Sentencia 2000-01292 de octubre 1º de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Hernán Andrade Rincón

Bogotá, D.C., primero (1º) de octubre de dos mil catorce (2014).

Exp.: 250002326000 2000 01292 01 (27.862)

Actor: Constantino Alfonso Ortegón Gómez

Demandada: Nación – Rama Judicial

Acción: Reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

1. La competencia.

1.1. La competencia para juzgar el error judicial cometido por las altas cortes y en particular por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Al ejercer el control previo de constitucionalidad frente al proyecto de ley estatutaria que dio origen a la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de su artículo 66(14), disposición en donde se consagró la definición del error judicial, frente al cual se precisó que: (i) dicho error se materializa únicamente a través de una providencia judicial; (ii) debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho”, y (iii) no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la Rama Judicial, porque ello comprometería en forma grave la seguridad jurídica, no obstante lo cual, la jurisprudencia de la Sección ha considerado que dicha responsabilidad resulta procedente en los casos en los cuales la decisión de una de dichas corporaciones constituya una vía de hecho.

En cuanto al error que pudieran cometer las altas cortes en ejercicio de la función jurisdiccional que les es inherente, teniendo como referente la exequibilidad condicionada del artículo 66 de la Ley 270 de 1996, la jurisprudencia de la Sección consideró que dicha responsabilidad sí era procedente en los casos en los cuales la decisión de una de dichas corporaciones fuera constitutiva de una vía de hecho, esto es, cuando incurrieran en errores que pudieran ser advertidos sin que se hiciera necesario para ello realizar una labor hermenéutica dispendiosa(15).

En sentencia de 5 de diciembre de 2007(16), la Sala reiteró el criterio fijado en la sentencia proferida el 4 de diciembre de 1997 en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado por el error en el que hubieran incurrido las altas cortes y, agregó, que la declaratoria de responsabilidad patrimonial por tales errores no atenta contra la independencia de los jueces ni contra la seguridad jurídica; que dichas corporaciones también incurren en error judicial determinante de la responsabilidad patrimonial del Estado, porque el artículo 90 de la Constitución no hace distinciones y porque éstas no son infalibles, y que el Consejo de Estado, que es el tribunal supremo de lo contencioso administrativo, no está limitado por la investidura del juez que incurra en error judicial, al momento de definir la responsabilidad patrimonial del Estado.

Se aclaró en esa providencia —además— que como el caso concreto había ocurrido antes de que entrara en vigencia la Ley 270 de 1996, la decisión de la Sala no estaba condicionada por la interpretación que la Corte Constitucional dio al artículo 66 de esa Ley en la Sentencia C-037 de 1996, pero que en todo caso debía tenerse en cuenta que la misma Corte, en Sentencia C-038 de 2006, al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998, había variado su posición con respecto a la procedencia de juicios de responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de sus altos dignatarios.

A la luz de lo anterior, debe decirse que dicho contexto jurídico no sufre ninguna variación por el hecho de encontrarse cuestionada en el sub lite una providencia proferida, en su momento, por la Sección Tercera de esta corporación, pues, como se dijo, la competencia de la Sala en punto a definir la responsabilidad patrimonial del Estado de conformidad con las atribuciones contenidas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el reglamento de la corporación, no se ve limitada por la investidura del juez que incurra en error judicial, incluso si —como en este caso—, se trata de juzgar la responsabilidad institucional del mismo Consejo de Estado, circunstancia que, en atención al diseño de las competencias judiciales, no conlleva per se ninguna clase de afectación al principio de imparcialidad, comoquiera que en salvaguarda del mencionado principio se encuentran consagradas instituciones procesales tales como los impedimentos y recusaciones.

En efecto, de conformidad con la normatividad aplicable al caso en materia de competencia, es claro que el conocimiento del presente asunto, en sede de segunda instancia, le corresponde a la Sección Tercera. En este sentido se tiene que la Ley 270 de 1996(17) fijó la competencia funcional para conocer en primera instancia, de los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía, tal como lo consideró la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto proferido el 9 de septiembre de 2008(18).

Por su parte, el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo —DL 01 de 1984(19)—, dispuso que el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos(20), atribución de competencia distribuida entre las secciones mediante el reglamento de la corporación(21) en atención a criterios de especialización y de volumen de trabajo, de donde se tiene que a la Sección Tercera le corresponde el conocimiento de los procesos de reparación directa contra las acciones u omisiones de los agentes judiciales a que se refieren los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996, vale decir, en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad.

Así las cosas, la Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 1º de abril de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Tercera— Sala de Descongestión, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 01 de 1984, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la supuesta ocurrencia de un error judicial contenido en la sentencia de 19 de marzo de 1998, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual —se aseveró en la demanda—, en desconocimiento de su propio precedente, revocó la de primera instancia, de 21 de septiembre de 1995, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso seguido por el hoy demandante en su momento contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Resguardo Nacional de Aduanas.

Ahora bien, vale reiterar en esta oportunidad, que en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en el error judicial, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual la providencia contentiva del error queda ejecutoriada. Sobre la cual señaló la Sala(22):

“Cuando se pretenda ejercer la acción de reparación directa como consecuencia del error jurisdiccional, ésta deberá instaurarse dentro del término de dos años, caducidad prevista en el inciso cuarto del art. 136 del Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la ejecutoria de las providencias judiciales que agoten las instancias sin hacer depender dicho plazo del resultado del recurso o de la acción de revisión, salvo que se afirme que el error se encuentra contenido en la providencia que desata dicho recurso o acción. En otras palabras, la instauración del recurso o de la acción de revisión no impide la ocurrencia de la caducidad de la acción de reparación directa”. (Destaca la Sala)

En el caso sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda por error judicial, se afirma, tiene origen en la sentencia de 19 de marzo de 1998, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual cobró ejecutoria el día 16 de abril de 1998(23), por lo que, en principio, el término de caducidad corría desde el 17 de abril de ese año y hasta el 17 de abril de 2000, sin embargo, aparece en el expediente que el accionante presentó solicitud de conciliación el día 8 de marzo de 2000(24), faltando 1 mes y 9 días para cumplirse la caducidad de la acción y habida cuenta de que la audiencia se llevó a cabo el 23 de mayo de la misma anualidad(25), fecha en la que se expidió la correspondiente constancia, a partir del día siguiente se reanudaba el conteo del plazo restante del término de caducidad de la acción, es decir que se extendía hasta el 3 de julio de 2000, toda vez que la caducidad corre por dos años calendario.

Así las cosas, como quiera que la demanda se interpuso el 13 de junio de 2000(26), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El régimen de responsabilidad.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(27), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. 

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”. 

En consonancia con lo anterior, resulta necesario recordar que la acción de reparación directa se interpuso con fundamento en un presunto error judicial contenido en la sentencia de 19 de marzo de 1998, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual —se afirmó en la demanda—, en desconocimiento de su propio precedente, revocó la de primera instancia, de 21 de septiembre de 1995, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso seguido en su momento por el hoy demandante en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Resguardo Nacional de Aduanas.

Como puede apreciarse, dicha situación alude a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la administración de justicia, regulada hoy en día en la Ley 270 de 1996(28), disposición que se encontraba vigente al momento de expedición de las providencias que en el presente asunto se acusan como contentivas de error judicial, por lo que orienta los criterios generales a tener en cuenta para resolver el caso concreto, de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales que en torno a ella se han proferido(29).

Cabe igualmente advertir que el sub judice tiene origen en una providencia proferida en 1998, esto es, con posterioridad a la vigencia de la citada Ley 270 de 1996, por lo que está sometido a la consideración expuesta por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada de su artículo 66, en los términos a que se hará referencia más adelante(30).

En este orden de ideas, es pertinente recordar el texto del artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. 

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”. 

Esta norma desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Nacional, concepto que desde luego comprende todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia(31).

Ahora bien, frente al error judicial, el artículo 66 de la citada ley vino a definirlo de la manera que, a continuación, se procede a transcribir:

“... Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. 

De otra parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme.

Con fundamento en lo anterior, la Sala ha considerado que existe error judicial cuando el juzgador, independientemente de si actúa o no con el elemento subjetivo de la culpa, profiere una providencia discordante con el conjunto de actuaciones desarrolladas dentro del proceso, la cual, una vez queda en firme, ocasiona un daño antijurídico(32).

En este sentido, la Sala a través de sentencia de 11 de mayo de 2011, señaló los presupuestos que deben cumplirse para la configuración del error judicial. En efecto, en tal ocasión precisó(33):

“Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme. Consideraba la Sala, en jurisprudencia que se reitera:

“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional (...).  

“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección(34), el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso). El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”. 

Bajo este entendimiento, para determinar si el juzgador incurrió o no en error judicial debe analizarse la concordancia de la providencia emitida con cada una de los actos desarrollados por las partes durante el proceso, observando con detenimiento los hechos aducidos, el material probatorio aportado y la aplicación del marco normativo realizada por funcionario judicial al caso particular. Dicha posición fue sostenida por la Sección en la citada sentencia de 5 de diciembre de 2007, de la manera que sigue:

“La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro sólo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso.  

En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues sólo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental. El error judicial no supone la prueba de elementos que cualifiquen la conducta personal del agente estatal, como tampoco calificativos absolutos de inexcusable, garrafal, evidente o injustificado. Ni el artículo 90 de la Constitución, ni las normas legales que han desarrollado la materia, cualifican de esa manera la acción u omisión del Estado determinante de responsabilidad por daños antijurídicos padecidos por causa de una providencia judicial. Cabe por tanto señalar que el error judicial consiste, en realidad, en una verdadera falla en la función de administrar justicia, en el entendido de que no cualquier discordancia entre la realidad fáctica o jurídica del proceso y la providencia judicial determinan este vicio.  

Si bien la jurisprudencia nacional exigía un error cualificado ello, como se indicó, respondía a la regulación normativa que traía el referido artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, pero este elemento no resulta exigible para definir la responsabilidad del Estado, no sólo porque dicha norma fue subrogada por la Ley 270 de 1996, sino porque los límites entre la responsabilidad estatal y la personal del agente están claramente establecidos y, de ellos se infiere, que sólo esta última amerita la verificación de las cualificaciones de las conductas del agente estatal. Si bien la vía de hecho comporta un error judicial, no toda decisión que entrañe un error judicial constituye una vía de hecho. De esta manera, una equivocada interpretación de una norma sustancial o una indebida valoración probatoria, que traduzca en la violación del marco normativo que rige la función de administrar justicia, podrá considerarse error judicial aunque no corresponda a una vía de hecho” (...) Para la Corte, la vía de hecho se caracteriza por constituir una desconexión manifiesta entre lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y la actuación del funcionario judicial de que se trate. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el vicio que se alega como fundamento de la supuesta vía de hecho debe ser evidente o incuestionable, lo cual significa que la falencia, además de constituir una subversión superlativa del orden jurídico debe afectar o vulnerar un derecho fundamental, mediante una operación material o un acto que desborda el ámbito de la decisión judicial. La Sala precisa que el concepto de error judicial que traduce en uno de los supuestos que hace procedente la responsabilidad del Estado por la actuación de sus jueces, no requiere, para su configuración, del cumplimiento de los supuestos que propone la Corte Constitucional para que se dé la vía de hecho. Pero advierte también que, en un caso dado, el concepto de error judicial que ha definido el Consejo de Estado, puede estar vinculado a alguna de las denominadas por la Corte Constitucional —causales de procedibilidad—, esto es a: un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución. Sin que sea dable afirmar que el error judicial constitutivo de la responsabilidad que aquí se analiza, sólo se configure en presencia de las hoy llamadas por la Corte “causales de procedibilidad” (Destaca la Sala).

Ahora bien, frente a la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, se precisa, como lo ha observado la Sección en el pasado, que si bien la Corte Constitucional, en la sentencia de control previo del Proyecto de Ley estatutaria de Administración de Justicia, pareció asimilar el error judicial a la vía de hecho(35), esta identificación es impropia toda vez que, en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, no se tiene por objeto la conducta subjetiva del agente infractor, sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una providencia judicial(36).

Esta diferencia resulta fundamental a efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos.

Finalmente, vale señalar que en cada caso concreto debe tenerse presente el margen de discrecionalidad judicial que resulta legítimo y servirse de ella, para llevar a cabo el juicio de responsabilidad correspondiente. Como lo ha advertido la Sala, en algunas oportunidades el juez tiene en frente una decisión única, mientras que en otros, aparecen como posibles distintas decisiones razonables; en esta última hipótesis, mal se haría en un juicio de responsabilidad patrimonial en identificar un daño antijurídico como consecuencia de la adopción razonada de la opción judicial por una de las posibles decisiones razonables, todo ello de acuerdo con los presupuestos fácticos existentes en el proceso.

Al respecto se expuso:

“... el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables en cuanto correctamente justificadas pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”(37). 

En efecto, el error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada o la inobservancia de un elemento decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la incorrecta aplicación de la normatividad jurídica al caso de su conocimiento y, por tanto, a proferir en aquel una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico.

Cabe señalar, que los funcionarios judiciales en desarrollo del principio constitucional de independencia y autonomía de los jueces pueden interpretar en diversos sentidos las disposiciones normativas aplicables a un caso, y siempre que lo realicen de manera razonada, coherente y con solidez argumentativa no podrá configurarse un error jurisdiccional(38).

En este mismo sentido la Sección ha manifestado(39):

“...la responsabilidad directa por el hecho de los jueces debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables –en cuanto correctamente justificadas- pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial”. 

(...) 

“Por tanto, sólo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional...”. (Destaca la Sala).

4. La determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto.

4.1. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente acreditados los siguientes hechos:

● Que el 2 de diciembre de 1994, la Sección Tercera del Consejo de Estado dictó sentencia de segunda instancia en el expediente Nº 9178, con ocasión de la demanda que en ejercicio de la acción de reparación directa interpuso el señor Pedro Alfredo Castañeda Ruiz en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Resguardo Nacional de Aduanas(40).

● Que en dicha providencia se indicó que el proceso tuvo origen en la retención de un vehículo de propiedad del accionante, ordenada por el Resguardo Nacional de Aduanas de Bogotá y puesto a órdenes del Fondo Rotatorio de Aduanas desde el 4 de junio de 1983 y hasta el 18 de julio de 1984, fecha en la cual se hizo entrega real y material a su propietario.

● Que en esa sentencia se resolvió revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de septiembre de 1993, para en su lugar, condenar a la demandada a pagar a señor Pedro Alfredo Castañeda Ruiz la suma de $ 31.362.141.95

● Que sobre el aspecto referido a la caducidad de la acción, en esa oportunidad se hizo referencia a lo expuesto en el expediente Nº 9167, en el sentido de considerar que el conteo de la caducidad se debería efectuar a partir de la ejecutoria de la providencia que puso fin al proceso penal aduanero.

● Que el 17 de febrero de 1995, la Sección Tercera del Consejo de Estado dictó sentencia de segunda instancia en el expediente Nº 9170, con ocasión de la demanda que en ejercicio de la acción de reparación directa interpuso la señora María Ofelia Ríos de Carrillo en contra de la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Resguardo Nacional de Aduanas(41).

● Que en dicha providencia se indicó que el proceso tuvo origen en la retención de un vehículo de propiedad de la accionante, ordenada por el Resguardo Nacional de Aduanas de Bogotá y que la propietaria debió comparecer como tercero incidental al proceso penal adelantado por el Juzgado Segundo Penal de Aduanas, con el objeto de obtener la entrega del automotor, la cual se realizó el 17 de mayo de 1984.

● Que en el mencionado proceso se resolvió revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 2 de septiembre de 1993, para en su lugar, rechazar las pretensiones de la demanda, toda vez que se consideró demostrada la falta de legitimación en la causa por activa. Así mismo, el aspecto referido a la caducidad de la acción fue resuelto de conformidad con las ante citadas consideraciones expuestas en el expediente Nº 9167, con ponencia del Dr. Juan de Dios Montes Hernández.

● Que el 4 de septiembre de 1989, a través de apoderado judicial, el señor Constantino Alfonso Ortegón Gómez instauró demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Resguardo Nacional de Aduanas, según consta en la copia auténtica del expediente Nº 89D-5541(42).

● Que en la demanda(43) se reclamó la responsabilidad patrimonial de la demandada, en razón de los perjuicios presuntamente causados al señor Constantino Alfonso Ortegón Gómez, con ocasión de la aprehensión y retención de un vehículo de su propiedad, perjuicios consistentes en el lucro cesante derivado de la falta de explotación económica del rodante; el daño emergente ocasionado con el deterioro producido por la inmovilidad y salinidad, las reparaciones mecánicas y hurtos que afectaron el automotor; y, los perjuicios morales generados con la retención del vehículo, así como las secuelas sociales, psicológicas y económicas correspondientes. Se manifestó que la retención del automotor transcurrió entre el 5 de junio de 1983 y el 1º de febrero de 1985, fecha en la cual se hizo entrega de él a su propietario.

● Que el 19 de marzo de 1998(44), la Sección Tercera del Consejo de Estado dictó sentencia de segunda instancia en el proceso instaurado por el señor Constantino Alfonso Ortegón Gómez, mediante la cual dispuso la revocatoria del fallo de primer grado, al considerar ocurrida la caducidad de la acción, por lo que se denegaron las pretensiones de la demanda.

● Que sobre el aspecto referido a la caducidad de la acción, en esa oportunidad la Sección se apartó expresamente del criterio expuesto en los expedientes Nº 9167 y 9178, para señalar que el conteo de la caducidad tenía como marco de referencia la fecha en la cual fue devuelto el vehículo al demandante.

4.2. El error judicial que se alega en el caso concreto.

La parte demandante pretende que se declare que la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un error judicial derivado del criterio que, en sentencia de 19 de marzo de 1998, utilizó en cuanto al conteo de la caducidad en el marco de una acción de reparación directa que había interpuesto en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Resguardo Nacional de Aduanas.

Al efecto alegó en síntesis que en el caso concreto el ad quem se apartó del precedente que había señalado, de manera consecutiva, en tres casos similares, por lo que sus conclusiones culminaron en la revocatoria del fallo de primera instancia que había sido favorable a sus intereses, para, en su lugar, denegar las pretensiones formuladas.

No ofrece discusión alguna que la persona interesada en reclamar del Estado la reparación de los daños antijurídicos cuya causación imputa a la acción o a la omisión de una autoridad pública y que, con tal propósito, ejerce la acción de reparación directa, tiene la carga de acreditar en el proceso la concurrencia de los elementos inherentes al régimen de responsabilidad en el cual ampara sus pretensiones, esto es, si se trata de un régimen objetivo de responsabilidad, deberá demostrar, además del daño, el hecho dañoso de que se trate, así como el nexo de causalidad entre aquél y éste; por su parte, si de un régimen de falla del servicio se trata —como ocurre en el asunto sub judice—, además de los pre mencionados elementos, tiene el actor la carga de demostrar que el servicio o la función a la cual se refiere, no funcionó, funcionó mal o lo hizo tardíamente(45).

El daño, comprendido como el primer elemento en un juicio de responsabilidad(46), en el caso objeto de estudio es el menoscabo patrimonial que, se asevera, fue causado al demandante como consecuencia de la adopción de una decisión judicial que resultó adversa a sus intereses y cuyo fundamento jurídico, afirma, fue errado.

En este orden de ideas, para el análisis del daño en el presente caso, no basta la constatación probatoria de que se haya producido la mencionada decisión judicial adversa al demandante; sin duda alguna, cuando se traba una litis judicial, ello significa que habrá vencedores y vencidos, y a estos últimos, por el solo hecho de ostentar tal calidad, no se les produce necesariamente un daño resarcible, por lo que puede afirmarse que la parte vencida en un proceso judicial está en el deber legal de soportar ese “daño”, a menos que la decisión o decisiones que la ponen en tal situación se hayan proferido en contravención del ordenamiento jurídico y/o de manera específica con violación abierta de sus derechos, es decir con “error”, eventos en los que se verificaría un error judicial y, en consecuencia, el daño que de tal error se derive estaría llamado a ser indemnizado, siempre que se acrediten los perjuicios causados.

Como puede apreciarse, tratándose de la responsabilidad edificada en la ocurrencia de un error judicial, el análisis sobre la antijuridicidad del daño presenta una especial connotación, ya que en estos casos no es suficiente con establecer —como ya se dijo— la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses del demandante, sino que se hace necesario revisar, con ocasión del estudio de este primer elemento —el daño—, el contenido mismo de la decisión, para efectos de verificar si en ella se incurrió o no en un “error”, presupuesto necesario para calificar la antijuridicidad del daño, de manera que al cumplirse con la acreditación de este elemento, es posible abordar el estudio de la imputación del mismo y de la consiguiente responsabilidad.

En consonancia con lo anterior, debe insistir la Sala en que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico(47).

Así las cosas, en relación con el análisis del daño antijurídico en el presente caso, es menester señalar que, de conformidad con lo establecido en acápite anterior respecto a lo probado en el proceso, se encuentra acreditada en el expediente la existencia de la providencia judicial que se enjuicia por contener presuntamente un error judicial, providencia que como se ha manifestado desde la demanda, materializó una decisión contraria a los intereses y la argumentación defendida en el proceso contencioso administrativo por parte del hoy demandante. En estas condiciones, viene a ser claro que resulta pertinente revisar el contenido de tal decisión para efectos de constatar la existencia del “error judicial” endilgado y solo en caso de resultar acreditado lo anterior, se hará un análisis de la imputación, dirigido a determinar cuál es la responsabilidad de la demandada.

Como se expuso anteriormente, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 19 de marzo de 1998, resolvió en segunda instancia la apelación del fallo proferido el 21 de septiembre de 1995 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En dicha providencia se revocó la sentencia recurrida para, en su lugar, declarar ocurrida la caducidad de la acción y denegar las pretensiones de la demanda.

Frente al tema específico que concita la atención de la Sala en esta oportunidad —el conteo del término de caducidad en el caso concreto—, en la providencia cuestionada se expusieron las consideraciones que, por constituir el centro de la controversia, se citan in extenso:

“La sentencia objeto de impugnación habrá de ser revocada en todas sus partes para absolver a la entidad demandada en atención a los siguientes hechos y razones que a continuación se exponen: 

(...)  

De las pruebas recaudadas en la instancia se puede concluir que el hoy demandante como tercero de buena fe obtuvo la restitución de su vehículo desde el 1º de febrero de 1995, momento a partir del cual cesó la retención del mismo por orden del juez a cuyas órdenes estaba, toda vez que, tal cual lo consideró el juez de primera instancia ante quien se promovió el incidente, el demandante era un tercero de buena fe. 

Es de anotar que de conformidad con el Decreto-Ley 955 de 1970, Estatuto Penal Aduanero vigente y aplicable para la época de los hechos que ocasionaron la aprehensión y retención del vehículo de propiedad del demandante los terceros de buena fe que tuvieran derecho patrimonial sobre objetos o elementos involucrados en el proceso penal aduanero podían intervenir en el trámite con el objeto de hacer valer su derecho de dominio. 

En este orden de ideas y analizando detenidamente la causa de pedir de la demanda claramente manifestada por el demandante particularmente en los hechos 10y 11 del escrito, la retención e inmovilización durante más de 18 meses Y EL DETERIORO DEL VEHÍCULO, son el fundamento de sus pretensiones indemnizatorias, por lo que resulta indispensable determinar el momento a partir del cual el demandante estaba habilitado para demandar en acción de reparación directa a quien consideraba responsable de los hechos. Y con ese propósito de acuerdo con lo probado, e incluso con la propia manifestación del demandante de haber recibido el vehículo el 1º de febrero de 1985 real y materialmente, se tiene entonces que concluir derechamente que ese es el momento a partir del cual empezó a correr el término de caducidad de la acción, pues de conformidad con el art. 136 del Código Contencioso Administrativo la acción caducará “al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del acaecimiento del hecho” fundamento de las pretensiones indemnizatorias, que como queda visto lo fue precisamente la aprehensión e inmovilización del vehículo, situación que cesó en el preciso momento en que fue devuelto a su propietario. 

Ha de tenerse presente que en el caso concreto resultaba por completo intrascendente a efectos del cómputo de la acción de reparación directa el que se adoptara una decisión con carácter definitivo por parte de la justicia penal aduanera en relación con la comisión o no de los hechos investigados, pues dicha decisión en manera alguna comprometía la situación del demandante ni la modificaba, máxime si se tiene en cuenta que éste ni siquiera fue vinculado como eventual responsable al proceso penal aduanero.

Dicho en otros términos: el eventual perjuicio causado al demandante por la retención e inmovilización de su vehículo, fue de causación sucesiva y se prolongó por todo el tiempo en que estuvo a órdenes del juez, habiendo cesado desde el punto de vista fáctico, el mismo día en que le fue devuelto el automotor y de ninguna manera puede sostenerse que era necesario esperar la decisión del Tribunal Superior de Aduanas para incoar la acción indemnizatoria, pues se reitera, que el pronunciamiento que adoptara el Tribunal Aduanero en nada modificaba la situación del demandante, precisamente porque su condición de tercero ajeno a la investigación penal aduanera dio lugar a que la situación jurídica de su vehículo quedara definida en el mismo momento en que el juez de instancia resolvió el incidente promovido por aquél, que como se vio culminó con la orden de devolución del vehículo encartado en aquellas diligencias. 

Así las cosas, y al margen del análisis a propósito de la supuesta ilegalidad o irregularidad del acto de aprehensión, es lo cierto que, la acción incoada en el presente proceso estaba caducada para el día 4 de septiembre de 1989, fecha de presentación de la demanda, pues en sentir de esta corporación el computo del término de la pretensión reparatoria comenzó a corree a partir del 1º de febrero de 1985, día en el cual se fue devuelto el vehículo al demandante. 

En esta ocasión la Sala se aparta del criterio adoptado en casos similares por la Corporación, en los cuales se sostuvo que el punto de partida para empezar a contar el término de caducidad lo era la sentencia definitiva de la justicia penal aduanera en la cual se declarase que la mercancía transportada por el automotor no era de contrabando, pues en el caso concreto, claro resulta que tratándose de un tercero de buena fe su perjuicio, se había causado y consolidado mucho antes e independientemente de dicha decisión. 

En efecto, si se tiene presente que el contenido de la decisión definitiva de la justicia penal aduanera, giraba en torno de la denominada acción personal de carácter punitivo que habría de pronunciarse en contra de los sindicados de dicho proceso, como en efecto ocurrió, dicha decisión en manera alguna desplegaba efectos en relación con el demandante y mucho menos con la situación de su vehículo automotor, la cual desde luego a más de encontrarse definitivamente decidida desde la primera instancia no podía ser tampoco objeto de pronunciamiento en el fallo definitivo, pues allí la materia o tema de decisión era muy otra, como queda visto y como en efecto ocurrió. 

Por lo demás, en la decisión de la justicia penal aduanera tampoco se habría de pronunciar el juez sobre la retención ni sobre la situación del vehículo y el que allí se decidiese si había existido o no el delito de contrabando de las manzanas, en nada modificaba la situación del hoy demandante, como que ello no le daba el carácter de ilegal o no al acto de retención y tampoco permite inferir que el acto de aprehensión del vehículo fue injusto e ilegal. 

Aceptar una especie de condicionamiento para el ejercicio de la acción de reparación directa, en cuanto al término de caducidad, consistente en el contenido de la decisión que adoptase la justicia penal aduanera, es un requisito inexistente para el ejercicio de dicha acción. 

Téngase en cuenta además, que no se compadece con la lógica de las cosas, el sostener que la decisión que adoptase la justicia penal aduanera sobre la existencia del delito de contrabando, avala la actuación de la autoridades aduaneras en el acto de aprehensión y retención del vehículo del demandante. 

Dicho en otros términos: el que no haya existido el delito de contrabando, no comporta automáticamente una injusticia en el acto de aprehensión y detención del vehículo, pues son dos aspectos diferentes que no pueden mezclarse con el único propósito de prolongar el término de caducidad legalmente establecido; como tampoco puede sostenerse que la declaración a propósito de la existencia del delito de contrabando, “justifique” a posteriori el acto de aprehensión y retención del vehículo. 

En efecto, el acto de aprehensión y consecuente retención del vehículo automotor no deviene injusto, por una decisión de carácter jurisdiccional, que entre otras cosas no tiene nada que ver con la actuación de policía judicial adelantada por el resguardo de aduanas, en cumplimiento de sus funciones legales, para el día de los hechos, pues ha de tenerse presente que de conformidad con el Estatuto Penal Aduanero los miembros del entonces denominado resguardo de aduanas, desempeñaban funciones de policía judicial, tal cual lo establecía perentoriamente el artículo 35 del Decreto 955 de 1970 y que si en el caso concreto se produjo una aprehensión del vehículo de propiedad del demandante, lo fue precisamente porque en él se transportaba una mercancía que las autoridades aduaneras presumían era de contrabando, y la ley, perentoriamente ordenaba que quien realizara el acto físico de la aprehensión, debía entregar inmediatamente al Fondo Rotatorio de Aduanas no solo la mercancía presumida de contrabando, sino igualmente los automotores en que se haya transportado, elementos todos que quedaban a órdenes de un juez penal aduanero. 

Así las cosas, el acto de aprehensión, puede ser injusto o ilegal, independientemente de la decisión con que culmine el proceso penal aduanero, si respecto de él se puede predicar alguna suerte de arbitrariedad o ilegalidad por sí sola justificativa, a no dudarlo, de una eventual responsabilidad patrimonial del Estado. 

Más sin embargo, sostener que en todos aquellos casos en que la justicia penal aduanera decidiese que no existía el delito de contrabando, es una decisión que comporta la ilegalidad en el acto de aprehensión, no es una consecuencia lógica. 

En efecto, la inexistencia del delito de contrabando, declarada judicialmente no significa que la actuación adelantada por las autoridades aduaneras se vuelva injusta o ilegal, pues una cosa es el análisis de la responsabilidad penal de los autores o partícipes en el delito de contrabando y otra muy diferente, el análisis de la conducta desplegada por las autoridades aduaneras en el acto de aprehensión y retención de las mercancías presumidas de contrabando: el primer aspecto implica sencillamente que los presupuestos para proferir sentencia condenatoria no existían en un determinado proceso y el segundo, en cambio, supone el acreditamiento de las irregularidades en que habría incurrido la autoridad aduanera en el acto físico de la aprehensión, que en el presente caso ni fueron determinadas por el actor y mucho menos acreditadas. 

Ahora bien, perfectamente puede sostenerse que la actuación aduanera fue desarrollada dentro de los parámetros normales, así el proceso penal termine con sentencia absolutoria por atipicidad de la conducta, pues se reitera, el acto físico de la aprehensión no depende en cuanto a su regularidad y conformidad con el ordenamiento jurídico, de la decisión que se adopte dentro del proceso penal aduanero. 

Por último, repárese en que, aceptar que la decisión de la justicia penal aduanera sobre la atipicidad de la conducta comporta automáticamente y sin más análisis la responsabilidad patrimonial del Estado por el acto de aprehensión es extender ilimitadamente los alcances de un fallo jurisdiccional más allá de los precisos contornos objetivos que dieron lugar a su pronunciamiento, pues allí el juzgador ni se ocupó del acto de aprehensión, ni mucho menos de los eventuales errores de los agentes de la administración que realizaron el operativo, por lo cual tampoco por ese camino podría aceptarse que aquella decisión sea el fundamento de la responsabilidad patrimonial deprecada por el demandante. 

De todo lo que viene dicho se puede concluir que la acción de reparación directa instaurada por el demandante se encontraba caducada, como que el término empezó a computarse desde el mismo momento en que se consolidó el daño por el cual reclama, que como se observó, no dependía de la decisión que adoptara el Tribunal Superior de Aduanas”. (Destaca la Sala)

Ahora bien, el demandante adujo que el criterio expuesto sobre la caducidad de la acción en la mencionada decisión, comportó un trato inequitativo, en razón a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la Sección Tercera del Consejo de Estado, decidió de manera diferente casos que tenían supuestos fácticos uniformes, enmarcados, según él, en idéntica situación de hecho.

Sobre este argumento, en lo que toca con el principio de igualdad en la actividad judicial, ha de señalar la Sala que, además de ser un principio vinculante para toda la actividad estatal, está consagrado en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las personas, estructurado a partir de dos garantías fundamentales, a saber: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades.

Tales garantías encuentran articulación en el ámbito de la actividad judicial, toda vez que los funcionarios judiciales, frente a casos concretos, interpretan la ley y como consecuencia inescindible de esta interpretación, imponen determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que concierne a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad en la interpretación y en la aplicación de la ley(48).

Es así como la labor de interpretación e integración del ordenamiento positivo conlleva que los jueces desarrollen una misión de construcción y ponderación de principios de derecho que dan sentido a las instituciones jurídicas, cometido que representa un cierto grado de abstracción o de concreción respecto de las normas particulares para darle integridad al conjunto del ordenamiento jurídico y atribuirle al texto de la ley un significado concreto, coherente y útil, que le permita encauzar el ordenamiento hacia la realización de los fines constitucionales.

Para la jurisprudencia constitucional(49), la fuerza normativa de la doctrina dictada por los órganos judiciales encargados de la unificación de la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones —el Consejo de Estado en lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema en la jurisdicción ordinaria— emana de: (i) la autoridad que les otorga la Constitución como órganos encargados de la unificación de la jurisprudencia; (ii) de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de la igualdad de trato por parte de las autoridades; (iii) del principio de la buena fe entendido como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad social que pretende regular.

En este orden de ideas, el soporte constitucional del carácter vinculante de los propios precedentes se encuentra en el derecho de los ciudadanos a que las decisiones judiciales se funden en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico. Las dos garantías de igualdad a que se hizo referencia anteriormente: igualdad ante la ley —entendida como el conjunto del ordenamiento jurídico—, y la igualdad de trato por parte de las autoridades tomada desde la perspectiva del principio de igualdad —como objetivo y límite de la actividad estatal, suponen que la igualdad de trato frente a casos iguales y la desigualdad de trato entre situaciones desiguales es un derrotero que los jueces no deben obviar en el ejercicio de sus funciones.

El principio de la seguridad se ve lesionado cuando la comunidad jurídica no tiene certeza de que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma, por lo que la previsibilidad de las decisiones judiciales es una garantía que proporciona certeza sobre el contenido material de los derechos y las obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente.

La necesidad de consistencia de la jurisprudencia, se relaciona también con el derecho de acceso a la administración de justicia, el cual se funda en la confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de Justicia. Esta confianza no se agota con la mera publicidad del texto de la ley, ni con la simple adscripción nominal del principio de legalidad. Involucra además la protección de las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces será razonable, consistente y uniforme.

Sin embargo, los principios de unidad y coherencia no conllevan como consecuencia obligada la petrificación de los criterios planteados por los jueces y tribunales para la resolución de casos concretos, los cuales bien pueden constituir precedentes a seguir en futuros litigios, por el contrario, la actividad del juzgador es dinámica, referida a las peculiaridades de cada proceso en relación con el ordenamiento jurídico aplicable, de donde bien pueden generarse decisiones que en principio aparecen contradictorias, pero que, en esencia, responden a las diferencias —sutiles en muchos casos— que entrañan los procesos judiciales.

Teniendo como referentes los anteriores razonamientos, considera la Sala que el criterio expresado por la Sección Tercera en la acusada providencia de 19 de marzo de 1998, en torno a la caducidad de la acción, fue suficientemente sustentado en atención a las particularidades del caso concreto, con una exposición clara y expresa sobre las razones que se tuvieron en cuenta para apartarse de los razonamientos que sobre el mismo aspecto había expresado la Sección con anterioridad, al conocer en segunda instancia de casos que presentaban similares presupuestos fácticos, como quiera que versaban sobre la retención de vehículos por parte del Resguardo Nacional de Aduanas, al estar presuntamente involucrados en el delito de contrabando.

La Sala considera que no existe yerro alguno por la diferencia de criterio que se tenga respecto de la manera como, según las particularidades del caso, el fallador de segunda instancia adoptó la decisión criticada, por lo que debe reiterarse entonces, que una diferencia de interpretación o de apreciación no constituye un error judicial, como tampoco la simple inconformidad que tenga una de las partes con las conclusiones fácticas de una providencia judicial(50), y no es dable afirmar que la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en error al establecer la forma en que debía contabilizarse el término de caducidad en el caso concreto, pues como ya se expresó, cumplió a cabalidad con la obligación de exponer una carga argumentativa que justificara su decisión, en respeto del principio de igualdad.

Es oportuno precisar que cuando un ciudadano acude a la administración de justicia para que por intermedio de los jueces de la República se decida una controversia, está expuesto a que la decisión que dirima el litigio le sea favorable o desfavorable a sus pretensiones, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no conlleva, en sí mismo, que la decisión que corresponda necesariamente debe ser positiva en relación con sus intereses.

Dado que, como se anotó, la providencia censurada no constituye, per se, un daño antijurídico y como quiera que, en este caso, no se acreditaron los presupuestos constituyentes del error judicial en el caso concreto, resulta forzoso para la Sala confirmar la providencia del a quo.

5. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 1º de abril de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Sala de Descongestión.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera».

14 En la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional razonó en los siguientes términos: “Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (art. 241, C.P.), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (art. 234, C.P.), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (art. 237, C.P.) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente sala del Consejo Superior de la Judicatura (art. 257, C.P.). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público.

En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica. (...)”.

15 Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp. 10.285, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Se dijo en la sentencia: “La exequibilidad condicionada de la Corte Constitucional debe entenderse, entonces, desde la misma perspectiva que ha manejado esa corporación respecto de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales cuando la autoridad pública investida de la potestad de administrar justicia ha incurrido en vía de hecho; es decir, que sólo excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del error judicial cometido por las altas corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados en los eventos en que éste sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado”.

16 Sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

17 “ART. 73.—Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.

18 Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

20 Dice la norma: “ART. 129.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. <Subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este Código”.

21 “Acuerdo 58 de 1999 - Artículo 13.—Distribución de los negocios entre las secciones. Modificado. Ac. 55/2003, art. 1º. C.E. Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

(...) 

Sección tercera 

7. Los procesos de reparación directa contra las acciones u omisiones de los agentes judiciales a que se refieren los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996. 

(...)”.

22 Sentencia del 14 de agosto de 1997, Exp. 13.258, C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque.

23 Teniendo en cuenta que fue notificada mediante edicto que se fijó entre el 2 y el 13 de abril de 1998, visible a folio 394 y 395 del cuaderno de pruebas Nº 3.

24 Fl. 126 del cdno. de pbas. 2.

25 Fls. 134 y 135 del cdno. de pbas. 2.

26 Fl. 18 vto. del cdno. ppal. 1.

27 Exp. 21.515.

28 Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.

29 Este criterio fue expuesto por la Sala en sentencia de 11 de septiembre de 2011, Exp. 18913.

30 En igual sentido se pronunció la Sección en sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

31 Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

32 Sentencia de 23 de abril de 2008, Exp. 16.2741, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

33 Exp. 22.322, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

34 Sentencia de 27 de abril de 2006, Exp. 14.837.

35 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

36 En este sentido, pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia de 28 de enero de 1999, Exp. 14399, C.P. Dr. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719, C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.576, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

37 Sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15776. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

38 En la mencionada sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128, se precisó: “El error del juez no es entonces el que se traduce en una diferente interpretación de la ley a menos que sea irrazonable; es aquel que comporta el incumplimiento de sus obligaciones y deberes, sea porque no aplica la ley vigente, porque desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales o los principios que integran la materia, porque se niega injustificadamente a decir el derecho o porque no atiende los imperativos que rigen el debido proceso, entre otros”.

39 Sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.576.

40 En este sentido obra copia auténtica de la mencionada sentencia de 2 de diciembre de 1994, de folios 22 a 34 del cdno. de pbas. 2.

41 En este sentido obra copia auténtica de la mencionada sentencia dentro de la copia auténtica del Exp. 89D-5542 que reposa de folios 195 a 204 del cdno. de pbas. 4.

42 Fl. 10 vto. del cdno. de pbas. 3.

43 Fls. 2 a 10 del cdno. de pbas. 3.

44 Fls. 372 a 392 del cdno. de pbas. 3.

45 En este sentido puede consultarse lo expuesto por la Sala en la sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 21.803.

46 RENÉ CHAPUS. Responsabilité publique et responsabilité privée. París, Librairie genérale de droit et de jurisprudence R. Pichon et R. Durand – Auzias, 1957, pág. 349.

47 Esta subsección ha expuesto este criterio, entre otras, en las siguientes providencias: sentencia de 17 de noviembre de 2011, Exp. 250002326000 1997 05238 01 (22982); sentencia de 6 de junio de 2012, Exp. 250002326000 1997 15324 01 (24.690); sentencia de 27 de junio de 2013, Exp. 250002326000 2001 02345 01 (28.189); sentencia de 29 de enero de 2014, Exp. 250002326000 2000 02527 01 (28.215).

48 En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-836 de 2001, cuando se pronunció sobre la expresión “doctrina probable” del artículo 4º de la Ley 169 de 1896, referida a la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación.

49 Ibídem.

50 Al respecto pueden consultarse las mencionadas sentencias de 2 de mayo de 2007, expediente 15.576 y de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128, criterio reiterado por la subsección en sentencias de 17 de noviembre de 2011, Exp. 22.982 y 6 de junio de 2012, Exp. 24.690.