Sentencia 2000-01248 de julio 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 52001 23 31 000 2000 01248 01

Interno: 31271

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Ana María Cuayal Muñoz y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte, Invías y otro

Referencia: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., veintitrés de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dado que la cuantía supera la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia(8).

2. Pruebas trasladadas y copias simples.

Sobre los medios probatorios obrantes en el expediente, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquellos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hayan sido solicitados en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hayan sido practicados con audiencia de ésta no pueden ser valorados en el sub lite(9).

También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de pruebas haya sido solicitado por ambas partes, aquéllas pueden ser tenidas en cuenta, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el asunto del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que hagan parte del acervo probatorio y que luego, de resultar desfavorables a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(10).

Ahora, en el expediente obran copias de la investigación penal adelantada por la Fiscalía Seccional 41 de Mocoa, las cuales serán tenidas en cuenta, dado que fueron solicitadas tanto por la parte actora como por la parte demandada.

También se valorarán las copias simples obrantes en el expediente, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia del 28 de agosto de 2013(11).

3. Valoración probatoria.

3.1. Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra acreditado el daño por el cual se demanda, consistente en la muerte de los señores Danilo Arturo Galíndez Ojeda y Jorge Armando Guerrero, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 1º de julio de 1999, tal como consta en los registros civiles de defunción (fls. 32 y 58, cdno. 1) en las actas de levantamiento de cadáver (fl. 51, cdno. 1 y 30, cdno. anexo) y en las necropsias practicadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal —regional oriente—, en las cuales se concluyó —para ambos—: “…muerte por asfixia por sumersión en agua. // Probable manera de muerte: Accidental”(12).

3.2. También se encuentra acreditado que el señor Guerrero se desempeñaba como profesional especializado —grado 21— del Invías y que el señor Galíndez Ojeda se desempeñaba como ingeniero residente de “Consultoría Colombiana S.A.”, contratista del Invías para la interventoría de la vía “Mocoa - Pitalito” (fls. 40 y 291, cdno. 1).

3.3. En cuanto a las circunstancias en que se presentó el accidente, en el informe investigativo 276, del 23 de agosto de 1999, elaborado por un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía —CTI—, se consignó (se transcribe tal cual, inclusive con errores).

“…se realizaron intensas labores de inteligencia, tendientes a establecer las circunstancias del fallecimiento de las personas antes mencionadas [se refiere a Danilo Arturo Galíndez Ojeda, Miriam Pantoja Córdoba, Miguel Ángel Revelo Pinto y Jorge Armando Guerrero], y después de haberme desplazado hasta el lugar de los hechos me entrevisté con varias personas que residen en dicho sector y al interrogarle manifestaron que el vehículo en que se transportaban los Ingenieros estaba parqueado a la derecha de la vía que de Pitalito conduce a Mocoa a unos 5 a 7 metros de la casa del hermano de Myriam Pantoja Córdoba … después de haber recochado un rato en la casa de habitación del hermano Daniel David Pantoja Córdoba decidieron desplazarse hacía Mocoa, y al arrancar el vehículo que se encontraba parqueado a la derecha en la carretera que de Pitalito conduce a Mocoa, el ingeniero Miguel se subió al carro y lo prendió y al estar prendido se bajó y le dijo a Myriam que pasara a manejar ella, quién se pasó y arrancó saliendo en dirección hacia el río, teniendo en cuenta que se encontraban en una bajada y que al despegar en velocidad el vehículo la occisa no lo pudo controlar y salieron derecho hacía el río sin tropezar con el puente por donde tenían que pasar…”(13) (resalta la Sala).

3.4. Lo anterior se encuentra corroborado con el informe de tránsito, rendido el 1º de julio de 1999 por la Dirección de Tránsito y Transporte de Mocoa, en el cual se consignó que, en el sitio denominado “Fronterizo el paisaje río Caquetá”, “… un vehículo [Toyota campero, modelo 1996, de placa OZH 726] se salió de la vía iniciando en (sic) el puente cayendo sobre el río”(14) asimismo, se indicó que el automotor era conducido por la señora Miriam Pantoja y que el accidente se ocasionó por “impericia en el manejo”(15)

3.5. Adicionalmente, el informe OJR 19-00-74, del 21 de julio de 1999, elaborado por un funcionario del Invías y dirigido al asesor jurídico de la misma entidad, da cuenta de que el vehículo era de propiedad del Invías y que estaba bajo la responsabilidad del “… exdirector… Miguel Ángel Revelo Pinto (QEPD)…”(16). También da cuenta de que “… la búsqueda de los cadáveres se prolongó hasta el día doce (12) de julio de 1999, cuando se recuperó el último”(17) de los cuerpos.

3.6. En similares términos, el informe 228, del 24 de agosto de 1999, elaborado por un agente investigador del DAS y remitido a la Fiscalía 41 Seccional de Mocoa, da cuenta de que “… el vehículo se encontraba bajo responsabilidad del entonces director Invías regional Putumayo Miguel Ángel Revelo Pinto…”(18) y que “…el accidente fue ocasionado por la impericia, en el manejo del automotor, por parte de la señorita Miriam Orfilia Pantoja”(19).

3.7. De otra parte, en el oficio 989, del 31 de julio de 1999, firmado por investigadores de la Sijín, dirigido a la Fiscalía 41 Seccional de Mocoa, se consignó que el vehículo en el cual se accidentó el señor Revelo Pinto “…no pudo haber fallado por los frenos por que (sic) tenía su líquido…”, “…tenía bien la dirección…” y las ruedas estaban “…todas en su lugar…”(20). Además, se indicó que las personas fallecidas [Danilo Arturo Galíndez Ojeda, Miriam Pantoja Córdoba, Miguel Ángel Revelo Pinto y Jorge Armando Guerrero] entraron “…a una tienda ubicada antes de llegar al puente Caquetá a tomar gaseosa y … un ingeniero saco (sic) el vehículo que estaba estacionado fuera de la carretera y lo coloco (sic) en ella y le dijo a la señora Miriam Pantoja que condujera y la señora se subió a conducir …”(21)sin embargo, ésta no sabía manejar —se afirma en dicho oficio—, pues “…apenas estaba aprendiendo”(22).

3.8. También en la denuncia penal formulada por el señor Pedro José Maya Guerrero (asesor jurídico del Invías) se indicó que la señora Miriam Orfilia Pantoja era quien conducía el vehículo en el momento de los hechos y que dicho automotor se encontraba asignado al ingeniero Miguel Ángel Revelo Pinto (fls. 72 a 74, cdno. 1).

3.9. Por su parte, la Fiscalía 41 delegada ante los juzgados penales del Circuito Judicial de Mocoa abrió investigación penal por los mismos hechos que se ventilan en el presente asunto; no obstante, mediante auto del 20 de septiembre de 1999 decidió archivarla, “…por cuanto la persona que conducía el automotor en el cual perdieron la vida sus acompañantes también falleció”(23).

3.10. Los señores José Oliver López, Wertino Bados Solarte y Samuel Díaz, en declaraciones rendidas en la primera instancia, afirmaron que, con ocasión el fallecimiento del señor Danilo Arturo Galíndez Ojeda, sus padres y sus hermanos padecieron una profunda aflicción, pena y dolor, pues su núcleo familiar se vio notablemente afectado (fls. 250 a 254, cdno. 1).

Por su parte, el señor Hermes Eraso Calvache afirmó que la esposa y las hijas del señor Galíndez Ojeda quedaron “…completamente destruidas…”, pues su muerte afectó el normal desenvolvimiento del hogar (fl. 279, cdno. 1) declaración que se encuentra respaldada, en similares términos, con los testimonios de los señores Lency Yolanda Bernal Trujillo, Bernardo Pérez Salazar y Ligia Stella Peñafiel Rodríguez, quienes agregaron que, aun cuando la relación conyugal del señor Galíndez Ojeda se vio afectada, debido a una infidelidad suya, siempre mantuvo lazos de amor y afecto con su esposa (fls. 321 a 331, cdno. 1).

3.11. De igual manera, los señores Segundo Sigifredo Mesís Eraso, Gabriel Orlando Viveros Calderón, Joaquín Emilio Quiroz Rivas, Aura Ligia Bermeo y Cecilia Calderón de Viveros dan cuenta de las buenas relaciones que tenía el señor Jorge Armando Guerrero con su madre, sus hermanos, su esposa y su hijastro (a quien le prodigaba afecto) al tiempo que refieren el desconsuelo y tristeza que les produjo su muerte (fls. 338 a 349, cdno. 1).

A su turno, la señora María Eugenia Coral Rodríguez refiere la estrecha relación que tenía la menor Natalia Carolina Guerrero Misnaza con el mencionado señor Guerrero, quien —afirma— nunca desatendió sus obligaciones alimenticias como padre (fl. 280, cdno. 1).

En relación con la menor Diana Vanesa Guerrero, los señores Luis Álvaro Quiroz Rivas y Gabriel Marín Cuéllar también son contestes en afirmar que el señor Jorge Armando Guerrero nunca incumplió sus obligaciones como padre y que, por el contrario, siempre veló por el bienestar de su hija, con quien tenía una “relación afectuosa” (fls. 334 a 335, cdno. 1).

4. Caso concreto.

Lo primero que advierte la Sala es que, en relación con el centro de imputación jurídica, el recurso de apelación se limitó única y exclusivamente a deprecar la responsabilidad del Invías y nada dijo en cuanto a la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva que hizo el tribunal respecto del Ministerio de Transporte; en consecuencia, frente a este último organismo, se debe mantener lo dispuesto por el a quo en la sentencia apelada.

Cuando se debate la ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de vehículos automotores, generalmente el título de imputación bajo el cual se resuelve la controversia es el objetivo de riesgo excepcional, toda vez que el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al que el Estado expone a los administrados, caso en el cual la administración únicamente puede exonerarse de responsabilidad si demuestra que entre la actividad peligrosa por ella desplegada y el daño medió una causa extraña, exclusiva y excluyente.

En relación con la imputación del daño, la Sala estima que los hechos involucran un aspecto que es necesario analizar para la solución del caso individual, esto es, que el daño se causó con ocasión del ejercicio de una actividad peligrosa que no ejercían las víctimas, en tanto se trató de un accidente ocurrido al volcarse y precipitarse al río Caquetá el vehículo en que se movilizaban, el cual se encontraba bajo la guarda del señor Miguel Ángel Revelo Pinto (director del Invías - regional Putumayo) y era conducido por la señora Miriam Orfilia Pantoja Córdoba.

En relación con dicho aspecto, es necesario poner de presente que la Sala Plena de esta Sección, en sentencia del 19 de abril de 2012(24)señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco le es dable a la jurisprudencia establecer un único título de imputación aplicable a los eventos que guarden semejanzas fácticas entre sí, dado que dicho título de imputación puede variar teniendo en cuenta las circunstancias singulares acreditadas en cada proceso y, naturalmente, según los criterios que el juez estime relevantes. Lo anterior quiere decir que no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de hechos que guarden semejanzas entre sí tienen que resolverse de la misma forma, pues el juez puede, según el caso, adecuar el título de imputación, de conformidad con las condiciones que ameriten una valoración diferente.

Lo dicho cobra relevancia, teniendo en cuenta que, por los mismos hechos, esta Sala se pronunció en sentencia del 29 de mayo del presente año (rad. 2001 00694 01, adelantado por la muerte del señor Miguel Ángel Revelo Pinto) providencia que se distancia diametralmente de la posición que se adoptará en el presente asunto, pues las circunstancias por las cuales se demandó en esta oportunidad requieren abordar el análisis sobre el riesgo que implicaba la conducción de un vehículo, como actividad peligrosa, en relación con las personas que no ejercían tal actividad ni detentaban la guarda del mismo.

En el sub examine, donde se analiza la responsabilidad del Estado por un daño derivado del ejercicio de la actividad peligrosa de conducción de vehículos, conviene advertir que, a efectos de establecer el criterio de imputación aplicable, la Sala ha diferenciado la situación de las víctimas que ejercen tal actividad, de aquéllas que son ajenas a la misma, para concluir que, frente a las primeras, deberá tenerse en cuenta que quien se vincula a ese tipo de actividades participa en la creación del riesgo que la misma entraña y, por consiguiente, tiene la obligación de extremar las medidas de seguridad para evitar o contrarrestar la causación de daños; mientras que, en relación con los terceros que no ejercen la actividad peligrosa sino que por alguna circunstancia están sometidos al riesgo que ella entraña, sean o no servidores del Estado, debe analizarse si el daño constituyó la concreción del riesgo creado o si, por el contrario, se produjo por una acción indebida derivada del incumplimiento de las medidas de precaución que debieron adoptarse para su ejercicio.

Sobre el particular, en pronunciamientos anteriores, esta corporación expresó:

“Quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc., no podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa para reclamar del Estado la indemnización por el daño que sufra como consecuencia del uso del arma, de la conducción del automotor, etc., en tanto es él mismo, precisamente, quien está llamado a actuar de manera prudente y diligente en el ejercicio de la actividad peligrosa que se le recomienda.

“… si el afectado es un tercero (que no ejerce la actividad peligrosa) quedará relevado de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonerara si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza mayor”(25).

En suma, para definir la responsabilidad de la entidad demandada, en los eventos en los cuales el daño se deriva del ejercicio de una actividad peligrosa, corresponde establecer si la víctima ejercía tal actividad o si era ajena a la misma, porque en relación con la primera deberá tenerse en cuenta que ésta asume los riesgos inherentes a aquélla(26)mientras que en relación con la segunda la sola verificación de la concreción del riesgo conllevará la declaratoria de responsabilidad, a menos que se pruebe, como se dijo atrás, la ocurrencia de una causa extraña, exclusiva y excluyente, que tenga la entidad suficiente de romper el nexo causal; al respecto, esta Sala ha advertido, en forma reiterada, que:

“…al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(27)

Puestas así las cosas y visto con detenimiento el material probatorio que milita en el expediente, la Sala concluye que, en relación con la muerte de los señores Danilo Arturo Galíndez Ojeda y Jorge Armando Guerrero, se impone declarar la responsabilidad de la administración, en tanto el daño se produjo cuando el vehículo oficial en que se movilizaban y que, además, no era conducido por ninguno de ellos, se salió de la vía y se precipitó sobre el río Caquetá (ver, pág. 9 supra).

En efecto, las pruebas relacionadas anteriormente son suficientes para afirmar que el daño se produjo como concreción del riesgo propio que conlleva la peligrosa actividad de conducción de vehículos, riesgo al cual se vieron sometidos los señores Guerrero y Galíndez Ojeda; el primero, en calidad de funcionario del Invías y dependiente del señor Miguel Ángel Revelo Pinto, como se indica en la Resolución 2233, del 25 de mayo de 1999 (fls. 149 a 154, cdno. 1) y, el otro, en tanto era trabajador de Consultoría Colombiana S.A., la cual era contratista de la misma entidad estatal acabada de mencionar, cuyo director regional, el señor Revelo Pinto, era la persona que tenía la guarda del vehículo y que facilitó su conducción a la señora Miriam Orfilia Pantoja Córdoba (ver, págs. 9 y 10 supra) persona ajena —esta última— a la entidad demandada.

Al facilitar el señor Revelo Pinto la conducción del vehículo, siendo el responsable de la guarda y la tenencia del mismo(28)a una persona que “…apenas estaba aprendiendo…”(29) y que “…no lo pudo controlar…”(30)al punto que el accidente se produjo por “…impericia en el manejo…”(31)naturalmente incrementó la realización de los riesgos propios que implicaba dicha actividad peligrosa y a la cual se vieron expuestas las víctimas antes mencionadas.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las víctimas no tenían la custodia del automotor y mucho menos lo conducían, es dable concluir que no participaron en la producción del daño, como lo sostiene el a quo, razón por la cual se confirmará la declaratoria de responsabilidad del Invías por el riesgo creado y no se disminuirá el quantum indemnizatorio, pues, se reitera, no se encuentra demostrada ninguna acción u omisión por parte de las víctimas que hubiere sido relevante en la producción del hecho dañoso.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Morales.

a) En el proceso se encuentra acreditado que los señores Ana María Cuayal Muñoz, Ximena Patricia y Ana María Galíndez Cuayal, Diomedes Galíndez y Juana Ojeda, así como Emer de Jesús, Roberth Hernán, Nancy Ruth, Mary Piedad, Lupe Magnolia, Adiela y Giovanni Jesús Galíndez Ojeda son, respectivamente, cónyuge, hijas, padres y hermanos del señor Danilo Arturo Galíndez Ojeda (fls. 30, 28, 29, 27, 36, 37, 38 y 39, cdno. 1) circunstancia que, por aplicación de las máximas de la experiencia, permite inferir que padecieron una afección de orden moral por su muerte.

b) También se encuentra demostrado que los señores Ana Ofelia Arteaga Apráez, Natalia Carolina Guerrero Misnaza, Diana Vanesa Guerrero, Julia Teresa Guerrero de Villaruel, Víctor Javier y Piedad Elvira Villaruel Guerrero son cónyuge, hijas, madre y hermanos del señor Jorge Armando Guerrero, lo cual, igualmente, hace presumir que sufrieron congoja y aflicción por la muerte de éste.

En relación con el menor Joan Marcel Rosero Arteaga, se tiene por acreditado que el señor Jorge Armando Guerrero le prodigaba afecto por ser hijo de su cónyuge, tal como lo sostienen en sus declaraciones los señores Segundo Sigifredo Mesís Eraso, Gabriel Orlando Viveros Calderón, Joaquín Emilio Quiroz Rivas, Aura Ligia Bermeo y Cecilia Calderón de Viveros [ver, numeral 3.9 supra], por manera que, se infiere, también sufrió congoja y aflicción por el fallecimiento de su padrastro.

Conforme a lo anterior y siguiendo los parámetros trazados por la jurisprudencia de esta corporación(32)la Sala condenará a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, lo siguiente:

Primer grupo (muerte de Danilo Arturo Galíndez Ojeda)

— Para los señores Ana María Cuayal Muñoz (cónyuge) Ximena Patricia y Ana María Galíndez Cuayal (hijas) Diomedes Galíndez y Juana Ojeda (padres) el monto equivalente a 100 SMLMV, y para los señores Emer de Jesús, Roberth Hernán, Nancy Ruth, Mary Piedad, Lupe Magnolia, Adiela y Giovanni Jesús Galíndez Ojeda (hermanos) el monto equivalente a 50 SMLMV.

Segundo grupo (muerte de Jorge Armando Guerrero)

— Para los señores Julia Teresa Guerrero de Villaruel (madre) Ana Ofelia Arteaga Apráez (cónyuge) Natalia Carolina Guerrero Misnaza y Diana Vanesa Guerrero (hijas) el monto equivalente a 100 SMLMV; para los señores Víctor Javier y Piedad Elvira Villaruel Guerrero (hermanos) el monto correspondiente a 50 SMLMV y, para el damnificado Joan Marcel Rosero Arteaga, 10 SMLMV.

5.2. Perjuicios materiales.

5.2.1. Lucro cesante para el primer grupo.

En la demanda se solicitó que se condenara al pago de la indemnización, por concepto de lucro cesante, en favor de la señora Ana María Cuayal Muñoz y de las menores Ximena Patricia y Ana María Galíndez Cuayal (cónyuge e hijas de la víctima) por la ayuda económica dejada de percibir por ellas en razón de la muerte del señor Danilo Arturo Galíndez Ojeda.

Así las cosas y teniendo en cuenta que este último era laboralmente activo, pues trabajaba como contratista Consultoría Colombiana S.A. (ver, núm. 3.2) la Sala reconocerá el lucro cesante solicitado, según los siguientes datos y operaciones:

• Ingreso de la víctima: $ 1’784.307 (certificación obrante a fl. 40, cdno. 1).

• Expectativa de vida de la víctima: 35.83 años(33) (430 meses).

• Período consolidado: 180 meses.

• Período futuro: 250 meses.

Actualización de la base:

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(34) 

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(35) 

RA= $ 3’736.902,59

A la suma de $ 3’736.902,59 se adicionará un 25% ($ 934.225,64) por concepto de prestaciones sociales, operación que arroja como resultado la cantidad de $ 4’671.128,23; no obstante, a dicho monto se le descontará el 25% ($ 1’167.782,05) el cual corresponde al porcentaje que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, es la cantidad destinada por el occiso para atender sus propios gastos personales, por lo cual RA = $ 3’503.346,18. La renta actualizada se dividirá entre los beneficiarios de la indemnización, esto es, entre la cónyuge (50%) ($ 1’751.673,25) y las hijas de la víctima (25% para cada una de ellas) ($ 875.836,62)

a) A favor de la cónyuge:

Lucro cesante consolidado o vencido

Se toma como período indemnizable el comprendido entre la fecha en la cual el señor Galíndez Ojeda murió (jul. 1º/99) y la de la presente sentencia, para un total de 180 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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Donde Ra corresponde al Ingreso o renta mensual actualizada ($ 1’751.673,25) i es una constante, correspondiente al interés puro o técnico mensual y n es el número de meses que comprende el período a indemnizar (180)

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S = $ 502’547.696,03

Lucro cesante futuro

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Donde Ra corresponde al Ingreso o renta mensual actualizada ($ 1’751.673) i es una constante, correspondiente al interés puro o técnico mensual y n es el número de meses que comprende el período a indemnizar (250)

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S = $ 252’991.467,26

Lucro cesante para la señora Ana María Cuayal Muñoz (cónyuge) $ 755’539.055,45.

b) A favor de la menor Ximena Patricia Galíndez Cuayal (hija):

El lucro cesante vencido o consolidado se calcula, de igual forma, desde la fecha de los hechos (jul. 1º/99) hasta la fecha en que cumplió los 25 años de edad (ene. 21/2009)(36)para un total de 115 meses.

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S = $ 134’566.359,60.

c) A favor de la menor Ana María Galíndez Cuayal (hija):

El lucro cesante vencido o consolidado se calcula, de igual forma, desde la fecha de los hechos (jul. 1º/99) hasta la fecha en que cumplió los 25 años de edad (jul. 21/2007)(37)para un total de 97 meses.

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S = $ 108’246.188,93.

5.2.2. Lucro cesante para el segundo grupo.

Se solicitó que se condenara al pago de la indemnización, por concepto de lucro cesante, en favor de la señora Ana Ofelia Arteaga Apráez (cónyuge) y de las menores Natalia Carolina Guerrero Misnaza y Diana Vanesa Guerrero (hijas de la víctima) por la ayuda económica dejada de percibir en razón de la muerte del señor Jorge Armando Guerrero.

Teniendo en cuenta que este último laboraba para el Invías (ver, núm. 3.2) la Sala reconocerá el lucro cesante solicitado, de conformidad con los siguientes datos y operaciones:

• Ingreso de la víctima: $ 1’905.187 (constancia obrante a fl. 67, cdno. 1).

• Expectativa de vida de la víctima: 32.16 años(38) (386 meses).

• Período consolidado: 180 meses.

• Período futuro: 206 meses.

Actualización de la base:

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RA= $ 3’990.063,50

A la anterior suma se le adicionará el 25% ($ 997.515,87) por concepto de prestaciones sociales, operación que arroja como resultado la suma de $ 4’987.579,37; no obstante, a dicho monto se le descontará el 25% ($ 1’246.894,84) el cual corresponde al porcentaje que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, es la cantidad destinada por el occiso para atender sus propios gastos personales, por lo cual RA = $ 3’740.685. Igualmente, la renta actualizada se dividirá entre los beneficiarios de la indemnización, esto es, entre la cónyuge (50%) ($ 1’870.342,5) y las hijas de la víctima (25% para cada una de ellas) ($ 935.170,87)

a) A favor de la cónyuge:

Lucro cesante consolidado o vencido

Se toma como período indemnizable el comprendido entre la fecha en la cual el señor Galíndez Ojeda murió (1 de julio de 1999) y la de la presente sentencia, para un total de 180 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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Donde Ra corresponde al Ingreso o renta mensual actualizada ($ 1’870.342,5) i es una constante, correspondiente al interés puro o técnico mensual y n es el número de meses que comprende el período a indemnizar (180)

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S = $ 536’593.405,28

Lucro cesante futuro

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Donde Ra corresponde al Ingreso o renta mensual actualizada ($ 1’870.342,5) i es una constante, correspondiente al interés puro o técnico mensual y n es el número de meses que comprende el período a indemnizar (206):

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S = $ 242’942.047,46

Lucro cesante para la señora Ana Ofelia Arteaga Apráez (cónyuge) $ 779’535.452,73.

b) A favor de la menor Natalia Carolina Guerrero Misnaza (hija):

El lucro cesante vencido o consolidado se calcula, de igual forma, desde la fecha de los hechos (jul. 1º/99) hasta la fecha en que cumplió los 25 años de edad (jul. 7/83)(39)para un total de 108 meses.

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S = $ 132.460.889,70

c) A favor de la menor Diana Vanesa Guerrero (hija):

El lucro cesante vencido o consolidado se calcula, de igual forma, desde la fecha de los hechos (jul. 1º/99) hasta la fecha en que cumplió los 25 años de edad (oct. 21/84)(40)para un total de 124 meses.

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S = $ 158’682.610,68

5.2.3. Daño emergente.

Se reconoce la suma de $ 2’288.010, por concepto de gastos funerarios, en favor de la señora Ana María Cuayal Muñoz, el cual se encuentra acreditado con los recibos y facturas de pago expedidos por la Funeraria Jardines de las Mercedes(41)para el efecto, se actualizará dicho monto a la fecha de esta sentencia, de conformidad con la variación de precios al consumidor certificada por el DANE, según la siguiente fórmula:

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Ra = $ 4’791.815,81.

Igualmente, se reconoce la suma de $ 2’680.000, en favor de la señora Ana Ofelia Arteaga Apráez, el cual se encuentra acreditado con los recibos y facturas de pago expedidos a su nombre por la Funeraria Olaya (fls. 68 a 70, cdno. 1) para el efecto, se actualizará dicho monto, según los parámetros establecidos anteriormente, para un monto definitivo de $ 5’612.766,72.

6. Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 18 de marzo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo Nariño, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Instituto Nacional de Vías (Invías) por la muerte de los señores Danilo Arturo Galíndez Ojeda y Jorge Armando Guerrero, ocurrida el 1º de julio de 1999, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE al Instituto Nacional de Vías (Invías) a pagar, por concepto de perjuicios morales, el monto de 100 SMLMV, para cada uno de los señores Ana María Cuayal Muñoz, Ximena Patricia y Ana María Galíndez Cuayal, Diomedes Galíndez y Juana Ojeda, y 50 SMLMV, en favor de cada uno de los señores Emer de Jesús, Roberth Hernán, Nancy Ruth, Mary Piedad, Lupe Magnolia, Adiela y Giovanni Jesús Galíndez Ojeda.

De igual manera, se reconoce el monto de 100 SMLMV, por el mismo concepto, en favor de cada uno de los señores Julia Teresa Guerrero de Villaruel, Ana Ofelia Arteaga Apráez, Natalia Carolina Guerrero Misnaza y Diana Vanesa Guerrero; además, el monto de 50 SMLMV, para cada uno de los señores Víctor Javier y Piedad Elvira Villaruel Guerrero y 10 SMLMV, para Joan Marcel Rosero Arteaga.

TERCERO: CONDÉNASE al Instituto Nacional de Vías (Invías) a pagar, a título de indemnización por lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

Primer grupo:

Ana María Cuayal Muñoz: $ 755’539.055,45.

Ximena Patricia Galíndez Cuayal: $ 134’566.359,60.

Ana María Galíndez Cuayal: $ 108’246.188,93.

Segundo grupo:

Ana Ofelia Arteaga Apráez: $ 779’535.452,73.

Natalia Carolina Guerrero Misnaza: $ 132’460.889,70.

Diana Vanesa Guerrero Guerrero: $ 158’682.610,68.

CUARTO: CONDÉNASE al Instituto Nacional de Vías (Invías) a pagar, a título de indemnización por daño emergente, la suma de $ 4’791.815,81, en favor de la señora Ana María Cuayal Muñoz y la suma de $ 5’612.766,72, en favor de la señora Ana Ofelia Arteaga Apráez.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

OCTAVO(sic): DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 de este último código.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(8) Cuando se presentó la demanda (oct. 27/2000) la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 26’390.000 (CCA, arts. 129 y 132, subrogados por el D. 597/88) En el presente asunto, la pretensión mayor asciende a $ 958’468.000, solicitados por concepto de lucro cesante, en favor de la señora Ana María Cuayal Muñoz y de sus dos hijas (suma que se divide, para un equivalente a $ 479’234.000, distribuido entre madre e hijas).

(9) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20300.

(10) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12789.

(11) Radicado 1996-00659, interno: 25022, actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, C.P. Enrique Gil Botero. Se deja constancia de que el ponente de la presente providencia se apartó de lo decidido en la oportunidad citada, justamente en lo que concierne a la valoración de las copias simples, pero que acata tal decisión mayoritaria de la sección y, por ello, la aplica en este caso.

(12) Folios 53 y 66, cdno. 1.

(13) Folios 68 a 69, cdno. anexo.

(14) Folio 75, cdno. 1.

(15) Folio 79, cdno. 1.

(16) Folio 293, cdno. 1.

(17) Ibídem.

(18) Folio 67, cdno. anexo.

(19) Ibídem.

(20) Folio 57, cdno. anexo.

(21) Folio 57, ibídem.

(22) Ibídem.

(23) Folio 70, cdno. anexo.

(24) Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 19 de abril de 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de febrero de 1997, expediente 9912, reiterada en sentencia del 7 de septiembre de 2000, expediente 13184, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(26) Ver, entre otras, la sentencia del 29 de enero de 2009, expediente 16689, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(27) Sentencia del 14 de junio de 2001, expediente 12.696 y sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 27.520, ambas del C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(28) Ver, numerales 3.5, 3.6 y 3.7 de las consideraciones.

(29) Ver, numeral 3.7 ibídem.

(30) Ver, numeral 3.3 ibídem.

(31) Ver, numerales 3.4 y 3.6 ibídem.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15646.

(33) Se tiene en cuenta la menor expectativa de vida, esto es, la del señor Danilo Arturo Galíndez Ojeda, quien, para la época de los hechos, tenía 41 años cumplidos, mientras que la señora Ana María Cuayal Muñoz contaba con 39 años de edad (registros civiles de nacimiento obrantes a fls. 26 y 27, cdno. 1) Consúltese, además, la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997.

(34) Mayo de 2014.

(35) Julio de 1999.

(36) Registro civil de nacimiento obrante a folio 28, cuaderno 1.

(37) Folio 29, cuaderno 1.

(38) La menor expectativa de vida es la del señor Jorge Armando Guerrero, quien, para la época de los hechos, tenía 45 años cumplidos, mientras que la señora Ana Ofelia Arteaga Apráez contaba con 40 años de edad (registros civiles de nacimiento obrantes a fls. 55 y 56, cdno. 1).

(39) Registro civil de nacimiento obrante a folio 60, cuaderno 1.

(40) Folio 61, cuaderno 1.

(41) Expedidos en nombre de la señora Ana María Cuayal Muñoz, folios 41 a 44, cuaderno 1.