Sentencia 2000-01184 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Proceso número: 25000-23-26-000-2000-01184-01 (28009)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Naturaleza: Acción de reparación directa

Actor: Gustavo Manuel Muñoz Ardila

Demandado: la Nación - rama judicial - dirección ejecutiva de administración judicial

Bogotá, D. C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia” y señaló que “únicamente el Consejo de Estado y los tribunales administrativos” son competentes para ello, lo que significa que el conocimiento de las mencionadas controversias radica, en primera instancia, en los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.

Así lo tiene sentado la jurisprudencia de la Sala, en especial en el auto de 9 de septiembre de 2008, pronunciado dentro del Radicado 11001032600020080000900 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado —M. P. Mauricio Fajardo Gómez—, mediante el cual se fijó una postura en torno de los artículos 134B del Código Contencioso Administrativo y 73 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—.

1. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para resolver la controversia(1):

— El 2 de septiembre de 1986, los señores José Enrique Neuque Neuque y Gustavo Manuel Muñoz Ardila celebraron un “contrato de honorarios profesionales”, en el que se pactó que (i) el mandatario, hoy actor, iniciaría y llevaría hasta su culminación un proceso de sucesión intestada de la causante Carmen Neuque Vda. de Calderón; (ii) por la gestión se reconocerían, como honorarios, el 25% del valor comercial de los bienes adjudicados al mandante y (iii) ese porcentaje se haría exigible, una vez quede en firme el auto aprobatorio del trabajo de partición. Reza el documento:

PRIMERA. El mandatario se compromete para con el mandante a iniciar, seguir y llevar hasta su terminación demanda de sucesión intestada de Carmen Neuque Vda de Calderón, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota - Cundinamarca, hasta el auto que declare aprobada la partición en el referido proceso.

SEGUNDA. Acuerdan las partes contratantes, mandante y mandatario, que por la gestión profesional adelantada por el segundo de los nombrados, cobrará al primero veinticinco por ciento del valor comercial de los inmuebles denunciados dentro de la sucesión de Carmen Neuque Vda. de Calderón (…).

QUINTA. Los honorarios pactados entre las partes o contratantes por medio del presente contrato, serán exigibles una vez quede en firme el auto que decrete la aprobación del trabajo de partición (fls. 15-15 vto. c. 3; 49, 88, 250 c. 5).

— Mediante providencia de 21 de octubre de 1987, el Juez Promiscuo Municipal de Cota aprobó “en todas y cada una de sus partes el trabajo de partición, distribución y adjudicación de los bienes relictos dejados por la causante Carmen Neuque Vda. de Calderón, antes de su fallecimiento, presentado en forma legal por el señor partidor legalmente autorizado para ello” (fl. 87 c. 2), correspondiéndole al señor José Enrique Neuque Neuque un predio denominado “El Castillo” o “Damasco” (fls. 84-86 c. 2; 35-37 c. 3). La anterior decisión, fue notificada por edicto que se desfijó el 4 de noviembre de 1987, a las 6 p. m. (fl. 88 vto. c. 2), quedando ejecutoriada el día 7 siguiente.

— El 10 de marzo de 1995, el demandante solicitó a los jueces laborales del Circuito de Bogotá - Reparto la práctica de una prueba anticipada consistente en hacer comparecer “al señor José Enrique Neuque Neuque, persona mayor de edad y con domicilio y residencia en la vereda de Cetime del municipio de Cota - Cundinamarca, para que en audiencia pública (…) absuelva interrogatorio de parte que habré de formularle en forma personal y bajo la gravedad del juramento”. Lo anterior, para “pre constituir prueba de confesión sobre una obligación de carácter laboral por parte del señor José Enrique Neuque Neuque, por concepto de honorarios, según contrato de servicios profesionales” (fls. 13-14, 64-65 c. 5).

— El Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá D. C. (i) señaló que el 15 de junio de 1995, a las 8 y cuarto de la mañana, tendría lugar la audiencia pública en la que debe comparecer el señor Neuque Neuque y (ii) libró despacho comisorio al Juez Promiscuo Municipal de Cota para que cite al antes nombrado (fl. 17 c. 5 - providencia de 3 de mayo de 1995).

— El Juez Promiscuo Municipal de Cota en la diligencia de notificación personal que adelantó para dar cumplimiento al despacho comisorio referenciado, señaló:

Acto seguido procedí a enterarlo del auto de tres (3) de mayo del año en curso, advirtiéndole que debe presentarse ante el juzgado primero laboral el día jueves (15) de los corrientes mes y año, a fin de absolver interrogatorio de parte extra proceso (….). Se observó lo de ley (….), en este estado de la diligencia el señor José Enrique Neuque Neuque manifiesta, comentando con su esposa e hijo del mismo nombre, que “yo voy al juzgado que me citan, pero no deseo firmar ningún papel”. No siendo otro el motivo de la diligencia se termina (fl. 26 c. 5).

— El Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C., mediante providencia de 16 de agosto de 1995, (i) fijó una nueva fecha y hora “para llevar a cabo la audiencia pública dentro de la que se recepcionará el interrogatorio de parte al señor José Enrique Neuque Neuque” —7 de noviembre de 1995, a las 8 y cuarto de la mañana— y (ii) libró, para efectos de la citación del antes nombrado, el despacho comisorio correspondiente (fl. 31 c. 5).

— El 30 de agosto de 1995, el Juez Promiscuo Municipal de Cota notificó, personalmente, al señor José Enrique Neuque Neuque del “auto fechado el 16 de agosto-95, procedente del Juzgado 1º Laboral del Circuito de Bogotá” (fl. 40 c. 5).

— Mediante de diligencia de 2 de noviembre de 1995, el Juez Promiscuo Municipal de Cota notificó, personalmente, al señor José Enrique Neuque Neuque del auto de 16 de agosto de 1995, “advirtiéndole que se le requiere en la fecha señalada —nov.-7-95—, a las 8-15 de la mañana, en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C., a fin de absolver el mencionado interrogatorio de parte, caso contrario se declarará confeso” (fl. 44 c. 5).

— El 7 de noviembre de 1995, el Juez y el Secretario del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C., dejaron “expresa constancia de que no compareció el señor José Enrique Neuque Neuque a absolver interrogatorio de parte a él solicitado” (fl. 47 c. 5).

— En audiencia pública de 30 de enero de 1996, el Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C. abrió “el sobre que contiene las preguntas del interrogatorio de parte que debe absolver el señor José Enrique Neuque Neuque dentro de la presente diligencia y procede (…) a calificarlo en su contenido, disponiéndose que sobre las preguntas asertivas que el mismo contiene, se imponga por ministerio de la ley la confesión ficta de que trata el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de no haber comparecido a la audiencia en que debía absolverlo y menos aún haber justificado su conducta siquiera sumariamente” (fl. 52 c. 5).

Interrogatorio de parteCalificación del Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C.
PRIMERA. Generales de ley.PRIMERA PREGUNTA. No se formula por improcedente.
SEGUNDA. Diga al despacho si conoce al doctor Gustavo Manuel Muñoz Ardila, en caso afirmativo, desde cuando lo conoce.SEGUNDA PREGUNTA. No se formula por improcedente.
TERCERA. Dígale al despacho que tipo de relación tuvo usted con el doctor Gustavo Manuel Muñoz Ardila.TERCERA PREGUNTA. No se formula por improcedente.
(…) NOVENA. Diga cómo es cierto, sí o no, bajo la gravedad del juramento que tiene prestado, si el doctor Gustavo Manuel Muñoz Ardila intervino y lo representó a usted ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota. Dentro del proceso de sucesión de María del Carmen Neuque Vda. de Calderón.(…) NOVENA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley.
DÉCIMA. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted suscribió en esta ciudad de Bogotá, D. C., con el doctor Gustavo Manuel Muñoz Ardila, el día 2 de septiembre de 1986, un “contrato de servicios profesionales” para el trámite en el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota - Cundinamarca de la sucesión de la causante María del Carmen Neuque Vda. de Calderón y usted estuvo de acuerdo con el contenido del mismo, habiendo estampado su firma. Se le pone de presente el contrato de servicios profesionales.DÉCIMA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley.
DÉCIMA PRIMERA. Diga cómo es cierto, sí o no, bajo la gravedad del juramento, que entre usted y el doctor Gustavo Manuel Muñoz se pactó en la cláusula segunda del contrato de servicios profesionales, como honorarios (…) un 25% del valor comercial de los bienes objeto del trabajo de partición.DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley.
DÉCIMA SEGUNDA. Diga cómo es cierto, sí o no, que los bienes que a usted le correspondieron dentro de la sucesión del María del Carmen Neuque Vda. de Calderón tienen un valor de cien millones de pesos ($100.000.000) mcte.DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley.
DÉCIMA TERCERA. Habiéndose pactado en el referido contrato un 25% como honorarios de los bienes que le correspondieran en el juicio de sucesión de María del Carmen Neuque Vda. de Calderón y tendiendo dichos bienes un valor comercial de cien millones de pesos ($100.000.000) mcte., usted se encuentra en mora de pagarle al doctor Gustavo Manuel Muñoz la cantidad de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) mcte., por concepto de honorarios de la citada sucesión.DÉCIMA TERCERA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley.
DÉCIMA CUARTA. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted le adeuda en estos momentos al doctor Gustavo Manuel Muñoz, por varios conceptos de honorarios profesionales, la cantidad de veinticinco millones ciento cuarenta y nueve mil pesos ($25.149.000) mcte.DÉCIMA CUARTA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley.
DÉCIMA QUINTA. Diga cómo es cierto, sí o no, que a toda suma de dinero que se adeuda y no se paga en oportunidad (….), debe reconocerse un interés de mora, [en el sub judice] a partir de la fecha en que absuelve este interrogatorio del 5% mensual y hasta el día de la cancelación total de la obligación (fls. 22-23 c. 3; 50-51, 89-90 c. 5).DÉCIMA QUINTA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley (fls. 24-25 c. 3; 52-53, 91 c. 5).

 

— El señor Gustavo Manuel Muñoz Ardila presentó, ante los jueces laborales del circuito - reparto, demanda ejecutiva laboral para que se (i) libre mandamiento de pago “en contra del señor José Enrique Neuque Neuque, por la cantidad de veinticinco millones ciento cuarenta y nueve mil pesos ($25.149.000) mcte., por concepto de honorarios profesionales, según lo contenido en la diligencia de interrogatorio de parte que se surtió ante el juzgado primero laboral del circuito de la ciudad”; (ii) condene al ejecutado a pagar un interés mensual del 5% por mora y (iii) decrete el embargo y secuestro previo del inmueble, distinguido con la Matrícula Inmobiliaria 50N 487909 y la denominación “El Castillo”. Lo anterior, porque según el actor, la providencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C. que declaró la confesión ficta, contiene “una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar una suma de dinero que adeuda el señor José Enrique Neuque Neuque” (fls. 3-9, 54-59 c. 5).

— El Juez Promiscuo del Circuito de Funza, a través de providencia de 19 de junio de 1996, libró “mandamiento ejecutivo en favor del señor Gustavo Manuel Muñoz Ardila y en contra de José Enrique Neuque Neuque, por los siguientes valores: a) $25.149.000, por concepto de honorarios profesionales y b) intereses de mora a la tasa del 5% mensual desde cuando la obligación se hizo exigible hasta cuando el pago se verifique” (fls. 17 c. 3; 102, 189 c. 5).

— El Juez Promiscuo del Circuito de Funza, a través de providencia de 3 de julio de 1996, decretó “el embargo y secuestro previo del inmueble denunciado como de propiedad del demandado” (fls. 27 c. 3; 104, 105 c. 5).

— El Juez Promiscuo del Circuito de Funza, por providencia de 23 de octubre de 1996, comisionó al Juez Promiscuo Municipal de Cota para que “lleve a cabo la diligencia de secuestro del inmueble embargado” (122 c. 5).

— Mediante diligencia de 7 de mayo de 1997, el Juez Promiscuo Municipal de Cota decretó el secuestro del inmueble de propiedad del señor Neuque Neuque, denominado “El Castillo”:

En este estado de la diligencia, el despacho en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Funza, en su comisorio número 013 procede a declarar legalmente secuestrado el inmueble descrito por el despacho y se procede a hacer la entrega real y material del predio al señor secuestre, quien manifiesta “recibo de conformidad” (fls. 244-247 c. 5).

— El señor José Enrique Neuque Neuque en el escrito de contestación de la demanda, pidió que se (i) declaren probadas las excepciones de prescripción - previa, simulación del crédito contenido en el título ejecutivo, carencia de causa y cobro de lo no debido (ii) condene al ejecutante al pago de las costas procesales y de los perjuicios que se llegaren a causar y (iii) dé por terminado el proceso. Lo anterior, porque:

El mandamiento de pago se fundamenta en una confesión —ficta o presunta— que consta en un interrogatorio de parte proveniente de un proceso para pre constituir una prueba anticipada (….), el título ejecutivo fue confeccionado sin causa o prestación que lo justificara y con la sola intención de aparentar la existencia o vigencia de un crédito en favor del demandante. Para dicha confección del título ejecutivo, el actor se valió de la jurisdicción para formular ante ella un interrogatorio de parte como prueba anticipada, con el propósito de “probar una relación laboral de prestación de servicios profesionales” entre Gustavo Manuel Muñoz Ardila y José Enrique Neuque Neuque; relación laboral que ya estaba probada, por cuanto consta en un contrato escrito que se denominó “contrato de honorarios profesionales”, pero con el inconveniente de que la acción para exigir el pago de los honorarios allí previstos está prescrita.

Entonces, la simulación consistió en obtener que se diera por vigente una relación laboral pasada y que convinieron las partes hace más de 10 años y actualizar la exigibilidad del pago de honorarios, cuando esa exigibilidad ya está prescrita, en razón a que en la cláusula quinta del referido documento, “contrato de honorarios profesionales”, se estipuló: “los honorarios pactados entre las partes contratantes por medio del presente contrato serán exigibles, una vez quede en firme el auto que decrete la aprobación del trabajo de partición”.

(…) Del día veintiséis (26) de enero de mil novecientos ochenta y ocho (1988) al diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), transcurrieron más de tres (3) años, dentro de los cuales el acreedor Gustavo Manuel Muñoz Ardila no ejercitó jamás y, por razones que se desconocen, su derecho de hacer exigible la obligación clara, expresa y a cargo del deudor José Enrique Neuque Neuque.

Entonces ahora, cuando el acreedor Gustavo Manuel Muñoz Ardila recuerda la existencia de una acreencia a su favor y la quiere hacer exigible, encuentra que se halla prescrita o mejor, la obligación a cargo de José Enrique Neuque Neuque ya era civil y laboralmente inexistente (fls. 1-3 c. 4; 133-151 c. 5).

— Con relación a la excepción previa de prescripción, el demandante adujo que para la ejecución fue necesario “recurrir a una prueba anticipada de interrogatorio de parte, con el fin de obtener el título ejecutivo, ya que al demandado y absolvente se le preguntó bajo la gravedad del juramento si él debía la cantidad de $25.149.000, por concepto de honorarios profesionales y al no comparecer y no justificar su no asistencia, se le declaró confeso”. Precisó que “esto fue lo que dio fundamento legal para iniciar la acción ejecutiva laboral” (fls. 4-7 c. 4).

— El actor con relación al origen del monto adeudado —$25.149.000—, señaló, en el interrogatorio de parte que le fue efectuado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Funza, que dicha cifra la obtuvo de estimar, subjetivamente, junto con su abogado, el valor comercial del predio “El Castillo” en $100.000.000, atendiendo su ubicación, características y condiciones generales del mercado circundante.

Para determinar dicho valor del inmueble que le correspondió en el sucesorio de Carmen Neuque Vda. de Calderón al señor José Enrique Neuque, acordamos con mi apoderado, Dr. Camilo Torres Sánchez, que tiene una propiedad en una de las veredas El Abra, que el predio de la vereda Cetime, de acuerdo a la ubicación, a la corteza terrestre de la tierra y para la fecha, tomando ciertas consideraciones de otros predios que los tenían en venta, determinamos que el predio no solo valía cien millones de pesos, sino algo más, pusimos un valor de aproximadamente un 60% o 70% del valor de dicho predio (….), si tengo conocimiento de las entidades acreditadas ante la ley para dar un valor a un inmueble ya sea urbano o rural (….). Incluso tengo un señor conocido y amigo que se llama Ricardo Muñoz Bustamante que es perito en la materia y en la actualidad está vendiendo tres fanegadas en Cota zona rural, fanegada a trescientos cincuenta millones de pesos, por consiguiente, considero que el precio que se determinó y se tasó al señor José Enrique Neuque fue una suma que no corresponde a la totalidad del ciento por ciento, como ya dije, corresponde a la tasación que hicimos con el Dr. Camilo Torres Sánchez, asesorados por unos peritos, a la suma que se determinó en cien millones de pesos (fls. 223-234 c. 5).

— En audiencia pública de 26 de agosto de 1997, el Juez Promiscuo del Circuito de Funza dispuso (i) la práctica de una prueba grafológica tendiente a establecer si la firma que aparece en el “contrato de honorarios profesionales” es la del señor José Enrique Neuque Neuque y (ii) el rechazo de plano de la excepción de prescripción, ya que esta no puede proponerse como previa, conforme lo determina el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil (fls. 252-255 c. 5).

— El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - regional Bogotá, señaló que un estudio pormenorizado de “las muestras caligráficas de José Enrique Neuque Neuque (en tres hojas de papel bond oficio sin foliar, indubitado) frente a la firma que como del referido Neuque Neuque se visualiza en el dorso del ‘contrato de honorarios profesionales’, recibido en calidad de material motivo de esta investigación”, permite establecer que “existen abundantes similitudes morfodinámicas entre el material dubitado e indubitado” (fls. 379-380, 391-392 c. 5).

— El Juez Promiscuo del Circuito de Funza, mediante sentencia de 5 de mayo de 1998, declaró probada la excepción de prescripción y dio por terminado el proceso. Lo anterior, porque los honorarios profesionales prescriben a los tres años, lapso que está ampliamente superado en el caso, si se considera que empezó a correr desde que quedó en firme el auto aprobatorio del trabajo de partición —7 de noviembre de 1987—.

Conforme al texto del artículo 2.542 del Código Civil, los honorarios de los abogados, médicos, ingenieros y, en general, de los que ejercen cualquier profesión liberal prescribe en tres años.

Esta presunción de corto tiempo se funda en una presunción de pago, pues es presumible que los honorarios de los abogados, médicos y, en general, de quienes ejercen profesiones liberales se paguen al tiempo con el cumplimiento de la gestión. No es común ni usual la demora en el pago de esta clase de honorarios.

El tiempo de prescripción corre a partir del día en que la obligación se haya hecho exigible, que en el caso que se juzga es el cumplimiento de la condición señalada en el título, esto es, la ejecutoria de la providencia aprobatoria del trabajo de partición de los bienes de la sucesión de la señora María del Carmen Neuque Vda. de Calderón, la cual tuvo lugar el 7 de noviembre de 1987, conforme se deduce de las constancias secretariales del juicio de sucesión, que en copias auténticas se incorporó a este expediente.

El lapso prescriptivo corrió desde esta fecha hasta el 6 de noviembre de 1990, fecha en la cual se extinguió por completo la obligación, pues no obran pruebas en el proceso de que durante el periodo trienal se haya interrumpido el fenómeno prescriptivo natural o civilmente.

Quiere decir lo anterior, que cuando se inició la acción ejecutiva, ya la acción se hallaba prescrita (fls. 2-5 c. 2; 404-407 c. 5).

— La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante sentencia de 26 de noviembre de 1998, revocó la providencia del Juez Promiscuo del Circuito de Funza para, en su lugar, declarar probada la excepción de inexigibilidad de la obligación y dejar sin valor y efecto la providencia que libró mandamiento de pago y las actuaciones que de esta orden dependieron. La decisión anterior, porque en el caso (i) no procedía la confesión ficta; (ii) no se analizó la exigibilidad del título ejecutivo y (ii) no debió librarse mandamiento de pago, ni dársele curso a una acción improcedente.

El juez de primer grado se limitó al estudio de la prescripción de la acción ejecutiva para el cobro de los honorarios profesionales que se reclaman en este proceso, sin establecer la viabilidad del título ejecutivo y su exigibilidad, librando equivocadamente mandamiento ejecutivo y dándole curso a una acción improcedente, propia de un proceso ordinario dentro del cual podía establecer el avalúo comercial de los bienes y la suma exigible por concepto de honorarios profesionales. Igualmente, profirió una sentencia de excepciones, declarando probada la de prescripción propuesta por el demandado, decisión apelada por el ejecutante que es objeto de estudio por este tribunal.

(…) Del interrogatorio de parte anticipado se observa que el cuestionario que debía absolver el ejecutado fue presentado en sobre cerrado, el mismo día en que debía realizarse la diligencia, es decir, el 7 de noviembre de 1995, día en el cual también aportó el original del contrato de servicios profesionales suscrito el 2 de septiembre de 1986, de manera que no observó lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, que exige que el cuestionario que deba absolverse se presente antes de la fecha de la audiencia. De otra parte, en el interrogatorio de parte se pregunta “Diga, como es cierto, sí o no, que los bienes que a usted le correspondieron dentro de la sucesión de María del Carmen Neuque Vda. de Calderón tienen un valor de cien millones de pesos ($100.000.000) mcte.”, fijando unilateralmente el valor de los bienes y de consiguiente el de sus propios honorarios, aspectos que no pueden ser probados mediante la confesión tácita, pues para que esta se produzca con las consecuencias de orden probatorio se requiere que se cumplan las formalidades que para la prueba de confesión exige la ley y, como se trata de prueba anticipada, es indispensable que la respectiva petición se acomode a las normas del Código de Procedimiento Civil (arts. 195, 210 y 294).

Es más, en la solicitud expuso que con el interrogatorio de parte anticipado pretendía “pre constituir prueba de confesión sobre una obligación de carácter laboral, por parte del señor José Enrique Neuque Neuque por concepto de honorarios, según contrato de servicios profesionales que celebró con Gustavo Manuel Muñoz Ardila”, cuando el cuestionario también versa sobre otras dos obligaciones diferentes al contrato de honorarios profesionales.

Ahora bien, en el interrogatorio de parte absuelto por el ejecutante, este afirma “para determinar dicho valor del inmueble que le correspondió en el sucesorio de Carmen Neuque Vda. de Calderón al señor José Enrique Neuque, acordamos con mi apoderado, Dr. Camilo Torres Sánchez, que tiene una propiedad en una de la veredas El Abra, que el precio de la vereda de Cetina, de acuerdo a la ubicación, a la corteza de la tierra, a la fecha y otras consideraciones, determinamos que el predio no sólo valía cien millones de pesos ($100.000.000), sino algo más, pusimos un valor de aproximadamente 60 o 70 % del valor de dicho terreno, para esa época”, de modo que el avalúo comercial del bien inmueble denominado El Castillo por un valor de $100.000.000, que es el que se persigue en el proceso, no lo conocía el demandado, pues fue fijado unilateralmente por el ejecutante.

En las condiciones antes anotadas, no hay confesión presunta por la no concurrencia del absolvente y, en consecuencia, no es procedente la declaración de confeso que hiciera el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia de 30 de enero de 1996, sobre los hechos que versa el interrogatorio escrito.

Ahora bien, respecto a la obligación de pagar honorarios que consta en el contrato que suscribieron las partes el 2 de septiembre de 1986, tenemos que el profesional del derecho se obligó a iniciar, seguir y llevar hasta su terminación la sucesión intestada de Carmen Neuque hasta el auto que declare probada la partición y, a su vez, el mandante se obligó a pagarle una remuneración equivalente al 25% del valor comercial de los inmuebles denunciados dentro de la sucesión, honorarios que eran exigibles, una vez en firme el auto que decretara la aprobación del trabajo de partición, tenemos que la obligación de pagar los honorarios quedaba sujeta a una condición suspensiva de que se realizara o no las gestiones profesionales encomendadas y además se requería el avalúo comercial de los bienes para así deducir el 25% de los honorarios a que tenía derecho.

No corresponde determinar, entonces, en el proceso ejecutivo el valor de los honorarios profesionales por la gestión judicial en el proceso de sucesión y tampoco cual es el avalúo comercial del predio El Castillo, aspectos que son objeto del proceso ordinario, por cuanto la acción ejecutiva tiene operancia frente a una orden incondicional de pago, expresa, clara y actualmente exigible de pagar una suma determinada de dinero (CPC, art. 488), sin que la ausencia de uno de estos requisitos se pueda llenar dentro de las ritualidades propias del juicio ejecutivo.

No cabe, en consecuencia, referirse a la excepción de prescripción, sobre la cual debe advertirse que no está enlistada dentro de las excepciones previas, siendo de mérito y como tal debe tramitarse y decidirse, por eso el juzgado la rechazó de plano, por no haber sido propuesta como previa, pero tal pronunciamiento no significa que haya sido resuelta en dicha oportunidad.

De conformidad con lo anteriormente analizado se concluye que el mandamiento de pago no procedía, pues el título presentado para el efecto no reunía los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto falta su exigibilidad (…).

Así las cosas, esta Sala declarará probada la excepción de inexigibilidad de la obligación, dejando sin valor y efecto la providencia que libró mandamiento de pago y las actuaciones que de este dependan y, en consecuencia, se abstiene de fallar sobre las demás excepciones (CPC, arts. 306 y 510) (fls. 12-21 c. 2; 419-428 c. 5).

— Contra la decisión anterior, el demandante interpuso recurso extraordinario de casación (fls. 431-433 c. 5), el cual fue rechazado, porque la normativa rectora “no consagra la procedencia de aquél contra providencias dictadas en procesos ejecutivos” (fl. 335 c. 5).

2. Problema jurídico.

Acorde con el recurso interpuesto por el actor corresponde a la Sala establecer, si como el mismo lo afirma, la Nación - rama judicial es administrativamente responsable porque la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, en su decisión de 26 de noviembre de 1998, desconoció una confesión ficta obtenida con todas las formalidades legales, la cual, junto con el “contrato de honorarios profesionales”, integraba una obligación clara, expresa y exigible a cargo del señor José Enrique Neuque Neuque y, con su proceder errado y defectuoso, impidió que la deuda reconocida de $25.149.000, más los intereses de mora del 5% mensual, se hicieran efectivos, lo que le genera un daño que no está en el deber jurídico de soportar y, por ende, debe ser indemnizado.

Análisis de la Sala

En este caso se controvierte la sentencia de 26 de noviembre de 1998, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, porque, supuestamente, incurrió en errores y defectos que, por el menoscabo injustificado que producen, ameritan una indemnización.

El error judicial no solo se traduce en la interpretación diferente, aunque plausible en el caso concreto, va más allá, comporta el desconocimiento de obligaciones y deberes de mayor alcance y envergadura, ya sea porque no se aplica la ley vigente, se desatienden injustificadamente los precedentes jurisprudenciales, los principios que integran la materia o los imperativos que rigen el debido proceso y así se niega injustificadamente el derecho.

Se trata de un presupuesto que hace al Estado responsable por la actuación de sus jueces, sin que requiera para su configuración, de una decisión arbitrariamente contraria a derecho, aunque de darse, esta indudablemente causa daño y asimismo responsabilidad. Se colige, entonces, que toda decisión arbitraria genera responsabilidad y que la arbitrariedad no es el único presupuesto de la responsabilidad.

Con la expedición de la Constitución de 1991 y la consagración, en su artículo 90, de la responsabilidad patrimonial del Estado, como presupuesto general, siempre que una autoridad pública cause un daño que la víctima no tendría que soportar, surge la garantía constitucional de reparar. Ello resulta coherente con la filosofía del constituyente de 1991, dirigida a otorgar mayor protección a las personas frente a la actuación u omisión de las autoridades públicas, quienes, en ejercicio de sus deberes o funciones, no tendrían que vulnerar los derechos, intereses, libertades y creencias de los asociados.

Esa garantía constitucional fue posteriormente desarrollada y reglamentada, especialmente para el caso de la responsabilidad por el ejercicio de la función judicial, entre otros, por los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, en tanto que regulan, en forma expresa, la responsabilidad del Estado por acción u omisión de los servidores judiciales por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o privación injusta de la libertad.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante sentencia de 26 de noviembre de 1998, revocó la decisión del Juez Promiscuo del Circuito de Funza que había terminado el proceso por prescripción para, en su lugar, declarar probada la excepción de inexigibilidad de la obligación y dejar sin valor y efecto la providencia que libró mandamiento de pago y las actuaciones que de esa orden dependieron. Lo anterior, porque en el caso (i) no procedía la confesión ficta; (ii) no se analizó la exigibilidad del título ejecutivo y (ii) no debió librarse mandamiento de pago, ni dársele curso a una acción improcedente.

El demandante considera que este pronunciamiento desconoció una confesión ficta o tácita obtenida con todas las formalidades legales, la cual, junto con el “contrato de honorarios profesionales”, integraba una obligación ejecutable a cargo del señor José Enrique Neuque Neuque, por ser clara, expresa y exigible.

En el sub judice el actor solicitó, ante los jueces laborales del Circuito de Bogotá, D. C., la práctica de una prueba anticipada para “pre constituir prueba de confesión sobre una obligación de carácter laboral por parte del señor José Enrique Neuque Neuque, por concepto de honorarios, según contrato de servicios profesionales”.

En primer lugar, es necesario precisar que el actor no necesitaba pre constituir una prueba de la obligación laboral a cargo del señor José Enrique Neuque Neuque, por concepto de honorarios, por cuanto esta se desprendía del “contrato de servicios profesionales” que suscribió con él y que acompañó al interrogatorio de parte que no pudo ser absuelto por la no comparecencia del antes nombrado.

El interrogatorio de parte que tiene por finalidad la confesión extra proceso, busca suplir la ausencia de la prueba escrita. Lo anterior, porque el objeto de la confesión son los hechos o el conocimiento que de ellos se tenga, no las normas o las alegaciones o razones jurídicas, ni los derechos o relaciones contractuales, a no ser que se pretenda, en ese último evento y ante la ausencia de estipulación escrita y expresa, dar certeza de los sucesos generadores y reguladores de las mismas.

Los hechos sobre los que versa la confesión deben perjudicar al declarante o favorecer a la parte contraria y cumplir los requisitos señalados en el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los cuales está:

3. Que [La confesión] recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.

En el sub judice el demandante con la prueba anticipada, además de pretender, erróneamente, pre constituir prueba de confesión sobre una obligación laboral, respaldada en un “contrato de servicios profesionales”, buscó (i) contrarrestar los efectos de la prescripción y (iii) estructurar un título ejecutivo, con la determinación del monto adeudado por concepto de honorarios.

En efecto, los honorarios de quienes ejercen profesiones liberales prescriben en tres años, así lo dispone el artículo 2542 del Código Civil.

ART. 2542.—Acciones que prescriben en tres años. Prescriben en tres años los gastos judiciales enumerados en el título VII, libro I del Código Judicial de la Unión, inclusos los honorarios de los defensores; los de médicos y cirujanos; los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general de los que ejercen cualquiera profesión liberal (negrita con subrayas fuera del texto).

La prescripción, de conformidad con el artículo 2535 del Código Civil, se cuenta “desde que la obligación se haya hecho exigible”.

Ahora bien, en el “contrato de servicios profesionales” se pactó que los honorarios se harían exigibles, una vez quede en firme el auto aprobatorio del trabajo de partición, condición que ocurrió el 7 de noviembre de 1987 y el demandante procuró su pago, prácticamente ocho años después —10 de marzo de 1995—, con la solicitud de prueba anticipada, cuando la obligación estaba más que prescrita. En este punto, es preciso evidenciar que el actor (i) no alegó ni demostró la interrupción de la prescripción y (ii) aceptó que para obtener una ejecución fue necesario “recurrir a una prueba anticipada de interrogatorio de parte, con el fin de obtener el título ejecutivo” (respuesta del demandante a la excepción previa formulada de prescripción).

En este caso, los honorarios profesionales se pactaron a cuota litis, entendida como un porcentaje —25%— en función de lo adjudicado al mandante, señor José Enrique Neuque Neuque, en el proceso de sucesión intestada de la causante Carmen Neuque Vda. de Calderón.

Como el proceso de sucesión le fue adjudicado al señor Neuque Neuque un inmueble ubicado en la vereda Cetime de Cota - Cundinamarca y denominado “El Castillo” o “Damasco”, el actor buscó establecer la cuantía de los honorarios que le correspondían, fijando, a su arbitrio, el valor comercial de dicho predio en $100.000.000.

En el interrogatorio de parte efectuado por el Juez Promiscuo del Circuito de Funza para establecer el origen de ese monto, se evidencia que fue producto de apreciaciones del actor sobre aspectos de orden técnico propio de personal especializado, no susceptibles de confesión.

En efecto, como para determinar el justo precio de un inmueble se requiere del dictamen de un perito avaluador, ese monto o el que se derive el, no puede ser susceptible de confesión. Lo anterior, porque el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil señala que, para que proceda la confesión, esta debe versar sobre hechos “respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba”.

A pesar de que no era susceptible de confesión el valor comercial del inmueble “El Castillo” o “Damasco” y el monto de los honorarios, estimados con fundamento en el primer importe, el Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C., en audiencia pública de 30 de enero de 1996, la declaró por ministerio de la ley, porque no compareció el absolvente en la fecha y hora señalada y no justificó su inasistencia. Además, dio por ciertos (i) otros honorarios, que no se derivaron del “contrato de servicios profesionales” y no se incluyeron dentro la solicitud de la prueba anticipada —interrogatorio de parte— y (ii) apreciaciones jurídicas relativas a la aplicación de los intereses de mora, su porcentaje y límite temporal.

Interrogatorio de parteCalificación del Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C.
DÉCIMA SEGUNDA. Diga cómo es cierto, sí o no, que los bienes que a usted le correspondieron dentro de la sucesión del María del Carmen Neuque Vda. de Calderón tienen un valor de cien millones de pesos ($100.000.000) mcte.DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley.
DÉCIMA TERCERA. Habiéndose pactado en el referido contrato un 25% como honorarios de los bienes que le correspondieran en el juicio de sucesión de María del Carmen Neuque Vda. de Calderón y tendiendo dichos bienes un valor comercial de cien millones de pesos ($100.000.000) mcte., usted se encuentra en mora de pagarle al doctor Gustavo Manuel Muñoz la cantidad de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) mcte., por concepto de honorarios de la citada sucesión.DÉCIMA TERCERA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley.
DÉCIMA CUARTA. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted le adeuda en estos momentos al doctor Gustavo Manuel Muñoz, por varios conceptos de honorarios profesionales, la cantidad de veinticinco millones ciento cuarenta y nueve mil pesos ($25.149.000) mcte.DÉCIMA CUARTA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley.
DÉCIMA QUINTA. Diga cómo es cierto, sí o no, que a toda suma de dinero que se adeuda y no se paga en oportunidad (….), debe reconocerse un interés de mora, [en el sub judice] a partir de la fecha en que absuelve este interrogatorio del 5% mensual y hasta el día de la cancelación total de la obligación.DÉCIMA QUINTA PREGUNTA. Es cierto por ministerio de la ley.

 

Respecto de la confesión ficta o presunta, el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, señala que (i) la no comparecencia del citado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión que versen en preguntas asertivas admisibles y (ii) cuando los hechos no admitan prueba de confesión, como en este caso, la no comparecencia del absolvente en la fecha y hora fijada, sólo puede tenerse como indicio grave en su contra.

ART. 210.—Confesión ficta o presunta. La no comparecencia del citado a la audiencia o a su continuación, se hará constar en el acta y hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito. De la misma manera se procederá cuando el compareciente incurra en renuencia a responder o dé respuestas evasivas.

(…) Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesión, la no comparecencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder, se apreciarán como indicio grave en contra de la parte citada (negrita con subrayas fuera del texto).

Con fundamento en la decisión adoptada por el Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C., el actor inició un proceso ejecutivo laboral, porque, en su criterio, se constituyó un título ejecutivo.

Respecto de los requisitos del título ejecutivo y la habilitación para que este emane de una confesión ficta o tácita extra proceso, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, señala:

ART. 488.—Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294(2) (interrogatorio de parte —negrita con subrayas fuera del texto).

Para que las obligaciones puedan ser susceptibles de ejecución requieren cumplir requisitos de forma y fondo, los primeros se concretan a que el documento o documentos donde consten provengan del deudor y constituyan plena prueba contra él y los segundos se refieren a su contenido, es decir, que la deuda que se cobra sea clara, expresa y exigible.

Una obligación es (i) expresa cuando está determinada en el mismo título, de forma nítida, sin que sea necesario acudir a lucubraciones, suposiciones o razonamientos lógicos jurídicos para determinarla. En este punto, no se puede soslayar que el título ejecutivo puede emanar de una confesión ficta o tácita, en razón de lo normado en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil; (ii) es clara cuando está determinada de forma fácil e inteligible en el documento o documentos y en sólo un sentido y (iii) exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se manifiesta en la que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido o cuando ocurriera una condición ya acontecida o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, previo requerimiento.

El título ejecutivo bien puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, como por ejemplo un título valor (v.gr. letra de cambio, cheque, pagaré, etc.); o bien puede ser complejo, cuandoquiera que esté integrado por un conjunto de documentos, como por ejemplo —entre otros— por un contrato, más las constancias de cumplimiento o recibo de las obras, servicios o bienes contratados, el reconocimiento del contratante del precio pendiente de pago, el acta de liquidación, etc.

En este caso, el actor presentó para su ejecución un título ejecutivo complejo, pero lo integró erróneamente, por cuanto este debió constituirse con (i) el “contrato de servicios profesionales”, (ii) el auto aprobatorio del trabajo de partición que demostraba la actuación judicial cumplida y (iii) el avalúo comercial del inmueble adjudicado al señor José Enrique Neuque Neuque, el cual se echa de menos, más no con la confesión ficta o tácita declarada por el Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C., como lo hizo el demandante, ya que esta no procedía, no podía utilizarse para reemplazar los documentos referenciados, no constituía plena prueba contra el deudor, excedía los límites señalados en la solicitud de prueba anticipada y versaba sobre apreciaciones jurídicas relativas a los intereses de mora aplicables.

Con la anterior precisión, salta a la vista que, en este caso, no se identificó e integró en debida forma el título ejecutivo, lo que impidió que se determinara el avalúo comercial del inmueble “El Castillo” o “Damasco” y emergiera de forma fácil, nítida y clara, con el porcentaje pactado en el “contrato de servicios profesionales”, el monto debido.

Lo anterior, permite afirmar que, en esas condiciones, los honorarios reclamados por el demandante no eran susceptibles de ejecución. Por lo tanto, la determinación de la Sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca de declarar probada la excepción de inexigibilidad de la obligación y dejar sin valor y efecto la providencia que libró mandamiento de pago y las actuaciones que de esa orden dependieron, fundada en la (i) no procedencia de la confesión ficta; (ii) en la imposibilidad de ejecutar la obligación y (iii) en el trámite erróneo del proceso, no constituye un error judicial o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Lo expuesto, impone confirmar la decisión denegatoria del a quo.

3. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda a decretarlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de 13 de abril de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Sala de Descongestión.

Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La prueba documental que soporta los hechos probados fue anexada por el demandante o solicitada por este, decretada y allegada por la demandada.

(2) Artículo 294 del Código de Procedimiento Civil. Interrogatorio de parte. Cuando una persona pretenda demandar o tema que se le demande, podrá pedir, por una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. En la solicitud se indicará suscintamente lo que se pretenda probar.