Sentencia 2000-01128 de julio 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001233100020000112801

Exp.: 29.327

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: María Luzmila Triana y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D.C., veintitrés de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 16 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, con ocasión de la muerte violenta de la joven Mary Luz Triana, en hechos ocurridos en el corregimiento de San Joaquín, jurisdicción del municipio de Candelaria, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue estimada en el equivalente a 2500 gramos de oro, esto es, $ 44’918.225, por concepto de perjuicios morales(4), para cada uno de los demandantes, y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 2000(5), para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 26’390.000(6).

2.2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(7), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, la muerte de la joven Mary Luz Triana ocurrió el 2 de diciembre 1998 (fl. 11, cdno. 1) y la demanda fue instaurada el 21 de marzo de 2000, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.

2.3. El caso y su análisis.

Se encuentra acreditado en el plenario que la joven Mary Luz Triana falleció el 2 de diciembre de 1998. Así lo indican el registro civil de defunción (fl. 11, cdno. 1), el acta de levantamiento (fl. 21, cdno. 2) y la necropsia practicada al cadáver de la víctima, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, Regional Sur, según la cual esta falleció como consecuencia de heridas producidas “por proyectil de arma de fuego a nivel craneofacial con laceraciones cerebrales” (fl. 36, cdno. 2).

Conforme a lo visto, se encuentra acreditado en el plenario el daño sufrido por los demandantes como consecuencia de la muerte de la joven Mary Luz Triana, circunstancia de la que se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.

En torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos, Yolima Inés Vergara Hidalgo y Verónica Pérez Quintana, amigas de la hoy occisa y testigos presenciales de los hechos, en declaraciones rendidas el 28 de junio de 2002, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Candelaria, en cumplimiento del despacho comisorio IQ-213 del 30 de abril de 2002, librado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, aseguraron que el agente Oliveros Olaya, luego de una discusión, le disparó a Mary Luz y se suicidó. Manifestaron que las víctimas tenían una relación sentimental, la cual empezó a deteriorarse cuando la hoy occisa se enteró de que el uniformado era casado y tenía un hijo (fls. 122 a 128, cdno. 2).

Al respecto, el informe de los hechos, suscrito por el comandante de la subestación de Policía del corregimiento de San Joaquín, señaló (se transcribe textualmente):

“(...) el día 011298, siendo aproximadamente las 22:00 horas en la vía que de esta localidad conduce al corregimiento del Carmelo, el señor AG. Oliveros Olaya Siover, (...) adscrito a esta unidad hace tres meses y medio sostuvo una corta discusión personal con la señorita Mary Luz Triana, 18 años (...) a quién (sic) le propinó un impacto a la altura del temporal izquierdo sin orificio de salida, con el arma de su propiedad marca escorpio, calibre 38 largo, pavonado (...) Nº externo IM-5672R y seguidamente procedió a accionar el arma de fuego contra sí mismo, causándose lesión a la altura del temporal derecho sin orificio de salida. Al momento de los hechos el extinto agente se encontraba en traje de uniforme y se movilizaba en la motocicleta de su propiedad marca Suzuki AX 100 (...)

“Realizadas las investigaciones preliminares se logró establecer plenamente de que momentos antes la señorita Mary Luz en compañía de: Yolima Vergara Hidalgo y Verónica Pérez Quintana pasaron junto a la estación y saludaron al agente Oliveros, quien les dio alcance a la altura de la iglesia de la localidad y tras presenciar la discusión entre la pareja las señoritas Yolima y Verónica decidieron dejarlos solos y estos se dirigieron con rumbo a la residencia de Mary Luz, ocurriendo en el trayecto los hechos ya relacionados” (fl. 218, cdno. 2).

Así, pues, se encuentra acreditado que el agente Siover Oliveros Olaya, quien prestaba servicio en la subestación de Policía del corregimiento San Joaquín, departamento del Valle del Cauca, dio muerte con arma de fuego, luego de una discusión, a la joven Mary Luz Triana, con quien sostenía una relación afectiva y, luego, se suicidó.

Según la parte actora, tal hecho es imputable a la accionada, pues, a pesar de que el agente Oliveros Olaya utilizó un arma de uso personal para cometer el crimen y de que este no se produjo con ocasión del servicio, aquel se encontraba en disponibilidad, portaba el uniforme, estaba embriagado y, además, el comandante de la estación de Policía omitió el deber de vigilancia sobre el comportamiento del uniformado.

La demandada y el Ministerio Público sostuvieron, por el contrario, que ninguna falla en la prestación del servicio se configuró en este caso, ya que la muerte de la joven Triana obedeció a la culpa personal del agente Oliveros Olaya, quien actuó al margen de las funciones propias del servicio, planteamiento que fue acogido por el tribunal a quo, para negar las pretensiones de la demanda.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala analizará, de conformidad con las pruebas que militan en el plenario, si la muerte de la joven Mary Luz Triana es imputable a la accionada, como lo afirmó la parte actora o si, por el contrario, tal hecho obedeció a la culpa personal del agente Oliveros Olaya, como lo aseguraron la demandada y el Ministerio Público y lo decidió el tribunal.

En relación con las funciones que cumplió el agente Oliveros Olaya el día de los hechos, en la subestación de Policía de San Joaquín, el subintendente Jhon Fredy Ceballos Arenas, en declaración rendida el 22 de junio de 2002, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Candelaria, aseguró que, entre las 7:00 p.m. del 1 de diciembre 1998 y la 1:00 a.m. del día siguiente, el agente fallecido “se encontraba prestando disponibilidad, en ese momento no estaba de turno, simplemente tenía que estar uniformado, estar en la jurisdicción de san joaquín (sic)” (fl. 107, cdno. 2). En torno a esto último, el comandante de la mencionada subestación de Policía, en declaración rendida el 27 de septiembre de 2002 ante el juzgado acabado de mencionar, en el curso de la diligencia de inspección judicial practicada en las instalaciones de dicha subestación, sostuvo que la disponibilidad implicaba que el agente “no se encuentra de turno”, pero que, de todos modos, debía estar atento ante cualquier eventualidad que pudiera llegar a presentarse y que, además, la disponibilidad debía cumplirse en la estación de Policía o en el lugar que indicara el comandante (fl. 153, cdno. 2).

Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en diferentes oportunidades, ha sostenido “que la definición que hace el artículo 3º del reglamento de servicios de guarnición para la Policía Nacional del vocablo ‘disponible’, permite concluir que el agente de la Policía que se encuentra disponible está en servicio activo, pero no tiene señalada una función específica, la cual, sin embargo, puede serle asignada en cualquier momento”. Así, mientras no se ordene que el agente que se encuentra en disponibilidad ejecute una labor específica, “no cumplirá funciones propias del servicio, y sus actuaciones, por lo tanto, no vincularán al Estado, a menos que existan elementos adicionales que permitan considerar que su conducta tiene un nexo con el servicio respectivo”(8).

Ahora bien, contrario a la versión según la cual el agente Oliveros Olaya se encontraba en disponibilidad para la época de los hechos, la prueba documental que obra en el expediente (oficios del 15 de mayo y del 17 de octubre de 2002, expedidos por la subestación de Policía de San Joaquín) indica que, el 1º de diciembre de 1998, entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., el agente Siover Oliveros Olaya estuvo de turno y, entre las 7:00 p.m. de ese mismo día y la 1:00 a.m. del día siguiente, estuvo en descanso (fls. 1, 2 y 50, cdno. 2).

Si bien, como se observa, existe una contradicción entre lo dicho por el subintendente Ceballos Arenas y la prueba documental acabada de referir en torno a la situación concreta del agente Oliveros Olaya la noche en que ocurrieron los hechos, pues, por una parte, se dijo que este se encontraba en disponibilidad y, por otra parte, se afirmó que el uniformado estaba en horas de descanso, la Sala le da credibilidad a esto último, toda vez que lo dicho en la prueba documental aparece ratificado con lo que, al respecto, indican los libros de anotaciones de la subestación de Policía de San Joaquín, los cuales fueron objeto de una inspección judicial practicada el 27 de septiembre de 2002 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Candelaria, diligencia en la que, por solicitud del apoderado de los demandantes, rindió declaración el comandante de dicha subestación, quien, cuando se le pusieron de presente los citados libros, manifestó que el 1º de diciembre de 1998, entre las 7:00 a.m. y 1:00 p.m., el agente Oliveros Olaya estuvo en disponibilidad y que, entre la 1:00 p.m. y las 7 p.m., estuvo de centinela y que, posteriormente, esto es, entre las 7:00 p.m. de ese mismo día y la 1:00 a.m. del día siguiente, estuvo en descanso (fl. 153, cdno. 2).

Con fundamento en lo anterior, es menester señalar que, para la hora en que ocurrieron los hechos en los que resultó gravemente herida la joven Mary Luz Triana como consecuencia de un disparo con arma de fuego, accionada por el agente Siover Oliveros Olaya, esto es, las 10:00 p.m., aproximadamente (fl. 228, cdno. 2), este se encontraba en horas de descanso.

Al margen de lo dicho, lo cierto es que el agente mencionado, bien en horas de descanso, o bien en disponibilidad, no cumplía funciones propias del servicio cuando le disparó a Mary Luz Triana, a lo cual se agrega que el homicidio que cometió no estuvo prevalido de su condición de servidor público, pues la muerte de dicha joven tuvo tintes pasionales, ya que, según lo aseguraron Yolima Inés Vergara Hidalgo y Verónica Pérez Quintana (citadas en la p. 7 de este fallo), la relación sentimental de la pareja empezó a deteriorarse cuando la hoy occisa se enteró de que el agente Oliveros Olaya era casado y tenía un hijo, circunstancia por la cual ella quería terminar la relación, pero aquel se oponía a ello (fls. 122 a 127, cdno. 2), al punto que, como lo sostuvo la primera de las mencionadas, “él la amenazó a ella porque ella lo iba a dejar, porque se dio cuenta que él era casado” (fl. 124, cdno. 2).

Pues bien, como lo ha sostenido la Sala, las actuaciones de los funcionarios comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando tienen nexo o vínculo con el servicio público, pues la simple calidad de servidor que ostente el autor del hecho y la simple tenencia o propiedad del instrumento utilizado para causar el daño no vinculan, necesariamente, al Estado, pues el servidor bien puede actuar dentro de su ámbito privado, separado por completo de toda actividad pública(9).

Indudablemente, la conducta personal del agente Oliveros Olaya configuró la causa determinante y adecuada del daño; pero -se insiste-, al momento de los hechos este realizaba actividades que no tenían vinculación alguna con el servicio y, por tanto, es obvio que el uniformado actúo, simple y llanamente, como un particular, desprovisto por completo de la condición de servidor público. En torno a la culpa personal del agente, esta corporación ha precisado (se transcribe textualmente):

“La administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto, de toda cualificación jurídico-pública”(10).

La jurisprudencia del Consejo de Estado también ha dicho que (se transcribe textualmente):

“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público’. En el caso sub judice se acreditó que el arma utilizada por el agente no era de dotación oficial; se desconoce la motivación del hecho, por lo tanto, no puede afirmarse que el agente inculpado actuó frente a la víctima prevalido de su condición (...)”(11).

Ahora bien, según la demanda, el día de los hechos el agente Oliveros Olaya se encontraba en la subestación de Policía consumiendo bebidas embriagantes con sus compañeros y, cuando cometió el crimen, estaba ebrio, lo cual evidencia aún más la falla del servicio de la demandada, pues no solo toleró ese tipo de comportamientos, sino que, además, permitió que el agente saliera del lugar en ese estado y armado.

Al respecto, el agente Jhon Fredy Ceballos Arenas (citado en la página 8 de este fallo) dijo que, el día de los hechos, él estaba de turno y que el agente agresor se encontraba con otros compañeros celebrando el cumpleaños del sargento segundo José Vicente Ramírez Agudelo; no obstante, aclaró que dicha celebración no se llevó a cabo en la subestación de Policía, sino en la casa que él y el último de los mencionados alquilaban, ubicada a dos cuadras de la subestación de Policía. Manifestó que sus compañeros estaban tomando aguardiente, que el agente Oliveros Olaya estuvo en la reunión 2 horas, aproximadamente, al cabo de las cuales salió en su motocicleta particular a buscar a Mary Luz Triana y que, instantes después, ocurrieron los hechos relacionados con la muerte de esta última y con el suicidio del agente (fls. 107 a 109, cdno. 2).

Acerca del estado anímico del agente Oliveros Olaya, Caterine Rodríguez, citada unos párrafos atrás, manifestó que el uniformado “estaba tomado pero no estaba borracho” (fl. 120, cdno. 2). Por su parte, Verónica Pérez aseguró que el agente mencionado se encontraba tomando con unos compañeros (fl. 126, cdno. 2).

Pues bien, conforme lo visto, el día de los hechos el agente Oliveros Olaya —quien se encontraba en horas de descanso— y otros compañeros de la institución estaban celebrando el cumpleaños del agente Ramírez Agudelo, en la casa que este último arrendaba con el también agente Ceballos Arenas, lugar en el que consumieron aguardiente, aunque no es posible establecer, a ciencia cierta, si el citado agente Oliveros Olaya se encontraba ebrio, pues no obra en el plenario prueba alguna de alcoholemia que demuestre el grado de alcohol que presentaba en su organismo. En todo caso, debe quedar claro que no es cierto que, como lo aseguraron los demandantes, el agente agresor hubiera estado consumiendo bebidas embriagantes dentro de la subestación de Policía (al menos no obra prueba alguna en el expediente que indique lo contrario).

Así las cosas, vale la pena anotar que, si bien el día de los hechos el tantas veces mencionado agente de policía consumió aguardiente, lo cierto es que, en ese momento, este no ejercía funciones propias del servicio y, además, tal comportamiento ocurrió por fuera de las instalaciones de la subestación de Policía, de modo que la demandada no tenía por qué hacerse responsable de la conducta personal asumida por dicho servidor público, a lo cual se suma que no existen elementos de juicio que permitan afirmar a la Sala que el supuesto estado de embriaguez del citado funcionario fue la causa eficiente y determinante del hecho dañoso, pues lo cierto es que, como se dejó dicho, el homicidio de Mary Luz Triana obedeció a una situación pasional, en atención a que esta última tenía la intención de acabar la relación que sostenía con el agresor, máxime teniendo en cuenta que, como quedó demostrado, según la declaración de la joven Vergara Hidalgo (fl. 124, cdno. 2), el agente Oliveros Olaya la había amenazado de muerte si ella lo dejaba.

No es posible sostener, entonces, que el supuesto estado de embriaguez del agente estatal fue la causa eficiente y determinante de la muerte de la joven Mary Luz Triana. Un razonamiento semejante implicaría, para establecer el nexo de causalidad, la adopción de la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada entre nosotros por la doctrina y la jurisprudencia desde hace mucho tiempo, acerca de lo cual se ha dicho que:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la ‘teoría de la equivalencia de las condiciones’ y ‘la teoría de la causalidad adecuada’. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño (...)”(12).

Además, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta corporación, el estado de ebriedad no produce en la persona incapacidad de comprender los hechos, ni de determinarse de acuerdo con esa comprensión, ni aún en los casos de embriaguez aguda y, por tanto, la persona que comete un hecho delictivo en ese estado es plenamente responsable(13).

Es indispensable tener en cuenta, también, que ni la víctima ni ninguno de sus allegados denunciaron ante la Policía Nacional, ni ante otra autoridad, que el agente Oliveros Olaya tenía amenazada de muerte a Mary Luz Triana.

De otro lado, ninguna incidencia tiene el hecho de que el agente agresor se encontrara uniformado cuando ocurrieron los hechos, pues, como lo ha sostenido esta corporación:

“Para establecer los límites entre el nexo con el servicio y la culpa personal del agente, se deben analizar y valorar las particularidades de cada caso concreto, comoquiera que el vínculo instrumental, funcional u ocasional, por sí mismo no compromete, (sic) la responsabilidad patrimonial del Estado.

“Lo anterior, en la medida que el test de conexidad establecido en la providencia del 17 de julio de 1990, Expediente 5998, tal y como se puntualizó en anterior oportunidad(14), no conduce inexorablemente a dar por acreditada la obligación de reparación en cabeza de la administración pública, habrá que examinar en cada caso concreto la especificidad de las circunstancias en que se materializan los hechos”.

Pues bien, en el caso sub examine, les asiste razón al tribunal a quo y al Ministerio Público, al destacar que el daño tuvo origen en el ámbito privado, personal y ajeno del servicio, puesto que, al margen de la condición de agente de la Policía Nacional, Siover Oliveros Olaya, cuando ocurrieron los hechos, no cumplía funciones propias del servicio y, además, su actuación no estuvo prevalida de su condición de servidor público, a lo cual se agrega que el homicidio fue cometido con su arma de uso personal (fl. 224, cdno. 2) y, por tanto, es obvio que, en este caso, no existe nexo o vínculo funcional o instrumental alguno con el servicio.

En casos como este, es necesario reiterar que la sola condición de servidor público, es decir, el solo hecho de que una persona esté vinculada laboralmente con una entidad estatal no es suficiente para imputarle a esta responsabilidad patrimonial con ocasión de los daños antijurídicos que pueda ocasionar con sus actuaciones u omisiones, pues los servidores del Estado son personas que también tienen una vida privada y ejercen actividades de esta índole, desligadas totalmente del servicio.

Así las cosas, se encuentra plenamente acreditada la configuración de la eximente de responsabilidad consistente en la culpa personal del agente, circunstancia que impide imputar responsabilidad al Estado por la muerte violenta de la joven Mary Luz Triana, de modo que se confirmará la sentencia apelada.

2.4. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que, en el asunto sub examine, no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 16 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) El valor del gramo de oro, para la época de presentación de la demanda, era de $ 17.967,29.

(5) Año de presentación de la demanda.

(6) Decreto 597 de 1988.

(7) Ley 446 de 1998.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2005, Expediente 26.308.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, Expediente 18.322.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 1999, Expediente 10.922.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2001, Expediente 13.303.

(12) Tamayo Jaramillo, Javier. De la responsabilidad civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Editorial Temis, Bogotá, 1996, 2 edición, Tomo I, pp. 245 y 246.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercero, sentencia del 16 de enero de 2002, Expediente 12.622.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 2008, Expediente 17.896.