Sentencia 2000-01167 de marzo 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 500012331000200001167 01 (28.108)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Jorge Arturo Céspedes Rojas y otros

Demandados: Ministerio de Justicia y otros

Asunto: acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(29).

2. La caducidad de la acción de reparación directa.

Observa la Sala que el tribunal a quo declaró en el caso sub examine que operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por cuanto determinó que los hechos que dieron lugar a la presente acción de reparación directa se presentaron entre el 9 de mayo de 1997 y el 25 de marzo de 1998, fecha en que la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional desató el grado jurisdiccional de consulta y confirmó íntegramente la resolución de agosto 4 de 1997, mediante la cual la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente - Unidad Especializada - Ley 30 de 1986 - declaró la extinción de la acción penal por preclusión de la investigación a favor de Jorge Arturo Céspedes Rojas y otros.

Entonces, fue a partir del día siguiente al 25 de marzo de 1998 que el a quo contabilizó el término de caducidad de la acción, por lo que dedujo que dicho lapso precluyó el 26 de marzo de 2000, de manera que, como la demanda fue radicada el 25 de mayo del mismo año, concluyó que esta fue extemporánea.

Por su parte, el apoderado judicial de los actores sostuvo que debe tomarse como fecha para efectos de fijar el término de caducidad de la acción el 10 de junio de 1999, fecha en la cual Jorge Arturo Céspedes Rojas solicitó ante el Fiscal Regional de Oriente la expedición de la copia del fallo de consulta proferido por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional de Bogotá, momento en que conoció la decisión interlocutoria que, según lo afirma, no le había sido notificada.

La Sala confirmará la decisión del a quo por considerar que el fenómeno de la caducidad sí operó en el caso de autos, conforme pasa a explicarse.

Como se ha sostenido en decisiones anteriores, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales, no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

La caducidad como instituto procesal debe examinarse en el marco de su fundamento constitucional, que no es otro que el artículo 228 de la Constitución en el que se apoya la ratio de los términos procesales, los cuales deben responder al principio de diligencia de todos los sujetos que actúan en el proceso. En cuanto a este primer argumento, el precedente jurisprudencial constitucional señala,

“... la Constitución no solo pretende que los derechos de los ciudadanos se hagan efectivos, esto es, que se borre la consabida brecha entre normas válidas y normas eficaces, también pretende que los mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos ven garantizados sus derechos sean efectivos. De ahí el énfasis en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la función administrativa consagrada en el artículo 209 y la exigencia contemplada en el artículo 228 de que los términos procesales se observen con diligencia so pena de sanciones.

(...).

Dicho precepto legal, por lo demás, expresa nítidamente el interés general que todos los ciudadanos tienen en la buena y pronta marcha de la justicia.

... La constitucionalidad de la sanción en cuestión no puede ser vista desde la estrecha óptica de la relación individual de autoridad entre juez y parte. Ello, por cuanto su “justicia” es la resultante no de su conformidad con las expectativas —siempre cambiantes, variables e inciertas— de los individuos considerados como sujetos de una relación procesal, sino por su correspondencia con los valores que el propio constituyente priorizó en la Carta de 1991, entre los cuales se cuenta el restablecimiento de la confianza ciudadana en la justicia, y su prestación recta y eficaz”(30).

Dicho fundamento constitucional orienta la aplicación de los términos procesales desde una perspectiva social, propia a la justicia distributiva (Rawls, Dworkin, Dobson), cuyo sustento se encuentra en la efectiva protección de los derechos y en la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social. Lo anterior ratifica el precedente jurisprudencial constitucional según el cual,

“Desde esta perspectiva, es claro que la justicia, entendida como la resultante de la efectiva y recta mediación y resolución con carácter definitivo de los conflictos surgidos en el transcurso del devenir social, se mide en términos del referente social y no de uno de sus miembros”(31).

Con base en estos presupuestos, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado que,

“Para nadie es desconocido que la sociedad entera tiene interés en que los procesos y controversias se cierren definitivamente, y que atendiendo ese propósito, se adoptan instituciones y mecanismos que pongan término a la posibilidad de realizar intemporal o indefinidamente actuaciones ante la administración de justicia, para que las partes actuen (sic) dentro de ciertos plazos y condiciones, desde luego, con observancia plena de las garantías constitucionales que aseguren amplias y plenas oportunidades de defensa y de contradicción del derecho en litigio”(32).

Se está poniendo de presente la necesidad de considerar la caducidad como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, lo que debe ser considerado, valorado y apreciado sin que haya lugar a su deformación y/o distorsión, porque sería como admitir su propia negación al colapsar el sistema jurídico, restarle eficacia y eficiencia al juez y plantear una suerte de ruptura al principio de confianza legítima. En este sentido, el precedente jurisprudencial constitucional considera,

“El derecho de acceso a la administración de justicia, sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fín (sic), el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta”(33).

Desde la perspectiva propiamente del instituto de la caducidad, su alcance, conforme al fundamento constitucional que se expresó, debe considerarse en los términos que el precedente constitucional ofrece,

“... la institución jurídica de la caducidad de la acción se fundamenta en que, como al ciudadano se le imponen obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes de colaboración con la justicia para tener acceso a su dispensación, su incumplimiento, o lo que es lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes procesales —con plena observancia de las garantías constitucionales que integran el debido proceso y que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho de defensa—, constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional y, por ende, acarrea para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole mayores recursos y oportunidades, ante la inactividad del titular del derecho en reclamar el ejercicio que le corrresponde (sic).

De ahí que tampoco sea sostenible el argumento según el cual la caducidad frustra el derecho de acceso a la justicia pues, mal podría violarse este derecho respecto de quien gozando de la posibilidad de ejercerlo, opta por la vía de la inacción. Es imposible que pueda desconocerse o vulnerarse el derecho de quien ha hecho voluntaria dejación del mismo, renunciando a su ejercicio o no empleando la vigilancia que la preservación de su integridad demanda”(34).

Y cabe resaltar, que el ejercicio de la acción de reparación directa dentro de los términos fijados por el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general, por lo que el precedente jurisprudencial constitucional considera que la caducidad se constituye en el:

“... límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”(35).

A lo que se agrega, siguiendo el precedente jurisprudencial constitucional,

“La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso”(36).

Además, lo que justifica la aplicación de la caducidad es precisamente evitar la incertidumbre respecto al deber o no que cabría achacar al Estado de reparar un daño antijurídico causado. En este sentido, el precedente jurisprudencial constitucional señala,

“La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general”(37).

En criterio de la Sala los términos de caducidad, en especial para el ejercicio de la acción de reparación directa, están fijados para ofrecer certeza jurídica(38) a todo ciudadano que se crea con la posibilidad de invocar la tutela judicial, pero también a toda la colectividad, especialmente cuando se trata del respeto que merece proteger frente a la estabilidad cuando se trata de daños antijurídicos cuya causa y ocurrencia se consolidó en un momento temporal preciso, sin perjuicio del carácter continuado del mismo. En ese sentido, permitir la aplicación de la flexibilización del término de caducidad en materia de responsabilidad de la administración pública por falla en la actividad médica, que implica el ejercicio en cualquier tiempo de la acción, puede vulnerar los derechos al debido proceso y a la pronta administración de justicia, tal como se ha sostenido por el precedente jurisprudencial constitucional,

“De ahí que, la posibilidad de ejercer la acción de reparación directa en cualquier tiempo, como lo pretende el actor, no solo vulneraría los derechos al debido proceso y a la pronta administración de justicia, sino la seguridad y certeza jurídicas en que se fundamenta el Estado de derecho”(39).

El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada.

La doctrina ha desarrollado las características propias de esta figura para intentar delimitarla y diferenciarla con la prescripción extintiva de corto plazo. La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consignada con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, consagrada en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla con los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(40). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(41).

El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, consagra diferentes términos para intentar las acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad. Así, el numeral 8º dispone, sobre el término para intentar la acción de reparación directa:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (resalta la Sala).

Entonces, para intentar la acción de reparación directa, la ley consagra un término de dos años contados desde el día siguiente al acaecimiento del daño por el cual se demanda la indemnización, vencido este no será posible solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, porque habrá operado el fenómeno de la caducidad.

Sin perjuicio de lo anterior, debe mencionarse que excepcionalmente la corporación ha admitido una morigeración respecto de la caducidad, señalando que en precisos eventos, es posible que si el hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento determinado, solamente hasta una ulterior oportunidad sus repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado, es decir, a partir de cuándo el daño se hizo cognoscible para quien lo padeció(42). Al respecto se ha señalado:

“Por regla general, la fecha para la iniciación del conteo de ese término es el del día siguiente al del acaecimiento el (sic) hecho, omisión y operación administrativa. Excepcionalmente, esta Sala en su jurisprudencial ha tenido en cuenta que el término de caducidad, por alguna de esas conductas administrativas, se cuenta a partir del conocimiento del hecho dañino y no a partir de su ocurrencia, precisamente, porque el hecho no se hizo visible”(43).

Y posteriormente en precedente de la Sala indicó que,

“No obstante, esta corporación ha expresado, en diferentes ocasiones, que si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de estos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el paciente tiene conocimiento de ello(44). Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquella en que el daño ha sido efectivamente advertido”(45) (resaltado propio).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclutoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(46).

En efecto, la Sala de Sección Tercera, de vieja data(47), ha considerado que en las acciones de reparación directa que se adelanten por fallas en la administración de justicia, concretamente en eventos de “privación injusta de la libertad”, el término para su interposición debe empezar a contarse no a partir del momento en el cual se produzca la privación de libertad o se recupere esta, sino desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia en la que se pueda constatar que la privación de libertad ha sido injusta, porque solo a partir de ese momento existe habilitación para reclamar lo injusto de la detención.

En este sentido, esta Sección en sentencia del 15 de diciembre de 2004 Expediente 11714 manifestó que:

“La Sala ha considerado que en los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción por fallas en la administración de justicia, relacionadas con las reclamaciones originadas en la privación injusta de la libertad, el término para intentar la acción de reparación directa, debe empezar a contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que exonere de responsabilidad al sindicado, porque solo a partir de ese momento queda habilitado para reclamar la injusticia de su detención”.

En consecuencia, el término para intentar la acción de reparación directa por el daño ocasionado con la privación injusta de la libertad, debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que pone fin al proceso ya sea esta absolutoria de cesación del procedimiento, comoquiera que con dicha providencia se abre la posibilidad para el afectado de presentar la reclamación correspondiente, dado que hasta que ella no se produzca difícilmente puede alegarse la injusticia de la detención(48).

En el caso de autos, se encuentra probado dentro del plenario que Jorge Arturo Céspedes Rojas(49) fue detenido por la División de Policía de Carreteras - Estación de Policía de Carreteras del Meta en la noche del 9 de mayo de 1997, autoridad que mediante oficio 3546 del día siguiente, esto es, del 10 del mismo mes y año, puso a disposición del fiscal regional de turno, al señor Céspedes Rojas, junto con otras nueve personas, tres vehículos y unas sustancias inmovilizadas en el procedimiento efectuado en el kilómetro 19+500 metros, sitio peaje “La Libertad” vía que conduce de Villavicencio a Puerto Gaitán(50).

Acto seguido, durante los días 10 y 11 de mayo de 1997, la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente realizó la inspección judicial y toma de muestras a los vehículos de placas GKJ-095, SNF-791 y WNJ-387 e inventarió las mercancías y demás elementos allí contenidos.

Del mismo modo, el 14 de mayo de 1997 se efectúo la diligencia de inspección a los libros auxiliares de la Sección Segunda de la Séptima Brigada, donde se relacionan los registros de autorización para el transporte de elementos como ACPM, cemento, gasolina, kerosene y abonos, diligencia en la cual se constató que en el registro 740 folio 73 del 09 de mayo de 1997 consta el permiso otorgado al vehículo de placas WNJ-387 para el transporte de gasolina, kerosene, cemento y otros insumos(51).

Consecuencia de lo anterior, el 16 de mayo de 1997 la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía 3 de Oriente delegada ante los jueces regionales se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Jorge Arturo Céspedes Rojas, ordenó conceder la libertad inmediata, la suscripción de las correspondientes actas de compromiso y dispuso la entrega de bienes(52).

Así las cosas, mediante boleta de libertad de fecha 16 de mayo de 1997 fue puesto en libertad el señor Jorge Arturo Céspedes Rojas(53), previa suscripción del acta de compromiso(54).

No obstante, observa la Sala que no se efectúo la devolución del vehículo cuya propiedad alega el señor Jorge Arturo Céspedes Rojas, en razón a lo cual su apoderado presentó un derecho de petición el 12 de junio de 1997 al Fiscal Regional de Oriente, en el que solicitó información sobre el motivo por el cual no se habían pronunciado respecto a la entrega del vehículo camión de placas WNJ-387(55). Petición que, en la misma fecha, fue negada por la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente, por falta de la documentación requerida(56), y ratificada por el defensor del señor Jorge Arturo Céspedes el 24 de julio de 1997(57).

Ahora bien, en lo que respecta a la investigación penal, esta fue finalizada por la Dirección Regional de Oriente Unidad Especializada, mediante providencia del 4 de agosto de 1997, donde declaró la extinción de la acción penal por preclusión de la instrucción(58), luego de lo cual, el 7 de agosto de 1997, fue entregado el vehículo de placas WNJ-387 y los demás elementos al señor Jorge Arturo Céspedes(59).

Las decisiones así proferidas fueron consultadas por la Procuraduría(60) ante la fiscalía delegada para el Tribunal Nacional, autoridad esta que mediante providencia de fecha 25 de marzo de 1998 resolvió confirmar la resolución de fecha agosto 4 de 1997, mediante la cual el fiscal delegado ante los jueces regionales con sede en Santafé de Bogotá precluyó la investigación adelantada contra Jorge Arturo Céspedes Rojas y ordenó la entrega del vehículo de placas WNJ-387 y de la respectiva carga(61).

Así las cosas, quedó en firme la decisión por medio de la cual se puso fin al proceso penal y cesó el procedimiento adelantado contra Jorge Arturo Céspedes, el día 25 de marzo de 1998 con lo cual se concretó la privación injusta y la detención del vehículo alegadas por el actor como daño antijurídico. Al respecto, no obra en el plenario prueba que permita establecer, con certeza, la fecha en que dicha providencia fue notificada al actor ya que este no allegó al contencioso la copia completa de las diligencias penales, a sabiendas de que le corresponde a él la carga de la prueba.

En este sentido, también considera la Sala que no es de recibo la afirmación sostenida por el actor para escapar a los términos de la caducidad, según la cual él solo tuvo conocimiento de la decisión que confirmó la cesación de la investigación penal hasta el 10 junio de 1999, cuando solicitó ante el Fiscal Regional de Oriente la expedición de la copia del fallo de consulta proferido por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional de Bogotá(62), ante lo cual, además, alega que dicha providencia no le fue notificada.

Al respecto, debe observarse la legislación penal vigente para la época de los hechos, esto es, el Decreto 2700 de 1991 que en su artículo 187, contempló que las notificaciones en la jurisdicción penal podían surtirse en forma personal(63), por estado(64), por conducta concluyente(65) y en estrados(66).

Sin embargo, la legislación ibídem, artículo 188, determinó que en aquellos eventos en que el sindicado se encontrará privado de la libertad las notificaciones se hicieran en forma personal(67) y en los casos diferentes a este, es decir, cuando la persona no se hallaba bajo custodia de las autoridades públicas, la notificación se haría por estado.

Así las cosas, aunque el apoderado de la parte actora adujo la obligatoriedad de la notificación personal a Jorge Arturo Céspedes Rojas, amparado en una norma que no existía en el momento de los hechos (L. 504, jun. 25/99) y que tampoco decía lo que el abogado pretendió, para la Sala resulta claro que no imperaba la obligación legal de notificar personalmente a quien no se hallaba privado de la libertad, como fue el caso del señor Céspedes Rojas. Contrario sensu, correspondía al actor y a su apoderado vigilar el avance del proceso y comparecer todas las veces que fuera requerido, para lo cual suscribió acta de compromiso(68).

Ahora, en efecto la Ley 504 de 1999 en su artículo 14 modificó el 186 del Decreto 2700 de 1991, y refirió las providencias que deben notificarse, entre las cuales se contemplaron las sentencias y las providencias interlocutorias, pero ello no implica que dicha notificación, necesariamente, debiera hacerse en forma personal(69).

Conclusión de lo anterior, le acude la razón al Tribunal Administrativo del Meta que contabilizó el término de caducidad, a partir del 26 de marzo de 1998, fecha de la providencia que confirmó la cesación del procedimiento penal, consecuencia de lo cual, debía declararse que en el caso de autos operó el fenómeno de la caducidad, entre tanto que la demanda fue presentada el 25 de mayo de 2000, es decir, 1 mes y 29 días después de vencido el término para incoar la acción de reparación directa.

3. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de ésa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 20 de abril de 2004 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta(70), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(29) Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(30) Corte Constitucional, SC-165 de 1993.

(31) Corte Constitucional, SC-165 de 1993.

(32) Corte Constitucional, SC-351 de 1994.

(33) Corte Constitucional, SC-351 de 1994.

(34) Corte Constitucional, SC-351 de 1994.

(35) Corte Constitucional, SC-115 de 1998.

(36) Corte Constitucional, SC-832 de 2001. Puede verse también sentencias C-394 de 2002, C-1033 de 2006, C-410 de 2010.

(37) Corte Constitucional, SC-832 de 2001.

(38) Corte Constitucional, SC-115 de 1998.

(39) Corte Constitucional, SC-115 de 1998.

(40) Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, radicado 10909, M.P. Delio Gómez Leyva.

(41) Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, radicado 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(42) Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C. Sentencia de 15 de noviembre de 2011. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 19.467.

(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 11 de mayo de 2000. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Radicado 12200.

(44) Cfr., entre otras, sentencias de la Sección Tercera, del 26 de abril de 1984, Expediente 3393, y del 29 de junio de 2000, Expediente 11.676.

(45) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero de 2004. C.P. Alier Hernández Enríquez. Radicado 18273.

(46) Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, radicado 40.324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(47) Auto del 2 de noviembre de 2000, Expediente 17.964. En el mismo sentido, sentencia del 4 de marzo de 1993. Expedientes 7407-7399; auto del 2 de febrero de 1996, Expediente 11.425; autos del 14 de agosto de 1997, Expediente 13.258 y del 24 de septiembre de 1998, Expediente 13.626 y sentencias del 18 de octubre de 2000, Expediente 12.228 y del 13 de septiembre de 2001, Expediente 13.392.

(48) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de marzo de 2010. C.P. Ruth Estella Correa Palacio. Radicado 36.473.

(49) Folios 239 del cuaderno 1. Se anexa acta de derechos del capturado Jorge Arturo Céspedes Rojas.

(50) Folios 234-238 del cuaderno 1.

(51) Folios 252 del cuaderno 1.

(52) Folios 13-22 y 254-263 del cuaderno 1.

(53) Folio 23 del cuaderno 1.

(54) Folio 24 del cuaderno 1.

(55) Folio 312 del cuaderno 1.

(56) Folios 266-268 del cuaderno 1.

(57) Folios 316-318 del cuaderno 1.

(58) Folios 29-42 del cuaderno 1.

(59) Folios 289-290 del cuaderno 1.

(60) Folios 25-28 y 291 - 294 del cuaderno 1.

(61) Folios 43-47 y 295-299 del cuaderno 1.

(62) Folios 12 del cuaderno 1.

(63) ART. 189.—Notificación personal. La notificación personal se hará por secretaría leyendo íntegramente la providencia a la persona que se notifique, o permitiendo que esta lo haga.

(64) ART. 190.—Notificación por estado. <Artículo modificado por el artículo 25 de la Ley 81 de 1993. El nuevo texto es el siguiente:> cuando no fuere posible la notificación personal a los sujetos procesales diferentes a los mencionados en el artículo 188 de este código, se hará la notificación por estado que se fijará tres días después, contados a partir de la fecha en que se haya realizado la diligencia de citación mediante telegrama dirigido a la dirección que aparezca registrada en el expediente. El estado se fijará por el término de un día en secretaría y se dejará constancia de la fijación y desfijación.

(65) ART. 191.—Notificación por conducta concluyente. Cuando se hubiere omitido la notificación, o se hubiere hecho en forma irregular, se entenderá cumplida si la persona hubiere actuado en la diligencia o en el trámite a que se refiere la decisión, o interpuesto recurso contra ella.

(66) ART. 192.—Notificación en estrados. Las providencias que se dicten en el curso de cualquier diligencia relacionada con esta, se considerarán notificadas en ella aunque no hayan concurrido los sujetos procesales, siempre que se hayan respetado las garantías fundamentales.

(67) ART. 188.—Notificación personal al sindicado privado de la libertad y al Ministerio Público. Las notificaciones al sindicado que se encuentre privado de la libertad y al Ministerio Público se harán en forma personal.

(68) Folios 24 del cuaderno 1.

(69) ART. 14.—El inciso primero del artículo 186 del Decreto 2700 de 1991, quedará así: “ART. 186.—Providencias que deben notificarse. Además de las señaladas expresamente en otras disposiciones, se notificarán las siguientes providencias: las providencias interlocutorias, la que pone en conocimiento de las partes la prueba trasladada o el dictamen de peritos, el auto que ordena la práctica de pruebas en el juicio, el que señala día y hora para la celebración de la audiencia, la providencia que declara desierto el recurso de apelación y la que fija fecha en segunda instancia para la sustentación del recurso, el auto que ordena el traslado para pruebas dentro de la acción de revisión, las providencias que deniegan los recursos de apelación y de casación, y las sentencias”.

(70) Folios 321-336 del cuaderno 2.