Sentencia 2000-01321 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Exp.: 76001-23-31-000-2000-01321-01 (30.066)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Roberto Urrea Sánchez

Demandado: Nación - Rama Judicial y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 26’390.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 73’123.693, solicitada por concepto de perjuicios materiales, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Prueba trasladada

En lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que los medios probatorios en ella contenidos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hubieran sido solicitados en el presente proceso por la parte contra la cual se aducen, o que no hubieran sido practicados con audiencia de esta no podrán ser valorados por la Sala(2). Por otro lado, téngase en cuenta que, como se ha dicho en otros casos, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, estas podrán ser tenidas en cuenta, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en aquel del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el destinatario, considerando que, en esos casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(3).

En el expediente obran unas copias auténticas del proceso civil de ejecución singular adelantado por la Asociación Cultural Colombo-China, contra el señor Roberto Urrea Sánchez,(4) por una suma de, aproximadamente, $ 3’320.295, pruebas que fueron solicitadas por la parte demandante, petición a la que adhirió la demandada(5). En este orden de ideas, tales copias se tendrán como prueba en este proceso.

Valoración probatoria y caso concreto

La Sala abordará el análisis de imputación de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por los perjuicios que el demandante asegura haber padecido con ocasión de la pérdida y deterioro de algunos bienes muebles de su propiedad, al ser objeto de manipulación y afectación, cuando se encontraban bajo la custodia de la secuestre Cristina Quiñones Ferrín.

Para tal efecto, es necesario señalar que esta corporación ha sostenido, en múltiples pronunciamientos, que la declaración de responsabilidad patrimonial de la administración será posible siempre que se acredite la concurrencia de los elementos constitutivos de la misma, así: i) el daño antijurídico, patrimonial o moral, que el demandante no tenía por qué soportar, ii) la acción o la omisión constitutiva de una falla del servicio de la administración y iii) la relación o nexo de causalidad entre los dos elementos anteriores.

Así mismo, el Consejo de Estado ha establecido que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debe producir un daño personal y cierto que haya resultado antijurídico, en la medida en que se evidencie que el titular no tenía la obligación jurídica de soportarlo. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales(6). En relación con las acciones u omisiones de estos últimos particulares, colaboradores de la justicia, el Consejo de Estado ha señalado que, cuando con estas se causen daños antijurídicos, se deriva la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios.

Así lo dispuso el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que, en desarrollo del artículo 90 de la Constitución Política, reguló la responsabilidad del Estado y la de sus funcionarios y empleados judiciales, en los siguientes términos:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Al respecto, esta corporación ha dicho:

“Así las cosas, la actividad judicial de los auxiliares de la justicia, en detrimento de los deberes que la constitución y las leyes les impone, bien puede llegar a comprometer, por acción u omisión, no solamente su responsabilidad personal y patrimonial de tales servidores públicos ocasionales, sino también la responsabilidad administrativa del Estado, en virtud de daños antijurídicos que le sean imputables frente a los litigantes y otros. Todo esto derivado del acentuado intervencionismo en la actividad para confeccionar las listas, para designar a los auxiliares de la justicia y para controlarlos estrictamente en el cumplimiento de sus deberes. Claro está, que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, así lo sea transitoriamente aquel deber (sic) repetir contra este, según claras voces del artículo 90 Constitución Nacional”(7).

En estos casos, ese detrimento debe ser acreditado, no solo porque no siempre la falla en la prestación del servicio de administración de justicia genera un daño antijurídico sujeto a resarcimiento, sino porque, aun cuando no es un elemento suficiente para construir la imputabilidad que se pretende, es a partir del mismo que el análisis de la falla alegada por quien demanda y la relación de causalidad cobran importancia, porque “si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”(8).

Dicho lo anterior, la Sala encuentra probado que, una vez la Asociación Cultural Colombo-China inició un proceso de restitución de inmueble arrendado en contra de Roberto Urrea Sánchez, presentó demanda de ejecución singular en contra de este, con el fin de que se le librara mandamiento de pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre abril de 1996 y junio de 1997 (fls. 18 a 20, cdno. 2).

Se probó que, mediante auto del 9 de septiembre de 1997,(9) el Juzgado Segundo Civil Municipal de Buenaventura libró mandamiento de pago en contra del señor Urrea Sánchez y que, en providencia del 17 de septiembre del mismo año,(10) decretó el embargo y secuestro de varios bienes muebles de su propiedad(11). Para dicha diligencia, delegó a la comisaría permanente de la Policía del barrio Independencia.

El 22 de septiembre de 1997, la comisaría encargada llevó a cabo la diligencia de embargo y secuestro y encargó el cuidado de los bienes a la auxiliar de justicia, señora Cristina Quiñones Ferrín. De tal diligencia se destaca lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores).

“Una vez se nos permitió el acceso al lugar procede la secuestre a describir los bienes a embargar son: los siguientes, setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve unidades de farol de arcilla de acabado fino de séis (sic) huecos, de 30 x 20 x 10 centímetros, 9124 unidades de farol medio de arcilla acabado fino, de séis (sic) huecos de 15 x 20 x 10 cm, 21.712 unidades de farol rustico de arcilla acabado fino de 3 huecos, de 30 x 20 x 7cm, 330 unidades de farol de acabado fino, de arcilla, de 3 huecos, de 30 x 20 x 7 cm, 1.420 unidades de farol de arcilla, de acabado fino, de 3 huecos, de 20x15x7 cm, 13.218 unidades de ladrillo de arcilla sucio de 19x20x5 cm, 10.722 unidades de ladrillo limpio de arcilla de 24x11x7 cm, 138 unidades de farol de arcilla para plancha de acabado fino de 6 huecos de 20x20x15 cm, 450 tablones grapilados de 25x25 cm, 350 baldosas de 30x30cm veteadas color amarillo, una (1) teja de eternit para claraboya, 2 tejas de eternit N° 6, 3 cuertpos (sic) de ventana en ángulo de 2 metros de arena media, 2 metros de arenón 2metros de balastro, 1metro de piedra, 1 carreta estilo boogi de segunda. Todos los ladrillos y farolas son nuevos (sin haber sido usados); el resto de los artículos tienen regular estado de presentación y de conservación es todo, se deja en depósito al señor Mercenario Renteria (sic) quien nos atendió y quien se desempeña en la actualidad como vigilante de los bienes por cuenta del representante legal de la colonia china señor Manuel Fernando Van Kan” (fl. 33, cdno. 2).

El 30 de septiembre siguiente, la señora Cristina Quiñones Ferrín presentó, ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Buenaventura, un inventario de los bienes muebles dejados bajo su custodia en la anterior diligencia, en el que ratificó las cantidades registradas en esa oportunidad, así:

“Cristina Quiñones Ferrín (...) en calidad de secuestre del proceso en referencia, me permito presentar a usted el siguiente inventario (...).

“74.749 Unidades de farol de arcilla de acabado fino de 6 huecos...

“9.124 Unidades de farol medio de arcilla acabado fino de seis huecos...

“21.712 Unidades de farol rustico de arcilla acabado fino de tres huecos...

“330 Unidades de farol de acabado fino de tres huecos...

“1.420 Unidades de farol de arcilla de acabado fino de 3 huecos...

“13.218 Unidades de ladrillo de arcilla sucio...

“10.722 Unidades de ladrillo limpio de arcilla

“138 Unidades de farol de arcilla para plancha de acabado fino de seis huecos...

“450 Tablones grapilados...

“350 Baldosas de 30x30 beteadas color amarillo

“1 Teja de eternit para claraboya

“2 Teja de eternit # 6

“3 Cuerpos de ventana en ángulo

“2 Metros de arena media

“2 Metros de balastro

“1 Metro de piedra

“1 Carreta estilo boogi de segunda” (fl. 132, cdno. 2).

El 5 de diciembre de 1995, la mencionada secuestre allegó un nuevo informe, ante el juez que conocía de aquel proceso, en el que aseguró que las cantidades del inventario de bienes a ella entregado no coincidían con las que realmente existían. Sobre el particular afirmó (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

“Por una errónea información que me fue suministrada por el abogado de la parte demandante quien me suministro los datos referentes a los bienes que fueron materia de las medidas cautelares en este proceso y en el de restitución de inmueble arrendado recaído en contra del mismo demandado en este proceso le suministre a la inspectora para la práctica de la diligencia.

“Después de haberse efectuado el conteo de los materiales que fueron objeto del secuestre se constató que no concuerdan físicamente las cantidades y volumen de los objeto (ladrillos de diferentes dimensiones y tamaños y en general todo para construcción), incautado con la cantidad existente (...) para efectos del mercadeo de estos productos se efectuó el estricto control que aparece en las facturas de compra venta y los respectivos depósitos hechos al banco” (fl. 137, cdno. 2).

El 15 de enero de 1998, Cristina Quiñones Ferrín presentó denuncia penal ante la comisaría permanente de Policía del barrio Pueblo Nuevo de Buenaventura, por la presunta comisión del delito de hurto calificado sobre algunos de los materiales dejados bajo su cuidado; no obstante, el 1º de abril de 1999, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Seccional de Buga V, Fiscalía 43 Seccional, suspendió la investigación por cuanto “desde la ocurrencia de los hechos hasta este momento no se ha logrado identificar el (sic) autor de ese atentado contra el patrimonio económico, ni hay pruebas que ameriten decretar la apertura formal del proceso” (fls. 178 y 330, cdno. 2).

Se demostró que, el 7 de mayo de 1999, el Juzgado Segundo Civil de Buenaventura consideró que “el valor actual de la ejecución es ostensiblemente inferior a los bienes embargados”, de manera que ordenó la reducción de la medida de embargo y secuestro “que afecta los bienes de propiedad del demandado señor Roberto Urrea Sánchez, tanto los elementos de consumo como las sumas de dinero depositadas por la secuestre producto de la venta de los mismos”, y solicitó a la auxiliar de justicia, señora Cristina Quiñones Ferrín, hacer entrega real y material de “todos los elementos que se aprisionaron el pasado 22 de abril (sic) de 1997 y rinda cuentas comprobadas de su administración y gestión” (fls. 188 a 191, cdno. 2).

De conformidad con lo anterior, la señora Quiñones Ferrín presentó algunos informes sobre su gestión de administración sobre los bienes secuestrados, en los siguientes términos (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):

Informe del 1º de julio de 1999

“Cuando los señores dueños del terreno de la colonia china, decidieron arrendar el terreno objeto del proceso en mención, decidí dejar en depósito al señor Alberto Londoño (...) los bienes que tenía en el terreno y son los siguientes:

“300 - Ladrillo farol de 3 huecos rústico

“3400 - ladrillos limpio

“167 - ladrillos para plancha

“576 - ladrillo farol de 3 huecos

“4662 - ladrillos farol medios de 6 huecos

“1869 - ladrillo farol de 6 huecos

“2040 - ladrillo farol 3 huecos

“Estos bienes se ubicaron al frente donde está el terreno.

“Los siguientes bienes se le dejaron en depósito a la señora Yolanda Camacho de Peña (...) quien es la persona que arrendó el terreno, que son los siguientes

“Una teja de eternit para claraboya

“Dos teja de eternit Nº 6

“Tres cuerpos de ventana en ángulo

“Un metro de piedra

“Una carreta estilo boogi de segunda

“Dos barras

“Una pala

“Un machete

“350 - baldosas para piso moteada de color blanco y amarillo

“29 - tablones color rojo

“2700 - ladrillo farol medio de 3 huecos

“Los dos metros de arena media, 2 metros de arenón, 2 metros de balastro, esto cuando se hizo la diligencia se estaba evaporando por el tiempo y la lluvia” (fls. 209 a 210, cdno. 2).

• Informe del 1º de julio de 1999

“...rindo el informe con base a los bienes que deje en depósito al señor Alberto Londoño, los cuales se han vendido entre los meses de junio, julio y agosto del 98 los siguientes:

“1869 - ladrillo farol de 6 hueco a razón de $ 2.40 $ 448.560

“2040 - Ladrillo de 3 huecos 1.15 234.600

Total de ingresos $ 683.160

“(...)

“Sumas de ingresos $ 683.160

Egresos 615.000

“Saldo a consignar $ 68.160

“...quiero dejar en claro que en la manipulación cuando se vende el ladrillos en el cargue estos la mayoría de las veces sufren daños, desde el principio de ocasionó aproximadamente un daño en todo los artículos (ladrillos) la cantidad de unos 1500 ladrillos” (fls. 214 a 215, cdno. 2).

• Informe de 6 de septiembre de 1999

“Doy a conocer al despacho que de los bienes subastados sus ingresos fueron los siguientes: la suma de nueve millones seiscientos nueve mil doscientos dieciséis pesos ($ 9.609.216)

“(...)

“Sumas: ingresos $ 9.609.216

Egresos 3.532.759

“Total $ 6.076.421” (fls. 230 a 2232, cdno. 2).

Se demostró también que, en Auto interlocutorio 674 del 24 de julio de 2000, el Juzgado Segundo Civil de Buenaventura excluyó de la lista de auxiliares de la justicia a Cristina Quiñones Ferrín y le impuso una multa pecuniaria, al evidenciar el incumplimiento de las obligaciones que le imponía la ley, pues no tuvo el cuidado suficiente con los bienes a ella confiados y dejados bajo su guarda; al respecto, consideró lo siguiente (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Al llevar este tenor a los hechos denunciados, investigados y probados dentro de los infolios, debemos declarar que la señora Cristina Quiñones Ferrín no solo ocasionó con su negligencia, pérdidas económicas en detrimento de los intereses económicos del demandado, sino que dispuso de los dineros recibidos producto de la venta de parte de ellos, sumas pagadas por el señor Alberto Londoño, que solo los depositó a la cuenta del juzgado cuando se le exigió su comprobación, ello en forma parcial, toda vez que la suma mayor, no ha sido reportada como cancelada.

“Las pruebas que soportan lo afirmado, se basan en los testimonios de Yolanda Camacho de Peña y Alberto Londoño Grajales, quien firmó una letra por valor de un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000) de los cuales había entregado a la secuestre $ 200.000 y esta no notició al despacho ni de la venta como mucho menos del abono. Del experticio rendido por la perito contadora, se estableció un faltante que ascendió a la suma de $ 13.269.485, valor que cualquiera que sea su origen (realización de ventas sin reportar, deterioro del material sin reportar y error en la toma de inventarios) nos remite a ser responsabilidad de quien tenía su administración.

“...Bajo ningún punto de vista es aceptable, el que dos meses y medio después de recibidos los materiales, se le reciba el nuevo inventario que presenta, como el real, cuando existen deponencias suficientes dentro de lo investigado que afirman el conteo real de lo secuestrado durante la diligencia efectuada el 22 de septiembre con presencia de la demandada cuya acta firmó. Y es que de aceptarlo así, sería tanto como tener que afirmar que estamos en presencia de una falsedad entre los que se encuentran incursas todas las personas que la suscribieron. Forzoso es de concluir, que ante la negligencia, cualquiera de las tres hipótesis concurrieron en la pérdida definitiva de la suma detectada por la perito.

“(...)

“Como del análisis efectuado no se vislumbra circunstancia que justifique el comportamiento negligente asumido por la señora Cristina Quiñones Ferrín en el desempeño de su gestión como secuestre de los bienes entregados a ella durante la vigencia del proceso ejecutivo, se harán las declaraciones pertinentes...” (negrilla fuera del texto. Fls. 336 a 338, cdno. 2).

Apreciando en su conjunto el material probatorio allegado al proceso (CPC, art. 187), la Sala encuentra acreditado que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Buenaventura ordenó el embargo y secuestro de unos bienes muebles de propiedad del acá demandante, señor Roberto Urrea Sánchez, y que estos fueron entregados a la secuestre Cristina Quiñones Ferrín, quien aceptó y firmó el inventario levantado en la diligencia y, posteriormente, lo ratificó en un nuevo informe. También se probó que dichas medidas cautelares fueron levantadas y que el juez civil ordenó la devolución de todos los bienes secuestrados o del dinero recaudado por la venta de los mismos.

Así las cosas y teniendo en cuenta que los materiales de construcción secuestrados y embargados se encontraban bajo la custodia y la administración el Estado, en tenencia de la mencionada auxiliar de la justicia, se tiene que a ella no solo le correspondía guardarlos y cuidar de estos, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil y en el numeral cuarto del artículo 682 del mismo estatuto, —funciones que, a diferencia de lo que dice el a quo, no le corresponden al propietario— sino restituirlos a su dueño, en cumplimiento de la orden del Juzgado Segundo Civil Municipal de Buenaventura. De no hacerlo, surge para la administración, conforme a todo lo hasta acá dicho, el deber de responder por los daños ocasionados con ello, sin perjuicio de que la parte demandada logre demostrar, a efectos de liberarse de toda responsabilidad, la entrega real y material de los bienes al señor Roberto Urrea Sánchez, o la ocurrencia de alguna eximente de responsabilidad, como la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o el hecho exclusivo y determinante de la víctima.

En los términos del auto interlocutorio atrás mencionado, por medio del cual el Juzgado Segundo Civil Municipal de Buenaventura excluyó de la lista de auxiliares de la justicia a la señora Quiñones Ferrín, es perceptible que el patrimonio del señor Roberto Urrea Sánchez sufrió un empobrecimiento importante e injustificado, durante la vigencia de las medidas cautelares impuestas, pues, según ese despacho judicial, la negligencia de la secuestre ocasionó “pérdidas económicas en detrimento de los intereses económicos del demandado”, toda vez que “se estableció un faltante que ascendió a la suma de $ 13.269.485”. Súmese a lo dicho que tales afirmaciones no fueron desvirtuadas por la parte demandada, ni se allegó al proceso prueba alguna sobre el cumplimiento del deber de entregar a su dueño lo ordenado por el juez civil.

Por lo mismo y como la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no demostró, a efectos de redimirse de la imputación del perjuicio ocasionado por el obrar de un auxiliar de la justicia, la existencia de una causa extraña, imprevisible e irresistible que le haya impedido restituir los mencionados bienes muebles a su propietario, es claro que ese daño le resulta imputable.

En suma, ante la demostración del daño alegado y la imputación del mismo a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dada la ocurrencia de fallas por el incumplimiento de los deberes de custodia, administración y restitución de bienes a su dueño, la Sala revocará la sentencia proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño con sede en Cali y ordenará la indemnización de los perjuicios a que haya lugar.

VI. Indemnización de perjuicios

Perjuicios materiales

Milita en el expediente un dictamen pericial(12) que pretende calcular el valor del daño emergente y del lucro cesante causado al demandante, con ocasión de la pérdida de parte del material secuestrado el 22 de septiembre de 1997 y de la manipulación y venta de que habrían sido objeto por parte de Cristina Quiñones Ferrín. De conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 30 de abril de 2003, corrió traslado del mismo, sin que las partes se manifestaran.

No obstante, la Sala no otorgará mérito probatorio al dictamen pericial practicado, habida cuenta que el mismo no cumple fielmente las exigencias dispuestas por el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no se observa firmeza, ni precisión, ni contundencia en sus conclusiones, pues los peritos se limitaron a cuantificar el valor total de la mercancía secuestrada y a actualizarla al momento en que el estudio fue elaborado, sin explicar el proceso de razonamiento que los llevó a avaluar los perjuicios materiales en $ 597’889.930. Es de advertir, además, que este experticio no guarda relación con los demás elementos probatorios que obran en el plenario, toda vez que no se tuvo en cuenta que, durante el proceso ejecutivo, la secuestre habría realizado consignaciones parciales del dinero recaudado con la venta de algunos materiales, sumas que deben ser descontadas del avalúo de perjuicios.

La mencionada pieza probatoria señala lo siguiente (se transcribe tal como obra en el original, incluso con errores):

“...con respecto al inventario de los bienes muebles (materiales de construcción) (...) el valor comercial de todos y cada uno de ellos arrojaron un costo total de (...) $ 33.375.300 (...)

Indexación moratoria

“S= Valor a actualizar

“IPC total= factor del año o mes total

“IPC inicial= factor del año o mes inicial

S2000-01321ECUA1.png
 

“S (IPCT/IPCO-1)

“$ 33.375.300 (139.6/17.70-1)

“$ 33.375.300 (6.88) = $ 229.622.064

“$ 229.622.064 - $ 33.375.300 = $ 196.246.764

“Lucro cesante = $ 196.246.764

“(...)

Daño emergente: Es equivalente al deterioro y detrimento estimado que sufrió el patrimonio del señor Roberto Urrea Sánchez, ya que los bienes muebles objetos de la diligencia de secuestro de fecha 22 de septiembre de 1997, hacían parte de la universalidad de bienes que constituían el total de su patrimonio, y se desmejoró el mismo:

“Valor de los materiales secuestrados a fecha 22 de Sep./1997...........$ 33.375.300

Resumen

“S (IPCT/IPCO-1)

“$ 33.375.300 (139.6/17.70-1) $ 33.375.300(6.88)= $ 229.622.064

“Capital: $ 229.622.064

“Valor lucro cesante $ 196.246.764

“Valor daño emergente $ 33.375.300

“Total $ 229.622.064

(...)

Nota: En al cálculo el daño emergente y lucro cesante practicado los intereses moratorios de 66 meses en base al interés bancario anual efectivo con una tasa de 29.24%, y mensual 2.43%

“$ 229.622.064 x 160.38% = $ 368.267.866 Intereses moratorio

“Lo que sumado al anterior al capital daría un gran tota (sic) de $ 597.889.930

“Valor total del avalúo: $ 597.889.930” (fls. 88 a 89, cdno. 3).

Por lo anterior y teniendo en cuenta que, a partir de dicha prueba, no es posible determinar con total precisión el valor del perjuicio material que debe decretarse a cargo de la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Sala dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo(13) y condenará en abstracto a la parte demandada a pagar, a favor de la sucesión del señor Roberto Urrea Sánchez, el valor de los bienes que fueron secuestrados y que no fueron devueltos.

El incidente debe ser promovido dentro de la oportunidad dispuesta por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998 (CCA, art. 172, D. 1/84).

Para la liquidación, se deben observar los siguientes parámetros:

i) Decretar un dictamen pericial con el fin de establecer el valor comercial de cada uno de los artículos que fueron objeto de la medida de embargo y secuestro, es decir, de aquellos bienes que aparecen relacionados en el acta de inventario elaborada en la diligencia del 22 de septiembre de 1997. El precio de los elementos debe coincidir con el vigente en el momento de la medida cautelar. Para el efecto, el perito tendrá en cuenta los precios del mercado que certifiquen organismos autorizados, como la Cámara Colombiana de la Construcción —Camacol—.

ii) Del avalúo de los bienes se deben deducir las sumas de dinero que habría consignado la secuestre, por la venta de materiales o, en su defecto, los artículos que habría devuelto a su propietario o al despacho judicial, así como el dinero que habría tenido que cancelar durante su gestión, por concepto de conservación, mantenimiento, vigilancia y depósito de los bienes secuestrados, siempre que ello haya sido informado al juez, en los términos previstos en el artículo 682, numeral 4º del Código de Procedimiento Civil.

iii) La suma neta, es decir, la resultante de la anterior deducción, será actualizada atendiendo a la fórmula matemático actuarial utilizada para ello por el Consejo de Estado(14).

Condena en costas

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 21 de septiembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño con Sede en Cali. En su lugar:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los daños causados al señor Roberto Urrea Sánchez, al no devolverle los bienes embargados y secuestrados en la diligencia del 22 de septiembre de 1997.

2. CONDÉNASE en abstracto a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar a favor de la sucesión de Roberto Urrea Sánchez, a título de indemnización de perjuicios materiales, el valor de los bienes que no le fueron devueltos.

El interesado deberá promover el respectivo incidente ante el Tribunal de primera instancia, dentro de la oportunidad temporal prevista por el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo. Para establecer la cuantía de la condena, se observarán estrictamente las reglas fijadas en la parte motiva de esta sentencia.

3. ABSTIÉNSE de condenar en costas.

4. Una vez en firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

5. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20300

(3) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12789

(4) Cuaderno 2, prueba conjunta.

(5) Folios 57 y 89, cuaderno 1.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 1991, Expediente 6380, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(8) Henao, Juan Carlos. “El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés”. Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 36.

(9) Folios 28 a 30, cuaderno 2.

(10) Folio 124, cuaderno 2.

(11) “Bultos de cemento, ladrillos varios, televisores, equipos de sonido, vitrinas, ventiladores, equipos de cómputo, máquinas de escribir, archivadores, cajas registradoras, dinero en efectivo, etc.”.

(12) Folios 85 a 97, cuaderno 3.

(13) “ART. 172.—Modificado. Ley 446 de 1998, artículo 56. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.

“Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de aquel o a la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

(14) Valor presente = valor histórico * IPC final / IPC inicial.