Sentencia 2000-01172 de febrero 27 de 2013

 

Sentencia 2000-01172 de febrero 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Exp.: 76001-23-31-000-2000-01172-01 (26.326)

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Marlén Adriana Rodríguez y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2003, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía de un proceso cuya demanda se presentó en el año 2000 debe exceder de $ 26.390.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 39.253.000(1), solicitada por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de uno de los demandantes, se concluye que esta Corporación es competente para conocer de los recursos interpuestos.

2. Valoración probatoria y caso concreto

Previo a resolver el recurso de alzada, es menester anotar que el artículo 357 del CPC señala que la apelación se entenderá interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que, en razón de la reforma, fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”; de esta manera, no se puede agravar la situación del apelante único, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, por lo que la Sala se pronunciará únicamente en lo que se debate en el recurso, esto es, la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de los demandantes.

Al respecto, es preciso exponer que, según la posición jurisprudencial que ha adoptado la Sala sobre el reconocimiento de indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, éste resulta improcedente respecto de familiares de personas que pierden la vida encontrándose recluidas en centros carcelarios, purgando una condena impuesta mediante providencia judicial, habida consideración de que, en ese momento, la víctima no se encontraba desarrollando actividad productiva alguna(2).

No obstante lo anterior, en este caso, la Sala no puede desconocer que, si bien es cierto que Víctor Hugo González estaba recluido en la Cárcel del Distrito Judicial de Cali, desde el 28 de octubre de 1991, pagando una condena de 20 años de prisión, impuesta por el Juzgado 28 Penal del Circuito de ese municipio(3), es también cierto que la parte demandante acreditó que la Subdirección del Comando de Vigilancia del Distrito Judicial de Cali le otorgó una autorización “para vender chance en la parte interna del establecimiento” (fl. 90, cdno. 1) y que, según los testimonios practicados, el mencionado recluso ejercía algunas actividades lucrativas dentro de la cárcel que le permitían ayudar al sostenimiento de su compañera permanente, señora Marlén Adriana Rodríguez. Al respecto, los deponentes manifestaron:

— “Él tenía un negocio allá, vendía, tenía una venta de chance dentro de la Cárcel, manejaba un pequeño establecimiento donde vendía alimentos (…). Durante el tiempo que él estuvo en la cárcel, prácticamente manejaban la relación de pareja como marido y mujer, pues además de que él con su trabajo ayudaba económicamente a Adriana para sus estudios porque ella estudiaba Derecho en la Universidad Santiago de Cali, sé que compraron un carro y también una casa que lógicamente todo está a nombre de Adriana, pero que ella lo hizo con ayuda económica de Víctor Hugo (…). Sé que le iba muy bien, porque además de pagar alrededor de $ 300.000 mensuales en la cuota de la casa y ayudarle cada 6 meses a pagar sus semestres, que siempre le correspondía alrededor de $ 600.000 u $ 800.000, con Adriana mandaba dinero a la familia de él (…). Sé que le colaboraba cada mes a Adriana con la cuota que debía de (sic) pagar para la casa, más o menos no sé, unos $ 300.000 y cada 6 meses con el pago de su semestre de la universidad (…) con lo que él trabajaba en la cárcel le ayudó a Adriana para dar la cuota de la casa y lo del carro (…). Sé que trabajaba muchísimo, porque además de las labores que le mencioné, él no perdía oportunidad en las fechas especiales del año para invertir en algún negocio y poder obtener utilidades (…) le colaboraba a los compañeros haciéndole los trabajos, como se dice las tareas y siempre estaba buscando la forma de ganar dinero trabajando para poder solventarse” (testimonio de María Consuelo Cabrera Flórez, fls. 1 a 8, cdno. pbas.).

— “De las entradas económicas que sé que tenía Víctor Hugo, eran del producto de las labores que él realizaba allá en sus diferentes oficios, no sabría cuánto ganaba él, pero si sé que él le colaboraba económicamente a Adriana, la casita que ellos habían sacado en Alfaguara era Víctor Hugo quien le daba a Adriana el valor de la cuota” (testimonio de María Olivia Giraldo Solarte, fls. 9 a 13, cdno. pbas.).

— “Sí lo veía porque él laboraba en la sección educativa como monitor cuando inicialmente yo ingresé a trabajar en la cárcel y después en otras actividades que él desempeñaba como venta de chance, él vendía rifas y muchas cosas (…). Estaba formando también una especie de microempresa con la producción de ambientadores y todo lo que son productos de aseo para el hogar, él tenía un local con otro interno donde estaban organizando precisamente la elaboración de éstos (…). Él también elaboraba trabajos de la universidad a los compañeros y los mandaba a trascribir donde la hermana de Adriana (…). Cuando una persona trabaja en la cárcel, ese dinero es para el preso en este caso para Víctor Hugo, porque no se está laborando en una empresa que sea de administración directa de la Cárcel, entonces el producto de esto es para la persona que labora, yo sé que Víctor Hugo le mandaba a Adriana dinero para que cancelara los gastos que ella tenía en relación muchas veces al carro que ella tiene, a la casa que compraron (…) le prestaba ayuda económica a Adriana porque él le enviaba el dinero para el pago de las cuotas de la casa, aproximadamente $ 300.000, $ 350.000 en esa época” (testimonio de Genarina Ampudia Moreno, fls. 14 a 20, cdno. pbas.).

Aunado a lo anterior, obra en el expediente prueba documental original, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que certifica que el señor González López cumplió 1952 horas trabajando en “expendio autorizado por la dirección del establecimiento para laborar domingos y festivos”, en el período comprendido entre mayo de 1996 y enero de 1997.

A juicio de la Sala, los elementos probatorios recién mencionados son suficientes para acreditar que Víctor Hugo González López ejercía actividades económicas de manera legítima en el centro carcelario, por cuanto contaba con el permiso del Inpec; en consecuencia, está probado que como resultado de su trabajo obtenía una ganancia —cuyo valor se desconoce— que le permitía cubrir sus necesidades y contribuir al sostenimiento de la señora Marlén Adriana Rodríguez, circunstancia que compromete la responsabilidad del Estado, en cuanto lo obliga a indemnizar, entonces, el detrimento patrimonial alegado por la parte demandante.

Sobre el particular, se encuentra que la señora Marlén Adriana Rodríguez se presentó al proceso en calidad de compañera permanente de Víctor Hugo González aportando declaraciones extrajudiciales rendidas ante Notario por los señores Tulio Enrique Peña Lozano y María Olivia Giraldo Solarte, sobre la unión marital de hecho que aquéllos sostuvieron “bajo el mismo techo desde hacía (sic) siete años”(4). Al respecto, la Sala debe aclarar que dicho documento no cumple con los requisitos de ley para que sea valorado como prueba, toda vez que no fue ratificado por los declarantes, previo juramento de ley, tal como lo exigen los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil; es decir, comoquiera que las declaraciones contenidas en el mencionado documento fueron tomadas por fuera del presente proceso, sin la audiencia de la parte demandada y no fueron objeto de ratificación, es claro que carecen de eficacia probatoria. A lo anterior, debe agregarse que en el testimonio rendido en el trámite del proceso, la señora María Olivia Giraldo Solarte desvirtuó la declaración extrajudicial atrás mencionada, en la medida en que aseguró que “obviamente bajo el mismo techo no vivieron, porque él se encontraba detenido en la cárcel de Villahermosa y ella vivía con su mamá en el apartamento de su mamá”(5).

Ahora, si bien la demandante no acreditó la condición de compañera permanente de la víctima, lo cierto es que la Sala, en reiterados pronunciamientos, ha sostenido que en las acciones de reparación directa la legitimación en la causa por activa la tiene todo aquel que alega la condición de damnificado con el hecho que se imputa al demandado, siendo la condición de damnificado la que se debe acreditar en el curso del proceso para tener derecho a la indemnización que se reclama. Asunto distinto es que la jurisprudencia ha inferido el dolor moral en relación con los parientes de grado más próximo a la víctima(6), en tanto que en los demás eventos deberá probarse dicho perjuicio.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la demandante, en calidad de tercera damnificada, demostró el lucro cesante que le ocasionó la muerte de Víctor Hugo González López, la Sala reconocerá la correspondiente indemnización con el fin de resarcir dicho menoscabo patrimonial.

Para tal efecto, se encuentra que dos de los testigos, cuya versión se transcribió atrás, afirmaron que la contribución pecuniaria que Marlén Adriana Rodríguez recibía mensualmente por parte del señor González López era de $ 300.000 y que, adicionalmente, el occiso aportaba dinero para la cuota del vehículo de la señora Rodríguez, le pagaba los estudios universitarios y enviaba dinero a su familia. Si bien es cierto que lo anterior indica que aquél se lucraba con una suma superior a $ 300.000, también lo es que dichas versiones no ofrecen total credibilidad, pues de las circunstancias en las que Víctor Hugo González trabajaba, esto es, la informalidad de la actividad económica que ejercía y la limitación que este tenía por la privación de la libertad en la que se encontraba, se infiere que sus ingresos no superaban esa suma. Así las cosas, a fin de indemnizar a la parte demandante, se entenderá que el occiso devengaba $ 300.000 mensuales y que, como es natural, dejaba la mitad ($ 150.000) para su propio sostenimiento; en consecuencia, se liquidará con actualización de dicha renta, de conformidad con la siguiente fórmula, así:

S200001172de2013ecuacion1.JPG
S200001172de2013ecuacion1.JPG
 

El 50% de este valor se tendrá en cuenta como suma base para el cálculo de la indemnización correspondiente a la señora Marlén Adriana Rodríguez Victoria, y el 50% restante será tenido en cuenta para la liquidación de su hijo, Víctor Andrés González Rodríguez, de modo que la suma base para el cálculo de la indemnización a que tiene derecho cada uno de ellos será de $ 169.464.

En relación con el reconocimiento de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor del menor Víctor Andrés González Rodríguez(7), la Sala considera que deben ser reconocidos aun cuando su nacimiento se produjo con posterioridad al fallecimiento de su padre(8) pues, tal perjuicio, obedece a la pérdida del sustento económico que le habría de brindar el occiso, ya que en su condición de padre, tenía a cargo el cumplimiento de las obligación alimenticia que le impone el artículo 411 del Código Civil.

En línea con lo anterior, la liquidación respecto del hijo de la víctima será, desde el día de su nacimiento (5 de diciembre de 1998), hasta la fecha en que cumpliría 25 años de edad (5 de diciembre de 2023), momento en que se presume que cesa la dependencia económica respecto de su padre. En cuanto a la señora Marlén Adriana Rodríguez Victoria, la indemnización será calculada, desde la fecha en que se materializó el perjuicio, hasta el término de su vida probable(9).

Lucro cesante

Para Marlén Adriana Rodríguez Victoria (damnificada)

Indemnización debida o consolidada 

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos (2 de abril de 1998) hasta la fecha de esta sentencia (27 de febrero de 2013), para un total de 180,8 meses.

Aplicando la fórmula acostumbrada para estos efectos, se tiene lo siguiente:

 

S200001172de2013ecuacion0.JPG
 

Donde “S” es el valor a pagar, “Ra” es la renta actualizada, “i” es una constante y “n” corresponde al período ya mencionado, esto es, 180,8 meses.

S200001172de2013ecuacion2.JPG
 

S = $ 48.943.224

Indemnización futura 

Se extiende por el tiempo que, según las tablas de la Superintendencia Bancaria, le queda de esperanza de vida a la demandante desde el día siguiente a la fecha de la presente providencia.

Para la fecha de ocurrencia de los hechos, la demandante tenía 36 años, es decir, tenía una probabilidad de vida de 42,05 años, equivalentes a 504,6 meses(10).

Para el cálculo de la indemnización se descontará el número de meses que fueron liquidados por el período debido o consolidado (180,8), para así liquidar un número de meses igual a 323,8.

S200001172de2013ecuacion3.JPG
 

Donde “S” es el valor a pagar, “Ra” es la renta actualizada, “i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, esto es, 323,8 meses, así:

S200001172de2013ecuacion4.JPG
 

S = $ 27.590.345

En este orden de ideas, el valor total de la indemnización por lucro cesante a favor de la señora Marlén Adriana Rodríguez Victoria es de setenta y seis millones quinientos treinta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos ($ 76.533.569).

Para Víctor Andrés González Rodríguez (hijo)

Indemnización debida o consolidada 

Comprende el período transcurrido desde la fecha de su nacimiento (5 de diciembre de 1998) hasta la fecha de esta sentencia (27 de febrero de 2013), para un total de 170,7 meses.

Aplicando la fórmula acostumbrada para estos efectos, se tiene lo siguiente:

S200001172de2013ecuacion0.JPG
 

 

S200001172de2013ecuacion5.JPG
 

S = $ 44.934.821

Indemnización futura 

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente a la fecha de la sentencia (28 de febrero de 2013), hasta el 5 de diciembre de 2023, fecha en la que cumplirá 25 años de edad (129.2).

S200001172de2013ecuacion3.JPG
 

 

S200001172de2013ecuacion6.JPG
 

S = $ 14.224.376

En este orden de ideas, el valor total de la indemnización por lucro cesante a favor de Víctor Andrés González Rodríguez es de sesenta y un millones ciento cincuenta y nueve mil ciento noventa y siete pesos ($ 61.159.197).

Daño emergente

Comoquiera que el Tribunal de primera instancia accedió al resarcimiento del daño emergente padecido por la parte demandante y este aspecto no fue debatido en el recurso de apelación, la Sala actualizará la suma reconocida en esa oportunidad ($ 997.354,9), así:

S200001172de2013ecuacion7.JPG
 

En donde:

VA = valor actualizado

VH = valor histórico

Índice final = índice de precios al consumidor para la fecha de la presente providencia.

Índice inicial = índice de precios al consumidor vigente al momento en que se profirió la sentencia de primera instancia (16 de mayo de 2003).

S200001172de2013ecuacion8.JPG
 

VA = $ 1.491.044

Perjuicios morales

El tribunal de primera instancia reconoció a favor de cada uno de los demandantes, 75 salarios mínimos legales mensuales que, para la época de la sentencia, equivalían a $ 24.900.000. Comoquiera que el recurso de apelación no se ocupó de este aspecto, la Sala se limitará a actualizar dicha condena, en el sentido de reconocer 75 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de cada uno de los demandantes.

3. Condena en costas

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia de 16 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar:

1. DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por los perjuicios ocasionados a los demandantes con la muerte de Víctor Hugo González López.

2. En consecuencia, CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, el equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada una de las siguientes personas: Marlén Adriana Rodríguez Victoria y Víctor Andrés González Rodríguez.

3. CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de un millón cuatrocientos noventa y un mil cuarenta y cuatro pesos ($ 1.491.044), a favor de la señora Marlén Adriana Rodríguez Victoria.

4. CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

4.1. Setenta y seis millones quinientos treinta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos ($ 76.533.569), a favor de la señora Marlén Adriana Rodríguez Victoria y

4.2. Sesenta y un millones ciento cincuenta y nueve mil ciento noventa y siete pesos ($ 61.159.197), a favor de Víctor Andrés González Rodríguez.

5. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

6. Una vez en firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

7. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 de este último código.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Suma que resulta de multiplicar $ 1.700.000 por el tiempo que transcurrió desde el día de los hechos (2 de abril de 1998) hasta la presentación de la demanda (31 de marzo de 2000).

(2) Ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de enero de 2011, expediente 19865, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 14 de abril de 2011, expediente 20587, C.P. Danilo Rojas Betancourth; 9 de junio de 2010, expediente 19849, C.P. Enrique Gil Botero; 24 de mayo de 2001, expediente 12819, C.P. María Elena Giraldo.

(3) Acta 48 del Consejo de Disciplina de la Dirección General de Prisiones, folios 42, cuaderno de pruebas.

(4) Folio 3, cuaderno 1.

(5) Folios 9 a 13, cuaderno de pruebas.

(6) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 18 de marzo de 2010, expediente 18884, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Mediante Sentencia 299 de 2 de julio de 2003, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito Judicial de Cali declaró, en el proceso de filiación iniciado por Marlén Adriana Rodríguez, que Víctor Hugo González López es el padre extramatrimonial del menor Víctor Andrés González Rodríguez (fls. 247 a 258, cdno. pbas.).

(8) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 15 de agosto de 2002, expediente 14357, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(9) Se tiene en cuenta la probabilidad de vida de la señora Marlén Adriana Rodríguez Victoria, quien, al momento de la muerte de Víctor Hugo González, tenía 36 años de edad, mientras que él tenía 28 años (fls. 118 y 127, cdno. 1).

(10) Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria.