Sentencia 2000-01284 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2000-01284-01(28393)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: José Manuel Mahecha y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado(4), procede la subsección a resolver el asunto sometido a su consideración de acuerdo con el siguiente esquema: 1) El régimen de responsabilidad aplicable; 2) El caso concreto; y 3) La condena en costas.

1. El régimen de responsabilidad aplicable.

A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, este será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(5). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(6).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(7). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(8); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(9).

Al respecto, en recientes pronunciamientos, esta Sección ha reiterado que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(10).

En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por actos terroristas en los que la imputación de la responsabilidad al Estado “parte del supuesto de que el acto o la conducta dañosos son perpetrados por terceros ajenos a él, trátese de delincuencia común organizada o no, subversión o terrorismo”(11), pero que rompe el equilibrio de las cargas públicas.

En este orden de ideas, el análisis del régimen de responsabilidad aplicable al caso sub lite, como se verá más adelante, debe abordarse a título de responsabilidad objetiva por daño especial con base en la reciente sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció:

“Es por lo anterior que la Sección, cuando en esos casos no ha podido vislumbrar la existencia de una falla en el servicio, ha considerado que el Estado no por ello se encuentra exonerado de responder, sino que, ha encontrado fundamento a la declaratoria de responsabilidad en el daño sufrido por la víctima en tanto que ha considerado que el padecimiento de ese daño desborda el equilibrio de las cargas públicas y rompe con los principios de solidaridad y equidad. (…) Como sea que los hechos que dieron lugar al daño por el cual hoy se reclama ocurrieron en el marco del conflicto armado interno(12) y resulta evidente que es al Estado a quien corresponde la búsqueda de soluciones que conlleven a la terminación de la guerra, de ahí que debe convenirse en que se aparta de los más elementales criterios de justicia y equidad que al producirse estos ataques subversivos, el Estado no acuda a socorrer a sus víctimas. (…) Ahora, en cuanto al título de imputación como herramienta de motivación que debe ser aplicado para dar respuesta al caso concreto, la Sala considera que, en aras de materializar el valor justicia(13), la responsabilidad del Estado en este caso se ha comprometido a título de daño especial, por entenderse que no hay conducta alguna que pueda reprochársele a la entidad demandada, quien actuó dentro del marco de sus posibilidades, así como tampoco se puede reprochar la conducta de la parte demandante, quien se presenta como habitante del pequeño poblado de Silvia, víctima indirecta de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias le causó un perjuicio en un bien inmueble de su propiedad, trayendo para ella un rompimiento de las cargas públicas que debe ser indemnizado”(14).

2. El caso concreto.

2.1. Los hechos probados.

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo. Ninguna fue objetada y todas pueden ser valoradas de acuerdo con las siguientes precisiones(15).

En lo que se refiere a las copias simples anexadas con la demanda(16), las mismas serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario desde el inicio del proceso sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes. Así pues, dado que han obrado a lo largo del proceso y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio.

Al respecto, ha dicho la Sala:

“(…) en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes.

Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así:

“Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte demandante desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”(17).

Así las cosas, la Sala valorará con libertad probatoria la documentación aportada por el demandado”(18) (resaltado fuera de texto).

En el mismo sentido, las pruebas aportadas por parte de diversas entidades a solicitud del juez, pero allegadas en copia simple(19), se considerarán auténticas por el simple hecho de haber sido emitidas por autoridades públicas.

Ahora bien, en lo que se refiere a las declaraciones extraprocesales que reposan en algunos de los expedientes acumulados(20), y cuyo objetivo principal es dar cuenta de las relaciones de consanguinidad y afinidad de las víctimas con los demandantes, serán apreciadas conforme a lo previsto en el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 130 del artículo primero del Decreto 2282 de 1989.

Así mismo, con respecto a las pruebas trasladadas del proceso disciplinario(21) cuya práctica se solicitó en la demanda, y fue decretada y debidamente allegada a los diferentes expedientes, se les dará valor probatorio de acuerdo con lo dicho en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil por remisión directa del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en virtud del cual, “las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En el sub lite, los procesos primitivos se adelantaron en contra de miembros del Ejército Nacional, parte demandada en el proceso que ahora se decide; en consecuencia, los testimonios que allí reposan serán valorados en su integridad pues la demandada asistió e intervino en su práctica, situación que haría inocua la ratificación de la que habla el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil(22). No obstante lo anterior, ni las versiones libres ni las indagatorias que reposen en dichos expedientes serán tenidas en cuenta por carecer del requisito de juramento considerado indispensable —en los términos del artículo 227 del Código de Procedimiento Civil—, para ser apreciadas como declaraciones de terceros.

En este orden de ideas, también es preciso advertir que las fotografías que reposan en los folios 38 y 39 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998, solamente registran una imagen, y no dan certeza sobre su origen ni la época en las que fueron tomadas. Por tal razón, no se les otorgará mérito probatorio alguno pues no fueron corroboradas con ningún otro medio de prueba(23), pues de acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional, “el valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de su autenticidad formal sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa los hechos que se le atribuyen, y no otros diferentes en razón del tiempo, del lugar o del cambio de posición de los elementos dentro de la escena capturada. Para ello, el juez debe valerse de otros medios probatorios, apreciando razonablemente el conjunto”(24).

Finalmente, en cuanto a la copia del recorte de prensa que aparece foliado con el Nº 73 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998, se ha de señalar que en reciente pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(25) se estableció lo siguiente:

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(26). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(27).

En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “… son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “… son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”(28).

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, los recortes de prensa anexados con la demanda, habrán de ser analizados en conjunto con las demás pruebas que obran en el expediente, con el fin de verificar la información que en ellos consta(29).

Realizadas las anteriores precisiones, pasa la Subsección a hacer la relación de las pruebas que considera útiles y pertinentes para fallar.

Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos relatados en la demanda, reposan las siguientes pruebas:

— Folio 71 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: copia del Oficio Nº 9921-7DIV5-BR13-B7-DH-725 suscrito el 18 de diciembre de 2000 por el oficial de derechos humanos de la Decimotercera Brigada del Ejército Nacional, en el que se lee: “me permito enviar a ese despacho la relación de las operaciones efectuadas por el Batallón de Artillería Nº 13 “Fernando Landazábal Reyes”, fotocopia del informativo disciplinario adelantado por los mismos hechos (…)”.

• Folio 72 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: copia del Oficio Nº 4247 BR13-BALAN-CDO-146 suscrito el 29 de septiembre de 2000 por el comandante del Batallón de Artillería Nº 13 del Ejército Nacional en el que consta la relación de operaciones efectuadas por el batallón a su cargo, así: “1. El día 15 de enero de 2000 se presentó un combate entre tropas integrantes de la fuerza de Tarea del Llano, contra integrantes de las ONT-FARC, integrado por las cuadrillas 01-27-40-44-53 y compañía móvil Che Guevara, desarrollándose en la siguiente forma: DÍA 15 ENERO/2000 3:45 detonación, correspondiente a la voladura del peaje Puente Quetame, se pone en ejecución plan de reacción y contrataque colocando personal y armas de apoyo en su posición armando los núcleos de resistencia. (…) 9:30 continúa fuego nutrido sobre la posición de artillería, manteniendo el personal aferrado a su posición, se controló el movimiento de personal y el gasto de munición. (…) 14:00 Nuevamente la subversión inicia el ataque con gran volumen de fuego hacia el escalón piezas con 06 ametralladoras y continúan con su intención nuevamente de copar el núcleo de seguridad de las piezas. Se neutraliza el ataque por medio de granadas de mano y fuego de ametralladora. (…) 18:30 El enemigo abre fuego con 01 ametralladora al sector donde se encuentra la tropa siendo su único ataque, el cual se neutralizó con artillería. 23:00 Se toma contacto en el sitio conocido como Punto 53 con personal de la fuerza de despliegue rápido quienes informan de la presencia de bandoleros desde el peaje de Puente Quetame hasta el Puente La Balsa (…). En igual forma por la acción de las Narco-Farc resultó herido un personal civil, y otros asesinados, que en el momento de los hechos se encontraba en el sector así: Particulares heridos: (…) Luis Ricardo Torres (…) Hugo Alfonso Méndez (…) Particulares muertos: Luis Alfredo Quevedo Rodríguez, Jesús Antonio Galvis (…) Alberto Parra Acero (…). En igual forma revisados los diferentes registros existentes, no se encontró que el señor Luis Evelio Castellanos Martínez, figure como damnificado de la acción vandálica” (resaltado fuera de texto).

• Folio 91 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: providencia proferida el 24 de agosto de 2000 por el comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en la que resolvió archivar las diligencias preliminares de carácter disciplinario iniciadas por los hechos relatados en la demanda contenciosa, por no existir mérito para abrir investigación formal.

— Folio 87 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: Oficio Nº 00065/DIV5-BR13-B3-COUR-725 suscrito el 20 de febrero de 2001 por el comandante COUR BR-13 (E), en el que se lee: “1. Efectivamente para la fecha del 15 de enero de 2000 se presentó un enfrentamiento armado entre tropas de la fuerza de despliegue rápido y unidades de la fuerza de Tarea del Llano, contra bandidos de las cuadrillas 1-27-40-44 y 53 de la ONT-FARC. 2. El personal se movilizó hasta la zona, o mejor que estaba ya en la zona en momentos de ocurrir el enfrentamiento, una vez analizado el INSITOP para la fecha nos muestra lo siguiente: (…) 3. Las órdenes emitidas fueron las que consignaron en la orden de operación 01 de 2000 “Coraza”, firmada por el señor bg. Arcesio Barrero Aguirre, comandante BR-13 de la época” (resaltado fuera de texto).

— Folio 180 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: Oficio Nº 1086 BR13-BALAN-AYU-167 suscrito el 9 de marzo de 2001 por el comandante del Batallón de Artillería Nº 13 del Ejército Nacional, en el que se lee: “Durante los días 15 y 16 de enero de 2001 se presentaron combates entre tropas de Esta [sic] unidad táctica, contra integrantes de las FARC, específicamente los frentes 01-27-40-44-53 y compañía Che Guevara, el personal de la fuerza porta su arma de dotación, fusil, en lo concerniente a explosivos, se dio empleo al material convencional con que cuenta la institución, valga decir granadas de mano, granadas de 40 mm, granadas de 105 mm y granadas de 120 mm, no se emplea otro tipo de explosivos, los no convencionales son empleados por la subversión (…) en lo que hace relación a las ordenes [sic] recibidas y actividades se contemplan en el caso Táctico Coraza, del cual se anexan cinco folios útiles, además en las normas internas se contemplan aspectos relacionados con la protección de la población civil, y medidas de seguridad en los desplazamientos” (resaltado fuera de texto).

— Folio 186 cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: Oficio Nº 3003BR13-BALAN-CDO-375 suscrito el 19 de enero de 2000 por el comandante Batallón de Artillería Nº 13, en el que se hace una apreciación del desarrollo de la operación Coraza, así: “Con toda atención me permito presentar a mi general la apreciación de la operación Coraza desarrollada por tropas de esta unidad táctica y de la fuerza de Tarea del Llano en el municipio de Guayabetal, durante los días 11 al 16 de enero del año en curso contra el bloque móvil de las ONT FARC en el cual se dieron de baja doce (12) bandoleros y se incautó bastante material de guerra a demás [sic] fueron asesinados cuatro (4) soldados y heridos un oficial, un suboficial y cinco soldados. (…) V. Desarrollo de los hechos. La batería C ocupó la posición ordenada el 1104:00-ENE-2000 simultáneamente los dos pelotones de punto 53 se mueven hacia el Banco en Cáqueza, para asegurar el puesto de mando de la Brigada Móvil Nº 1, los dos pelotones del Limonar se mueven hacia el túnel de Chipaque quedando dos pelotones en Monteredondo. El puesto de mando de la fuerza de tarea se movió con un pelotón hacia Quetame y el otro pelotón continuó su movimiento hacia la posición de la batería en Guayabetal. El comandante del batallón pasó revista del dispositivo detectando algunas debilidades, ordenando el movimiento del puesto de mando de la fuerza de tarea a la posición con el pelotón que se encontraba en Quetame, así se fortalecía la posición en Guayabetal. El día 1420:00-ENE-2000 el señor mayor general comandante de la quinta división hace programa, preguntando por el dispositivo y alerta sobre la inminencia del ataque, las unidades quedan enteradas y reajustan su dispositivo de acuerdo a las últimas informaciones. El día sábado 1503:30-ENE-2000 se recibe la información sobre la inminencia de un atentado al peaje de Puente Quetame de inmediato se alertan las unidades del área. El peaje es volado a las 04:00, las tropas ponen en ejecución el plan de reacción en sus posiciones y las 05:00 horas inicia el ataque a la posición de la batería y puesto de mando de la fuerza de tarea. Los combates se prolongan todo el día (…) al caer la noche los combates disminuyen su intensidad presentándose algunas escaramuzas sin mayores consecuencias. La oscuridad es utilizada para evacuar los heridos y los muertos utilizando la capacidad de empleo nocturno que tienen las aeronaves y los pilotos. Esta actividad se cumple con éxito. (…) La columna cerró a las 06:00 horas del domingo 16 de enero del 2000 en Guayabetal, una vez enterados de la situación y en coordinación con las tropas a pie inició el registro del área. (…) VIII. Conclusiones. Las pretensiones de las ONT FARC eran mediante acciones terroristas y el empleo de una fuerza de asalto fuerte, tomarse la vía al llano y fortalecer por medios violentos su posición en la mesa de negociaciones. Gracias a la acción de las tropas toda esta nefasta situación no sólo se evitó sino que también se le propinó un duro golpe a la organización. El enemigo derrotado huyó hacia sus áreas base o de retaguardia en la inspección de Manzanares” (resaltado fuera de texto).

— Folio 195 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: oficio sin número suscrito el 17 de enero de 2000 por la policía judicial del Departamento de Policía de Cundinamarca en el que se informa sobre la incursión guerrillera, relatando: “Siendo las 3.30 horas del día 150100, incursionó en el perímetro urbano del municipio de Guayabetal Cundinamarca un grupo de subversivos en un número no determinado, los cuales vestían prendas de uso privativo de las FFAA, portando armamento de largo alcance y material explosivo, los cuales procedieron a atacar las instalaciones de la Policía y residencias aledañas (…). Simultáneamente era atacada la base militar ubicada en Guayabetal utilizando cilindros de gas los cuales eran lanzados desde la carretera que conduce a la vereda Manzanares de igual forma bloquearon la vía al llano, donde destruyeron el peaje de pipiral [sic] y puente quetame [sic], la quema de varias motos y daños a vehículos (…). Bienes afectados (…) Residencias (…) Casa de propiedad del señor Cenón Lisandro González Gutiérrez, CC 359.023 de Quetame, parcialmente destruida (…) Análisis: Por las diligencias adelantadas, elementos encontrados en el lugar de los hechos y antecedentes subversivos en esta región se puede establecer que el grupo subversivo que incursionó en el municipio de Guayabetal Cundinamarca se [sic] realizó por la columna mixta Ernesto Che Guevara conformada por integrantes de los frentes 52-53 y 54 de las FARC, al mando del sujeto Marco Aurelio Buendía, que tiene área de influencia en la región del Guavio Medina y Oriente de Cundinamarca, y el minibroque (sic) del Sumapaz, integrada por subversivos del frente 51-55 y Abelardo Romero, al mando del sujeto Henrry [sic] Castellanos Garzón, alias Edisson Romaña, quienes conformaron un grupo aproximado de mil subversivos quienes se ubicaron en la inspección de Manzanares lugar donde se organizó la acción subversiva. Quienes [sic] pretendían con este accionar el bloqueo de la vía principal que de Bogotá conduce a Villavicencio, al igual que el hurto al armamento de la base militar y la estación de policía” (resaltado fuera de texto).

Sobre las lesiones sufridas por Hugo Alfonso Méndez, Luis Evelio Castellanos y Luis Ricardo Augusto Torres con ocasión de los hechos relatados, reposan en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 9 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: resumen de la historia clínica remitido por la subgerente de servicios hospitalarios del Hospital San Rafael de Cáqueza en el que se lee: “paciente: Hugo Méndez. Edad: 32 años. Fecha de atención: 16-01-00 – 17-01-00. Motivo de consulta: Paciente que ingresa a nuestra institución con cuadro de 18 horas de evolución consistente en trauma por proyectil de arma de fuego en mano izquierda con limitación funcional. Diagnóstico: Fractura abierta 2 y 3 metacarpiano. Plan de tratamiento. Se hospitaliza: manejo con antibióticos y analgésicos. Se remite a tercer nivel de complejidad para manejo”.

— Folio 10 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: resumen de la historia clínica remitido por la subgerente de atención al usuario del Hospital Universitario de La Samaritana en el que se lee: “Méndez Méndez Hugo Alfonso. H.C. Nº 17’446,109. Ingreso: enero 17/2000. Egreso: enero 20/2000. Diagnósticos: fractura abierta de segundo y tercer metacarpiano izquierdo. Tratamiento: lavado quirúrgico más fijación con clavos Kirschner transmetacarpianos. Ingreso y evolución: paciente quien presenta herida por arma de fuego en cara anterior de mano izquierda, transfixiante, es llevado a cirugía donde se realiza lavado quirúrgico más fijación con clavos de Krischner, se afrontan los bordes de las heridas, se evidencia gran pérdida ósea sobre todo del primer metacarpiano, se inmoviliza con férula palmar. Manejo egreso: Se da tratamiento antibiótico, diclocil por 8 días curaciones diarias, analgésicos, ibuprofen 400 mg cada 8 horas, cita control en 10 días. Consulta ortopedia feb. 4/2000. La herida está cerrada se retira material de osteosíntesis. Al final no me importa que mueva en la pseudoartrosis o en la articulación siempre y cuando se recuerde la magnitud de la lesión. Control en 2 meses”.

— Folio 217 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: concepto emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, en el que consta que Hugo Alfonso Méndez Méndez vio disminuida su capacidad laboral en un 22.81%.

— Folio 5 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: certificado suscrito el 20 de enero de 2000 por el secretario de gobierno de la alcaldía municipal de Guayabetal en la que se lee: “Que el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez, identificado con cédula de ciudadanía 17.446.109 expedida en Guamal, Meta; resulto [sic] lesionado a causa de la toma guerrillera, perpetuada al municipio de Guayabetal, Cundinamarca, el día quince (15) de enero de dos mil (2000). Dado en el despacho de la alcaldía municipal de Guayabetal, Cundinamarca, a los veinte (20) días el [sic] mes de enero del dos mil (2000), a petición del Hospital La Samaritana de Santa Fé [sic] de Bogotá”.

— Folio 6 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: certificado suscrito el 24 de enero de 2000 por el personero municipal de Guayabetal en la que se lee: “Que el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez, identificado con la cédula de ciudadanía 17.446.109 expedida en Guamal (Meta), resultó herido [sic] la mano izquierda por impacto de bala, víctima de la toma o ataque guerrillero realizado al municipio de Guayabetal, el día quince (15) de enero de dos mil (2000). Dada en el despacho de la personería municipal de Guayabetal, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de dos mil (2000)”.

— Folio 60 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000, en el que Deyadira Rodríguez Clavijo expuso: “PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento que ha rendido sírvase hacer un relato claro, detallado y conciso de los hechos ocurridos en este municipio el día 15 de enero del presente año, en los cuales resultó lesionado el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez. CONTESTÓ: en esa fecha vivíamos en Buenos Aires y nosotros como a las 4:30 de la tarde Jorge Enrique Chaves, Criceldo Chaves, Hugo Alfonso Méndez, Ismael Chaves y [sic] Israel Baracaldo, decidimos irnos para doden [sic] el señor Vicente Cortés por que [sic] en Buenos Aires estaban en enfrentamientos el Ejército y la guerrilla entonces nosotros [sic] nos dio miedo porque las balas pasaban por encima de las casas, después nos fuimos para donde Vicente Corte [sic], y cuando íbamos llegando entonces una bala atravesó la mano de Hugo Alfonso Méndez, después entremos [sic] a la casa le amarramos la mano para que no desangrara y esa noche permaneció ahí hasta el otro día que llamamos al ejército para [sic] nos ayudara a llevarlo a un hospital, y el ejército le hizo curación, después llamaron a la cruz roja y ellos lo trajeron acá y después al hospital de Cáqueza, y al otro día se lo llevaron para Bogotá”.

— Folio 63 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000, en el que Israel Baracaldo Celeita expresó: “PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento que ha rendido sírvase hacer un relato claro, detallado y conciso de los hechos ocurridos en este municipio el día 15 de enero del presente año, en los cuales resultó lesionado el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez. CONTESTÓ: El enfrentamiento del Ejército contra los subversivos, empezó como a las cuatro de la mañana todo el día fue enfrentamiento estábamos en el lavadero de carros del señor Jorge Chávez, y como a las cuatro o seis de la tarde decidimos irnos a refugiarnos en la casa del señor José Vicente Cortés, iban conmigo Hugo Méndez, Yanira (no me acuerdo el apellido), Jorge Chávez, Griceldo Chávez, Ismael Chávez, Néstor Cortés, Oscar Cortés y otros vecinos que estaban ahí que no recuerdo entre ellos Ignacia Cortés, Lucila Ardila, cuando llegamos a la casa [sic] que nos íbamos a refugiar a donde don Vicente Cortés, una bala perdida hizo blanco en la mano izquierda del señor Hugo Méndez, en la palma de su mano izquierda, como ya caía la noche decidimos esperar hasta el otro día que [sic] se podía hacer al [sic] otro día hablamos con el ejército y ellos bajaron y le hicieron curaciones, le preguntamos que si nos podíamos movilizar al municipio y nos dijeron que sí podíamos bajar, yo viene [sic] al puesto de salud y me enviaron en la camioneta de la cruz roja para recogerlo lo llevamos al puesto de salud y luego al Hospital de Cáqueza, después lo trasladaron a Bogotá al Hospital de La Samaritana”.

— Folio 66 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000 en cumplimiento de un despacho comisorio, en el que Jorge Enrique Chaves dijo: “Bajo la gravedad del juramento que ha rendido sírvase hacer un relato claro, detallado y conciso de los hechos ocurridos en este municipio el día 15 de enero del presente año, en los cuales resultó lesionado el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez. CONTESTÓ: Hubo enfrentamiento desde las cuatro de la mañana nosotros nos estuvimos en la casa luego como a las cinco de la tarde nos fuimos para donde don Vicente Cortés, porque un soldado dijo que iban a seguir bombardeando toda la noche, nos dio miedo y nos fuimos donde Vicente Cortés, cuando una bala perdida le cogió la mano izquierda a Hugo Méndez, nosotros lloramos por él por el accidente que le pasó en la mano, de ahí lo cogimos con un trapo amarrado para que no se desangrara duramos toda la noche bregando con él de madrugada llamamos a los soldados para que le hicieran curación en la mano y ahí los soldados llamaron a la cruz roja y lo llevaron para el puesto de salud y ahí se lo llevaron para Cáqueza y de ahí lo remitieron a Bogotá”.

— Folio 12 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: resumen de la historia clínica remitida por el subgerente hospitalario del Hospital San Rafael de Cáqueza en el que se lee: “Nombre del paciente: Luis Evelio Castellanos. Historia clínica: 88.762: Edad 25 años. Fecha de ingreso: 17-01-00. Fecha de egreso: 20-01-00. Paciente de 26 años quien ingresa a la institución por presentar múltiples heridas por esquirla de granada. IDX. Heridas múltiples por esquirlas de granada en el miembro superior derecho e inferior derecho. Tratamiento: Manejado con antibiótico analgésico, curaciones diarias. Evoluciona satisfactoriamente por lo cual se da salida con recomendaciones generales y prescripción médica”.

— Folio 118 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: concepto emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá el 13 de septiembre de 2001 en el que se establece que el señor Luis Evelio Castellanos Martínez, no sufrió ninguna pérdida de capacidad laboral.

— Folio 7 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: certificado suscrito el 21 de febrero de 2000 por la alcaldesa municipal de Guayabetal en la que se lee: “Que el señor Luis Evelio Castellanos Martínez, identificado con cédula de ciudadanía 79’189,324 expedida en Mosquera, Cundinamarca, fue herido en los enfrentamientos ocurridos el día 15 de enero del dos mil, en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio sector Guayabetal y en la actualidad se encuentra trabajando en el alcantarillado vereda la Primavera con un salario de $ 400.000 mensuales. Se expide en Guayabetal Cundinamarca [sic] a los Veintiún (21) días del mes de febrero del dos mil (2000)”.

— Folio 8 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: certificado suscrito el 28 de febrero de 2000 por la alcaldesa municipal de Guayabetal en la que se lee: “Que el señor Luis Evelio Castellanos Martínez, identificado con cédula de ciudadanía 79’189,324 expedida en Mosquera, Cundinamarca, fue herido en los enfrentamientos ocurridos el día 15 de enero del dos mil, en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio sector Guayabetal. Se expide en Guayabetal cundinamarca [sic] a los veintiocho (28) días del mes de febrero del dos mil (2000)”.

— Folio 9 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: certificado suscrito el 28 de febrero de 2000 por el personero municipal de Guayabetal en la que se lee: “Que el señor Luis Evelio Castellanos, identificado con la cédula de ciudadanía 79’189,324 expedida en Mosquera, resultó herido el pie derecho y brazo derecho, víctima de la toma o ataque guerrillero realizado al municipio de Guayabetal, el día quince (15) de enero del dos mil (2000). Dada en el despacho de la personería municipal de Guayabetal, Cundinamarca, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil (2000)”.

— Folio 41 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 18 de octubre de 2000 en Guayabetal, en la que el señor Rafael Orduz Rodríguez relató: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si el señor Luis Evelio Castellanos Martínez, el día 16 de enero del año en curso resultó lesionado en su integridad física en un enfrentamiento entre el ejercito [sic] nacional y la guerrilla. CONTESTÓ: si [sic] resultó lesionado él y un señor Eliécer Bogotá y una periodista que no le sé el nombre, pero mas [sic] o menos fue como de 8 a 9 de la mañana, estábamos todos aturdidos debajo de la cama”.

— Folio 43 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 18 de octubre de 2000 en Guayabetal, en la que el señor Edgar Hernán Orduz Carrillo dijo: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si a usted le consta como [sic] sucedieron los hechos el día 16 de enero del presente año donde resultó lesionado en su integridad física el señor Luis Evelio Castellanos Martínez, cuando se enfrentaban fuerzas del Ejercito [sic] Nacional con un grupo guerrillero. CONTESTO. Eso fue el 16 de enero del presente año, tipo ocho de la mañana, estábamos en esos días construyendo una obra en la vereda el alcantarillado y ese día estábamos nosotros revisando mirando qué daños habían ocasionado en la obra por los enfrentamientos, había un pequeño receso cuando se sintió la explosión de una granada resultando herido el señor Luis Evelio, el brazo y pierna derecha también resultó herido un señor Eliécer y una periodista de inmediato una ambulancia de la cruz roja trasladó a don Evelio, a don Eliécer y a la periodista al puesto de salud de Guayabetal, les hicieron curaciones y don Evelio fue trasladado al Hospital San Rafael de Cáqueza”.

— Folio 45 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 18 de octubre de 2000 en Guayabetal, en la que el señor Jorge Eliecer Riveros manifestó: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si sabe y le consta qué tipo de lesiones recibió Luis Evelio Castellanos Martínez, cuál es su estado de salud actual, cuál ha sido el comportamiento en lo que hace referencia a las actividades de recreación y esparcimiento y si ha podido realizarlas en la forma en que lo hacía antes del accidente o no y cuál la razón de ello. CONTESTO. Esquirlas de granada en la pierna derecha y brazo derecho, su estado de salud actual ya no es igual que antes, ya se siente limitado para muchas cosas”.

— Folio 93 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: Oficio Nº RSS-VV-5806 478217 suscrito por la Coordinadora del Programa de Atención Integral a Municipios Afectados por la Violencia Política en Colombia de la Red de Solidaridad Social, en el que se lee: “En respuesta a su oficio de la referencia, de manera atenta le informamos que efectivamente se entregó ayuda humanitaria al señor Luis Evelio Castellanos Martínez. Como prueba de lo anterior, anexamos copia del Registro Presupuestal Nº 453 del 2 de marzo de 2000, a nombre del mencionado señor”.

— Folio 94 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: registro presupuestal de compromisos Nº 453 asumido el 2 de marzo de 2000 en el que aparece que Luis Evelio Castellanos Martínez es beneficiario de la “entrega de ayuda humanitaria reconocida en el artículo 2º de la Resolución 0119/00 en calidad de beneficiario quien fue herido en el brazo y pie derecho por ataque guerrillero perpetrado en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca el 15 de enero de 2000”, como parte del programa víctimas de la violencia.

— Folio 48 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: reconocimiento médico legal realizado al señor Luis Ricardo Augusto Torres por el Hospital San Rafael de Cáqueza por solicitud del inspector judicial de Guayabetal (fl. 45 del cdno. ppal.), realizado el 14 de marzo de 2000 por el jefe del departamento II de dicho hospital, en el que se lee: “Refiere que durante fuego cruzado en toma guerrillera del 15 de enero del 2000 más o menos a las 12+30 horas, en la Vereda La Primavera del municipio de Guayabetal, fue alcanzado por un proyectil en el hemitórax izquierdo, brazo izquierdo, manifiesta ser atendido en el Hospital San Rafael Cáqueza, y la clínica del Occidente de Bogotá donde realizan osteosíntesis por fractura de cúbito. Examinado 10-III-2000 a las 12:00 horas presenta: 1. Cicatriz hiperpigmentada e hipopigmentada en tercio medio y distal de antebrazo izquierdo, cara anterior. 2. Cicatriz quirúrgica deprimida de 7 cm en tercio distal antebrazo izquierdo, cara postero-interna. 3. Cicatrices múltiples hiperpigmentadas en piel de hinitorax [sic] izquierdo, con línea medio axilar, en área de 9x8 cm. Elemento causal: al parecer proyectil aram [sic] de fuego. Incapacidad médico legal cuarenta y cinco (45) días. Secuelas si las hubiere se dictaminarán en un segundo reconocimiento médico legal, con copia historia clínica del Occidente de Bogotá”.

— Folio 272 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá el 20 de noviembre de 2001 al señor Luis Ricardo Augusto Torres, en el que se establece que hay un total de 16.20% de pérdida capacidad laboral.

— Folio 41 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: certificado suscrito el 15 de enero de 2000 por el personero municipal de Guayabetal en el que se lee: “Que el señor Luis Ricardo Augusto Torres, identificado con la cédula de ciudadanía 17’002,100 expedida en Bogotá, resultó herido durante el enfrentamiento entre la Guerrilla y el Ejército Nacional, en hechos ocurridos el día quince (15) de enero del dos mil (2000) en el municipio de Guayabetal. Dada en el despacho de la personería municipal de Guayabetal Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes de marzo de dos mil (2000)”.

— Folio 42 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: certificado suscrito el 14 de febrero de 2000, por la alcaldesa municipal de Guayabetal en el que se lee: “Que el señor Luis Ricardo Augusto Torres, identificado con cédula de ciudadanía 17’002,100 expedida en Bogotá, fue herido durante el enfrentamiento entre la Guerrilla y el Ejército Nacional, en hechos ocurridos [sic] el día quince (15) de enero del dos mil (2000), en la población de Guayabetal (Cund.). Se expide en Guayabetal, Cundinamarca, a los catorce (14) días del mes de febrero del dos mil (2000)”.

— Folio 118 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: diligencia de declaración rendida el 2 de mayo de 2001 en Guayabetal, Cundinamarca, dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en el que Aristipo Aya Rodríguez declaró: “PREGUNTADO. Dígale al despacho bajo juramento qué sabe usted de unos hechos ocurridos en este municipio el día 15 de enero del año 2000 sobre un enfrentamiento de tropas del Ejército Nacional con subversivos de la FARC en esta población. CONTESTÓ. El enfrentamiento todo lo más fue en la vereda de la Primavera porque ahí se encontraba el ejército y como nadie sabía que iba a entrar la guerrilla, pero se supone que iban atacar el ejército, hubo cruce de balas, esto empezó como a las cuatro de la mañana, amaneció y como a las seis de la mañana llegó el helicóptero a bombardear se escuchaba mucho plomo y explosiones, a las once de la mañana ya había cesado un poco el fuego y cuando salí de una pieza que estaba aguardado [sic] con mi señora y mis hijos, miré dos personas tendidas junto al puente que queda al pie del cementerio entre ellos era [sic] don Alberto Parra (fallecido) y el otro el señor se llama Luis Ricardo Torres, acá los llama Luis Torres, él estaba herido, en ese momento volvieron los cruces de balas el tiroteo y yo me volví entrar, yo vivo al pie de ese puente y me di cuenta, yo los quise auxiliar pero no pude, don Luis Torres, estaba boca abajo, yo pensé que juntos estaban muertos, pero sabía de quién se trataban, cuando volví a salir miré que solamente estaba botado era don Alberto Parra y el otro ya no estaba por ahí, el otro ya estaba muerto, este resultó muerto por el cruce de balas y el señor Luis Torres, lesionado, se veía sangre en el brazo derecho, él pedía auxilio pero en ese cruce de balas uno que [sic] puede hacer”.

— Folio 120 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: diligencia de declaración rendida el 2 de mayo de 2001 en Guayabetal, Cundinamarca, dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en el que Leonardo Enrique Gómez Parrado, expuso: “PREGUNTADO: Manifieste al despacho si usted conoce al señor Luis Ricardo Augusto Torres quien resultó lesionado el día 15 de enero del 2000 en esta población e igualmente si conoce a su esposa, sus hijos, sus nietos y hermanas y si recuerda sus nombres y cuánto tiempo hace que los conoce y por qué le consta el parentesco. CONTESTO: Si [sic] lo conozco desde hace como unos 18 años, por negocios que he tenido con él con ganado y aún en la actualidad, también conozco a su señora Miriam Saldaña, desde hace unos 10 años porque ella ha estado trabajando acá y tenía un restaurante y actualmente trabajo con ella en una cooperativa acá en Guayabetal. Que el día 15 de enero del 2000 un día sábado el señor Luis Augusto Torres, iba caminando sobre el puente del lado del cementerio a eso de las tres de la tarde y cuando se supo fue que ya estaba herido por un cruce de balas entre el ejército y la guerrilla, conozco a los hijos de ellos llamados: Angélica, Amanda, Luis Ricardo, Miriam Aydee, Amanda, Nubia y Yazmín, son 7, a sus nietos la mayoría se llaman Enrique, Viviana, María Camila, Sebastián, Yina Paola, Miriam, Juan Sevastian [sic], Luisa Fernanda, Alfredo, Felipe, por el momento no recuerdo los otros que están en Bogotá, a estos hace como unos cinco años que los conozco”.

— Folio 137 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: diligencia de declaración rendida el 3 de mayo de 2001 en Guayabetal, Cundinamarca, dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en el que la señora Rosa Elvia Velásquez de Bobadilla, dijo: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si usted conoce al señor Luis Ricardo Augusto Torres, quien resultó lesionado el día 15 de enero del 2000 en esta población e igualmente si conoce a su esposa, sus hijos, sus nietos y hermanas y si recuerda sus nombres y cuánto tiempo hace que los conoce y por qué les [sic] consta el parentesco. CONTESTÓ. (…) Siendo más o menos la una y treinta de la tarde del día 15 de enero del 2000, caminaban hacía el puente de San Miguel los señores Ricardo Augusto Torres y Alberto Para [sic] (fallecido en esta toma guerrillera) y el señor Torres resultó lesionado su mano izquierda y su costado izquierdo por impactos de bala, quien fue recogido herido y traído al hospital del centro de salud de Guayabetal, donde le practicaron los primeros auxilios y luego remitido al Hospital San Rafael de Cáqueza, y de ahí a Bogotá a la Clínica del Occidente, esto sucedió porque hubo un enfrentamiento entre los subversivos de la escuela de la Décimo Tercera Brigada del Ejército con sede en Bogotá y la séptima Brigada con sede en Villavicencio Meta”.

Sobre las muertes de Jesús Antonio Galvis, Luis Alfredo Quevedo y Alberto Parra como consecuencia de los hechos relatados, reposan en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 5 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: registro civil de defunción en el que consta que el señor Jesús Antonio Galvis, de estado civil unión libre, murió el 16 de enero de 2000 de acuerdo con certificado expedido el día 20 del mismo mes y año.

— Folio 12 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: protocolo de necropsia Nº 07-2000 realizado el 17 de enero de 2000 de acuerdo con la inspección de cadáver Nº 007CRIM al cadáver del señor Jesús Antonio Galvis en el que se lee: “Conclusión: Adulto quien fallece por shock cardiogénico secundario a maceración músculo cardíaco por proyectil arma de fuego”.

— Folio 8 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: certificado suscrito el 21 de marzo de 2000 por la alcaldesa municipal de Guayabetal en la que se lee: “Que el señor Jesús Antonio Galvis, identificado con cédula de ciudadanía 17’322,529 expedida en Villavicencio, Meta, resultó muerto en el enfrentamiento entre el Ejército Nacional y la guerrilla en la toma o ataque guerrillero realizado al municipio de Guayabetal, los días 15 y 16 de enero del dos mil. Dado en el despacho de la alcaldía municipal de Guayabetal, a los veintiún (21) días del mes de marzo del dos mil (2000)”.

— Folio 9 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: certificado suscrito el 21 de marzo de 2000 por el personero municipal de Guayabetal en la que se lee: “Que el señor Jesús Antonio Galvis, identificado con la cédula de ciudadanía 17’322,529 expedida en Villavicencio, Meta, falleció víctima de los combates entre el Ejército Nacional y la guerrilla en la toma o ataque guerrillero realizado al municipio de Guayabetal, los días 15 y 16 de enero del dos mil (2000). Dado en el despacho de la personería municipal de Guayabetal, a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil (2000)”.

— Folio 76 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 20 de abril de 2001 en Villavicencio, en la que la señora Sandra Patricia Ríos Ramírez expuso: “Yo distinguí al finado Jesús Antonio Galvis hace 4 años vivía en la casa con Millarlady con sus dos hijos que son: Wilder David y Maryory Galvis Contreras, ellos vivían al [sic] la casita de ellos eran una familia muy trabajadora, ellos se querían mucho, vivían en unión libre, Jesús Antonio Galvis se dedicaba al trabajo de pescados de ornamentación esos pescados ornamentales, Yo supe de la muerte de el [sic] cuando hubo enfrentamiento en Guayabetal, lo supe por medios [sic] de la televisión y los familiares, a el [sic] lo mataron el 15 de enero de 2000, como a él lo mostraron siempre por televisión vi 4 muertos entre ellos vi un señor que se llamaba Luis Alfredo Quevedo, y el señor Jesús Antonio Galvis, y otro señor que lo nombraban Parra pero no se [sic] el nombre, de ahí al saber la señora Millarlady se fue para Guayabetal desesperada a traerlo y lloraba por que [sic] lo habían matado cuando hubo el enfrentamiento que hubo entre la guerrilla y el ejercito [sic] el [sic] duro [sic] como 4 días allá votado [sic] en la calle”.

— Folio 79 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 20 de abril de 2001 en Villavicencio, en la que la señora Rosalba Murcia Riveros dijo: “Yo sí conocí al señor Jesús Antonio Galvis aproximadamente hace 4 años el convivía con la señora Millarlady era una [ilegible] hubo dos hijos, el niño Wilder Davis Contreras y la niña Feldy Maryory Galvis Contreras inicialmente cuanto yo lo conocí [ilegible] pesca, con el tiempo el comenzó con el negocio de compraventa de motos en [sic] a raíz de uno de los viajes fue que sucedió lo del enfrentamiento donde el murió, el [sic] se dedicaba a eso y con ese negocio el sostenía el hogar”.

— Folio 82 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 20 de abril de 2001 en Villavicencio, en la que la señora Marleny Rojas Sanjuán manifestó: “Hace 4 años distinguí al señor Jesús Antonio Galvis y a la señora Millarlady Contrera [sic] vivían juntos de esa unión tienen dos niños Wilder y Feldy Maryory, vivían bien, incluso soy madrina del niño mayor, Jesús Antonio trabajaba vendiendo motos de aquí para Bogotá cuando paso eso, ella supo como a las nueve de la mañana yo fui y la acompañé a Guayabetal pero como no nos dejaban pasar yo me devolví a cuidar los niños, la niña solo tenía un mes de nacida, ella en dietas y con ese dolor tan grande por la muerte de Jesús Antonio Galvis. (…) Él murió el 15 de enero de 2000, en el enfrentamiento que hubo entre el ejercito [sic] y la guerrilla allá en Guayabetal, supimos porque dieron la noticia como a las nueve de la mañana y por la noche por la televisión, a Millarlady la llamo Naisla ósea [sic] la otra viuda para informarle de la muerte de ellos entonces fue cuando nosotras nos fuimos para Guayabetal, no nos dejaron entrar en esas se formó otra vez enfrentamiento allá estaba el señor Luis Alfredo Quevedo tirado en el piso, Jesús Antonio Galvis también estaba tirado en el piso junto con las motos, los cogieron en fuegos cruzados ellos iban subiendo, fue cuando yo me vine Millarlady se quedo [sic] allá haber [sic] si le hacían levantamiento el cual se lo hicieron al 3 día todo ese tiempo estuvo tirado al sol y al sereno y al cuarto día fue que lo trajeron para el entierro”.

— Folio 82 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 19 de mayo de 2003 en Bogotá, en la que el señor Luis Evelio Castellanos Martínez dijo: “Más o menos como entre seis pasadas vi subir dos motocicletas en esas motocicletas se desplazaban los señores Jesús Antonio Galvis y Luis Alfredo Quevedo, el ejercito [sic] les disparo [sic] a los señores que iban en las motos porque pensaban que ellos eran guerrilleros”.

— Folio 28 del cuaderno principal dentro del Expediente 2056: registro civil de defunción en el que consta que el señor Luis Alfredo Quevedo Rodríguez, casado y comerciante de profesión, con cédula de ciudadanía 17’324,085 murió en Guayabetal, Cundinamarca el 16 de enero de 2000.

— Folio 150 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: Protocolo de necropsia realizado al cadáver de Luis Alfredo Quevedo Rodríguez el 17 de enero de 2000 en Guayabetal, Cundinamarca, en el que se concluye: “Adulto que fallece por herida por arma de fuego que causa shock neurogénico secundario a laceración de masa encefálica”.

— Folio 29 del cuaderno principal dentro del Expediente 2056: certificado expedido por la alcaldesa municipal de Guayabetal, Cundinamarca, el 21 de marzo de 2000 en el que se lee: “Que el señor Luis Alfredo Quevedo Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 17.324.085 expedida en Villavicencio, Meta, resultó muerto en el enfrentamiento entre el Ejército Nacional y la guerrilla en la toma o ataque guerrillero realizado al municipio de Guayabetal, los días 15 y 16 de enero de dos mil (2000)”.

— Folio 30 del cuaderno principal dentro del Expediente 2056: certificado expedido por el personero municipal de Guayabetal, Cundinamarca, el 21 de marzo de 2000, en el que se lee: “Que el señor Luis Alfredo Quevedo Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía 17.324.085 expedida en Villavicencio, Meta, falleció víctima de los combates entre el Ejército Nacional y la guerrilla en la toma o ataque guerrillero realizado al municipio de Guayabetal, los días 15 y 16 enero de dos mil (2000)”.

— Folio 144 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: diligencia de declaración realizada el 13 de agosto de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que la señora Blanca María Novoa Agudelo, expuso: “PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho si tiene conocimiento del motivo por el cual se encuentra rindiendo la presente declaración. CONTESTÓ. Si [sic], me consta que yo conocí al señor Luis Alfredo Quevedo Rodríguez, y supe el 15 de enero del 2000 cuando a él lo mataron allí en Guayabetal en el enfrentamiento que tuvo la guerrilla con el ejército” (resaltado fuera de texto).

— Folio 159 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: diligencia de declaración realizada el 26 de septiembre de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que la señora Martha Janet Arango de Navarro, declaró: “Soy testigo de una toma guerrillera que hubo en la entrada a Guayabetal el 15 de enero del 2000. Íbamos con mi cuñado Luis Enrique Navarro la familia de él en un carro público propiedad de mi cuñado, íbamos para el Tolima, de mi casa salimos como a las tres de la mañana, con la hija de mi cuñado que se llama Cindy y el novio de ella, quienes iban en una moto, nosotros pasamos el peaje y allí no nos dijeron que había toma guerrillera, nosotros seguimos la carretera, los de la moto siguieron adelante y se encontraron con don Luis Alfredo Quevedo y don José Jesús no recuerdo el apellido, ellos iban en unas motos que iban a vender en Bogotá, ya llegando nosotros a una curva cerca de Guayabetal vimos las tres motos votadas [sic] en el suelo y ya ellos muertos, la única de los tres muertos que se salvó fue Cindy [sic], don Luis Alfredo a él lo recogió el sobrino de mi esposo que se llama Andrés y lo ahorrillo [sic] hacía la cuneta y don José él sí quedó tirado en la carretera con Edisson, pero en el momento que nosotros llegamos había una balacera entre el ejército y la guerrilla, a nosotros nos hicieron bajar del carro a sacar las maletas de la cajuela, en ese momento del helicóptero del ejército que estaba mandando bombas nos mandaron una bomba y todos quedamos heridos, la guerrilla nos dijo que nos estuviéramos quietos ahí en el sanjón [sic] que como estaban balanceándose [sic] el ejército con la guerrilla, nos podían dar, el ejército estaba arriba en la montaña y la guerrilla estaba en la carretera, ahí nos estuvimos en la zanja como hasta las ocho de la mañana, los muertos estuvieron tirados ahí en la carretera todo el día” (resaltado fuera de texto).

— Folio 163 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: diligencia de declaración realizada el 26 de septiembre de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que la señora Ana Lucinda Gordillo Piñeros, expresó: “Yo distinguí al señor Luis Alfredo Quevedo hace más o menos diez años que ellos compraron una casa al frente de la mía, y a la señora doña Nayla [sic] Romero que es la esposa de él, a los hijos Luis Oscar, Erika Paola y Yulieth Andrea, también distingo a doña Leonor, que es la mamá de don Luis Alfredo, a las hermanas de él Luz Marina y Sonia, son una familia muy unidad [sic], se colaboraban mutuamente, al momento de que él falleció ellos lamentaron mucho la tragedia porque él prácticamente los solventaba en la parte económica, ellos lo lloraron mucho, han sufrido mucho por esto, el día que él falleció, pues yo estaba en mi casa cuando por radio escuché la noticia y la esposa ya estaba preocupada porque él había viajado en la madrugada y en Bogotá no le daban razón de él, entonces yo me reuní con otras vecinas y le contamos lo que habíamos escuchado, o sea que habían enfrentamiento [sic] entre la guerrilla y el ejército en la vía a Bogotá y yo oí por la radio que él había fallecido y que otros dos más, pero de ellos no dieron los nombres solo el de don Luis Alfredo Quevedo, doña Naisla empezó a llorar, a gritar y me dijo que ella iba a viajar hasta allá, yo me ofrecí a acompañarla nos fuimos, llegamos allá y como había ejército no nos querían dejar entrar, a las malas entramos allá y vimos allá a los tres tirados en la vía, duramos un buen rato y ella decía que no se venía que no lo dejaba solo, que tenía que quedarse allá hasta que hicieran el levantamiento, al rato como a las dos horas el ejército se movilizaba, la gente corría, más miedo me dio a mí y le pedí que nos viniéramos que por favor que ella tiene 3 hijos, que nos viniéramos, ella me decía que no que ella no lo dejaba allá que ella se quedaba, yo le dije que me venía y me vine, ella se quedó allá porque me cansé de rogarle que se viniera y ella no quiso” (resaltado fuera de texto).

— Folio 24 del cuaderno principal dentro del Expediente 2058: registro civil de defunción en el que consta que el señor Alberto Parra Aceros, casado y apicultor de profesión, con cédula de ciudadanía 5’682,820 murió en Guayabetal, Cundinamarca, el 16 de enero de 2000.

— Folio 486 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: protocolo de necropsia Nº H.S.C.-04-2000 realizado al cadáver del señor Alberto Parra Aceros en el que se concluye: “hombre adulto quien fallece por shock cardiogénico e hipovolémico secundario a heridas múltiples viscerales, ocasionadas por proyectil arma de fuego” (resaltado fuera de texto).

— Folio 44 del cuaderno principal dentro del Expediente 2058: certificado expedido por la alcaldesa municipal de Guayabetal, Cundinamarca, el 20 de febrero de 2000 en el que se lee: “Que el señor Alberto Parra Aceros, identificado con cédula de ciudadanía 5’682,820 expedida en Málaga Santander, falleció víctima de los combates entre el ejercito [sic] y la guerrilla en la toma o ataque guerrillero realizado al municipio el día 15 y 16 de enero de dos mil (2000)” (resaltado fuera de texto).

— Folio 45 del cuaderno principal dentro del Expediente 2058: certificado expedido por el personero municipal de Guayabetal, Cundinamarca, el 20 de febrero de 2000, en el que se lee: “Que el señor Alberto Parra Aceros, identificado con la cédula de ciudadanía 5’682,820 expedida en Málaga (Santander), falleció víctima de los combates entre el ejercito [sic] y la guerrilla en la toma o ataque guerrillero realizado al municipio el día 15 y 16 de enero de dos mil (2000)” (resaltado fuera de texto).

— Folio 109 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: diligencia de declaración realizada el 14 de junio de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que la señora Rosa Adelia Agudelo Rey, expuso: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho todo lo que le conste en relación a los hechos acontecidos el día 15 de enero del 2000 en esta población cuando hubo una toma guerrillera y como consecuencia de esta murió el señor Alberto Parra Aceros en enfrentamientos entre el ejército nacional y un grupo guerrillero. CONTESTÓ. Manifiesto como alcaldesa municipal para esa fecha que el día 15 de enero del año 2000 a las 4:30 de la mañana en nuestra población empezó la toma y los enfrentamientos del ejército y la guerrilla, se presentaron fuertes combates donde toda la comunidad se encontró azotada tratándose de cubrir para defender sus propias vidas, el día 14 [sic] de enero se presentó el fallecimiento del señor ALBERTO PARRA cerca de su casa donde inocentemente falleció en el cruce de fuego y balas, y el domingo en vista de que ninguna entidad ni Fiscalía ni CTI pudieron llegar al pueblo por el cierre de la vía y por los enfrentamientos que habían en nuestra población como alcalde de este municipio empecé a recoger los cuerpos de estas personas que lamentablemente fallecieron en este fuego cruzado como son: muy cerca de su residencia encontramos el cuerpo del señor Alberto Parra Aceros, y las personas que viajaban por la vía al llano, eran dos jóvenes en las motos que habían fallecido por el fuego cruzado, como fue el señor Luis Alfredo Quevedo Rodríguez y Jesús Antonio Galvis y el señor comandante de la policía Miguel Duarte quien fue acribillado cerca de la alcaldía, estuvimos muy pendientes de las personas que además fueron lesionadas, personas muy conocidas en nuestro municipio y además de muy buena procedencia y familias honorables, como el señor Ricardo Augusto Torres, comerciante, quien también salió afectado en un brazo, el señor Luis Evelio Castellanos y el señor José Manuel Mahecha, también se vieron bastante afectadas y su casa totalmente destruida la familia del señor Cenón González y La Señora Consolación; la casa del señor Guzmán García y Rafael Orduz, hubo bastante [sic] denuncias por parte de la comunidad y muchos perjuicios que las mismas personas denunciaron en la inspección municipal la personería y el juzgado para lo cual pueden solicitar copias” (resaltado fuera de texto).

— Folio 124 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: diligencia de declaración realizada el 12 de junio de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que el señor Wilmar Quevedo Rodríguez, relató: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho todo lo que le conste en relación a [sic] los hechos acontecidos el día 15 de enero del 2000 en esta población cuando hubo una toma guerrillera y como consecuencia de esta [sic] murió el señor Alberto Parra Aceros en enfrentamientos entre el ejército nacional y un grupo guerrillero. CONTESTÓ: Como a las 4.30 de la mañana se iniciaron combates entre el ejército y subversivos, combates que duraron todo el día, en esos combates entre tipo 10.30 de la mañana hubo un receso y se pensó que todo había pasado y los habitantes empezaron a salir y en esos momentos se siguieron las ráfagas de ametralladoras y fue cuando en ese cruce de disparos fue que calló [sic] el finado Alberto Parra y el comandante de la policía de la localidad, ese combate fue todo el día y nos tocó estar escondidos” (resaltado fuera de texto).

— Folio 161 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: oficio sin número suscrito el 27 de enero de 2000 por la alcaldesa municipal del municipio de Guayabetal dirigido al programa de Víctimas de la Violencia de la Red de Solidaridad Social en el que se lee: “De la manera más cordial me permito enviar documentación de las personas que fueron afectadas en el desarrollo de la toma efectuada el pasado 15 de enero del año en curso, en nuestro municipio de los cuales me permito remitir el listado de las personas afectadas, con su respectivo historial de los sucesos para que sean estudiados y así poder recibir el apoyo que ofrece la entidad que usted representa. Vivienda. (…) Cenón González Gutiérrez (…) Lesiones personales. Luis Ricardo Augusto Torres (…) Luis Evelio Castellanos (…) Homicidio. Alberto Parra Aceros”.

Sobre el detrimento patrimonial sufrido por los señores Cenón Lisandro González y María Consolación Carrillo por la destrucción de su lugar de habitación con ocasión de los hechos relatados en la demanda, reposan en el expediente las siguientes pruebas:

— Folio 2 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: copia de la escritura Nº 1603 suscrita el 22 de mayo de 1986 en la que consta la compraventa que del inmueble que forma parte del inmueble denominado El Recuerdo, ubicado en la sección de San Miguel, jurisdicción del municipio de Guayabetal, departamento de Cundinamarca, identificado en el catastro vigente bajo el Nº 00-0-006-023, hizo la señora María Consolación Carrillo de González.

— Folio del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: copia del registro de matrícula inmobiliaria Nº 152-27957 en la que consta que por escritura pública Nº 1603 del 22 de mayo de 1986 se celebró una compraventa del predio rural El Triángulo, adquirido por la señora María Consolación Carrillo de González.

— Folio 8 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: relación de muebles y enseres destruidos en el enfrentamiento militar sostenido entre el ejército y la guerrilla, ocurrido el 15 de enero del 2000 en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca), vereda La Primavera, finca El Triángulo de propiedad de Cenón Lisandro González y María Consolación de González, suscrito por estos.

— Folio 9 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: presupuesto de obra realizado por el arquitecto Nelson Castro Medrano el 13 de mayo de 2000 en el que se estima que la reconstrucción de la vivienda rural conocida como Finca El Triángulo ascendería a $ 55’910,593.

— Folio 12 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: contrato civil de obra suscrito el 15 de junio de 2000 entre la señora Consolación Carrillo y el arquitecto Nelson Hernando Castro Medrano, por $ 55’910,593 para la reconstrucción de la vivienda rural perteneciente a la primera, por un periodo de 6 meses contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

— Folio 14 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: contrato de arrendamiento suscrito el 17 de enero de 2000 entre los señores Cenón Lisandro González Gutiérrez y su esposa Consolación Carrillo de González, y el propietario de la habitación arrendada señor José Vicente González, por un periodo de 6 meses contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, por un monto de $ 400,000 mensuales. Posteriormente en el folio 21 del mismo cuaderno, obra diligencia de reconocimiento de documentos en el que el señor José Vicente González manifestó ser yerno de la parte demandante y haber sido quien suscribió el contrato de arrendamiento que se le pone de presente.

— Folio 7 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: certificado suscrito el 14 de febrero de 2000 por la alcaldesa municipal de Guayabetal en la que se lee: “Que el señor Cenón Lizandro [sic] González (…) y la señora María Conzolación [sic] Carrillo [sic] quienes se vieron afectados por el enfrentamiento ocurrido el día 15 de enero del 2000 en la vía Santafé de Bogotá Villavicencio sector Guayabetal, donde su habitación fue totalmente destruida razón por la cual se vieron en la obligación de desplazarsen [sic] hacia la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C. Se expide en Guayabetal Cundinamarca a los catorce (14) días del mes de febrero del dos mil (2000)” (resaltado fuera de texto).

— Folio 37 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: certificado suscrito el 19 de enero de 2000 por el personero municipal de Guayabetal en el que se lee: “Que el señor Cenón González Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía 359.023 expedida en Quetame, perdió su vivienda ubicada en la vereda La Primavera de este municipio, debido a la toma guerrillera perpetrada al municipio de Guayabetal, el día quince (15) de enero del dos mil (2000) quedando totalmente destruida su vivienda. Dada en el despacho de la personería municipal de Guayabetal, a los diez y nueve (19) días del mes de enero del dos mil (2000)”.

— Folio 23 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: oficio sin número suscrito el 17 de enero de 2000 por la policía judicial del Departamento de Policía de Cundinamarca en el que informa sobre la incursión guerrillera, en el que se lee: “Bienes afectados (…) Residencias (…) Casa de propiedad del señor Cenón Lisandro González Gutiérrez C.C. 359.023 de Quetame, parcialmente destruida”.

— Folio 15 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: copia de la historia clínica sin número legible de la entidad Convida, en la que consta que el señor Cenón González ingresó por urgencias el 12 de febrero de 2000 a la edad de 82 años sin que pueda entenderse lo que consta en el diagnóstico y en los procedimientos adelantados por ilegibles.

— Folio 17 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998: resultados del examen de perfusión miocárdica con isonitrilos realizado al señor Cenón Lisandro González el 16 de marzo de 2000 en la que se establece una “alta probabilidad de enfermedad coronaria significativa: isquemia de paredes anterior, aplical [sic] e inferior”.

— Folio 248 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de declaración rendida el 30 de mayo de 2002 por la señora María Islena Gutiérrez de Rey, en la que se lee: “PREGUNTADO: Sírvase decir todo lo que le conste respecto a los hechos ocurridos el día 15 de enero de 2000 en este municipio, a raíz de los cuales resultó destruida la vivienda de Cenón Lizandro [sic]. CONTESTÓ. Pues yo conozco esa casa ahí [sic] queda en la vereda de La Primavera, era la mejor casa tenía todo [sic] los servicios, llevaban viviendo desde alrededor [sic] de catorce años los conocí viviendo ahí, ese día fue el más atroz para la vereda La Primavera, como a las cuatro y media de la mañana comenzó el plomeo balas cruzadas cuando nos levantamos fue por la explosión de las balas de lado y lado pero no sabíamos de qué parte eran y por causa de ese abaleo fue que la casa resultó destruida porque cayó un cilindro frente a la casa y la derribó acabó con esa casa y todo lo que había, todo se volvió nada, cuando yo bajé a ordeñar las vacas me devolvieron las balas porque eran como las diez de la mañana y no pudimos acercarnos al lugar porque no nos dejaban y luego hasta el otro día que fuimos a mirar, los dueños de la casa se escondieron debajo de los escombros de la casa y ahí en un momentico de silencio vecinos permanecieron hasta que pasó el ruido de las balas de ahí recurrieron a un vecino más cercano Jorge Adelmo Pardo, ahí se quedaron esa noche dentro de una pieza sin poder salir porque con el ruido que había nadie se movía y de ahí ellos se fueron para Bogotá para donde la hija de Elsa, allá estuvieron porque el compadre dueño de la casa por causa del miedo sufrió un infarto y estuvo como tres meses donde el médico y después volvieron a La Primavera a otra casita que tenía ahí y ahí se estuvieron hasta que pudieron arreglar la casa, estuvieron viviendo fuera de la casa como 8 meses mientras la arreglaban, no me acuerdo [sic] de más”.

— Folio 251 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de declaración rendida el 30 de mayo de 2002 por el señor Henry Rey Gutiérrez, en la que se lee: “PREGUNTADO: Sírvase decir todo lo que le conste respecto a los hechos ocurridos el día 15 de enero de 2000 en este municipio, a raíz de los cuales resultó destruida la vivienda de Cenón Lizandro [sic] y María Consolación Carrillo. CONTESTO. Ese día se presentó la toma como a las cuatro y media a cinco de la mañana, estaba dormido cuando escuché unos voladores y dije eso son disparos, me levanté a mirar estaba la guerrilla y el ejército en enfrentamiento nos quedamos quietos hasta el momento en que se silenció cuando ya se pudo andar salimos y fue que miramos la casa de don Cenón González, destruida que queda en la vereda de La Primavera, quedó totalmente destruida, esa casa era muy bonita, arregladita, terminadita de un piso, tenía cinco habitaciones, cuatro alcobas, cocina y sala comedor, lo que tenían adentro de la casa todo se dañó, la casa la tenían toda amoblada, tenían todos los enseres de una casa, pero no me consta si todo se dañó hasta un perrito que tenían se murió, yo estaba en mi casa de la casa mía a la de ellos se gasta cinco minutos pero estuve ahí miré como quedó y como estaban en enfrentamiento, cuando fui a mirar la casa estaba en el piso, solamente quedó una piecita en pie pero partida por encima. (…) PREGUNTADO. Díganos si la casa de habitación de los esposos González Carrillo, ya fue arreglada, en caso afirmativo en qué fecha por parte de quién, quién habita la misma y desde hace cuánto. CONTESTO. Si fue arreglada, yo fui maestro de ahí. Se fueron como cien tejas, 45 bultos de cemento, como aproximadamente 60 mts de cercha, varilla 30, esto por encima porque lo que pagaron en mano de obra no tengo idea cuanto le costó todo, pero si se le fue su buena plata, porque a mí me consta que era la casa muy grande y muy bien construida la que tenían, esto porque somos vecinos me consta, ahí están viviendo los mismo dueños como un año después de los hechos, antes de arreglar la casa vivían en otra casita que tenían cerca”.

2.2. La valoración probatoria y conclusiones.

El acervo probatorio así constituido, permite tener por demostrados los siguientes hechos:

— Que el día 15 de enero de 2000 se presentó un enfrentamiento armado en Guayabetal, Cundinamarca, entre tropas integrantes de la fuerza de Tarea del Llano, contra integrantes de las cuadrillas 01-27-40-44-53 y compañía móvil Che Guevara de las ONT-FARC, al sufrir la incursión guerrillera dirigida principalmente contra los uniformados que se encontraban acantonados en la estación de policía (los inmuebles aledaños), y los miembros del ejército pertenecientes al Batallón de Artillería Nº 13 que adelantaban la operación Nº 01 de 2000 “Coraza”. Las diligencias preliminares de carácter disciplinario iniciadas por estos hechos fueron archivadas al no existir mérito para abrir investigación formal.

— Que con ocasión de los hechos relatados, sufrieron lesiones, entre otros, los señores Hugo Alfonso Méndez Méndez, empleado de un monta-llantas en el que se desempeñaba como engrasador y lavador de carros —herido en su mano izquierda con arma de fuego viendo disminuida su capacidad laboral en un 22.81%—; Luis Evelio Castellanos, quien trabajaba en construcción —herido en la pierna y brazo derechos con esquirlas de granada sin que su capacidad laboral hubiera sido afectada(30)—; y Luis Ricardo Augusto Torres, comerciante de productos cárnicos —herido en el brazo y costado izquierdos con arma de fuego, viendo limitada su capacidad laboral en un 16.20%—. Todos vecinos de Guayabetal, Cundinamarca.

— Que con ocasión de los mismos hechos, murieron, entre otros, los señores Jesús Antonio Galvis, comerciante de motos —por maceración del músculo cardíaco causada con proyectil arma de fuego—; Luis Alfredo Quevedo, comerciante de motos —por laceración de la masa encefálica causada con proyectil de arma de fuego—; y Alberto Parra, comerciante y apicultor —por heridas múltiples viscerales causadas con arma de fuego—. Los dos primeros vecinos de Villavicencio, Meta, y el último vecino de Guayabetal, Cundinamarca.

— Que durante los mismos hechos, sufrieron disminución de su patrimonio, entre otros, Cenón Lisandro González y María Consolación Carrillo, al ver destruido como consecuencia de las explosiones ocurridas durante la incursión guerrillera, su lugar de habitación.

2.2.1. El daño antijurídico.

De acuerdo con lo que ha establecido esta Sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de “realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”(31).

En el caso sub lite, las lesiones sufridas por Hugo Alfonso Méndez, Luis Evelio Castellanos y Luis Ricardo Augusto Torres; las muertes de Jesús Antonio Galvis, Luis Alfredo Quevedo y Alberto Parra; y el detrimento patrimonial sufrido por Cenón Lisandro González y María Consolación Carrillo, originadas como consecuencia de la incursión guerrillera sufrida en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, los días 15 y 16 de enero de 2000, que se comprobó iba dirigida contra agentes representativos del Estado, es suficiente para acreditar el daño antijurídico del cual se derivan los perjuicios cuya reparación solicitan las víctimas y sus familiares.

2.2.2. La imputación.

Ahora, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si los daños son imputables a la entidad demandada, o si por el contrario, es imputable a las entidades demandadas, o si por el contrario, su deceso es atribuible a una causa extraña.

El acervo probatorio permite concluir que los daños son imputables a la entidad demandada por cuanto “en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y representan y hacen visible y palpable, la legitimidad del Estado”(32). Lo anterior, en virtud de lo expuesto ad supra en relación con el título de responsabilidad aplicable en casos similares.

2.3. Tasación de perjuicios.

Como ya lo ha sostenido esta corporación(33):

“Al Estado colombiano se le asignan las obligaciones de respetar los derechos humanos establecidos en los tratados ratificados voluntariamente por el Congreso de la República; garantizar su goce y pleno ejercicio a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; y adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. En consecuencia, dado que durante las últimas décadas un gran número de colombianos y colombianas han soportado innumerables violaciones a sus derechos humanos, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos cuyo respeto se impone, por cuanto dichos actos delictivos han limitado el ejercicio de las libertades constitucionales, restringido la construcción de tejido social y debilitado el Estado social de derecho.

(…)

Ante este escenario, el Estado colombiano se encuentra legitimado para implementar herramientas que permitan profundizar la democracia y superar un pasado de innombrables abusos. Es por eso que se han impulsado iniciativas que supeditadas de manera estricta a la Constitución, buscan garantizar y reparar los derechos afectados que han impactado de manera diferenciada a mujeres, niños, niñas, adolescentes, discapacitados, grupos étnicos, líderes sociales, y organizaciones que asumen la defensa de los derechos humanos. En este sentido, se considera pertinente, prudente y legítimo, acudir a las herramientas que gracias al desarrollo progresivo del derecho internacional se han venido diseñando para enfrentar este tipo de situaciones, dentro de las que se encuentran las implementadas en Estados que han salido de situaciones de conflicto armado, desarrolladas como elementos del concepto de justicia transicional.

Estos esfuerzos que en Colombia incluyen la Ley 418 de 1997 (modificada y prorrogada por las leyes 548/99, 782/2002, 1106/2006 y 1421/2010) expedida para resolver procesos iniciados por la comisión de delitos políticos(34), la Ley 975 de 2005 para los delitos de lesa humanidad(35), la Ley 1424 de 2010 a través de la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garantizan verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, y la Ley 1448 de 2011 para la formulación y adopción de medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, han sido producto de la realidad social y política del país, y se han promulgado con el fin de allanar el camino hacia la paz y la reconciliación nacional a través del diseño de medidas que procuran el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, y de la sociedad en general.

No obstante lo anterior, dichos instrumentos no agotan la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos vulnerados a las víctimas. Así, paralelo al diseño de nuevos procedimientos judiciales que respondan a la magnitud de las demandas, a la gravedad de las violaciones y a las obligaciones de lucha contra la impunidad, y recordando la inevitable exigencia de fortalecer las entidades responsables del desarrollo de los procesos surgidos de la aplicación de la normativa de justicia transicional, el Gobierno Nacional ha reconocido la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas, a través, por ejemplo, de la asunción de responsabilidad en el diseño e implementación de programas de reparación por vía administrativa contentivos de una serie de medidas ágiles y comunes que complementan los esfuerzos realizados por vía judicial.

Por lo tanto, respondiendo a exigencias de responsabilidad, mesura y rigurosidad frente a los compromisos políticos y jurídicos que se tienen con la sociedad colombiana, los programas de reparación por vía administrativa existentes y los que se diseñen en el futuro, no pueden pretender reparar el daño causado pues su tasación implica ejercicios propios del ámbito judicial en los que se establece la responsabilidad del Estado (ante lo contencioso administrativo), o del infractor (ante lo penal), y su correlativa sanción; en consecuencia, ni sustituyen ni pueden impedir el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia para reclamar la reparación integral del daño causado. Así las cosas, de acuerdo con el principio de coherencia externa que debe regir el diseño de los programas de reparación por vía administrativa, en ningún caso pueden estos ser analizados de manera aislada con respecto a los esfuerzos de esclarecimiento judicial ni a los que se han realizado y se realicen para reconstruir la verdad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las violaciones a los derechos humanos. A su turno, los esfuerzos de esclarecimiento judicial tampoco pueden ser ajenos a la actividad administrativa; es la suma de estos esfuerzos la que satisface los requerimientos de integralidad”.

En este orden de ideas, es preciso recordar que por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso —de manera regular y oportuna— la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y la respectivas consecuencias(36).

Es así como al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, in excipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (C.C., art. 1757) como en la procesal civil colombiana (CPC, art. 177), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

2.3.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 1284(37). 

Los actores solicitaron, a título de daño emergente, el reconocimiento y pago de treinta millones de pesos ($ 30’000,000) “por concepto de gastos médicos, hospitalarios, por drogas, honorarios de abogado, y en fin, todos los gastos que se sobrevinieron con las graves lesiones sufridas por el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez”, y a título de lucro cesante, trescientos millones ($ 300’000,000) “correspondientes a las sumas que el mismo dejó de producir en razón de las graves lesiones corporales que le aquejan, y por todo el resto posible de vida que le queda, en la actividad económica a que se dedicaba (empleado de lavadero de carros), habida cuenta de su edad al momento del insuceso (32 años), y a la esperanza de vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria, suma que será incrementada en un 30% por concepto de prestaciones sociales”.

Respecto del daño emergente solicitado, no reposa prueba ninguna de las erogaciones realizadas con ocasión de las lesiones sufridas, razón suficiente para negar cualquier reconocimiento por este concepto(38).

Ahora bien, en lo que se refiere al lucro cesante(39), se tiene que el señor Hugo Alfonso trabajaba en un monta-llantas engrasando y lavando carros(40) sin que se pueda establecer el monto de sus ingresos razón por la cual los perjuicios se liquidarán con base en el salario mínimo actual por cuanto una persona laboralmente activa no puede devengar un salario menor al mínimo vigente, que hoy asciende a $ 589,500.

A dicho valor, de acuerdo con la posición reiterada de la Sala(41), se debe aumentar un 25% por concepto de prestaciones sociales, cifra que asciende a $ 736,875 sobre la que se deberá calcular el 22.81% correspondiente al porcentaje de incapacidad laboral definitiva decretado por la autoridad competente(42), para obtener así, el salario base de la liquidación que en el sub lite corresponde a $ 168,007.5.

Entonces, para la liquidación del periodo consolidado, se aplicará la fórmula matemático - actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses transcurridos entre la fecha de los hechos y la de la presente sentencia(43):

 

SENT2000-21.JPG
 

 

S = $ 41’647,221

Ahora, para la liquidación del periodo futuro, se tiene que al momento de los hechos Hugo Alfonso tenía una vida probable de 44.33 años(44) correspondientes a 531.96 meses, de los que se habrá de sustraer el número de meses transcurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponde a 163 meses para un total de 368.96 meses, lapso a indemnizar por lucro cesante futuro.

 

SENT2000-20.JPG
 

 

S = $ 28’764,211

Así las cosas, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, se reconocerán en favor del señor Hugo Alfonso, $ 70’411,432.

2.3.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 1284.

La jurisprudencia tiene decantado, que el daño moral resarcible es aquel cierto, personal y antijurídico, y su tasación depende entonces, de su intensidad, la cual deberá estar probada en cada caso y liquidada en salarios mínimos. En efecto, es numerosa la producción jurisprudencial y doctrinaria que coincide, en su mayoría, en la inconveniencia, dentro del ámbito jurídico y del sistema económico, de la formulación e imposición de elementos o variables objetivas que permitan una medición dineraria predefinida del valor dañoso. Lo anterior, por cuanto dicha función precisamente se encuentra en cabeza del juez quien goza de discrecionalidad judicial, facultad también conocida como arbitrium judicis, o arbitrio juris.

Es en este escenario en el que cobra importancia la función del juzgador, quien en el marco de dicha discrecionalidad, deberá hacer una valoración integral del acervo probatorio con el fin de establecer la medida compensatoria que considere más apropiada para aliviar el dolor sufrido por quienes ponen en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, tasando los perjuicios en términos de precio, es decir, en salarios mínimos(45).

Al respecto obran en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 2 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: registro civil de nacimiento en el que consta que Hugo Alfonso Méndez Méndez nació el 23 de noviembre de 1967, hijo de María Agripina Méndez Rodríguez y Ricardo Ismael Méndez Urrego.

— Folio 1 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: registro civil de nacimiento en el que consta que Gloria Estella Méndez Méndez nació el 8 de mayo de 1968, hija de María Agripina Méndez Rodríguez y Ricardo Ismael Méndez Urrego.

— Folio 3 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: registro civil de nacimiento en el que consta que Carlos Méndez Cortés nació el 16 de febrero de 1990, hijo de María Ignacia Cortés Gutiérrez y Hugo Alfonso Méndez Méndez.

— Folio 4 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: registro civil de nacimiento en el que consta que Yudy Tatiana Méndez Cortés nació el 15 de agosto de 1995, hija de María Ignacia Cortés Gutiérrez y Hugo Alfonso Méndez Méndez.

En este orden de ideas, establecido como está el parentesco con los registros civiles, esta Subsección encuentra probado el perjuicio moral sufrido por el lesionado, su madre y sus hijos, y lo reconocerá en la suma equivalente a 40 smlmv para cada uno, “por cuanto las reglas de la experiencia(46) hacen presumir que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”(47).

Ahora, ante la ausencia de prueba que desvirtúe la presunción de aflicción, se reconocerá en favor de la hermana de la víctima, suma equivalente a 20 smlmv, pues desde la sentencia del 17 de julio de 1992, los perjuicios morales alegados por los hermanos del directamente afectado, se presumen(48). En efecto, la Sección explicó que:

“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles”.

Sin embargo,

“(…) la corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se han tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien” (resaltado fuera de texto).

En lo que se refiere a las pretensiones alegadas por el señor José Manuel Mahecha en su calidad de padre de crianza, y de la señora María Ignacia Cortés Gutiérrez en su calidad de compañera permanente del señor Hugo Alfonso, reposan en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 60 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000, en el que Deyadira Rodríguez Clavijo expuso: “PREGUNTADO: Si sabe y le consta que el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez, vive en condición de compañero permanente con mujer alguna, en lo posible su nombre y el de los hijos y por qué le consta el parentesco: CONTESTÓ: Si [sic] es cierto vive con María Ignacia Cortés, en unión libre, desde hace doce años, tienen dos hijos Luis Carlos y Yudi Tatiana y me consta porque yo soy amiga de ellos y porque yo me he dado cuenta que viven como marido y mujer. PREGUNTADO: Si sabe y le consta cuál es la relación de parentesco entre el lesionado Hugo Alfonso Méndez Méndez y el señor José Manuel Mahecha, qué trato mutuo se brindan y desde hace cuánto tiempo. CONTESTÓ: Como papá e hijo desde que los conozco desde hace doce años” (resaltado fuera de texto).

— Folio 63 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000, en el que Israel Baracaldo Celeita expresó: “PREGUNTADO. Si sabe y le consta que el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez, vive en condición de compañero permanente con mujer alguna, en lo posible su nombre y el de los hijos y por qué le consta el parentesco. CONTESTÓ: Si [sic] él vive en unión libre con María Ignacia Cortés Gutiérrez, viven como doce años [sic] como marido y mujer, hay dos hijos Carlos Méndez y Yudy Tatiana, además somos vecinos. PREGUNTADO. Si sabe y le consta cuál es la relación de parentesco entre el lesionado Hugo Alfonso Méndez Méndez y el señor José Manuel Mahecha, qué trato mutuo se brindan y desde hace cuánto tiempo. CONTESTÓ. Desde que yo lo distingo han sido papá e hijo, el hijo es Hugo Méndez y el papá José Manuel Mahecha, viven juntos, la relación entre padre e hijo es muy buena se ayudan entre sí, como los distingo hace como quince años, veo que la relación entre ellos es muy buena” (resaltado fuera de texto).

— Folio 66 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000 en cumplimiento de un despacho comisorio, en el que Jorge Enrique Chaves dijo: “PREGUNTADO. Si sabe y le consta que el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez, vive en condición de compañero permanente con mujer alguna, en lo posible su nombre y el de los hijos y por qué le consta el parentesco. CONTESTÓ. Si es cierto vive con María Ignacia Cortés, en unión libre, desde hace doce años, tienen dos hijos Luis Carlos y Yudi Tatiana, y me consta porque viven cerca a mi casa. PREGUNTADO. Si sabe y le consta cuál es la relación de parentesco entre el lesionado Hugo Alfonso Méndez Méndez y el señor José Manuel Mahecha, qué trato mutuo se brindan y desde hace cuánto tiempo. CONTESTÓ: Manuel Mahecha es padrastro de Hugo Méndez, cuando estaba a la edad de 3 años Hugo, fue cuando Mahecha, empezó a vivir con Agripina Méndez, porque el marido de esta murió y se puso a vivir con ella, lo cogió como hijo de él y lo sacó adelante, se tratan como padre e hijo” (resaltado fuera de texto).

En lo que corresponde al padre de crianza, cabe recordar la posición que sostuvo la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-495 de 1997, en la que después de analizar las declaraciones allegadas al proceso sobre la relación que unía a un soldado con sus padres de crianza, concluyó que “Surgió así de esa relación, una familia que para propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o, incluso, a la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianzó los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros, realidad material de la que dan fe los testimonios de las personas que les conocieron. De esta manera, si el trato, el afecto y la asistencia mutua que se presentaron en el seno del círculo integrado por los peticionarios y el soldado fallecido, eran similares a las que se predican de cualquier familia formalmente constituida, la muerte de Juan Guillermo mientras se hallaba en servicio activo debió generar para sus “padres de crianza”, las mismas consecuencias jurídicas que la muerte de otro soldado para sus padres formalmente reconocidos; porque no hay duda de que el comportamiento mutuo de padres e hijo (“de crianza”) revelaba una voluntad inequívoca de conformar una familia, y el artículo 228 de la Carta Política establece que prevalecerá el derecho sustantivo”(49). En conclusión, “es en el anterior entendimiento, que acreditado por cualquiera de los medios probatorios, la circunstancia o relación de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, lo que permite se infiera de allí el dolor moral padecido por aquél o por el pater familias”(50).

En el mismo sentido, esta Sección también se ha pronunciado en favor del reconocimiento de los derechos que le asisten a los padres de crianza cuando la relación de afecto se encuentra probada, accediendo a reconocer un valor igual al admitido en favor de los padres biológicos; “de allí que se puedan yuxtaponer las mismas como “tertium comparatio”, en atención a que se trataría de una lógica igual para las dos situaciones”(51). Por lo tanto, esta Subsección reconocerá 40 smlmv en favor del señor José Manuel Mahecha, por concepto de perjuicios morales en su calidad de padre de crianza.

Ahora bien, en lo relacionado con los perjuicios alegados por la señora María Ignacia Cortés Gutiérrez en su calidad de compañera permanente, se reconocerá en su favor suma equivalente a 40 smlmv por cuanto se encontró acreditada la convivencia, la unión permanente y los lazos de afecto(52), siguiendo la posición reiterada de esta corporación en virtud de la cual:

“Según lo previsto en artículo 1º de la Ley 54 de 1990, se denominan compañeros permanentes a quienes forman una unión marital de hecho, la cual se constituye a partir de la prueba de la comunidad permanente y singular formada por aquellos que no están casados(53).

Ahora bien, la existencia de la unión marital de hecho podrá probarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia (L. 979/2005, art. 2º). Cosa distinta es que la existencia de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se presuma y que el juez esté llamado a declararla en dos situaciones: i) cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; ii) cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho (L. 979/2005, art. 1º).

De ese modo, para acreditar la existencia de la unión marital de hecho debe probarse lo siguiente: i) la unión, es decir, la cohabitación, ii) que la unión se efectuó entre dos personas, iii) que no contrajeron matrimonio entre sí, iv) que entre quienes la conforman exista una comunidad de vida permanente, y v) que dicha unión sea de carácter singular, es decir monogámica.

Así las cosas, al no existir tarifa legal en relación con la prueba de la unión marital de hecho, y por ende de la condición de compañero o compañera permanente, la Sala considera que los testimonios obrantes en el proceso dan cuenta del cumplimiento de las condiciones antes referidas. En otras palabras, al señalarse en los testimonios que el señor Tamara Tuiran y la señora Meza Díaz convivían, considerarlo como “el esposo” de esta y padre del feto obitado, la Sala estima que el trato y la fama como compañero permanente de la señora Meza Díaz fueron debidamente acreditados por vía testimonial(54)(55) (subrayado fuera de texto).

En conclusión, se reconocerán los siguientes montos por perjuicios morales dentro del Expediente 1284:

Hugo Alfonso Méndez Méndez (lesionado)40 smlmv
Carlos Méndez Cortés (hijo)40 smlmv
Yudy Tatiana Méndez Cortés (hija)40 smlmv
María Ignacia Cortés Gutiérrez (compañera permanente)40 smlmv
José Manuel Mahecha (padre de crianza)40 smlmv
María Agripina Méndez Vda. de Méndez (madre)40 smlmv
Gloria Estella Méndez Méndez (hermana)20 smlmv

 

2.3.3. Daño a la salud dentro del Expediente 1284(56). 

Dice la demanda:

“El equivalente en pesos a 4.000 gramos de oro, como indemnización especial a favor del propio lesionado, señor Hugo Alfonso Méndez Méndez, en razón de la merma total de su goce fisiológico, al quedar su cuerpo afectado de por vida para realizar actividades recreativas, teniendo en cuenta que era una persona con todas sus capacidades y talentos para realizar una vida normal”.

Al respecto, sea lo primero indicar que ha sido posición reiterada de esta Corporación entender que el daño a la salud reconoce las afectaciones a la integridad psicofísica de la víctima, que se refieren no solo a la modificación de la unidad corporal, sino a “las consecuencias que la misma genera, razón por la que sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros”(57).

En este orden de ideas, dicho daño se reconoce teniendo en cuenta, por un lado, el componente objetivo (estático) determinable con base en el porcentaje de invalidez decretado por la autoridad competente, y por el otro, el componente subjetivo (dinámico) que incrementará el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de la persona lesionada, siempre teniendo en cuenta que ante “lesiones graves que afecten de manera significativa la integridad psicofísica del sujeto se otorga un máximo de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes”(58), de manera tal que corresponderá al juez verificar la existencia y las consecuencias de la lesión con base en todos los medios de convicción que reposen en el plenario(59).

Para su tasación se seguirá lo aprobado recientemente en esta Subsección(60); In extenso:

“La Sala determinará el contenido del elemento objetivo con base en la calificación integral de la invalidez, que debe constar en el dictamen emitido por la junta de calificación, que a su vez tiene en cuenta componentes funcionales, biológicos, psíquicos y sociales del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad, y definidos por el Decreto 917 de 1999, esto es, bajo los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía.

(…).

Definidos los criterios para calificar la invalidez, el dictamen debe otorgar unos porcentajes a cada uno de los componentes antes mencionados, cuya sumatoria equivale al 100% del total de la pérdida de la capacidad laboral, porcentaje al que necesariamente debe responder la indemnización que dentro del componente objetivo del daño a la salud se reconozca, para cuyo efecto se considera que en los casos en que la disminución de la capacidad laboral alcance el 100%, su valor indemnizatorio puede fijarse en la suma equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales.

Ahora bien, considerando que el referente normativo adoptado, es decir, el Decreto 917 de 1999 distribuye el porcentaje de incapacidad en los diferentes criterios de calificación de la invalidez, igualmente se propone distribuir la correspondiente indemnización en la siguiente proporción:

Criterios de calificación de la invalidezPorcentaje máximo de pérdida de capacidad laboralMonto máximo de salarios mínimos legales asignado por la corporación
Deficiencia50%150 SMLMV
Discapacidad20%60 SMLMV
Minusvalía30%90 SMLMV
Total pérdida de la capacidad laboral100%300 SMLMV

 

Es pertinente precisar, que en los eventos que no repose en el material probatorio el dictamen emanado por la junta de calificación, en el que se especifiquen los tres criterios de clasificación de invalidez, el porcentaje que tal dictamen determine se imputará al rubro de deficiencia, es decir, 150 SMLMV, en forma proporcional.

Y por último, el segundo componente, esto es, el elemento subjetivo del daño a la salud, permitirá incrementar, con fundamento en el material probatorio, la sana crítica y las reglas de la experiencia, el quantum determinado en el aspecto objetivo, de manera que se atiendan las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada(61), en cuyo efecto se sugiere como límite para los casos de mayor intensidad el equivalente a 100 SMLMV”.

En el folio 217 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284, reposa dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez sobre la incapacidad del señor Hugo Alfonso Méndez Méndez ocasionada por la pérdida funcional del dedo índice izquierdo. En este orden de ideas, y de acuerdo con lo recién transcrito sobre el procedimiento para determinar el componente objetivo del perjuicio fisiológico, se reconocerán 68,43 smlmv en favor del señor Hugo Alfonso por dicho concepto, de acuerdo con el siguiente análisis:

Descripción incapacidadPorcentaje estimado por la juntaSMLMV por reconocer
IDeficiencia7.8623,58
IIDiscapacidad3.209,6
IIIMinusvalía11.7535,25
Total22.8168,43

 

Ahora bien, en relación con las pruebas que permitirían tasar el componente dinámico del daño a la salud, reposan en el expediente las siguientes pruebas:

— Folio 60 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000, en el que Deyadira Rodríguez Clavijo expuso: “PREGUNTADO: Informe al despacho cuál era el estado físico y anímico del señor Hugo Alfonso Méndez Méndez, antes del enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército y cuál es su estado actual. CONTESTÓ. Antes era alegre, era alentado de la mano, trabajador y responsable, le gustaba practicar deportes, era muy activo y ahora ya no [sic] es como muy triste, deprimido, pensativo porque ya no puede hacer lo que hacía antes” (resaltado fuera de texto).

— Folio 63 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000, en el que Israel Baracaldo Celeita expresó: “PREGUNTADO. Conforme al conocimiento que de los anteriores tienen qué le consta sobre las relaciones familiares y espirituales que entre los mismos existen y cuál fue el impacto moral que les causó a padres, hermanos, compañera permanente e hijos, la tragedia sufrida por Hugo Alfonso Méndez Méndez, el día 15 de enero del año 2000 al resultar gravemente lesionado y cuál ha sido la actitud adoptada por todos y cada uno de ellos para con el lesionado después del accidente y hasta la fecha. CONTESTÓ. Ha sido una familia muy unida, se sirven mutuamente, después de la tragedia fue desesperante para la familia porque como él había estado alentado para sus labores diarias, ahora lo he visto o mejor no ha podido trabajar como antes, no responde igual, él siempre ha sido una persona dinámica, activa, deportiva, ahora se encuentra acomplejado, la familia ahora lo han tenido que apoyar moralmente y económicamente” (resaltado fuera de texto).

— Folio 66 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000 en cumplimiento de un despacho comisorio, en el que Jorge Enrique Chaves dijo: “PREGUNTADO. Conforme al conocimiento que de los anteriores tiene qué le consta sobre las relaciones familiares y espirituales que entre los mismos existen y cuál fue el impacto moral que les causó a padres, hermanos, compañera permanente e hijos, la tragedia sufrida por Hugo Alfonso Méndez Méndez, el día 15 de enero del año 2000 al resultar gravemente lesionado y cuál ha sido la actitud adoptada por todos y cada uno de ellos para con el lesionado después del accidente y hasta la fecha. CONTESTÓ. Ellos viven bien no pelean ni nada, nosotros nos asustamos todos, la familia, hermanos y esposa les ha afectado esta tragedia por cuanto Hugo Alfonso, ya no responde como antes, ha perdido el ánimo que tenía, la familia le ha tocado apollar [sic] dándole ánimo, ya no es como antes cuando estaba alentado de la mano” (resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, encontrando probado el componente dinámico del daño a la salud con base en lo que consta en los testimonios recién transcritos, esta Subsección reconocerá lo correspondiente a 40 smlmv, de manera tal que el monto total que deberá ser reconocido y pagado en favor del señor Hugo Alfonso Méndez Méndez por daño a la salud, asciende a lo equivalente a 108,43 smlmv.

2.4. Tasación de perjuicios dentro del Expediente 1285(62). 

2.4.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 1285.

Los actores solicitaron, a título de daño emergente, el reconocimiento y pago de treinta millones de pesos ($ 30’000,000) “por concepto de gastos médicos, hospitalarios, por drogas, honorarios de abogado, y en fin, todos los gastos que se sobrevinieron con las graves lesiones sufridas por el señor Luis Evelio Castellanos Martínez”, y a título de lucro cesante, trescientos millones ($ 300’000,000) “que se liquidarán a favor del propio ofendido e incapacitado Luis Evelio Castellanos Martínez, correspondientes a las sumas que el mismo dejó de producir en razón de las graves lesiones corporales que le aquejan, y por todo el resto posible de vida que le queda, en la actividad económica a que se dedicaba (empleado del municipio de Guayabetal), habida cuenta de su edad al momento del insuceso (27 años), y a la esperanza de vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria, suma que será incrementada en un 30% por concepto de prestaciones sociales”.

Respecto del daño emergente solicitado, no reposa prueba ninguna de las erogaciones realizadas con ocasión de las lesiones sufridas, razón suficiente para negar cualquier reconocimiento por este concepto(63).

Ahora, en lo que se refiere al lucro cesante, si bien hay pruebas que permiten inferir que el señor Luis Evelio trabajaba en labores de construcción para la época de los hechos, esta Subsección, con base tanto en la historia clínica aportada al proceso(64), como en el dictamen rendido por la Junta de Calificación de Invalidez(65), tiene probado que el señor Luis Evelio no sufrió incapacidad laboral ninguna, motivo por el cual también negará el reconocimiento de cualquier valor por este concepto(66).

2.4.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 1285.

Obran en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 1 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: registro civil de nacimiento en el que consta que Luz Marina Castellanos Martínez nació el 2 de marzo de 1967, hija de Evelio Castellanos Castro y Aurora Martínez Muñoz.

— Folio 2 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: registro civil de nacimiento en el que consta que Nelson Castellanos Martínez nació el 26 de octubre de 1974, hijo de Evelio Castellanos Castro y Aurora Martínez Muñoz.

— Folio 3 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: registro civil de nacimiento en el que consta que Rocío Castellanos Martínez nació el 10 de febrero de 1972, hija de Evelio Castellanos Castro y Aurora Martínez Muñoz.

— Folio 4 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: registro civil de nacimiento en el que consta que Luis Evelio Castellanos Martínez nació el 26 de agosto de 1973, hijo de Evelio Castellanos Castro y Aurora Martínez Muñoz.

— Folio 5 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: registro civil de nacimiento en el que consta que Ingrid Lorena Castellanos Quevedo nació el 29 de abril de 1998, hija de Luis Evelio Castellanos Martínez y Martha Isabel Quevedo Sucunchoque.

— Folio 6 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: registro civil de nacimiento en el que consta que Jonathan David Castellanos Quevedo nació el 2 de diciembre de 1996, hijo de Luis Evelio Castellanos Martínez y Martha Isabel Quevedo Sucunchoque.

En este orden de ideas, establecido como está el parentesco con los registros civiles, esta Subsección encuentra probado el perjuicio moral ocasionado por la zozobra de verse víctima del conflicto armado interno que ha tenido que soportar el país, sufrida por el lesionado (Luis Evelio), su madre (Aurora Martínez Muñoz) y sus hijos (Ingrid Lorena y Jonathan David), y lo reconocerá en la suma equivalente a 40 smlmv para cada uno. Ahora, ante la ausencia de prueba que desvirtúe la presunción de aflicción, también se reconocerá en favor de los hermanos de la víctima (Luz Marina, Nelson y Rocío Castellanos Martínez), suma equivalente a 20 smlmv por las razones explicadas ad supra.

Finalmente, en lo que se refiere a las pretensiones alegadas por la señora Martha Isabel Quevedo en su calidad de compañera permanente del señor Luis Evelio, reposan en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 41 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 18 de octubre de 2000 en Guayabetal, en la que el señor Rafael Orduz Rodríguez relató: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si a usted le consta que el señor Luis Evelio Castellanos Martínez, convive con la señora Martha Isabel Quevedo, de cuya unión extramatrimonial tienen dos hijos llamados Jonatan David Castellanos e Ingrid Lorena, de pocos años de edad. CONTESTÓ. Si [sic] señor” (resaltado fuera de texto).

— Folio 43 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 18 de octubre de 2000 en Guayabetal, en la que el señor Edgar Hernán Orduz Carrillo dijo: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si a usted le consta que el señor Luis Evelio Castellanos, convive en unión libre con la señora Martha Isabel Quevedo, y han procreado a sus menores hijos Yonathan David Castellanos e Ingri [sic] Lorena. CONTESTÓ. Sí señor ellos conviven es el padre de esos dos niños y la esposa de él se llama Martha Quevedo” (resaltado fuera de texto).

— Folio 45 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 18 de octubre de 2000 en Guayabetal, en la que el señor Jorge Eliecer Riveros manifestó: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si sabe y le consta que el señor Luis Evelio Castellanos Martínez, vive en condición de compañero permanente y en caso afirmativo cómo se llama dicha compañera. CONTESTÓ. Si viven en junta como marido y mujer hace cinco años y ella se llama Martha Quevedo, tienen dos hijos los que nombré anteriormente” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, esta Subsección reconocerá en favor de la señora Martha Isabel, suma equivalente a 40 smlmv por cuanto se encontró acreditada la alegada calidad de compañera permanente.

En conclusión, se reconocerán los siguientes montos por perjuicios morales dentro del Expediente 1285:

Luis Evelio Castellanos Martínez (lesionado)40 smlmv
Ingrid Lorena Castellanos Quevedo (hija)40 smlmv
Jonathan David Castellanos Quevedo (hijo)40 smlmv
Martha Isabel Quevedo (compañera permanente)40 smlmv
Aurora Martínez Muñoz (madre)40 smlmv
Luz Marina Castellanos Martínez (hermana)20 smlmv
Nelson Castellanos Martínez (hermano)20 smlmv
Rocío Castellanos Martínez (hermana)20 smlmv

 

2.4.3. Daño a la salud dentro del Expediente 1285.

Dice la demanda:

“El equivalente en pesos a 4.000 gramos de oro, como indemnización especial a favor del propio lesionado, señor Luis Evelio Castellanos Martínez, en razón de la merma total de su goce fisiológico, al quedar su cuerpo afectado de por vida para realizar actividades recreativas, teniendo en cuenta que era una persona con todas sus capacidades y talentos para realizar una vida normal”.

Al respecto, es preciso indicar que al no encontrar prueba ninguna de la incapacidad sufrida por el señor Luis Evelio, el componente estático del daño a la salud no podrá ser reconocido. Por su parte, para probar el componente dinámico de dicho daño, reposan en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 41 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 18 de octubre de 2000 en Guayabetal, en la que el señor Rafael Orduz Rodríguez relató: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho cuál es la situación actual del señor Luis Evelio Castellanos, en relación a su integridad física. CONTESTÓ. El [sic] se queja porque como tiene esquirlas en su cuerpo y puede algo trabajar pero con incomodidad ya no es lo mismo que antes” (resaltado fuera de texto).

— Folio 43 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 18 de octubre de 2000 en Guayabetal, en la que el señor Edgar Hernán Orduz Carrillo dijo: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho cuál es el estado de salud actual de Luis Evelio Castellanos M., y antes del accidente cómo era su comportamiento en relación a las actividades de recreaciones y esparcimiento, y si actualmente las puede realizar. CONTESTÓ. Antes de él accidentarse en horas del almuerzo y tiempos libres, jugábamos microfútbol con los compañeros él era buen jugador, después del accidente he tenido la oportunidad de volver a jugar con él pero ya NO es igual se cansa, ya no responde igual, dice que se siente mal que le duele la pierna” (resaltado fuera de texto).

— Folio 45 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 18 de octubre de 2000 en Guayabetal, en la que el señor Jorge Eliecer Riveros manifestó: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si sabe y le consta qué tipo de lesiones recibió Luis Evelio Castellanos Martínez, cuál es su estado de salud actual, cuál ha sido el comportamiento en lo que hace referencia a las actividades de recreación y esparcimiento y si ha podido realizarlas en la forma en que lo hacía antes del accidente o no y cuál la razón de ello. CONTESTÓ. Esquirlas de granada en la pierna derecha y brazo derecho, su estado de salud actual ya no es igual que antes, ya se siente limitado para muchas cosas” (resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, atendiendo las consecuencias particulares y específicas de las lesiones sufridas por el señor Luis Evelio(67), por las cuales independientemente de su gravedad tuvo que ser remitido al hospital para su atención, esta Subsección reconocerá por daño a la salud dentro de su componente subjetivo, lo correspondiente a 5 smlmv.

2.5. Tasación de perjuicios dentro del Expediente 1998.

2.5.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 1998.

Los actores solicitaron, a título de daño emergente, el reconocimiento y pago de ochenta millones de pesos ($ 80’000,000) “por concepto de la destrucción de la vivienda, muebles y enseres, gastos judiciales, honorarios de abogado, y en fin, todos los gastos sufridos por los esposos Cenón Lizandro [sic] González Gutiérrez y María Consolación Carrillo”, y a título de lucro cesante, cien millones ($ 100’000,000) “en favor de los esposos Cenón Lizandro [sic] González Gutiérrez y María Consolación Carrillo en razón de que al ser destruida su residencia, han debido alquilar una residencia donde vivir, trasladándose a la ciudad de Santafé de Bogotá, donde pagan un cánon [sic] mensual de $ 400.000.00”.

Respecto al daño emergente solicitado por la destrucción del inmueble de habitación de la pareja González-Carrillo obra en el plenario un presupuesto de obra(68) para la reconstrucción de la vivienda, realizado por un arquitecto quien al mismo tiempo aparece firmando un contrato civil de obra(69) que dice tener por objeto dicha reconstrucción. En este orden de ideas, esta Subsección al encontrar probado el daño pero no su magnitud —por ausencia de prueba técnica que lo permita establecer con certeza—, condenará en abstracto con el fin de que en trámite incidental con intervención de peritos(70), se establezca el valor al que ascienden los daños causados al inmueble, teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado en Guayabetal, Cundinamarca, actualizado a precios constantes de hoy(71); el valor que resulte de dicha operación, será reconocido en favor de la señora María Consolación Carrillo Rey quien en la escritura pública de compraventa obra como propietaria del inmueble destruido.

En cuanto a los daños ocasionados con la pérdida de los enseres que había dentro de la vivienda al momento de los hechos, la única prueba que reposa en el plenario es la relación que de los mismos hicieron los interesados(72) sin que fuera aportado ningún otro medio de convicción que permitiera sustentar lo dicho; por lo anterior, esta Subsección se abstendrá de reconocer valor alguno por no encontrar acreditado dichos daños(73).

Por otro lado, la pretensión de que sea reconocido el daño emergente supuestamente ocasionado por los gastos judiciales y honorarios de abogado, será negada por cuanto su reconocimiento no es procedente ya que los mismos no se derivan del daño reclamado por los interesados sino que es una erogación que debe hacer quien decide acudir a un proceso judicial para cuyo ejercicio es obligatorio estar representado por apoderado judicial.

Finalmente, en lo que se refiere al lucro cesante alegado por la pareja González-Carrillo, al verse obligados a pagar arriendo durante la reconstrucción de su casa de habitación, reposa en el plenario original de un contrato de arrendamiento, pero no hay prueba de que los pagos por dicho concepto se hubieran efectivamente realizado, motivo por el cual esta Subsección no puede tener por probado dichos gastos.

2.5.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 1998.

Se solicita en la demanda:

“El equivalente en moneda nacional de 1.000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales o “pretium doloris”, consistentes en el profundo trauma psíquico que produce el hecho de saberse víctima de un acto injusto nacido de un riesgo especial creado contra la ciudadanía al ser atacado el Ejército Nacional”.

De acuerdo con lo que se encuentra probado en el proceso, esta Subsección reconocerá a título de perjuicios morales, 40 smlmv en favor de la señora María Consolación, y suma igual en favor del señor Cenón Lisandro, por la angustia y zozobra que genera saberse víctimas directas del conflicto armado interno que sufre el país.

2.6. Tasación de perjuicios dentro del Expediente 1999.

2.6.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 1999.

Los actores solicitaron, a título de daño emergente, el reconocimiento y pago de tres millones de pesos ($ 3’000,000) “por concepto de gastos funerarios, gastos judiciales, honorarios de abogado, y en fin, todos los gastos que se sobrevinieron con la muerte del señor Jesús Antonio Galvis”, y a título de lucro cesante, trescientos millones ($ 300’000,000) “que se liquidarán a favor de la compañera permanente e hijos del fallecido Jesús Antonio Galvis, correspondientes a las sumas que el mismo dejó de producir en razón de su muerte injusta y prematura y por todo el resto posible de vida que le quedaba en la actividad económica a que se dedicaba (comerciante de motos), habida cuenta de su edad al momento del insuceso (39 años), y a la esperanza de vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria, suma que será incrementada en un 30% por concepto de prestaciones sociales”.

Al respecto, no reposa prueba de ninguna de las erogaciones realizadas con ocasión de la muerte del señor Jesús Antonio, razón suficiente para negar cualquier reconocimiento por concepto de daño emergente.

Ahora, en lo que se refiere al lucro cesante alegado por los hijos de este, la Sección ha sostenido que “la condición de dependencia económica de aquellos respecto de los padres se mantiene hasta la edad de 25 años, con fundamento en los artículos 13 y 45 de la Constitución Política y en consideración además, a las reglas de la experiencia, siempre y cuando se acredite tal dependencia por cualquier medio probatorio”(74).

Así las cosas, con el fin de establecer el salario base de liquidación, se tiene que el señor Jesús Antonio trabajaba comerciando motos(75) sin que se pueda establecer el monto de sus ingresos, razón por la cual los perjuicios se liquidarán con base en el salario mínimo actual por cuanto una persona laboralmente activa no puede devengar un salario menor al mínimo vigente, que hoy asciende a $ 589.500.

A dicho valor, de acuerdo con la posición reiterada de la Sala, se debe aumentar un 25% por concepto de prestaciones sociales, cifra que asciende a $ 736,875 y se deducirá el 25% de gastos para el propio sostenimiento correspondientes a $ 184,218.75, quedando la base de la liquidación en $ 552,656.25.

Establecido el salario base de liquidación, este será a su vez dividido entre dos con el fin de establecer lo correspondiente a la liquidación de la compañera permanente y lo que corresponde a los hijos ($ 276.328.125), mitad que a su vez será repartida en dos (Wilder David y Feldy Maryory), de manera tal que la renta actualizada a partir de la cual se establecerá la indemnización para cada uno de los hijos será de $ 138.164.1

2.6.1.1. Wilder David Galviz Contreras(76). 

Fecha de nacimiento17 de septiembre de 1998
Fecha cumpleaños Nº 2517 de septiembre de 2023
Tiempo transcurrido entre los hechos y la presente sentencia(77)163 meses
Tiempo transcurrido entre la presente sentencia y los 25 años de edad121 meses

 

2.6.1.1.1. Indemnización vencida

 

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S = $ 34’249,369

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Wilder David Galviz Contreras, corresponde a un valor total de $ 34’249.369.

2.6.1.1.2. Indemnización futura o anticipada

 

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S = $ 12’612,001

La indemnización futura, por concepto de lucro cesante para Wilder David Galviz Contreras, corresponde a un valor total de $ 12’612.001.

Así, sumada la indemnización vencida y futura, esta Subsección reconocerá en favor del hijo del señor Jesús Antonio, la suma de $ 46’861.370.

2.6.1.2. Feldy Maryory Galviz Contreras(78). 

Fecha de nacimiento16 de diciembre de 1999
Fecha cumpleaños Nº 2516 de diciembre de 2024
Tiempo transcurrido entre los hechos y la presente sentencia(79)163 meses
Tiempo transcurrido entre la presente sentencia y
los 25 años de edad
136 meses

 

2.6.1.2.1. Indemnización vencida

 

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S = $ 34’249,369

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Feldy Maryory Galviz Contreras, corresponde a un valor total de $ 34’249.369

2.6.1.2.2. Indemnización futura o anticipada

 

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S = $ 13’720.091

La indemnización futura, por concepto de lucro cesante para Feldy Maryory Galviz Contreras, corresponde a un valor total de $ 13’720.091.

Así, sumada la indemnización vencida y futura, esta Subsección reconocerá en favor de la hija del señor Jesús Antonio, la suma de $ 47’969,460.

2.6.1.3. Millarlady Contreras Rojas(80). 

La señora Millarlady acudió al proceso en su calidad de compañera permanente del señor Jesús Antonio. Para probar su dicho, obran en el expediente las siguientes pruebas:

— Folio 76 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 20 de abril de 2001 en Villavicencio, en la que la señora Sandra Patricia Ríos Ramírez expuso: “Yo distinguí al finado Jesús Antonio Galvis hace 4 años vivía en la casa con Millarlady con sus dos hijos que son: Wilder David y Maryory Galvis Contreras, ellos vivían al [sic] la casita de ellos eran una familia muy trabajadora, ellos se querían mucho, vivían en unión libre” (resaltado fuera de texto).

— Folio 79 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 20 de abril de 2001 en Villavicencio, en la que la señora Rosalba Murcia Riveros dijo: “Yo sí conocí al señor Jesús Antonio Galvis aproximadamente hace 4 años el convivía con la señora Millarlady era una [ilegible] hubo dos hijos, el niño Wilder David Contreras y la niña Feldy Maryory Galvis Contreras” (resaltado fuera de texto).

— Folio 82 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 20 de abril de 2001 en Villavicencio, en la que la señora Marleny Rojas Sanjuán manifestó: “Hace 4 años distinguí al señor Jesús Antonio Galvis y a la señora Millarlady Contrera [sic] vivían juntos de esa unión tienen dos niños Wilder y Feldy Maryory, vivían bien, incluso soy madrina del niño mayor” (resaltado fuera de texto).

Comprobada así la calidad con la que la señora Millarlady acudió al proceso, se liquidarán los perjuicios materiales a título de lucro cesante con base en los siguientes datos:

Fecha de nacimiento28 de julio de 1974
Tiempo transcurrido entre los hechos y la presente sentencia(81)163 meses
Vida probable(82)51.60(83)
Tiempo transcurrido entre la presente sentencia y la fecha en la que se cumple la vida probable456,2(84)
Salario base de liquidación$ 276,328.125

 

2.6.1.3.1. Indemnización vencida

 

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S = $ 68’498.719

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Millarlady Contreras Rojas, corresponde a un valor total de $ 68’498.719.

2.6.1.3.2. Indemnización futura o anticipada

 

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S = $ 51’356,753

La indemnización futura, por concepto de lucro cesante para Millarlady Contreras Rojas, corresponde a un valor total de $ 51’356.753.

Así, sumada la indemnización vencida y futura, esta Sub-Sección reconocerá en favor de la compañera permanente del señor Jesús Antonio, la suma de $ 119’855.472.

2.6.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 1999.

Obran en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 3 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: registro civil de nacimiento en el que consta que Wilder David Galviz Contreras nació el 17 de septiembre de 1998, hijo de Millarlady Contreras Rojas y Jesús Antonio Galviz.

— Folio 4 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: registro civil de nacimiento en el que consta que Feldy Maryory Galviz Contreras nació el 16 de diciembre de 1999, hija de Millarlady Contreras Rojas y Jesús Antonio Galviz.

En este orden de ideas, establecido como está el parentesco con los registros civiles, esta Subsección encuentra probado el perjuicio moral sufrido por los hijos de la víctima, y lo reconocerá en la suma equivalente a 100 smlmv para cada uno. En el mismo sentido, y por constar prueba de la calidad de compañera permanente de la señora Millarlady Contreras, se reconocerá en su favor suma equivalente a 100 smlmv.

En conclusión, se reconocerán los siguientes montos por perjuicios morales dentro del Expediente 1999:

Wilder David Galviz Contreras (hijo)100 smlmv
Feldy Maryory Galviz Contreras (hija)100 smlmv
Millarlady Contreras Rojas (compañera permanente)100 smlmv

 

2.7. Tasación de perjuicios dentro del Expediente 2054.

2.7.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 2054.

Los actores solicitaron, a título de daño emergente, el reconocimiento y pago de treinta millones de pesos ($ 30’000.000) “por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y en fin, todos los gastos que se sobrevinieron y sobrevendrán en el futuro para lograr la recuperación y conservación de la salud del señor Luis Ricardo Augusto Torres”, y a título de lucro cesante, trescientos millones ($ 300’000.000) “correspondientes a las sumas que el lesionado ha dejado y dejará de producir en razón de la grave merma laboral que le aqueja y por todo el resto posible de vida que le queda, en la actividad económica a que se dedicaba (agricultor y propietario de un expendio de carnes), habida cuenta de su edad al momento del insuceso (60 años), y a la esperanza de vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria, suma que será incrementada en un 30% por concepto de prestaciones sociales”.

Respecto del daño emergente solicitado, no reposa prueba ninguna de las erogaciones realizadas con ocasión de las lesiones sufridas, razón suficiente para negar cualquier reconocimiento por este concepto.

Ahora bien, en lo que se refiere al lucro cesante, se tiene que el señor Luis Ricardo era agricultor y expendía productos cárnicos(85) sin que se pueda establecer el monto de sus ingresos razón por lo cual los perjuicios se liquidarán con base en el salario mínimo actual por cuanto una persona laboralmente activa no puede devengar un salario menor al mínimo vigente, que hoy asciende a $ 589.500.

A dicho valor, de acuerdo con la posición reiterada de la Sala(86), se debe aumentar un 25% por concepto de prestaciones sociales, cifra que asciende a $ 736.875 sobre la que se deberá calcular el 16,20% correspondiente al porcentaje de incapacidad laboral definitiva decretado por la autoridad competente(87), para obtener así, el salario base de la liquidación que en el sub lite corresponde a $ 119.373.75.

Entonces, para la liquidación del periodo consolidado, se aplicará la fórmula matemático - actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses transcurridos entre la fecha de los hechos y la de la presente sentencia(88):

 

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S = $ 29’591,447

Ahora, para la liquidación del periodo futuro, se tiene que al momento de los hechos Luis Ricardo tenía una vida probable de 19.51 años(89) correspondientes a 234.12 meses, de los que se habrá de sustraer el número de meses transcurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponde a 163 meses para un total de 71.12 meses, lapso a indemnizar por lucro cesante futuro.

 

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S = $7’161,765

Así las cosas, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, se reconocerán en favor del señor Luis Ricardo, $ 36’753.212.

2.7.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 2054.

Obran en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 1 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de matrimonio en el que consta que Luis Ricardo Augusto Torres y Myriam Saldaña Bonilla contrajeron matrimonio católico el 29 de junio de 1963.

— Folio 2 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Luis Ricardo Augusto Torres nació el 23 de marzo de 1940, hijo de la señora Belinda Torres.

— Folio 4 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Nubia Constanza Torres Saldaña nació el 19 de enero de 1964, hija de Luis Ricardo Augusto Torres y Myriam Saldaña, quien de acuerdo con el registro civil de matrimonio que reposa en el folio siguiente, contrajo matrimonio con el señor Israel Rico Luna el 7 de diciembre de 1997.

— Folio 6 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Ingrid Johanna Rico Torres nació el 20 de marzo de 1992, hija de Nubia Constanza Torres Saldaña e Israel Rico Luna.

— Folio 7 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Inés Antonia del Pilar Torres Saldaña nació el 17 de enero de 1965, hija de Luis Ricardo Augusto Torres y Myriam Saldaña, quien de acuerdo con el registro civil de matrimonio que reposa en el folio siguiente, contrajo matrimonio con el señor Oscar Bernal Vega el 15 de agosto de 1987.

— Folio 9 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Cristian Camilo Bernal Torres nació el 13 de junio de 1988, hija de Inés Antonia del Pilar Torres Saldaña y Oscar Bernal Vega.

— Folio 10 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Diana Marcela Bernal Torres nació el 12 de marzo de 1990, hija de Inés Antonia del Pilar Torres Saldaña y Oscar Bernal Vega.

— Folio 11 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Juan Sebastián Bernal Torres nació el 11 de septiembre de 1996, hijo de Inés Antonia del Pilar Torres Saldaña y Oscar Bernal Vega.

— Folio 12 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Myriam Aydee Torres Saldaña nació el 9 de abril de 1966, hija de Luis Ricardo Augusto Torres y Myriam Saldaña, quien de acuerdo con el registro civil de matrimonio que reposa en el folio siguiente, contrajo matrimonio con el señor Luis Hernando Hernández Rey el 10 de marzo de 1988.

— Folio 14 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Gina Paola Hernández Torres nació el 5 de mayo de 1987, hija de Myriam Aydee Torres Saldaña y Luis Hernando Hernández Rey.

— Folio 15 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Myriam Andrea Hernández Torres nació el 17 de agosto de 1989, hija de Myriam Aydee Torres Saldaña y Luis Hernando Hernández Rey.

— Folio 16 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Mónica Lizeth Hernández Torres nació el 24 de diciembre de 1992, hija de Myriam Aydee Torres Saldaña y Luis Hernando Hernández Rey.

— Folio 17 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Laura Manuela Hernández Torres nació el 20 de mayo de 1995, hija de Myriam Aydee Torres Saldaña y Luis Hernando Hernández Rey.

— Folio 18 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Juan David Hernández Torres nació el 23 de febrero de 1997, hijo de Myriam Aydee Torres Saldaña y Luis Hernando Hernández Rey.

— Folio 19 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Jasmin Soad Torres Saldaña nació el 22 de septiembre de 1967, hija de Luis Ricardo Augusto Torres y Myriam Saldaña.

— Folio 20 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Andrés Ricardo Romero Torres nació el 28 de mayo de 1988, hijo de Jasmin Soad Torres Saldaña y José Ricardo Romero Trochez.

— Folio 21 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Diana Carolina Romero Torres nació el 13 de octubre de 1991, hija de Jasmin Soad Torres Saldaña y José Ricardo Romero Trochez.

— Folio 22 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Sebastián Romero Torres nació el 5 de enero de 1996, hijo de Jasmin Soad Torres Saldaña y José Ricardo Romero Trochez.

— Folio 23 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Luis Esteban Romero Torres nació el 19 de enero de 1998, hijo de Jasmin Soad Torres Saldaña y José Ricardo Romero Trochez.

— Folio 23 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Luis Ricardo Torres Saldaña nació el 16 de abril de 1970, hijo de Luis Ricardo Augusto Torres y Myriam Saldaña, quien de acuerdo con el registro civil de matrimonio que reposa en el folio siguiente, contrajo matrimonio con la señora Elvia Lizeth Bobadilla Velásquez el 10 de marzo de 1988.

— Folio 25 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Sergio Andrés Torres Bobadilla nació el 3 de abril de 1991, hijo de Elvia Zenith [sic] Bobadilla Velásquez y Luis Ricardo Torres Saldaña.

— Folio 26 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Amanda Soledad Torres Saldaña nació el 5 de abril de 1972, hija de Luis Ricardo Augusto Torres y Myriam Saldaña, quien de acuerdo con el registro civil de matrimonio que reposa en el folio siguiente, contrajo matrimonio con el señor Jorge Eliecer López el 7 de diciembre de 1991.

— Folio 28 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Luis Enrique Torres nació el 28 de marzo de 1990, hijo de Amanda Soledad Torres Saldaña.

— Folio 29 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Laura Viviana López Torres nació el 14 de julio de 1992, hija de Amanda Soledad Torres Saldaña y Jorge Eliécer López.

— Folio 30 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que María Camila López Torres nació el 17 de diciembre de 1998, hijo de Amanda Soledad Torres Saldaña y Jorge Eliécer López.

— Folio 31 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Jairy Angélica Torres Saldaña nació el primero de octubre de 1973, hija de Luis Ricardo Augusto Torres y Myriam Saldaña, quien de acuerdo con el registro civil de matrimonio que reposa en el folio siguiente, contrajo matrimonio con el señor Carlos Alberto Parra Sandoval el 18 de agosto de 1990.

— Folio 33 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Luisa Fernanda Parra Torres nació el 14 de marzo de 1989, hija de Jairy Angélica Torres Saldaña y Carlos Alberto Parra Sandoval.

— Folio 34 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Francisco Javier Parra Torres nació el 25 de noviembre de 1990, hijo de Jairy Angélica Torres Saldaña y Carlos Alberto Parra Sandoval.

— Folio 35 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Manuel Felipe Parra Torres nació el 21 de septiembre de 1993, hijo de Jairy Angélica Torres Saldaña y Carlos Alberto Parra Sandoval.

— Folio 36 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que Alfredo Parra Torres nació el 26 de junio de 1995, hijo de Jairy Angélica Torres Saldaña y Carlos Alberto Parra Sandoval.

— Folio 37 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: acta de bautismo en la que consta que la señora Carmen Julia Torres nacida el 2 de junio de 1933 es hija de Belinda Torres.

— Folio 39 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: acta de bautismo en la que consta que la señora Rosa Inés Torres nacida el 6 de febrero de1938 es hija de Belinda Torres.

— Folio 40 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: registro civil de nacimiento en el que consta que la señora Flor Lucía Guevara Torres nacida el 8 de enero de 1949 es hija de Belinda Torres.

En este orden de ideas, establecido como está el parentesco con los registros civiles, esta Subsección encuentra probado el perjuicio moral sufrido por el lesionado (Luis Ricardo), su esposa (Myriam) y sus hijos (Nubia Constanza, Inés Antonia del Pilar, Myriam Aydee, Jasmin Soad, Luis Ricardo, Amanda Soledad y Jairy Angélica), reconociéndolo en la suma equivalente a 10 smlmv para cada uno, y ante la ausencia de prueba que desvirtúe la presunción de aflicción, se reconocerá en favor de las hermanas y los nietos de la víctima, suma equivalente a 5 smlmv.

En conclusión, se reconocerán los siguientes montos por perjuicios morales dentro del Expediente 2054:

Luis Ricardo Augusto Torres (lesionado)10 smlmv
Myriam Saldaña Bonilla (esposa)10 smlmv
Nubia Constanza Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Inés Antonia del Pilar Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Myriam Aydee Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Jasmin Soad Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Luis Ricardo Torres Saldaña (hijo)10 smlmv
Amanda Soledad Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Jairy Angélica Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Carmen Julia Torres (hermana)5 smlmv
Rosa Inés Torres (hermana)5 smlmv
Flor Lucía Guevara Torres (hermana)5 smlmv
Ingrid Johanna Rico Torres (nieta)5 smlmv
Cristian Camilo Bernal Torres (nieto)5 smlmv
Diana Marcela Bernal Torres (nieta)5 smlmv
Juan Sebastián Bernal Torres (nieto)5 smlmv
Gina Paola Hernández Torres (nieta)5 smlmv
Myriam Andrea Hernández Torres (nieta)5 smlmv
Mónica Lizeth Hernández Torres (nieta)5 smlmv
Laura Manuela Hernández Torres (nieta)5 smlmv
Juan David Hernández Torres (nieto)5 smlmv
Andrés Ricardo Romero Torres (nieto)5 smlmv
Diana Carolina Romero Torres (nieta)5 smlmv
Sebastián Romero Torres (nieto)5 smlmv
Luis Esteban Romero Torres (nieto)5 smlmv
Sergio Andrés Torres Bobadilla (nieto)5 smlmv
Luis Enrique Torres (nieto)5 smlmv
Laura Viviana López Torres (nieta)5 smlmv
María Camila López Torres (nieta)5 smlmv
Luis Fernanda Parra Torres (nieta)5 smlmv
Francisco Javier Parra Torres (nieto)5 smlmv
Manuel Felipe Parra Torres (nieto)5 smlmv
Alfredo Parra Torres (nieto)5 smlmv

 

2.7.3. Daño a la Salud dentro del Expediente 2054(90). 

Dice la demanda:

“El equivalente a 4.000 gramos de oro fino, como indemnización especial a favor del propio lesionado, señor Luis Ricardo Augusto Torres, en razón de la merma total de goce fisiológico sufrida [sic] por el mismo, al quedar su cuerpo afectado de por vida teniendo en cuenta que era una persona con todas sus capacidades y talentos para realizar una vida normal”.

De acuerdo con lo dicho ad supra, se tiene que en el folio 272 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054 reposa la evaluación presentada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez sobre la incapacidad del señor Luis Ricardo Augusto Torres ocasionada por la limitación del movimiento de la muñeca izquierda, la limitación de extensión de las cuatro (4) últimas articulaciones metacarpo-falángicas, y la disminución de la fuerza de la mano. En este orden de ideas, y de acuerdo con lo dicho ad supra sobre el procedimiento para determinar el componente objetivo del perjuicio fisiológico, se reconocerán 48,6 smlmv en favor del señor Luis Ricardo por dicho concepto, de acuerdo con el siguiente análisis:

Descripción incapacidadPorcentaje estimado por la juntaSMLMV por reconocer
IDeficiencia8.2024,6
IIDiscapacidad2.006
IIIMinusvalía6.0018
Total16.2048,6

 

Ahora bien, en relación con las pruebas que permitirían tasar el componente dinámico del daño a la salud, reposan en el expediente las siguientes pruebas:

— Folio 118 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: diligencia de declaración rendida el 2 de mayo de 2001 en Guayabetal, Cundinamarca, dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en el que Aristipo Aya Rodríguez declaró: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si usted sabe o le consta qué clase de lesiones recibió el señor Torres, y cuál es su estado de salud actual, indicando también cuál ha sido el comportamiento en lo que hace referencia a las actividades de recreación y esparcimiento y si ha podido realizarlas en la forma que lo hacía antes del accidente o no y cuál la razón de ello. CONTESTÓ. Al expendio de carnes, agricultura, actualmente está mal incapacitado laboralmente, ahora está mal porque ya no responde como antes, su situación es estable, ya no puede tomar trago con los amigos” (resaltado fuera de texto).

— Folio 120 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: diligencia de declaración rendida el 2 de mayo de 2001 en Guayabetal, Cundinamarca, dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en el que Leonardo Enrique Gómez Parrado, expuso: “PREGUNTADO: Manifieste al despacho si sabe y le consta qué clase de lesiones recibió el mencionado Ricardo Augusto Torres, cuál es su estado de salud actual indicando también, cuál ha sido el comportamiento en lo que hace referencia a las actividades de recreación y esparcimiento, si ha podido realizarlas en la forma en que lo hacía antes del accidente o no, y cuál la razón de ello. CONTESTÓ: Se [sic] que fue en su brazo y al costado izquierdo de la espalda sufrió una lesión, su estado de salud actual no es normal como antes, pues ya no se desempeña igual, es decir ya no tiene la misma capacidad de trabajo, sobre sus actividades de recreación ya no hace ejercicio porque se lo impide su brazo y la razón de ellos [sic] es por la fractura recibida en la toma guerrillera” (resaltado fuera de texto).

— Folio 137 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: diligencia de declaración rendida el 3 de mayo de 2001 en Guayabetal, Cundinamarca, dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en el que la señora Rosa Elvia Velásquez de Bobadilla, dijo: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si usted sabe y le consta a qué actividades económicas se dedicaba el señor Luis Ricardo Augusto Torres, antes de sufrir la lesión, cuánto ganaba y por qué le consta lo anterior. CONTESTÓ. El [sic] se dedicaba a trabajos de agricultura, a cuidar ganado y a un expendio de carnes de su propiedad que le generaba unos ingresos más o menos de $ 400.ooo [sic] mensuales, pues se [sic] que ganaba eso porque somos amigos y él me comentaba como [sic] le iba en el negocio y también a cada hijo le repartía los domingos carne para su sustento que ahora no lo puede hacer porque no responde igual y además le ha ido mal con el negocio porque no se puede desplazar a conseguir el ganado como los hacía antes” (resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, encontrando probado el componente dinámico del daño a la salud con base en lo que consta en los testimonios recién transcritos, esta Subsección reconocerá lo correspondiente a 10 smlmv, de manera tal que el monto total que deberá ser reconocido y pagado en favor del señor Luis Ricardo Augusto Torres por daño a la salud, asciende a lo equivalente a 58,6 smlmv.

2.8. Tasación de perjuicios dentro del Expediente 2056.

2.8.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 2056.

Los actores solicitaron, a título de daño emergente, el reconocimiento y pago de tres millones de pesos ($ 3’000.000) “por concepto de gastos funerarios, gastos judiciales, honorarios de abogado, y en fin, todos los gastos que se sobrevinieron con la muerte del señor Luis Alfredo Quevedo Rodríguez”, y a título de lucro cesante, trescientos millones ($ 300’000,000) “que se liquidarán a favor de la esposa e hijos del fallecido Luis Alfredo Quevedo Rodríguez, correspondientes a las sumas que el mismo dejó de producir en razón de su muerte injusta y prematura y por todo el resto posible de vida que le quedaba en la actividad económica a que se dedicaba (comerciante de motos), habida cuenta de su edad al momento del insuceso (39 años), y a la Esperanza de Vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria, suma que será incrementada en un 30% por concepto de prestaciones sociales”.

Al respecto, no reposa prueba de ninguna de las erogaciones realizadas con ocasión de la muerte del señor Luis Alfredo, razón suficiente para negar cualquier reconocimiento por concepto de daño emergente.

Ahora, en lo que se refiere al lucro cesante alegado por los hijos de este, y con el fin de establecer el salario base de liquidación, se tiene que el señor Luis Alfredo trabajaba comerciando motos(91) sin que se pueda establecer el monto de sus ingresos, razón por la cual los perjuicios se liquidarán con base en el salario mínimo actual por cuanto una persona laboralmente activa no puede devengar un salario menor al mínimo vigente, que hoy asciende a $ 589.500.

A dicho valor, de acuerdo con la posición reiterada de la Sala, se debe aumentar un 25% por concepto de prestaciones sociales, cifra que asciende a $ 736.875 y se deducirá el 25% de gastos para el propio sostenimiento correspondientes a $ 184.218.75, quedando la base de la liquidación en $ 552.656.25.

Establecido el salario base de liquidación, este será a su vez dividido entre dos con el fin de establecer lo correspondiente a la liquidación de la esposa y lo que corresponde a los hijos ($ 276.328.125), mitad que a su vez será repartida en tres (Luis Oscar, Erika Paola y Yuli Andrea), de manera tal que la renta actualizada a partir de la cual se establecerá la indemnización para cada uno de los hijos será de $ 92.109.

2.8.1.1. Luis Oscar Quevedo Romero(92). 

Fecha de nacimiento23 de agosto de 1984
Fecha cumpleaños Nº 2523 de agosto de 2009
Tiempo transcurrido entre los hechos y la fecha del cumpleaños Nº 25 años por ser anterior a la de esta sentencia115 meses

 

2.8.1.1.1. Indemnización vencida

 

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S = $ 14’151,925

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Luis Oscar Quevedo Romero, corresponde a un valor total de $ 14’151,925. En todo caso, dado que éste cumplió 25 años de edad en el año 2009, no se reconocerá valor ninguno por concepto de indemnización futura o anticipada por cuanto como ya se ha dicho, la condición de dependencia económica de los hijos respecto de los padres se mantiene hasta dicha edad.

2.8.1.2. Erika Paola Quevedo Romero(93). 

Fecha de nacimiento16 de febrero de 1991
Fecha cumpleaños Nº 2516 de febrero de 2016
Tiempo transcurrido entre los hechos y la presente sentencia(94)163 meses
Tiempo transcurrido entre la presente sentencia y los 25 años de edad42 meses

 

2.8.1.2.1. Indemnización vencida

 

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S = $ 22’832,813

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Erika Paola Quevedo Romero, corresponde a un valor total de $ 22’832.813.

2.8.1.2.2. Indemnización futura o anticipada

 

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S = $ 3’491,151

La indemnización futura, por concepto de lucro cesante para Erika Paola Quevedo Romero, corresponde a un valor total de $ 3’491.151.

Así, sumada la indemnización vencida y futura, esta Subsección reconocerá en favor de Erika Paola, la suma de $ 26’323.964.

2.8.1.3. July Andrea Quevedo Romero(95). 

Fecha de nacimiento19 agosto de 1995
Fecha cumpleaños Nº 2519 agosto de 2020
Tiempo transcurrido entre los hechos y la presente sentencia(96)163 meses
Tiempo transcurrido entre la presente sentencia y los 25 años de edad84 meses

 

2.8.1.3.1. Indemnización vencida

 

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S = $ 22’832,813

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para July Andrea Quevedo Romero, corresponde a un valor total de $ 22’832,813

2.8.1.3.2. Indemnización futura o anticipada

 

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S = $ 6’338,285

La indemnización futura, por concepto de lucro cesante para July Andrea Quevedo Romero, corresponde a un valor total de $ 6’338.285

Así, sumada la indemnización vencida y futura, esta Subsección reconocerá en favor de July Andrea, la suma de $ 29’171.098.

2.8.1.4. Naisla Romero Forero(97). 

Fecha de nacimiento13 de abril de 1964
Tiempo transcurrido entre los hechos y la presente sentencia(98)163 meses
Vida probable(99)42.5(100)
Tiempo transcurrido entre la presente sentencia y la fecha en la que se cumple la vida probable347 meses(101)
Salario base de liquidación$ 276.328.125

 

2.8.1.4.1. Indemnización vencida

 

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S = $ 68’498,719

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Naisla Romero Forero, corresponde a un valor total de $ 68’498.719.

2.8.1.4.2. Indemnización futura o anticipada

 

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S = $ 46’244,489

La indemnización futura, por concepto de lucro cesante para Naisla Romero Forero, corresponde a un valor total de $ 46’244.489.

Así, sumada la indemnización vencida y futura, esta Subsección reconocerá en favor de la esposa del señor Luis Alfredo, la suma de $ 114’743.208.

2.8.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 2056.

Obran en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 20 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: registro civil de nacimiento en el que consta que Luz Marina Quevedo Rodríguez nació el 8 de septiembre de 1958, hija de José Alfredo Quevedo Landino y Leonor Rodríguez Olaya.

— Folio 21 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: registro civil de nacimiento en el que consta que Sonia Quevedo Rodríguez nació el 5 de marzo de 1960, hija de José Alfredo Quevedo Landino y Leonor Rodríguez Olaya.

— Folio 22 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: registro civil de nacimiento en el que consta que Luis Alfredo Quevedo Rodríguez nació el 12 de septiembre de 1962, hijo de José Alfredo Quevedo Landino y Leonor Rodríguez Olaya, quien de acuerdo con el registro civil de matrimonio que reposa en el folio 24 del mismo cuaderno, contrajo matrimonio con la señora Naisla Romero Forero el 22 de octubre de 1988.

— Folio 25 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: registro civil de nacimiento en el que consta que Luis Oscar Quevedo Romero nació el 23 de agosto de 1984, hijo de Naisla Romero Forero y Luis Alfredo Quevedo Rodríguez.

— Folio 26 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: registro civil de nacimiento en el que consta que Erika Paola Quevedo Romero nació el 16 de febrero de 1991, hija de Naisla Romero Forero y Luis Alfredo Quevedo Rodríguez.

— Folio 27 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: registro civil de nacimiento en el que consta que July Andrea Quevedo Romero nació el 19 de agosto de 1995, hija de Naisla Romero Forero y Luis Alfredo Quevedo Rodríguez.

En este orden de ideas, establecido como está el parentesco con los registros civiles, esta Subsección encuentra probado el perjuicio moral sufrido por los familiares del señor Luis Alfredo y los reconocerá en lo siguiente montos:

Leonor Rodríguez de Quevedo (madre)100 smlmv
Naisla Romero Forero (esposa)100 smlmv
Luis Oscar Quevedo Romero (hijo)100 smlmv
Erika Paola Quevedo Romero (hija)100 smlmv
July Andrea Quevedo Romero (hija)100 smlmv
Sonia Quevedo Rodríguez (hermana)50 smlmv
Luz Marina Quevedo Forero (hermana)50 smlmv

 

2.9. Tasación de perjuicios dentro del Expediente 2058.

2.9.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 2058.

Los actores solicitaron, a título de daño emergente, el reconocimiento y pago de tres millones de pesos ($ 3’000.000) “por concepto de gastos funerarios, gastos judiciales, honorarios de abogado, y en fin, todos los gastos que se sobrevinieron con la muerte del señor Alberto Parra Aceros”, y a título de lucro cesante, trescientos millones ($ 300’000.000) “que se liquidarán a favor de la esposa e hijos del fallecido Alberto Parra Aceros, correspondientes a las sumas que el mismo dejó de producir en razón de su muerte injusta y prematura y por todo el resto posible de vida que le quedaba en la actividad económica a que se dedicaba (agricultor y comerciante), habida cuenta de su edad al momento del insuceso (53 años), y a la Esperanza de Vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria, suma que será incrementada en un 30% por concepto de prestaciones sociales”.

Al respecto, no reposa prueba de ninguna de las erogaciones realizadas con ocasión de la muerte del señor Alberto, razón suficiente para negar cualquier reconocimiento por concepto de daño emergente.

Ahora, en lo que se refiere al lucro cesante alegado por los hijos de este, y con el fin de establecer el salario base de liquidación, se tiene que el señor Alberto era comerciante(102) sin que se pueda establecer el monto de sus ingresos, razón por la cual los perjuicios se liquidarán con base en el salario mínimo actual por cuanto una persona laboralmente activa no puede devengar un salario menor al mínimo vigente, que hoy asciende a $ 589.500.

A dicho valor, de acuerdo con la posición reiterada de la Sala, se debe aumentar un 25% por concepto de prestaciones sociales, cifra que asciende a $ 736.875 y se deducirá el 25% de gastos para el propio sostenimiento correspondientes a $ 184.218.75, quedando la base de la liquidación en $ 552.656.25.

Establecido el salario base de liquidación, este será a su vez dividido entre dos con el fin de establecer lo correspondiente a la liquidación de la esposa y lo que corresponde a los hijos ($ 276.328.125), mitad que a su vez será repartida en cuatro (Nury Antonia, Betsy Jane, Carlos Alberto y Dora Inés), de manera tal que la renta actualizada a partir de la cual se establecerá la indemnización para cada uno de los hijos será de $ 69.082.

No obstante lo anterior, preciso es indicar que Betsy Jane(103) y Carlos Alberto(104) ya habían cumplido 25 años de edad para el momento en que ocurrieron los hechos que dieron origen a la presente demanda, y ante la ausencia de prueba que indique dependencia económica, lo pretendido por éstos a título de lucro cesante será negado.

2.9.1.1. Dora Inés Parra Sandoval(105). 

Fecha de nacimiento28 de junio de 1978
Fecha cumpleaños Nº 2528 de junio de 2003
Tiempo transcurrido entre los hechos y la fecha del cumpleaños Nro. 25 años por ser anterior a la de esta sentencia41 meses

 

2.9.1.1.1. Indemnización vencida

 

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S = $3’126,345

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Dora Inés Parra Sandoval, corresponde a un valor total de $ 3’126,345. En todo caso, dado que esta cumplió 25 años de edad en el año 2003, no se reconocerá valor ninguno por concepto de indemnización futura o anticipada por cuanto como ya se ha dicho, la condición de dependencia económica de los hijos respecto de los padres se mantiene hasta dicha edad.

2.9.1.2. Nury Antonia Parra Sandoval(106). 

Fecha de nacimiento27 de marzo de 1987
Fecha cumpleaños Nº 2527 de marzo de 2012
Tiempo transcurrido entre los hechos y la fecha del cumpleaños Nº 25 años por ser anterior a la de esta sentencia146 meses

 

2.9.1.2.1. Indemnización vencida

 

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S = $14’643,490

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Nury Antonia Parra Sandoval, corresponde a un valor total de $ 14’643.490, y no se reconocerá valor ninguno por indemnización futura por no encontrarse probada la dependencia económica.

2.9.1.3. María Natividad Sandoval de Parra(107). 

Fecha de nacimiento25 de diciembre de 1945
Tiempo transcurrido entre los hechos y la presente sentencia(108)163 meses
Vida probable(109)25.74(110)
Tiempo transcurrido entre la presente sentencia y la fecha en la que se cumple la vida probable145.88 meses(111)
Salario base de liquidación$ 276,328.125

 

2.9.1.3.1. Indemnización vencida

 

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S = $ 68’498,719

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para María Natividad Sandoval de Parra, corresponde a un valor total de $ 68’498.719.

2.9.1.3.2. Indemnización futura o anticipada

 

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S = $28’814,168

La indemnización futura, por concepto de lucro cesante para María Natividad Sandoval de Parra, corresponde a un valor total de $ 28’814.168.

Así, sumada la indemnización vencida y futura, esta Subsección reconocerá en favor de la esposa de Alberto, la suma de $ 97’312.887.

2.9.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 2058.

Obran en el plenario las siguientes pruebas:

— Folio 26 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Alberto Parra Aceros nació el 20 de abril de 1947, hijo de Miguel Antonio Parra y María Antonia Aceros Pinzón.

— Folio 28 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Nury Antonia Parra Sandoval nació el 27 de marzo de 1987, hija de María Natividad Sandoval Duarte y Alberto Parra Aceros.

— Folio 29 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Betsy Jane Parra Sandoval nació el 8 de junio de 1970, hija de María Natividad Sandoval Duarte y Alberto Parra Aceros.

— Folio 30 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Cristian Javier Jiménez Parra nació el 5 de julio de 1998, hijo de Betsy Jane Parra Sandoval y Javier Armando Jiménez Mantilla.

— Folio 31 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Carlos Alberto Parra Sandoval nació el 29 de noviembre de 1968, hijo de María Natividad Sandoval Duarte y Alberto Parra Aceros.

— Folio 33 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Luisa Fernanda Parra Torres nació el 14 de marzo de 1989, hijo de Jairy Angélica Torres Saldaña y Carlos Alberto Parra Sandoval.

— Folio 34 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Francisco Javier Parra Torres nació el 25 de noviembre de 1990, hijo de Jairy Angélica Torres Saldaña y Carlos Alberto Parra Sandoval.

— Folio 35 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Manuel Felipe Parra Torres nació el 21 de septiembre de 1993, hijo de Jairy Angélica Torres Saldaña y Carlos Alberto Parra Sandoval.

— Folio 36 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Alfredo Parra Torres nació el 26 de junio de 1995, hijo de Jairy Angélica Torres Saldaña y Carlos Alberto Parra Sandoval.

— Folio 37 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Dora Inés Parra Sandoval nació el 28 de junio de 1978, hija de María Natividad Sandoval Duarte y Alberto Parra Aceros.

— Folio 38 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Jhoan Sebastian Casallas Parra nació el 9 de agosto de 1995, hijo de Dora Inés Parra Sandoval y Henry Ángel Casallas Sierra.

— Folio 39 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Angie Natalia Casallas Parra nació el 15 de diciembre de 1998, hijo de Dora Inés Parra Sandoval y Henry Ángel Casallas Sierra.

— Folio 40 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Carlos Ignacio Parra Aceros nació el 31 de julio de 1948, hijo de Miguel Antonio Parra y María Antonia Aceros Pinzón.

— Folio 41 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Manuel Santos Parra Aceros nació el 4 de mayo de 1952, hijo de Miguel Antonio Parra y María Antonia Aceros Pinzón.

— Folio 42 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Alba Mariela Parra Aceros nació el 4 de abril de 1950, hija de Miguel Antonio Parra y María Antonia Aceros Pinzón.

— Folio 26 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: registro civil de nacimiento en el que consta que Nelly María Parra Aceros nació el 6 de diciembre de 1941, hija de Miguel Antonio Parra y María Antonia Aceros Pinzón.

En este orden de ideas, establecido como está el parentesco con los registros civiles, esta Subsección encuentra probado el perjuicio moral sufrido por los familiares del señor Alberto y los reconocerá en lo siguiente montos:

María Natividad Sandoval de Parra (esposa)100 smlmv
Nury Antonia Parra Sandoval (hija)100 smlmv
Betsy Jane Parra Sandoval (hija)100 smlmv
Carlos Alberto Parra Sandoval (hijo)100 smlmv
Dora Inés Parra Sandoval (hija)100 smlmv
Manuel Santos Parra Aceros (hermano)50 smlmv
Carlos Ignacio Parra Aceros (hermano)50 smlmv
Alba Mariela Parra Aceros (hermana)50 smlmv
Nelly María Parra Aceros (hermana)50 smlmv
Cristian Javier Jiménez Parra (nieto)50 smlmv
Luisa Fernanda Parra Torres (nieta)50 smlmv
Francisco Javier Parra Torres (nieto)50 smlmv
Manuel Felipe Parra Torres (nieto)50 smlmv
Alfredo Parra Torres (nieto)50 smlmv
Jhoan Sebastian Casallas Parra (nieto)50 smlmv
Angie Natalia Casallas Parra ( nieta)50 smlmv

 

2.10. Aplicación de la Ley 1448 de 2011.

Tasados así los perjuicios en cada uno de los expedientes que se acumularon a este proceso, es preciso advertir que la suma que finalmente se pague a los demandados será aquella que resulte de descontar lo que corresponda en aplicación de la Ley 1448 de 2011, motivo por el cual el tribunal de instancia requerirá a las autoridades competentes(112) para que informen si los interesados han recibido a título de reparación(113), alguna suma de dinero proveniente de las arcas del Estado(114), con ocasión de los mismos hechos narrados en la demanda. Al efecto, se ordenará enviar copia de esta providencia tanto a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas(115) adscrita al Departamento para la Prosperidad Social, como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado(116) para lo de su competencia.

3. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Revocar la sentencia apelada, esto es la proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 10 de junio de 2004, y en su lugar disponer:

1. Declarar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, administrativamente responsable por los daños causados a los demandantes.

2. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, al reconocimiento y pago de las siguientes sumas de dinero, previa deducción de lo que el Estado haya reconocido en favor de los demandantes a título de reparación en los términos de la Ley 1448 de 2011:

1.1. Expediente 1284.

1.1.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 1284.

Hugo Alfonso Méndez Méndez$ 70’411.432

 

1.1.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 1284.

Hugo Alfonso Méndez Méndez (lesionado)40 smlmv
Carlos Méndez Cortés (hijo)40 smlmv
Yudy Tatiana Méndez Cortés (hija)40 smlmv
María Ignacia Cortés Gutiérrez (compañera permanente)40 smlmv
José Manuel Mahecha (padre de crianza)40 smlmv
María Agripina Méndez Vda. de Méndez (madre)40 smlmv
Gloria Estella Méndez Méndez (hermana)20 smlmv

 

1.1.3. Daño a la salud dentro del Expediente 1284.

Hugo Alfonso Méndez Méndez108,43 smlmv

 

1.2. Expediente 1285.

1.2.1. Perjuicios morales dentro del Expediente 1285.

Luis Evelio Castellanos Martínez (lesionado)40 smlmv
Ingrid Lorena Castellanos Quevedo (hija)40 smlmv
Jonathan David Castellanos Quevedo (hijo)40 smlmv
Martha Isabel Quevedo (compañera permanente)40 smlmv
Aurora Martínez Muñoz (madre)40 smlmv
Luz Marina Castellanos Martínez (hermana)20 smlmv
Nelson Castellanos Martínez (hermano)20 smlmv
Rocío Castellanos Martínez (hermana)20 smlmv

 

1.2.2. Daño a la salud dentro del Expediente 1285.

Luis Evelio Castellanos Martínez (lesionado)5 smlmv

 

1.3. Expediente 1998.

1.3.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 1998.

A título de daño emergente por el detrimento patrimonial originado en la destrucción de su casa de habitación, a través de un incidente de liquidación de perjuicios que se realizará en cumplimiento de las reglas señaladas en esta providencia, una vez se determinen las bases probatorias para la liquidación, que será reconocido en favor de la señora María Consolación Carrillo Rey.

1.3.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 1998.

María Consolación Carrillo Rey40 smlmv
Cenón Lisandro González Gutiérrez40 smlmv

 

1.4. Expediente 1999.

1.4.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 1999.

Wilder David Galviz Contreras$ 46’861.370
Feldy Maryory Galviz Contreras$ 47’969.460
Millarlady Contreras Rojas$ 119’855.472

 

1.4.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 1999.

Wilder David Galviz Contreras (hijo)100 smlmv
Feldy Maryory Galviz Contreras (hija)100 smlmv
Millarlady Contreras Rojas (compañera permanente)100 smlmv

 

1.5. Expediente 2054.

1.5.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 2054.

Luis Ricardo Augusto Torres (lesionado)$ 36’753.212

 

1.5.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 2054.

Luis Ricardo Augusto Torres (lesionado)10 smlmv
Myriam Saldaña Bonilla (esposa)10 smlmv
Nubia Constanza Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Inés Antonia del Pilar Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Myriam Aydee Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Jasmin Soad Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Luis Ricardo Torres Saldaña (hijo)10 smlmv
Amanda Soledad Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Jairy Angélica Torres Saldaña (hija)10 smlmv
Carmen Julia Torres (hermana)5 smlmv
Rosa Inés Torres (hermana)5 smlmv
Flor Lucía Guevara Torres (hermana)5 smlmv
Ingrid Johanna Rico Torres (nieta)5 smlmv
Cristian Camilo Bernal Torres (nieto)5 smlmv
Diana Marcela Bernal Torres (nieta)5 smlmv
Juan Sebastián Bernal Torres (nieto)5 smlmv
Gina Paola Hernández Torres (nieta)5 smlmv
Myriam Andrea Hernández Torres (nieta)5 smlmv
Mónica Lizeth Hernández Torres (nieta)5 smlmv
Laura Manuela Hernández Torres (nieta)5 smlmv
Juan David Hernández Torres (nieto)5 smlmv
Andrés Ricardo Romero Torres (nieto)5 smlmv
Diana Carolina Romero Torres (nieta)5 smlmv
Sebastián Romero Torres (nieto)5 smlmv
Luis Esteban Romero Torres (nieto)5 smlmv
Sergio Andrés Torres Bobadilla (nieto)5 smlmv
Luis Enrique Torres (nieto)5 smlmv
Laura Viviana López Torres (nieta)5 smlmv
María Camila López Torres (nieta)5 smlmv
Luis Fernanda Parra Torres (nieta)5 smlmv
Francisco Javier Parra Torres (nieto)5 smlmv
Manuel Felipe Parra Torres (nieto)5 smlmv
Alfredo Parra Torres (nieto)5 smlmv

 

1.5.3. Daño a la salud dentro del Expediente 2054.

Luis Ricardo Augusto Torres (lesionado)58,6 smlmv

 

1.6. Expediente 2056.

1.6.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 2056.

Naisla Romero Forero (esposa)$ 114’743.208
Luis Oscar Quevedo Romero (hijo)$ 14’151.925
Erika Paola Quevedo Romero (hija)$ 26’323.964
July Andrea Quevedo Romero (hija)$ 29’171.098

 

1.6.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 2056.

Leonor Rodríguez de Quevedo (madre)100 smlmv
Naisla Romero Forero (esposa)100 smlmv
Luis Oscar Quevedo Romero (hijo)100 smlmv
Erika Paola Quevedo Romero (hija)100 smlmv
July Andrea Quevedo Romero (hija)100 smlmv
Sonia Quevedo Rodríguez (hermana)50 smlmv
Luz Marina Quevedo Forero (hermana)50 smlmv

 

1.7. Expediente 2058.

1.7.1. Perjuicios materiales dentro del Expediente 2058.

María Natividad Sandoval de Parra (esposa)$ 97’312.887
Dora Inés Parra Sandoval (hija)$ 3’126.345
Nury Antonia Parra Sandoval (hija)$ 14’643.490

 

1.7.2. Perjuicios morales dentro del Expediente 2058.

María Natividad Sandoval de Parra (esposa)100 smlmv
Nury Antonia Parra Sandoval (hija)100 smlmv
Betsy Jane Parra Sandoval (hija)100 smlmv
Carlos Alberto Parra Sandoval (hijo)100 smlmv
Dora Inés Parra Sandoval (hija)100 smlmv
Manuel Santos Parra Aceros (hermano)50 smlmv
Carlos Ignacio Parra Aceros (hermano)50 smlmv
Alba Mariela Parra Aceros (hermana)50 smlmv
Nelly María Parra Aceros (hermana)50 smlmv
Cristian Javier Jiménez Parra (nieto)50 smlmv
Luisa Fernanda Parra Torres (nieta)50 smlmv
Francisco Javier Parra Torres (nieto)50 smlmv
Manuel Felipe Parra Torres (nieto)50 smlmv
Alfredo Parra Torres (nieto)50 smlmv
Jhoan Sebastian Casallas Parra (nieto)50 smlmv
Angie Natalia Casallas Parra ( nieta)50 smlmv

 

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin costas.

5. Enviar copia de la presente providencia a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adscrita al Departamento para la Prosperidad Social, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

6. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Al momento de las presentaciones de las demandas: 1) Expediente 1284 el 14 de junio de 2000; 2) Expediente 1285 el 14 de junio de 2000; 3) Expediente 1998 el 11 de septiembre de 2000; 4) Expediente 1999 el 11 de septiembre de 2000; 5) Expediente 2054 el 15 de septiembre de 2000; 6) Expediente 2056 el 18 de septiembre de 2000; 7) Expediente 2058 el 18 de septiembre de 2000, no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada, por cuanto los hechos ocurrieron el 15 de enero de ese mismo año.

(5) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Expediente 15932.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

(7) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Expediente 17042.

(8) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Expediente 15932.

(9) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de julio de 1993; Expediente 7622.

(10) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Radicado 1998-0569.

(11) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 27 de noviembre de 2002; Expediente 13774.

(12) En lo que concierne a la definición de Conflicto Armado Interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” - Informe Nº 55/97, Caso Nº 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera: “En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan. … Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3º, típicamente consisten en hostilidades entre Fuerzas Armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.

(13) De lo anterior se desprende, entonces, que el título jurídico más correcto para determinar la responsabilidad de reparar un daño será aquel que pase el análisis como el más justo. Pero ¿Qué es lo justo? Es bien sabido que el tema es particularmente álgido en nuestros días y admite muchos enfoques de escuelas del pensamiento jurídico. No obstante si partimos de la aceptación de que la justicia es dar a cada uno lo suyo según la celebérrima sentencia de Ulpiano podemos explorar una respuesta. En efecto, esta definición, permite comprender lo que es la injusticia, que contrario a reconocer el derecho, implica desconocerlo, lesionarlo, negarlo.

(14) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 19 de abril de 2012; Expediente 21515.

(15) Ver, entre otras sentencias: 19 de septiembre de 2002, Expediente 13399; 4 de diciembre de 2002; Expediente 13623; 29 de enero 2004, Expediente 14018; 29 de enero de 2004, Expediente 14951.

(16) Expediente 1284: folios 7 y 8, Expediente 1285: folio10, Expediente 1998: folios 2 a 5, 13, 15 a 18, Expediente 2054: 43 a 47.

(17) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 7 de marzo de 2011; Expediente 20171. Valga la pena advertir que el artículo 16 del Decreto 1736 que corrige la Ley 1564 de 2012 —por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones—, derogó el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, al que hace mención esta referencia, luego las normas que continúan rigiendo las condiciones del valor probatorio de las copias simples son los artículos 252 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, las cuales perderán vigencia a partir del primero de enero de 2014 de acuerdo con las indicaciones contenidas en el artículo 627 de dicho compendio normativo (Código General del Proceso).

(18) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de mayo de 2011; Expediente 36912.

(19) Expediente 1284: folios 72 a 98, 130 a136, 138, 140 , 141, 148, 150, 151, 153 a 165, 174, 180 a 201, 204, 205, 208 a 214, 216, 223, 227 a 230. Expediente 1285: folios 58 a 92, 94 a 97, 113 a117, 121 a 130. Expediente 1998: 23 a 33, 45 a 104. 112 a118, 137 a 143, 148, 149, 154 a 166, 179 a 182, 187 a 238. Expediente 1999: 12, 13, 87 a 145, 149 a 253. Expediente 2054: 160 a 219, 246 a 251, 256 a 265. Expediente 2056: 9 a 11, 14, 15, 17 a 29, 170 a 176. Expediente 2058: 3 a 61, 161, 162, 194 a 197. 270 a 321, 436 a 440, 443 a 447, 450 a 452, 455 a 457, 461 a 481, 486.

(20) Expediente 1284: obran en folios 7 y 8. Expediente 1999: obran en folios 6 y 7.

(21) Expediente 1284: obran en folios 91 a 98. Expediente 1998: 45 a 103. Expediente 1999: 87 a 145. Expediente 2054: 161 a 219.

(22) Ver, por ejemplo: Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 24 de noviembre de 2005; Expediente 13305. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 29 de febrero de 2012; Expediente 23412. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 7 de febrero de 2011; Expediente 19038. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 8 de junio de 2011; Expediente 17990. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 23 de mayo de 2012; Expediente 22681.

(23) Al respecto, ver sentencias de febrero 3 de 2002, Expediente 12497; 25 de julio de 2002, Expediente 13811; 1º de noviembre de 2001, AP-263; y 21 de agosto de 2003, AP-01289.

(24) Corte Constitucional; Sentencia T-269 de 2012.

(25) Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia del 29 de mayo de 2012; Radicado 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI).

(26) Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener” (…) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia del 27 de junio de 1996, Radicado 9255; sentencia del 15 de junio de 2000, Expediente 13.338; sentencia del 10 de noviembre de 2000, Expediente 18298; y sentencia del 16 de enero de 2001, Radicado ACU-1753; sentencia del 25 de enero de 2001, Radicado 3122; sentencia de 6 de junio de 2002, Radicado 739-01.

(27) En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre 10 de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, sostuvo la tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso sólo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.

(28) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 6 de junio de 2007; Expediente AP-00029.

(29) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de enero de 2013; Expediente 25087.

(30) Beneficiario de la ayuda humanitaria a la que se hace referencia el segundo párrafo de la Resolución 0119 de 2000.

(31) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de 18 de febrero de 2010; Expediente 17885.

(32) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 19 de abril de 2012; Expediente 21515.

(33) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 18 de julio de 2012; Expediente 23594.

(34) La Ley 418 de 1997, con el objetivo de restablecer el orden público ofreciendo beneficios jurídicos y administrativos a quienes cometieron delitos políticos, crea una serie de programas de asistencia que beneficiaban a las víctimas de ataques terroristas en el sentido de ofrecer asistencia que permitiera la generación de nuevas capacidades de desarrollo, en el marco del conflicto armado interno.

(35) Con la Ley 975 de 2005, creada para ofrecer beneficios políticos y administrativos a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, se impusieron nuevos retos relacionados con el reconocimiento de la comisión de este tipo de delitos en el marco de la violencia generalizada. Gracias a dicha ley, se introdujeron en el discurso tanto gubernamental como social, conceptos relacionados con procesos de justicia transicional tales como los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Sin embargo resultaba confusa la utilización misma del término justicia transicional por cuanto la experiencia internacional mostraba que se trataba de un conjunto de herramientas a ser utilizadas en condiciones de postconflicto.

(36) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 20 de marzo de 2013; Expediente 25953.

(37) “Ahora bien, de conformidad con el artículo 1613 del Código Civil, el daño material comporta el daño emergente y el lucro cesante; doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que tanto el daño emergente como el lucro cesante, pueden a su vez presentar las variantes de consolidado y futuro. Por perjuicio consolidado se entiende aquel que existe, es el perjuicio cierto, que “ya se exteriorizó”, es “una realidad ya vivida”. En tratándose del daño emergente, consiste en los desembolsos, egresos, o gastos efectuados; si se trata del lucro cesante, consiste en que “se haya concluido la falta del ingreso”. Se considera perjuicio no consolidado aquella disminución del patrimonio de la víctima que sobrevendrá, es futuro; ésta categoría se concreta en los desembolsos, egresos o gastos aún no efectuados (daño emergente futuro) y, en los ingresos que dejarán de percibirse (lucro cesante futuro)”. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 2 de febrero de 2001; Expediente 18983.

(38) Respecto a los honorarios de abogados reclamados por la actora a título de daño emergente, la Sala considera que su reconocimiento no es procedente porque los mismos no se derivan del daño reclamado por esta sino que es una erogación que debe hacer quien decide acudir a un proceso judicial para cuyo ejercicio es obligatorio estar representado por apoderado judicial.

(39) “El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad para el afectado de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago que la parte actora solicita de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima”; Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 4 de diciembre de 2006; Expediente 13168.

(40) Ver folio 60 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000, en el que Deyadira Rodríguez Clavijo expuso: “PREGUNTADO: dígale al despacho a qué actividad económica se dedicaba el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez, antes de sufrir la lesión, cuánto ganaba en la misma y por qué le consta. CONTESTÓ. Lavaba carros trabajaba en un monta llantas, engrasaba, polichaba, mensuales se sacaba como $ 300.000, esto porque él nos comentaba que ganaba eso”. Folio 63 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000, en el que Israel Baracaldo Celeita expresó: “PREGUNTADO: Dígale al despacho a qué actividad económica se dedicaba el señor Hugo Alfonso Méndez Méndez, antes de sufrir la lesión, cuánto ganaba en la misma y por qué le consta lo anterior. CONTESTÓ: Trabajaba en un lavadero de carros, engrasaba, para mantenimiento de los carros, aproximadamente ganaba mensualmente por ahí unos $ 250,000 a $ 300,000. A mí me consta porque yo he trabajado en ese trabajo, además antes de los hechos yo trabajaba con él”. Folio 66 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284: diligencia de recepción de testimonios realizada el 21 de noviembre de 2000 en cumplimiento de un despacho comisorio, en el que Jorge Enrique Chaves dijo: “PREGUNTADO: Dígale al despacho a qué actividad económica se dedicaba el señor Hugo Alfonso Mendez Méndez, antes de sufrir la lesión, cuánto ganaba en la misma y por qué le consta lo anterior. CONTESTÓ: Lavaba carros trabajaba en un monta llantas mensuales se sacaba como $ 300.000, esto por que [sic] él a mí me lo contaba”.

(41) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de 4 de octubre de 2007; Expediente 16.058 (acumulado 21112); y sentencia de 11 de noviembre de 2009; Expediente 18849.

(42) Folio 217 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284.

(43) Del 15 de enero del 2000 que corresponde a la fecha de los hechos, al 15 de agosto de 2013, que corresponde a la fecha de esta sentencia, transcurrieron 163 meses.

(44) Resolución 0497 de 1997. Reposa en folio 19 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1284.

(45) Por lo tanto, es preferible seguir los precedentes jurisprudenciales que sirven al juez para tasar de la manera más justa e igualitaria los perjuicios morales, que tratar de imponer metodologías cuya aplicación en la jurisdicción contencioso administrativa no es dable, pues ha de mediar un mínimo análisis y estudio sobre los objetivos que se persiguen con su aplicación, los procedimientos que se requieren para que su implementación sea adecuada, y los resultados esperados con la misma. Ver por ejemplo, lo dicho en la sentencia de Corte Constitucional, C-176 de 2007.

(46) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. — La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico”. Rodríguez, Gustavo Humberto. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970. Pág. 127 y ss. Reimpresión 2002. En Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 28 de enero de 2009; Expediente 18073.

(47) Ver, entre otras, sentencias de: 11 de agosto de 1994, Expediente 9546; 8 de septiembre de 1994, Expediente 9407; 16 de junio de 1995, Expediente 9166, 8 de agosto de 2002, Expediente 10952 y de 20 de febrero de 2003, Expediente 14515.

(48) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 17 de julio de 1992; Expediente 6750.

(49) Corte Constitucional; sentencia del 3 de octubre de 1997; T-495. Ver también, Sentencia T-592 del 18 de noviembre de 1997.

(50) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 26 de marzo de 2008; Expediente 18846.

(51) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 28 de enero de 2009; Expediente 18073.

(52) “ésta se logra por cualquiera de los medios judiciales previstos en el Código de Procedimiento Civil, a fin de acreditar la convivencia, unión permanente y lazos de afecto, siendo la más común la testimonial”. Sentencia de 19 de noviembre de 2008. Expediente 28259. Puede verse también las sentencias de 20 de octubre de 1995. Expediente 10336; de 9 de marzo de 2000. Expediente 12489; de 12 de octubre de 2000, Expediente 1809-99; de 17 de junio de 2004. Expediente 15183; de 11 de diciembre de 2002. Expediente 13818.

(53) “ART. 1º—A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”.

(54) Folios 210 a 213 y folios 217 a 218 del cuaderno Nº 1.

(55) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sala del 24 de abril de 2013; Expediente 26127.

(56) “perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo (…) En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona”. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 14 de septiembre de 2011; Expediente 19031.

(57) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 14 de septiembre de 2011; Expediente 19031.

(58) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 28 de marzo de 2012; Expediente 22163.

(59) “Por consiguiente, el daño a la salud reviste una connotación bifronte, una estática u objetiva que garantiza la máxima “a igual afectación a la integridad psicofísica debe corresponder una idéntica o similar compensación del perjuicio”, y una perspectiva dinámica o subjetiva —que permite hacer realidad la igualdad material— debido a que en este componente se permite que el juez eleve en un preciso porcentaje la reparación por cuenta de las condiciones particulares de la víctima”. Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 28 de marzo de 2012; Expediente 22163.

(60) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 11 de julio de 2013; Expediente 28792.

(61) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 14 de septiembre de 2011; Expediente 19031.

(62) Dichos perjuicios se reconocerán de encontrarse probados, con independencia de que en el proceso obre prueba de que el señor Luis Evelio recibió una suma de dinero a título de ayuda humanitaria en los términos en que los explica la Corte Constitucional en la Sentencia T-017 de 2010, tal y como lo establece en la Sentencia SU-254 de 2013 en los siguientes términos: “De otra parte, el parágrafo 1º de esta norma establece que a pesar de que las medidas de asistencia adicionales pueden tener un efecto reparador “en la medida en que consagren acciones adicionales a las desarrolladas en el marco de la política social del Gobierno Nacional para la población vulnerable, incluyan criterios de priorización, así como características y elementos particulares que responden a las necesidades específicas de las víctimas” estas medidas de asistencia “no sustituyen o reemplazan a las medidas de reparación. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en las que incurra el Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún caso serán descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas”, estableciendo de esta manera una diferenciación entre las medidas asistenciales del gobierno, que en algunos casos y bajo ciertos criterios pueden tener un efecto reparador, y las medidas de reparación propiamente dichas. En el mismo sentido, el parágrafo 2º de esa norma establece que “[l]a ayuda humanitaria definida en los términos de la presente ley no constituye reparación y en consecuencia tampoco será descontada de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas”, de manera que el legislador realiza una clara diferencia entre la ayuda humanitaria de emergencia y la reparación” (resaltado fuera de texto).

(63) Respecto a los honorarios de abogados reclamados por la actora a título de daño emergente, la Sala considera que su reconocimiento no es procedente porque los mismos no se derivan del daño reclamado por esta sino que es una erogación que debe hacer quien decide acudir a un proceso judicial para cuyo ejercicio es obligatorio estar representado por apoderado judicial.

(64) Folio 12 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285.

(65) Folio 118 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1285.

(66) Adicionalmente se tiene certificado de la alcaldesa del municipio de Guayabetal expedido el 21 de febrero de 2000, es decir un mes después de ocurridos los hechos, en el que consta que el señor Luis Evelio para el momento mismo de la suscripción de dicha constancia, se encontraba trabajando en la construcción del alcantarillado de la vereda La Primavera (ver: fl. 7 del cdno de pbas. dentro del Exp. 1285).

(67) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 14 de septiembre de 2011; Expediente 19031.

(68) Folio 9 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998. Documento declarativo emanado de tercero que no fue ratificado en el proceso.

(69) Folio 12 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998. Documento declarativo emanado de tercero que no fue ratificado en el proceso.

(70) “La prueba pericial es un medio de convicción a través del cual se aportan elementos técnicos, científicos o artísticos al proceso, con miras a dilucidar la controversia. En consecuencia, los peritos deben aportar una relación clara, precisa y detallada de los procesos cognitivos realizados y de sus resultados o conclusiones —a través de la descripción de los hallazgos consignando la memoria del proceso para llegar a ellos—, con arreglo a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada, y respondiendo ordenadamente y en forma concreta y expresa, todos los puntos sometidos a su consideración, especificando las herramientas empleadas, sus alcances y limitaciones, exigencia lógica si se atiende a que con base en dichos detalles, el funcionario judicial tendrá los elementos necesarios para soportar su decisión”. Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de junio de 2013; Expediente 24108.

(71) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 30 de enero de 2013; Expediente 24676.

(72) Folio 8 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1998.

(73) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 18 de julio de 2012; Expediente 23594.

(74) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 4 de octubre de 2007; Expediente 16058.

(75) Ver folio 76 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 20 de abril de 2001 en Villavicencio, en la que la señora Sandra Patricia Ríos Ramírez expuso: “él estaba en el negocio de las motos comprando y vendiendo motos”. Folio 79 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 20 de abril de 2001 en Villavicencio, en la que la señora Rosalba Murcia Riveros dijo: “con el tiempo el comenzó con el negocio de compraventa de motos”. Folio 82 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999: diligencia de recepción de testimonios celebrada el 20 de abril de 2001 en Villavicencio, en la que la señora Marleny Rojas Sanjuán manifestó: “Jesús Antonio trabajaba vendiendo motos de aquí para Bogotá cuando paso eso”.

(76) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 3 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999, Wilder David nació el 17 de septiembre de 1998.

(77) 15 de agosto de 2013.

(78) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 4 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999, Feldy Maryory nació el 16 de diciembre de 1999.

(79) 15 de agosto de 2013.

(80) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 2 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 1999, Millarlady nació el 28 de julio de 1974.

(81) 15 de agosto de 2013.

(82) Resolución 0497 de 1997 por la cual se modifica la Resolución 0585 de 1994.

(83) Para la fecha de ocurrencia de los hechos, la señora Millarlady tenía 26 años.

(84) Al momento de los hechos Hugo Alfonso tenía una vida probable de 51,60 años correspondientes a 619,2 meses, de los que se habrá de sustraer el número de meses transcurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponde a 163 meses para un total de 456,2 meses, lapso a indemnizar por lucro cesante futuro.

(85) Ver folio 118 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: diligencia de declaración rendida el 2 de mayo de 2001 en Guayabetal, Cundinamarca, dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en el que Aristipo Aya Rodríguez declaró: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si usted conoce al señor Luis Ricardo Augusto Torres y a la señora Miriam Saldaña Bonilla. CONTESTÓ. Si los conozco a juntos porque somos amigos hace tiempo con el señor Ricardo Augusto Torres, yo siempre le he comprado la carne a él, por que [sic] tiene un expendio acá en Guayabetal y es una persona muy conocida”. Folio 120 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: diligencia de declaración rendida el 2 de mayo de 2001 en Guayabetal, Cundinamarca, dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en el que Leonardo Enrique Gómez Parrado, expuso: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si usted sabe y le consta a qué actividades económicas se dedicaba el señor Luis Ricardo Augusto Torres, antes de sufrir la lesión, cuánto ganaba y por qué le consta lo anterior. CONTESTO. El [sic] trabaja en la finca y en expendio de carnes, tiene una fama, y ahora solamente se dedica a la sola fama al negocio de expendio de carnes, el ganaba aproximadamente $ 400.000.oo me consta esto por que [sic] yo le he comprado carne a él y por cada res que se mata queda una ganancia o utilidad 40 a 50 mil pesos y el [sic] mata cada ocho días”. Folio 137 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054: diligencia de declaración rendida el 3 de mayo de 2001 en Guayabetal, Cundinamarca, dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en el que la señora Rosa Elvia Velásquez de Bobadilla, dijo: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho si usted sabe y le consta a qué actividades económicas se dedicaba el señor Luis Ricardo Augusto Torres, antes de sufrir la lesión, cuánto ganaba y por qué le consta lo anterior. CONTESTO. El [sic] se dedicaba a trabajos de agricultura, a cuidar ganado y a un expendio de carnes de su propiedad que le generaba unos ingresos más o menos de $ 400.ooo [sic] mensuales, pues se [sic] que ganaba eso porque somos amigos y él me comentaba como [sic] le iba en el negocio”.

(86) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de 4 de octubre de 2007; Expediente 16.058 (acumulado 21112); y sentencia de 11 de noviembre de 2009; Expediente 18849.

(87) Ver folio 272 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054.

(88) Del 15 de enero del 2000 que corresponde a la fecha de los hechos, al 15 de agosto de 2013, que corresponde a la fecha de esta sentencia, transcurrieron 163 meses.

(89) De acuerdo con el registro civil de nacimiento que reposa en el folio 2 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2054, el señor Luis Ricardo Augusto torres nació el 23 de marzo de 1940, teniendo para el momento de los hechos, 60 años de edad. De acuerdo con la Resolución 0497 de 1997 su vida probable sería de 19.51.

(90) “perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo (…). En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona”. Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 14 de septiembre de 2011; Expediente 19031.

(91) Ver folio 144 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: diligencia de declaración realizada el 13 de agosto de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que la señora Blanca María Novoa Agudelo, expuso: “PREGUNTADO. Informe al despacho si sabe y le consta a qué actividades económicas se dedicaba el señor Luis Alfredo Quevedo Rodríguez, cuanto [sic] devengaba en las mismas y en qué invertía los dineros ganados. CONTESTO. El [sic] se desempeñaba en comprar motos y las vendía, es decir al comercio, y el día en que él murió iba para Bogotá a llevar una moto. El [sic] devengaba de acuerdo a lo que me contaba la señora de $ 350.000 a $ 400.000, el dinero lo invertía en el hogar con su señora y sus hijos”. Folio 144 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: diligencia de declaración realizada el 13 de agosto de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que la señora Blanca Aurora López de Burgos, manifestó: “PREGUNTADO. Informe al despacho si sabe y le consta a qué actividades económicas se dedicaba el señor Luis Alfredo Quevedo Rodríguez, cuánto devengaba en las mismas y en qué invertía los dineros ganados. CONTESTO. El [sic] negociaba en motocicletas, compraba y vendía, Naisla nos comentaba que a veces se ganaba trescientos o cuatrocientos mil pesos mensuales. La plata que ganaba la gastaba en el hogar, ellos vivían bien, comían bien y vestían bien”. Folio 163 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056: diligencia de declaración realizada el 26 de septiembre de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que la señora Ana Lucinda Gordillo Piñeros, expresó: “PREGUNTADO. Informe al despacho si sabe y le consta a qué actividades económicas se dedicaba el señor Luis Alfredo Quevedo Rodríguez, cuánto devengaba en las mismas y en qué invertía los dineros ganados. CONTESTO. El [sic] compraba y vendía motos, incluso iba en unas motos que había comprado y las llevaban para entregarlas en Bogotá y más o menos ganaba mensual trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000), pues con esto sostenía el hogar, la familia”.

(92) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 24 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056, Luis Oscar nació el 23 de agosto de 1984.

(93) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 26 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056, Erika Paola nació el 16 de febrero de 1991.

(94) 15 de agosto de 2013.

(95) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 27 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056, July Andrea nació el 19 agosto 1995.

(96) 15 de agosto de 2013.

(97) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 23 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2056, Naisla nació el 13 de abril de 1964, y contrajo matrimonio con el señor Luis Alfredo Quevedo Rodríguez el 22 de octubre de 1988.

(98) 15 de agosto de 2013.

(99) Resolución 0497 de 1997 por la cual se modifica la Resolución 0585 de 1994.

(100) Para la fecha de ocurrencia de los hechos, la señora Naisla tenía 36 años.

(101) Al momento de los hechos Naisla tenía una vida probable de 42.5 años correspondientes a 510 meses, de los que se habrá de sustraer el número de meses transcurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponde a 163 meses para un total de 347 meses, lapso a indemnizar por lucro cesante futuro.

(102) Ver folio 124 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: diligencia de declaración realizada el 12 de junio de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que el señor Wilmar Quevedo Rodríguez, relató: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho desde qué época el señor Alberto Parra Aceros se dedicaba a labores agrícolas que alternaba con el comercio. CONTESTÓ: Desde que él llegó acá al municipio”. Folio 121 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: diligencia de declaración realizada el 12 de junio de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que el señor Carlos Arturo Agudelo Baquero expuso: “PREGUNTADO. Manifieste al despacho desde qué época el señor Alberto Parra Aceros se dedicaba a labores agrícolas que alternaba con el comercio. CONTESTÓ. Desde hace como tres años atrás manejaba un carrito, hacía expresos”. Folio 156 del cuaderno de pruebas dentro del Expediente 2058: diligencia de declaración realizada el 13 de junio de 2001 dentro del proceso contencioso que se adelanta contra el Ejército Nacional, en la que el señor Gustavo Antonio Mancera Guevara, expuso: “PREGUNTADO. Dígale al despacho si a usted le consta que el señor Alberto Parra Aceros (Q.P.D) siempre sostuvo excelentes relaciones de unidad espiritual y familiar con su familia, socorriéndosen [sic] mutuamente en todas sus necesidades y conviviendo bajo el mismo techo en su casa situada en esta población, dedicado a labores agrícolas en una finca de su propiedad que alternaba con el comercio invirtiendo sus ingresos en gastos de su esposa e hijos. CONTESTÓ. Si porque a él le gustaba mucho el trabajo agrícola y avicula [sic] pues tubo abejas, marraneras, pollos”.

(103) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 29 del cuaderno de principal dentro del Expediente 2058, Betsy Jane nació el 8 de junio de 1970.

(104) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 31 del cuaderno de principal dentro del Expediente 2058, Carlos Alberto nació el 29 de noviembre de 1968.

(105) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 37 del cuaderno de principal dentro del Expediente 2058, Dora Inés nació el 28 de junio de 1978.

(106) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 28 del cuaderno de principal dentro del Expediente 2058, Nury Antonia nació el 27 de marzo de 1987. Está representada en el proceso por su madre, la señora María Natividad Sandoval de Parra de acuerdo con poder que reposa a folio 1 del cuaderno principal dentro del Expediente 2058.

(107) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 27 del cuaderno principal dentro del Expediente 2058, María Natividad nació el 25 de diciembre de 1945, y contrajo matrimonio con el señor Alberto Parra Aceros el 3 de julio de 1967.

(108) 15 de agosto de 2013.

(109) Resolución 0497 de 1997 por la cual se modifica la Resolución 0585 de 1994.

(110) Para la fecha de ocurrencia de los hechos, la señora María Natividad tenía 54 años.

(111) Al momento de los hechos María Natividad tenía una vida probable de 25.74 años correspondientes a 308,88 meses, de los que se habrá de sustraer el número de meses transcurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponde a 163 meses para un total de 145,88 meses, lapso a indemnizar por lucro cesante futuro.

(112) Ley 1448 de 2011. Artículo 126. “Entidad encargada de tramitar postulaciones. Las postulaciones al subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo, serán atendidas por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial si el predio es urbano, o por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural si el predio es rural, con cargo a los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el subsidio de vivienda de interés social”. Artículo 166. “De la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas. Créase la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”. Mediante el artículo 1º del Decreto 4157 de 2011, publicado en el Diario Oficial Nº 48.242 de 3 de noviembre de 2011, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas quedará adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. En consecuencia se reorganiza el sector administrativo de inclusión social y reconciliación.

(113) Ley 1448 de 2011. Artículo 69. “Medidas de reparación. Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante”. Artículo 70. “El Estado colombiano, a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adoptar un programa integral dentro del cual se incluya el retorno de la víctima a su lugar de residencia o la reubicación y la restitución de sus bienes inmuebles”. Artículo 133. “Indemnización judicial, restitución e indemnización administrativa. En los eventos en que la víctima no acepte de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción en los términos del artículo anterior, y el Estado sea condenado judicialmente a repararla, se descontarán de dicha condena la suma de dinero que la víctima haya recibido de cualquier entidad del Estado y que constituyan reparación. De igual forma, de la condena judicial se descontará el valor monetario de los predios que sean restituidos, de conformidad con la tasación monetaria que se realice de los mismos”.

(114) “Insiste la Corte en que es preciso tener en cuenta que las medidas adoptadas en la ley no sustituyen los procesos ordinarios a los que debe acudir cualquier persona que se considere víctima de infracciones al derecho internacional humanitario o de graves violaciones de las normas internacionales de derechos humanos, en orden a obtener la verdad y la justicia, y que las medidas de reparación administrativa, tampoco sustituyen per se, las vías ordinarias para acceder al resarcimiento de los daños, al punto que quien acceda a ella, podría perseguir, también, la reparación en esas instancias, a las que solo renunciarían si así deciden hacerlo de manera expresa en un contexto transaccional”. Corte Constitucional; Sentencia C-253A de 2012.

(115) Ley 1448 de 2011. Artículo 168. “De las funciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas coordinará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá las competencias de coordinación señaladas en las leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas”.

(116) Decreto 4085 de 2011. Artículo 2º. “Objetivo. La agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación”.