explicó que “[r]evisada la base de datos suministrada por la Embajada de Venezuela mediante nota DP/OFL/PS/000414 del 12 de febrero/98, y la Embajada del Ecuador mediante nota 4-2-78-99 y oficio VA.CVICE 5799 de marzo de 1999 con listado de vehículos hurtados, enviada a esta división por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante oficio OJ.AT 08101 del 18 de febrero de 1998, se halló que el vehículo con serial 8Y2GZ43YDSV084346 figura hurtado en la República de Venezuela, según registro 99.541, contenido en la denuncia E440822 de agosto 28 de 1995”(76).

Sin embargo, la entidad resolvió:

“Este despacho encuentra que con los documentos aportados al expediente queda plenamente demostrado que el vehículo camioneta marca Jeep, tipo Station Wagon, modelo Grand Cherokee, color azul, año modelo 1996, placas ZIM 165, motor 4M31803230394, serie 8Y2GZ43YDSV084346, chasís 84346, aprehendido mediante acta 834-106 del 4 de octubre de 1999, cumplió con los requisitos legales para su importación o permanencia en el territorio nacional, es decir, que el vehículo fue presentado ante las autoridades aduaneras, se encuentra amparado con una declaración de importación y fueron cancelados los tributos aduaneros correspondientes.

Al no encontrar méritos para ordenar el decomiso del vehículo aprehendido y teniendo en cuenta que el mismo figura reportado como hurtado en la República de Venezuela, de acuerdo con la información suministrada por el Gobierno Venezolano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, este despacho considera que el mismo debe ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia”(77).

4.2. Responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

4.2.1. En criterio de la parte actora, la DIAN es responsable del daño alegado en la demanda, consistente en la compra, por parte del señor Wilhelm Scheffler, del vehículo identificado con placa ZIM 165, por (i) permitir la importación del automotor en cuestión desde Venezuela, a pesar de tratarse, al parecer, de un bien objeto de hurto en el vecino país, (ii) negarse a expedir a su favor una copia de la información remitida por la Embajada de Venezuela en Colombia, al considerar que aquella tenía el carácter de reservado y (iii) iniciar en su contra un proceso de requerimiento especial aduanero, por fuera del término previsto en el ordenamiento.

4.2.1.1. Respecto de la primera cuestión, como ya se indicó, la Sala encuentra demostrado que, en efecto, el 16 de enero de 1996, la DIAN suscribió el formulario de declaración de importación 95209 1035167, con adhesivo de pago de tributo aduanero por intermedio del Banco de Bogotá 0153002055179-4 y número de levante 250500149, presentado el mismo día por la señora Yaneth Flórez Sánchez en calidad de importadora, correspondiente a un vehículo con las siguientes características “vehículo automotor proyectado para el transporte de personas, marca Jeep Cherokee Limited 4WD, tipo sedán, clase campero, cabina regular, capota metálica, 4 puertas, año de fabricación 1995, modelo 1996, 5 pasajeros, dirección hidráulica, motor a gasolina, 5200CC, 8 Cil., en V 220 HP, 4800 RPM, caja automática de 4 vel., con tracción 4x4, peso bruto vehicular 2495 KG, capacidad de carga 522 KG, distancia entre ejes 2690 MM, altura mínima diferencial al suelo 190 MM, chasís independiente a la carrocería, radio AM/FM, cassette (sic), aire acondicionado como equipo de norma, servicio particular. (…) color: azul || serial carrocería: 8Y2GZ43YDSV084346”.

En este sentido, como también ya se explicó, está probado que la señora Yaneth Flórez Sánchez presentó ante la DIAN, como soporte de la declaración de importación, el registro de importación L1951001828336; la carta de porte internacional por carretera 0110, de la empresa Merma y Pesca C.A.; el certificado de origen 112333; la factura comercial de contado 1523, suscrita el 9 de enero de 1996 por Autozulia C.A. en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, por un valor de USD 22.000; el manifiesto de carga internacional 0135; la declaración del valor de aduanas 95216 0191188; la declaración de tránsito aduanero internacional 0202 y el acta de la diligencia de inspección aduanera adelantada el mismo día por el funcionario de la DIAN Edgar Fernando Ustate Pérez, quien conceptuó que procedía el levante de la mercancía.

4.2.1.2. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala estima preciso considerar que de conformidad con el artículo 61 del Decreto 1902 de 1992 “Por el cual se modifica parcialmente la legislación aduanera” —norma aplicable al caso concreto en razón de la fecha en que se surtió la importación del vehículo encartado—, es competencia de la DIAN verificar la legalidad de la importación de una mercancía destinada a permanecer indefinidamente en el territorio nacional; actuación que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la misma normativa, se constriñe a velar por el cumplimiento de las normas aduaneras, esto es, a determinar si el importador realizó el pago de los tributos correspondientes y surtió en debida forma el proceso que para el efecto establece el ordenamiento.

En este sentido, de acuerdo con el decreto en cita, el proceso de importación inicia con el arribo del medio de transporte (art. 8º) y el depósito de la mercancía en los lugares habilitados mientras se adelanta el trámite (arts. 16 y 17), y continúa con la presentación ante la entidad, por parte del importador, del formulario diligenciado de declaración de importación (arts. 21 y 23), con los soportes correspondientes, es decir, el registro o licencia de importación que ampare la mercancía, la factura comercial, el documento de transporte, el certificado de origen, el certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, la lista de empaque y el poder o mandato, cuando la declaración se presentó a través de apoderado o mandatario (art. 32) y culmina, en este punto, con el pago de los tributos aduaneros liquidados en “los bancos y demás entidades financieras autorizados (…) ubicados dentro de la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía, o en la cual se tramitará la importación, si se trata de declaración anticipada” (art. 24).

De este modo, si practicada la inspección aduanera se establece la veracidad de la declaración (art. 29), la entidad autoriza el levante, es decir, “permite a los interesados la disposición de la mercancía”(78).

4.2.1.3. Ahora bien, a estas alturas resulta necesario preguntarse si, como lo alega la parte demandante, la DIAN debió impedir la importación del automotor, dada la denuncia de hurto que pesaba sobre este en Venezuela.

4.2.1.3.1. Sea lo primero indicar que, como bien se señaló, la competencia de la DIAN, en el ámbito de la importación y exportación de mercancías, se restringe a verificar el cumplimiento de las normas aduaneras, de suerte que el artículo 67 del decreto anteriormente citado prevé que “cuando una infracción a las normas aduaneras se realice mediante la utilización de documentos falsos, empleando maniobras fraudulentas o engañosas u otros hechos que tipifiquen delito por sí solos o se realice en concurso con otros hechos punibles, se aplicarán las sanciones administrativas que procedan, sin perjuicio de las investigaciones penales que corresponda adelantar” —se resalta—.

Lo anterior significa, que el proceso administrativo de importación es independiente del proceso penal que se pueda adelantar cuando en el trámite de introducción de una mercancía al territorio nacional se incurra en un delito, pues es apenas evidente que la DIAN no tiene competencia para juzgar hechos delictivos, en tanto su competencia se restringe a velar por el cumplimiento de las normas aduaneras. Empero, ello no quiere decir que, si la entidad tiene conocimiento de tal circunstancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Carta Política(79), no se encuentre obligada a informar de manera inmediata a las autoridades penales y de policía correspondientes para lo de su cargo.

Sobre el particular, en el Concepto Aduanero 0104 del 24 de octubre de 2003 (D.O. 45363, nov. 6 del mismo año), la DIAN explicó:

“… si sobre el vehículo recae una denuncia por hurto, debe tenerse en cuenta que no necesariamente dicha situación jurídica hace ilícita la documentación presentada ante las autoridades aduaneras para su importación, sin perjuicio de que se adelante la investigación pertinente para establecer la legal introducción del vehículo, teniendo de presente por supuesto que para que se adopte la medida de aprehensión, se debe configurar una de las causales previstas en la legislación aduanera, sin que sea dable invocar la circunstancia del hurto, tal como se precisó en el oficio 0643 de 2001 del cual se remite fotocopia para su ilustración.

Por lo tanto, en caso de no configurarse una causal de aprehensión por razones aduaneras, pero de existir el reporte del hurto del vehículo automotor, en cumplimiento del Decreto 1502 de 1996 las autoridades aduaneras deberán denunciar el hecho a la fiscalía para que por su conducto se tomen las medidas necesarias, tal como se precisó en el oficio 0643 de 2001” —se resalta—.

En efecto, el respeto al principio de legalidad exige a la autoridad aduanera negar el levante de la mercancía únicamente por la configuración de las causales previstas para ello. Así, la DIAN podrá rechazar el levante de la mercancía cuando, en concordancia con el artículo 30 del Decreto 1902 de 1992, (i) la declaración de importación se haya presentado con posterioridad al término establecido en el artículo 18 de la misma normativa(80), o cuando se acuda al depósito o a la aduana, según el caso, para obtener el levante, una vez transcurrido el mismo término o, cuando se entregue la declaración en el depósito o en la aduana antes del segundo día hábil siguiente a su presentación, cuando la DIAN exija que la entrega se efectúe con posterioridad a dicho término —modificado por el artículo 3º del Decreto 1672 de 1994—; (ii) la declaración de importación se haya presentado en lugar diferente a la jurisdicción aduanera de la mercancía; (iii) la declaración de importación carezca de la constancia del pago de los tributos aduaneros exigibles; (iv) la declaración de importación no contenga los siguientes datos: modalidad de la importación, subpartida arancelaria, descripción de la mercancía, cantidad, valor, tributos aduaneros y tratamiento preferencial; (v) la mercancía declarada no esté amparada con licencia de importación, certificado de sanidad o certificado de origen, cuando las normas lo exijan o (vi) cuando el nombre del declarante sea diferente al del consignatario del documento de transporte y no se acredite endoso para el retiro de la mercancía. Además, cuando el importador, el declarante o la persona autorizada no efectúe la entrega del original del registro o licencia de importación que ampare la mercancía, la factura comercial, el documento de transporte, el certificado de origen, el certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, la lista de empaque y el poder o mandato, cuando la declaración se presente a través de apoderado o mandatario(81).

4.2.1.3.2. En segundo lugar, la Sala encuentra que el 17 de marzo de 1993, en la ciudad de Caracas, la República de Venezuela y la República de Colombia suscribieron un Acuerdo para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático, acuerdo que fue aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 207 de 1995.

De conformidad con el artículo 6º de la ley en mención, las autoridades competentes de las partes contratantes, que para el caso de Colombia son los ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia, Transporte, Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, coordinarán el intercambio de información sobre las denuncias de los vehículos que han sido objeto de hurto, hurto calificado y secuestro, así como sobre las organizaciones sospechosas y los “modus operandi”, los sistemas de adulteración de seriales, de transformación y ocultamiento de vehículos.

A su turno, los artículos 7º y 8º de la ley en cita disponen:

“ART. 7º—Las secretarías ejecutivas de la comisión binacional de alto nivel para la recuperación de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático intercambiarán cada treinta (30) días, las listas de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático objeto de los delitos a que se refiere el artículo del presente acuerdo e informarán a las autoridades competentes de su país, para conocimiento de la otra parte.

ART. 8º—Las autoridades competentes de las partes contratantes expedirán una certificación en la cual se especifique que no existe denuncia de delito alguno sobre el vehículo de transporte terrestre, aéreo y acuático objeto de una compraventa o cualquier otro negocio. El funcionario consular respectivo legalizará las referidas certificaciones” —se resalta—.

Como lo dispone el artículo 241.10 de la Constitución(82), con posterioridad a la sanción presidencial de la Ley 207 de 1995, el Gobierno Nacional remitió copia auténtica de la ley a la Corte Constitucional(83), corporación que, mediante Sentencia C-152 del 18 de abril de 1996, estudió la exequibilidad del acuerdo y de su normativa aprobatoria.

En concordancia con la sentencia referida, el acuerdo “señala de modo específico que las partes contratantes se obligan expresamente a disponer lo pertinente para que a través de las autoridades competentes de cada país se identifiquen, capturen, incauten, retengan y entreguen o devuelvan los vehículos de transporte que hayan sido objeto de las mencionadas conductas delictivas, así como para prevenir y controlar la ocurrencia futura de estos hechos delictivos. Al respecto hay que entender que las autoridades competentes son las que tienen categoría judicial, de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país” —se resalta—.

En este orden, el tribunal constitucional afirmó:

“… en el fondo el asunto que se pretende regular por virtud del instrumento internacional es de naturaleza judicial, pues implica una evidente y natural controversia litigiosa entre el poseedor, tenedor o titular inscrito, los titulares de otros derechos personales y de crédito garantizados con prenda de la propiedad del vehículo, que tiene a favor el derecho constitucional a la presunción de la buena fe, la cual puede descartarse, pero sobre la base de una actuación judicial en la que se le asegure el derecho a la defensa, y demás derechos del reclamante del vehículo, quien se halla en el otro país y se encuentra adelantando una actuación judicial, con ocasión de la supuesta ocurrencia del delito.

Cabe destacar que las leyes colombianas y específicamente las disposiciones legales en materia de comercio de bienes muebles que se ofrecen al público también garantizan la presunción de la buena fe a favor del comprador y protegen la propiedad y la posesión pública y pacífica de dichos bienes, lo cual presupone, ante la eventual controversia sobre el título y el modo que fundamentan los derechos sobre aquellos, una actuación judicial y procesal debidamente definida en la ley, para garantizar su solución con arreglo a las leyes civiles.

Así, es notoria la ausencia de dicha regulación en el tratado o cuando menos su referencia a dichas disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano, salvo en el artículo III inciso segundo del tratado para el caso de la existencia de una controversia judicial o administrativa previa y diferente a la que surge, a raíz de la identificación administrativa de un vehículo como objeto de un delito, en el territorio del país reclamante, lo cual lleva a esta corporación a declarar la inexequibilidad parcial de la frase final del inciso primero que dice ‘que adopte la comisión binacional de alto nivel para la recuperación de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático’.

Así mismo se declarará la inexequibilidad parcial de la frase ‘de acuerdo con el procedimiento indicado en el párrafo anterior y’ del inciso segundo del artículo III del tratado” —se resalta—.

De este modo, la corporación consideró que la comisión binacional de alto nivel para la recuperación de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático, creada mediante el acuerdo, no tenía competencia para establecer un procedimiento para la detección, recuperación y devolución de los vehículos a que se refiere el instrumento, pues “es apenas una instancia de coordinación y de articulación entre las respectivas autoridades nacionales y el procedimiento que se deberá adoptar, en todo caso, debe sujetarse a las disposiciones del tratado en general y a las normas del derecho interno de cada una de las partes contratantes en particular”.

Ahora bien, entre tanto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 1502 de 1996 (D.O. 42862, de 26 de agosto del mismo año) y dispuso que si examinados los listados suministrados por el gobierno de Venezuela a través del conducto diplomático, se establece que un vehículo abandonado o decomisado mediante providencia en firme, ha sido objeto de los delitos de hurto o secuestro y que sobre el mismo no obra solicitud de entrega(84), la DIAN deberá comunicar por escrito al funcionario diplomático o consular designado por el gobierno de Venezuela, para que por su conducto se localice a quien tenga derecho a presentar la solicitud aludida (art. 4º)(85).

Posteriormente, el 30 de enero de 1997, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió el Decreto 209 “Por el cual se promulga el ‘Convenio entre la República de Colombia y la República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático’, hecho en Caracas el 17 de marzo de 1993”. En el texto del decreto promulgatorio del tratado aprobado por el Congreso de Colombia en virtud de la Ley 207 de 1995 y revisado por la Corte Constitucional, se lee:

“Que el 17 de octubre de 1996 en cumplimiento del artículo XV del convenio, que señala como requisito para la entrada en vigor que ambas partes se notifiquen por la vía diplomática el cumplimiento de los requisitos internos para su aprobación, el Gobierno Nacional mediante nota diplomática DM/OJ.T 0001928 propuso al gobierno venezolano aceptar el convenio con las inexequibilidades indicadas por nuestra honorable Corte Constitucional y las declaraciones interpretativas en cuanto a las funciones de la comisión binacional y el tramite a seguir para la devolución de los vehículos, y el ilustrado Gobierno de Venezuela mediante Nota Diplomática 001858 de 17 de octubre de 1996 aceptó aplicar el convenio en los términos indicados por Colombia. Por lo tanto, el convenio entró en vigor para Colombia el 17 de octubre de 1996, de conformidad con el artículo XV del mismo” —se resalta—.

4.2.1.3.3. En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que la DIAN no es responsable del daño alegado en la demanda, consistente en la compra, por parte del señor Wilhelm Scheffler, del vehículo identificado con placa ZIM 165, por permitir la importación del automotor en cuestión desde Venezuela, a pesar de tratarse, al parecer, de un bien objeto de hurto en el vecino país, por varias razones:

4.2.1.3.3.1. En primer lugar, porque, según se explicó, el respeto al principio de legalidad exige a la autoridad aduanera negar el levante de la mercancía únicamente por la configuración de las causales previstas para ello. En el presente caso, como se indicó, está demostrado que la señora Yaneth Flórez Sánchez canceló los tributos aduaneros correspondientes y presentó la documentación necesaria para la importación del vehículo —incluso la factura comercial de compra del automotor—, de suerte que la DIAN autorizó la declaración de importación y efectuó el levante de la mercancía.

En este sentido, es evidente que no existía una razón de orden legal o constitucional que impidiera a la DIAN autorizar la importación del automotor o adelantar el trámite administrativo previsto para ello.

4.2.1.3.3.2. En segundo lugar, tal como se aclaró en precedencia, lo anterior no quiere decir que si, al momento de la importación, la entidad hubiera tenido conocimiento de que sobre el vehículo objeto de importación recaía una denuncia por hurto en Venezuela, no hubiese estado obligada a informar de manera inmediata a las autoridades penales y de policía para lo de su cargo.

Sin embargo, en consideración de las pruebas aportadas al proceso, está demostrado que solo hasta el 12 de febrero de 1998, es decir, dos años y 27 días después que se surtió la importación del vehículo, la Embajada de Venezuela en Colombia hizo llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores de este país dos disquetes “sobre denuncias de vehículos hurtados en ese país a partir de 1994, oficio O. J./A.T. 013757 del 13 de marzo de 1998 con listado de vehículos hurtados en el Ecuador; y oficio VA.CVICE5799 de marzo 29 de 1999 con información en tres disquetes que hizo llegar la Embajada del Ecuador mediante nota 4-2-78/99; se halló que el vehículo serial 8Y2GZ43YDSVO84346 figura solicitado por la República(sic) por la República de Venezuela”(86).

Esto quiere decir que, al momento de la importación, la DIAN no tenía conocimiento de que sobre el vehículo recayera una denuncia por hurto en Venezuela, que la obligara a informar a las autoridades competentes o a detener el trámite de importación mientras se surtían las averiguaciones del caso.

En este orden, es indudable que no se puede exigir a la DIAN que conociera de la denuncia en comento antes de que su existencia fuese comunicada a Colombia vía diplomática, toda vez que el manejo y divulgación de la misma, dada su naturaleza, era de resorte exclusivo de la República de Venezuela.

4.2.1.3.3.3. Además, en tercer lugar, aunque como bien lo indica el demandante, mediante la Ley 207 de 1995, el Congreso de la República aprobó el acuerdo suscrito entre Venezuela y Colombia para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático, lo cierto es que, sin el fallo de constitucionalidad de la ley proferido por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional no podía adelantar las actuaciones encaminadas a perfeccionar el instrumento, no obstante haber sido aprobado por el Congreso y sancionado por el Presidente de la República como ley.

Así, en tanto el Decreto 209 de 1997, promulgatorio del tratado, es claro en sostener que el acuerdo entró en vigor para Colombia el 17 de octubre de 1996 —esto es, 9 meses después de la importación del automotor—, es evidente que solo a partir de esta fecha era exigible al Estado colombiano lo dispuesto en el instrumento internacional acusado por el actor como incumplido por las autoridades nacionales, al momento de la importación objeto de reproche.

De igual forma, por la misma razón expuesta anteriormente, tampoco le era exigible al actor, al momento de la compra del automóvil, la obtención del certificado de que trata el artículo 8º de la Ley 207 de 1997, como lo sostuvo el a quo, en tanto el acuerdo tantas veces mencionado entró en vigor después de que se efectuara la operación comercial.

4.2.1.4. Ahora bien, en criterio del actor, la DIAN también es responsable del daño causado, consistente en la compra, por parte del señor Wilhelm Scheffler, del vehículo identificado con placa ZIM 165, porque (i) se negó a expedir a su favor una copia de la información remitida por la Embajada de Venezuela en Colombia, al considerar que aquella tenía el carácter de reservado y (ii) inició en su contra un proceso de requerimiento especial aduanero, por fuera del término previsto en el ordenamiento.

Al respecto, basta con señalar que la negativa aludida, así como la iniciación del proceso de requerimiento especial aduanero, son posteriores a la compra del vehículo, de manera que no es posible establecer un nexo causal entre la respuesta de la entidad (mayo 8/2000)(87) o la iniciación del proceso aludido (sep. 28/2000)(88) y la operación de compraventa (ene. 16/96).

En este sentido, es preciso recordar que, en efecto, en criterio del actor, el daño consistente en la compra, por parte del señor Wilhelm Scheffler, del vehículo identificado con placa ZIM 165, y no de la aprehensión del mismo por la DIAN, pues, según se afirmó a lo largo del proceso, de haberse conocido la procedencia ilícita del automóvil, su compra no se habría efectuado.

4.2.1.5. De esta manera, la Sala concluye que la DIAN no es responsable del daño alegado en la demanda, razón suficiente para denegar las pretensiones formuladas en su contra, como en efecto se hará.

4.3. Responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

4.3.1. De conformidad con la demanda, la Policía Nacional también sería responsable de los perjuicios causados al señor Scheffler, por (i) el suministro de información errada en relación con la procedencia lícita del vehículo y (ii) la mora injustificada para adelantar el procedimiento previsto en el artículo 7º de la Ley 207 de 1995 por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático”.

4.3.1.1. Respecto del primer asunto, la Sala observa que en el expediente no obra prueba de que antes de realizar la compra del automotor, el señor Scheffler hubiese solicitado información a la Policía Nacional en relación con la procedencia lícita del mismo.

Sobre este punto, al plenario se allegó copia auténtica de la comunicación enviada el 13 de febrero de 1996 a la señora Yaneth Flórez Sánchez por la institución demandada, mediante la cual le informa que en concordancia con la revisión técnica practicada al vehículo encartado de placa ZIM 165, chasís 8Y2GZ43YDSV084346, los “sistemas de fabricación [son] originales a la fecha” y que “revisado Kardex: en la fecha 13-02-96 no registra antecedentes por hurto de acuerdo con los sistemas que posee”(89).

Nótese que la información anterior obedeció a la solicitud presentada por la señora Flórez Sánchez y no por el señor Scheffler y que la misma fue suministrada 4 días después de que el señor Andrés Zuleta Ardila, en calidad de vendedor, y el señor Wilhelm Scheffler, en calidad de comprador, suscribieran el contrato de compraventa de vehículo automotor VA-0494821, correspondiente al identificado con placa ZIM 165, por un precio de $ 38.750.000(90).

Además, es preciso tener en cuenta que la respuesta mencionada no podía ser diferente, aunque para ese momento ya recayera denuncia penal sobre el automotor en Venezuela, comoquiera que, tal y como se explicó, está demostrado que solo hasta el 12 de febrero de 1998, es decir, dos años después la comunicación en cuestión, la Embajada de Venezuela en Colombia hizo llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores de este país dos disquetes “sobre denuncias de vehículos hurtados en ese país a partir de 1994, oficio O. J./A.T. 013757 del 13 de marzo de 1998 con listado de vehículos hurtados en el Ecuador; y oficio VA.CVICE5799 de marzo 29 de 1999 con información en tres disquetes que hizo llegar la Embajada del Ecuador mediante nota 4-2-78/99; se halló que el vehículo serial 8Y2GZ43YDSVO84346 figura solicitado por la República de Venezuela”(91).

De este modo, solo hasta el 12 de febrero de 1998, la Policía Nacional tuvo conocimiento del requerimiento que se cernía sobre el vehículo en el vecino país, de manera que resulta equivocado sostener que incurrió en una falla del servicio cuando el 13 de febrero de 1996 aseguró, equivocadamente, que el vehículo no registraba antecedentes por hurto, en tanto para ese momento, con base en la información disponible en Colombia, ello era cierto.

En este orden, si bien la Sala no pasa por alto que con posterioridad al 12 de febrero de 1998, la Policía Nacional le indicó al señor Scheffler, en relación con la procedencia lícita del vehículo, que “se pudo verificar que la [documentación] correspondiente a lo adelantado dentro del país no tiene o registra irregularidad alguna” —se resalta—, tampoco desconoce que al mismo tiempo le sugirió “que para confirmar los documentos de origen se dirij[iera] a la Dirección de Policía Judicial e Investigación Dijin (…), ya que ellos tienen la posibilidad de consultar lo antes referido con las autoridades venezolanas(92) —se resalta—.

4.3.1.2. Finalmente, en criterio de los demandantes, la Policía Nacional habría incurrido en una falla del servicio por no adelantar oportunamente el procedimiento previsto en el artículo 7º de la Ley 207 de 1995.

Como ya se precisó, el artículo aludido dispone que “[l]as secretarías ejecutivas de la comisión binacional de alto nivel para la recuperación de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático intercambiarán cada treinta (30) días, las listas de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático objeto de los delitos a que se refiere el artículo del presente acuerdo e informarán a las autoridades competentes de su país, para conocimiento de la otra parte” —se resalta—.

Según la demanda, si el procedimiento descrito se hubiera surtido a tiempo y no dos años y 27 días después, el señor Scheffler no habría efectuado la compra del vehículo.

Sin embargo, como ya se tuvo la oportunidad de explicar, a pesar de que mediante la Ley 207 de 1995, el Congreso de la República aprobó el acuerdo suscrito entre Venezuela y Colombia para la detección, recuperación y devolución de vehículos, lo cierto es que, sin el fallo de constitucionalidad de la ley proferido por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional no podía adelantar las actuaciones encaminadas a perfeccionar el instrumento. Así, como ya se dijo, en tanto el Decreto 209 de 1997, promulgatorio del tratado, es claro en sostener que el acuerdo entró en vigor para Colombia el 17 de octubre de 1996 —esto es, 8 meses después de la compra del automotor—, es evidente que solo a partir de esta fecha era exigible al Estado colombiano lo dispuesto en el instrumento internacional acusado por el actor como incumplido por las autoridades nacionales, antes de la adquisición del vehículo.

4.3.2. Por lo anterior, la Sala concluye que la Policía Nacional no incurrió en la falla del servicio deprecada y, en consecuencia, confirmará la sentencia proferida por el 4 de febrero de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, la Sala no pasa por alto que mediante sentencia de 6 de junio de 2012 revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones en un caso similar al sub judice(93). Sin embargo, lo cierto es que analizados ambos casos con detenimiento, resulta forzoso concluir que la causa petendi de los asuntos difiere, por cuanto mientras en aquella oportunidad el centro de la imputación radicaba en la inmovilización de un vehículo por parte de la Policía Nacional, en el presente caso la parte demandante fue enfática en señalar que “[e]n ningún momento se ha dicho (…) que el daño moral y material causado a Wilhelm Scheffler tiene su origen en el hecho del decomiso del automotor, el daño se causa es por el incumplimiento u omisión del Estado (…), quienes estando revestidas de herramientas legales y operacionales no fueron diligentes en los momentos en que el demandante (…) acudió a ellas en reiteradas ocasiones para solicitar antecedentes del vehículo (…), recibiendo como respuesta una información errada”(94) —se resalta—; razón suficiente para que en no sea aplicable al presente caso la posición sentada en la citada sentencia.

5. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(44) Cfr. folio 11, cuaderno 1.

(45) Folio 2, cuaderno 1.

(46) Expediente 14297. En igual sentido, se puede consultar las sentencias de 7 de julio de 2011, Expediente 22462, C.P. (E) Gladys Agudelo Ordóñez; 12 de mayo de 2011, Expediente 19835, C.P. Hernán Andrade Rincón; 14 de agosto de 2008, Expediente 16.357, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 2 de marzo de 2006, Expediente 15785, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y autos de 13 de diciembre de 2007, Expediente 33991, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, y de 15 de febrero de 1996, Expediente 11239, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(47) Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento, folios 78 y 79, cuaderno 1.

(48) Copia auténtica del formulario de declaración de importación, folio 2, cuaderno 3.

(49) Copia auténtica, folio 3, cuaderno 3.

(50) Copia auténtica, folio 4, cuaderno 3.

(51) Copia auténtica, folio 5, cuaderno 3.

(52) Copia auténtica, folio 6, cuaderno 3.

(53) Copia auténtica, folio 7, cuaderno 3.

(54) Copia auténtica, folios 7 y 8, cuaderno 3.

(55) Copia auténtica, folio 12, cuaderno 3.

(56) Copia auténtica, folio 10, cuaderno 3.

(57) Copia auténtica, folio 11, cuaderno 3.

(58) Certificación original, folio 14, cuaderno 3.

(59) Contrato original, folio 20, cuaderno 3.

(60) Oficio en copia auténtica, folio 16, cuaderno 3.

(61) Original del usuario, folio 18, cuaderno 3.

(62) Copia auténtica de la licencia de tránsito, folio 27, cuaderno 4.

(63) Oficio original, folios 25 y 26, cuaderno 3.

(64) Oficio original, folio 28, cuaderno 3.

(65) Original primera copia contribuyente, folio 49, cuaderno 3.

(66) Copia auténtica del oficio, folio 45, cuaderno 4.

(67) Acta original de inmovilización, folio 38, cuaderno 3.

(68) Copia auténtica del oficio de entrega, folios 16 y 17, cuaderno 4.

(69) Copia auténtica del acta de entrega, folios 14 y 15, cuaderno 4.

(70) Comunicación original, folio 40, cuaderno 3.

(71) Copia auténtica del oficio, folio 12, cuaderno 4.

(72) Copia auténtica del acta de aprehensión, folios 8 a 11, cuaderno 4.

(73) Original primera copia contribuyente, folio 49, cuaderno 3.

(74) Oficio original 63-00-042-0007, folios 54 y 55, cuaderno 3.

(75) Copia auténtica del requerimiento, folios 93 a 98, cuaderno 4.

(76) Copia auténtica de la resolución, folios 100 a 106, cuaderno 1.

(77) Folio 106, cuaderno 1.

(78) Cohecha León, Cesar A. (2008). Derecho Administrativo Aduanero. Grupo Editorial Ibáñez, pág. 67.

(79) “Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. || Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines” —se resalta—.

(80) Artículo 18 del Decreto 1902 de 1992, modificado por el artículo 1º del Decreto 2614 de 1993: “Permanencia de la mercancía en depósito. Para efectos aduaneros, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, hasta por un término de dos (2) meses, contados desde la fecha de su llegada al territorio nacional. Cuando la mercancía se haya sometido al régimen de tránsito, su duración suspende el término aquí señalado. || El término establecido en este artículo podrá ser prorrogado hasta por cuatro (49(sic) meses adicionales en los casos autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se suspenderá en los eventos señalados en el presente decreto”.

(81) Artículo 32 del Decreto 1902 de 1992.

(82) “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: || (…) 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República solo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”.

(83) Corte Constitucional, Sentencia C-152 de 1996: “[e]l nueve (9) de agosto del año anterior [1995], y ‘en cumplimiento de lo establecido en el artículo 241-10 de la Constitución Política’, pero recibida en esta corporación el 16 del mismo mes, la secretaría general de la Presidencia de la República envió a esta corporación copia auténtica del texto de la Ley 207 de 1995 (ago. 9), “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático”, “suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993”".

(84) Artículo 2º del Decreto 1502 de 1996: “[t]oda persona natural o jurídica que demuestre ser propietaria de un vehículo que haya sido objeto de los delitos a que se refiere el artículo anterior, o que se haya subrogado en los derechos de uno de estos, y así lo demuestre, podrá solicitar su entrega ante la subdirección de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. || La solicitud de entrega se podrá formular por sí mismo, o por conducto de apoderado legalmente constituido o por intermedio del funcionario consular o diplomático designado por el gobierno venezolano para estos efectos”.

(85) Mediante sentencia de 22 de enero del 2009, Expediente 2004-00039, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, esta corporación negó la pretensión de nulidad incoada contra el artículo 4º del decreto cita, por considerar que “el decreto acusado es de aquellos que corresponde expedir al ejecutivo para adecuarse a las cambiantes circunstancias que requieren decisiones inmediatas, obviamente con observancia de los parámetros generales señalados en la Ley 6ª de 1971, o ley marco; y conforme lo destacó la Corte Constitucional en la sentencia que estudió la exequibilidad de la ley aprobatoria del tratado celebrado entre Colombia y Venezuela, a que se hizo mención anteriormente, este deja en claro que si el vehículo objeto de los delitos mencionados se encuentra vinculado a un proceso judicial o administrativo en el territorio del Estado requerido, la entrega se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido, y de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los dos países” —resaltado del texto—.

(86) Cfr. hecho probado 4.1.16.

(87) Cfr. hecho probado 4.1.19.

(88) Cfr. hecho probado 4.1.20.

(89) Cfr. hecho probado 4.1.6.

(90) Cfr. hecho probado 4.1.5.

(91) Cfr. hecho probado 4.1.16.

(92) Cfr. hecho probado 4.1.9.

(93) Expediente 23705, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera

(94) Folios 138, cuaderno 1.