Sentencia 2000-01241 de marzo 13 de 2013

 

Sentencia 2000-01241 de marzo 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 73001-23-31-000 2000-01241-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actora: Corporación El Dorado Country Club

Recurso de apelación contra la sentencia de 9 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima

Bogotá, D.C., trece de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

Es lo primero advertir, que en el escrito que dice serlo de sustentación y fundamentación del recurso de apelación, la recurrente se limita a hacer referencia a la génesis e historia de la accionante y a hacer algunas observaciones a algunos de los actos cuya declaratoria de nulidad pretende, pero no formula ningún cuestionamiento, reparo o inconformidad para con la sentencia de primera instancia.

Sobre el punto de la sustentación del recurso de apelación, esta corporación ha precisado lo siguiente:

“Si bastara al recurrente afirmar en todos los casos, al impugnar una decisión judicial, que se atiene a lo afirmado y sostenido en el curso de la instancia, sobraría en absoluto la exigencia perentoria contenida en el inciso segundo del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo.

La necesidad de que el recurrente aporte argumentos en contra de los fundamentos del fallo apelado, los cuales constituyen la base de estudio de la decisión de segundo grado, es reafirmado por el inciso subsiguiente al sancionar con la deserción del recurso la omisión del requisito en estudio.

Al no haber expuesto el recurrente las razones que motivaron su disconformidad con las motivaciones y conclusiones de la sentencia que puso fin a la primera instancia, no le es permitido al ad quem hacer un nuevo estudio de fondo acerca de las pretensiones invocadas, sin incurrir en palmario quebranto de la norma procedimental que exige la debida sustentación del recurso de apelación” (sent. de jun. 6/87, Exp. 338, C.P. Samuel Buitrago Hurtado).

En otra oportunidad, señaló:

“Tal exigencia implica que el recurrente en el escrito de sustentación señale el ámbito o marco procesal a que debe circunscribirse el juez ad quem para decidir el recurso.

La competencia de este queda pues limitada a confrontar la providencia recurrida con los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente. No puede, por consiguiente, el juez de segundo grado analizar la providencia recurrida en aspectos diferentes a los controvertidos en el escrito de sustentación del recurso” (sent. de jul. 17/92, Exp. 1951, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

Posteriormente, manifestó:

De acuerdo con la jurisprudencia. “...el deber de sustentar este recurso (el de apelación) consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso, o sea para expresar la idea con un criterio tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o modificación”. (CSJ, providencia de ago. 30/84, M.P. Humberto Murcia Ballén, CPC, José Fernando Ramírez Gómez, Colección Pequeño Foro, p. 319) (Auto de Sala Unitaria de mar. 17/95, Exp. 3250, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez).

En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios atrás expuestos, en cuanto a que el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional que decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece ser o no confirmada.

En el caso que se examina, el apoderado de la Asociación de Socios Damnificados e Inconformes de la corporación El Dorado Country Club - Club Campestre en ningún momento se refirió a los motivos aducidos por el a quo para adoptar la decisión apelada ni formuló cuestionamiento alguno a los mismos, por lo cual no le queda a la Sala otra alternativa que confirmar la sentencia objeto de impugnación, a lo cual se procederá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 9 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

En firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de marzo de 2013».