Sentencia 2000-01329/20995 de marzo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 130012331000-2000-01329-01 [20995]

Consejero ponente:

Dr. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Actor: Michel Plaza Ltda.

Demandado: UAE - DIAN

Bogotá, D.C, dos de marzo de dos mil diecisiete

Ref.: Cobro coactivo. El acto administrativo que deja sin efecto la facilidad de pago y ordena proferir medida de embargo no es susceptible de control de legalidad cuando constituye un trámite previo y obligado para dar inicio al proceso de cobro coactivo respecto de las obligaciones pendientes de pago

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del catorce (14) de junio de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Descongestión, que en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda interpuesta por la Sociedad (sic) Michel Plaza Ltda., (sic) contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

Segundo. Reconocer personería a la Dra. Ederlinda de Jesús Viana Castellar como apoderada judicial de la entidad demandada, para todos los efectos legales del poder conferido.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

1. Antecedentes.

1.1. Los hechos.

De lo manifestado por las partes y lo probado en el expediente, se destacan los siguientes hechos:

1.1.1. El 23 de marzo de 2000, la Administradora Local de Impuestos de Cartagena profirió la Resolución 000085 por la que dispuso: (i) dejar sin efecto la facilidad de pago concedida con la Resolución 125 de 31 de marzo de 1999(1) y declarar sin vigencia el plazo concedido, (ii) ordenar las medidas de embargo de cuentas corrientes y bienes a nombre de la sociedad contribuyente, para su posterior remate y (iii) señalar que para esa fecha la sociedad adeudaba las sumas de $132.281.000 por concepto de impuestos, $267.000 por sanciones y $103.047.000 por intereses(2).

1.1.2. Contra la anterior decisión la apoderada de la sociedad interpuso recurso de reposición, oportunidad en la que solicitó que se revocara y que como consecuencia se “ordene mantener el plazo otorgado a mi mandante, la firma Michel Plaza Ltda., identificada con el Nit: 800.179.205-4, mediante la Resolución 125 de 31 de marzo de 1999, aceptando la dación en pago ofrecida, en memorial Radicado 00136 de fecha 5 de enero de 2000”, bien inmueble que se encontraba embargado y secuestrado por la Administración(3).

1.1.3. Con la Resolución 000131 de 17 de mayo de 2000, la Administración confirmó la resolución recurrida porque el artículo 822-1 del E.T. aún no había sido reglamentado, lo que impedía su aplicación y porque la figura de la dación en pago no aplicaba cuando se pretendiera el pago de impuestos, solo operaba para el pago de intereses y sanciones(4).

1.2. Las pretensiones.

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo [CCA], la parte demandante solicitó:

1. Que, anule el Acto Administrativo contenido en la Resolución 00085 de fecha 23 de Marzo (sic) de 2000 y, su confirmatoria, la Resolución 000131 de fecha 17 de Mayo de 2000, proferidas por la Administración de Impuestos Nacionales de Cartagena, mediante el cual se dejó sin efecto la Facilidad de Pago concedida con la Resolución 125 de 31 de Mayo (sic) de 1999.

2. Que, en consecuencia se declare el cumplimiento de la facilidad de pago concedida a la Firma Michel Plaza Ltda., identificada con el NIT: 800.179.205-4, mediante la Resolución 125 de 31 de Mayo (sic) de 1999, y, se dé por terminado el proceso de cobro que se adelanta en contra de mí (sic) representada.

1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación.

Para la parte demandante, la actuación de la UAE - DIAN está viciada de nulidad por vulnerar los artículos 2º, 6º, 13, 23, 29, 228 y 229 de la Constitución Política [C.P.] y 2, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo [CCA].

El concepto de la violación lo desarrolló de la siguiente manera:

Los actos administrativos demandados están viciados de nulidad por falsa motivación, en la medida en que los hechos y fundamentos jurídicos que los soportan no tienen respaldo en la realidad.

La Resolución 000085 de 23 de marzo de 2000 se apoya en el incumplimiento de la facilidad de pago concedida y decide dejarla sin efecto, a pesar de que en la Resolución 125 de 31 de marzo de 1999, que la concedió, se indicó que el incumplimiento en el pago de alguna cuota además de ser causal para que se dejara sin vigencia el plazo concedido, conduciría a la efectividad de la garantía.

De haberse hecho efectiva la garantía, la sociedad actora habría dado cumplimiento a las obligaciones tributarias objeto de cobro y no se habrían generado más intereses moratorios, lo que, adicionalmente, pone en evidencia la desviación de poder.

La actuación de la DIAN causó agravio injustificado a la sociedad actora porque presentó denuncia criminal en contra de su representante legal, pese a que la obligación se encontraba garantizada y, adicionalmente, condujo a que se causaran intereses de mora por la omisión de hacer efectiva la garantía ofrecida.

1.4. La contestación de la demanda.

La parte demandada puso de presente que en los términos del artículo 835 del E.T., los actos administrativos demandados no son objeto de control de legalidad.

En gracia de discusión, afirmó que se incumplió con lo previsto en el numeral 4º del artículo 137 del CCA porque en el desarrollo de cada uno de los cargos de ilegalidad expuestos en la demanda, la parte actora se limitó a presentar enunciaciones abstractas de las disposiciones violadas, sin concretar los motivos de violación, excepto en lo que tiene que ver con la presunta violación de los artículos 13, 23 y 29 de la Constitución Política.

En cuanto al fondo del asunto, puso de presente que en vigencia del artículo 822-1 del E.T., todos los contribuyentes tenían la oportunidad de ofrecer bienes en dación en pago, pero, esto no implicaba que la Administración estuviera obligada a aceptarlos y, menos aún, que de no hacerlo se desconocieran los derechos a la igualdad, de petición y a la defensa.

Además, conforme con la norma en cita, la dación en pago solo era procedente para el pago de intereses y sanciones y, en el caso concreto, la mayor parte de la deuda correspondía a impuestos.

Por otro lado, la existencia de una garantía para respaldar una obligación no implica la satisfacción de la misma, ni desvirtúa el incumplimiento, por lo que resultan procedentes todas las actuaciones derivadas del mismo, entre ellas, la formulación de la denuncia penal.

Es decir, la entrega de un bien inmueble en garantía no es una forma de extinción de las obligaciones sino un mecanismo para respaldar su eventual satisfacción, que se obtiene luego de un proceso que culmina con el remate del bien [art. 814-3 E.T.].

Por lo anterior, no se configuró la falsa motivación alegada por la parte actora como tampoco la deviación de poder porque la actuación de la Administración se hizo con el único fin de lograr por la vía coactiva la satisfacción de las obligaciones tributarias a cargo del contribuyente incumplido, es decir, en ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, la presentación de la denuncia penal es un hecho ajeno e independiente del acto administrativo en discusión, por lo que no es admisible como argumento válido en su contra.

Además, la causación de los intereses de mora no puede considerarse como un agravio injustificado, porque su causación está sustentada en el artículo 814-3 del E.T.

Por lo expuesto, la apoderada judicial de la UAE - DIAN solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.5. La sentencia apelada.

Con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado de 9 de febrero de 2012(5), el Tribunal concluyó que procede el control de legalidad contra el acto administrativo que declaró el incumplimiento de las facilidades de pago, porque con este se modificó la situación jurídica que se había creado a favor de la sociedad contribuyente.

En lo que tiene que ver con el fondo de asunto y con fundamento en la sentencia en cita, recalcó que las garantías otorgadas por los contribuyentes para acceder a las facilidades de pago no constituyen el pago mismo y, por eso, no es posible afirmar que por el hecho de haber otorgado una garantía suficiente debe entenderse pagada la obligación.

Por otra parte, no está probado el agravio injustificado al que se refiere la parte actora, porque la DIAN no estaba obligada a recibir el bien ofrecido en dación en pago y, adicionalmente, porque el bien inmueble que constituyó la garantía del acuerdo había sido objeto de medida cautelar; por lo tanto, al declararse el incumplimiento de la facilidad de pago lo acertado era hacer efectiva la garantía y como mediaba una orden de embargo y secuestro lo siguiente era continuar con la ejecución y remate del bien embargado y secuestrado, tal como lo dispone el artículo 836 del E.T.

En cuanto a la denuncia penal presentada por la DIAN en contra de la sociedad actora, esta se ejerció en cumplimiento del deber legal [art. 665, E.T.].

Con fundamento en los anteriores argumentos, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas porque no observó temeridad en la conducta del “demandado” (sic) [art. 171, CCA].

1.6. El recurso de apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, porque el a quo incurrió en graves errores de interpretación y desconoció las características propias del proceso de cobro coactivo. Adicionalmente, se sustrajo del estudio respecto de la obligación de la entidad demandada de hacer efectiva la garantía otorgada por la sociedad.

El Tribunal desconoció que “en el cuerpo de los actos demandados se encuentra probada la excepción de pago(6), porque si la DIAN hubiera cumplido con su obligación legal, al momento de expedir la resolución que dejó sin vigencia el acuerdo de pago, debió hacer efectiva la garantía —que aún se encuentra vigente— y cubrir la totalidad de las deudas a cargo de la sociedad actora, incluidas las que figuran en el mandamiento de pago Nº 0010 de 12 de julio de 2005.

Con la conducta de la DIAN se causó un agravio injustificado a la sociedad actora porque, si bien es cierto, no era su obligación aceptar la propuesta de dación en pago, sí lo era ordenar hacer efectiva la garantía y proceder al remate del bien inmueble ofrecido en garantía [art. 814-3, E.T.].

Precisó que la facilidad o acuerdo de pago es una forma de extinguir la obligación tributaria, por eso está prevista en el artículo 814 del E.T., Libro Quinto del Procedimiento Tributario, Título VII extinción de las obligaciones tributarias, Capítulo II formas de extinguir las obligaciones tributarias, bajo el subtítulo de acuerdo de pago.

La facilidad de pago se puede otorgar en el curso del proceso de cobro coactivo o por fuera de este. Al respecto transcribió apartes del Concepto de la DIAN 009128 de 25 de febrero de 2003.

Concluyó que “al demandar los actos que pretenden iniciar un proceso de cobro coactivo a mi Mandante (sic), sin haber hecho efectiva la garantía, con la cual se cancelarían, en su totalidad, las obligaciones tributarias, la Administración, lo que se busca en dejar sin vida jurídica, los actos que colocaron a la firma Michel Plaza Ltda. - en liquidación, en una situación mas (sic) gravosa, toda vez que la garantía otorgada no se hizo efectiva, como ordena la ley, una vez declarado tal incumplimiento”.

1.7. Los alegatos de conclusión.

La parte demandada afirmó que no le asiste razón a la parte actora porque la actuación demandada se enmarcó en lo previsto en el artículo 814-3 del E.T., motivo por el cual solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

Consideraciones de la Sala

1. El problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala analizar si los actos administrativos están viciados de nulidad porque la UAE DIAN omitió hacer efectiva la garantía otorgada por la sociedad actora con ocasión de la solicitud de facilidad de pago y con la que se satisfacía la obligación tributaria a cargo de la demandante. Es decir, si la obligación de carácter fiscal se extinguió.

Pero, antes de abordar este estudio, es necesario determinar si los actos administrativos enjuiciados son susceptibles de ser demandados en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo o, si por el contrario, se trata de un acto de ejecución y, por tanto, escapa del control de legalidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. Control de legalidad de los actos administrativos que dejan sin vigencia la facilidad de pago otorgada por la UAE - DIAN.

2.1. La calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de trámite es primordial para determinar si es susceptible de control de legalidad, así se desprende del artículo 135 del CCA —norma aplicable al caso concreto—, de cuyo contenido se infiere que es posible reclamar ante esta jurisdicción la nulidad de un acto particular que ponga fin a un proceso administrativo(7), es decir, un acto administrativo definitivo.

Son actos definitivos, los “que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”, así lo dispone el artículo 50 del CCA.

2.2. Al respecto, esta Sección ha dicho:

Por acto administrativo se entiende toda manifestación de la administración con capacidad para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, esto es, una decisión encaminada a producir efectos jurídicos en los derechos u obligaciones de los administrados, sean subjetivos, personales, reales o de crédito.

La jurisdicción ejerce su control, para verificar que se ajusten a la legalidad, pero debe tenerse en cuenta que la impugnabilidad recae sobre los actos definitivos, es decir, sobre aquellos que exteriorizan la voluntad de la Administración para producir efectos en derecho, pues no se justifica un pronunciamiento sobre actos que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica, como son los de trámite, que se limitan a dar impulso a la actuación. Los actos de trámite no son susceptibles de control judicial, salvo que impidan al administrado continuar con la actuación. […](8).

2.3. En efecto, el acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular es una declaración de voluntad dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir que crea, reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas; por lo tanto, es susceptible de control de legalidad, a diferencia de lo que ocurre con los actos preparatorios, los de simple ejecución y los de trámite.

2.4. Tratándose del acto administrativo que deja sin efectos la facilidad de pago concedida a los contribuyentes que tienen deudas fiscales con la Administración, esta Sección ha admitido el control judicial al señalar que “es un acto que modifica la situación jurídica que se había creado a favor del contribuyente al concederle la facilidad”(9), es decir, constituye una declaración unilateral de la voluntad de la administración tributaria, que modifica la situación jurídica del beneficiario, toda vez que:

a) Se le excluye del tratamiento preferencial que implica el acuerdo de pago: Con la facilidad o acuerdo de pago se concede al contribuyente en mora un término de gracia para el pago de sus obligaciones, bajo condiciones más favorables que las del procedimiento de cobro coactivo, el cual se suspende. Luego, se trata de un período especial, en el que se brinda un tratamiento preferencial para que el contribuyente realice el pago de conformidad con sus posibilidades financieras, y que por demás, resulta más favorable que el procedimiento de cobro coactivo.

b) El contribuyente es afectado por medidas cautelares: Con la revocatoria del acuerdo de pago debe procederse a la práctica de medidas cautelares o volver a hacerlas efectivas, si se hubieren dictado previamente y se suspendieron con motivo de la concesión de la facilidad de pago.

c) Las garantías otorgadas pueden cobrarse coactivamente: A partir de la ejecutoria del acto de revocatoria, aquellas garantías que el contribuyente otorgó en el acuerdo de pago, se convierten en títulos ejecutivos(10).

d) Se reanuda el término de prescripción de la acción de cobro: El acuerdo de pago interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro que puede ejercer la administración. Una vez se revoca la facilidad de pago, se reanuda dicho término.(11)(12).

2.5. Sin embargo, habrá eventos en los que dicho acto administrativo —el que deja sin efecto una facilidad de pago—, no será susceptible de control de legalidad al tratarse de un acto de ejecución, es decir, de aquellos que “se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa(13), sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado”(14).

2.6. Es el caso, por ejemplo, del acto por medio del cual se deja sin efecto el acuerdo de pago suscrito con la Administración Tributaria, expedido por fuera del trámite del proceso del cobro coactivo, evento en el que adquiere la connotación de un acto de ejecución, en la medida en que constituye un trámite previo y obligado para dar inicio a esa actuación —la de cobro coactivo—.(15)

2.7. Otro es el tema, cuando la Administración declara sin vigencia una facilidad de pago y la parte perjudicada con esta decisión alega que no se configuraron los supuestos previstos en el artículo 814-3 del E.T., según el cual, la vigencia de la facilidad de pago concedida por la Administración de Impuestos está supeditada al pago oportuno de las cuotas otorgadas y al cumplimiento de las obligaciones tributarias que se generen con posterioridad al otorgamiento y notificación de la facilidad de pago, caso en el cual, esa actuación sería susceptible de control de legalidad ante esta jurisdicción.

3. El caso concreto.

3.1. Los hechos relevantes que están probados en el expediente son los siguientes:

3.1.1. El 19 de marzo de 1999, el representante legal de la sociedad Michel Plaza Ltda., le solicitó a la Administradora Local de Impuestos de Cartagena que estudiara y aprobara la “propuesta de convenio de pago” por concepto de los impuestos de renta, ventas y retención en la fuente, adeudados(16).

3.1.2. Mediante la Resolución 125 de 31 de marzo de 1999, la Administradora de Impuestos de Cartagena le concedió a la sociedad contribuyente la facilidad para el pago en 42 meses de las obligaciones fiscales por concepto de renta del año 1997, retención en la fuente de los años 1995 [periodo 3] y 1998 [periodo 10] y del impuesto sobre las ventas de los años 1995 [periodos 4 y 5], 1996 [periodos 1, 2, 4, 5 y 6], 1997 [periodos 1, 2 y 3] y 1998 [periodos 2, 3, 4 y 5], por las sumas totales de $134.114.000 por impuesto, $267.000 por sanciones y $152.175.565 por intereses(17).

3.1.3. El 5 de enero de 2000, la apoderada de la sociedad le ofreció a la DIAN, en dación en pago y por los tributos adeudados por concepto de renta, ventas y retención en la fuente de los años 1995 a 1998, el bien inmueble distinguido con la Matrícula Inmobiliaria 060-173715(18).

3.1.4. El 23 de marzo de 2000, la Administradora Local de Impuestos de Cartagena profirió la Resolución 000085 por la que dispuso: (i) dejar sin efecto la facilidad de pago y declarar sin vigencia el plazo concedido, (ii) ordenar las medidas de embargo de cuentas corrientes y bienes a nombre de la sociedad contribuyente, para su posterior remate y (iii) señalar que para esa fecha la sociedad adeudaba las sumas de $132.281.000 por concepto de impuestos, $267.000 por sanciones y $103.047.000 por intereses(19).

3.1.5. Contra la anterior decisión la apoderada de la sociedad interpuso recurso de reposición(20), que fue resuelto con la Resolución 000131 del 17 de mayo de 2000, confirmando el acto administrativo recurrido(21).

3.1.6. El 4 de julio de 2000, la Jefe del Grupo Coactiva de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos de Cartagena profirió el Auto de Embargo 000856 por el que se dispuso ordenar el embargo del bien inmueble ubicado en Arroyo de Piedra Bolívar Lote A-1 identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria 060-173715(22).

3.1.7. El 5 de octubre de 2000, la Jefe de la División de Cobranzas expidió el Mandamiento de Pago 002297 por el que libró orden de pago a favor de la Nación y con cargo a la sociedad Michel Plaza Ltda., por la suma de $133.321.000, de los que $133.054.000 corresponden a los impuestos y el remanente a sanciones(23).

3.1.8. El 20 de noviembre de 2000, la apoderada de la sociedad propuso la excepción de falta de ejecutoria del título contra el citado mandamiento de pago(24), que se declaró no probada con la Resolución 000277 de 5 de diciembre del mismo año(25).

3.1.9. El 15 de enero de 2001, la apoderada de la sociedad interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión(26), que fue confirmada con la Resolución 900005 del 22 de marzo de 2001(27).

3.2. En el caso sub examine, se observa que el incumplimiento de la facilidad de pago fue la que condujo a que se iniciara el proceso de cobro coactivo contra la sociedad contribuyente, trámite en el que la parte actora, como en efecto lo hizo, bien podía controvertir la obligación tributaria.

Es decir, en este asunto, el acto que dejó sin efecto la facilidad de pago otorgada a la sociedad Michel Plaza Ltda., y declaró sin vigencia el plazo concedido se trata de un acto de ejecución, en la medida en que constituye un trámite previo y obligado para dar inicio al proceso de cobro coactivo respecto de las obligaciones pendientes de pago.

3.3. Nótese que los argumentos propuestos en esta oportunidad, con los que se pretende obtener la nulidad de la actuación demandada, tienen que ver con la tesis, según la cual, el otorgamiento de una garantía por parte del deudor para que se le otorgue la facilidad de pago y la orden de hacerse efectiva por parte de la Administración Tributaria, conduce a la extinción de la obligación de carácter fiscal, cuestionamiento que es propio de plantearse en el curso de la actuación administrativa de cobro coactivo, como excepción en contra del mandamiento de pago.

3.4. En otras palabras, en el caso sub examine la parte actora “subsumió” lo atinente a la facilidad de pago en una excepción de solución de la obligación, propia de alegarse en el procedimiento de cobro forzoso de la obligación tributaria.

3.5. En este orden de ideas, se concluye que como los actos administrativos demandados, en este caso concreto, se consideran de ejecución y no son plausibles de control de legalidad ante esta jurisdicción, lo procedente es abstenerse de abordar el estudio del asunto planteado. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, la Sala se inhibirá de emitir pronunciamiento de mérito.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revócase la sentencia del catorce (14) de junio de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Descongestión. En su lugar:

Inhíbese de proferir pronunciamiento de mérito en relación con la Resolución 000085 del 23 de marzo de 2000, por la que la Administración Local de Impuestos de Cartagena dejó sin efecto la facilidad de pago otorgada a la sociedad Michel Plaza Ltda., declaró sin vigencia el plazo concedido y ordenó las medidas de embargo de cuentas corrientes y bienes a nombre de la sociedad contribuyente, confirmada por la Resolución 000131 del 17 de mayo de 2000.

2. Reconócese Personería a la doctora Maritza Alexandra Díaz Granados, como apoderada de la UAE - DIAN, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible en el folio 15, cdno. ppal. 2.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Presidente de la Sección—Stella Jeannette Carvajal Basto—Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 

(1) Folios 165 a 167, cdno. a. 1.

(2) Folios 181 a 183, cdno. a. 1.

(3) Folios 184 a 191, cdno. a. 1. El ofrecimiento de dación en pago obra en los folios 174 a 175, cdno. a. 1.

(4) Folios 195 a 196, cdno. a. 1.

(5) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente 130012331000200201578-01 [17721], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(6) Ver la Resolución 900.007 de 26 de septiembre de 2005, por la que se resolvieron las excepciones.

(7) “ART. 135.—La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.
[…]”

(8) Sentencia de 12 de junio de 2008, Radicado 08001-23-31-000-2004-02721-01 [16288], C.P. Ligia López Díaz.

(9) Sentencias del 9 de febrero de 2012, Radicado 13001-23-31-000-2002-01578-01 [17721], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(10) “ART. 828-4 E.T.: Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo: (…)
4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

(11) Artículo 818 E.T.

(12) Sentencia del 29 de octubre de 2014, Radicado 080012331000-2010-01148-01 [19473], C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, Radicación 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784). Ver también sentencias del 15 de noviembre de 1996, Expediente 7875, C.P. Consuelo Sarria Olcos, del 9 de agosto de 1991, Expediente 5934 C.P. Julio Cesar Uribe Acosta y del 14 de septiembre de 2000, Expediente 6314 C.P. Juan Alberto Polo.

(14) Auto del 26 de septiembre de 2013, Radicado 680012333000-2013-00296-01 [20212], C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(15) En este sentido Cfr. el auto de 15 de mayo de 2014, Radicado 200012333000-2013-00005-01 [20295], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Lo que buscaba el demandante en esa oportunidad era que se revocara el acto que dejó sin efectos el acuerdo de pago y se declarara extinguida la obligación, lo que “subsumía” lo atinente a la facilidad de pago en una excepción de solución de la obligación que debía alegarse en el procedimiento de cobro forzoso que pretendía iniciar la administración. Por eso se consideró que no se trataba de un acto definitivo.

(16) Folios 148 a 149, cdno. a. 1.

(17) Folios 165 a 167, cdno. a. 1.

(18) Folios 174 a 175, cdno. a. 1.

(19) Folios 181 a 183, cdno. a. 1.

(20) Folios 184 a 191, cdno. a. 1.

(21) Folios 195 a 196 cdno. a. 1.

(22) Folio 198, cdno. a. 1.

(23) Folios 207 a 208, cdno. a. 1. La DIAN profirió el Mandamiento de Pago 002297 de 5 de octubre de 2000, por las deudas relacionadas en la facilidad de pago en estudio, excepto por ventas del año 1995-4 y por retención en la fuente del año 1995-3, que están contenidas en el Mandamiento de Pago 900006 de 27 de marzo de 2001 [fls. 299 a 300, cdno. a. 1], contra el que se propusieron excepciones, las que fueron resueltas con la Resolución 900024 de 14 de mayo de 2001 [fls. 344 a 346, cdno. a. 2], confirmada con la Resolución 900013 de 6 de julio de 2001 [fls.347 a 349, cdno. a. 2].

(24) Folios 221 a 231, cdno. a. 1.

(25) Folios 236 a 238, cdno. a. 1.

(26) Folios 261 a 272, cdno. a. 1.

(27) Folios 302 a 305, cdno. a. 1.