Sentencia 2000-01244 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Expediente: 76001-23-31-000-2000-01244-01 (31.495)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Diomedes Romero Rodríguez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de noviembre del 2004, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Como atrás se mencionó, la parte actora señaló, en el recurso de apelación, que la responsabilidad por la muerte de Robinson Romero Castro debe recaer sobre el Hospital Departamental “San Antonio” de Roldanillo; por lo tanto, la Sala no se pronunciará respecto de las demás entidades demandadas, pues acerca de su participación en los hechos nada se dijo ni se controvirtió en el recurso de alzada que pasa a resolverse.

Esta Sala ha delimitado, en otros asuntos, el estudio del recurso de apelación a los motivos de inconformidad expresados por la parte recurrente, basada en los siguientes argumentos:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”(1).

Ahora bien, respecto de las fotografías que se allegaron con la demanda y que supuestamente contienen imágenes del lugar donde, el 8 de junio de 1999, Robinson Romero Castro perdió la vida, debe precisarse que no tienen mérito probatorio, ya que no existe certeza de que correspondan al lugar donde sucedieron los hechos. Dichos elementos solo comprueban que se registraron unas imágenes, sin que de estas se acredite su origen, ni el lugar ni la época en que fueron tomadas, toda vez que no fueron reconocidas ni ratificadas por la persona que las capturó, ni fueron cotejadas con otros medios de prueba.

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía de un proceso cuya demanda se presentó en 2004 debe exceder de $ 51.730.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda asciende a la suma de $ 68.975.550(2), solicitada por concepto de perjuicios morales a favor de uno de los demandantes, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

2. Valoración probatoria.

El daño antijurídico sufrido por los demandantes se encuentra acreditado con las copias auténticas del registro civil de defunción(3), del acta de levantamiento de cadáver(4) y del certificado del protocolo de necropsia URO-PF #99-45(5), según las cuales el señor Robinson Romero Castro falleció, de forma violenta, el 8 de junio de 1999, como consecuencia de múltiples disparos de arma de fuego que le fueron propinados por un desconocido, cuando era atendido en la unidad de urgencias del Hospital Departamental “San Antonio” de Roldanillo.

Según los antecedentes descritos en el acta de levantamiento del cadáver, el señor Romero Castro “ingresó herido por arma cortocontundente, a la sala del servicio de urgencias del Hospital Departamental ‛San Antonio’ de Roldanillo; y mientras recibía atención médica fue agredido con proyectil de arma de fuego; falleció; se practicó el levantamiento en la misma sala de urgencias” (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores, fl. 31, cdno. 2).

Al respecto, la copia auténtica de la hoja de atención en urgencias del Hospital Departamental “San Antonio” dice que el mencionado paciente ingresó con una “herida longitudinal a nivel de región pareto-occip. izq. … estando prestándole la atención médica, es baleado x otro sujeto y muere” (se transcribe tal como obra en el expediente, fl. 41, cdno. 2).

Así las cosas, el análisis del asunto se contrae a determinar la responsabilidad del Hospital Departamental “San Antonio” de Roldanillo en los hechos que motivaron esta demanda, por cuanto, según los demandantes, este no dispuso de las medidas de seguridad necesarias para controlar el ingreso de personas, omisión que facilitó la entrada del sujeto que terminó con la vida del paciente Robinson Romero Castro.

Para analizar el presente caso, es necesario hacer remisión a la jurisprudencia que ha sostenido esta corporación, de manera reiterada, respecto de la responsabilidad patrimonial por los daños causados con ocasión de la actividad médica, toda vez que esta no solo involucra el acto médico propiamente dicho, que se refiere a la intervención del profesional médico (diagnóstico, tratamiento de las enfermedades, intervenciones quirúrgicas), sino que también comprende todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la intervención del profesional médico, que inician desde el momento en que la persona ingresa a un centro médico estatal y que están a cargo del personal paramédico o administrativo.

Sobre la distinción entre el acto médico propiamente dicho y los actos anexos que integran el llamado “acto médico complejo”, la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en repetidas oportunidades y ha acogido la clasificación que sobre tales actos ha definido la doctrina, así: (i) actos puramente médicos, que son realizados por el facultativo, (ii) actos paramédicos, que corresponden a las acciones preparatorias del acto médico y a las posteriores a este (suministro de medicamentos, control de la tensión arterial, etc.) que son llevadas a cabo, regularmente, por personal auxiliar y (iii) actos extramédicos, que están constituidos por los servicios de hostelería, entre los que se incluyen el alojamiento, manutención, etc. y obedecen al cumplimiento del deber de seguridad y preservación de la integridad física de los pacientes(6).

En relación con la responsabilidad del Estado por los daños que se producen como consecuencia de errores u omisiones en las actividades conexas al acto médico o quirúrgico propiamente dicho, se registran en la jurisprudencia de la corporación casos como: (i) lesiones derivadas por caída de camillas y que se presentan por vigilancia inadecuada(7), (ii) la falta de mantenimiento de los equipos o instrumentos(8), (iii) la omisión o el error en el suministro o aplicación de medicamentos(9), (iv) falta de diligencia en la adquisición de medicamentos(10) y (v) lesiones causadas dentro de la institución hospitalaria(11).

Teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que el deber de seguridad que le asiste a las entidades hospitalarias se contrae a impedir que los pacientes sufran accidentes en el curso o con ocasión de la atención médica que se les presta, y que dentro de dicho deber se encuadran las actividades de “custodia y vigilancia”, pero solo cuando se trata de establecimientos de atención a personas con patologías mentales(12), de manera que tales obligaciones no se pueden extender al punto de pretender que el establecimiento deba evitar un riesgo proveniente de actos de terceros, respecto de cualquier tipo de pacientes, salvo que se trate de “situaciones especiales en las que los administradores de los hospitales deben extremar las medidas de control y vigilancia de los pacientes, dadas las condiciones de riesgo en que estos pueden encontrarse”(13).

En efecto, se ha entendido que el alcance del deber de seguridad de las entidades hospitalarias, en relación con los pacientes no implica la protección frente a hechos de terceros, a menos que se evidencie una situación especial de riesgo que amerite el fortalecimiento de las medidas de vigilancia, caso en el cual, dado que la seguridad está a cargo de las autoridades de policía, las entidades hospitalarias cumplen con el deber de control dando oportuno aviso a tales autoridades, con el fin de que estas adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los pacientes cuya integridad pueda verse afectada por actos de terceros; al respecto, el Código de Procedimiento Penal(14) vigente para la época de los hechos disponía que los hospitales debían dar aviso inmediato a la autoridad respectiva, cuando recibieran a una persona a quien se le hubiera ocasionado un daño en el cuerpo(15).

Para la Sala resulta evidente que el objeto de tal disposición era facilitar la iniciación de las investigaciones penales respectivas, por los delitos cometidos contra las personas que ingresan lesionadas al establecimiento de salud. Así, la autoridad destinataria del aviso es, sin duda, la autoridad judicial encargada de adelantar el proceso correspondiente. Sería absurdo pensar que la norma obligara a ese establecimiento a solicitar protección especial de la policía para todas las personas que ingresaran por habérseles ocasionado un daño en el cuerpo o en la salud(16).

Atendiendo a consideraciones similares y con fundamento en las facultades conferidas por la Ley 100 de 1993, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 741 del 14 de marzo de 1997, por la cual impartió “instrucciones sobre seguridad personal de usuario para Instituciones y demás prestadores de servicios de salud”, en los siguientes términos:

“ART. 2º—Obligaciones de las instituciones.

(...).

“PAR. 3º—Las instituciones y demás prestadores de servicios de salud establecerán las medidas de seguridad y protección necesarias en la infraestructura, especialmente en lo que se refiere a iluminación, señalización y accesos como puertas, ventanas, techos, paredes, muros, zonas verdes e instalaciones deportivas, de tal forma que contribuyan a la seguridad personal.

“PAR. 4º—En los diseños de instituciones prestadoras del servicio de salud, se incorporarán elementos que minimicen los riesgos de robo de menores o de agresiones por parte de terceros hacia los usuarios.

“(...).

“PAR. 6º—Las instituciones prestadoras de servicios de salud implementarán mecanismos de comunicación interna entre los diferentes servicios externos, especialmente con las autoridades de policía con el fin de disponer de un apoyo oportuno en los casos que se requiera.

“(...).

“ART. 6º—Las instituciones y demás prestadores de servicios de salud deberán establecer las normas que restrinjan el ingreso de armas o cualquier otro elemento que se considere peligroso para la seguridad de los trabajadores y usuarios que se encuentren en el interior de la institución o prestador del servicio. Esta norma no será restrictiva para el personal de seguridad del Estado previamente identificado.

“(...).

“ART. 9º—Las instituciones dedicadas a la atención de pacientes psiquiátricos y las que con ocasión de la prestación del servicio de urgencias reciban este tipo de pacientes, establecerán medidas de seguridad que conlleven a minimizar los riesgos para que el usuario no cause daño a sí mismo o se lo cause a terceros”.

Es evidente que con esta resolución se pretendió regular la seguridad de los usuarios del sistema de salud, ya fuera en la práctica de actividades médicas que representaran un riesgo para ellos, o por el peligro o amenazas derivados del hecho de personas ajenas a la institución, no obstante lo cual ese deber de seguridad no puede entenderse como una obligación de resultado.

Pasando al caso concreto, a partir del escaso material probatorio arrimado al expediente la Sala encontró que, después de la llegada de Robinson Romero Castro al Hospital Departamental “San Antonio” de Roldanillo, un hombre armado se presentó en el mismo lugar, intimidó al celador, señor Martín Alonso Vinasco, para que no obstaculizara su ingreso, luego de lo cual se dirigió a la sala donde el señor Romero Castro recibía atención médica y le propinó varios disparos que terminaron con su vida.

Lo anterior se desprende de la copia simple(17) de la Resolución INTERL 14 del 19 de enero del 2004 aportada por el hospital demandado, por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación decretó la preclusión de la investigación que adelantaba en contra del señor Luis Ancízar Valencia Guzmán, por el homicidio de Robinson Romero Castro, y en la que resumió lo siguiente:

“Cuentan los hechos que cuando José Rogelio Valencia Salazar llegaba de su trabajo en el ingenio Riopaila, el 8 de junio de 1999, en compañía de su hijo Luis Ancizar (sic) y dos compañeros más, fue interceptado por un sujeto que luego de mentarle la madre lo agredió con arma de fuego y este se defendió con su elemento de trabajo (una pácora), resultando ambos heridos y trasladados al hospital departamental de esta ciudad, en donde fueron atendidos y estando allí, casi en forma inmediata entró un sujeto con arma de fuego dando muerte a Romero Castro, y emprendiendo la huida.

“... la única sindicación que existe en contra de Luis Ancizar Guzmán Guzmán (sic), está (sic) en el informe policivo inicial que dio cuenta de los hechos, en donde mencionada (sic) que quien informó sobre de que (sic) el autor material del crimen, fue Martín Alonso Vinasco Londoño, portero del Hospital San Antonio; pero cuanto este despacho le recepciona declaración bajo juramento, niega tal afirmación y al contrario dice desconocer a la persona que llegó al hospital con arma de fuego lo (sic) intimidó para que le abriera la puerta y luego disparó contra una persona que estaba siendo atendida en urgencias” (fls. 118 y 120, cdno. 1).

El cuanto al servicio de vigilancia del hospital demandado, el gerente y representante legal del mismo certificó que, para la fecha en que se produjo la muerte de Robinson Romero Castro, ese establecimiento “no tenía contrato de vigilancia privada, pero contaba con el personal de planta que se desempeñaba en el cargo de celador ... que para el día y hora en que ocurrieron los hechos materia de investigación en este proceso, se encontraba el vigilante el señor Martin Alonso Vinasco” (fls. 39 y 40, cdno. 2).

La Sala advierte, que Robinson Romero Castro ingresó al Hospital Departamental “San Antonio” con algunas heridas en su cuerpo, de manera que el personal médico se dispuso a prestarle la atención de urgencias necesaria para el tratamiento de las mismas. Según el protocolo de necropsia, las lesiones fueron causadas con un “Arma cortocontundente”(18), hecho que, de conformidad con la disposición del Código de Procedimiento Penal anteriormente mencionada, debió ser informado inmediatamente a la policía; sin embargo, si se tienen en cuenta las circunstancias particulares del caso, se encuentra que la inmediatez con la que ocurrió el atentado impidió a los funcionarios del hospital dar oportuno aviso a la Policía Nacional sobre las condiciones en que el paciente había ingresado a la unidad de urgencias, pues, tal como lo relató la fiscalía, el delincuente irrumpió “casi en forma inmediata” con la entrada del herido.

Pero en todo caso, si se entendiera que, entre el ingreso del paciente y la llegada del homicida al hospital, transcurrió un tiempo importante, lo cierto es que el personal administrativo de ese establecimiento solo estaba obligado a comunicarse con la Policía Nacional para darle aviso de las condiciones en las que Robinson Romero Castro había llegado y no, como lo sugieren los demandantes, para solicitarle protección especial con el fin de garantizar la vida del paciente, pues, por un lado, nada les indicaba a los funcionarios que se trataba de un paciente en peligro inminente de muerte por la amenaza de un tercero y, por otro lado, el hecho de presentar algunas heridas en su cuerpo no representaba, per se, una situación especial de riesgo frente a la cual el hospital estuviera compelido a redoblar su dispositivo de seguridad.

Ahora, si bien es cierto, tal como atrás se expresó, que el establecimiento hospitalario, en virtud de su deber de vigilancia, debió controlar el acceso de personas al lugar y restringir el ingreso de armas de fuego y que, no obstante, el homicidio de Robinson Romero Castro se produjo en sus instalaciones, también es cierto que, en este caso, no se puede hablar de una omisión del cumplimiento de sus obligaciones de seguridad, toda vez que está probado que el hospital contaba con personal de celaduría(19). Cosa distinta es que el señor Martín Alonso Vinasco, vigilante del Hospital Departamental “San Antonio”, haya sido amedrentado por el agresor de tal forma que no pudo evitar la irrupción de este en la sala de urgencias, como también lo es que haya sido él quien activara el arma de fuego en contra del paciente que estaba siendo atendido por los médicos, circunstancia esta última respecto de la cual ninguna prueba hay en el expediente.

Ahora bien, los demandantes alegaron en el recurso de apelación que el Hospital Departamental “San Antonio” no contaba con puertas de seguridad que permitieran el control de ingreso y salida de personas; sin embargo, ello no trascendió más allá de ser una mera imputación fáctica, pues no existe en el expediente un solo elemento de prueba a partir del cual se dé cuenta de ello.

Así las cosas, nada le permite a la Sala determinar que existió acción u omisión alguna por parte del hospital demandado, que hubiere sido determinante en la causación del hecho dañoso; en efecto, se insiste, no existen en el proceso medios probatorios que den cuenta de la falla en el servicio que se le pretende endilgar; por el contrario, es evidente que la causa eficiente y adecuada del daño irrogado a los actores devino del hecho de un tercero, pues, aunque no se identificó al responsable del homicidio de Robinson Romero Castro, no hay duda que se trató de un homicidio causado por un sujeto ajeno al personal del Hospital Departamental “San Antonio” de Roldanillo.

En este estado de cosas, le asistió razón al tribunal al negar las pretensiones de la demanda; por lo tanto, la sentencia apelada será confirmada.

3. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 19 de noviembre del 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de abril de 2009, Expediente 32800, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(2) Suma que resulta de multiplicar $ 13.795,11, valor del gramo de oro al momento de la interposición de la demanda (abr. 4/2000), por 5.000 (fl. 19, cdno. 1).

(3) Folio 6, cuaderno 1.

(4) Folios 32 a 33, cuaderno 2.

(5) Folio 8, cuaderno 1.

(6) “Distinción hecha por Bueres, Alberto. La responsabilidad civil de los médicos, Edit. Hammurabi, 1ª reimpresión de la 2ª edición, Buenos Aires, 1994, pp. 424, 425, citada, entre otras, en sentencia de 28 de septiembre de 2000, Expediente 11.405” (C.E., Sent. abr. 27/2011, Exp. 20374, C.P. Ruth Stella Correa Palacio).

(7) Ver, por ejemplo, sentencia de 11 de abril de 2002, Expediente 13227, en la cual se condenó al hospital demandado por la muerte de un paciente producida por las omisiones en las que incurrió el personal paramédico y administrativo, en cuanto no cumplió las órdenes médicas de inmovilizarlo, lo cual propició su caída; además, la administración fue ineficiente para disponer los medios necesarios para realizar el TAC posterior a dicha caída con el fin de determinar la conducta médica a seguir. También, puede verse la sentencia de 11 de noviembre de 1999, Expediente 12165, en la cual se condena a la entidad por la muerte de un recién nacido, como consecuencia del hematoma subdural en la región frontoparietal del cerebro, al resbalar en el momento del parto de la lona que cubría la camilla; además, se probó que la emergencia no se pudo atender, por cuanto el “equipo de resucitación” requerido se hallaba bajo llave.

(8) Por ejemplo, la muerte de un recién nacido derivada del hecho de no tener en funcionamiento la planta de energía eléctrica y por lo tanto, no poder extraerle en forma inmediata el líquido amniótico que había ingerido, sentencia de 14 de julio de 2005, Expediente 15332. También, eventos en los cuales no se realizan los exámenes de diagnóstico de manera oportuna por el mal estado de los equipos; al respecto, ver, por ejemplo, sentencia del 3 de mayo de 1999, Expediente 11943.

(9) Por ejemplo, en sentencia de 24 de febrero de 2005, Expediente 14170, se declaró la responsabilidad del hospital demandado por la inadecuada atención prestada a un menor que ingresó a urgencias, pero en ese momento no había médico, por lo cual fue atendido por una enfermera que le suministró un medicamento que le produjo la muerte.

(10) En sentencia de 9 de marzo de 2000, Expediente 12489, se condenó a la entidad hospitalaria por el suministro de una droga que produjo la muerte de unas pacientes, a pesar de tener conocimiento que dicho medicamento ya había generado daños en otras personas, pues no reunía las especificaciones científicas necesarias.

(11) En sentencia de 2 de octubre de 1997, Expediente 11652, se condenó a la institución hospitalaria por las lesiones que se causó un paciente en estado de alteración mental y que le produjeron una invalidez por plejia braquial.

(12) La Sala ha declarado la responsabilidad de las instituciones hospitalarias por suicidios de personas con enfermedades mentales (por ejemplo, Sent. abr. 11/2002, Exp. 13122), o por evasión del hospital siquiátrico y su posterior muerte (Sent. abr. 27/2006, Exp. 15352).

(13) Sentencia del 28 de septiembre de 2000, Expediente 11405, en la cual se negaron las súplicas de la demanda, al considerar que el hospital demandado por la muerte del paciente no tuvo conocimiento de que este se encontrara en situación especial de peligro, que lo obligara a reforzar sus mecanismos de seguridad o a solicitar la protección especial de la Policía Nacional.

(14) Decreto 2700 de 1991 derogado por la Ley 600 de 2000.

(15) “ART. 336.—Quien en hospital, puesto de salud, clínica u otro establecimiento similar, público o particular, reciba o dé entrada a persona a la cual se le hubiere ocasionado daño en el cuerpo o la salud, dará aviso inmediatamente a la autoridad respectiva.

“El incumplimiento de lo previsto en este artículo acarreará multa de diez a cien salarios legales mínimos mensuales, decisión contra la cual procede el recurso de reposición”.

(16) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 28 de septiembre del 2000, Expediente 11405.

(17) En sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2013 (Exp. 25002), la Sección Tercera de esta corporación aceptó la valoración de las piezas documentales aportadas al proceso en copia simple, por cuanto respecto de estas “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”. Pese a que el suscrito Magistrado no comparte la posición mayoritaria adoptada por la Sala sobre la materia, acogerá lo dispuesto en la mencionada providencia.

(18) Folio 31, cuaderno 2.

(19) Folios 39, 40 y 56, cuaderno 2.