Jaime Orlando Santofimio Gamboa

 

Sentencia 2000-01193 de noviembre 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 2000 12 33 000 2000 01193 01 (30866) y 2000 12 33 000 2000 01486 01 (35002)

Actor: Yolanda Carrillo y otros.

Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia).

Contenido: Valor de los documentos en copia simple. Valor de las pruebas trasladadas desde los procesos disciplinario y penal. Daños antijurídicos con ocasión de lesiones ocasionadas con arma de dotación oficial. Presupuestos para la responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos ocasionados con armas de dotación oficial. El hecho exclusivo de la víctima en casos de armas de dotación oficial. La culpa personal del agente en casos de armas de dotación oficial. Aplicación de unificación jurisprudencial en materia de perjuicios materiales y de daño a la salud. Reconocimiento del lucro cesante consolidado en concreto. Llamamiento en garantía.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala de subsección decidir los recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia de primera instancia de 29 de octubre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, que declaró administrativamente responsable a la NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, la condenó al pago de la indemnización por concepto de perjuicios morales y materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante de las lesiones ocasionados a ARCADIO FRANCISCO CARRILLO [fl. 353 cdno. ppal. Exp. 30866], y contra la sentencia de 29 de noviembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las excepciones propuestas, declaró la responsabilidad de la misma entidad pública, y la condenó a pagar la indemnización por concepto de perjuicios morales y de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, negando las demás pretensiones de la demanda fls. 374 y 375 cdno. ppal. Exp. 35002], las que serán revocadas con base en la siguiente motivación.

1. Competencia.

1. La corporación es competente para conocer del asunto(19), en razón de los recursos de apelación presentados por las partes, en proceso de doble instancia(20).

2. Ahora bien, para un lógico orden de la decisión, la Sala realizará la exposición de sus argumento de la forma siguiente: (1) determinar el objeto y alcance de los recursos de apelación presentados por las partes; (2) dilucidar ciertos aspectos procesales; (3) formular el problema jurídico; (4) abordar el estudio de la demostración o no del daño antijurídico; (5) realizar el juicio de imputación, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos, el régimen aplicable, y el juicio en el caso en concreto, partiendo de despejar si operó o no alguna de las causales eximentes de responsabilidad; y, (6) definir si procede la condena en costas.

3. La primera cuestión, pues, es determinar el objeto y alcance de los recursos de apelación formulados por las partes.

2. Determinación del objeto y alcance de los recursos de apelación presentados por las partes.

4. Las apelaciones presentadas por las partes contra la sentencia de 29 de octubre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, se centran en las siguientes cuestiones: (1) la apelación de la parte actora reclamaba (1.1) el reconocimiento y tasación de los perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicio en la vida de relación; (1.2) liquidar en concreto el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, hasta un montó que estimó en $ 28.982.759,24; y, (1.3) solicitaba la remisión como prueba en segunda instancia de la copia auténtica del dictamen rendido el 25 de junio de 2002 por la junta regional de calificación de invalidez del Cesar y La Guajira. En tanto que en la apelación del (2) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, se reclamó que (2.1) operó el hecho del tercero; (2.2) que no se acreditó que la víctima estaba laborando para haber reconocido el perjuicio material; (2.3) discutió la indexación del salario mínimo legal mensual vigente en la liquidación de los perjuicios materiales, así como el reconocimiento de facturas que carecían de los requisitos establecidos en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil; y, (4) que no se habían probado los perjuicios morales padecidos por los hermanos y de más familiares de la víctima.

5. Las apelaciones presentadas por las partes contra la sentencia de 29 de noviembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, se centran en las siguientes cuestiones: (1) la apelación de la parte actora reclamaba (1.1) modificar el reconocimiento de los perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicios morales, de tal forma que a la víctima, sus padres, compañera permanente e hija se reconociera cien [100] salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno, y cincuenta [50] salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de sus hermanos; (1.2) modificar la liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante reconociendo el 30% por concepto de prestaciones sociales, de modo que la suma a liquidar debía ser $ 75.289.961,98; y, (1.3) debía reconocerse a la víctima directa por perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicio a la vida de relación el equivalente de cuatrocientos [400] salarios mínimos legales mensuales vigentes. En tanto que en la apelación del (2) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, se reclamó que (2.1) el daño antijurídico se produjo por una culpa personal del agente; y, (2.2) que operó el hecho del tercero.

5.(sic) Si bien en las sentencias de primera instancia los a quo no se pronunciaron acerca de la procedencia de definir si puede dotarse de valor probatorio a los documentos aportados en copia simple, y del mismo con el que puede analizarse los medios probatorios trasladados desde los proceso disciplinario y penal cursados por los hechos ocurridos, la Sala procede a hacer su análisis, encontrándose facultada convencional, constitucional y legalmente para ello como expresión prístina de la garantía judicial efectiva [artículos 229 de la Constitución Nacional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos —norma incorporada nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 16 de 1972—].

3. Aspectos procesales previos.

6. La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo debe pronunciarse acerca del valor probatorio que puede o no reconocerse a los documentos aportados en copia simple; y, al valor probatorio de los medios y piezas procesales trasladadas desde los procesos disciplinario y penal cursados. En cuanto al primer aspecto procede la Sala a examinar con base en los argumentos siguientes.

3.1. Valor probatorio de los documentos aportados en copia simple.

7. Al proceso 30866 fueron aportados y recaudados los siguientes documentos en copia simple: (1) póliza de seguro de responsabilidad civil número 1000111 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de noviembre de 1999 y hasta el 1 de noviembre de 2000 [fls. 67 y 68 cdno. 1]; (2) renovación de la póliza de seguro de responsabilidad civil número 367952 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1º de noviembre de 1998 y hasta el 31 de enero de 1999, y anexos [fls. 69 a 71, 74 y 75 cdno. 1]; (3) certificado de prórroga de la póliza de seguro de responsabilidad civil número RC-0221200 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de mayo de 1996 hasta el 31 de octubre de 1996 [fls. 72 y 73 cdno. 1]; (4) declaración juramentada rendida por Luis Camilo Hinojosa Pereira en el proceso disciplinario cursado por el DAS [fls. 76 y 77 cdno. 1]; y, (5) declaración juramentada rendida por Nubia Esther Miranda Vergara en el proceso disciplinario cursado por el DAS [fls. 78 a 80 cdno. 1]. En tanto que al proceso 35002 fueron aportados y recaudados los siguientes documentos en copia simple: (1) póliza de seguro de responsabilidad civil número 1000111 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de noviembre de 1999 y hasta el 1 de noviembre de 2000 [fls. 75 y 76 cdno. 1]; (2) renovación de la póliza de seguro de responsabilidad civil número 367952 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de noviembre de 1998 y hasta el 31 de enero de 1999, y anexos [fls. 77 a 79 cdno. 1]; (3) certificado de prórroga de la póliza de seguro de responsabilidad civil número RC-0221200 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de mayo de 1996 hasta el 31 de octubre de 1996 [fls. 81 y 82 cdno. 1]; (4) declaración juramentada rendida por Luis Camilo Hinojosa Pereira [fls. 84 y 85 cdno. 1]; y, (5) declaración juramentada rendida por Nubia Esther Miranda Vergara [fls. 86 a 88 cdno. 1].

8. Si bien la Sección Tercera(21) ha sostenido que las copias simples carece de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil(22), para el presente caso la Sala debe tener en cuenta la regulación vigente a tenor de lo consagrado en el Código General del Proceso [L. 1564/2012] en su inciso 2º del artículo 244(23), así como lo establecido en el inciso 1º del artículo 246(24) de la misma norma.

9. Se trata de preceptos normativos cuya aplicación opera por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [L. 1437/2011], y en los que el legislador consolida como tendencia la presunción de autenticidad tanto de los documentos aportados en original, como en copias(25) incluso simple.

10. Es una tendencia que cuenta con el refuerzo dado tanto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que admite la valoración de los documentos presentados por las partes “que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda, en la medida en que sean pertinentes y útiles para la determinación de los hechos y sus eventuales consecuencias jurídicas(26). A lo que se agrega lo sostenido por la jurisprudencia constitucional en la sentencia de unificación [que representó un cambio en la línea jurisprudencial sostenida en la Sentencia SU-226 de 2013] SU-774 de 2014, en la que se argumenta que en el caso de aportarse documentos públicos en copia simple [v.gr., registros civiles], el juez contencioso administrativo “debe decretar las pruebas de oficio con el fin de llegar a la certeza de los hechos y la búsqueda de la verdad procesal(27).

11. La mencionada tendencia de la “presunción de autenticidad tanto de los documentos en original como en copia” fijada por el legislador y apoyada por la jurisprudencia constitucional y convencional, como se señaló en el anterior apartado, encuentra total respaldo en la jurisprudencia contencioso administrativa de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, que en la sentencia de 28 de agosto de 2013 [Exp. 25022](28), consolida que “[...] el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—(29).

12. Luego la Sala con fundamento en una comprensión, convencional, constitucional, sistemática, garantística y contencioso administrativa, en la que se inspira la aplicación de los artículos 244 y 246 del Código General del Proceso, aplicable por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo [D. 01/84], y como afirmación a tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 1.1, 2, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 29 y 229 de la Carta Política y 11 del Código General del Proceso, y en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, como premisa básica debe proceder a valorar [lo que no implica su constatación que será sometida al contraste bajo las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios que obran en el expediente para determinar la certeza, verosimilitud y credibilidad del contenido de cada documento] los documentos aportados en copia simple en este proceso.

13. Con base en los anteriores fundamentos convencionales, constitucionales y legales, la Sala tiene en cuenta como criterios para examinar el caso en concreto [que ha empleado de manera continuada la jurisprudencia de esta Sala y en correspondencia con la sentencia de unificación de la Sección Tercera] para determinar la procedencia de la valoración de los documentos aportados y recaudos en copia simple, citado en el primer apartado de este título, los siguientes: (1) que las entidades demandadas en la contestación de la demanda y en sus alegaciones en primera instancia no se opusieron a tener como prueba el documento aportado por la parte actora; (2) las partes de manera conjunta en ninguna de las oportunidades procesales desconocieron tal documento, ni lo tacharon de falso, sino que conscientemente aceptaron su intención de que el mismo fuese valorados dentro del proceso; (3) las partes no ha discutido durante el proceso la autenticidad de este documento; y, (4) ambas partes aceptaron que el documento fuese apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca, no sólo al momento de su aportación, sino durante el trascurso del debate procesal, por lo tanto será valorado por la Subsección para decidir el fondo del asunto(30).

14. Luego, la Sala como juez de convencionalidad y contencioso administrativo procederá a valorar aquellos documentos considerados por el a quo, recaudados y aportados por las partes, enunciados al comienzo de este título, de manera conjunta, contrastada, y en aplicación de las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios que obran en el expediente en debida forma.

15. Después de examinar la cuestión anterior, la Sala cierra con la determinación del valor probatorio de la prueba trasladada que obra en el proceso.

3.2. Valor probatorio de la prueba trasladada al proceso contencioso administrativo desde los procesos disciplinarios y penales.

16. Del estudio del expediente la Sala cuenta con la certificación expedida por el director seccional DAS Cesar el 29 de abril de 2002 [fls. 142 y 143 cdno. 1], el oficio 2711, de 29 de abril de 2002, del director seccional DAS Cesar [fls. 140 y 141 cdno. 1], con los que se anexaron copias auténticas del expediente disciplinario ID.0170/2000 cursado por la entidad pública demandada con ocasión de los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1999; y, el oficio de 16 de diciembre de 2004 de la Fiscalía con el que se remitieron las copias del proceso penal [fl. 352 cdno. 1].

17.- Para determinar la procedencia de la valoración de la prueba trasladada desde los procesos disciplinario y penal, surtidos con ocasión de las investigaciones adelantadas por los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1999, en la primera de las cuales se sancionó el 5 de mayo de 2000 al agente de la institución JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, y en la segunda se precluyó la investigación respecto a este y a Jhony Guerrero Orozco el 14 de diciembre de 2000, la Sala debe fijar los fundamentos para su valoración.

3.2.1. Fundamentos para la valoración de la prueba trasladada.

18.- La jurisprudencia de los últimos años del Consejo de Estado, con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada, sostiene que cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla con los presupuestos generales siguientes(31): (i) los normativos del artículo 185(32) del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el [los] proceso [s] del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia de ella(33), respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción. Así como con lo consagrado por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo(34) [vigente para la época de entrada para fallo del proceso]; (ii) las “pruebas trasladadas y practicadas dentro de las investigaciones disciplinarias seguidas por la misma administración no requieren ratificación o reconocimiento, según sea del caso, dentro del proceso de responsabilidad”(35); (iii) la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración(36); y, (iv) la prueba traslada de la investigación disciplinaria puede valorarse ya que se cuenta con la audiencia de la parte contra la que se aduce, por ejemplo la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional(37).

19. A su vez, como presupuestos para la valoración de la prueba testimonial que se traslada desde un proceso administrativo disciplinario, penal ordinario o penal militar se tiene en cuenta las siguientes reglas especiales [debiéndose tener en cuenta tanto las generales como estas]: (i) no necesitan de ratificación cuando se trata de personas “que intervinieron en dicho proceso disciplinario, o sea el funcionario investigado y la administración investigadora (para el caso la Nación)”(38); (ii) las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en éstos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”(39); (iii) puede valorarse los testimonios siempre que solicitados o allegados por una de las partes del proceso, la contraparte fundamenta su defensa en los mismos(40), siempre que se cuente con ella en copia auténtica; (iv) cuando las partes en el proceso conjuntamente solicitan o aportan los testimonios practicados en la instancia disciplinaria(41); y, (v) cuando la parte demandada “se allana expresamente e incondicionalmente a la solicitud de pruebas presentada por los actores o demandantes dentro del proceso contencioso administrativo.

20. En cuanto a las declaraciones rendidas ante las autoridades judiciales penales ordinarias [fiscalía, jueces penales, jueces de instrucción penal militar], la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 11 de septiembre de 2013 [Exp. 20601] considera que “es viable apreciar una declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes —avalado por el juez— se quiso prescindir del aludido trámite. Este último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil —verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación—, o extraerse del comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de éstas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso [...] Ahora bien, en los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —La Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración [...] La anterior regla cobra aún mayor fuerza si se tiene en cuenta que, en razón del deber de colaboración que les asiste a las diferentes entidades del Estado, a éstas les es exigible que las actuaciones que adelanten sean conocidas por aquellas otras que puedan tener un interés directo o indirecto en su resultado, máxime si se trata de organismos estatales que pertenecen al mismo orden, de tal manera que las consecuencias de una eventual descoordinación en las actividades que los estamentos del Estado, no puede hacerse recaer sobre los administrados, quienes en muchas ocasiones encuentran serias dificultades para lograr repetir nuevamente dentro del proceso judicial contencioso administrativo, aquellas declaraciones juramentadas que ya reposan en los trámites administrativos que han sido adelantados por las entidades correspondientes(42).

21. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia de la subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia avanza y considera que cuando no se cumple con alguna de las anteriores reglas o criterios, se podrán valorar las declaraciones rendidas en procesos diferentes al contencioso administrativo, especialmente del proceso penal ordinario, como indicios cuando “establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar [...] ya que pueden ser útiles, pertinentes y conducentes para determinar la violación o vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario(43). Con similares argumentos la jurisprudencia de la misma Sub-sección considera que las indagatorias deben contrastadas con los demás medios probatorios “para determinar si se consolidan como necesarios los indicios que en ella se comprendan(44) con fundamento en los artículos 1.1, 2º, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

22. De otra parte, para el caso de la prueba documental, la regla general que aplica la jurisprudencia del Consejo de Estado de Colombia es aquella según la cual en “relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289(45) del Código de Procedimiento Civil. Conforme a lo anterior, es claro que sin el cumplimiento de los requisitos precitados las pruebas documentales y testimoniales practicadas en otro proceso no pueden ser valoradas para adoptar la decisión de mérito”(46). No obstante, a dicha regla se le reconocieron las siguientes excepciones: (i) puede valorarse los documentos que son trasladados desde otro proceso [judicial o administrativo disciplinario] siempre que haya estado en el expediente a disposición de la parte demandada, la que pudo realizar y agotar el ejercicio de su oportunidad de contradicción de la misma(47); (ii) cuando con base en los documentos trasladados desde otro proceso la contraparte la utiliza para estructura su defensa jurídica(48); (iii) cuando los documentos se trasladan en copia simple operan las reglas examinadas para este tipo de eventos para su valoración directa o indirecta; (iv) puede valorarse la prueba documental cuando la parte contra la que se aduce se allana expresa e incondicionalmente a la misma; y, (v) puede valorarse como prueba trasladada el documento producido por una autoridad pública aportando e invocado por el extremo activo de la litis(49).

23. Finalmente, si se trata de inspecciones judiciales, dictámenes periciales e informes técnicos trasladados desde procesos penales ordinarios o militares, o administrativos disciplinarios pueden valorarse siempre que hayan contado con la audiencia de la parte contra la que se aducen(50), o servirán como elementos indiciarios que deben ser contrastados con otros medios probatorios dentro del proceso contencioso administrativo.

24. Debe tenerse en cuenta que el Código General del Proceso en su artículo 174, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, consagra que las “pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas [...] La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan”. A dicha norma se integran los criterios anteriormente fijados, por lo que se puede afirmar una completa correspondencia del análisis realizado por la Sala con todo el universo normativo convencional, constitucional y legal de los medios probatorios que fueron trasladados.

25. De acuerdo con los fundamentos anteriores, la Sala valora cada tipología de los medios probatorios que fueron objeto de traslado desde el proceso disciplinario ID 01070/2000 adelantado por la misma entidad pública demandada, y del proceso penal ordinario adelantado por la Fiscalía Quince Delegada ante la Unidad Local, por los mismo hechos acaecidos el 29 de agosto de 1999 en la ciudad de Valledupar.

3.2.2. Criterios para la valoración de la prueba trasladada desde el proceso disciplinario adelantado por la dirección seccional del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, bajo el radicado ID 01070/2000.

26. Como se trata de pruebas documentales, declaraciones e informes rendidos en el curso del procedimiento disciplinario, deben operar los criterios según los cuales dichos medios probatorios al haber sido practicados dentro de la investigación disciplinaria iniciada, cursada y finalizada bajo el radicado ID 01070/2000 por la misma entidad pública demandada, no requieren ratificación o reconocimiento dentro de este procedimiento contencioso administrativo, ya que se ha contado con la audiencia de la parte contra la que se pueda aducir para dilucidar si procede la responsabilidad patrimonial de la misma o no.

27. En cuanto a la prueba testimonial que se traslada desde el proceso disciplinario ID 101070/2000, se cuenta que las declaraciones y versiones rendidas por el agente JACOB MANUEL PALOMO PACHECO no necesitan de ratificación al haber sido el funcionario o agente de la entidad pública demandada sobre el que recayó la investigación disciplinaria, así como que las declaraciones de Arcadio Francisco Carrillo Cataño, Nubia Esther Miranda Vergara y Luis Camilo Hinojosa Pereira cuenta con ratificación que debe ser examinada por la Sala según los testimonios rendidos en los procesos contencioso administrativos presentes. En tanto que para las demás declaraciones rendidas en el mismo proceso, se tiene en cuenta que fueron solicitados por las partes en los procesos, y fueron utilizados por las mismas tanto en sus argumentos de demanda, como en los de defensa en la contestación.

28. Luego de delimitar los criterios que operan para la valoración de las pruebas trasladadas desde el proceso disciplinario, la Sala examina aquellas que lo fueron desde el proceso penal ordinario adelantado por la Fiscalía Quince [15] de la Unidad Local en Valledupar.

3.2.3. Criterios para la valoración de la prueba trasladada desde el proceso penal ordinario adelantado por la Fiscalía Quince de la Unidad Local de Valledupar.

29. En cuanto a la prueba documental trasladada al proceso, la Sala encuentra que fue solicitada por la parte actora, y coadyuvada por la demandada DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS. Sin perjuicio de lo anterior, dicha prueba cumple con dos de los supuestos para que proceda su valoración por parte de la Sala: (1) la prueba documental estuvo a disposición de las partes una vez allegada durante el período probatorio, con lo que hubo lugar a la contradicción de la misma, sin que hubiere sido objeto de tacha alguna por parte de las entidades demandadas, garantizándose con ello el derecho de contradicción y publicidad de la prueba [cumpliendo con ello los mandatos constitucionales y convencionales]. De igual forma, el precedente de la Sala sostiene que las pruebas recaudadas podrán ser valoradas ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(51); y, (2) se trata de medios probatorios que puede ser conducentes, pertinentes y útiles para establecer la vulneración de derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario, en las condiciones en las que acaecieron los hechos.

30. En tanto que, las declaraciones trasladadas desde el proceso penal si bien fueron aportadas al proceso en copia autenticada, son varios los criterios a tener en cuenta para su valoración: (1) inicialmente, se cumple uno de los presupuestos adicionales que se fijan en las reglas que legal y jurisprudencialmente se han establecido: de una parte, se practicaron con audiencia de la parte contra la cual se aducen [se tuvo su audiencia para la práctica de las declaraciones ante la Fiscalía competente]; (2) por otra parte, sólo se cumplió con el procedimiento de ratificación al interior del proceso contencioso administrativo de las declaraciones rendidas por Daniel Antonio Pereira Pérez y Nubia Esther Miranda Vergara, en tanto que no respecto de las demás que son objeto de traslado, con lo que no se cumple con lo exigido en el artículo 222 del Código General del Proceso [L. 1564/2012]; (3) sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 11 de septiembre de 2013 [Exp. 20601], es “es viable apreciar una declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes —avalado por el juez— se quiso prescindir del aludido trámite. Esto último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil —verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación—, o extraerse del comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de éstas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso”; y, (4) siguiendo la misma sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 11 de septiembre de 2013 [Exp. 20601], se agrega como criterio que en “los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada –la Nación- es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria “... cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior...”. La “anterior regla cobra aún mayor fuerza si se tiene en cuenta que, en razón del deber de colaboración que les asiste a las diferentes entidades del Estado(52), a éstas les es exigible que las actuaciones que adelanten sean conocidas por aquellas otras que puedan tener un interés directo o indirecto en su resultado, máxime si se trata de organismos estatales que pertenecen al mismo orden, de tal manera que las consecuencias de una eventual descoordinación en las actividades de los estamentos del Estado, no puede hacerse recaer sobre los administrados, quienes en muchas ocasiones encuentran serias dificultades para lograr repetir nuevamente dentro del proceso judicial contencioso administrativo, aquellas declaraciones juramentadas que ya reposan en los trámites administrativos que han sido adelantados por las entidades correspondientes”.

31. La Sala considera que las declaraciones trasladadas desde el proceso penal ordinario cumplen con los criterios fijados en los numerales primero, tercero y cuarto del anterior apartado, por lo que serán objeto de valoración con las limitaciones indicadas, y bajo el principio de la sana crítica, en conjunto y contraste con los demás medios probatorios que obran en el expediente.

32. Diferentes son los criterios que operan para determinar la procedencia de la valoración de versión libre o de la indagatoria que son trasladadas al presente proceso. En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, en la sentencia de 1º de marzo de 2016 [Exp. 11001-03-15-000-2015-01917-00 (REV)] considera (1) que la “versión libre que se efectúa sin la ritualidad del juramento impide que el juez le de alcance probatorio a lo que allí se consigna”; (2) que en “el mejor de los casos, cuando alguna de las manifestaciones allí registradas se someta a la gravedad del juramento tendría el carácter de “testimonio” sometido a la ratificación que debe realizarse en el proceso al que se traslada la prueba, cuando así se pida de manera oportuna”. A los anteriores se agrega el criterio formulado por la subsección C de la Sección Tercera de 7 de septiembre de 2015 [Exp. 51388] según (3) el cual “la jurisprudencia de la subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia avanza y considera que cuando no se cumple con alguna de las anteriores reglas o criterios, se podrán valorar las declaraciones rendidas en procesos diferentes al contencioso administrativo, especialmente del proceso penal ordinario, como indicios cuando “establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar [...] ya que pueden ser útiles, pertinentes y conducentes para determinar la violación o vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. (...) [Asimismo] las indagatorias deben contrastadas con los demás medios probatorios “para determinar si se consolidan como necesarios los indicios que en ella se comprendan(53); (4) según la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de 12 de marzo de 2013, dicha Sala “ha dado valor a la indagatoria como medio de probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica(54).

33. En cuanto a la inspección realizada dentro del proceso penal al arma que fue utilizada el día de los hechos, los reconocimientos médicos y los informes técnicos se tiene trasladados desde el proceso penal se pueden valorar ya que o bien contaron con la audiencia de la entidad pública demandada contra la que se aduce, o en todo caso sirven como elementos indiciarios que deben contrastarse con otros medios probatorios dentro del proceso contencioso administrativo.

34. Con fundamento en lo anterior, la Sala como juez de convencionalidad y contencioso administrativo tendrá, valorara y apreciara los medios probatorios [documentos, testimonios, versiones libres, indagatorias, inspecciones, dictámenes, reconocimientos e informes técnicos] trasladados desde los procesos disciplinario ID 01070/2000 y penal ordinario cursado ante la Fiscalía Quince [15] de la Unidad Local de Valledupar, por los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1999, que son los mismos que dan origen a la acción de reparación que está en curso en esta instancia.

35. Como uno de los objetos de apelación presentada por la parte actora contra la sentencia de 29 de octubre de 2004 de la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, consistía en solicitar la práctica en segunda instancia de la remisión de la copia auténtica del dictamen rendido el 25 de junio de 2002 por la junta regional de calificación de invalidez del Cesar y La Guajira, con relación a la situación de ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, encontró la misma prueba recaudada dentro del proceso cursado en primera instancia a folios 274 y 275 del cuaderno primero, por lo que no había lugar a solicitar su remisión, no existiendo limitación, objeción para su valoración, sometida a las reglas legales y de la sana crítica.

36. Definidas por la Sala las anteriores cuestiones procesales, la Sala procede a presentar los medios probatorios con base en los cuales hará el análisis de las apelaciones presentadas por las partes.

4. Los medios probatorios aportados, recaudados y practicados dentro del proceso.

37. Al proceso se aportaron con la demanda y la contestación, se recaudaron y practicaron durante el período probatorio, los medios que a continuación se reseñan.

(1) Partida de bautismo Yolanda de Jesús Carrillo, nacida el 15 de abril de 1938, e hija de Florencia Carrillo, expedida por la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Valledupar [fl. 10 cdno. 1].

(2) Registro civil de nacimiento de Arcadio Francisco Carrillo, identificado con número NUIP 630615, nacido el 15 de junio de 1963, hijo de Yolanda Carrillo [fl. 11 cdno. 1].

(3) Registro civil de nacimiento de María Eunice Céspedes Carrillo, identificado con el número de partida básica 650830 y parte complementaria 10813, nacida el 30 de agosto de 1965, hija de Yolanda Carrillo Baquero y de César Augusto Céspedes Martínez [fl. 12 cdno. 1].

(4) Registro civil de nacimiento de Eudes Alberto Céspedes Carrillo, identificado con número de parte básica 67-10-13, nacido el 13 de octubre de 1967 en Valledupar, hijo de Yolanda Carrillo y César Augusto Céspedes Martínez [fl. 13 cdno. 1].

(5) Registro civil de nacimiento de Belisario Molina Carrillo, identificado con número de parte básica 73-04-27, nacido el 27 de abril de 1973 en San Juan de Cesar [La Guajira], hijo de Yolanda Carrillo y de Enrique Camilo Molina Maestre [fl. 14 cdno. 1].

(6) Registro civil de nacimiento de Eulalia Antonia Molina Carrillo, identificado con número de parte básica 74-06-23, nacida el 23 de junio de 1974 en San Juan de Cesar [La Guajira], hija de Yolanda Carrillo y de Enrique Camilo Molina Maestre [fl. 15 cdno. 1].

(7) Registro civil de nacimiento de Juana Bautista Molina Carrillo, identificado con número de parte básica 78-06-06, nacida el 6 de junio de 1978 en San Juan del Cesar [La Guajira], hija de Yolanda Carrillo y de Enrique Camilo Molina Maestre [fl. 16 cdno. 1].

(8) Registro civil de nacimiento de Yuceth Carolina Carrillo Ferreira, identificado con número de parte básica 860311 y parte complementaria 30397, nacida el 11 de marzo de 1986 en Valledupar [Cesar], hija de Alcira Ferreira Buelvas y de Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fl. 17 cdno. 1].

(9) Registro civil de nacimiento de Yeiner Francisco Carrillo Ferreira, identificado con número de parte básica 870409, nacido el 9 de abril de 1987 en Valledupar, hijo de Alcira Ferreira Buelvas y de Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fl. 18 cdno. 1].

(10) Registro civil de nacimiento de Yuleidis Paola Carrillo Ferreira, identificado con número de parte básica 890906, nacida el 6 de septiembre de 1989 en Valledupar, hija de Alcira Ferreira Buelvas y de Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fl. 19 cdno. 1].

(11) Factura de venta número 151447, correspondiente a la historia clínica 661126 de Francisco Carrillo Cataño, expedida por el Hospital Rosario Pumarejo de López, que reflejaba como total facturado por servicios y/o productos prestados y ofrecidos la suma de ochocientos ochenta y ocho mil quinientos pesos [$ 888.500.oo], de los que se facturó a la EPS seiscientos veintidós mil pesos [$ 622.000.oo], y al afiliado se le facturó la suma de doscientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta pesos [$ 266.550.oo] [fl. 20 cdno. 1].

(12) Factura de venta número 1061, de 31 de agosto de 1999, expedida por la Droguería “Colombia” [Armando Mendoza NIT 12.817.839-7] correspondiente de 2 unidades de clindamicina de 600 por valor de diez mil cuatrocientos pesos [$ 10.400.oo], a nombre de Francisco Carrillo [fl. 21 cdno. 1].

(13) Factura de venta número 2114, de 7 de septiembre de 1999, expedida por la Droguería “Colombia” [Armando Mendoza NIT 12.817.839-7] correspondiente a varios medicamentos por valor de treinta y ocho mil quinientos pesos [$ 38.500.oo], a nombre de Francisco Carrillo [fl. 22 cdno. 1].

(14) Tres facturas de venta expedidas por la Droguería Olimpia: (1) número 136376, de 1 de septiembre de 1999, por valor de doce mil setecientos pesos [$ 12.700.oo]; (2) número 136445, de 2 de septiembre de 1999, por valor de veinticinco mil doscientos pesos [$ 25.200.oo]; y, (3) número 136985, de 4 de septiembre de 1999, por valor de dos mil pesos [$ 2.000.oo] [fl. 23 cdno. 1].

(15) Tres facturas de venta: (1) expedida por Drogas Sierra Mendoza, número 2135, de 3 de septiembre de 1999, por valor de cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos [$ 57.250.oo]; (2) expedida por Droguería Olimpia Nº 2, número 136564, de 2 de septiembre de 1999, por valor de catorce mil cuatrocientos pesos [$ 14.400.oo]; y, (3) expedida por la Droguería Hospitalaria, número 398218, de 1 de septiembre de 1999, por valor de tres mil pesos [$ 3.000.oo] [fl. 24 cdno. 1].

(16) Tres facturas de venta expedidas por la Droguería Olimpia Nº 2: (1) número 136629, de 3 de septiembre de 1999, por valor de veintinueve mil ochocientos pesos [$ 29.800.oo]; (2) número 136224, de 1 de septiembre de 1999, por valor de veintiséis mil pesos [$ 26.000.oo]; y, (3) número 136161, de 3 de septiembre de 1999, por valor de ocho mil quinientos pesos [$ 8.500.oo] [fl. 25 cdno. 1].

(17) Dos facturas de venta: (1) expedida por Drogas Sierra Mendoza, número 2112, de 31 de agosto de 1999, por valor de quince mil pesos [$ 15.000.oo]; y, (2) expedida por Droguería Olimpia Nº 2, de 30 de agosto de 1999, por valor de veinticuatro mil ochocientos pesos [$ 24.800.oo] [fl. 26 cdno. 1].

(18) Dos facturas de venta: (1) expedida por la Droguería Farmo-Medic, número 34451, de 29 de agosto de 1999, por valor de siete mil pesos [$ 7.000.oo]; y, (2) expedida por la Droguería Farmo-Medic, número 34458, de 29 de agosto de 1999, por valor de cuarenta mil pesos [$ 40.000.oo] [fl. 27 cdno. 1].

(19) Dos facturas de venta: (1) expedida por la Droguería Hospitalaria, número 397669, de 30 de agosto de 1999, por valor de diez mil pesos [$ 10.000.oo]; y, (2) expedida por Droguería Farmo-Medic, de 30 de agosto de 1999, por valor de veintinueve mil cuatrocientos pesos [$ 29.400.oo] [fl. 28 cdno. 1].

20) Copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil número 1000111 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de noviembre de 1999 y hasta el 1 de noviembre de 2000 [fls. 67 y 68 cdno. 1].

(21) Copia simple de la renovación de la póliza de seguro de responsabilidad civil número 367952 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de noviembre de 1998 y hasta el 31 de enero de 1999, y anexos [fls. 69 a 71, 74 y 75 cdno. 1].

(22) Copia simple del certificado de prórroga de la póliza de seguro de responsabilidad civil número RC-0221200 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de mayo de 1996 hasta el 31 de octubre de 1996 [fls. 72 y 73 cdno. 1].

(23) Copia simple de la declaración juramentada rendida por Luis Camilo Hinojosa Pereira en el proceso disciplinario cursado por el DAS [fls. 76 y 77 cdno. 1].

(24) Copia simple de la declaración juramentada rendida por Nubia Esther Miranda Vergara en el proceso disciplinario cursado por el DAS [fls. 78 a 80 cdno. 1].

(25) Oficio 265-2002-G.C.F., de 23 de abril de 2002, del director seccional Cesar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [fl. 116 cdno. 1], con el que se anexó copia auténtica del “reconocimiento médico legal Nº 2403-1999-L.P”.

(26) Copia auténtica del reconocimiento médico legal número 2403-99 L.P., practicado a Arcadio Francisco Carrillo Cataño en la Dirección Seccional Cesar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [fl. 117 ambas caras cdno. 1].

(27) Testimonio rendido por Daniel Antonio Pereira Pérez [fls. 122 y 123 cdno. 1].

(28) Testimonio rendido por Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fls. 124 y 125 cdno. 1].

(29) Testimonio rendido por Adalberto de Jesús Maestre Sarmiento [fls. 126 y 127 cdno. 1].

(30) Testimonio rendido por Elvira Inés Guerra Hurtado [fls. 128 y 129 cdno. 1].

(31) Testimonio rendido por Simona Bayona Arévalo [fls. 130 y 131 cdno. 1].

(32) Testimonio rendido por Francisco Olivo Julio [fls. 132 y 133 cdno. 1].

(33) Testimonio rendido por Fernando Orozco [fls. 134 y 135 cdno. 1].

(34) Testimonio rendido por Nubia Esther Miranda Vergara [fls. 136 a 139 cdno. 1].

35) Oficio 2711, de 29 de abril de 2002, del director seccional DAS Cesar [fls. 140 y 141 cdno. 1].

(36) Certificación expedida por el director seccional DAS Cesar el 29 de abril de 2002 [fls. 142 y 143 cdno. 1].

(37) Auto número 05384, de 1 de septiembre de 1999 del director seccional DAS Cesar [fl. 144 cdno. 1].

(38) Informe de 29 de agosto de 1999 del inspector diario en turno del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fl. 145 cdno. 1].

(39) RADAS 05352, de 30 de agosto de 1999, del director seccional DAS Cesar [fl. 146 cdno. 1].

(40) Boleta de detención contra el detective Jacob Manuel Palomo Pacheco, expedida el 31 de agosto de 1999 por el Fiscal Veinticinco [25] de la Unidad de Reacción Inmediata [fl. 147 cdno. 1].

(41) Oficio 05506, de 3 de septiembre de 1999, del director seccional DAS Cesar, dirigido al Fiscal Veinticinco [25] Delegado ante los jueces penales municipales de Valledupar [fls. 150 y 151 cdno. 1].

(42) Auto 05606, de 9 de septiembre de 1999, del funcionario investigador comisionado del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fls. 153 y 154 cdno. 1].

(43) Versión libre y voluntaria rendida por Jacob Manuel Palomo Pacheco el 14 de septiembre de 1999 [fls. 159 a 161 cdno. 1].

(44) Declaración juramentada rendida por Luis Gonzaga Palacio Aguirre [fls. 173 y 174 cdno. 1].

(45) Circular 2070 de 19 de abril de 1999 de la Dirección del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, [fls. 176 a 179 cdno. 1].

(46) Declaración juramentada rendida por Johny Guerrero Orozco [fls. 180 a 182 cdno. 1].

(47) Declaración juramentada rendida por Nubia Esther Miranda Vergara [fls. 183 a 185 cdno. 1].

(48) Oficio 2915/SIJIN-DECES, de 21 de septiembre de 1999, del Jefe Unidad de Judicialización Sijín del Departamento Policía Cesar [fl. 186 cdno. 1].

(49) Informe 2693/ESVAL-DECES, de 30 de agosto de 1999, de la Unidad de Judicialización del Departamento de Policía Cesar [fls. 187 y 188 cdno. 1].

(50) Declaración juramentada rendida por Luis Camilo Hinojosa Pereira [fls. 189 y 190 cdno. 1].

(51) Declaración juramentada rendida por Yorjanis López Miranda [fls. 191 y 192 cdno. 1].

(52) Declaración juramentada rendida por Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fls. 193 y 194 cdno. 1].

(53) Declaración juramentada rendida por Miriam Reyes Rincón [fls. 196 y 197 cdno. 1].

(54) Oficio 087 de 27 de enero de 2000, del Fiscal 23 Local, con la que se entregó el arma decomisada dentro de la radicación 20752 [fls. 198 a 203 cdno. 1].

(55) Informe final, de 9 de febrero de 2000, rendido por el profesional operativo 202-16 funcionario instructor del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fls. 204 a 208 cdno. 1].

(56) Auto número 0818 de 10 de febrero de 2000, del director seccional del DAS Cesar, con el que se inició la investigación disciplinaria [fl. 209 cdno. 1].

(57) Auto número 01434 de 3 de marzo de 2000 [fls. 210 a 212 cdno. 1].

(58) Versión libre y voluntaria rendida por Jacob Manuel Palomo Pacheco [fl. 218 cdno. 1].

(59) Auto número 02304 de 12 de abril de 2000, del funcionario investigador del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fls. 221 a 231 cdno. 1].

(60) Escrito de descargos presentado por el apoderado de Jacob Manuel Palomo Pacheco [fls. 233 a 236 cdno. 1].

(61) Resolución número 044 de 5 de mayo de 2000, del director seccional Cesar DAS [fls. 239 a 250 cdno. 1].

(62) Resolución número 01515 de 11 de septiembre de 2000, del Director del Departamento Administrativo de Seguridad [fls. 258 y 259 cdno. 1], con la que se suspendió de su cargo a Jacob Manuel Palomo Pacheco.

(63) Resolución de 14 de diciembre de 2000 del Fiscal Quince Delegado ante la Unidad Local con la que se precluyó la investigación del proceso penal en contra de Johny Guerrero Orozco y de Jacob Manuel Palomo Pacheco [fls. 265 a 272 cdno. 1].

(64) dictamen de la junta regional de calificación de invalidez del Cesar y La Guajira practicado a Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fls. 274 y 275 cdno. 1], según el cual se determinó como porcentaje total de pérdida de capacidad labora el 24,25%, descompuesto así: deficiencia 14,6%; discapacidad 3,9%; y, minusvalía 5,75%.

(65) Oficio CSC 091-02, de 8 de mayo de 2002, del Subgerente Científico del Hospital Rosario Pumarejo de López [fl. 276 cdno. 1], con el que se allegó copa de la historia clínica 661126 a nombre de Francisco Carrillo [fls. 277 a 297 cdno. 1].

(66) Oficio SG.STH.RYC.0526, de 11 de junio de 2002, del Subdirector de Talento Humano del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, [fl. 300 cdno. 1], con el que se allegó copia del acta de posesión, de la resolución de nombramiento y del extracto de la hoja de vida correspondiente a Jacob Manuel Palomo Pacheco [fls. 301 a 306 cdno. 1].

(67) Registro civil del matrimonio entre Carlos Pereira Aragón e Isabel Pérez Álvarez celebrado el 18 de agosto de 1962 [fl. 26 cdno. 1].

(68) Registro civil de nacimiento con número de identificación parte básica 49-08-11, de Carlos César Pereira Pérez, nacido el 11 de agosto de 1949 en Valledupar, hijo de Isabel Pérez de Pereira y de Alberto Pereira [fl. 27 cdno. 1].

(69) Registro civil de nacimiento con número de identificación parte básica 50-11-06, de Miguel Ángel Pereira Pérez, nacido el 6 de noviembre de 1950 en Valledupar, hijo de Isabel Pérez de Pereira y de Alberto Pereira [fl. 28 cdno. 1].

(70) Registro civil de nacimiento de Erasmo Pereira, nacido el 6 de septiembre de 1952 en Valledupar, hijo de Isabel Pérez de Pereira y de Alberto Pereira [fl. 29 cdno. 1].

(71) Registro civil de nacimiento de Sixta Pereira, nacida el 16 de abril de 1955 en Valledupar, hija de Isabel Pérez de Pereira y de Alberto Pereira [fl. 30 cdno. 1].

(72) Registro civil de nacimiento de Adalberto Pereira, nacido el 12 de enero de 1950 en Valledupar, hijo de Isabel Pérez de Pereira y de Alberto Pereira [fl. 31 cdno. 1].

(73) Registro civil de nacimiento de Wilman Pereira, nacido el 11 de noviembre de 1957 en Valledupar, hijo de Isabel Pérez de Pereira y de Alberto Pereira [fl. 32 cdno. 1].

(74) Certificado del registro civil de nacimiento de Cecilia Esther Pereira Pérez, según el cual fue registrada en el folio o serial 396 de agosto de 1969, hija de Alberto Pereira Aragón e Isabel Pérez Álvarez, nacida el 2 de enero de 1961 [fl. 33 cdno. 1].

(75) Registro civil de nacimiento con número de identificación parte básica 631216, de Marlene Pereira Pérez, nacida el 16 de diciembre de 1963 en Valledupar, hija de Isabel Cristina Pérez Álvarez y de Carlos Alberto Pereira Solórzano [fl. 34 cdno. 1].

(76) Registro civil de nacimiento con número de identificación parte básica 670902, de Leiner Pereira Pérez, nacido el 2 de septiembre de 1967 en Valledupar, hijo de Isabel Cristina Pérez Álvarez y de Carlos Alberto Pereira Solórzano [fl. 35 cdno. 1].

(77) Registro civil de nacimiento con número de identificación parte básica 700714, de Daniel Antonio Pereira Pérez, nacido el 14 de julio de 1970 en Valledupar, hijo de Isabel Pérez Álvarez y de Carlos Alberto Pereira Solórzano [fl. 36 cdno. 1].

(78) Registro civil de nacimiento con número de identificación parte básica 72-03-11, de Marelbys Pereira Pérez, nacida el 11 de marzo de 1972 en Valledupar, hija de Isabel Cristina Pérez Álvarez y de Carlos Alberto Pereira Solórzano [fl. 37 cdno. 1].

(79) Registro civil de nacimiento con número de identificación 000507, de Daniela Isabel Pereira, nacida el 7 de mayo de 2000 en Valledupar, hija de Luz Helena Acuña Guerrero y de Daniel Antonio Pereira Pérez [fl. 38 cdno. 1].

(80) Copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil número 1000111 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de noviembre de 1999 y hasta el 1 de noviembre de 2000 [fls. 75 y 76 cdno. 1].

(81) Copia simple de la renovación de la póliza de seguro de responsabilidad civil número 367952 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de noviembre de 1998 y hasta el 31 de enero de 1999, y anexos [fls. 77 a 79 cdno. 1].

(82) Copia simple del certificado de prórroga de la póliza de seguro de responsabilidad civil número RC-0221200 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de mayo de 1996 hasta el 31 de octubre de 1996 [fls. 81 y 82 cdno. 1].

(83) Copia simple de la declaración juramentada rendida por Luis Camilo Hinojosa Pereira [fls. 84 y 85 cdno. 1].

(84) Copia simple de la declaración juramentada rendida por Nubia Esther Miranda Vergara [fls. 86 a 88 cdno. 1].

(85) Oficio SG.STH.RYC.0691, de 27 de agosto de 2002, del Subdirector de Talento Humano del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, [fl. 300 cdno. 1], con el que se allegó copia del acta de posesión, de la resolución de nombramiento y del extracto de la hoja de vida correspondiente a Jacob Manuel Palomo Pacheco [fls. 135 a 141 cdno. 1].

(86) Oficio 05387, de 14 de agosto de 2002, del director seccional DAS Cesar [fls. 143 y 144 cdno. 1].

(87) Certificación expedida por el director seccional DAS Cesar el 14 de agosto de 2002 [fls. 145 y 146 cdno. 1].

(88) Auto número 05384, de 1 de septiembre de 1999 del director seccional DAS Cesar [fl. 147 cdno. 1].

(89) Informe de 29 de agosto de 1999 del inspector diario en turno del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fl. 148 cdno. 1].

(90) RADAS 05352, de 30 de agosto de 1999, del director seccional DAS Cesar [fl. 149 cdno. 1].

(91) Oficio 05506, de 3 de septiembre de 1999, del director seccional DAS Cesar, dirigido al Fiscal Veinticinco [25] Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Valledupar [fls. 154 y 155 cdno. 1].

(92) Auto 05606, de 9 de septiembre de 1999, del funcionario investigador comisionado del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fls. 156 y 157 cdno. 1].

(93) Versión libre y voluntaria rendida por Jacob Manuel Palomo Pacheco el 14 de septiembre de 1999 [fls. 162 a 164 cdno. 1].

(94) Declaración juramentada rendida por Luis Gonzaga Palacio Aguirre [fls. 176 y 177 cdno. 1].

(95) Circular 2070 de 19 de abril de 1999 de la Dirección del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, [fls. 179 a 182 cdno. 1].

(96) Declaración juramentada rendida por Johny Guerrero Orozco [fls. 183 a 185 cdno. 1].

(97) Declaración juramentada rendida por Nubia Esther Miranda Vergara [fls. 186 a 188 cdno. 1].

(98) Oficio 2915/SIJIN-DECES, de 21 de septiembre de 1999, del Jefe Unidad de Judicialización Sijín del Departamento Policía Cesar [fl. 189 cdno. 1].

(99) Informe 2693/ESVAL-DECES, de 30 de agosto de 1999, de la Unidad de Judicialización del Departamento de Policía Cesar [fls. 190 y 191 cdno. 1].

(100) Declaración juramentada rendida por Luis Camilo Hinojosa Pereira [fls. 192 y 193 cdno. 1].

(101) Declaración juramentada rendida por Yorjanis López Miranda [fls. 194 y 195 cdno. 1].

(102) Declaración juramentada rendida por Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fls. 196 y 197 cdno. 1].

(103) Declaración juramentada rendida por Miriam Reyes Rincón [fls. 199 y 200 cdno. 1].

(104) Informe final, de 9 de febrero de 2000, rendido por el profesional operativo 202-16 funcionario instructor del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fls. 207 a 211 cdno. 1].

(105) Auto número 0818 de 10 de febrero de 2000, del director seccional del DAS Cesar, con el que se inició la investigación disciplinaria [fl. 212 cdno. 1].

(106) Auto número 01434 de 3 de marzo de 2000 [fls. 213 a 215 cdno. 1].

(107) Versión libre y voluntaria rendida por Jacob Manuel Palomo Pacheco el 14 de septiembre de 1999 [fl. 221 cdno. 1].

(108) Auto número 02304 de 12 de abril de 2000, del funcionario investigador del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fls. 224 a 234 cdno. 1].

(109) Escrito de descargos presentado por el apoderado de Jacob Manuel Palomo Pacheco [fls. 236 a 239 cdno. 1].

(110) Resolución número 044 de 5 de mayo de 2000, del director seccional Cesar DAS [fls. 242 a 253 cdno. 1].

(111) Resolución número 01515 de 11 de septiembre de 2000, del Director del Departamento Administrativo de Seguridad [fls. 261 y 262 cdno. 1], con la que se suspendió de su cargo a Jacob Manuel Palomo Pacheco.

(112) Resolución de 14 de diciembre de 2000 del Fiscal Quince Delegado ante la Unidad Local con la que se precluyó la investigación del proceso penal en contra de Johny Guerrero Orozco y de Jacob Manuel Palomo Pacheco [fls. 268 a 275 cdno. 1].

(113) Oficio 495-2002-G.C.F., de 25 de julio de 2002, del director seccional Cesar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [fl. 281 cdno. 1], con el que se anexó copia del reconocimiento médico legal número 1758-1999-L.P.

(114) Oficio 1758-99, de 5 de septiembre de 1999, que contenía el reconocimiento médico legal practicado a Daniel Pereira Pérez [fl. 282 cdno. 1].

(115) Oficio de 26 de agosto de 2002, del Gerente de la Unidad Médica Santa Isabel Ltda. [fl. 283 cdno. 1], con el que se remitieron copias de la historia clínica de Daniel Antonio Pereira Pérez [fls. 283 a 289 cdno. 1].

(116) Oficio de 14 de noviembre de 2002, del Secretario de la junta regional de calificación de invalidez del Cesar [fl. 291 cdno. 1], con el que se remitió el Dictamen número 171 correspondiente a Daniel Antonio Pereira Pérez, de 31 de octubre de 2002, según el cual el total de porcentaje de pérdida de capacidad laboral era de 18,45%, discriminado en deficiencia 10%, discapacidad 2,7% y minusvalía 5,75% [fls. 292 y 293 cdno. 1].

(117) Testimonio rendido por César Manuel Cantillo Orozco [fls. 326 a 328 cuaderno).

(118) Testimonio rendido por Carlos Ardila Vega [fls. 329 a 331 cdno. 1].

(119) Testimonio rendido por Luis Eduardo Pertuz Castro [fls. 332 a 334 cdno. 1].

(120) Testimonio rendido por Sandro Ballesteros [fls. 335 a 337 cdno. 1].

(121) Testimonio rendido por Luz Gutiérrez Amenares [fls. 338 a 340 cdno. 1].

(122) Testimonio rendido por Luis Camilo Hinojosa [fls. 341 y 342 cdno. 1].

(123) Testimonio rendido por Francisco Carrillo Cataño [fls. 343 y 344 cdno. 1].

(124) Oficio de 16 de diciembre de 2004 de la Fiscalía con el que se remitieron las copias del proceso penal [fl. 352 cdno. 1].

(i) Oficio 2693/ESVAL-DECES, de 30 de agosto de 1999, de la Unidad de Judicialización del Departamento de Policía Cesar [fls. 1 y 2 anexo]

(ii) Solicitud de dictamen médico legal sobre embriaguez solicitado por la Estación Urbana de Valledupar de la Policía Nacional el 29 de agosto de 1999, y reporte médico del Hospital Eduardo Arredondo Daza “El Carmen” [fls. 4 y 5 anexo.

(iii) Acta de incautación de 29 de agosto de 1999, de la Unidad de Judicialización del Departamento de Policía de Cesar [fl. 6 anexo].

(iv) Resolución de apertura de instrucción proferida el 30 de agosto de 1999 por la Fiscalía Veinticinco [25] Local de la Unidad de Reacción Inmediata de Valledupar [fl. 8 anexo].

(v) Indagatoria rendida por Jhonny Guerrero Orozco el 1 de septiembre de 1999 ante la Fiscalía Veinticinco [25] Seccional de Valledupar [fls. 19 a 22 anexo].

(vi) Indagatoria rendida por Jacob Manuel Palomo Pacheco el 1 de septiembre de 1999 ante la Fiscalía Veinticinco [25] Seccional de Valledupar [fls. 24 a 27 anexo].

(vii) Certificación expedida por el Sub-Director de la Seccional DAS Cesar, de 30 de agosto de 1999 [fl. 29 anexo].

(viii) Acta de la diligencia de inspección P.715-02 de un arma y munición [fl. 33 anexo].

(ix) Auto proferido el 2 de septiembre de 1999 por la Fiscalía Quinta [5] Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar [fl. 37 anexo].

(x) Oficio número 1743-99 L.P., de 1 de septiembre de 1999, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección Seccional Cesar [fl. 47 anexo].

(xi) Declaración jurada rendida por Víctor Feliciano Orozco Elles el 3 de septiembre de 1999 ante el Fiscal Quinto [5] Delegado [fls. 51 a 54 anexo].

(xii) Declaración jurada rendida por Napoleón Enrique Zuleta López el 3 de septiembre de 1999 ante el Fiscal Quinto [5] Delegado [fls. 55 a 57 anexo].

(xiii) Declaración jurada rendida por Miriam Reyes Rincón el 3 de septiembre de 1999 ante el Fiscal Quinto [5] Delegado [fls. 58 y 59 anexo].

(xiv) Resolución proferida el 7 de septiembre de 1999 por la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, mediante la se definió la situación jurídica de Jhonny Guerrero Orozco y de Jacob Manuel Palomo Pacheco [fls. 60 a 65 anexo].

(xv) Oficio 05506, de 3 de septiembre de 1999, del director seccional DAS Cesar, dirigido al Fiscal Veinticinco [25] Delegado ante los Jueces Penales Municipales [fls. 72 a 75 anexo].

(xvi) Acta de entrega de armamento de dotación oficial del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar, a Jacob Manuel Palomo Pacheco [fl. 76 anexo].

(xvii) Oficio 01539, de 2 de marzo de 1999, del director seccional DAS Cesar [fl. 77 anexo].

(xviii) Oficio 1758-99, de 5 de septiembre de 1999, que contenía el primer reconocimiento médico legal practicado a Daniel Pereira Pérez [fl. 81 anexo].

(xix) Oficio 345-2000, de 23 de febrero de 2000, que contenía el segundo reconocimiento médico legal practicado a Daniel Antonio Pereira Pérez [fls. 125 y 126 anexo].

(xx) Primer reconocimiento médico legal número 2403-99 L.P., practicado a Arcadio Francisco Carrillo Cataño en la Dirección Seccional Cesar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [fls. 102 y 103 y 116 y 117 anexo].

(xxi) Segundo reconocimiento médico legal número 260-2000 L.P., practicado a Arcadio Francisco Carrillo Cataño en la Dirección Seccional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [fl. 115 anexo].

(xxii) Declaración jurada rendida por Daniel Antonio Pereira Pérez el 22 de febrero de 2000 ante la Fiscalía Veintitrés [23] Local de Valledupar [fls. 119 a 121 anexo].

(xxiii) Declaración jurada rendida por Yorjanis López Miranda el 8 de junio de 2000 ante la Fiscalía Quince [15] de la Unidad Local de Valledupar [fls. 135 y 136 anexo].

(xxiv) Declaración jurada rendida por Nubia Miranda Vergara el 8 de junio de 2000 ante la Fiscalía Quince [15] de la Unidad Local de Valledupar [fls. 137 y 138 anexo].

(xxv) Declaración juramentada rendida por Luis Gonzaga Palacio Aguirre el 16 de septiembre de 1999 ante el funcionario investigador del DAS [fls. 140 y 141 anexo].

(xxvi) Declaración juramentada rendida por Johny Guerrero Orozco el 21 de septiembre de 1999 ante el funcionario investigador del DAS [fls. 142 a 144 anexo]

(xxvii) Declaración juramentada rendida por Nubia Esther Miranda Vergara en el proceso disciplinario cursado por el DAS, el 22 de septiembre de 1999 [fls. 145 a 147 anexo].

(xxviii) Declaración juramentada rendida por Luis Hinojosa Pereira en el proceso disciplinario cursado por el DAS, el 22 de septiembre de 1999 [fls. 147 y 148 anexo].

(xxix) Declaración juramentada rendida por Yorjanis López Miranda ante el funcionario investigador del DAS el 23 de septiembre de 1999 [fls. 149 y 150 anexo].

(xxx) Declaración juramentada rendida por Arcadio Francisco Carrillo Cataño ante el funcionario investigador del DAS el 24 de septiembre de 1999 [fls. 150 y 151 anexo 1].

(xxxi) Declaración juramentada rendida por Miriam Reyes Rincón ante el funcionario investigador del DAS el 24 de septiembre de 1999 [fls. 153 y 154 anexo].

(xxxii) Resolución proferida el 14 de diciembre de 2000 por el Fiscal Quince [15] Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Valledupar por medio de la que se precluyó la investigación a favor de Jhonny Guerrero Orozco y de Jacob Manuel Palomo Pacheco [fls. 173 a 180 anexo].

38.- Presentados los medios probatorios que obran en el proceso, y fijados los criterios para su valoración, la Sala debe establecer el objeto de las impugnaciones presentadas por las partes.

5. Objeto de los recursos de apelación presentados por las partes.

39. Para poder abordar el estudio del asunto la Sala se circunscribirá a los argumentos expuestos por las partes en sus escritos de apelación, cuyos objetos se centraron en cuestionar la atribución de los daños antijurídicos producidos a las víctimas ARCADIO FRANCISCO CARRILLO y DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ y a sus familiares a la demandada DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, bien porque operó la culpa personal del agente, o bien el hecho del tercero, así como el reconocimiento, tasación y liquidación de los perjuicios inmateriales [morales y perjuicio a la vida de relación] y los materiales [en la modalidad de lucro cesante],

40. Con base en la anterior delimitación del objeto de las impugnaciones, la Sala formula los problemas jurídicos.

6. Problemas jurídicos.

41. Del análisis material y sustancial de las pruebas presentadas se pueden formular como problemas jurídicos: ¿determinar si operaron o no como eximentes de responsabilidad la culpa personal del agente o el hecho del tercero?; y, en caso de ser atribuido fáctica y jurídicamente los daños antijurídicos ocasionados a ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO y DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ y a sus familiares, a la entidad pública demandada DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, por los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1999 en la ciudad Valledupar, ¿si cabe modificar la tasación y liquidación de los perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicios morales, y de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, así como reconocer y liquidar los perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicio a la vida de relación?

42. Como dentro del objeto de las apelaciones las partes no discuten la ocurrencia de los daños antijurídicos producidos con ocasión de los hechos acaecidos en la noche del 29 de agosto de 1999 en la ciudad de Valledupar, en donde resultaron lesionados con proyectiles de arma de fuego ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO y DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ, y este lo encontró demostrado tanto la Sala de Descongestión, como Tribunal del Cesar en las sentencias de primera instancia, la Sala constata la certeza, carácter personal y directo de dicho daño, consistente en la afectación a la integridad y salud de las víctimas mencionadas, materializadas en las lesiones que padecieron, como lo demuestra: (1) el reconocimiento médico legal número 2403-99 L.P., practicado a Arcadio Francisco Carrillo Cataño en la Dirección Seccional Cesar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(55) [fl. 117 ambas caras cdno. 1]; (2) los testimonios de Daniel Antonio Pereira Pérez, de Adalberto de Jesús Maestre Sarmiento, de Carlos Ardila Vega(56); (3) el Informe final, de 9 de febrero de 2000, rendido por el profesional operativo 202-16 funcionario instructor del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar(57) [fls. 204 a 208 cdno. 1]; (4) el auto número 02304 de 12 de abril de 2000, del funcionario investigador del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar(58) [fls. 221 a 231 cdno. 1]; (5) la Resolución número 044 de 5 de mayo de 2000, del director seccional Cesar DAS(59) [fls. 239 a 250 cdno. 1]; (6) el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez del Cesar y La Guajira practicado a Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fls. 274 y 275 cdno. 1], según el cual se determinó como porcentaje total de pérdida de capacidad labora el 24,25%, descompuesto así: deficiencia 14,6%; discapacidad 3,9%; y, minusvalía 5,75%; (7) la historia clínica 661126 a nombre de Francisco Carrillo [fls. 277 a 297 cdno. 1], que se allegó por medio del Oficio CSC 091-02, de 8 de mayo de 2002, del Subgerente Científico del Hospital Rosario Pumarejo de López [fl. 276 cdno. 1]; (8) el reconocimiento médico legal practicado a Daniel Pereira Pérez(60) [fl. 282 cdno. 1], aportado con el Oficio 1758-99, de 5 de septiembre de 1999; (9) la historia clínica de Daniel Antonio Pereira Pérez allegada por Oficio de 26 de agosto de 2002, del Gerente de la Unidad Médica Santa Isabel Ltda. [fl. 283 cdno. 1], con el que se remitieron copias de la historia clínica de Daniel Antonio Pereira Pérez [fls. 283 a 289 cdno. 1]; y, (10) el dictamen número 171 correspondiente a Daniel Antonio Pereira Pérez, de 31 de octubre de 2002, según el cual el total de porcentaje de pérdida de capacidad laboral era de 18,45%, discriminado en deficiencia 10%, discapacidad 2,7% y minusvalía 5,75% [fls. 292 y 293 cdno. 1], allegado por medio del Oficio de 14 de noviembre de 2002, del Secretario de la junta regional de calificación de invalidez del Cesar [fl. 291 cdno. 1].

43. Del análisis contrastado y crítico de los anteriores medios probatorios la Sala encuentra probados los daños antijurídicos ocasionados a ARCADIO FRANCISCO CARRILO CATAÑO y a DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ, consistente en las lesiones física producidas con arma de fuego en los hechos acaecidos en la noche del 29 de agosto de 1999 en la ciudad de Valledupar, que representaron una seria amenaza para sus vidas, y la vulneración de sus derechos a la integridad personal y salud, que tienen garantizados convencional y constitucionalmente, y a los que no estaban llamados a soportar ordinaria, ni extraordinariamente en las condiciones en las que se materializaron.

44. Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si opera alguna de las causales eximentes de responsabilidad, como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima, o el hecho del tercero, y en caso de no operar alguna de ellas establecer si cabe atribuir fáctica y jurídicamente el daño antijurídico a la entidad pública demandada DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, y de declararse la responsabilidad entrar a dilucidar si la reparación reconocida y liquidada en primera instancia se confirma, modifica o adiciona. La Sala en este sentido revocará la sentencia de primera instancia, llevando su análisis hasta la determinación de las razones y pruebas que permiten que opere la causal eximente de la responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima en cabeza de DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ y de la culpa personal del agente respecto a lo ocasionado a ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, como pasa a estudiar la Sala.

7. La imputación de la responsabilidad.

7.1. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

45. La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado que consagra en la Carta Política colombiana de 1991 viene a reflejar, sin duda alguna, la consolidación del modelo de Estado social de derecho, y la superación de la idea de la irresponsabilidad de la administración pública. Se trata de afirmar los presupuestos en los que se sustenta el Estado moderno, donde la primacía no se agota al respeto de los derechos, bienes e intereses consagrados en las cartas constitucionales, sino que se desdobla de tal manera que implica, también, su reconocimiento, medidas y objeto de protección por parte de las normas de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con lo que el ámbito de indagación de la responsabilidad se ha venido ampliando de tal manera que permita lograr un verdadero “garantismo constitucional”(61).

46. Lo anterior no debe extrañar a nadie, ya que la responsabilidad como instituto viene a aflorar, frente al ejercicio del poder de la administración pública, “durante la denominada etapa del Estado-policía (Polizeistaat) cuando aparece el reconocimiento de ciertas especies de indemnización debidas a los particulares como consecuencia del ejercicio del poder(62). Por el contrario, cuando se llega al modelo del Estado social de derecho, la premisa nos lleva a la construcción de los clásicos alemanes administrativistas según la cual la administración pública ya no está llamada a “no” reprimir o limitar las libertades, sino a procurar su eficaz, efectiva y proporcional protección, de tal manera que el Estado debe obedecer al cumplimiento de obligaciones positivas con las que se logre dicha procura, de lo contrario sólo habría lugar a la existencia de los derechos, pero no a su protección.

47. La premisa inicial para abordar el tratamiento del régimen de responsabilidad del Estado parte de la lectura razonada del artículo 90 de la Carta Política, según la cual a la administración pública le es imputable el daño antijurídico que ocasiona. En la visión humanista del constitucionalismo contemporáneo, no hay duda que en la construcción del régimen de responsabilidad, la posición de la víctima adquirió una renovada relevancia, sin que pueda afirmarse que con ello se llegue a concluir que desde la nueva carta constitucional el régimen se orienta hacia una responsabilidad objetiva(63).

48. En el moderno derecho administrativo, y en la construcción de la responsabilidad extracontractual del Estado lo relevante es la “víctima” y no la actividad del Estado, ya que prima la tutela de la dignidad humana, el respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos, y de los derechos humanos. Su fundamento se encuentra en la interpretación sistemática del preámbulo, de los artículos 1º, 2º, 4º, 13 a 29, 90, 93 y 229 de la Carta Política, y en el ejercicio de un control de convencionalidad de las normas, que por virtud del bloque ampliado de constitucionalidad, exige del juez contencioso observar y sustentar el juicio de responsabilidad en los instrumentos jurídicos internacionales [tratados, convenios, acuerdos, etc.] de protección de los derechos humanos(64) y del derecho internacional humanitario, bien sea que se encuentren incorporados por ley al ordenamiento jurídico nacional, o que su aplicación proceda con efecto directo atendiendo a su carácter de “ius cogens”.

49. Esta visión, en la que el ordenamiento jurídico colombiano [y su jurisprudencia contencioso administrativa] está en el camino de consolidarse, responde al respeto de la cláusula del Estado social y democrático de derecho y al principio “pro homine(65), que tanto se promueve en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos(66). Cabe, por lo tanto, examinar cada uno de los elementos con base en los cuales se construye el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, fundado en el artículo 90 de la Carta Política: el daño antijurídico, y la imputación(67).

50. Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización(68) de la responsabilidad del Estado(69) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(70) y de su patrimonio(71), sin distinguir su condición, situación e interés(72). De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”(73). Como bien se sostiene en la doctrina, la “responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(74); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público(75).

51. De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos(76). La constitucionalización de la responsabilidad del Estado no puede comprenderse equivocadamente como la consagración de un régimen objetivo, ni permite al juez contencioso administrativo deformar el alcance de la misma.

52. Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(77) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(78) tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo(79), argumentación que la Sala Plena de la Sección Tercera acogió al unificar la jurisprudencia en las sentencias de 19 de abril de 2012(80) y de 23 de agosto de 2012(81).

53. En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica(82), en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico [que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional]. Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado(83) según la cláusula social así lo exigen(84).

54. Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(85), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(86). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas(87).

55. Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(88) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

56. Con base en los anteriores argumentos, a la Sala le cabe estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado analizando: (1) los presupuestos para encuadrar la responsabilidad cuando se trata de hechos en los que está involucrado el uso de un arma de dotación oficial; y, (2) una vez esto, establecer en el ámbito fáctico de la imputación cómo opera la causal eximente del hecho exclusivo de la víctima y la culpa personal del agente estatal como determinantes para la producción de los daños antijurídicos.

7.2. La responsabilidad del Estado por los daños ocasionados con armas de dotación oficial(89). 

57. La Sala verifica que en ejercicio del control de convencionalidad(90) encuentra elementos normativos que sirven de parámetro para determinar el juicio de atribución de responsabilidad del Estado con sustento en una falla del servicio, a partir del reconocimiento del derecho a la vida (que impone obligaciones tanto positivas como negativas a los Estados) y el derecho a la integridad física de la persona(91) como Derechos Humanos en la Convención y conforme a los criterios de excepcionalidad y uso racional de los instrumentos de coerción de que disponen las autoridades del Estado, tal como lo consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos(92) en el caso Retén de Catia c. Venezuela donde fijó una suerte de pautas para el uso de la fuerza y de las armas por parte de las autoridades estatales, de manera que i) la fuerza o los elementos de coerción sólo pueden ser empleados cuando se hayan agotado sin éxito otros medios de control menos lesivos, ii) por regla general —dice la Corte— se debe proscribir el uso de armas letales y sólo se puede autorizar su uso en los casos expresamente tasados por la ley, los cuales deben estar sujetos a una interpretación restrictiva, añadiendo que “Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria” y, por último iii) la Corte apeló a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de oficiales encargados de hacer cumplir la ley(93) para decir que el uso de las armas de fuego es excepcional, y que procede para la defensa propia o de un tercero que ve amenazada su vida o integridad física, para evitar la comisión de un delito, cuando se trate de la captura de un sujeto que reporte peligro y oponga resistencia o para impedir su fuga; en suma esta declaración de principios reitera que “En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

58. En este mismo contexto, se enfatiza que en el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos(94) se encuentra la Resolución Nº 34/169 de 17 de diciembre de 1979 de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la cual se adoptó el Código de Conductas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de donde se destaca el artículo 3° que dispone que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.”(95), derivándose como consecuencias: i) el uso excepcional de la fuerza, ii) que la legislación nacional que de manera extraordinaria autorice el uso de las armas de fuego debe establecerse “de conformidad con un principio de proporcionalidad” y, iii) que el uso de las armas constituye una medida extrema y que se debe hacer todo lo posible por excluir su uso contra los niños; de acuerdo con los comentarios elaborados a dicho artículo por la propia Asamblea General(96).

59. Además, en el ordenamiento interno colombiano, a partir de la consagración constitucional de los fines esenciales del Estado(97) así como del derecho fundamental a la vida(98), se desprende la exigencia del uso proporcional de la fuerza por parte de los agentes públicos que hagan uso de ellas, tal como se puede verificar con lo establecido en el Decreto 1809 de 3 de agosto de 1994, el cual en desarrollo del parágrafo 2º del artículo 8º del Decreto 2535 de 1993 reglamentó el uso de armas como “a) Pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 mm (38 pulgadas). b) Pistolas de funcionamiento semiautomático o automático y subametralladoras”, por parte de miembros de organismos nacionales de seguridad o cuerpos oficiales armados de carácter permanente, previendo la necesidad de actualizar y ajustar la prestación del servicio de los cuerpos de seguridad como el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, a los nuevos principios establecidos en la Constitución Política de 1991, con la función primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, libertades públicas y la convivencia pacífica(99).

60. En dicho reglamento, se establecieron las normas de carácter general que regulan el uso de las mencionadas armas por parte de los miembros de un cuerpo de seguridad del Estado como la entidad demandada.

61. Aun así, sin perjuicio de la falla del servicio como título de imputación, la Sala, en atención al criterio interpretativo fijado por el pleno de esta sección, recuerda que la configuración jurídica de la responsabilidad está sujeta a la valoración ad hoc y de acuerdo al caudal probatorio que obre en el proceso, de manera que, lejos de configurarse un catálogo unívoco se fijó la tesis según la cual “el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”(100).

62. Dicha falla en el servicio con fundamento en la cual puede atribuirse jurídicamente los daños antijurídicos derivados del uso de armas de dotación oficial puede desprenderse (i) por el uso excesivo o desproporcionado de la fuerza estatal(101); (ii) por el despliegue de una conducta injustificada; (iii) por incumplir los reglamentos, mandatos y obligaciones inherentes al uso, manejo y disposición de las armas de dotación oficial, cuya regla básica es que el uso de las armas de fuego es el último recurso de represión(102); (iv) por la inobservancia o incumplimiento de las indicaciones sobre manejo mecánico y las medidas de seguridad de las armas de dotación oficial en operativos oficiales, procedimientos y actividades dentro del servicio(103); y, (v) por valerse, o prevalerse, de la investidura, condición o posición como agente o funcionario estatal ante la víctima para el uso del arma de dotación oficial, bien sea durante el ejercicio de la actividad o servicio, o por fuera de este pero invocando un ejercicio de poder público(104).

63. Dicho lo anterior, no puede perderse de vista que también es posible realizar un juicio de imputación de un daño causado con un arma de dotación oficial a partir del régimen objetivo de riesgo excepcional comoquiera que se trata del desarrollo de una actividad riesgosa, que lleva a considerar que el uso de estos artefactos por parte de las autoridades genera, de suyo, una potencialidad de lesión. En efecto, a la luz de la regla jurídica del artículo 2356 del Código Civil(105), se ha comprendido la existencia de una actividad peligrosa cuando se “rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes.”(106), o, como se ha considerado recientemente, y aproximándose a partir de una definición en el sentido opuesto, cuando se encuentra que el hecho generador del daño que se solicita indemnizar “supera los peligros ordinarios e inherentes al despliegue y ejecución de ciertas actividades”(107).

64. Es así, entonces, como se llega a afirmar que el desarrollo de actividades peligrosas hace prescindir de la demostración de la falla, falta o culpa de la entidad administrativa como elemento para estructurar el juicio de responsabilidad del Estado; de manera que lo que debe quedar acreditado probatoriamente es que a) se trate de la utilización de un arma de dotación oficial, por parte de un agente de alguno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en ejercicio de sus funciones(108) y b) que exista una relación entre ésta y el daño producido como consecuencia directa de la utilización del arma como elemento que denota peligrosidad, salvo que se demuestre alguna causa eximente de responsabilidad, por ejemplo, fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima(109).

65. Por último, la teoría del daño especial, como criterio de motivación para la imputación de responsabilidad ha tenido cabida, fácticamente, en aquellos eventos en donde el daño antijurídico ocasionado a un sujeto proviene de actos en donde la fuerza pública, en cumplimiento de los cometidos estatales, se enfrenta a presuntos delincuentes a fin de evitar la consecución de conductas delictivas(110).

66. Delimitados los presupuestos jurisprudenciales para el encuadramiento de la responsabilidad del Estado cuando se producen los daños antijurídicos con ocasión del uso de las armas de dotación oficial, la Sala establece los criterios para el encuadramiento del hecho exclusivo de la víctima de manera general, y para el caso en concreto del uso de este tipo de armas.

7.3. Criterios para el encuadramiento del hecho exclusivo de la víctima, en especial cuando se trata del uso de armas de dotación oficial.

67. Cabe precisar el alcance de la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad(111). Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo(112).

68. La doctrina tradicional ha entendido desde hace tiempo que la conducta, comportamiento, acción u omisión de la víctima cuando contribuye a la producción del daño constituye una causal eximente de responsabilidad, fundada en el irresistibilidad, imprevisibilidad y carácter externo a la actividad del demandado(113). Sin embargo no ha sido la única lectura del derecho de la responsabilidad en su dogmática tradicional, porque los anteriores elemento hacen parte más de los ingredientes ordinarios de otra causal eximente como es la fuerza mayor, por lo que siguiendo a René Savatier se puede formular los criterios para analizar el hecho exclusivo de la víctima: (1) “cuando la víctima consiente un acto ilícito en sí mismo, la desaparición de la falta depende de saber si el deber de no lograrse es, o no, suprimido por el consentimiento de la víctima. Esto depende de la naturaleza del deber en causa(114); (2) cuando “se trata del deber general de no dañar a otro, el consentimiento de la víctima al acto que es dañoso, suprime, en principio, la falta, puesto que la víctima es libre de causarse este(115); (3) cuando “el acto incriminado, sin ser directamente malo, crea solamente un peligro para la víctima, el consentimiento de aquella puede tener un efecto más amplio. Solamente excluye la falta, cuando la víctima estuviese en el derecho de consentir un daño, ya que respecto de ciertos daños la víctima no estaría en derecho de consentir directamente, pese a poder exponerse voluntariamente. Su consentimiento al peligro cubre entonces a los terceros que concurren a crearlo(116); (4) sin “consentir conscientemente el peligro creado por otro, la víctima ha podido, por su propia conducta, aumentar de manera previsible y evitable, las posibilidades dañosas(117), como constitutivo de una imprudencia radicada en la conducta o comportamiento asumible, desplegado y operado por la propia víctima en los hechos que desencadenan el daño(118); y, (5) la contribución del hecho de la víctima en la producción del daño antijurídico debe ser determinante para eximir plenamente de responsabilidad, o puede ser concurrente y representar una atribución tanto a la administración pública, como a la víctima, reduciéndose el “quantum” indemnizatorio proporcional y ponderadamente.

69. Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(119).

70. Ahora bien, la doctrina ha hecho énfasis en distinguir el llamado “deber de evitar el daño” y la “culpa de la víctima” a partir de la incidencia del comportamiento del perjudicado en el daño sufrido, para lo cual ha distinguido dos momentos: (i) la producción del hecho lesivo y (ii) cuando el perjudicado agrava los daños que se habían producido con el hecho lesivo(120).

71. Por otro lado, la doctrina alemana considera que tanto la culpa de la víctima como el deber de evitar el daño están consagrados en el BGB 254, bajo la denominación de “culpa concurrente(121).

72. Con base en estas hipótesis la doctrina alemana sostiene que “la concurrencia de responsabilidades puede derivar de que el perjudicado ha cooperado en el daño en forma que le sea imputable, o de que haya omitido el evitar el daño que amenaza o aminorar el ya realizado(122)”. En consecuencia hay culpa de la víctima cuando este con su participación contribuye a la generación del daño, mientras que el deber de evitar el daño se refiere a la actitud que debe adoptar la persona una vez que adquiere la conciencia de que se ha generado una situación dañina para ella(123).

73. La culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado, se ha entendido como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado(124), que se concreta en la demostración “de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta(125). Dicha postura de la Sección Tercera llevó a concluir:

“[...] Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño(126).

74. La anterior posición jurisprudencial tuvo una proyección en la sentencia de la Sección Tercera de 2 de mayo de 2002, en la que se consideró:

“[...] para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil. 

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración (...)(127).

75. Con posterioridad la jurisprudencia de la Sección Tercera [y sus subsecciones], establece una serie de fundamentos o supuestos en los que cabe o no encuadrar el hecho o culpa de la víctima como eximente de responsabilidad de la administración pública: (1) se concreta por la experiencia de la víctima en el manejo de objetos, o en el despliegue de actividades(128); (2) la “ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas” puede constituir una “conducta negligente relevante(129); (3) puede constituirse en culpa de la víctima el ejercicio por los ciudadanos de “labores que no les corresponden(130); (4) debe contribuir “decisivamente al resultado final(131); (5) para “que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la administración”, a lo que agrega, que en “los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad”(132); (6) la “violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, la que “exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño cuando ésta es exclusiva(133); (7) por el contrario no se configura como eximente cuando no hay ni conocimiento de un elemento o actividad que entraña peligro, ni hay imprudencia de la víctima(134); (8) se entiende la culpa exclusiva de la víctima “como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado(135), lo que cabe encuadrar, matizando, en el primer supuesto porque no sólo opera por virtud del consentimiento de un acto ilícito, sino al despliegue de una conducta que es violatoria de las obligaciones a las que está llamado a cumplir [v.gr., en la conducción de vehículos a la velocidad ordenada, a la distancia de seguridad, a la realización de maniobras autorizadas, al respeto de la señalización, etc.]; (9) debe demostrarse “además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta(136), lo que encuadra en el cuarto supuesto dogmático de la imprudencia de la víctima; (10) que se acrediten los elementos objetivos de la conducta gravemente culposa de la víctima(137); y, (11) que la víctima “por sus propios hechos y actuaciones se puso en condiciones de soportar el daño(138).

76. Así mismo, debe delimitarse los argumentos relativos a la culpa personal del agente en este tipo de eventos.

7.4. La culpa personal del agente estatal cuando los daños antijurídicos son producidos con arma de dotación oficial que portaba este(139). 

77. La culpa personal del agente estatal es una figura jurídica reconocida jurisprudencialmente que consiste en aquel o aquellos hechos que se producen como consecuencia directa, determinante y sustancial de la acción, negligencia, impericia o imprudencia del agente o funcionario estatal bien sea por fuera del ejercicio de sus labores, misiones o deberes legales, institucionales o funcionales, o bien en su fuero de despliegue privado aunque haya la intervención de bienes, elementos u objetos ligados a la actividad estatal, como ocurre con los vehículos o las armas de dotación de las que están provistos estos sujetos, pero que no están destinados, ligados o vinculados a la actividad, función o servicio público de manera inescindible cuya prueba está en cabeza de quien invoca la imputación del daño antijurídico al Estado(140).

78. La premisa inicial que se ha elaborado en la jurisprudencia establece que “la simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de la actividad pública(141). Lo anterior quiere explicar que los actos o esferas de despliegue de una persona que siendo agente o funcionario estatal no están ligadas directa o indirectamente con la actividad, función o servicio público asignada no pueden hacer desprender la atribución fáctica, por tanto, la jurídica en cabeza de la administración pública para la que labora aquél(142).

79. Con base en lo anterior debe aproximarse en qué consiste la culpa personal del agente. En la dogmática del derecho administrativo la culpa personal del agente, paradójicamente, se examinó a partir de la responsabilidad extracontractual del Estado que cabe imputarle por las acciones u omisiones de los funcionarios o servidores públicos(143), afirmándose como criterios: (i) que el agente o funcionario estatal por fuera del ejercicio del poder público conferido viola un deber, vulnera un derecho o incumple una norma respecto de un tercero; y, (ii) que el agente o funcionario estatal haya actuado con negligencia, impericia o imprudencia no encuadrable o ajustada sus deberes y obligaciones derivado de las funciones propias a la actividad o servicio público que preste.

80. En la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se han elaborado una serie de criterios con base en los cuales se construye evolutivamente [o involutivamente] la culpa personal del agente.

81. Partiendo de la premisa según la cual debe existir un vínculo con el servicio, la sentencia de la Sección Tercera de 15 de febrero [Exp. 5277] consideró que los “tratadistas sobre la responsabilidad extracontractual del Estado por falla del servicio frente a la responsabilidad personal del agente de la administración, destacan como elemento diferenciador la circunstancia de que el último actúe estando desprovisto de todo vínculo con el servicio, es decir cuando sus actuaciones se cumplen por fuera de éste y en donde el factor "servicio" no está presente en ninguna forma(144).

82. Para el caso específico del agente o funcionario estatal judicial que procede con dolo, fraude, abuso de autoridad, omisión, retardo injustificado, o error injustificable, la Sección Tercera en la sentencia de 24 de mayo de 1990 [Exp. 5451] consideró que es “verdad jurídica que en el derecho colombiano el Estado no responde en los casos en que el juez procede con dolo, fraude o abuso de autoridad, o cuando omite o retarda injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto, o cuando obra determinado por error inexcusable. Así se desprende de los preceptuados en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, que está en concordancia con lo dispuesto en el artículo 25. El legislador optó por manejar la problemática con la filosofía que informa LA CULPA PERSONAL y no con la que inspira y orienta la FALTA O CULPA DEL SERVICIO. Esta realidad explica que corresponda al juez responder con su propio patrimonio, y por lo mismo, indemnizar el daño. No existe en Colombia un texto legal o constitucional que consagre dicha responsabilidad del Estado(145).

83. En todo caso, de acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa la culpa personal del agente o funcionario estatal debe ser exclusiva y estar absolutamente desligada del servicio, como se sostuvo por la Sección Tercera en la sentencia de 8 de noviembre de 1991(146) [Exp. 6701]. En la misma providencia se consideró que en caso contrario, si la administración pública pone a disposición o alcance del agente o funcionario los instrumentos u objetos que siendo propios, o perteneciendo al servicio, son los causantes del daño, la responsabilidad seguirá en cabeza de dicha administración pública, sin que afecte la conducta irregular del agente(147).

84. Cuando se demuestra la falla en la elección y vigilancia de un miembro de la fuerza pública, la culpa personal no exime. De acuerdo con la sentencia de 2 de abril de 1992 [Exp. 5645], se “dio la falla del servicio no tanto por los hechos que dieran lugar a la investigación del delito de hurto y secuestro, que bien pueden ubicarse dentro de la falta personal, pero si por la especial circunstancia de que el agente tenía antecedentes graves, antes de cometer este último ilícito, todos ellos demostrativos de una falla en la elección y en la vigilancia. Los integrantes de la fuerza pública con sanciones y antecedentes, como los que se dejaron relacionados, no deben permanecer ni en el ejército, ni en la policía, ni en ningún cuerpo de seguridad de la Nación. La falta personal no está desprovista de todo vínculo con el servicio. Habiendo vivenciado el mal comportamiento de su agente, lo retuvo en la institución, conducta con la cual creó también un riesgo de falta personal. La falla en la elección una vez vivenciada y no enmendada, tiene más universo de antijuricidad (sic) que la original (la elección), pues es demostrativa de torpeza y mala administración(148).

85. Si la administración pública tolera en sus instituciones a un “antisocial” debe responder hasta por la culpa personal, como se argumenta por la Sección Tercera, en la sentencia de 12 de junio de 1992 [Exp. 6982], según la cual el “agente de policía en vacaciones o en franquicia no deja su carácter de tal y menos se puede despojar de sus deberes y obligaciones. La administración responde por el servicio y dentro de él están las personas que lo hacen posible (su elección y vigilancia), las que tiene que estar sometidas a un régimen cuidadoso de disciplina que cobija todos los actos de su vida, porque la administración ejecutara del servicio, responde cuando tolera a ciertos individuos en su seno, de mala conducta, porque así crea para los usuarios el riesgo de la falta personal de sus agentes. En otras palabras, porque si la administración tolera a un antisocial en sus filas, deberá responder hasta por la culpa personal de ésta”(149).

86. De la anterior hipótesis jurisprudencial se consolidad aquella según la cual la culpa personal no exime porque el agente o funcionario se encuentre en franquicia o de descanso, como lo sostiene la Sección Tercera en la sentencia de 27 de noviembre de 1992 [Exp. 7123(150)].

87. La culpa personal pierde relevancia ante el funcionamiento irregular del servicio como consecuencia del descuido y negligencia por parte de las autoridades al interior de un cuerpo de la fuerza pública, según la Sección Tercer en la sentencia de 10 de agosto de 1992 [Exp. 6524], según la cual si “bien los hechos relevaron una conducta personal del agente homicida, también dejaron ver en forma inequívoca que esa conducta no sólo estuvo desvinculada del servicio mismo, sino que encontró su caldo de cultivo en el descuido y negligencia de las autoridades del Batallón. La culpa personal pierde toda relevancia frente al funcionamiento irregular del servicio. No puede olvidarse que el deber de las autoridades de salvaguardar la vida, honra y bienes de las personas, también cobija a los miembros de esas autoridades. Para el caso no importa que el arma homicida no haya sido de dotación oficial; basta que ella hubiera estado disponible, sin control alguno, en el comando de la institución. No es aceptable que dentro de un establecimiento militar sucedan estos hechos; y ni si quiera se pueden justificar porque ocurrieron en horas que no eran de servicio, con arma que no tenía el carácter de oficial y en desarrollo de actividad que no era propia del servicio”(151).

88. Se ha afirmado, también, la concurrencia entre la falla en el servicio y la culpa personal del agente, como se desprende de la sentencia de la Sección Tercera de 12 de julio de 1993 [Exp. 7369], de acuerdo con la cual puede “coincidir la culpa personal del agente con la falla del servicio y por eso se habla en tales casos de falla del servicio del funcionario. Como también ha dicho que sólo por excepción esa culpa personal podrá desvincularse del servicio; porque en alguna forma éste puso en contacto a las partes o facilitó la comisión del ilícito. Tan cierta es la posibilidad de concurrencia que cuando ésta se produce la culpa personal se juzga desde la perspectiva penal o disciplinaria y la falla del servicio desde la perspectiva de la normatividad que regula su funcionamiento. Hasta el punto, como lo muestra la jurisprudencia que puede absolverse penal o disciplinariamente al funcionario y resultar comprometida la responsabilidad estatal o viceversa. El servidor público y menos un agente de policía no pierde el carácter luego de terminar su jornada de trabajo, cuando esté en franquicia o en vacaciones. Afirmar lo contrario sería reconocer la existencia de una especie de patente de corso para ser ejercida durante los últimos tiempos de vacancia. Un agente de policía no debe portar sino su arma de dotación; y que si lleva otra, esto, por sí sólo podría configurar una falla del servicio, a menos que justifique su posesión respaldada con salvoconducto oficial”.

89. Cuando se trata de la actividad [globalmente considerada] de administración pública policial, la calidad de agente o funcionario estatal no vincula directamente al Estado, pues puede tratarse de una actuación en el ámbito privado, separada de toda actividad propiamente pública, como la Sección Tercera en la sentencia de 16 de septiembre de 1999 [Exp. 10922], argumentó, ratificando que la “simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública. Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho del policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público”. En tanto el agente se valga de su condición de autoridad pública y utilice los bienes de dotación oficial para cometer el hecho, su actuación tiene vínculo con el servicio y en esa medida le es imputable al Estado. Pero, se reitera, la responsabilidad de la administración no deviene del hecho de que el autor esté vinculado a una entidad pública. Si el funcionario incurre en una conducta delictiva ajena a la prestación del servicio, debe acreditarse que la entidad incurrió en una falla para imputarle el hecho, pues esta falla no se presume”(152).

90. Como ya se dijo en otro apartado de esta providencia, la jurisprudencia de la Sección Tercera desde la sentencia de 17 de julio de 1990 [Exp. 5998] —de la que se ha dado continuidad, entre otras, con la sentencia de 16 de septiembre de 1999 [Exp. 10922]—, se consideró que cuando se trata de examinar la culpa personal con ocasión de un servidor o funcionario vinculado con el servicio policial, procedía aplicar el denominado “test de conexidad” en los siguientes términos:

“Precisar cuándo un hecho tiene o no vínculo con el servicio es complejo en algunos eventos. Por esto la Sala en sentencia del 17 de julio de 1990 con apoyo en la doctrina extranjera, acogió una pautas orientadoras que son de gran utilidad para su definición que constituye un verdadero test de conexidad con el servicio: “La jurisprudencia y la doctrina han realizado ingentes esfuerzos para determinar en qué consiste el mencionado nexo con el servicio, que tiene la virtud de comprometer a la administración en la indemnización debida a la víctima. “En un ensayo sobre la materia, de que es autor el abogado auxiliar de esta corporación, D. Juan Carlos Henao Pérez, intitulado “La falla personal del funcionario público en el derecho colombiano”, próximo a ser publicado, se hace una cita del doctrinante francés Dové Rasy (“Les frontiéres de la faute personnelle et de la faute del service en droit administratif francais”, L.G.D.J., París, 1962, pág. 82), quien sostiene: “Será falla del servicio la falla que presente un nexo con el servicio, o, lo que es lo mismo, una falla que no esté desprovista de todo nexo con el servicio” y enseguida, este autor se preocupa por concretar cómo se determina, en cada caso, la existencia del nexo y siguiendo al mismo tratadista elabora un esquema que sirve de guía para dicha determinación, así: NEXO CON EL SERVICIO: PERCEPTIBLE a. ¿Advino el perjuicio en horas del servicio? Sí - No b. ¿Advino el perjuicio en el lugar de servicio? Sí - No c. ¿Advino el perjuicio con instrumento del servicio? Sí - No INTELEGIBLE d. ¿El agente actuó con el deseo de ejecutar un servicio? Sí-No e. ¿El agente actuó bajo la impulsión del servicio? Sí-No “Y anota, luego: ‘Si de la confrontación que se haga del caso concreto con el esquema anterior se observa que todas las respuestas son negativas, nos encontraríamos indefectiblemente ante una falla personal clásica, excluyente de aquélla del servicio, precisamente por lo que éste no puede ser vinculado de manera alguna con la producción del perjuicio. Por el contrario, si mínimo hay una respuesta afirmativa, el nexo con el servicio puede aparecer, debiéndose anotar que su aparición será más contundente en la medida en que el juez pueda responder afirmativamente a más preguntas’. “Del esquema surge que el nexo en cuanto perceptible o inteligible puede ser espacial o temporal o de ambas clases. Será de la primera especie cuando el hecho a través del cual se materializó el perjuicio advino o en lugar donde éste se presentó o debía presentarse o con un instrumento dado por la administración para la ejecución de la labor propia del servicio; será de la segunda especie, cuando adviene en horas del servicio”(153). 

91. Dicho test ha sido aplicado por ejemplo en el caso de la denominada “ruleta rusa” en la sentencia de la Sección Tercera de 26 de mayo de 2010 [Exp. 18538]:

“Ahora bien, si en gracia de discusión se hubiere demostrado que el carabinero José Abelardo Bedoya Clavijo hubiere participado del macabro juego de “ruleta rusa”, arriesgando con ello su propia vida, es claro que ello no constituiría para nada un acto propio o en relación con el servicio, sino una decisión estrictamente personal, debiéndose tener en cuenta que es precisamente el vínculo, relación o nexo con el servicio, un elemento indispensable para poder pregonar la responsabilidad del Estado, por los daños que causen las actuaciones u omisiones de sus servidores. No puede olvidarse que los agentes estatales —servidores públicos en general— son personas investidas de esta calidad pero que conservan la responsabilidad de su personal desempeño en su propio ámbito individual, dentro del cual actúan como cualquier particular y pueden cometer infracciones y delitos comunes, sin relación alguna con su calidad de funcionarios; en estos casos, resulta inadmisible que, por el simple hecho de ser empleados suyos, tenga el Estado el deber de asumir la responsabilidad por las actuaciones de aquellos, sin discriminar las circunstancias en las cuales se produjeron y dejando de lado el hecho de que se trata de personas racionales, con libre albedrío y discernimiento, que no se limitan a ejecutar un servicio público, sino que cuentan con otras dimensiones en su vida y en ella cumplen actos que producen consecuencias para el mundo del Derecho. Por ello, de tiempo atrás ha dicho reiteradamente la Sala que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas, cuando las mismas tienen algún nexo con el servicio público, puesto que la simple investidura de servidor estatal de quien produce o concurre en la producción del hecho dañoso, resulta insuficiente para vincular la responsabilidad del Estado. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso no es posible declarar la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, toda vez que en contraste con la ausencia de pruebas respecto de una falla del servicio en la cual hubiere incurrido la Administración, se encuentra probada, de forma fehaciente, la causal excluyente de responsabilidad del hecho exclusivo y excluyente de la víctima y, de aceptarse la hipótesis de que el carabinero José Abelardo Bedoya Clavijo hubiere participado con la víctima en un juego de “ruleta rusa”, sería claro que la misma habría constituido un acto personal del agente, desligado totalmente del servicio que como Policía desempeñaba. En consecuencia y al tener por demostrado plenamente que en la producción del daño no medió alguna conducta reprochable de la administración que lo hubiere propiciado, o que hubiere concurrido con aquel en la producción del daño, la sentencia apelada será confirmada en el sentido de negar las pretensiones de la demanda”(154). 

92. Así mismo, el test ha sido aplicado en la sentencia de 22 de noviembre de 2011 [Exp. 22935] la subsección B de la Sección Tercera consideró:

“Si en gracia de discusión se admitiera que, para el momento de los hechos, el señor Bernardo Manrique era aún un agente activo de la Policía Nacional, la Sala advierte que tal situación tampoco es suficiente para generar responsabilidad a cargo de la entidad demandada, pues es claro que en la perpetración del atraco el mencionado señor no estaba actuando como agente de la institución policial, ni en ejercicio de las funciones que le eran encomendadas por tal calidad, y las situaciones ocurridas en la mencionada fecha no tienen conexión alguna con la prestación del servicio policial. En efecto, aun cuando en el proceso se demostró que los ladrones, entre ellos el señor Bernardo Manrique, actuaron vestidos con prendas de uso privativo de la Policía Nacional, y se ubicaron a un lado de la carretera para indicar a las víctimas que debían disminuir la velocidad, también se evidenció que los asaltantes no desplegaron esfuerzo alguno por dar a sus actividades la apariencia de un retén policial regularmente desarrollado. (...) en el presente caso entra en aplicación la reiterada y unívoca jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado según la cual la responsabilidad de las entidades públicas está comprometida por los hechos de sus agentes, siempre y cuando éstos actúen en actividades conexas con la prestación del servicio público, de tal forma que el hecho absolutamente privado y personal del servidor público nunca compromete la responsabilidad del organismo estatal al cual está vinculado. (...) para que surja responsabilidad a cargo de las entidades, no es suficiente con evidenciar que cierto daño ha sido causado por un agente de la administración, o con la utilización de algún elemento de los que usan los organismos del Estado para el desempeño de sus funciones, sino que además es necesario demostrar que las actividades del agente estuvieron relacionadas con el servicio (...) la Sala Considera que el hecho cometido el 19 de febrero de 1993 por el señor Bernardo Manrique, en modo alguno puede considerarse como conectado con el servicio público que el mencionado señor debía prestar como agente de la Policía Nacional (...) la Sala considera que no se demostró la existencia de una falla del servicio por parte de la Policía Nacional que fuera generadora del daño cuya indemnización reclama el señor Gustavo Coy Camacho y, además, no pudo demostrarse que las acciones desplegadas por el señor Bernardo Manrique, de quien se evidenció que fue retirado de la Policía Nacional un día antes de que se llevara a cabo el hurto el 19 de febrero de 1993, hubieran tenido nexo con el servicio policial que antiguamente prestaba a la entidad demandada”. 

93.- En tanto que la subsección C de la Sección Tercera en la sentencia de 7 de febrero de 2011 [Exp. 19038] argumentó:

“La anterior afirmación encuentra sustento en que la conducta personal del agente constituyó la causa determinante y adecuada del daño, ya que al momento de la ocurrencia de los hechos el señor Morales Henao realizaba actividades que no tenían vinculación alguna con el servicio, era por completo ajeno al mismo, y actuaba simple y llanamente como persona privada, desprovisto de la condición y calidad del servicio. (...) para establecer los límites entre el nexo con el servicio y la culpa personal del agente, se deben analizar y valorar las particularidades de cada caso concreto, como quiera que el vínculo instrumental, funcional u ocasional, por sí mismo no compromete, la responsabilidad patrimonial del Estado. Lo anterior, en la medida que el test de conexidad establecido en la providencia del 17 de julio de 1990, expediente 5998, tal y como se puntualizó en anterior oportunidad, no conduce inexorablemente a dar por acreditada la obligación de reparación en cabeza de la administración pública, habrá que examinar en cada caso concreto la especificidad de las circunstancias en que se materializan los hechos. (...) en cada asunto específico se requiere estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos puesto que, a partir de ellas será que se define en qué casos se está en presencia de una culpa personal del agente o ante a un daño imputable al Estado. En el caso sub examine, le asiste razón al a quo, al destacar que el daño tuvo origen en el ámbito privado, personal, aislado por completo del servicio, puesto que, de manera independiente a la condición de agente de la policía, es claro que Juan Carlos Morales Henao, al momento de los hechos estaba fuera de la estación de Policía, no medió la prestación o la intencionalidad del servicio público, se encontraba vestido de civil, y le ocasionó, accidentalmente, la muerte a Fernely Mosquera Herrera, todo ello sin que existiera ningún tipo de nexo o vínculo funcional o instrumental con el servicio. De manera adicional, no se vislumbra el ánimo o la intención de que el resultado haya sido producto del servicio, sino que, por el contrario, lo que se tiene por sentado es que la generación del daño tiene su origen y causa en un motivo personal de Juan Carlos Morales Henao. Por lo tanto, desde ningún ángulo puede atribuirse el daño en cabeza de la administración pública, ya que éste tiene su génesis en la culpa personal del agente. 

[...] 

Ahora bien, en relación con el argumento del apelante, según el cual el arma que fue disparada debía presumirse de dotación oficial pues no existía prueba que demostrara que era de uso personal, se tiene que la presunción a que se refiere el impugnante aplica cuando el agente está de servicio, de allí que, si se encuentra debidamente probado que éste no se encontraba de servicio -como ocurre en el presente caso- no se presume que el arma era de dotación oficial sino que deberá demostrarse, a través de los distintos medios probatorios, tal condición (...) Adicionalmente, se tiene que de las declaraciones referidas con anterioridad, se puede determinar que el arma que fue disparada era de uso personal, toda vez que el agente que ocasionó la muerte a su compañero, luego de ocurrido el incidente, hizo entrega a su superior de un revólver Smith Wesson sin salvoconducto. De lo expuesto se colige necesariamente que el daño deviene imputable de manera exclusiva a Juan Carlos Morales Henao, motivo por el cual frente a la administración pública se encuentra demostrada la causa extraña, consistente en el hecho de un tercero, ya que la lesión a los bienes jurídicos de los demandantes se dio a partir de una culpa personal del agente estatal, quien con desconocimiento de las normas y reglamentos de la actividad policial actuando por fuera del servicio disparó un arma de fuego, en contra de la humanidad de Ferleny Mosquera Herrera, causando su deceso. Como corolario de lo anterior, se impone la confirmación de la sentencia apelada”(155). 

94. Para determinar si el hecho está o no vinculado con el servicio debe establecerse si el agente o funcionario se valió de su condición de autoridad pública o motivado por ésta misma. De acuerdo con la sentencia de 29 de enero de 2004 [Exp. 14951]:

“Como se dijo, para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe establecer si, en el caso concreto, el funcionario actuó valiéndose de su condición de autoridad pública o motivado por ella; se debe analizar, entonces, la exteriorización de su comportamiento y no la intención con la que actuó. En el caso concreto, no se puede afirmar, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, que, a los ojos de la víctima, el agente Cortés actuaba por razón de su condición de Policía, pues, por el contrario, de las mismas se deduce que, al intervenir, lo hizo en su calidad de ciudadano y, sobre todo, por su condición de habitante del barrio donde ocurrieron los hechos. Así las cosas, la actuación del agente Cortés, su exteriorización, no se presentó, ante la comunidad, como el ejercicio de una potestad pública sino, se reitera, como el ejercicio normal de una actividad ciudadana, con la que se pretendía la protección de sus propios intereses; en efecto, pretendía garantizar la tranquilidad de la cuadra en la que habitaba y el desarrollo normal de la festividad en la cual se encontraba departiendo con sus amistades”(156). 

95. La subsección B de la Sección Tercera en la sentencia de 29 de febrero de 2012 [Exp. 23412] planteó “que cuando un funcionario público ocasiona un daño, la imputabilidad del mismo a la administración se configura cuando es causado por uno de sus agentes en desarrollo de las funciones propias de su actividad estatal o cuando el hecho tuvo algún nexo o vínculo con el servicio, pues de esta forma es posible concluir que el daño fue ocasionado como consecuencia del ejercicio de alguna función estatal. En este contexto, la responsabilidad también se deriva cuando el funcionario se vale de su investidura y a los ojos de la víctima el comportamiento lesivo se manifiesta como derivado de su poder público. Contrario sensu, si el daño no fue producto de dicha actividad, si no que se ejecutó en la esfera privada del actor, el Estado no es responsable del daño causado, pues esta Sección ha reconocido que los agentes estatales -servidores públicos en general- son personas investidas de esta calidad pero que conservan la responsabilidad de su desempeño en su esfera individual, dentro de la cual actúan como cualquier particular y pueden cometer infracciones y delitos comunes, sin relación alguna con su calidad de funcionarios (...) que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas, cuando las mismas tienen algún nexo con el servicio público, puesto que la simple investidura de servidor estatal de quien produce o concurre en la producción del hecho dañoso resulta insuficiente para vincular la responsabilidad del Estado. (...), si bien el agresor se desempeñaba como funcionario público y ocasionó el daño con un instrumento propio de su oficio —arma de dotación oficial—, lo cierto es que los hechos se desarrollaron dentro del ámbito privado del agente quien se encontraba disfrutando de una jornada de descanso En consecuencia, es claro que la conducta desplegada por el señor José Robinson Bohórquez Perdomo fue ejecutada sin ningún nexo con el servicio de detective del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso no es posible la declaratoria de responsabilidad de la administración, toda vez que el agente Bohórquez Perdomo hirió con su arma de dotación oficial al joven Álvaro González Moreno, causándole la muerte de forma totalmente ajena al servicio que como agente del DAS desempeñaba”.

96. Cabe afirmar que para la configuración o encuadramiento de la culpa personal se debe partir de la premisa según la cual el agente o funcionario estatal es una persona racional “libre albedrío y discernimiento”, que no se limita a la ejecución de un servicio público, sino que obra en diferentes dimensiones de su vida generando consecuencias(157). Por ello, “ha dicho reiteradamente la Sala que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo con el servicio público, puesto que la simple investidura de servidor estatal de quien produce el hecho dañoso resulta insuficiente para vincular la responsabilidad del Estado. Por tanto, la Administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce “en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto, de toda cualificación jurídico-pública”(158).

97. La culpa persona del agente debe analizarse en cada caso en concreto para determinar en qué casos el daño antijurídico es atribuible al agente o funcionario estatal, y en cuáles al Estado. La subsección C de la Sección Tercera en la sentencia de 24 de marzo de 2011 [Exp. 17993] argumento que en “otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público’...” Como se aprecia, en cada asunto particular se requiere estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos puesto que, a partir de ellas será que se define en qué casos se está en presencia de una culpa personal del agente o ante un daño antijurídico imputable al Estado(159).

98. De otra parte, la culpa persona del agente llegó a encuadrarse como expresión de la eximente de responsabilidad del hecho exclusivo del tercero, según la fundamentación de la Sección Tercera en la sentencia de 25 de febrero de 2009 [Exp. 16927], según la cual la “figura de la falta personal del agente en últimas comporta la invocación del hecho exclusivo de un tercero como causal eximente de responsabilidad. En relación con la causal de exoneración consistente en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la misma se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado en manera alguna con la actuación de aquél, de manera que se produce la ruptura del nexo causal; además, como ocurre tratándose de cualquier causa extraña, se ha sostenido que la misma debe revestir las características de imprevisibilidad e irresistibilidad, más allá de la consideración de acuerdo con la cual ha de tratarse de una conducta ajena a la de la entidad pública demandada. Adicionalmente, no puede perderse de vista que para que el hecho del tercero pueda ser admitido como eximente de responsabilidad no se precisa que sea culposo sino que constituya la causa exclusiva del daño(160).

99. La Sala después de delimitar los presupuestos y fundamentos en los que cabe sustentar el análisis de la imputación de la responsabilidad, en el ámbito fáctico y jurídico, procede a formular el juicio correspondiente al caso en concreto, advirtiendo que se confirmará el que se realizó respecto a la sentencia de 29 de octubre de 2004, y se revocará aquél que se produjo en la sentencia de 29 de noviembre de 2007.

8. El juicio de imputación respecto al daño antijurídico ocasionado a ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO.

100. De acuerdo con la demanda, en los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1999 entre las 9:30 y 9:45 de la noche, en el estadero “El Pavo” de la ciudad de Valledupar resultó herido y lesionado ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO por disparos que hicieron blanco en su humanidad cuando se encontraba en las afueras del mismo sitio.

101. La sentencia de primera instancia de 29 de octubre de 2004 sin haber formulado completamente los fundamentos razonados para imputar la responsabilidad a la entidad pública demandada como consecuencia del daño antijurídico producido a CARRILLO CATAÑO, sostuvo que el nexo causal se demostró y que la demandada no demostró eximente alguna de responsabilidad.

102. En la apelación de la entidad pública demandada contra la mencionada sentencia se invocó que operó la eximente del hecho del tercero.

103. Del análisis de los medios probatorios se tienen por acreditadas y establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar siguientes: (1) los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 1999 a las 9:45 de la noche entre los establecimientos públicos “El Pavo” y “Donde Toño” ubicados en la ciudad de Valledupar [como puede verse en el Oficio 2915/SIJIN-DECES, de 21 de septiembre de 1999, del Jefe Unidad de Judicialización Sijín del Departamento Policía Cesar (fl. 186 cdno. 1); de la declaración juramentada rendida por Miriam Reyes Rincón ante el funcionario investigador del DAS el 24 de septiembre de 1999 (fls. 196 y 197 cdno. 1)]; (2) (2) el arma con la que se produjo el daño antijurídico era de dotación oficial como se demuestra con el Acta de la diligencia de inspección P.715-02 de un arma y munición(161) [fl. 33 anexo], y el oficio 05506, de 3 de septiembre de 1999, del director seccional DAS Cesar, dirigido al Fiscal Veinticinco [25] Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Valledupar(162) [fls. 150 y 151 cdno. 1]; (3) ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO no participó en la discusión, pelea y forcejeo que se produjo el 29 de agosto de 1999 en el estadero “El Pavo”, pese a lo cual resultó herido con los disparos realizados con el arma de un funcionario de la entidad pública demandada [como se desprende de las declaraciones rendidas en el proceso disciplinario por Luis Hinojosa Pereira; por Nubia Esther Miranda Vergara; por Yorjanis López Miranda; por el propio Arcadio Francisco]; (4) como lo señaló en su declaración Nubia Esther Miranda Vergara “eso como que fue un accidente lo de FRANCISCO CAMILLA BARBOSA, porque él me dice que él estaba sentado en la barra de la cicla, él no estaba sentando en ninguno de los dos negocios estaba ahí y lo alcanzaron las balas” [fls. 78 a 80 cdno. 1]; (5) en los hechos intervino un agente de la entidad pública demandada, Jacob Manuel Palomo Pacheco, quien portaba un arma de fuego en ese momento [según las declaraciones rendidas en el proceso disciplinario por Luis Hinojosa Pereira(163) y de Nubia Esther Miranda Vergara(164); los testimonios de Daniel Antonio Pereira Pérez, del propio Arcadio Francisco; de Nubia Esther Miranda Vergara(165); el Informe de 29 de agosto de 1999 del inspector diario en turno del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar(166) (fl. 145 cdno. 1); el RADAS 05352, de 30 de agosto de 1999, del director seccional DAS Cesar(167) (fl. 146 cdno. 1); la versión libre y voluntaria rendida por Jacob Manuel Palomo Pacheco el 14 de septiembre de 1999 dentro del proceso disciplinario (fls. 159 a 161 cdno. 1); la declaración juramentada rendida por el inspector diario Luis Gonzaga Palacio Aguirre el 16 de septiembre de 1999 ante el funcionario investigador del DAS(168) (fls. 173 y 174 cdno. 1); la declaración juramentada rendida por Johny Guerrero Orozco el 21 de septiembre de 1999 ante el funcionario investigador del DAS (fls. 180 a 182 cdno. 1); la declaración juramentada rendida por Yorjanis López Miranda ante el funcionario investigador del DAS el 23 de septiembre de 1999(169) (fls. 191 y 192 cdno. 1); el Informe final, de 9 de febrero de 2000, rendido por el profesional operativo 202-16 funcionario instructor del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar (fls. 204 a 208 cdno. 1); el Auto número 02304 de 12 de abril de 2000, del funcionario investigador del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar (fls. 221 a 231 cdno. 1)]; (6) la calidad de agente de la entidad pública demandada de Jacob Manuel Palomo Pacheco está constatada con el oficio SG.STH.RYC.0526, de 11 de junio de 2002, del Subdirector de Talento Humano del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, [fl. 300 cdno. 1], con el que se allegó copia del acta de posesión, de la resolución de nombramiento y del extracto de la hoja de vida correspondiente a Jacob Manuel Palomo Pacheco [fls. 301 a 306 cdno. 1], y con la certificación expedida por el director seccional DAS Cesar el 29 de abril de 2002(170) [fls. 142 y 143 cdno. 1], en la que se afirmó que para “el día 29 de agosto de 1999 el funcionario JACOB MANUEL PALOMO PACHECO portaba arma asignada y no prestaba el servicio de protección para el cual fue designado, porque se encontraba de descanso en el momento en que ocurrieron los hechos”; (7) por esos hechos se le abrió investigación disciplinaria al mismo agente, como se señala en el Auto número 05384, de 1 de septiembre de 1999 del director seccional DAS Cesar(171) [fl. 144 cdno. 1], y en el Auto 05606, de 9 de septiembre de 1999, del funcionario investigador comisionado del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar(172) [fls. 153 y 154 cdno. 1]; (8) la intervención del agente-detective Jacob Manuel Palomo Pacheco no se correspondió con los procedimientos y funciones a este asignadas como lo demuestra el oficio 2693/ESVAL-DECES, de 30 de agosto de 1999, de la Unidad de Judicialización del Departamento de Policía Cesar(173) [fls. 1 y 2 anexo]; (9) como consecuencia del proceso disciplinario el agente Jacob Manuel Palomo Pacheco, adscrito al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS, Seccional Cesar, fue sancionado por los hechos acaecidos el 29 de agosto de 1999, ya que según el Auto número 02304 de 12 de abril de 2000, del funcionario investigador del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fls. 221 a 231 cdno. 1], “el servidor público JACOB MANUEL PALOMO PACHECO detective agente 208-06 [...] adscrito a la Seccional DAS Cesar, puede estar incurso con su actuar en falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes consagrados en el artículo 40 numeral 4 [...] Y [sic] 7 [...] en concordancia con el 38 de la Ley 200 de 1995, falta que provisionalmente será calificada de carácter grave por los efectos producidos al trascender negativamente en el entorno social y el perjuicio que causó a la sociedad, las víctimas del insuceso y el mal ejemplo dado causante de desprestigios y posibles demandas en contra de la Institución por ende a la nación Colombiana [sic]” [fl. 229 cdno. 1], como se determinó en la Resolución número 044 de 5 de mayo de 2000, del director seccional Cesar DAS [fls. 239 a 250 cdno. 1], en la que se consideró que el agente Palomo Pacheco fue negligente en el cumplimiento de sus obligaciones al no haber guardado su arma de dotación pese a encontrarse en día de descanso, y actuar imprudentemente al momento de la riña, suspendiéndose con base en la Resolución número 01515 de 11 de septiembre de 2000, del director del Departamento Administrativo de Seguridad [fls. 258 y 259 cdno. 1], y sin perjuicio de la preclusión de la investigación decidida mediante la Resolución de 14 de diciembre de 2000 del Fiscal Quince Delegado [fls. 265 a 272 cdno. 1]; y, (10) de acuerdo con la Circular 2070 de 19 de abril de 1999 de la Dirección del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, [fls. 176 a 179 cdno. 1], esto es, cuatro [4] meses y diez [10] días antes de la fecha en que ocurrieron los hechos, se advertía a no se estaban cumpliendo las resoluciones 2852 de 29 de diciembre de 1996 y 0094 de 28 de enero de 1999, relacionadas con el registro, control, manejo, uso y conservación de las armas de fuego de propiedad del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, por desconocerse los procedimientos que debían aplicarse y hacerse exigibles, así como de sus procedimientos, impartiéndose las siguientes instrucciones: “Es importante recordar a los funcionarios que tienen armas a su cargo, la responsabilidad de portar y usar éstas para el cumplimiento única y exclusivamente en las labores propias de su cargo. En consecuencia, a partir de la fecha todos los funcionarios deberán depositar sus armas de dotación en el sitio establecido por cada dependencia, terminada la labor o misión asignada y en especial los fines de semana. Lo anterior se aplicará estrictamente a aquellos funcionarios que están asignados a esquemas protectivos, y en forma eventual, se aplicará a aquellos funcionarios que integran grupos operativos con funciones específicas de policía judicial, de acuerdo a las necesidades del servicio, turnos de disponibilidad y al criterio del jefe de la dependencia respectiva. Tal procedimiento será verificado y controlado por los jefes de división y unidad en el nivel central y, en las seccionales por el subdirector, coordinadores y jefes de puestos operativos” [fls. 176 y 177 cdno. 1].

104. Del análisis contrastado, conjunto, crítico y bajo las reglas de la san crítica de los hechos acreditados con base en las anteriores pruebas la Sala considera que el daño antijurídico producido a ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO es atribuible fáctica y jurídicamente a la demandada DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, ya que no puede afirmarse para su caso en concreto que la intervención de un tercero como pudo ser la acción desplegada por Jhonny Guerrero Orozco el 29 de agosto de 1999 se haya producido ya que no existe certeza que este haya despojado y disparado el arma de dotación oficial del agente del DAS Jacob Manuel Palomo Pacheco.

105. Desde la perspectiva de la atribución fáctica, la intervención del agente del DAS Jacob Manuel Palomo Pacheco resultó determinante por las razones siguientes: (1) por encontrarse en un establecimiento público con un arma de dotación oficial en un día de descanso; (2) por haber desplegado una acción imprudente ante la riña que se desencadenó entre Jhonny Guerrero Orozco y Daniel Antonio Pereira Pérez; (3) por invocar, prevalerse o afirmar su calidad de agente o funcionario estatal cuando el día de los hechos, por fuera del ejercicio de sus funciones, deberes y misiones; y, (4) por realizar un procedimiento indebido con ocasión de la riña acaecida ese 29 de agosto de 1999.

106. En tanto que en la perspectiva de la atribución jurídica, el daño antijurídico ocasionado a ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO es imputable al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, por las razones siguientes: (1) de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política dicha entidad pública estaba obligada a garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, así como asegurar la convivencia pacífica y la eficacia del orden justo; (2) dicha obligación debía ajustarla la misma entidad pública a los mandatos constitucionales del artículo 209, especialmente el de eficacia; (3) con base en tales presupuestos constitucionales cabía interpretar las obligaciones consagradas en el Decreto 1717 de 18 de julio de 1960 por el que se organizó el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, cuyas tres funciones básicas para la época de los hechos eran las de policía judicial, de mantenimiento del orden público y de registro de los extranjeros en el territorio nacional. Dentro de esas obligaciones se establecía: (i) que el Jefe del Departamento tenía la obligación de vigilar “el cumplimiento de las normas legales orgánicas del Departamento y velar por el eficiente desempeño de las funciones operativas y administrativas” [art. 5.b]; (ii) los jefes de las oficinas seccionales tenía el deber de vigilar “el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones vigentes” [art. 28.g], así como controlar “y responder por el mantenimiento y uso de armas y municiones, vehículos, muebles, enseres y demás objetos al servicio de la Seccional” [art. 28.l]; (iii) los jefes de las divisiones administrativas estaban llamados a estudiar “y resolver los problemas de las Seccionales” [art. 33.c]; (iv) así mismo, la división de personal debía recibir “y evaluar los informes sobre personal, provenientes de las diferentes dependencias y tomar las decisiones pertinentes” [art. 36.c]; y, (v) la sección de registro y vigilancia de personal tenía el deber de controlar “el cumplimiento de los reglamentos de personal en las seccionales y sub seccionales, por intermedio de la asistencia de coordinación operativa” [art. 38.b]; (4) el 29 de diciembre de 1996 se expidió la Resolución 2852, que luego sería ampliada o modificada el 28 de enero de 1999 por la Resolución 0094, específicamente en materia de registro, control, manejo, uso y conservación de las armas de fuego de propiedad del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS; (5) pese a existir mandatos constitucionales, legales y reglamentarios, la entidad pública demandada, en su Seccional del Cesar, omitió el cabal cumplimiento de los mismos al haber permitido que el 29 de agosto de 1999 a las 9:45 de la noche el agente Jacob Manuel Palomo Pacheco se encontrara en un establecimiento de público portando su arma de dotación, en una fecha en la que se certificó que estaba de permiso, y sin que hubiese sido exigido que esta se depositara en el almacén, armería o lugar indicado para dejar las armas de dotación oficial como la que portaba, esto es, el revólver marca Llama, calibre 38 largo, con número original IM0255J, y contramarca del DAS, que tenía asignado el mencionado agente, sin que se hubiese hecho alguna observación ante esta situación en la declaración del inspector diario Luis Gonzaga Palacio Aguirre en su declaración juramentada ante el funcionario investigador del DAS, lo que refleja que ese tipo de comportamientos, actuaciones o acciones no estaban siendo controladas por el jefe de la seccional, ni por sus subordinados, ni por los operativos de turno, poniendo en evidencia la realidad reflejada por la Circular 2070 de 19 de abril de 1999 de la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, según la cual no se estaba cumpliendo con el registro, control, manejo, uso y conservación de las armas de la entidad, que cubría tanto a los funcionarios en labores ordinarias, como aquellos, y ese era el caso de Jacob Manuel Palomo Pacheco, estuviesen asignados a esquemas de protección, como el del alcalde de Valledupar para esa época; luego, (5) con base en los anteriores razonamientos la Sala concluye que al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, le es imputable jurídicamente el daño antijurídico ocasionado a ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, por la omisión continuada en el cumplimiento de los deberes y mandatos constitucionales, legales y reglamentarios de registro, control, manejo, uso y conservación de las armas de dotación oficial que siendo de su propiedad son usadas en días, horas y situaciones que estaban por fuera de lo establecido en los reglamentos y procedimientos a los que debía instruirse, exigir y hacer someter a todos los agentes y funcionarios de la entidad pública demandada, lo que no ocurrió en este caso, concretándose una falla en el servicio de la entidad pública demandada, por la que hay lugar a declarar su responsabilidad patrimonial.

107. Con base en los razonamientos y motivación anterior la Sala confirmará la declaratoria de responsabilidad patrimonial del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, en cabeza de su sucesor procesal reconocido la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, que hizo la sentencia proferida el 29 de octubre de 2004 por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar.

108. Ahora la Sala pasa a examinar el juicio de imputación respecto del daño antijurídico ocasionado a DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ, por los mismos hechos.

9. El juicio de imputación respecto al daño antijurídico ocasionado a DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ.

109. De acuerdo con la demanda, en los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1999 entre las 9:30 y 9:45 de la noche, en el estadero “El Pavo” de la ciudad de Valledupar resultó herido y lesionado DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ, luego de participar en una riña con el señor Jhonny Guerrero Orozco, y en la que intervino el agente-detective Jacob Manuel Palomo Pacheco, por disparos que hicieron blanco en su humanidad, después de producirse un forcejeo entre estos tres individuos.

110. La sentencia de primera instancia de 29 de noviembre de 2007 consideró que el daño antijurídico ocasionado a DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ era atribuible puesto que se produjo con un arma de dotación oficial, y en el marco de una conducta del funcionario que intervino que no estaba totalmente desvinculada del servicio, por lo que no operó una culpa personal del agente, así como no se probó eximente alguna de responsabilidad.

111. En la apelación de la entidad pública demandada contra la mencionada sentencia se invocó que hubo una culpa personal del agente, y que operó el hecho del tercero.

112. Del análisis de los medios probatorios se tienen por acreditadas y establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar siguientes: (1) los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 1999 a las 9:45 de la noche entre los establecimientos públicos “El Pavo” y “Donde Toño” ubicados en la ciudad de Valledupar [como puede verse en el Oficio 2915/SIJIN-DECES, de 21 de septiembre de 1999, del Jefe Unidad de Judicialización Sijín del Departamento Policía Cesar (fl. 186 cdno. 1); en la declaración juramentada rendida por Miriam Reyes Rincón ante el funcionario investigador del DAS el 24 de septiembre de 1999 (fls. 196 y 197 cdno. 1); en el Oficio 2693/ESVAL-DECES, de 30 de agosto de 1999, de la Unidad de Judicialización del Departamento de Policía Cesar (fls. 1 y 2 anexo); en la indagatoria rendida por Jhonny Guerrero Orozco el 1 de septiembre de 1999 ante la Fiscalía Veinticinco [25] Seccional de Valledupar (fls. 19 a 22 anexo); en la indagatoria rendida por Jhonny Guerrero Orozco el 1 de septiembre de 1999 ante la Fiscalía Veinticinco [25] Seccional de Valledupar (fls. 19 a 22 anexo); en la declaración jurada rendida por Nubia Miranda Vergara el 8 de junio de 2000 ante la Fiscalía Quince [15] de la Unidad Local de Valledupar (fls. 137 y 138 anexo); en la Resolución proferida el 14 de diciembre de 2000 por el Fiscal Quince [15] Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Valledupar por medio de la que se precluyó la investigación a favor de Jhonny Guerrero Orozco y de Jacob Manuel Palomo Pacheco (fls. 173 a 180 anexo)]; (2) el arma con la que se produjo el daño antijurídico era de dotación oficial como se demuestra con el Acta de la diligencia de inspección P.715-02 de un arma y munición [fl. 33 anexo], y el oficio 05506, de 3 de septiembre de 1999, del director seccional DAS Cesar, dirigido al Fiscal Veinticinco [25] Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Valledupar [fls. 150 y 151 cdno. 1]; (3) DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ participó y provocó la riña desencadenada con Jhonny Guerrero Orozco el 29 de agosto de 1999 en el estadero “El Pavo”, y en la que resultó herido luego de la intervención del agente-detective del DAS, Seccional Cesar, Jacob Manuel Palomo Pacheco [como se desprende de la declaración juramentada rendida por Luis Hinojosa Pereira en el proceso disciplinario cursado por el DAS, el 22 de septiembre de 1999(174) (fls. 76 y 77 cdno. 1), y que corroboró en el testimonio que rindió en el proceso contencioso administrativo; la declaración juramentada rendida por Nubia Esther Miranda Vergara en el proceso disciplinario cursado por el DAS, el 22 de septiembre de 1999(175) (fls. 78 a 80 cdno. 1), corroborado en el testimonio que rindió en el proceso contencioso administrativo(176) (fls. 136 a 139 cuaderno1); del testimonio del propio Daniel Antonio(177) (fls. 122 y 123 cdno. 1), y de su declaración rendida ante el Fiscal Veintitrés [23] Local de Valledupar(178) (fls. 119 a 121); del testimonio rendido por Arcadio Francisco(179) (fls. 124 y 125 cdno. 1); de la declaración juramentada rendida por Johny Guerrero Orozco el 21 de septiembre de 1999 ante el funcionario investigador del DAS(180) (fls. 180 a 182 cdno. 1) y de su indagatoria rendida ante la Fiscalía Veinticinco [25] seccional de Valledupar(181) (fls. 19 a 22 anexo); de la declaración jurada rendida por Víctor Feliciano Orozco Elles ante el Fiscal Quinto [5] Delegado(182) (fls. 51 a 54 anexo); de la declaración jurada rendida por Napoleón Enrique Zuleta López el 3 de septiembre de 1999 ante el Fiscal Quinto [5] Delegado(183) (fls. 55 a 57 anexo)]; (4) en los hechos intervino un agente de la entidad pública demandada, Jacob Manuel Palomo Pacheco, quien portaba un arma de fuego en ese momento [según las declaraciones rendidas en el proceso disciplinario por Luis Hinojosa Pereira y de Nubia Esther Miranda Vergara; los testimonios de Daniel Antonio Pereira Pérez, del propio Arcadio Francisco; de Nubia Esther Miranda Vergara; el Informe de 29 de agosto de 1999 del inspector diario en turno del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar (fl. 145 cdno. 1); el RADAS 05352, de 30 de agosto de 1999, del director seccional DAS Cesar (fl. 146 cdno. 1); la versión libre y voluntaria rendida por Jacob Manuel Palomo Pacheco el 14 de septiembre de 1999 dentro del proceso disciplinario (fls. 159 a 161 cdno. 1); la declaración juramentada rendida por el inspector diario Luis Gonzaga Palacio Aguirre el 16 de septiembre de 1999 ante el funcionario investigador del DAS (fls. 173 y 174 cdno. 1); la declaración juramentada rendida por Johny Guerrero Orozco el 21 de septiembre de 1999 ante el funcionario investigador del DAS (fls. 180 a 182 cdno. 1); la declaración juramentada rendida por Yorjanis López Miranda ante el funcionario investigador del DAS el 23 de septiembre de 1999 (fls. 191 y 192 cdno. 1); el Informe final, de 9 de febrero de 2000, rendido por el profesional operativo 202-16 funcionario instructor del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar (fls. 204 a 208 cdno. 1); el Auto número 02304 de 12 de abril de 2000, del funcionario investigador del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar (fls. 221 a 231 cdno. 1)]; (5) la calidad de agente de la entidad pública demandada de Jacob Manuel Palomo Pacheco está constatada con el oficio SG.STH.RYC.0526, de 11 de junio de 2002, del Subdirector de Talento Humano del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, [fl. 300 cdno. 1], con el que se allegó copia del acta de posesión, de la resolución de nombramiento y del extracto de la hoja de vida correspondiente a Jacob Manuel Palomo Pacheco [fls. 301 a 306 cdno. 1], y con la certificación expedida por el director seccional DAS Cesar el 29 de abril de 2002 [fls. 142 y 143 cdno. 1], en la que se afirmó que para “el día 29 de agosto de 1999 el funcionario JACOB MANUEL PALOMO PACHECO portaba arma asignada y no prestaba el servicio de protección para el cual fue designado, porque se encontraba de descanso en el momento en que ocurrieron los hechos”; (6) por esos hechos se le abrió investigación disciplinaria al mismo agente, como se señala en el Auto número 05384, de 1 de septiembre de 1999 del director seccional DAS Cesar [fl. 144 cdno. 1], y en el Auto 05606, de 9 de septiembre de 1999, del funcionario investigador comisionado del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fls. 153 y 154 cdno. 1]; (7) la intervención del agente-detective Jacob Manuel Palomo Pacheco no se correspondió con los procedimientos y funciones a este asignadas como lo demuestra el oficio 2693/ESVAL-DECES, de 30 de agosto de 1999, de la Unidad de Judicialización del Departamento de Policía Cesar [fls. 1 y 2 anexo]; (8) como consecuencia del proceso disciplinario el agente Jacob Manuel Palomo Pacheco, adscrito al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, Seccional Cesar, fue sancionado por los hechos acaecidos el 29 de agosto de 1999, ya que según el Auto número 02304 de 12 de abril de 2000, del funcionario investigador del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fls. 221 a 231 cdno. 1], “el servidor público JACOB MANUEL PALOMO PACHECO detective agente 208-06 [...] adscrito a la seccional DAS Cesar, puede estar incurso con su actuar en falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes consagrados en el artículo 40 numeral 4º [...] Y [sic] 7 [...] en concordancia con el 38 de la Ley 200 de 1995, falta que provisionalmente será calificada de carácter grave por los efectos producidos al trascender negativamente en el entorno social y el perjuicio que causó a la sociedad, las víctimas del insuceso y el mal ejemplo dado causante de desprestigios y posibles demandas en contra de la Institución por ende a la nación Colombiana [sic]” [fl. 229 cdno. 1], como se determinó en la Resolución número 044 de 5 de mayo de 2000, del director seccional Cesar DAS [fls. 239 a 250 cdno. 1], en la que se consideró que el agente Palomo Pacheco fue negligente en el cumplimiento de sus obligaciones al no haber guardado su arma de dotación pese a encontrarse en día de descanso, y actuar imprudentemente al momento de la riña, suspendiéndose con base en la Resolución número 01515 de 11 de septiembre de 2000, del Director del Departamento Administrativo de Seguridad [fls. 258 y 259 cdno. 1], y sin perjuicio de la preclusión de la investigación decidida mediante la resolución de 14 de diciembre de 2000 del Fiscal Quince Delegado [fls. 265 a 272 cdno. 1]; y, (9) de acuerdo con la Circular 2070 de 19 de abril de 1999 de la Dirección del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, [fls. 176 a 179 cdno. 1], esto es, cuatro [4] meses y diez [10] días antes de la fecha en que ocurrieron los hechos, se advertía a no se estaban cumpliendo las Resoluciones 2852 de 29 de diciembre de 1996 y 0094 de 28 de enero de 1999, relacionadas con el registro, control, manejo, uso y conservación de las armas de fuego de propiedad del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, por desconocerse los procedimientos que debían aplicarse y hacerse exigibles, así como de sus procedimientos, impartiéndose las siguientes instrucciones: “Es importante recordar a los funcionarios que tienen armas a su cargo, la responsabilidad de portar y usar éstas para el cumplimiento única y exclusivamente en las labores propias de su cargo. En consecuencia, a partir de la fecha todos los funcionarios deberán depositar sus armas de dotación en el sitio establecido por cada dependencia, terminada la labor o misión asignada y en especial los fines de semana. Lo anterior se aplicará estrictamente a aquellos funcionarios que están asignados a esquemas protectivos, y en forma eventual, se aplicará a aquellos funcionarios que integran grupos operativos con funciones específicas de policía judicial, de acuerdo a las necesidades del servicio, turnos de disponibilidad y al criterio del jefe de la dependencia respectiva. Tal procedimiento será verificado y controlado por los jefes de división y unidad en el nivel central y, en las seccionales por el subdirector, coordinadores y jefes de puestos operativos” [fls. 176 y 177 cdno. 1].

113. Elaborado por la Sala el juicio de imputación en el ámbito fáctico, se encuentra que la intervención en los hechos de la víctima DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ y la acción desplegada por el agente-detective del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DAS, Jacob Manuel Palomo Pacheco, exigen una motivación, valoración razonamiento diferente a la que se realiza respecto de ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO.

114. Del análisis contrastado, conjunto, armónico y bajo las reglas de la sana crítica, la Sala encuentra que la conducta, comportamiento y acción desplegada el 29 de agosto de 1999 en el estadero “El Pavo” de la ciudad de Valledupar por DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ contribuyó a la producción de su propio daño antijurídico, por las razones siguientes: (1) se demostró que la víctima se encontraba en estado de alicoramiento y fue a provocar la pelea y riña con un tercero, Johnny Guerrero Orozco, por lo que fue consiente del acto ilícito que precedió al desencadenamiento de unos hechos en los que resultó lesionado, que de no haberlos provocado seguramente no se hubiese consumado ese hecho material lesivo; (2) la provocación y participación directa de la víctima en la rila con Johnny Guerrero Orozco llevó a que aquella con su conducta o comportamiento creara un peligro, respecto del cual consintió incluso que un tercero como Guerrero Orozco pudiese desplegar conductas que concurrieron a la creación del peligro que terminó consumándose en las lesiones a PEREIRA PÉREZ; (3) además, la conducta o comportamiento de la víctima PEREIRA PÉREZ aumentó de manera previsible y evitable las posibilidades que de una riña como la que se generó el 29 de agosto de 1999 terminará por producir daños en él mismo, en aquel con el que se agredió [no debe olvidarse que en su declaración e indagatoria Johnny Guerrero Orozco presentó los golpes que recibió en la riña con aquél], o en un tercero, lo que es constitutivo de una seria imprudencia que se radica en la conducta asumida, desplegada y operada por la propia víctima; (4) por lo que con base en los elementos probatorios se demuestra que el hecho de la víctima contribuyó de forma determinante en la producción del daño antijurídico, de manera que lleve a concluir a la Sala que no cabe atribuir fácticamente la responsabilidad a la entidad pública demandada por el daño antijurídico padecido por PEREIRA PÉREZ; (5) luego, la Sala concluye que el hecho que la víctima haya provocado y participado en la riña acaecida el 29 de agosto de 1999, de la que luego se generaron los disparos con los que resultó lesionado PEREIRA PÉREZ y otra persona, fue tanto la principal causa del daño, como parte esencial de la raíz determinante del mismo, al haber agravado las condiciones en las que se desencadenaron los hechos esa noche; (6) porque, de no haberse presentado la riña en las circunstancias de tiempo, modo y lugar constatadas, no se habría desplegado intervención alguna del agente-detective del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, quien portando indebidamente su arma de dotación oficial se hizo presente en el sitio, propiciándose que en la pelea, forcejeo y riña alguno de los intervinientes haya podido accionar el arma y producir las lesiones ya establecidas [debe tenerse en cuenta que no se tiene prueba alguna de la participación directa de alguno de los intervinientes en la riña en el accionar del arma, ya que a ninguno de estos le fue practicada la prueba de absorción atómica para determinar quién tenía huellas o rastros de pólvora o material propio al accionar de una arma de fuego]; y, (7) por tanto la Sala encuentra que el daño antijurídico ocasionado a DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ no puede ser atribuido fácticamente a la entidad pública demandada al haber operado con carácter determinante, preponderante y excluyente la eximente del hecho exclusivo de la víctima en su producción, relevándose a la Sala de analizar la atribución jurídica al haber operado tal eximente.

115. Con base en los razonamientos y motivación anterior la Sala revocará la declaratoria de responsabilidad patrimonial del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, en cabeza de su sucesor procesal reconocido la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, que hizo la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2007 por el Tribunal Administrativo del Cesar, y negará las pretensiones de dicha demanda.

116. Una vez definidos por la Sala los juicios de imputación respecto de los daños antijurídicos ocasionados a ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO y a DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ, y como respecto del primero se confirma la declaratoria de responsabilidad patrimonial del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, en cabeza de su sucesor procesal reconocido la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, debe examinarse el reconocimiento, tasación y liquidación de los perjuicios que en primera instancia se concedieron y respecto de los que las partes han planteado cuestionamientos en sus apelaciones.

10. De los perjuicios a reconocer, tasar y liquidar.

117. En la demanda presentada por ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO y por sus familiares, se reclamó el reconocimiento y liquidación de los perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicios morales [pidiendo 1000 gramos de oro para cada demandante] y de perjuicio a la vida de relación [pidiendo 4000 gramos de oro para la víctima solamente], así como de los perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente [se pidió la suma de $ 30.000.000.oo consistente en los gastos médicos y de medicamentos] y lucro cesante [se pidió la suma de $ 300.000.000.oo, por lo que dejaba de percibir en su trabajo al haber quedado con una incapacidad permanente].

118. En la sentencia de primera instancia se reconocieron los perjuicios inmateriales en la modalidad perjuicios morales, liquidados en setenta [70] salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, de cincuenta [50] salarios mínimos legales mensuales vigentes para la compañera, hijos y madre, y de veinte [20] salarios mínimos legales mensuales vigentes para los hermanos y la abuela. En tanto que se reconoció el perjuicio a la vida de relación, liquidándose el mismo en ochenta [80] salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de CARRILLO CATAÑO, lo que se hizo en la parte motiva y no en la resolutiva. Por otra parte, se reconocieron perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente por valor de $ 882.941.oo, y el lucro cesante el cual se liquidó en abstracto.

119. En su apelación la parte actora cuestiona que la indemnización por concepto de perjuicio a la vida de relación no haya sido incluido en la parte resolutiva. En segundo lugar solicitó que el lucro cesante debía ser liquidado en concreto, debiendo arrojar como monto estimado la suma de $ 28.982.759,24. A su vez la entidad pública demandada cuestionó el reconocimiento del lucro cesante ya que la víctima no acreditó que estuviese laborando, mientras que discutió que al liquidar el daño emergente se indexó indebidamente el salario mínimo legal mensual vigente, y se reconocieron facturas que no cumplían requisitos legales, para finalizar desvirtuando que los perjuicios morales de los hermanos y demás familiares no fueron probados.

120. Para iniciar, la Sala aborda el estudio del reconocimiento, tasación y liquidación de los perjuicios inmateriales.

10.1. Perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicios morales.

121. Ahora bien, la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012(184) señaló que en “cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado —al igual que (sic) demás perjuicios— a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso”. En la misma providencia se agrega que “la Sala reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan”.

122. Debe, además, como parte de la motivación, examinarse si se acreditó el parentesco debida y legalmente, con los registros civiles, para reconocer los perjuicios morales en cabeza de la víctima y de sus familiares, para lo que procede la aplicación de las reglas de la experiencia, según las cuales se infiere que la muerte, lesión, etc., afecta a la víctima y a sus familiares más cercanos (esto es, los que conforman su núcleo familiar), y se expresa en un profundo dolor, angustia y aflicción, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer parte de una familia(185) como espacio básico de toda sociedad(186) [el segundo criterio con el que ya cuenta el juez en el momento de reconocer los perjuicios morales tiene que ver con el concepto de familia, que será importante para determinar la tasación y liquidación de los mismos perjuicios, ya que puede apreciarse [de la prueba testimonial]: —¿cómo estaba conformada la familia?; — ¿qué rol desempeñaba la víctima al interior de su familia?; — ¿cómo estaban definidas las relaciones entre la víctima y los demás miembros de la familia?; — ¿se trataba de una familia que convivía o no en un mismo espacio?; — ¿se trataba de una familia que estaba disgregada, o de una familia fruto de diferentes relaciones de los padres —hermanastros, hermanos de crianza, por ejemplo—?], y de reconocer su existencia bien sea como un derecho prestacional o fundamental(187).

123. La sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012(188), sostiene claramente que el “Juez Contencioso al momento de decidir se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso” [citando la Sent. T-212 de 2012 de la Corte Constitucional].

124. A lo que se agregó, en la misma sentencia una serie de criterios o motivaciones razonadas que debían tenerse en cuenta para tasar el perjuicio moral, partiendo de afirmar que “teniendo en cuenta las particularidades subjetivas que comporta este tipo de padecimiento que gravitan en la órbita interna de cada individuo, sin que necesariamente su existencia corresponda con la exteriorización de su presencia, ha entendido esta corporación que es posible presumirlos para la caso de los familiares más cercanos, dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso”.

125. Y se concluyó, en la citada sentencia de la Sala Plena de Sección Tercera de 23 de agosto de 2012, que “no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia también—, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación la (sic) características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez”.

126. La Sala de Sub-sección dando continuidad a la jurisprudencia contenciosa encuentra que para el reconocimiento de los perjuicios morales el primer elemento tiene que ver con el parentesco, el cual se constata de la siguiente manera:

127. Con relación a la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO se encuentra plenamente identificado como tal con las pruebas examinadas y obrantes en el proceso [registro civil de nacimiento de Arcadio Francisco Carrillo, identificado con número NUIP 630615, nacido el 15 de junio de 1963, hijo de Yolanda Carrillo (fl. 11 cdno. 1)]. En tanto que la relación de parentesco de sus familiares se acredita de la manera siguiente: (1) registro civil de nacimiento de María Eunice Céspedes Carrillo, identificado con el número de partida básica 650830 y parte complementaria 10813, nacida el 30 de agosto de 1965, hija de Yolanda Carrillo Baquero y de César Augusto Céspedes Martínez [fl12 cdno. 1]; (2) registro civil de nacimiento de Eudes Alberto Céspedes Carrillo, identificado con número de parte básica 67-10-13, nacido el 13 de octubre de 1967 en Valledupar, hijo de Yolanda Carrillo y César Augusto Céspedes Martínez [fl. 13 cdno. 1]; (3) registro civil de nacimiento de Belisario Molina Carrillo, identificado con número de parte básica 73-04-27, nacido el 27 de abril de 1973 en San Juan de Cesar [La Guajira], hijo de Yolanda Carrillo y de Enrique Camilo Molina Maestre [fl. 14 cdno. 1]; (4) registro civil de nacimiento de Eulalia Antonia Molina Carrillo, identificado con número de parte básica 74-06-23, nacida el 23 de junio de 1974 en San Juan de Cesar [La Guajira], hija de Yolanda Carrillo y de Enrique Camilo Molina Maestre [fl. 15 cdno. 1]; (5) registro civil de nacimiento de Juana Bautista Molina Carrillo, identificado con número de parte básica 78-06-06, nacida el 6 de junio de 1978 en San Juan del Cesar [La Guajira], hija de Yolanda Carrillo y de Enrique Camilo Molina Maestre [fl. 16 cdno. 1]; (6) registro civil de nacimiento de Yuceth Carolina Carrillo Ferreira, identificado con número de parte básica 860311 y parte complementaria 30397, nacida el 11 de marzo de 1986 en Valledupar [Cesar], hija de Alcira Ferreira Buelvas y de Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fl. 17 cdno. 1]; (7) registro civil de nacimiento de Yeiner Francisco Carrillo Ferreira, identificado con número de parte básica 870409, nacido el 9 de abril de 1987 en Valledupar, hijo de Alcira Ferreira Buelvas y de Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fl. 18 cdno. 1]; (8) registro civil de nacimiento de Yuleidis Paola Carrillo Ferreira, identificado con número de parte básica 890906, nacida el 6 de septiembre de 1989 en Valledupar, hija de Alcira Ferreira Buelvas y de Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fl. 19 cdno. 1]; y (9) partida de bautismo Yolanda de Jesús Carrillo, nacida el 15 de abril de 1938, e hija de Florencia Carrillo, expedida por la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Valledupar [fl. 10 cdno. 1].

128. La Sala después de examinar los anteriores medios probatorios tiene por acreditada la condición de víctima de ARCADIO FRANCISCO CARRILO CATAÑO, y el parentesco de sus familiares así: YOLANDA CARRILLO como su madre; BELISARIO MOLINA CARRILLO, JUANA BAUTISTA MOLINA CARRILLO, EULALIA ANTONIA MOLINA CARRILLO, MARIA EUNICE CESPEDES CARRILLO, y EUDES ALBERTO CESPEDES CARRILLO como hermanos; YUCETH CAROLINA CARRILLO FERREIRA, YEINER FRANCISCO CARRILLO FERREIRA, y YULEIDIS PAOLA CARRILLO FERREIRA como hijos; y, FLORENCIA CARRILLO como abuela.

129. En cuanto a la compañera permanente, ALCIRA FERREIRA BUELVAS, obran los testimonios de Adalberto de Jesús Maestre Sarmiento(189) [fls. 126 y 127 cdno. 1], de Elvira Inés Guerra Hurtado(190) [fls. 128 y 129 cdno. 1], de Simona Bayona Arévalo(191) [fls. 130 y 131 cdno. 1], de Francisco Olivo Julio(192) [fls. 132 y 133 cdno. 1], y de Fernando Orozco(193) [fls. 134 y 135 cdno. 1] en los que se afirma de manera concordante y coincidente que para la época de los hechos ella era la persona con la que convivía la víctima y de cuya relación había tres [3] hijos, lo que sin perjuicio de las exigencias de la ley 54 de 1990 permite a la Sala comprender que la situación fáctica de esta demandante como compañera permanente se encuentra acreditada por lo que se cumple con el requisito del parentesco, inicialmente verificado.

130. Para la liquidación de los perjuicios morales, los cuales serán objeto de modificación con relación a la sentencia de primera instancia, la Sala de Sub-sección tiene en cuenta, la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 28 de agosto de 2014, expediente 31172, así como el Documento Final aprobado mediante Acta del 28 de agosto de 2014 “Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales”, así como las sentencias de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera en la materia y de la misma fecha, en las que se fijó:

“[...] La reparación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

S2000-01193CE fig 1
 

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35% de lo correspondiente a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 21 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 14 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. Se reconocerá el 25% de la indemnización tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 2,5 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%”.

131. En la sentencia de primera instancia se reconoció a la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO el equivalente a setenta [70] salarios mínimos legales mensuales vigentes y a sus hijos, compañera y madre cincuenta [50] salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dicha liquidación la Sala debe ajustarla a la sentencia de unificación, ya que al pertenecer todos estos demandantes al primer nivel, y al haberse demostrado con el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez del Cesar y La Guajira practicado a Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fls. 274 y 275 cdno. 1], que el porcentaje total de pérdida de capacidad laboral era del 24,25%, se debe encuadra al porcentaje de gravedad de la lesión igual o superior al 20% e inferior al 30% que le corresponde cuarenta [40] salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que se revocará la realizada en la sentencia de primera instancia, reconociendo y liquidando los perjuicios morales con ocasión de las lesiones padecidas por ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, en los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1999 en la ciudad de Valledupar, de la manera siguiente:

VíctimaPorcentajesmlmvEquivalente en moneda legal colombiana
Arcadio Francisco Carrillo Cataño [víctima]40%40$ 27.578.160.oo
Alcira Ferreira Buelvas [compañera]40%40$ 27.578.160.oo
Yuceth Carolina Carrillo Ferreira [hija]40%40$ 27.578.160.oo
Yeiner Francisco Carrillo Ferreira [hijo]40%40$ 27.578.160.oo
Yuleidis Paola Carrillo Ferreira [hija]40%40$ 27.578.160.oo
Yolanda Carrillo [madre]40%40$ 27.578.160.oo

132. En cuanto a los hermanos y la abuela el requisito del parentesco no sólo basta, sino que con los demás medios probatorios debe demostrarse que produjo una aflicción, congoja, desolación, entre otros, como consecuencia de los hechos en los que resultó lesionado ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO el 29 de agosto de 1999. Si bien no se hace una expresa referencia a los padecimientos singulares de cada uno de los hermanos de la víctima y de su abuela, con los testimonios de Adalberto de Jesús Maestre Sarmiento(194) [fls. 126 y 127 cdno. 1], de Elvira Inés Guerra Hurtado(195) [fls. 128 y 129 cdno. 1], de Francisco Olivo Julio(196) [fls. 132 y 133 cdno. 1], y de Fernando Orozco(197) [fls. 134 y 135 cdno. 1], se logra establecer que sus hermanos y su abuela hacían parte de su núcleo familiar y padecieron cierto sufrimiento con ocasión de las lesiones soportadas por CARRILLO CATAÑO, por lo que hay lugar a confirmar la liquidación que de los mismos hizo la sentencia de primera instancia al adecuarse a la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de 28 de agosto de 2014, al haberse determinado para cada uno el equivalente a veinte [20] salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión sufrida, por lo que no hay lugar a atender el cuestionamiento planteado en la apelación por la entidad pública demandada, ya que tanto el parentesco, como las relaciones de afecto y los sufrimientos se demostraron con mínima certeza con base en los medios probatorios analizados por la Sala.

133. De acuerdo con lo anterior, la Sala modificará la sentencia de 29 de octubre de 2004 en cuanto a la liquidación de los perjuicios morales a favor de la víctima, su compañera permanente, sus hijos y su madre, y se confirmará la misma respecto de los perjuicios liquidados a sus hermanos y abuela.

134. Ahora debe definirse si procede confirmar o no el reconocimiento y liquidación del perjuicio a la vida de relación encuadrado dentro del denominado daño a la salud.

10.2. Daño a la salud, bajo la modalidad de perjuicio a la vida de relación.

135. En sentencia de primera instancia en la parte motiva se lee el reconocimiento y liquidación a favor de la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO del perjuicio a la vida de relación en una cuantía equivalente a ochenta [80] salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero sin haberse dispuesto la misma en la parte resolutiva de dicha providencia, razón que lleva a la parte actora a invocar en su apelación la necesidad de incorporar a la resolutiva de la decisión en esta instancia de la misma.

136. Al respecto, la Sala parte por precisar que, en orden a considerar la procedencia de dicho perjuicio se impone precisar que ésta será valorada a la luz de los recientes criterios jurisprudenciales decantados por el Pleno de la Sección Tercera, de conformidad con los cuales se ha abrazado la categoría conceptual del daño a la salud. Al respecto la sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 31170 la Sección precisó los criterios de reconocimiento y tasación de dicho perjuicios en los siguientes términos:

“Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, expedientes 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 smmlv, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 smmlv, siempre que esté debidamente motivado.

Lo anterior, con empleo del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para lo que se emplearán —a modo de parangón— los siguientes parámetros o baremos:

GRAVEDAD DE LA LESIÓNVíctima
Igual o superior al 50%100 smmlv
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80 smmlv
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60 smmlv
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40 smmlv
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20 smmlv
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10 smmlv

Sin embargo, en casos excepcionales, cuando, conforme al acervo probatorio se encuentre probado que el daño a la salud se presenta en una mayor intensidad y gravedad, podrá otorgarse una indemnización mayor, la cual debe estar debidamente motivada y no podrá superar la cuantía equivalente a 400 smlmv.

Así, el operador judicial debe tener en cuenta las siguientes variables conforme a lo que se encuentre probado en cada caso concreto:

— La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)

— La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.

— La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.

— La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.

— La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.

— Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.

— Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.

— Los factores sociales, culturales u ocupacionales.

— La edad.

— El sexo.

— Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.

— Las demás que se acrediten dentro del proceso”.

137. Conforme a lo anterior, se aprecia en el sub judice que respecto de la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez del Cesar y La Guajira practicado determinó como porcentaje total de pérdida de capacidad labora el 24,25%, descompuesto así: deficiencia 14,6%; discapacidad 3,9%; y, minusvalía 5,75%, lo que atendiendo a la jurisprudencia de unificación corresponde a una indemnización de cuarenta [40] salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de dicha víctima directa, pues con dicho medio probatorio se encuentra que la gravedad de la lesión supera el 20% y es inferior al 30%, por lo que cabe modificar la sentencia de primera instancia en su parte motiva, e incorporar en la parte resolutiva de esta providencia este rubro indemnizatorio en la cuantía señalada.

138. Determinado el reconocimiento y liquidación de los perjuicios inmateriales en las modalidades de perjuicios morales y perjuicio a la vida de relación, la Sala examina lo correspondiente a los perjuicios materiales.

10.3. Perjuicios materiales bajo la modalidad de daño emergente.

139. En la sentencia de primera instancia se reconoció como daño emergente la suma de ochocientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta y un pesos [$ 882.941.oo], comprensivo de los gastos médicos y de medicinas realizados. La entidad pública demandada en su apelación cuestionó los medios probatorios en los que se sustentó dicho reconocimiento y liquidación, ya que se hizo con base en una serie de facturas que no cumplían con las exigencias del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.

140. En el expediente la Sala encuentra que obran los siguientes medios probatorios con lo que se buscaba demostrar este rubro indemnizatorio: (1) factura de venta número 151447, correspondiente a la historia clínica 661126 de Francisco Carrillo Cataño, expedida por el Hospital Rosario Pumarejo de López, que reflejaba como total facturado por servicios y/o productos prestados y ofrecidos la suma de ochocientos ochenta y ocho mil quinientos pesos [$ 888.500.oo], de los que se facturó a la EPS seiscientos veintidós mil pesos [$ 622.000.oo], y al afiliado se le facturó la suma de doscientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta pesos [$ 266.550.oo] [fl. 20 cdno. 1]; (2) factura de venta número 1061, de 31 de agosto de 1999, expedida por la Droguería “Colombia” [Armando Mendoza NIT 12.817.839-7] correspondiente de 2 unidades de clindamicina de 600 por valor de diez mil cuatrocientos pesos [$ 10.400.oo], a nombre de Francisco Carrillo [fl. 21 cdno. 1]; (3) factura de venta número 2114, de 7 de septiembre de 1999, expedida por la Droguería “Colombia” [Armando Mendoza NIT 12.817.839-7] correspondiente a varios medicamentos por valor de treinta y ocho mil quinientos pesos [$ 38.500.oo], a nombre de Francisco Carrillo [fl. 22 cdno. 1]; (4) tres facturas de venta expedidas por la Droguería Olimpia: (i) número 136376, de 1 de septiembre de 1999, por valor de doce mil setecientos pesos [$ 12.700.oo]; (ii) número 136445, de 2 de septiembre de 1999, por valor de veinticinco mil doscientos pesos [$ 25.200.oo]; y, (iii) número 136985, de 4 de septiembre de 1999, por valor de dos mil pesos [$ 2.000.oo] [fl. 23 cdno. 1]; (5) tres facturas de venta: (i) expedida por Drogas Sierra Mendoza, número 2135, de 3 de septiembre de 1999, por valor de cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos [$ 57.250.oo]; (ii) expedida por Droguería Olimpia Nº 2, número 136564, de 2 de septiembre de 1999, por valor de catorce mil cuatrocientos pesos [$ 14.400.oo]; y, (iii) expedida por la Droguería Hospitalaria, número 398218, de 1 de septiembre de 1999, por valor de tres mil pesos [$ 3.000.oo] [fl. 24 cdno. 1]; (6) tres facturas de venta expedidas por la Droguería Olimpia Nº 2: (i) número 136629, de 3 de septiembre de 1999, por valor de veintinueve mil ochocientos pesos [$ 29.800.oo]; (ii) número 136224, de 1 de septiembre de 1999, por valor de veintiséis mil pesos [$ 26.000.oo]; y, (iii) número 136161, de 3 de septiembre de 1999, por valor de ocho mil quinientos pesos [$ 8.500.oo] [fl. 25 cdno. 1]; (7) dos facturas de venta: (i) expedida por Drogas Sierra Mendoza, número 2112, de 31 de agosto de 1999, por valor de quince mil pesos [$ 15.000.oo]; y, (ii) expedida por Droguería Olimpia Nº 2, de 30 de agosto de 1999, por valor de veinticuatro mil ochocientos pesos [$ 24.800.oo] [fl. 26 cdno. 1]; (8) dos facturas de venta: (i) expedida por la Droguería Farmo-Medic, número 34451, de 29 de agosto de 1999, por valor de siete mil pesos [$ 7.000.oo]; y, (ii) expedida por la Droguería Farmo-Medic, número 34458, de 29 de agosto de 1999, por valor de cuarenta mil pesos [$ 40.000.oo] [fl. 27 cdno. 1]; (9) dos facturas de venta: (i) expedida por la Droguería Hospitalaria, número 397669, de 30 de agosto de 1999, por valor de diez mil pesos [$ 10.000.oo]; y, (ii) expedida por Droguería Farmo-Medic, de 30 de agosto de 1999, por valor de veintinueve mil cuatrocientos pesos [$ 29.400.oo] [fl. 28 cdno. 1].

140. A diferencia de lo considerado por la entidad pública demandada, los documentos contentivos de las facturas presentadas por la parte actora cumplen con las exigencias legales del Código de Comercio y sometidas al control tributario para su expedición, permiten establecer que contienen una obligación, clara, expresa y exigible que debe ser considerada procedente para acreditar los gatos que por medicinas tuvo que realizar la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, gastos que se relacionan con su situación médica tal como se estableció en el reconocimiento médico legal número 2403-99 L.P., practicado a Arcadio Francisco Carrillo Cataño en la Dirección Seccional Cesar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(198) [fl. 117 ambas caras cdno. 1], en la historia clínica allegada con el oficio CSC 091-02, de 8 de mayo de 2002, del Subgerente Científico del Hospital Rosario Pumarejo de López [fls. 276, 277 a 297 cdno. 1], y en los testimonios de Adalberto de Jesús Maestre Sarmiento [fls. 126 y 127 cdno. 1], de Elvira Inés Guerra Hurtado [fls. 128 y 129 cdno. 1], de Francisco Olivo Julio [fls. 132 y 133 cdno. 1], y de Fernando Orozco.

141. Ahora bien, examinada la liquidación por la Sala, se encuentra que la suma de los valores sufragados por la víctima para el pago de estos gastos en medicamentos ascendía a seiscientos veinte mil quinientos pesos [$ 620.500.oo], los que debía ser actualizados arrojando la siguiente cuantificación:

Va=RentaxÍndice final

Índice inicial

Va=$ 620.500.oox132,70 (octubre 2016)

67,63 (agosto 1999)

Va=$ 1.217.512,19.

142. Luego la Sala en cumplimiento de los mandatos de los artículos 90 constitucional, 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo [D. 01/84], modifica la sentencia de primera instancia reconociendo y liquidando el perjuicio material en la modalidad de daño emergente por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS [$ 1.217.512,19], a favor de la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO.

143. Definido lo anterior, se estudia el reconocimiento y liquidación del lucro cesante.

10.4. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

144. En la demanda se afirmó que la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO ejercía una actividad laboral, y como producto de la incapacidad generada por las lesiones padecidas con ocasión de los hechos del 29 de agosto de 1999, de carácter permanente, no pudo volver a la misma, por lo que se reclamó la suma de trescientos millones de pesos [$ 300.000.000.oo] por este rubro indemnizatorio. La sentencia de primera instancia lo reconoció, pero lo liquidó en abstracto, de tal manera que dejó para surtir un incidente de liquidación posterior. En la apelación la parte actora solicita que se liquide en concreto, arrojando una suma que propone, en tanto que la entidad pública demandada discute su reconocimiento porque no se demostró que la víctima trabajaba para la época de los hechos.

145. Lo primero que debe establecerse por la Sala es si la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO para el 29 de agosto de 1999 ejercía, realizada o desempeñaba una actividad laboral, productiva o económica de la que percibía remuneración, réditos o provecho económico. De acuerdo con los testimonios de Adalberto de Jesús Maestre Sarmiento(199) [fls. 126 y 127 cdno. 1], de Elvira Inés Guerra Hurtado(200) [fls. 128 y 129 cdno. 1], de Simona Bayona Arévalo(201) [fls. 130 y 131 cdno. 1], de Francisco Olivo Julio(202) [fls. 132 y 133 cdno. 1], y de Fernando Orozco(203) [fls. 134 y 135 cdno. 1], la víctima CARRILLO CATAÑO para la época de los hechos realizaba una actividad productiva al ser coincidentes en afirmar que se dedicaba a lavar carros, pero sin precisar el tipo de relación y su remuneración.

146. Acerca del lucro cesante debe aclararse que este no puede construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas o especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias sino que, por el contrario, debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso(204), de manera que el mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en un cálculo sobre lo que hubiera ocurrido de no existir el evento dañoso(205), exigencias que evidentemente se cumplen en el sub judice.

147. Pero si bien se demostró que la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO realizaba una actividad productiva, no se tiene prueba alguna para establecer la cuantificación del beneficio que percibía por la misma, pese a lo cual y dando continuidad a la jurisprudencia de la Sección Tercera y de la subsección, se le reconoce que percibía por lo menos un salario mínimo legal vigente, esto es, seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos [$ 689.454.oo], a los que se debe agregar lo que habría que reconocer por prestaciones sociales equivalente al veinticinco por ciento [25%], arrojando la suma de ochocientos sesenta y un mil ochocientos diecisiete pesos con cincuenta centavos [$ 861.817,50].

148. Ahora bien, la Sala de acuerdo con reconocimiento médico legal número 2403-99 L.P., practicado a Arcadio Francisco Carrillo Cataño en la Dirección Seccional Cesar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [fl. 117 ambas caras cdno. 1], y el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez del Cesar y La Guajira practicado a Arcadio Francisco Carrillo Cataño [fls. 274 y 275 cdno. 1], reconocerá solamente el lucro cesante consolidado comprendido por el período de incapacidad definido de treinta y cinco [35] días, ya que no se determinó que este haya quedado en una condición de incapacidad total, permanente y definitiva, ni que no haya retomado la actividad productiva acreditado, o cualquier otra después de los hechos, no siendo concluyentes y certeros en este sentido los testimonios antes mencionados, a los que no puede dotarse de plena credibilidad en este sentido.

149. Luego, el lucro cesante consolidado a favor de ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO se liquida de la manera siguiente:

S=$ 861.817,50X(1 + i)n – 1

i

S=$ 861.817,50X(1 + 0,004867)1,16 – 1

0,004867

S=$ 1.000.097.oo

150. La Sala, por tanto condena al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, en cabeza de su sucesor procesal la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO por concepto de lucro cesante a la suma de UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE PESOS [$ 1.000.097.oo] a favor de la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, modificando la sentencia de primera instancia de 29 de octubre de 2004.

151. Debe pronunciarse la Sala ahora de los llamamientos en garantía.

11. Llamamientos en garantía.

152. Como sólo respecto del proceso en el que se declaró la responsabilidad patrimonial del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, en cabeza de su sucesor procesal la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, fue en el que resultó víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, se tiene que en la contestación de la demanda dicha entidad solicitó llamar en garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.(206), de JACOB MANUEL PALOMO PACHECO funcionario que se presumía tenía el arma, y de JHONNY GUERRERO OROZCO. El Tribunal en primera instancia accedió al llamamiento de los dos primeros, pero no del último. Observa la Sala que no existe prueba de la notificación, contestación o actuación alguna de los mismos.

153. La entidad pública demandada en la contestación solicitó llamar en garantía a la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A, en el evento que sea declarada responsable y condenara al pago de alguna suma de dinero. Sin embargo, obra en el expediente la póliza de seguro de responsabilidad civil número 1000111 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de noviembre de 1999 y hasta el 1 de noviembre de 2000 [fls. 67 y 68 cdno. 1]; la renovación de la póliza de seguro de responsabilidad civil número 367952 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1º de noviembre de 1998 y hasta el 31 de enero de 1999, y anexos [fls. 69 a 71, 74 y 75 cdno. 1]; y, el certificado de prórroga de la póliza de seguro de responsabilidad civil número RC-0221200 suscrita por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por el período de vigencia desde el 1 de mayo de 1996 hasta el 31 de octubre de 1996 [fls. 72 y 73 cdno. 1].

154. Como los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 1999 no se tiene prueba de la vigencia o no de póliza alguna a cargo de la llamada en garantía, por lo para la Sala no habrá lugar a condenar a la llamada en garantía a reembolsar a la entidad pública demandada las sumas por las que es condenada en esta sentencia, absolviéndose a la misma.

155. En tanto que, el llamado en garantía JACOB MANUEL PALOMO PACHECO funcionario que tenía el arma, se analizan las siguiente pruebas: el Auto número 05384, de 1 de septiembre de 1999 del director seccional DAS Cesar [fl. 144 cdno. 1]; el Informe de 29 de agosto de 1999 del inspector diario en turno del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar [fl. 145 cdno. 1]; Auto 05606, de 9 de septiembre de 1999, del funcionario investigador comisionado del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar(207) [fls. 153 y 154 cdno. 1]; el Informe final, de 9 de febrero de 2000, rendido por el profesional operativo 202-16 funcionario instructor del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cesar(208) [fls. 204 a 208 cdno. 1]; el Auto número 0818 de 10 de febrero de 2000, del director seccional del DAS Cesar, con el que se inició la investigación disciplinaria [fl. 209 cdno. 1]; el Auto número 0818 de 10 de febrero de 2000, del director seccional del DAS Cesar, con el que se inició la investigación disciplinaria(209) [fl. 209 cdno. 1]; y la Resolución número 044 de 5 de mayo de 2000, del director seccional Cesar DAS(210) [fls. 239 a 250 cdno. 1]

156. Al haber quedado demostrado que el llamado en garantía JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, con diversas pruebas trasladadas que participó en los hechos, por los que se adelantó proceso disciplinario y por el que fue sancionado por la entidad pública demandada, la Sala encuentra que su conducta al haber sido gravemente culposa y originadora de este proceso en el que se discutió el daño antijurídico padecido por ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, es suficiente para condenarlo como llamado en garantía, ordenándose a reembolsar a la entidad pública demandada las sumas por las que será condenada, y exigiéndose que esta misma se inscrita como anotación para su hoja de vida laboral en caso de seguir desempeñándose como agente estatal.

157. 110. Definido lo anterior, la Sala aborda lo relacionado con la condena en costas.

12. Costas.

158. Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFICAR la sentencia de 29 de octubre de 2004 proferida por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, para en su lugar.

2. DECLARAR la responsabilidad patrimonial del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, en cabeza de su sucesor procesal la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, por el daño antijurídico ocasionado a la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO y a sus familiares, como consecuencia de los hechos acaecidos el 29 de agosto de 1999 en la ciudad de Valledupar, Cesar, con base en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, en cabeza de su sucesor procesal la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, a pagar a los demandantes la indemnización por concepto de perjuicios inmateriales, en la modalidad de perjuicios morales, de la manera siguiente:

VíctimaPorcentajesmlmvEquivalente en moneda legal colombiana
Arcadio Francisco Carrillo Cataño [víctima]40%40$ 27.578.160.oo
Alcira Ferreira Buelvas [compañera]40%40$ 27.578.160.oo
Yuceth Carolina Carrillo Ferreira [hija]40%40$ 27.578.160.oo
Yeiner Francisco Carrillo Ferreira [hijo]40%40$ 27.578.160.oo
Yuleidis Paola Carrillo Ferreira [hija]40%40$ 27.578.160.oo
Yolanda Carrillo [madre]40%40$ 27.578.160.oo

4. CONDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, en cabeza de su sucesor procesal la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, a pagar a la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO la indemnización por concepto de perjuicios inmateriales en la modalidad de daño a la salud [perjuicio a la vida de relación] en la suma equivalente a cuarenta [40] salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. CONDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, en cabeza de su sucesor procesal la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, a pagar a la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS [$ 1.217.512,19].

6. CONDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, en cabeza de su sucesor procesal la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, a pagar a la víctima ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado la suma de UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE PESOS [$ 1.000.097.oo].

7. ABSOLVER a la llamada en garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A., con base en la parte motiva de esta providencia.

8. CONDENAR al llamado en garantía JACOB MANUEL PALOMO PACHECO a reembolsar a la entidad pública demandada las sumas por las que será condenada, y exigiéndose que esta misma se inscrita como anotación para su hoja de vida laboral en caso de seguir desempeñándose como agente estatal.

9. REVOCAR la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2007 por el Tribunal Administrativo del Cesar, y en su lugar negar la totalidad de las pretensiones con base en la parte motiva de esta providencia.

10. NEGAR las demás pretensiones en las demandas de los procesos acumulados.

11. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

12. ABSTENERSE de condenar en costas a las partes.

13. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Consejero: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala—Guillermo Sánchez Luque, aclaración de voto».

19 De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 01 de 1984], subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado.

20 La mayor pretensión de la demanda dentro del proceso radicado con el número de expediente 30866 ascendía a la suma de trescientos millones de pesos [$ 300.000.000.oo], por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, lo que implicaba que superaba la cuantía exigida para el 14 de septiembre de 2000, fecha de presentación de la demanda, que correspondía, según el Decreto 587 de 1997, al valor de veintiséis millones trescientos noventa mil pesos [$ 26.390.000.oo]. A su vez, la mayor pretensión de la demanda dentro del proceso radicado con el número de expediente 35002 ascendía a la suma de doscientos millones de pesos [$ 200.000.000.oo], por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, lo que implicaba que superaba la cuantía exigida para el 29 de noviembre de 2000, fecha de presentación de la demanda, que correspondía, según el Decreto 587 de 1997, al valor de veintiséis millones trescientos noventa mil pesos [$ 26.390.000.oo].

21 Sección Tercera, sentencias de 4 de mayo de 2000, Exp. 17566; 27 de noviembre de 2002, Exp. 13541; de 31 de agosto de 2006, Exp. 28448; de 21 de mayo de 2008, Exp. 2675; de 13 de agosto de 2008, Exp. 35062, entre otras.

22 Según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente.

23 Según el cual los “documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso”. según el cual los “documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso”.

24 Que establece que las “copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia”.

25 Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. “[...] La distinción entre el valor probatorio de los documentos originales y las copias se ha ido disolviendo en el desarrollo legislativo. El citado artículo 11 de la Ley 1395 de 2010 señaló que con independencia de si el documento es allegado en original o en copia éstos se presumen auténticos, hecho que como se explicó, permite que sean valorados”.

26 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Argüelles y otros vs. Argentina, sentencia de 20 de noviembre de 2014, párrafo 60. Puede verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 140; caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de agosto de 2014, párrafo 34; caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, párrafo 54.

27 Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. “[...] Exigir esta actuación en nada afecta la autonomía judicial para la valoración probatoria toda vez que el hecho de que solicite pruebas de oficio, en particular originales de documentos públicos, no implica necesariamente que se le otorgue pleno valor probatorio a estos. Lo que se pretende es que el juez cuente con los mayores elementos posibles para que dentro de las reglas de la sana crítica valore en su conjunto la totalidad de las pruebas y pueda llegar a un fallo de fondo con la máxima sustentación jurídica y fáctica posible. Evitar el exceso de ritualismo y garantizar la efectividad del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, fueron dos objetivos reafirmados por el legislador al expedir el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El artículo 11 del CGP expresamente señaló que “al interpretar la ley procesal el juez procesal deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (...) El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidad innecesarias”. Así mismo ambas normas señaladas al igual que los antiguos Código de Procedimiento Civil y Código de lo Contencioso Administrativo, reconocen el deber del juez de acudir a sus potestades oficiosas para verificar las alegaciones de las partes y el esclarecimiento de la verdad”.

28 La cual, para estos efectos, y por la importancia las consideraciones y razonamientos efectuados en ella, se cita in extenso: “Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. De otro lado, es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos. No obstante, con la promulgación de la Ley 1437 de 2011 —nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo— se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente: “ART. 215.—Valor probatorio de las copias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. “La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley”. De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011. Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—. En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (art. 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento. Es así como, con el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquéllas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción. En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de los ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia [...] No obstante, con la expedición de la Ley 1564 de 2012 —nuevo código general del proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [...] Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso, CGP, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que sólo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada [...] Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el Código General del Proceso, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del Código General del Proceso, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias. Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales. Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia— [...] Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas [...] En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.) [...] Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.) [...]”.

29 Corte Constitucional, Sentencia SU-774 de 2014. “[...] La jurisprudencia debe estar a tono con los cambios normativos y decisiones legislativas que se han planteado. No resulta acorde mantener una tesis jurisprudencial en la cual se pueda interpretar una ponderación mayor hacia las formas procesales en relación con el valor probatorio de las pruebas documentales. Así mismo es indispensable tener en cuenta la reciente jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo en tanto es el órgano encargado de establecer las reglas jurisprudenciales que se deben seguir en dicha jurisdicción”.

30 Posición reiterada en: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, Exp. 19920.

31 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Exp. 26737. En su modulación puede verse las siguientes sentencias: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Exp. 20334.

32 “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

33 Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2011, Exp. 19969.

34 Artículo 168 del Código Contencioso Administrativo: “En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 reza lo siguiente: “En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”. En tanto que el artículo 214 de la Ley 1437 de 2011 establece: “Toda prueba obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas. La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula, conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”. Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, Exp. 13607.

35 Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, Exp. 5573.

36 Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, Exp. 15088.

37 Sección Tercera, sentencia 20 de mayo de 2004, Exp. 15650. Las “pruebas que acreditan la responsabilidad de la demandada que provienen de procesos disciplinarios internos tramitados por la misma, pueden ser valoradas en la presente causa contencioso administrativa, dado que se practicaron por la parte contra la que se aducen”. Las piezas procesales adelantadas ante la justicia disciplinaria y penal militar se allegaron por el demandante durante el período probatorio, y pueden valorarse. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2008, Exp. 16741.

38 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Exp. 26737, Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 16 de noviembre de 1993, Exp. 8059.

39 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Exp. 20334, Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, Exp. 5573.

40 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Exp. 26737. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 1 de marzo de 2006, Exp. 15284.

41 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Exp. 26737. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, Exp. 13607.

42 Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601; de la subsección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Exp. 45433.

43 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Exp. 45433.

44 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Exp. 45433.

45 “ART. 289.—Procedencia de la tacha de falsedad. La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia. Los herederos a quienes no les conste que la firma o manuscrito no firmado proviene de su causante, podrán expresarlo así en las mismas oportunidades. No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica”.

46 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Exp. 20334. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, Exp. 13607. Además, en otra jurisprudencia se sostiene que “se trata de una prueba documental que fue decretada en la primera instancia, lo cierto es que pudo ser controvertida en los términos del artículo 289 [...] por el cual se reitera, su apreciación es viable”. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2009, Exp. 16727. Cfr. también Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, Exp. 13476. “Se exceptúa respecto de los documentos públicos debidamente autenticados en los términos del artículo 254 Código de Procedimiento Civil y los informes y peritaciones de entidades oficiales (art. 243 CPC)”. Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de abril de 2011, Exp. 20587.

47 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Exp. 20334. Puede verse: Sección Tercera, subsección B, sentencia de 27 de abril de 2011, Exp. 20374.

48 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Exp. 20334. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 9 de diciembre de 2004, Exp. 14174.

49 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Exp. 20334. Puede verse: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, Exp. 19920.

50 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Exp. 20334. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, Exp. 16398.

51 Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2002, Exp. 12789; sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 18078.

52 Tal como lo ordena el artículo 113 de la Constitución Política al decir que “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

53 Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2014, Exp. 20601; y subsección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Exp. 45433.

54 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, en la sentencia de 1 de marzo de 2016 [Exp. 11001-03-15-000-2015-01917-00 (REV)].

55 “[...] I. IDENTIFICACIÓN: ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, sexo masculino, con CC Nº 12.470.084 de Valledupar, de 35 años de edad, estudios quinto de primaria, profesión lava carro, quien reside en el barrio primero de mayo tel. 5742075.

Se presenta al Primer [sic] reconocimiento médico legal hoy 1999 12 01. Hora 10:30AM. 

II. ANAMNESIS: Relata que el día 29-VIII-99 fue herido por desconocido con proyectil de arma de fuego. 

III. EXAMEN FISICO: Presenta cicatriz quirúrgica abdominal mediana, supra e infraumbilical de 22 cm de longitud; cicatriz que al parecer corresponde a orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, localizado en el hipocondrio derecho de 11 cm de la línea media y a 59 cm del vértice. Orificio de salida de proyectil de arma de fuego, no hay. El proyectil se encuentra alojado en el tejido celular subcutáneo del costado izquierdo del tórax a 14 cm de la línea media y a 55 cm del vértice. Las lesiones se definen como piel, tejido celular subcutáneo, músculos regionales, peritoneo, hígado, duodeno, peritoneo [sic], músculos regionales, tejido celular subcutáneo. La trayectoria se define como Antero-posterior [sic], derecha-izquierda, infero-superior. Cicatriz antigua de orificio de entrada, circular, sin estigmas de pólvora, localizado en el tercio medio de la cava interna del antebrazo derecho a 13 cm del codo. Cicatriz de orificio de salida en la cara anterior tercio medio del antebrazo derecho a 12 cm del codo. Las lesiones se definen como piel, tejido celular subcutáneo, músculos regionales, tejido celular subcutáneo y piel. La trayectoria se define como postero-anterior, infero-superior, derecha-izquierda. 

IV. HISTORIA CLÍNICA: Presenta hoja de epicrisis No 661126 a nombre de CARRILLO FRANCISCO, que a la letra dice: “HPAF en abdomen. Lesión hepática – lesión 90% de la luz duodenal. 1. Laparotomía exploratoria. 2. Hepatorragia múltiple. 3. Duodeno. 4. Drenaje de Hemiperitoneo. ... Paciente quien hace 8 días sufrió herida por arma de fuego en abdomen a nivel de flanco derecho y extremidades, en el tercio medio de antebrazo derecho, orificio de salida, en urgencias de [sic] le realiza laparotomía, el mismo día donde se encuentra lesión hepática múltiple, lesión 90% de la luz duodenal, además de un Hemiperitoneo aprox [sic] 400 cc., se le realiza hepatorrafia múltiple duodenoduodestonomía, drenaje hemiperitoneo sin ninguna complicación se establece tratamiento [...] Postoperatorio sin complicaciones [...]”. 

V. ELEMENTO VULNERANTE: Proyectil de arma de fuego. 

VI. INCAPACIDAD MEDICO LEGAL: Treinta y cinco (35) días. 

VII. SECUELAS MEDICO LEGALES: Como secuela estética se determina deformidad física que afecta al cuerpo; como secuela funcional se determina perturbación funcional del órgano de la aprehensión y del miembro superior derecho y perturbación funcional del órgano de la sensibilidad. Todas de carácter permanente” [fl. 117 ambas caras cdno. 1].

56 “[...] porque según parte médico la bala le rozó el corazón y le atravesó un pulmón”.

57 “[...] después de analizar las pruebas en su conjunto se deduce fácilmente que el Servidor Público JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, en efecto se encontraba en el lugar de los hechos en compañía de una amiga que resultó ser su novia de nombre YORJANI LÓPEZ MIRANDA, que en ese momento cuenta los autos se produjo una pelea cerca del sitio donde este se encontraba ocurrido el 29 de agosto de 1999, a las 21:00 horas aproximadamente, en la Avenida Simón Bolívar de la ciudad de Valledupar, en el estadero el Pavo, ubicado en la carrera 18D con calle 27, donde resultaron heridos dos (2) particulares que responden a los nombres de DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ y AICARDO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, con el arma de fuego de dotación oficial que portaba el funcionario de esta Institución JACOB MANUEL PALOMO PACHECO”.

58 “[...]con ella disparó a la humanidad de DANIEL PEREIRA PÉREZ hiriendolo [sic] en el tórax e hirió en el tórax y brazo izquierdo al señor ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO C.C. 12’470.084 de San Juan del Cesar Guajira, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de esta ciudad y en el momento se encuentran fuera de peligro de muerte en sus respectivas residencias y por lo cual cursa un proceso penal que tramita actualmente la Fiscalía 23 Local de Valledupar bajo la radicación 20752-F1-321”.

59 “[...]. La actuación descuidada e imprudente del servidor público JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, desencadena en consecuencias dañosas para los ciudadanos DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ Y [sic] ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO”.

60 “[...] II. ANAMNESIS: Paciente en Unidad de Cuidados Intensivos, inconsciente por lo cual no puede aportar información, actualmente sin familiares, según la historia clínica el 29 de agosto de 1999 a las 21:00 HRS ingresa en urgencias a la Unidad Médica Santa Isabel, después de haber recibido heridas por arma de fuego en tórax anterior. Motivos por los cuales ha estado hospitalizado hasta la fecha.

III. EXAMEN FÍSICO: Se valora paciente en la unidad de cuidados intensivos UCI-UPAR, Ltda. Clínica Santa Isabel, segundo piso, cama Nº 1. Paciente en coma profundo en muy malas condiciones generales, bajo sedación y analgesia central, con ventilación mecánica asistida, en posición decúbito dorsal obligada; con toracostomía bilateral (2 heridas quirúrgicas suturadas lineales, transversas en la cara anterior y lateral de ambos hemitorax [sic] a la altura del quinto espacio intercostal derecho e izquierdo de 12 cm de longitud la izquierda y 25 cm la derecha; las costomías cerradas bilateral (tubos de tórax bilateral) funcionantes. Orificio de entrada de proyectil de arma de fuego en fase costrosa circular, a nivel de hemitorax [sic] izquierdo a 3 cm de la línea media y a 35 cm del vértice a nivel del III espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal izquierda [...] Herida de paso de proyectil de arma de fuego en la cara lateral externa tercio medio del muslo izquierdo de 7x1 cm de diámetros mayores. Herida de paso de proyectil de arma de fuego de 1 cm de diámetro en el hombro izquierdo” [fl. 282 cdno. 1].

61 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, “Régimen de víctimas y responsabilidad del Estado. Una aproximación al derecho de daños desde la convencionalidad y la constitucionalidad”, Ponencia presentada en el Foro Interamericano de Derecho Administrativo, Ciudad de México, 2014.

62 GARRIDO FALLA, Fernando. “La constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del Estado”, en Revista de Administración Pública. Nº 119, mayo-agosto, 1989, pág. 8. “En la base de la teoría estaba la consideración de que muchas actuaciones del poder no se diferenciaban en absoluto de las que hubiese podido realizar un particular”.

63 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, “Régimen de víctimas y responsabilidad del Estado. Una aproximación al derecho de daños desde la convencionalidad y la constitucionalidad”, Ponencia presentada en el Foro Interamericano de Derecho Administrativo, Ciudad de México, 2014.

64 Al analizar el caso Cabrera García y Montiel contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ferrer Mac-Gregor consideró: “La actuación de los órganos nacionales (incluidos los jueces), además de aplicar la normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación de seguir los lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo compromiso internacional asumió. A su vez, la jurisdicción internacional debe valorar la legalidad de la detención a la luz de la normatividad interna, debido a que la propia Convención Americana remite a la legislación nacional para poder examinar la convencionalidad de los actos de las autoridades nacionales, ya que el artículo 7.2 del Pacto de San José remite a las “Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” para poder resolver sobre la legalidad de la detención como parámetro de convencionalidad. Los jueces nacionales, por otra parte, deben cumplir con los demás supuestos previstos en el propio artículo 7º para no violentar el derecho convencional a la libertad personal, debiendo atender de igual forma a la interpretación que la Corte IDH ha realizado de los supuestos previstos en dicho numeral”. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. “Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nº 131, 2011, pág. 920. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano contra Chile argumentó: “124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 154, párrs. 123 a 125. En tanto que en el caso Cabrera García y Montiel contra México la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró: “Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 12 a 22.

65 En la jurisprudencia constitucional colombiana dicho principio se entiende como aquel que “impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional. Este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades”. Corte Constitucional, Sentencia T-191 de 2009. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencias C-177 de 2001; C-148 de 2005; C-376 de 2010.

66 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 “La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29, Convención Americana de Derechos Humanos”, del 13 de noviembre de 1985. Serie A. Nº 5, párrafo 46. Principio que “impone que siempre habrá de preferirse la hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos”.

67 Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

68 Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001. En la jurisprudencia constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”.

69 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

70 ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimpág. México, Fontamara, 2007, pág. 49. Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración. Un balance y tres reflexiones”, en AFDUAM. Nº 4, 2000, pág. 308. La “responsabilidad es, desde luego, en primer lugar una garantía del ciudadano, pero, coincidiendo en esto con otros autores (sobre todo franceses: Prosper Weil, André Demichel), creo que la responsabilidad es también un principio de orden y un instrumento más de control del poder”.

71 Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001. “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”.

72 Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. En la doctrina puede verse STARCK, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

73 RIVERO, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, pág. 293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: BERLIA. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, pág. 685; BÉNOIT, F. “Le régimen et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Publique, 1954. T.I, V.178.

74 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, pág. 120. “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”.

75 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., págs. 120-121.

76 RIVERO, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, pág. 293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: BERLIA. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, pág. 685; BENOIT, Francis-Paul. “Le regime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Administratif. Fasc. 700, 715, 716, 720, Nº 1178, 1954, pág. 1.

77 Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada –en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Puede verse también Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

78 Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 1993. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002.

79 MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, págs. 212 y 213. “Toda acción administrativa concreta, si quiere tenerse la certeza de que realmente se trata de una acción administrativa, deberá ser examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico. Sólo en la medida en que pueda ser referida a un precepto jurídico o, partiendo del precepto jurídico, se pueda derivar de él, se manifiesta esa acción como función jurídica, como aplicación del derecho y, debido a la circunstancia de que ese precepto jurídico tiene que ser aplicado por un órgano administrativo, se muestra como acción administrativa. Si una acción que pretende presentarse como acción administrativa no puede ser legitimada por un precepto jurídico que prevé semejante acción, no podrá ser comprendida como acción del Estado”.

80 Sección Tercera, sentencia 19 de abril de 2012, Exp. 21515.

81 Sección Tercera, sentencia 23 de agosto de 2012, Exp. 23492.

82 SANCHEZ MORON, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob., cit., pág. 927. “La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”.

83 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, 7ª ed, Trotta, Madrid, 2010, pág. 22. “[...] El paradigma del Estado constitucional de derecho —o sea, el modelo garantista- no es otra cosa que esta doble sujeción del derecho al derecho, que afecta ambas dimensiones de todo fenómeno normativo: la vigencia y la validez, la forma y la sustancia, los signos y los significados, la legitimación formal y la legitimación sustancial o, si se quiere, la “racionalidad formal” y la “racionalidad material” weberianas. Gracias a la disociación y a la sujeción de ambas dimensiones a dos tipos de reglas diferentes, ha dejado de ser cierto que la validez del derecho dependa, como lo entendía Kelsen, únicamente de requisitos formales, y que la razón jurídica moderna sea, como creía Weber, sólo una racionalidad formal; y también que la misma esté amenazada, como temen muchos teóricos actuales de la crisis, por la inserción en ella de una racionalidad material orientada a fines, como lo sería la propia del moderno Estado social. Todos los derechos fundamentales –no sólo los derechos sociales y las obligaciones positivas que imponen al Estado, sino también los derechos de libertad y los correspondientes deberes negativos que limitan sus intervenciones –equivalen a vínculos de sustancia y no de forma, que condicionan la validez sustancial de las normas producidas y expresan, al mismo tiempo, los fines a que está orientado ese moderno artificio que es el Estado constitucional de derecho” [subrayado fuera de texto].

84 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

85 KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35. En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”.

86 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”.

87 MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], págs. 6 y 7. “Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”.

88 PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., pág. 174. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. De acuerdo con Martín Rebollo “(...) es que la responsabilidad pública es un tema ambivalente que, a mi juicio, no debe ser enfocado desde el estricto prisma de la dogmática jurídico-privada. Esto es, no debe ser analizado sólo desde la óptica de lo que pudiéramos llamar la justicia conmutativa, aunque tampoco creo que éste sea un instrumento idóneo de justicia distributiva. La responsabilidad es, desde luego, siempre y en primer lugar, un mecanismo de garantía. Pero es también un medio al servicio de una política jurídica. Así lo señala Ch. Eisenmann: el fundamento de la responsabilidad puede ser la reparación del daño, pero su función «remite a la cuestión de los fines perseguidos por el legislador cuando impone una obligación de reparar. En este sentido —concluye— la responsabilidad es un medio al servicio de una política jurídica o legislativa»”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Nº 4, 2000, pág. 307.

89 Puede verse: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 8 de junio de 2016, Exp. 34315.

90 Puede verse: BREWER-CARÍAS, Allan R; SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Control de convencionalidad y responsabilidad del Estado, 1ª Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013.

El control de convencionalidad es una herramienta cuyo desarrollo se encuentra en la amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pasa a señalarse: Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988; Caso Suarez Rosero Vs Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, sentencia de 30 de mayo de 1999; Caso Mirna Mack Chang Vs Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003 (Voto razonado concurrente Juez Sergio García Ramírez); Tibi Vs. Ecuador, sentencia de 7 de septiembre de 2004; Caso La Última Tentación de Cristo Vs. Chile, sentencia de 5 de febrero de 2005; Caso López Álvarez Vs Honduras, sentencia de 1º de febrero de 2006; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006; Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, sentencia de 24 de noviembre de 2006 (Voto razonado del Juez García Ramírez); Caso La Cantuta Vs. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006 (Voto razonado del Juez García Ramírez); Caso Boyce Vs. Barbados, sentencia de 20 de noviembre de 2007; Caso Castañeda Gutman Vs. México, sentencia de 6 de agosto de 2008; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, sentencia de 12 de agosto de 2008; Caso Radilla Pacheco Vs. México, sentencia de 23 de noviembre de 2009; Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, sentencia de 26 de mayo de 2010; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, sentencia de 24 de agosto de 2010; Caso Fernández Ortega y otros Vs. México, sentencia de 30 de agosto de 2010; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, sentencia de 31 de agosto de 2010; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, sentencia de 1º de septiembre de 2010; Caso Vélez Loor Vs. Panamá, sentencia de 23 de noviembre de 2010; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, sentencia de 24 de noviembre de 2010; Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, sentencia de 26 de noviembre de 2010; Caso Gelman Vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011; Caso Chocrón Vs. Venezuela, sentencia de 1º de julio de 2011; Caso López Mendoza Vs. Venezuela, sentencia de 1º de septiembre de 2011; Caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina, sentencia de 29 de noviembre de 2011; Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, sentencia de 24 de febrero de 2012 (Voto parcialmente disidente Juez Alberto Pérez Pérez); Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, sentencia de 31 de agosto de 2012; Caso Masacre de Rio Negro Vs. Guatemala, sentencia de 4 de septiembre de 2012; Caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, sentencia 25 de octubre de 2012 (voto razonado del Juez Diego García Sayán); Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) Vs. Guatemala, sentencia de 20 de noviembre de 2012; Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012; Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, sentencia de 14 de mayo de 2013.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta las siguientes Opiniones Consultivas y Resoluciones de la Corte IDH: Opinión Consultiva OC-13/93, de 16 de julio de 1993, OC-14/1994 de 9 de diciembre de 1994 (Responsabilidad Internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención); Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 20 de marzo de 2013, caso Gelman Vs Uruguay.

91 Al tenor del artículo 5.1 de la Convención y que establece que 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

92 Es de resaltar que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si bien las autoridades tiene el derecho y el deber de hacer cumplir la ley y mantener el orden público, ello no puede dar lugar al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, ya que, en situaciones de tal condición se estaría frente a una privación arbitraria de la vida, en caso de causarse la muerte con tal proceder. Ha dicho la Comisión al respecto:

“39. La jurisprudencia de la Corte deja en claro que los agentes del Estado tienen el derecho y la responsabilidad de hacer cumplir la ley y mantener el orden aun cuando se produzcan, en algunos casos, muertes o lesiones corporales. No obstante, la Corte sostuvo también claramente que la fuerza utilizada no debe ser excesiva. Cuando se usa fuerza excesiva, no se respeta la integridad personal, y toda privación de la vida resultante es arbitraria. La cuestión que se plantea a la Comisión consiste, por lo tanto, en determinar si los agentes policiales que penetraron en la finca para cumplir las órdenes de arresto hicieron uso excesivo de fuerza, que haya dado lugar a violaciones de la Convención. La Comisión concluye que en este caso se llevó a cabo un uso excesivo de la fuerza.

40. Conforme a las pautas internacionales que se han elaborado referentes al uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad pública para cumplir su función, esa actividad debe ser necesaria y proporcional a las necesidades de la situación y al objetivo que se trata de alcanzar. El Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública de las Naciones Unidas dispone expresamente que "el uso de armas de fuego se considera una medida extrema”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de fondo Nº 57/02 Caso 11.382. Caso Finca La Exacta c. Guatemala. 21 de octubre de 2002. Información obtenida en el sitio web: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/Guatemala.11382a.htm Consultado el 10 de marzo de 2014.

93 Dicha declaración de principios tuvo lugar en el Octavo congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 1990. Es de resaltar de esta declaración los principios 9º y 10º que establecen lo siguiente:

“9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso”.

94 Debe destacarse el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Caso Fanny Suarez de Guerrero c. Colombia el 31 de marzo de 1982 en donde el comité conoció un caso concerniente a la muerte de siete personas a manos de miembros de la Policía Nacional. Los fundamentos jurídicos recogen la opinión del Comité acerca de la violación del derecho a la vida dispuesto en el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité señaló: “13.2 Por otra parte, la acción de la policía fue al parecer tomada sin previo aviso a las víctimas y sin darles ninguna oportunidad de rendirse a la patrulla de la policía o de ofrecer ninguna explicación de su presencia o intenciones. No hay evidencia de que la acción de la policía era necesaria en su propia defensa o la de los demás, o que era necesario llevar a cabo la detención o impedir la fuga de las personas afectadas. Por otra parte, las víctimas no eran más que sospechosos del secuestro que había ocurrido unos días antes, y su muerte a manos de la policía les privó de todas las protecciones del debido proceso establecido por el Pacto. En el caso de la Sra. María Fanny Suárez de Guerrero, el informe forense mostró que había recibido un disparo en varias ocasiones después de que ella ya había muerto de un ataque al corazón. No puede haber ninguna duda razonable de que su muerte fue causada por la patrulla de la policía. 13.3 Por estas razones, es la opinión del Comité de que la acción de la policía provocó la muerte de la Sra. María Fanny Suárez de Guerrero era desproporcionada en relación con los requisitos de la aplicación de la ley en las circunstancias del caso y que fue privado arbitrariamente de su vida contraria al artículo 6 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Puesto que la acción policial se hizo justificable como un asunto de la legislación colombiana mediante el Decreto Legislativo N º 0070, de 20 de enero de 1978, el derecho a la vida no estaba suficientemente protegido por la ley de Colombia como lo exige el artículo 6º (1)”.

95 Información obtenida en el sitio web: http://www2.ohchr.org/spanish/law/codigo.htm [Consultado el 10 de marzo de 2014].

96 Los comentarios al artículo tercero del Código de Conductas son del siguiente tenor literal:

“Comentario:
a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.

b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.

c) El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.”. Información obtenida en el sitio web: http://www2.ohchr.org/spanish/law/codigo.htm [Consultado el 10 de marzo de 2014].

97 Constitución Política de Colombia. Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

98 Constitución Política de Colombia. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

99 Allí se denominó servicio de policía a la vigilancia permanente que el Estado presta por intermedio de la Policía Nacional, para conservar el orden público, proteger las libertades, prevenir y controlar la comisión de delitos, y se dijo que éste servicio lo integran la vigilancia urbana y rural que son la base fundamental de las actividades preventivas y operativas de la Policía Nacional, clasificándolo según su objeto en servicios de policía de vigilancia y servicios de policía Judicial.

100 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Pleno de Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515. Postura reiterada en el fallo de 23 de agosto de 2012, Exp. 24392. Adviértase que este criterio es consonante con la regla del iura novit curia, al respecto véase: sentencia de 31 de julio de 1989 (Exp. 2852), 20 de febrero de 1989 (Exp. 4655), 11 de febrero de 2009 (Exp. 17318), entre otras.

101 Sección Tercera, subsección A, sentencia de 26 de mayo de 2016, Exp. 39020. “[...] Se configuró una falla en el servicio, por exceso de la fuerza estatal, como quiera [sic] que ésta fue desproporcionada en relación con las circunstancias, al punto que, producto de ella, se causó una herida mortal al señor JAGF, pues ésta produjo su muerte, posteriormente, en un centro hospitalario del municipio de Santiago de Cali y no se acreditó de manera fehaciente que dicho señor hubiera estado armado y que hubiera utilizado algún arma contra los miembros de la policía que lo perseguían”.

102 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 16 de mayo de 2016, Exp. 31836. Sección Tercera, subsección A, sentencia de 10 de febrero de 2016, Exp. 35410. “[...] Quedó demostrado que el soldado OCC, en cumplimiento de una misión de control y registro del área, cerca de la tienda Rancho Grande, en inmediaciones del corregimiento Miralindo, desaseguró su fusil, debido al peligro que representaba la zona y a la interrupción intempestiva del fluido eléctrico, pero al restablecimiento del mismo omitió negligente e imprudentemente asegurar nuevamente su arma, de forma que al volcarla nuevamente en su hombro, la accionó involuntariamente causando la muerte del menor [...] evidencia la existencia de una falla en el servicio, toda vez que el soldado, que materialmente ocasionó el daño, incumplió con un deber propio del servicio, consistente en manejar cuidadosa y responsablemente su arma de dotación. Es indudable que los miembros de la fuerza pública, en este caso del Ejército Nacional, en razón de su condición y por el servicio que prestan, tienen la obligación esencial de mantener sus armas de dotación debidamente aseguradas cumpliendo las indicaciones establecidas en el manual de seguridad y decálogo de armas”.

103 Sección Tercera, subsección A, sentencia de 26 de mayo de 2016, Exp. 39020. “[...] no debe perderse de vista que los miembros de la Fuerza Pública no sólo reciben suficiente instrucción y preparación en el ejercicio de esta actividad, al punto de estar obligados a observar las indicaciones sobre el manejo mecánico y las medidas de seguridad, sino que también son capacitados para actuar en operativos oficiales, al punto que en ese nivel de instrucción les debe permitir solventar situaciones como la ocurrida en el sub lite, de manera que, cuando se advierte que éstos actúan de manera irregular en el cumplimiento de sus funciones y durante el servicio oficial, obviando los procedimientos para los cuales han sido preparados, se configura una falla del servicio que debe declararse, salvo que se logre probar la ocurrencia de una causa extraña”.

104 Sección Tercera, subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2012, Exp. 23412. “[...] En este contexto, la responsabilidad también se deriva cuando el funcionario se vale de su investidura y a los ojos de la víctima el comportamiento lesivo se manifiesta como derivado de su poder público”.

105 Artículo 2356 Código Civil. Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

Son especialmente obligados a esta reparación:

1. El que dispara imprudentemente una arma de fuego.

2. El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche.

3. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino.

106 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 13 de septiembre de 2001. Radicado: 12487. Y destaca como características: “La inminencia de un peligro que desborda la capacidad de prevención o resistencia común de los seres humanos, son las características determinantes para definir las actividades peligrosas”. Igualmente véase: sentencia de 27 de julio de 2000 (Exp. 12099); 14 de junio de 2001 (Exp. 12696), 22 de abril de 2004 (Exp. 15088), 14 de julio de 2004 (Exp. 14308), 24 de febrero de 2005 (13967), 10 de agosto de 2005 (Exp. 15127), 30 de marzo de 2006 (Exp. 15441), 14 de abril de 2010 (Exp. 17921), 23 de junio de 2010 (Exp. 18674), 11 de agosto de 2010 (Exp. 19289), 23 de agosto de 2010 (19127), 27 de junio de 2013 (27626), 29 de septiembre de 2011 (Exp. 21382), entre otras. A su turno la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en torno a la noción de actividad peligrosa: “Si peligrosa es la actividad que, debido a la manipulación de ciertas cosas o [e]l ejercicio de una conducta específica que lleva ínsito el riesgo de producir una lesión o menoscabo, [que] tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que —de ordinario— despliega una persona respecto de otra” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 23 de octubre de 2001. Radicado: Exp. 6315. Más recientemente esa Corporación ha sostenido: “Con estas premisas, para la Sala, el régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume...”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia de 24 de agosto de 2009. Exp. 11001-3103-038-2001-01054-01.

107 Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 25 de abril de 2012, C.P. Santofimio Gamboa. Exp. 22856. “Y es, precisamente, en la construcción socio jurídica del “riesgo socialmente aceptable” en la que el juez debe sustentar su juicio de imputación para determinar si a partir de una actividad a la que le es intrínseca la naturaleza de peligrosa se producen daños antijurídicos que puedan ser atribuidos fáctica y jurídicamente (...) el centro de argumentación y de la decisión del juez contencioso administrativo debe orientarse hacia el “hecho generador” de la producción del daño antijurídico, que no es otro que la “realización del riesgo voluntariamente creado” y que supera los peligros ordinarios e inherentes al despliegue y ejecución de ciertas actividades (para el caso de la conducción), o desde una perspectiva evolucionada que lo es para todo tipo de actividad en la sociedad moderna”. Puede verse: Sección Tercera, subsección B, sentencia de 29 de enero de 2016, Exp. 36814.

108 Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 7 de junio de 2012, Exp. 23117. “Ha quedado bien definido que la responsabilidad del Estado en esta clase de eventos requiere encontrar configurada la prestación del servicio de seguridad y/o vigilancia por parte de la autoridad pública (bien sea policial o militar) que ocasione el daño, esto implica, en otros términos, identificar la actividad del agente como si fuese la propia del Estado, conforme al marco competencial que le ha asignado la Constitución, la ley o los reglamentos. Así, recientemente se ha sostenido: “debe resaltarse que esta Sala ha considerado que las actuaciones de los agentes del Estado sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando aquellas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público, de modo que la simple calidad de funcionario público que funja el autor del hecho o el uso de algún instrumento del servicio ─como el arma de dotación oficial─ no vincula al Estado”. A su turno la doctrina sobre la materia también ha destacado la satisfacción de este elementos a efectos de analizar la responsabilidad de la administración pública, es el caso de Mir Puigpelat quien sostiene: “para que ello ocurra es necesario que concurran, acumulativamente, dos circunstancias distintas: en primer lugar, que la persona física de que se trate esté integrada en la organización administrativa. En segundo lugar, que actúe en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, o, en la formulación preferida por la doctrina y jurisprudencia administrativistas de nuestro país, que actúe en el desempeño o ejercicio de su cargo”. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Organización, imputación y causalidad, 1ª ed, Madrid, Civitas. 2000, pág. 144.

109 Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, Exp. 17927. “En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de probar la existencia del daño y el nexo causal entre éste y una acción u omisión de la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta del agente, la cual resulta irrelevante. A su vez la Administración, para exonerarse de responsabilidad, deberá acreditar la presencia de una causa extraña, como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero”. Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010, Exp. 19160. Igualmente de manera más reciente se ha sostenido: “para efectos de determinar la responsabilidad, resulta irrelevante el análisis de la licitud o ilicitud de la conducta asumida por los agentes estatales, como quiera que es suficiente para imputar el daño antijurídico, a título de riesgo excepcional, la demostración de que este fue causado por el artefacto o por la realización de la actividad peligrosa cuya guarda se encontraba a cargo del Estado”.

110 Sección Tercera, sentencia de 23 de mayo de 2012, Exp. 22541. “Así, también, es necesario que se presente una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, la cual se identifica al comparar la posición de la víctima en relación con los demás integrantes del grupo social, por cuanto, mientras la actuación de la administración se justifica en el beneficio general, su interés particular se ha visto excepcional y anormalmente afectado, de manera que el daño resulta grave y desproporcionado, en comparación con el resto de la comunidad, elementos éste que se evidencia en los hechos examinados, por cuanto, mientras (...) vio protegido su derecho y socialmente se evitó la consumación de un delito, la aprensión de un antisocial y la ejemplificación que sanción penal impuesta al asaltante conlleva, Carlos Lozano Serrano vio violentado y cortado su derecho más fundamental, cual es el derecho a la vida, a la vez que sus familiares sufrieron injustamente los perjuicios que de aquí se derivaron, lo que, ciertamente, implica un rompimiento de las cargas públicas y los pone en situación de desigualdad e inferioridad ante la sociedad, todo lo cual se presenta como una consecuencia directa del actuar de la administración, que genera su deber de solidaridad”.

111 Con lo que se da continuidad a mi posición sostenida en: (1) aclaración de voto a la sentencia de la Sección Tercera, subsección C, de 8 de junio de 2011, Exp. 19395, Pon. Olga Valle de De la Hoz; (2) aclaración de voto a la sentencia de 19 de agosto de 2011, Exp. 20492, Pon. Olga Valle de De la Hoz; (3) aclaración de voto a la sentencia de 21 de septiembre de 2011, Exp. 21199, Pon. Olga Valle De la Hoz; (4) salvamento de voto a la sentencia de 24 de enero de 2011, Exp. 18471, P. Olga Valle de la Hoz.

112 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, Exp. 30462.

113 MAZEAUD, Henri-León, Jean MAZEAUD. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333. El hecho de la víctima trae como consecuencia “la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima” (...)“Para constituir una causa ajena, un acontecimiento, ya se trate de acontecimiento anónimo (caso de fuerza mayor stricto sensu), del hecho de un tercero o de una culpa de la víctima, debe presentar los caracteres de la fuerza mayor (lato sensu); es decir, ser imprevisible e irresistible”. Puede verse Sección Tercera, subsección C, sentencia de 2 de enero de 2014, Exp. 26956. Sección Tercera, subsección C, sentencia de 30 de enero de 2013, Exp. 23310.

114 SAVATIER, René, Traité de la responsabilité civile en droit français. Civil, administratid, professionnel, procedural, T.I, Paris, LGDJ, 1951, pág. 239.

115 SAVATIER, René, Traité de la responsabilité civile en droit français. Civil, administratid, professionnel, procedural, ob., cit., pág. 240.

116 SAVATIER, René, Traité de la responsabilité civile en droit français. Civil, administratid, professionnel, procedural, ob., cit. pág. 240.

117 SAVATIER, René, Traité de la responsabilité civile en droit français. Civil, administratid, professionnel, procedural, ob., cit., pág. 242.

118 En este sentido puede verse: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 21 de noviembre de 2011, Exp. 26543. Sección Tercera, sentencia de 14 de mayo de 2009, Exp. 17188.

119 En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, sólo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333”. Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 24972. Sección Tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, Exp. 30462.

120 SAN MARTIN NEIRA, Lilian C., La Carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño- estudio histórico- comparado. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2012, pág. 360. En el mismo sentido se pronuncian: PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, V.XXII, ob., cit., págs. 169 y ss. “En términos prácticos, es posible decir que la agravación de los daños puede obedecer a dos factores: (a) que el perjudicado haya realizado actividades que vinieron a empeorar la situación o (b) que no haya realizado ningún tipo de actividad, es decir, haya tenido una actitud de “mera omisión” situación que en el lenguaje común se describe con expresiones tales como “si hubiera curado la herida no se habría infectado” [traducción: “si se hubiera realizado la actividad curación el daño herida no se habría agravado con la infección”]. En todo caso podemos hablar de culpa del perjudicado, toda vez que según vimos en los capítulos procedentes, la historia jurídica nos demuestra que culpa de la víctima es cualquier actitud reprochable al perjudicado, en el sentido de que no se comporta conforme lo haría un hombre diligente. De ahí que en estricto rigor, también la no evitación del daño corresponde a una culpa de la víctima”; ALESSANDRI RODRÍGUEZ, De la responsabilidad extracontractual..., ob. cit., pág. 572 y siguientes; e HINESTROSA, Fernando, Tratado de las obligaciones, ob., cit., pág. 780. Sección Tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, Exp. 30462.

121 SAN MARTIN NEIRA, Lilian C., La Carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño- estudio histórico- comparado, ob., cit., pág. 361. “De la lectura de este parágrafo emerge que él contempla tres hipótesis de “culpa” de perjudicado: (a) cuando el perjudicado concurre a la producción del daño; (b) cuando ex ante omite avisar al deudor de un riesgo que no conocía ni debía conocer y del cual se pueden derivar ingentes perjuicios para aquel; (c) cuando el perjudicado ex post incurre una omisión a la hora de evitar o mitigar el daño”. Sección Tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, Exp. 30462.

122 Cfr. Larenz. Derecho de las obligaciones, cit., tomo 1, pág. 219.

123 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, Exp. 30462.

124 Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744. La subsección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 19565.

125 Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744. La subsección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 19565.

126 Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744. La subsección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 19565.

127 Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2002, Exp. 13262. Puede verse también: Sección Tercera, sentencias de 30 de julio de 1998, Exp. 10981; de 28 de febrero de 2002, Exp. 13011; de 18 de abril de 2002, Exp. 14076; de 20 de abril de 2005, Exp. 15784; de 2 de mayo de 2007, Exp. 15463. Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15463: “Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad”. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre 2000, Exp. 11981.

128 Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, Exp. 14590: “[...] Por la experiencia como radio operador del agente Herrera Beltrán, así como su permanencia en el distrito de policía, podía exigirse de él una conducta dirigida a tomar medidas razonables para evitar el daño, dado que conocía la estructura de la antena y el peligro que implicaban las cuerdas de alta tensión. Esas medidas, que bien pudieron consistir en recurrir a otros compañeros de la estación para realizar la instalación de la antena, eran de fácil adopción [...] En suma, que el accidente en el que murió electrocutado el agente José Fernando Herrera Beltrán fue causado por la conducta imprudente de la víctima quien dejó de tomas las debidas precauciones al tratar de instalar la antena de radio de banda ciudadana, para lo cual debió tener en cuenta su peso y longitud, siendo que dichas características implicaban un peligro previsible de que el aparato se cayera y entrara en contacto con los cables de alta tensión que se ubicaban al lado de la edificación”.

129 Sección Tercera, sentencia de 1 de marzo de 2006, Exp. 13764.

130 Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, Exp. 16235: “[...] más aún cuando se trata de actividades como la operación de redes eléctricas y la conducción de energía, cuya complejidad y peligrosidad exige que sean ejercidas por las autoridades competentes o por particulares autorizados para el efecto, mediante la utilización de los materiales idóneos y a través de personal capacitado para ello”.

131 Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, Exp. 17510. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, Exp. 17138.

132 Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, Exp. 19043: “Si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autor omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa”.

133 Sección Tercera, subsección B, sentencia de 5 de abril de 2013, Exp. 27031.

134 Sección Tercera, subsección A, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20733.

135 Sección Tercera, subsección A, sentencia de 1 de agosto de 2016, Exp. 44492. Sección Tercera, subsección A, sentencia de 27 de abril de 2016, Exp. 37802.

136 Sección Tercera, subsección A, sentencia de 1 de agosto de 2016, Exp. 44492. Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744.

137 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 14 de marzo de 2016, Exp. 37948. Sección Tercera, subsección B, sentencia de 11 de diciembre de 2015, Exp. 40970.

138 Sección Tercera, subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, Exp. 39561. “[...] que le viene aplicable el brocardo según el cual nadie puede sacar provecho de su propia culpa. Es entonces, su propia culpa la que rompe el nexo requerido para que el daño pueda ser imputable al Estado, y por tanto, habrá lugar, con fundamento en ello, a librar a las demandadas, como quiera que uno de los elementos de la estructura de la responsabilidad resultó fallido y, por lo mismo, a confirmar la sentencia apelada”.

139 Argumentación que ya fue considerada en: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 22 de mayo de 2013, Exp. 25066.

140 Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2001, Exp. 13883. “[...] es necesario aclarar que, en realidad, en estos casos en los que, según el fallo citado, opera una presunción, estamos siempre ante hechos probados mediante indicios. Así, con fundamento en el hecho probado de que un miembro de un cuerpo armado del Estado causa daño con un arma, en horas de servicio, puede inferirse que ésta es de dotación oficial. Esta inferencia está fundada, por lo demás, en clarísimas reglas de la experiencia y aun en disposiciones legales, dado que, en principio, las armas de dotación oficial no pueden ser utilizadas por los mencionados agentes estatales cuando no se encuentran en servicio. El indicio construido por el juez puede constituir, en estos eventos, prueba suficiente para establecer la naturaleza del arma con la cual se causó el daño y, por lo tanto, la imputabilidad de éste al Estado. En el otro caso, esto es, cuando el agresor se encontraba fuera de servicio, ha considerado la Sala que el hecho probado de su condición de agente estatal no constituye indicio suficiente para inferir que el alma utilizada es de dotación oficial”. Puede verse: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 22 de junio de 2011, Exp. 19911.

141 Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 16743. Puede verse: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 21 de noviembre de 2013, Exp. 27983.

142 Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 16743. “[...] En doctrina que la Sala ha acogido en reiterada jurisprudencia, se señala que para que la conducta causante del daño, desplegada por un agente estatal, tenga vínculo con el servicio, se requiere que ésta se presente externamente como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. Para establecer cuándo un hecho cometido por un agente estatal tiene vínculo con el servicio, la Sala, en sentencia del 17 de julio de 1990, Exp. 5998, formuló el siguiente test de conexidad, con fundamento en la doctrina extranjera: ¿advino perjuicio en horas del servicio, en lugar o con instrumento del mismo?; ¿el agente actuó con el deseo de ejecutar un servicio o bajo su impulsión? En la misma providencia se advirtió que “ello no quiere decir que siempre que el hecho ocurra dentro de cualquiera de aquellas especies o de ambas, necesariamente se vea comprometida la responsabilidad de la administración pero si resultara que el Juez, en primer término, tendrá mejores elementos de juicio para inferir que existió una falla en el servicio”. En providencias más recientes se señaló que “en las decisiones en las que se ha acudido al referido test éste no conduce inexorablemente a una u otra conclusión, ya que se deberán analizar, en cada caso, las circunstancias especiales que rodearon el hecho para poder determinar si el daño es atribuible o no atribuible al demandado, aportando únicamente hechos indicadores en relación con la conducta imputada (no con el nexo de causalidad), a partir de los cuales y en armonía con las demás pruebas se podrá solucionar la controversia”. En síntesis, aunque las pruebas que obran en el Exp. demuestran que las lesiones sufridas por el señor HCM fueron causadas con intervención del agente de la Policía ERAC, el daño sufrido por los demandantes no es imputable al Estado porque la actuación de éste no supuso una manifestación del ejercicio de su cargo, ni se produjo con un vehículo oficial, ni con un bien que hubiera estado bajo la guarda de las entidades públicas demandadas. En pocas palabras, el daño sufrido por los demandantes no es imputable a la demandada porque la actuación del agente estatal que intervino en su comisión fue ajena al servicio que prestaba y por lo tanto, sólo comprometió su esfera persona”.

143 FORSTHOFF, Ernst, Tratado de derecho administrativo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958, págs. 413 a 422. En ese sentido, Forsthoff señalaba que la “responsabilidad del funcionario obtuvo regulación jurídica unitaria y definitiva en el 839 BGB [...] La responsabilidad primaria, directa del Estado por infracciones del deber del cargo de los funcionarios fue introducida en Prusia por la ley de 1 de agosto de 1909 [...] La regulación halló termino en el art.131 de la Constitución de Weimar: “1) Si el funcionario viola en el ejercicio del poder público que le está confiado un deber propio de su cargo que le obliga frente a un tercero, la responsabilidad compete en principio al Estado o a la corporación a cuyo servicio se halla el funcionario, sin perjuicio de la que quepa exigir a éste. No puede excluirse la vía jurídica ordinaria [...] el art. 34 GG, que dice así: “Si en el ejercicio de un cargo público que le está confiado alguien viola un deber propio del mismo que le obliga frente a un tercero, la responsabilidad corresponde fundamentalmente al Estado o a la corporación a cuyo servicio se halle. En los casos de intención manifiesta o de negligencia grave, queda reservada la exigencia de responsabilidad personal [...] El primer supuesto para que se produzca la responsabilidad del Estado es una conducta delictiva del funcionario [...] La acción delictiva tiene que ser cometida “en ejercicio”, no sólo con ocasión del ejercicio del cargo. Esto significa que la acción no sólo tiene que estar en conexión de tiempo y lugar con el ejercicio del cargo, sino que intrínsecamente tiene que patentizarse como tal” [...] hay deberes del cargo que solamente tienen validez en el servicio interno de la Administración y otros que hacen referencia directa a los que están fuera de ella [...] no puede haber duda que las competencias de las autoridades se miden por el interés de terceros y que el deber de un ejercicio exacto de las propias facultades pertenece igualmente al orden interno de la administración [...] Lo práctico habría sido conceder la particular, de acuerdo con el 839 BGB en relación con el art. 34, una acción para exigir que el funcionario haga uso adecuado de sus facultades”.

144 Sección Tercera, sentencia de 15 de febrero de 1990, Exp. 5277.

145 Sección Tercera, sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp. 5451.

146 Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 1991, Exp. 6701.

147 Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 1991, Exp. 6701. “[...] porque si la administración puso al alcance de ese agente o funcionario el instrumento o el objeto propio del servicio que causó el daño, nada cambia si a esto se suma la conducta irregular de éste. El asunto aquí estudiado pone de presente esa concurrencia de sujetos responsables; y la responsabilidad personal que puede caberle al conductor no exonera a la administración, por el descuido o negligencia grave en que incurrió al no tomar las medidas para evitar la utilización del vehículo causante de la tragedia”.

148 Sección Tercera, sentencia de 2 de abril de 1992, Exp. 5645.

149 Sección Tercera, sentencia de 12 de junio de 1992, Exp. 6982. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 1993, Exp. 7905. “Olvida el a - quo que ese sólo hecho muestra ya un funcionamiento anormal del servicio. Ningún servicio público decente puede funcionar contando dentro de su personal operativo con sujetos que puedan, prevalidos de su autoridad y con armas y vehículos de dotación oficial, cumplir el papel de sicarios. Porque, si tal cosa sucede, el germen mismo de esa falla funcional estará precisamente enmarcado tanto en la culpa in vigilando como en la in eligendo. Elegir mal a los servidores públicos, o dejarlos actuar incorrectamente, es una falla del servicio. Como ya es una falla mantener en servicio a ciertos agentes que muestran, como sucedió aquí, unas hojas de vida no muy limpias. Cuando se habla de estas culpas, que su bien originalmente se predicaban del derecho privado, se reclama para el derecho público su real operancia, porque no se concibe un servicio público eficiente, acorde con el orden público, el interés general, manejado por personas deshonestas o fuera de la ley”.

150 Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 1992, Exp. 7123. “Tal como lo ha dicho la jurisprudencia, con el apoyo en la doctrina, el funcionario no deja de serlo porque esté en franquicia o en horas de descanso. No, él representa siempre a la entidad y su conducta privada no pude ser diferente a la que cumple en los horarios requeridos. Para hablar de falta personal del agente habrá que probar que el hecho no tuvo ninguna vinculación con el servicio, ni funcional, ni instrumental”. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 29 de marzo de 1993, Exp. 7173. “Si bien el hecho se cometió en horas fuera de servicio, no es razón suficiente para concluir que se trató de un hecho personal de los agentes que lo ejecutaron. En primer lugar, existía un vínculo que los ataba a la institución, y el ilícito se cometió mediante la invocación que uno de ellos hiciera de su condición de miembro de la policía nacional, pues esta calidad no se suspende cuando concluyen las horas de trabajo; por el contrario, es de orden permanente, con mayor razón si se prevale de esta investidura para desarrollar una actividad. La responsabilidad de la administración quedo comprometida; la vigilancia, el cuidado y el celo en la designación de las personas que prestan sus servicios en las fuerzas armadas, no solo se hace con el fin de prestar un servicio en las horas de trabajo, sino que van más allá; el personal queda comprometido con la institución por disposición de orden constitucional y legal”. La anterior jurisprudencia fue superada, entre otras, por la sentencia de la Sección Tercera de 21 de octubre de 1999 (Exps. 10948-11643): “El día de los trágicos hechos, el mencionado agente se encontraba gozando de un permiso que se le había concedido a partir de las 9 A.M. del 9 de marzo de 1994, y por un término de 24 horas, lo que significa que ese día no estaba en ejercicio de funciones propias del servicio. De tal circunstancia que está plenamente probada y de los medios probatorios allegados al expediente. la Sala deduce que en el sub judice, el daño es producto de una culpa personal del agente sin nexo con el servicio”.

151 Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 1992, Exp. 6524. La culpa personal por la pérdida de dineros se plantea en los siguientes términos en la sentencia de la Sección Tercera de 25 de julio de 1994, Exp. 8483: “No resulta coherente que un caso como el presente se juzgue como un evento de falla anónima del servicio, pues aquí la culpa personal del agente evidencia la falla del servicio. No puede admitirse la responsabilidad de la administración por la pérdida de dineros que estaban bajo su custodia y exonerarse al funcionario bajo cuya responsabilidad se encontraba dicha operación, simplemente con base en dos declaraciones que dan fe de su buena conducta anterior; como si el hecho no tuviera responsables; como si el dinero pudiera desaparecer por arte de magia, o como si la administración no tuviera dolientes. Aquí la responsabilidad de la Administración surge de la relación de causalidad existente entre el perjuicio recibido por el demandante y la actividad que ésta desarrolló. Pero esa responsabilidad no se deriva de un funcionamiento irregular del servicio, en el cual no se puede determinar la culpa de uno de sus agentes. Aquí dicha culpa está determinada y su naturaleza es grave; luego la responsabilidad personal del agente también resulta comprometida en los términos anteriormente indicados”.

152 Sección Tercera, sentencia de 16 de septiembre de 1999, Exp. 10922. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2005, Exp. 15914. “Ha dicho la Sala que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público. La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública. En el caso concreto, si bien es cierto que para la época en que ocurrieron los hechos José Elías Sánchez Pereira pertenecía a la Policía Nacional, de acuerdo con las pruebas no estaba prestando servicio. Y aun estándolo, no debe perderse de vista que la Sala ha estimado que son ajenas al servicio las actuaciones realizadas por los agentes que se hayan disponibles para su prestación, pero a quienes no se les haya ordenado realizar una labor determinada. La Sala aprecia, además, que ni en la motivación real del delito, ni en la exteriorización de su conducta, el agente de policía actuó prevalido de su condición de autoridad. El hecho de su pertenencia a la Policía Nacional resulta, para estos efectos, irrelevante al momento de evaluar su actuación. En efecto, no existe prueba que acredite el vínculo de los hechos enunciados con el servicio. En tal virtud, al no ser suficiente que el autor de las lesiones ostentase la condición de agente de policía cuando cometió el hecho punible, no hay lugar a declarar la existencia de vínculo entre el servicio y la actuación del agente responsable del delito. O lo que es igual, al quedar establecido que se trató de un acto personal de un agente sin vínculo alguno con el servicio, la entidad demandada no está llamada a responder por los daños sufridos por los demandantes”.

153 Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643 “En este entendimiento, la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las autoridades públicas en desarrollo del servicio público o en nexo con él, excluyendo la conducta personal del servidor público que, sin conexión con el servicio, causa un daño”. En relación son el servicio militar la Sección Tercera en la sentencia de 15 de junio de 2000 [Exp. 11330] consideró: “Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. El test de conexidad con el servicio fue acogido por la Sala en sentencia del 17 de julio de 1990, Exp. 5998. Las preguntas formuladas en ese test deben responderse de manera negativa en el caso concreto, a partir de las pruebas que obran el proceso, salvo que el hecho advino cuando el soldado causante del daño debía estar en la guarnición militar. Sin embargo, esa sola circunstancia no es suficiente para derivar responsabilidad en contra del Estado, pues como se advirtió en la misma sentencia, “si mínimo hay una respuesta afirmativa, el nexo con el servicio puede aparecer, debiéndose anotar que su aparición será más contundente en la medida en que el juez pueda responder afirmativamente a más preguntas [...] ello no quiere decir que siempre que el hecho ocurra dentro de cualquiera de aquellas especies o de ambas, necesariamente se vea comprometida la responsabilidad de la administración pero si resultara que el Juez, en primer término, tendrá mejores elementos de juicio para inferir que existió una falla en el servicio”. En síntesis, si bien el homicidio ejecutado por el soldado Gerson Agudelo ocurrió en horas en las que debía estar acuartelado, este hecho por sí sólo no significa que tenga vínculo con el mismo, dado que esta circunstancia no fue relevante en su comisión. En conclusión, a pesar de que el victimario tenía la calidad de soldado del Ejército Nacional cuando cometió el homicidio, esta sola circunstancia no obliga a la entidad demandada a responder por los daños causados por éste, pues su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio. En consecuencia, el hecho sólo le es imputable en forma exclusiva al agente causante del daño, sin que pueda atribuirse a la administración, razón por la cual ésta no puede ser obligada a su reparación”. En otro caso y con ocasión de la realización de un retén militar la Sección Tercera en la sentencia de 24 de noviembre de 2005 [Exp. 13305] consideró: “Se deriva entonces las circunstancias en que falleció el señor Emilio Medina Rozo y desapareció el señor Luis María Guerrero, siendo contundente la responsabilidad de la demandada por falla en el servicio, atendiendo a que se encuentra plena prueba de que el sargento Betancourth, al mando de otros soldados, en horas del servicio y ejerciendo actividades propias de sus funciones (retén militar), con elementos igualmente propios del Ejército Nacional, proporcionados para la defensa de la seguridad nacional y mantenimiento del orden público, contravino tales fines y destinó aquellos elementos a engañar a los conductores de las tractomulas y su escolta, quienes creyendo en la institucionalidad y autoridad que representaban tales elementos, se someten a una requisa que desafortunadamente los lleva a ser despojados de la mercancía que transportan y posteriormente a la muerte. Y no puede alegarse, como lo hace el apoderado de la parte demandada, que en el presente caso se rompe el nexo causal por culpa personal del agente, pues de lo expuesto, se deduce fácilmente que en la ocurrencia del hecho confluyeron elementos propios del servicio, tales como que fue perpetrado por agentes del Ejército Nacional (suboficial uniformado al mando de soldados de la institución), en horas del servicio, con material entregado para su prestación (armas y uniformes). Siendo claro entonces que tanto el hurto como el homicidio y la desaparición de los escoltas, respectivamente, advino en horas del servicio, con instrumentos del mismo, claramente por personas prevalidas de su condición de militares y, finalmente, que el homicidio se perpetra con el fin de evitar que fueran delatados como miembros de las fuerzas del orden, es evidente la relación con el servicio, por lo que se desechan los argumentos de la defensa tendientes a establecer una culpa personal del agente sin nexo con el servicio”. Puede verse: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 8 de junio de 2011, Exp. 20703: “El agente Fabián de Jesús López Goez, al momento de ocurrencia de los hechos no se hallaba en misión oficial, ni en prestación del servicio, lo que permite afirmar que en el presente caso se configuró una ausencia de imputación del daño debido a la culpa personal del agente. La anterior aseveración encuentra sustento en que la conducta irregular del agente constituyó la causa determinante y adecuada del daño, toda vez que al momento de la ocurrencia de los hechos el señor López Goez realizaba actividades que no tenían vinculación alguna con el servicio, era por completo ajeno al mismo, y actuaba simple y llanamente como persona privada, desprovisto de la condición y calidad del servicio. (...) para establecer los límites entre el nexo con el servicio y la culpa personal del agente, se deben analizar y valorar las particularidades de cada supuesto concreto, como quiera que el vínculo instrumental, funcional u ocasional, por sí mismo no compromete, la responsabilidad patrimonial del Estado. Lo anterior, en la medida que el test de conexidad establecido en la providencia del 17 de julio de 1990, Exp. Nº 5998, tal y como se puntualizó en anterior oportunidad, no conduce inexorablemente a dar por acreditada la obligación de reparación en cabeza de la administración pública, habrá que examinar en cada caso concreto la especificidad de las circunstancias en que se materializan los hechos. (...) en cada asunto específico se requiere estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos puesto que, a partir de ellas será que se define en qué casos se está en presencia de una culpa personal del agente o ante a un daño imputable al Estado. (...) En el caso sub examine, le asiste razón al a quo, al destacar que el daño tuvo origen en el ámbito privado, personal, aislado por completo del servicio, puesto que, de manera independiente a la condición de agente de la policía, es claro que Fabián de Jesús López Goez, al momento de los hechos estaba fuera de la Escuela de Policía, no medió la prestación o la intencionalidad del servicio público, se encontraba vestido de civil, y le ocasionó la muerte a John Fredy Duque Noreña, todo ello sin que existiera ningún tipo de nexo o vínculo con el servicio. De manera adicional, no se vislumbra el ánimo o la intención de que el resultado haya sido producto del servicio, sino que por el contrario, lo que se tiene por sentado es que la generación del daño tiene su origen y causa en un motivo personal de Fabián de Jesús López Goez. Por lo tanto, desde ningún ángulo puede atribuirse el daño en cabeza de la administración pública, como quiera que éste tiene su génesis en la culpa personal del agente”. Así mismo: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 22 de junio de 2011, Exp. 20718.

154 Puede verse Sección Tercera, subsección B, sentencia de 25 de mayo de 2011, Exp. 19419.

155 Sección Tercera, subsección C de la Sección Tercera en la sentencia de 7 de febrero de 2011, Exp. 19038. Puede verse: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 21 de noviembre de 2013, Exp. 27983. “[...] Así las cosas y en consideración a la jurisprudencia citada de la Sección Tercera, se concluye frente al test de conexidad que no hay prueba mínima directa o indirecta que el Agente de la Policía (activo) para el momento de los hechos estaba cumpliendo órdenes oficiales, se hallaba en desempeño de sus funciones y tampoco hay prueba que portaba uniforme o distintivo alguno que lo identificara como miembro de la Policía Nacional, ni que el vehículo (motocicleta) en que supuestamente se desplazaba llevara los distintivos de la entidad o que el ilícito hubiere sido cometido con el arma oficial asignada al agente sin que exista ninguna anotación de novedad, por lo tanto, no se logró materializar ni fáctica, ni jurídicamente la imputación. Finalmente, frente al mencionado test, hay otro gran elemento consistente en el nexo inteligible, debe tenerse en cuanta que éste igualmente se compone de un elemento intencional, que tiene lugar cuando el agente estatal obra con la intención de cumplir sus funciones, bien sea dentro del tiempo de servicio o por fuera de él, y, por último, el elemento de influencia del servicio, que tiene lugar en los eventos de la persona, esto es, el agente estatal, realiza una actividad bajo la influencia de la función pública, casos en los cuales los funcionarios pueden obrar con culpa grave o dolo, sin que ello implique la exoneración de la entidad pública sino, simplemente, ha de entenderse que se configuró una falla en el servicio público (función pública). Cuando se presenta alguno de estos dos elementos del nexo inteligible, se considera siempre que la conducta del servidor obliga al Estado. Es decir que cuando el servidor obró, obró el Estado. Estos elementos son indicativos necesarios de que la conducta del servidor tiene nexo con la función y, en consecuencia, le es imputable al Estado el daño antijurídico que con ella se haya causado por lo que la administración deberá responder”.

156 Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, Exp. 14951. “De acuerdo con la prueba de balística, puede afirmarse que el daño sufrido por el demandante fue causado por un agente de la Policía Nacional que se encontraba vestido de civil; asimismo, quedó demostrado que la conducta no se realizó con arma de dotación oficial ni fue cometida mientras se encontraba prestando el servicio; en estas circunstancias, queda por saber si fue cometida por el agente Cortés prevaliéndose de su investidura de agente estatal, o motivado por tal condición. En el recurso de apelación, la parte actora sostiene que la disponibilidad en la que se encontraba el agente, entre otras circunstancias, constituyó, una falla en el servicio. En diferentes oportunidades, esta Sala se ha pronunciado sobre el turno de disponibilidad de los agentes de policía, señalando que la definición que hace el artículo 3 del Reglamento de Servicios de Guarnición para la Policía Nacional del vocablo “disponible”, permite concluir que “el agente de la Policía que se encuentra disponible está en servicio activo, pero no tiene señalada una función específica, la cual, sin embargo, puede serle asignada en cualquier momento”.Así mismo, se precisó que, en tanto no se ordene al Agente desarrollar una labor específica, “no cumplirá funciones propias del servicio, y sus actuaciones, por lo tanto, no vincularán al Estado, a menos que existan elementos adicionales que permitan considerar que su conducta tiene un nexo con el servicio respectivo”. En este caso, se observa que, de acuerdo con la Minuta de Vigilancia de la Policía Metropolitana, el agente Cortés Pérez se encontraba en turno de disponibilidad el 1º de enero de 1995; sin embargo, dicho documento no acredita que al mencionado agente se le hubiese asignado una función específica en el lapso de tiempo de ese turno de disponibilidad; por esa razón, no se puede alegar que, en virtud de la disponibilidad, las actuaciones del agente vinculen al Estado. En segundo lugar, el apelante afirma que el Agente Cortés actuó ante el llamado que le realizó la comunidad, en virtud de su calidad de agente de la Policía”.

157 Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, Exp. 5383. “No puede olvidarse que los agentes estatales —servidores públicos en general— son personas investidas de esta calidad pero que conservan la responsabilidad de su desempeño en su esfera individual, dentro de la cual actúan como cualquier particular y pueden cometer infracciones y delitos comunes, sin relación alguna con su calidad de funcionarios; en estos casos, resulta inadmisible que, por el simple hecho de ser empleados suyos, tenga el Estado el deber de asumir la responsabilidad por las actuaciones de aquellos, sin discriminarse en qué circunstancias se produjeron y dejando de lado el hecho de que se trata de personas racionales con libre albedrío y discernimiento, que no se limitan a ejecutar un servicio público sino que cuentan con otras dimensiones en sus vidas en las que cumplan actos que producen consecuencias”.

158 Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, Exp. 15383.

159 Sección Tercera, subsección C, sentencia de 24 de marzo de 2011, Exp. 17993.

160 Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, Exp. 16927.

161 “[...] Se inspecciona un (1) arma de fuego tipo revolver [sic] de puño, calibre 38 largo, marca Llama, modelo CASSIDY, fabricación original Colombiana [sic], funcionamiento por repetición, con capacidad de carga para seis (6) cartuchos en su tambor, en su base metálica de la empuñadura presenta el número de serie IM0255J, al lado izquierdo de la caja de los mecanismo [sic] presenta las letras “DAS”, de acabado superficial pavonado en regular estado de conservación, presenta cachas en madera color café, su cañón tiene una longitud 10.2 centímetros, presenta seis (6) estrías con sentido de rotación derecha; se constató que sus partes de mecanismo [sic] de disparo se encuentran en buen estado de funcionamiento, y conservación, no presenta modificaciones, adaptaciones ni dispositivos especiales. Seguidamente se inspeccionan tres (3) cartuchos tipo proyectil único calibre 38 largo, con vainillas de forma cilíndricas elaboradas en latón; dos (2) de los cuales presentan proyectiles de forma cilíndrica y uno (1) de forma cilindro-ojival, elaborados en plomo desnudo, percusión central, fabricación original Colombiana [sic], fulminantes sin percutir, en su base presentan la marca “INDUMIL 38 SPECIAL”, y no presentan deformaciones. Por último se inspeccionan tres (3) vainillas de forma cilíndrica elaboradas en latón, calibre 38 largo, percusión central, en su base presentan las marcas “INDUMIL 38 SPECIAL” y “WWCC71”, fulminantes percutidos y no presentan deformaciones. Se conceptua [sic] que el arma materia de estudio se encuentra apta para disparar cartuchos calibre 38 largo y compatibles; además cumple con las características establecidas en el literal A del artículo 11 del Decreto 2535 de 1993, para ser clasificada como arma de defensa personal. El arma munición y elementos inspeccionados se dejan a disposición del funcionario instructor para lo que estime pertinente” [fl. 33 anexo].

162 “[...] me permito solicitar al despacho que usted dirige, la entrega del arma de Propiedad [sic] del Departamento Administrativo de Seguridad, de las siguientes características:

ClaseRevólver 

MarcaLlama 

Calibre38 largo 

Número originalIM0255J 

Cañón2 pulgadas 

AcabadoPavonado 

Recamaras6 

CachasMadera 

ContramarcaDAS 

Conocedores de la situación jurídica en que se encuentra el funcionario JACOB MANUEL PALOMO PACHECO y el estado de la investigación de antemano le informamos que el arma estaría depositada en el Almacén de esta Seccional, debidamente embalada y con la seguridad debida a su disposición” [fl. 150 cdno. 1].

163 “cuando los vimos fue discutir y se fueron a los golpes, luego cuando llega MANUEL con la novia porque vio a la cuñada RUBI, yo llegué a apartar la pelea y luego llegó MANUEL, cuando llegó en el rebuluto [sic] JHONY GUERRERO se le tiró a MANUEL que esta separandolos [sic] y luego le quitó el arma, yo estaba detrás de JOHNY cuando él disparó, tres veces y luego MANUEL forzajeó [sic] el revólver y se lo logró quitar, yo procedí contra JOHNY tirandole [sic] piedra porque vi a mi tío herido [...] PREGUNTADO: Díganos si el funcionario del DAS JACOB MANUEL PALOMO PACHECO llegó apartar a las personas o llegó con revólver en mano. CONTESTO: No, él llegó a apartarlos, en ningún momento él sacó arma. PREGUNTADO: Díganos si el señor PALOMO se identificó como funcionario del DAS en el momento de la discusión. CONTESTO: El [sic] se identificó cuando ya agarraron a JOHNY, cuando lo agarró MANUEL y yo, él dijo que lo dejara quieto que se lo llevaban preso, le dijo a la gente que lo dejaran que él era Agente [sic] del DAS entonces dijo que llamaran la Policía; la Policía llegó, le quitaron el revólver a MANUEL y él se identificó con una placa, a JOHNY lo esposaron y yo también me fui a declarar en contra de él” [fls. 78 a 80 cdno. 1].

164 “PREGUNTADO: Díganos si el señor JACOB MANUEL PALOMO PACHECO al momento que llegó donde estaba la pelea, éste se identificó como funcionario del DAS. CONTESTO: No, él llegó a evitar la pelea pero no me di cuenta si se identificó”.

165 “Cuando se formó la pelea Manuel pasó la Avenida y no sé como [sic] se dejó quitar el arma, hicieron los tiros, Jhonny cogió el revólver e hizo los tiros, los heridos fueron Daniel y Carrillo”.

166 “[...] HECHOS: Hoy siendo las 21:40 horas recibi [sic] una llamada telefónica en la guardia de la seccional por parte del detective agente 208-06 JACOB MANUEL PALOMO PACHECO informándome que se encontraba detenido en la policia nacional [sic] a raíz de un problema que se habia [sic] presentado. De inmediato me traslade´[sic] hasta el comando de la policia [sic] oficina de contravenciones de la SIJIN, donde me entreviste´[sic] con el detective PALOMO manifestándome que en la avenida SIMON BOLIVAR con calle 27 ESTADERO EL PAVO en compañía de una amiga estaba cenando cuando de repente se le acerco´[sic] un individuo despojándolo de su arma de dotación oficial e hiriendo al señor DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ residente en la calle 25 Nº 18D-46 barrio PRIMERO DE MAYO quien recibio´[sic] un impacto a la altura del torax [sic] siendo recluido en la clinica [sic] SANTA ISABEL de esta ciudad y a otra persona de quien se ignora hasta el momento su identidad. Ante esta situación el detective logro´[sic] aprehender al agresor siendo identificado como JHONY GUERRERO OROZCO cc 77.026.968 de VALLEDUPAR residente en la calle 25 número 18ª-30 barrio SIMON BOLIVAR de esta ciudad, entregándolo al cabo primero de la policia nacional [sic] RICARDO LÓPEZ PALACIOS quien conocio´[sic] el caso trasladándolo hasta el comando policial junto con el funcionario comprometido y su arma de dotación oficial revólver marca LLAMA calibre 38 largo número IM0255J” [fl. 145 cdno. 1].

167 “[...] PERMITOME INFORMAR 29 CORRIENTES 21:00 HORAS APROXIMADAMENTE JACOB MANUEL PALOMO PACHECO C.C. 78.744.621 MONTERIA DTVE AGENTE 208-06 ADSCRITO ESTA CUANDO ENCONTRABASE ESTADERO EL PAVO UBICADO CRA 18D CON CALLE 27 BARRIO SIMON BOLIVAR ESTA [sic] FUE DESPOJADO DE SU ARMA DOTACION OFICIAL REVOLVER MARCA LLAMA CALIBRE 38 LARGO no. IM0255J POR JHONY GUERRERO OROZCO C.C. 77.026.968 VALLEDUPAR HIRIENDO CON LA MISMA A DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ A LA ALTURA DEL TORAX QUIEN FUE RECLUIDO CLINICA SANTA ISABEL ESTA Y OTRA PERSONA NO IDENTIFICADA EN EL MISMO LUGAR punto FUNCIONARIO LOGRO APREHENDER AL AGRESOR Y RECUPERAR SU ARMA DOTACION OFICIAL HACIENDO ENTREGA DE LOS MISMOS A MIEMNBROS [sic] POLICIA NACIONAL QUIENES SE APERSONARON CASO [...] INICIOSE INDAGACION PRELIMINAR FIN VERIFICAR HECHOS y ESTABLECER RESPONSABLES” [fl. 146 cdno. 1].

168 “El día 19 de agosto del año en curso cuando me encontraba nombrado en la orden del día interna de la Seccional, para prestar servicio de inspector diario, siendo las 21:30 horas aproximadamente, recibí una llamada telefónica a la guardia de la Seccional, por parte del Detective Agente JACOB MANUEL PALOMO informandome [sic] que se encontraba en las instalaciones del Comando de Policía de esta ciudad, a raíz de un problema que había tenido, en vista de lo anterior me desplacé en asocio del conductor de servicio DANIEL EMIRO LEMUS ANGARITA y el Detective GILBERTO ZULUAGA, con destino al Comando de la Policía, entrevistandome [sic] allí con un Cabo de esa Institución RICARDO LÓPEZ PALACIOS, quien me informó que el Detective PALOMO había tenido un problema en el senadero [sic] El Pavo ubicado en la avenida Simón Bolívar con calle 27 de esta ciudad, posteriormente de acuerdo al testimonio del funcionario JACOB PALOMO, éste me manifestó que se encontraba en dicho senadero [sic] en asocio con una amiga y de insofacto [sic] se le acercó despojandolo [sic] de su arma de dotación oficial e hiriendo a dos personas, luego ante estos hechos el Detective logró aprehender al agresor, interviniendo en ese momento la patrulla de la Policía al mando del Cabo ya mencionado, quien lo condujo junto con el agresor y el arma de dotación hasta las dependencias de la Policía para la respectiva investigación”.

169 “[...] PREGUNTADO: Díganos si usted sabe cuál fue la razón del problema de esa noche. CONTESTO: No se porque [sic] cuando se formó la pelea yo estaba alfrente [sic], yo no se porque [sic] fue el problema, mi hermana me dijo que PALOMO estaba separando a los dos y JOHNY le sacó el revólver a PALOMO [...]”.

170 “[...] Que el señor JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, identificado con Cédula de Ciudadanía 78.774.621 expedida en Montería, Detective 208-06, Carné 3404, es miembro activo de esta Institución, adscrito a la Seccional DAS Cesar; para el día 29 de agosto de 1999, estaba asignado al servicio de seguridad personal d el [sic] señor Alcalde Mayor de Valledupar, para lo cual se le dotó del arma Revólver marca Llama calibre 38 largo, número original IMO255J, cañon [sic] 2” y 12 cartuchos para la misma, de propiedad del Departamento Administrativo de Seguridad, con Permiso para Porte Número P0140109”.

171 “[...] Con base en el Informe suscrito por el inspector diario de Turno el 29 de agosto fechado el mismo día, ábrase Indagación Preliminar en contra del Servidor Público JACOB MANUEL PALOMO PACHECO C.C. 78.744.621, Detective Agente 208-06, Carné 3404, por los hechos ocurridos frente al Estadero EL PAVO de la Calle [sic] 27 con Avenida Simón Bolívar en que resultara herido el Señor DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ” [fl. 144 cdno. 1].

172 “[...] se procede a dar inicio a la presente Indagación Preliminar contra el funcionario JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, Detective Agente 208-06, identificado con la C.C.78.744.621 de Montería, funcionario adscrito a esta Seccional al Grupo de Protección, en relación sobre los hechos sucedidos el el [sic] día 29 de agosto de 1999 a las 21 hora [sic] aproximadamente en la Avenida Simón Bolívar en el estadero “El Pavo”, ubicado en la Cra. 18D calle 27 de esta ciudad, donde resultara herido el particular DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ y otros, con arma de fuego que portaba el señor PALOMO PACHECO de dotación, y que al parecer le fue despojado [sic] por el señor JHONY GUERRERO OROZCO, C.C.77.026.968 de Valledupar, donde luego aparecieron Agentes de la Policía Nacional apersonandose [sic] de la situación, los cuales se lo llevaron al Comando de la Policía Nacional al igual que el revólver de dotación oficial marca Llama calibre 38L No.IM0255J, a fin de establecer y verificar la ocurrencia de los mismos, los móviles y demás circunstancias y si esta conducta es constitutiva de falta disciplinaria, identificación e individualización de funcionarios que hayan participado en ella” [fl. 153 cdno. 1].

173 “[...] Bajo la gravedad del juramento, me permito dejar a disposición de ése despacho, al ciudadano quien se identifico [sic] como JHONNY GUERRERO OROZOC [sic], C.C.77’026.968 [...] JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, C.C.78’744.621 [...] ocupación funcionario del DAS Valledupar [...] y el arma de fuego tipo revolver [sic], marca llama cassidy, calibre 38 largo, empabonado [sic], número externo IM-0255J, de propiedad del D.A.S., con tres cartuchos y tres vainillas.
HECHOS: Ciudadanos en mención fueron aprehendidos día hoy 290899, siendo las 21:45 horas, en la Kra.18D con Clle. [sic] 17 frente al sitio abierto al público de razón social donde Toño, en momento en que me desplazaba para mi residencia en traje de uniforme, fuí [sic] requerido por varios ciudadanos que se encontraban cerca al lugar de los hechos, manifestándome que donde se encontraba el tumulto de personas (DIRECCION ANTES DESCRITA), habián [sic] herido dos personas un sujeto, procediendo yo a dirigirme inmediatamente hasta donde se encontraba el grupo de personas, pudiendo observa [sic] cuando el segundo de los mensionados [sic] portaba en su mano derecha el arma de fuego antes relacionada y con la mano izquierda traía sostenido por la pretina del pantalón que argaba [sic] puesto en ésos moentos [sic] al primero de los nombrados, procediendo yo inmediatamente a solicitarle que me entregara el arma negándose este a entregármela, procediendo yo inmediatamente a sostenérsela por la parte arriba del entre [sic] la manzana y el monte o gatillo, manifestándome este ciudadano que el [sic] era funcionarios [sic] del DAS, sacando su identificación, (PLACA NRO. 3404), y fué [sic] en ése mismo instante cuando llego [sic] el apoyo (PERSONAL INTEGRA PATRULLA REACCION UNO), y me ayudarón [sic] a quitarle el arma a esta persona, manifestándonos el señor JACOB, que aprehendieramos a el [sic] señor JHONNY GUERRERO OROZCO, haciéndonos entrega del mismo, a la vez que os [sic] informaba que este ciudadano en el día de hoy 290899, siendo como las 21:30 horas el [sic] se encontraba tomando los alimentos frente al estadero TOÑO, en compañia [sic] de su novia de nombre YORJANIS LÓPEZ MIRANDA, de 17 años [...] y estando allí, se presento [sic] una riña en el citado lugar, observando el [sic] cuando la señora NUBIA MIRANDA VERGARA, gritaba y en vista de que esta ciudadana tiene parentesco (HERMANA) de su novia, procedió a crusar [sic] la acera para ver que sucedía, observando el [sic] cuando el señor DANIEL PEREIRA, esposo de la señor [sic] NUBIA, estaba peleando con otro ciudadano, procediendo el [sic] inmediatamente a intervenir, tratando de desapartar a estas personas, y fué [sic] allí cuando en un descuido de el el el [sic] primero de los mencionados, le saco [sic] el arma de fuego antes descrita, la cual el [sic] portaba enpretinada [sic] en la cintura lado derecho, realizando varios disparos contra la humanidad del señor DANIEL FERREIRA, causandole [sic] herida tambien [sic] a otro ciudadano, en vista de lo narrado por esta persona, procedimos a aprehender a estas personas, trasladándolas inmediatamente hasta la unidad de judicialización, donde se les dió [sic] a conocer los derechos del capturado y se le realizó la respectiva acta de incautación de la citada norma.

Ya teniendo controlada la situación, procedimos a trasladarnos hasta el Hsopital Rosario Pumarejo de Lopez [sic], donde se encontraba recluido uno de los heridos, el cual corresponde al nombre de FRANCISCO CAMILLA, de profesión bonbero [sic] estación de servicio novalito, si mas [sic] datos, el cual presenta una herida en el pecho a la altura del torax [sic] y una en el brazo izquierdo producida con arma de fuego, trasladandonos [sic] posterior mente [sic] hasta la unidad médica santa Isabel, donde se encontraba el otro ciudadano herido, el cual opresenta [sic] una herida en el pecho a la altura del torax [sic], con orificio de ssalida [sic] en el intercostal derecho, manifestando uno de los familiares de esta [sic] ciudadano, que este responde al nombre de DANIEL FERREIRA PÉREZ [...]. 

Informo a ésa autoridad que al momento de trasladar hasta la unidad de judicialización a las personas que estamos dejando a su disposición, se presentarón [sic] los ciudadanos LUIS CAMILO HINOJOSA PEREIRA [...] TOM ROBERTH GUTIERREZ BOHORQUE [...] manifestando que ellos eran testigo [sic] de los hechos, de lo cual no se pudo recepcionar la respectiva declaración por el estado de embriaguez en que se encontraban; de igual forma se pudo establecer que al momento de suceder los hechos se encontraban presente [sic] los señores VICTOR OROZCO [...] NAPOLEON ZULETA [...] y MIRIAN REYES [...] la cual es l [sic] propietaria del establecimiento donde sucedierón [sic] los hechos. Heridos se encuentran recluidos en la [sic] unidades médicas donde fuerón [sic] remitidos. Caso conocido por el señor Subintendente GIRALDO MANZANO GEINER [...]” [fls. 1 y 2 anexo]. 

174 “[...] Estabamos [sic] tomando DANIEL PEREIRA, la mujer NUBIA MIRANDA y yo otro amigo de nombre TOM GUTIERREZ, estabamos [sic] primero donde mi abuela que vive en el Primero de Mayo de nombre ISABEL PÉREZ y luego nos trasladamos al estadero EL PAVO a seguir bebiendo, luego mi tío se para para [sic] el otro estadero de nombre EL TOÑO, donde se encontraba el señor JHONY GUERRERO, NAPOLEON y otro señor, el tío mio [sic] fue a convidarlo a jugar dominó y cuando los vimos fue discutir y se fueron a los golpes, luego cuando llega MANUEL con la novia porque vio a la cuñada RUBI, yo llegué a apartar la pelea y luego llegó MANUEL, cuando llegó en el rebuluto [sic] JHONY GUERRERO se le tiró a MANUEL que esta separandolos [sic] y luego le quitó el arma, yo estaba detrás de JOHNY cuando él disparó, tres veces y luego MANUEL forzajeó [sic] el revólver y se lo logró quitar, yo procedí contra JOHNY tirandole [sic] piedra porque vi a mi tío herido [...]PREGUNTADO: Según la declaración del señor JOHNY GUERRERO nos manifiesta que su tío DANIEL PEREIRA PÉREZ le sampa una cachetada y lo tira al suelo y así mismo esta declaración la corrobora la señora NUBIA ESTHER MIRANDA VERGARA, entonces porque [sic] razón dice usted que él no cayó al suelo. CONTESTO: El tío mio [sic] si le mete la cachetada pero él no cae al suelo [...].

175 “No yo me encontré con ellos en la esquina y ellos cruzaron la avenida a comer y nosotros seguímos [sic] para el negocio [...] Yo me encontré con MANUEL en la esquina y nosotros estabamos [sic] sentados en el estadero, depronto [sic] se paró DANIEL y se va al negocio de al lado, no se a qué se fue y cuando yo lo vi fue que estaba discutiendo con el muchacho JOHNY entonces yo me acerqué también a DANIEL para evitar que no fuera a pelear”.

176 “cuando Daniel se para de la mesa de [sic] va al Estadero de al lado llegó a la mesa donde estaba Jhonny y otros señores, ellos se fueron de palabras, no sé porque [sic] discutían, cuando vi fue que se formó la pelea entre Daniel y Jhonny,”.

177 “y sucede que el señor Jhony Orozco me agrede a palabras y así nos fuimos a los puños”.

178 “comer me he parado yo a saludar unos compañeros del hermano mio [sic] que trabaja en CICOLAC llamado NAPO lo conozco por NAPO, el cual estaba sentado con JHONY GUERRERO que fue él [sic] que me agredió, yo llegué a saludarlo y como no saludé a JHONY GUERRERO se ma [sic] alzó y comenzó a agredirme con palabra y en esa agresión yo le respondi [sic] también con palabras, él se paró y nos empezamos a dar puños”.

179 “El 29 de agosto de 1999 salí del trabajo a las tres de la tarde. Hay un sitio en la Avenida Simón Bolívar me senté un rato solo en una mesa, me tomé unas cervezas cuando llegó El Cochi, dijo unas palabras con Jhony, salieron de problemas de ahí se vino con el muchacho del Das que estaba al frente, sacó el arma y cuando la saca Jhony al ver él llegó [sic] y se le fue encima y de ahí en el forcejeo salieron los tiros,

180 “en cosas de segundo llegó DANIEL PEREIRA PÉREZ, el muchacho que está herido, llegó a la mesa donde yo estaba, llegó solo, habla con NAPOLEON ZULETA que trabaja en Cicolac y VICTOR OROZCO es un señor pensionado de la Zona de Carretera, después comienza a tirarme satiras [sic] DANIEL PEREIRA y discutimos, me dio una cachetada, es cuando me voy al suelo y se me tira encima y me ataca LUIS CAMILO HINOJOSA y otro, me estaba dando golpes, el señor PEREIRA estaba sobre mi dandome [sic] golpes y patadas que me dieron en diferentes partes del cuerpo. En este momento el declarante se quita la camisa y nos presenta las heridas que tiene en la espalda, en el hombro izquierdo parte superior, en la parte de atrás del oído izquierdo, en la posición que yo estaba me tenían como un balón”.

181 “nos fuímos [sic] para “Los Manglares”, un establecimiento público; ahí estaba el señor NAPOLEÓN ZULETA; compramos otra botella; de ahí los compañeros ALEX, y FREDYS, se fueron, y quedé con VÍCTOR OROZCO Y NAPOLEÓN ZULETA, unos señores de edad; y al cabo ratico que se fueron los muchchos [sic]; llegó el muchacho de apellido PEREIRA, que está en la clínica; se sentó en la mesa, y me quedó mirando de una manera extraña, y sin conocer yo el motivo me metió una cachetada, y nos fuimos a unos puños, y me cayeron como tres (3) personas, a uno lo distingo de cara; yo me caí bocarriba, y PEREIRA, se me tiró encima dandome [sic] golpes, y los otros me dieron una serie de patadas como si fuera un saco, aquí me dieron un golpe, otro acá, y mire como tengo la espalda. En estos momentos el indagado muestra en la parte de atrás de la oreja izquierda un [sic] escoriación e hinchadura [sic]; así mis, [sic] una hinchazón en el parietal lado izquierdo; escoriaciones y hematomas en la espalda; escoriación en la parte superior del hombro lado izquierdo; escoriación y hematoma en la parte externa del brazo izquierdo a la altura del codo; hematoma en la pierna derecha y escoriación en la rodilla izquierda. Igualmente manifiesta sentir dolores en todo el cuerpo”.

182 “[...] En la tarde estabamos [sic] sentado ahí, JHONNY GUERRERO, NAPOLEÓN ZULETA, VICTOR OROZCO, estabmos [sic] en la puerta de un negocio donde venden cervezas, nosotros estabamoa [sic] ahí sentados tomándonos unos traguitos. Enel [sic] momento de estar allí se presentó el señor, se presentó un señor [sic], él se la dedicó a JHONNY insultándolo y ahí en el momento lo cargó a cachetadas, JHONNY se paró fuertemente, porque en el moemnto [sic] se agarraron, viene un grupo de compañeros como tres o cuatro tipos y le cayeron a JHONNY y lo cogieron y lo echaron ahí abajo, el uno le daba por un lado, por el otro yo en el momento iba a evitar uy [sic] no me dejaron, me pagaronun [sic] empellon [sic] y ellos encima del muchacho; lo cogieron, lo rodaron para alla [sic] porq [sic] ueeran [sic] bastante y ahí en esa batalla se presentó un señor con un revlver [sic] en la mano y todos cayeron encima de JHONNY del compañero mio [sic] [...] Es de apellido PEREIRA, el SEÑOR PEREIRA, ese fue el que se acerc’o [sic] a JHONNY [...] Debajo de todos esos que los tenían [sic], debajod [sic] el sñor PEREIRA y como cuatro que tenia [sic] encima y estaba también el del revólver, él tenía, lo estaban ahorcando”.

183 “El [sic] cuando yo mire [sic] a la cantinera él tuvo unas palabras con JHONNY GUERRERO pero él vino en tono de provocaciona [sic] JHONY GUERRERO, él me apartó a mí, el señor PEREIRA y apartó a VICTOR OROZCO, o se [sic] que nos apartó a los dos, me ha cogido, como el [sic] es un mucahcho [sic] joven tiene bastante fuerza a pesar que JHONNY GUERRERO es un tipo tambien [sic] jovenpero [sic] tiene menos potencia que él, lo ha cogido por el pescuezo y lo ha tirado hacia abajo. Lo estaba ahorcando, pero yo traté por todos los medios de desapartarlos poerque [sic] los dos son amigos mios [sic], todos dos; el pleito que se estaba dando entre ellos dos hubiera quedado ahí porque ya los habíamos separados [sic], más hacia fuera del negocio volvió a empuñar el mismo muchacho PEREIRA a JHONNY GUERRERO otra vez”.

184 Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 24392.

185 “Las reglas de la experiencia, y la práctica científica han determinado que en la generalidad, cuando se está ante la pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que genera el proceso de duelo. Razón por la cual la Sala reitera la posición asumida por la corporación en la sentencia de 17 de julio de 1992 donde sobre el particular, y con fundamento en la Constitución, se analizó el tópico, así: “En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2º., señala que Colombia como Estado Social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica (sic) y la vigencia de un orden justo. “Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.” Y agrega que “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes”. (Subrayas fuera de texto). “La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza de la especial protección del estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de la familia, como aquellos parientes próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del C.C., que es del siguiente tenor: “En los casos en que la Ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue: “1º. Los descendientes legítimos; “2º. Los ascendientes legítimos; “3º. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o este a falta de descendientes o ascendientes legítimos; “4º El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1º, 2º y 3º; “5º. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1º, 2º, y 4º; “6º. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores; “7º Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados. “Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a la potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos”. “También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen como familia nuclear, esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el artículo 874, ordinal 3º ibídem, que reza: “La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aún (sic) cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución.” “La familia para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio. “Así las cosas, la corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales. “Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien”. Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008, Exp. 18586.

186 “4.2. Amparada en la doctrina especializada, también la jurisprudencia constitucional ha señalado que el surgimiento de la familia se remonta a la propia existencia de la especie humana, razón por la cual se constituye en “la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre”. Bajo esta concepción, la familia es considerada un “presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo que entraña para éste la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la estructura familiar, ya que ‘[e]s la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desordenes que allí tengan origen”. 4.3. En Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no acogió la propuesta formulada por el Gobierno de asignarle a la familia un alcance puramente asistencial y se decidió, en cambio, por reconocerle el carácter de pilar fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la primacía de los derechos inalienables de la persona humana y elevando a canon constitucional aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y amparo. De este modo, la actual Carta Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia como una institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual debe ser objeto de protección especial. 4.4. En efecto, el derecho internacional, en las declaraciones, pactos y convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales y culturales, se refiere a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad” y le asigna a los estados y a la sociedad la responsabilidad de protegerla y asistirla. Tal consideración aparece contenida, entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16), en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica— (art. 17); los cuales se encuentran incorporados a nuestro derecho interno por haber sido suscritos, aprobados y ratificados por el Estado colombiano. 4.5. Bajo ese entendido, en nuestro país el régimen constitucional de la familia quedó definido: (i) en el artículo 5º de la Carta, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral. 4.6. En concordancia con ello, el artículo 42 de la Constitución consagró a la familia como el “núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos, esto es, “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Ello permite advertir que en el orden constitucional vigente, no se reconocen privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen. Así, tanto la familia constituida por vínculos jurídicos, es decir, la que procede del matrimonio, como la familia que se constituye por vínculos naturales, es decir, la que se forma por fuera del matrimonio o en unión libre, se encuentran en el mismo plano de igualdad y son objeto de reconocimiento jurídico y político, de manera que las personas tienen plena libertad para optar por una u otra forma de constitución de la institución familiar. 4.7. Conforme con el alcance reconocido a la familia, el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado el deber de garantizar su protección integral, al tiempo que le asigna a la ley la función de regular, por una parte, las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo; y por la otra, lo referente a los efectos civiles de los matrimonios religiosos y de las sentencias dictadas por las autoridades religiosas que declaren su nulidad, así como también lo relacionado con la cesación de los efectos civiles de todos los matrimonios a través del divorcio. 4.8. La protección integral de que es objeto la institución familiar, cualquiera que sea la forma que ella adopte, es recogida y prodigada por la propia Constitución mediante la implementación de un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer su importancia en el contexto del actual Estado social de derecho y hacer realidad los fines esenciales de la institución familiar, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los hijos. Tal como lo ha destacado esta corporación,[5] ese ámbito de protección especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos”. Corte Constitucional, C-821 de 9 de agosto de 2005.

187 “Se discute igualmente en relación con el contenido y alcance de las medidas constitucionales de protección de la familia. En efecto, aquéllas se manifiestan en la necesaria adopción de normas legales, de actos administrativos, así como de decisiones judiciales, medidas todas ellas encaminadas a lograr y preservar la unidad familiar existente, al igual que brindar una protección económica, social y jurídica adecuada para el núcleo familiar. Estos son los propósitos, o la razón de ser de las normas jurídicas y demás medidas de protección previstas por el ordenamiento jurídico. Así mismo, se presenta una controversia acerca de si la familia puede ser considerada, en sí misma, un derecho fundamental o uno de carácter prestacional. De tal suerte que las medidas de protección de aquélla pueden ser comprendidas de manera diferente, dependiendo de si se entiende que familia es un derecho fundamental (de primera generación), o si, por el contrario, se ubica como un derecho de contenido prestacional. En efecto, si se entiende que “familia” es un derecho prestacional, entonces el Estado, según las condiciones económicas podrá establecer mayores o menores beneficios que proporcionen las condiciones para que las familias puedan lograr su unidad, encontrándose protegidas económica y socialmente. De igual manera, entraría a aplicarse el principio de no regresión, pudiéndose, en algunos casos, excepcionarse. Por el contrario, si se comprende a la familia en términos de derecho fundamental, entonces las medidas estatales relacionadas con aquélla serán obligatorias, no pudiendo alegarse argumentos de contenido económico para incumplirlas, pudiéndose además instaurar la acción de tutela para su protección. Finalmente, la tesis intermedia apunta a señalar que la familia como institución debe ser protegida por el Estado, en cuanto a la preservación de su unidad y existencia, presentando en estos casos una dimensión de derecho fundamental; al mismo tiempo, otros elementos, de contenido económico y asistencial, se orientan por la lógica de implementación y protección propia de los derechos prestacionales. En suma, de la comprensión que se tenga del término “familia” dependerá el sentido y alcance de los mecanismos constitucionales de protección”. Corte Constitucional, Sentencia T-572 de 26 de agosto de 2009.

188 Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 24392.

189 “[...] “Si se que Arcadio vive con su compañera que se llama Alcira Ferreira con quien tiene tres hijos, ellos viven aparte de la mamá de él [sic], siempre lo he visto viviendo con ella” [...]”.

190 “[...] “Si Arcadio vive con su compañera que se llama Alcira Ferreira tiene tres hijos, ellos viven en casa aparte de la mamá de él [sic], siempre ha viviendo [sic] con ella” [...]”.

191 ““Arcadio vive con su compañera que se llama Alcira Ferreira tienen tres hijos, siempre los he visto vivir juntos, tienen unos hijos grandes, la niña ya es una señorita” [...]”.

192 “[...] “Arcadio vive con Alcira Ferreira tienen tres hijos, siempre los he visto vivir juntos toda la vida, no se han separado, viven arrendado” [...]”.

193 “[...] “Arcadio vive con Alcira Ferreira tienen tres hijos, siempre han vivido juntos toda la vida, viven en casa arrendada” [...]”.

194 “Arcadio vive cerca de su mamá y hermanos y por eso el roce es permanente. Con la tragedia de Arcadio su familia se vio muy afectada moral y materialmente, ya que se pensaba que moriría, su familia como es pobre no tenían los recursos para atenderlo, los vecinos y familiares les colaboramos, aparte de un dinero que le prestaron a Arcadio para terminar de curarse de las heridas que le causó el arma. A raíz de esto la familia de Arcadio, tanto su mujer como mamá y hermanos han estado atentos al estado de salud de Arcadio, siempre lo protegen y le brindan toda clase de ayuda para su recuperación total, pues tiene secuelas del accidente ya que la bala no se la han sacado” [...]”.

195 “Con la tragedia de Arcadio su familia sufrió bastante, eso fue algo trágico, económicamente pasaron bastante trabajo, buscaron plata prestado [sic], uno les ayudaba a buscar una cosa y otra, esto los ha afectado moral y económicamente. La familia de Arcadio después del accidente le han brindado toda clase de ayuda moral, lo cuidan mucho porque él está muy flaco y tiene secuelas de las heridas” [...]”.

196 “Cuando a él lo hirieron la familia lo atendió muy bien, ellos han sufrido mucho con eso, todavía tiene la bala y así trabaja” [...]”.

197 “Si lo conozco desde hace 256 [sic] años, conozco a su mamá que se llama Yolanda Carrillo, a sus hermanos los conozco que se llaman Belisario, Juana, a los otros los conozco de cara, a la abuela no la conozco. Los conozco porque somos vecinos [...] “Las relaciones familiares son muy buenas, siempre han vivido unidos, se apoyan mutuamente. Cuando a Arcadio lo hirieron ellos sufrieron mucho, incluso los vecinos, siempre lo ayudamos tantos los vecinos como la familia, a él le tocó buscar plata prestada para acabarse de curar. Después de accidente las relaciones de la familia con Arcadio se han fortalecido, pues le prestan mucha ayuda, lo llenan de afecto porque él ha quedado deprimido porque todavía tiene una bala dentro de su cuerpo” [...]”.

198 “[...] I. IDENTIFICACION: ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, sexo masculino, con CC Nº 12.470.084 de Valledupar, de 35 años de edad, estudios quinto de primaria, profesión lava carro, quien reside en el barrio primero de mayo tel. 5742075.

Se presenta al Primer [sic] reconocimiento Médico Legal hoy 1999 12 01. Hora 10:30AM. 

II. ANAMNESIS: Relata que el día 29-VIII-99 fue herido por desconocido con proyectil de arma de fuego. 

III. EXAMEN FÍSICO: Presenta cicatriz quirúrgica abdominal mediana, supra e infraumbilical de 22 cm de longitud; cicatriz que al parecer corresponde a orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, localizado en el hipocondrio derecho de 11 cm de la línea media y a 59 cm del vértice. Orificio de salida de proyectil de arma de fuego, no hay. El proyectil se encuentra alojado en el tejido celular subcutáneo del costado izquierdo del tórax a 14 cm de la línea media y a 55 cm del vértice. Las lesiones se definen como piel, tejido celular subcutáneo, músculos regionales, peritoneo, hígado, duodeno, peritoneo [sic], músculos regionales, tejido celular subcutáneo. La trayectoria se define como Antero-posterior [sic], derecha-izquierda, infero-superior. Cicatriz antigua de orificio de entrada, circular, sin estigmas de pólvora, localizado en el tercio medio de la cava interna del antebrazo derecho a 13 cm del codo. Cicatriz de orificio de salida en la cara anterior tercio medio del antebrazo derecho a 12 cm del codo. Las lesiones se definen como piel, tejido celular subcutáneo, músculos regionales, tejido celular subcutáneo y piel. La trayectoria se define como postero-anterior, infero-superior, derecha-izquierda. 

IV. HISTORIA CLÍNICA: Presenta hoja de epicrisis No 661126 a nombre de CARRILLO FRANCISCO, que a la letra dice: “HPAF en abdomen. Lesión hepática – lesión 90% de la luz duodenal. 1. Laparotomía exploratoria. 2. Hepatorragia múltiple. 3. Duodeno. 4. Drenaje de Hemiperitoneo. ... Paciente quien hace 8 días sufrió herida por arma de fuego en abdomen a nivel de flanco derecho y extremidades, en el tercio medio de antebrazo derecho, orificio de salida, en urgencias de [sic] le realiza laparotomía, el mismo día donde se encuentra lesión hepática múltiple, lesión 90% de la luz duodenal, además de un Hemiperitoneo aprox [sic] 400 cc., se le realiza hepatorrafia múltiple duodenoduodestonomía, drenaje hemiperitoneo sin ninguna complicación se establece tratamiento [...] Postoperatorio sin complicaciones [...]”. 

V. ELEMENTO VULNERANTE: Proyectil de arma de fuego. 

VI. INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL: Treinta y cinco (35) días. 

VII. SECUELAS MÉDICO LEGALES: Como secuela estética se determina deformidad física que afecta al cuerpo; como secuela funcional se determina perturbación funcional del órgano de la aprehensión y del miembro superior derecho y perturbación funcional del órgano de la sensibilidad. Todas de carácter permanente” [fl. 117 ambas caras cdno. 1].

199 “El [sic] trabajaba como lavador de autos, él me comentaba que se ganaba veinte mil pesos diarios, trabajaba como lavador de autos, él me comentaba que se ganaba veinte mil pesos diarios, trabajaba sábado y domingo y con lo que ganaba lo invertía en el sustento de su familia, también ayudaba a su mamá económicamente”.

200 “El [sic] trabajaba como lavador de autos con el doctor Barros, él ganaba, trabajaba por porcentajes, trabajaba los sábado [sic] y domingo [sic] y con lo que ganaba lo invertía en el sustento de su casa, le da la plata para la comida a la mujer, tiene los niños estudiando y también les paga el colegio, también ayudaba a su mamá con algo de dinero” [...]”.

201 “[...] “Arcadio trabajaba como lavador de carros, pero no se cuanto [sic] ganaba, pero si se que él colaboraba con el hogar” [...]”.

202 “[...] “Arcadio trabajaba como lavador de carros, le pagaban todos los días, no tienen sueldo fijo, con lo que ganaba sostenia [sic] su hogar” [...]”.

203 “[...] “Arcadio trabajaba como lavador de carros, no se cuando [sic] le pagaban porque no tiene sueldo fijo, con lo que ganaba se que sostenia [sic] su hogar” [...]”.

204 TRIGO REPRESAS, Félix A., LÓPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil – Cuantificación del daño, Edic. FEDYE, edición 2008, pág. 82, con fundamento en la Decisión del Tribunal supremo de España, Sala 1ª, 30/11/93.

205 Obra ibídem, pág. 83.

206 “[...] quien suscribió con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS la póliza de responsabilidad civil extracontractual Nº U0367952 y renovación Nº 1 0156698 del 08-02-99, para que de resultar condenada la nación Departamento Administrativo de Seguridad al pago de perjuicios oficiales o personales, dolosa o culposa, la misma cancele por razón de la póliza de seguro, el pago que tuviere que hacer la entidad que represento de ser condenada con ocasión de la presente demanda” [fls. 56 y 57 cdno. 1].

207 “[...] se procede a dar inicio a la presente Indagación Preliminar contra el funcionario JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, Detective Agente 208-06, identificado con la CC.78.744.621 de Montería, funcionario adscrito a esta Seccional al Grupo de Protección, en relación sobre los hechos sucedidos el el [sic] día 29 de agosto de 1999 a las 21 hora [sic] aproximadamente en la Avenida Simón Bolívar en el estadero “El Pavo”, ubicado en la Cra. 18D calle 27 de esta ciudad, donde resultara herido el particular DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ y otros, con arma de fuego que portaba el señor PALOMO PACHECO de dotación, y que al parecer le fue despojado [sic] por el señor JHONY GUERRERO OROZCO, C.C. 77.026.968 de Valledupar, donde luego aparecieron agentes de la Policía Nacional apersonandose [sic] de la situación, los cuales se lo llevaron al Comando de la Policía Nacional al igual que el revólver de dotación oficial marca Llama calibre 38L Nº IM0255J, a fin de establecer y verificar la ocurrencia de los mismos, los móviles y demás circunstancias y si esta conducta es constitutiva de falta disciplinaria, identificación e individualización de funcionarios que hayan participado en ella” [fl. 153 cdno. 1].

208 “[...] después de analizar las pruebas en su conjunto se deduce fácilmente que el Servidor Público JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, en efecto se encontraba en el lugar de los hechos en compañía de una amiga que resultó ser su novia de nombre YORJANI LÓPEZ MIRANDA, que en ese momento cuenta los autos se produjo una pelea cerca del sitio donde este se encontraba ocurrido el 29 de agosto de 1999, a las 21:00 horas aproximadamente, en la Avenida Simón Bolívar de la ciudad de Valledupar, en el estadero el Pavo, ubicado en la carrera 18D con calle 27, donde resultaron heridos dos (2) particulares que responden a los nombres de DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ y AICARDO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, con el arma de fuego de dotación oficial que portaba el funcionario de esta Institución JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, que intervino e irresponsablemente en el in suceso [sic] ya conocido, cometiendo la imprudencia de sacar el Revolver [sic] sin ningún recato, previsión y sucedió que unos de los contrincantes se fue al forcejeo porque pensó que este lo iba a ultimar ya que venía en auxilio del marido de la hermana de su novio, dando como resultado los hechos anteriormente descritos.

SUGERENCIAS: 

Considera el despacho investigador del presente caso y con todo el respeto del Señor [sic] Director, que el Funcionario [sic] JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, Detective Agente 208-06, identificado con cédula de ciudadanía 78.744.621 de Montería Córdoba, adscrito a esta Seccional en el Grupo de Seguridad Rural, es responsable de los acontecimientos del 29 de agosto de 1999, siendo aproximadamente las 21:00 horas en la Avenida Simón Bolívar de esta ciudad, en el Estadero el Pavo, donde resultaron dos (2) particulares, toda vez que cometió la imprudencia de sacar el arma de fuego de dotación oficial que portaba para la fecha y no obstante de ellos desacato [sic] lo dispuesto en la Circular 2070 del 23 de abril de 1999, que trata de las Instrucciones para el registro, control, manejo, uso y conservación de arma de propiedad del Departamento Administrativo de Seguridad y su Fondo Rotatorio. 

[...] 

Notará usted, que el funcionario JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, está incurso de las normas antes citadas, la cual infringió fragantemente [sic], además de ellos la previsión de lo previsible, es decir, no midió las consecuencias que podría presentarse a sacar el arma de fuego en un sitio abierto al público, máxime en el estado de licoramiento [sic] que podría encontrarse los sujetos intervinientes en las [sic] disputa para la fecha de los hechos. 

En virtud de lo anteriormente expuestos, sugiero [...] que al Servidor [sic] público JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, se le debe iniciar investigación disciplinaria por ser responsable de los hechos que dieron inicio a la presente indagación disciplinaria” [fls. 207 y 208 cdno. 1].

209 “[...] CONSIDERACIONES

En este estado de la investigación el funcionario instructor considera que existen unos hechos claros que pueden ser constitutivos de falta disciplinaria a la luz del artículo 38 Ley 200 de 1995, como es que el día 29 de Agosto de 1999 el detective agente 208-06 JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, se encontraba de descanso, ya que estaba asignado al esquema protectivo del señor Alcalde Mayor de esta ciudad y no le correspondió trabajar, por lo que debió dejar el arma de dotación asignada y no lo hizo; en el transcurso de ese día siendo las 21:30 horas, aproximadamente, llegó con su novia YORJANIS LÓPEZ MIRANDA, al estadero La Palma a comer, luego de saludar a la hermana de ésta, NUBIA MIRANDA VERGARA al frente en el estadero El Pavo que queda en la Avenida Simón Bolívar con 27, quien se encontraba con DANIEL PEREIRA su marido y otros dos amigos, LUIS CAMILO HINOJOZA PEREIRA y TOM GUTIERREZ, durante su estadía en el lugar se presentó una pelea entre DANIEL PEREIRA PÉREZ y JOHNY GUERRERO OROZCO, éste último se encontraba en el estadero El Toño al lado de aquellos, NUBIA MIRANDA ante esto llamó al detective JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, quien atravesó la avenida y se aprestó a intervenir para separar la pelea, en medio de la riña el señor JOHNY GUERRERO despojó del arma de dotación a JACOB MANUEL PALOMO y con ella disparó a la humanidad de DANIEL PEREIRA PÉREZ hiriendolo [sic] en el tórax e hirió en el tórax y brazo izquierdo al señor ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO C.C. 12’470.084 de San Juan del Cesar Guajira, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de esta ciudad y en el momento se encuentran fuera de peligro de muerte en sus respectivas residencias y por lo cual cursa un proceso penal que tramita actualmente la Fiscalía 23 Local de Valledupar bajo la radicación 20752-F1-321. 

Así las cosas el servidor público JACOB MANUEL PALOMO PACHECO detective agente 208-06 [...] adscrito a la Seccional DAS Cesar, puede estar incurso con su actuar en falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes consagrados en el artículo 40 numeral 4 [...] Y [sic] 7 [...] en concordancia con el 38 de la Ley 200 de 1995, falta que provisionalmente será calificada de carácter grave por los efectos producidos al trascender negativamente en el entorno social y el perjuicio que causó a la sociedad, las víctimas del insuceso y el mal ejemplo dado causante de desprestigios y posibles demandas en contra de la Institución por ende a la nación Colombiana [sic]” [fl. 229 cdno. 1; subrayado fuera de texto].

210 “[...] Considera este Despacho entonces, que el servidor público citado fue negligente con sus obligaciones puesto que está ordenando guardar el arma de dotación cuando se está de descanso especialmente para quienes ejercen labores de protección y el uso de los elementos asignados para su función exclusivamente dando lugar con ello a que ocurrieran hechos que precisamente se quieren evitar con tal prohibición; de otro lado su actuar fue imprudente al intervenir en la riña sin tomar las medidas necesarias y acorde con las circunstancias debiendo proteger especialmente el arma que portaba para evitar su indebida utilización. La actuación descuidada e imprudente del servidor público JACOB MANUEL PALOMO PACHECO, desencadena en consecuencias dañosas para los ciudadanos DANIEL ANTONIO PEREIRA PÉREZ Y [sic] ARCADIO FRANCISCO CARRILLO CATAÑO, para la Institución y la sociedad por lo tanto a título de culpa se debe establecer en cabeza del precitado funcionario responsabilidad disciplinaria porque con su actitud ha incurrido en faltas disciplinarias de acuerdo con el artículo 38 Ley 200 de 1995, por incumplir los deberes consagrados en el artículo 40 numeral 4º [...] Y [sic] 7 [...] La falta deberá ser calificada de carácter grave, por la trascendencia social y el mal ejemplo dado así como por el perjuicio causado con el hecho dañoso de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, sin encontrar atenuantes probados dentro de la presente investigación.

[...] 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que el servidor público JACOB MANUEL PALOMO PACHECO con C.C. 78'744.621 de Montería Córdoba, Detective Agente 208-06, carné 3404, adscrito a esta Seccional, es responsable de infringir el Código Disciplinario Unico [sic] en sus artículo [sic] 38 y 40 numeral 4º y 7. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración imponer correctivo disciplinario consistente en suspensión de funciones sin remuneración por (10) diez días la cual deberá comenzar a cumplir una vez se encuentre en firme la decisión y se produzca la Resolución de ejecución por parte de la Dirección Nacional de la entidad” [fls. 248 y 249 cdno. 1].