Sentencia 2000-01338 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad. 20001233100020000133801 (30857)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Luis Roberto Troncoso Maestre y otro

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

3.1 Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo del Caquetá, tal como lo dispone el art. 129 del C.C.A.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, desde el 9 de septiembre de 2008(2), tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa, fundamentados en error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se surten ante los Tribunales Contenciosos.

3.2 Asunto que la Sala debe resolver

Corresponde a la Sala analizar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por la llamada en garantía, contra la sentencia del 30 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, en aras de establecer si existe responsabilidad de la demandada como consecuencia de los perjuicios sufridos por la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva a que estuvo sometido el señor Luis Roberto Troncoso Maestre, de ser ello así se pasará a analizar el periodo y monto reconocido como reparación, para finalmente se determinar si hay lugar al reembolso impuesto en contra de la llamada en garantía.

3.2.1 Juicio de Responsabilidad

La parte actora concreta el daño a partir de los perjuicios sufridos como consecuencia de la investigación penal iniciada mediante auto del 1 de agosto de 1991, la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad a que estuvo sometido el señor Troncoso Maestre, entre el 24 de marzo de 1994 y el 7 de julio de 1995 y la condena impuesta de 44 meses, medidas que considera injustas en tanto la investigación culminó con la preclusión.

En virtud de lo expuesto, pasa la Sala a establecer el daño, su antijuridicidad y a determinar si le resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación; porque de ser ello así será menester confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad de la demandada y la condenó al pago de perjuicios materiales y morales.

3.2.3 Hechos probados

Serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo y los decretados en esta instancia que acreditan los siguientes hechos:

3.2.3.1 El 12 de junio de 1991 el Juez Quinto de Instrucción Criminal del municipio de Codazzi, mediante edicto, “llama, cita y emplaza a Luis R. Troncoso M. de anotaciones civiles y personales desconocidas en autos para que en el término de cinco (5) días hábiles (...) se presente a rendir declaración indagatoria que le resulta dentro de la presente investigación”, advirtiéndole que “si dentro de dicho término se presenta, se le administrará justicia (sic) que le asiste, pero si transcurrido dicho término no compareciere se le declarará persona ausente, y se le designará defensor de oficio que lo asista (...)”. El edicto se fijó durante los días 12 de junio de 1991 a 18 de junio del mismo año (fl. 219 c. ppal.). El 20 de junio de 1991, se resolvió declarar persona ausente al señor “Luis R. Troncoso M.” y designarle defensor de oficio (fl. 260 c. ppal.) y el 1 de agosto de 1991, decretarle medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva (fls. 262-265 c. ppal.).

3.2.3.2 El 16 de septiembre de 1991, el Juez Quinto de Instrucción Criminal del municipio de Codazzi ordenó oficiar a la Registraduría del Estado Civil de Santa Marta y de Bogotá dado que el sindicado Luis R. Troncoso M. firmó el cheque utilizando para la estafa el número de cédula “12.548.064 o 12.548.069 de la ciudad de Santa Marta (...) a fin de que informe en qué fecha fue expedido el documento; qué lugar de residencia anotó al momento de la solicitud para la obtención de dicha cédula (...)” (fl. 275 c. ppal.). Obra en el expediente la cartilla decadactilar correspondiente a la cédula de ciudadanía No. 12.548.064 que pertenece al señor Luis Roberto Troncoso Maestre, en la que se consignó la siguiente dirección: departamento del Magdalena, municipio de Santa Marta, Calle 18 # 16-30 (fl. 291 c. ppal.).

3.2.3.3 El 30 de abril de 1993, la Fiscal Seccional Veintiséis de Codazzi, Josefa Cotes Torres, calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra del señor Luis Roberto Troncoso Maestre, por los punibles de estafa y falsedad (fls. 295-301 c. ppal.). En esta misma fecha, la secretaria común de la Unidad Codazzi (E) le solicitó al Director de la Emisora Voz Guatupuri difundir el nombre de Luis Roberto Troncoso Maestre “para que se presente a la Fiscalía Veintiséis Unidad Codazzi en el término de ocho días hábiles a partir de la fecha para notificarle una resolución expedida por dicha Fiscalía” (fl. 302 c. ppal.). Es de anotar que para entonces ya se conocía el lugar de residencia del inculpado.

3.2.3.4 El 15 de febrero de 1994, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar profirió sentencia condenatoria contra el señor Luis Roberto Troncoso Maestre por los delitos de falsedad en documento privado y estafa, estableciendo la pena principal de 44 meses de prisión y multa de $ 50.000. Así mismo, reiteró la orden de captura vigente en su contra (fls. 39-63 c. ppal.).

3.2.3.5 El 16 de junio de 1995, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar tuteló el derecho fundamental a la defensa material al accionante Luis Roberto Troncoso Maestre, procesado por los delitos conexos de falsedad en documento privado y estafa, cuyo juicio se adelantó en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar. Como consecuencia de dicha decisión anuló el proceso penal a partir del auto del 17 de enero de 1992, por el cual se declaró cerrada la investigación, inclusive. Así mismo, remitió el expediente contentivo del proceso penal adelantado al accionante a la Fiscalía a efectos de dar cumplimiento al fallo y practicar todas las pruebas encaminadas a demostrar tanto la responsabilidad como la inocencia del sindicado (fls. 15-38 c. ppal.).

3.2.3.6 El 11 de septiembre de 1998, la Fiscalía Veintisiete, Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar calificó el sumario en la investigación adelantada en contra del señor Luis Roberto Troncoso Maestre, por los delitos de estafa y falsedad con resolución de preclusión de instrucción, por considerar que no incurrió en las conductas delictivas endilgadas. Así mismo dispuso revocar la medida detentiva proferida el 1 de agosto de 1991, cancelar las órdenes de captura impartidas en su contra y declarar extinguida la acción penal (fls. 7-14 c. ppal.).

3.2.3.7 El 15 de Septiembre de 2000, el Dactiloscopista de la Cárcel Judicial de Santa Marta certificó que el señor Luis Roberto Troncoso Maestre ingresó a dicha dependencia el “24 de marzo del año 1994, a órdenes del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar; por el delito de falsedad y se dio libertad mediante boleta # 055 de fecha 7 de julio de 1995, emanada de la Fiscalía 27 Delegada ante Juzgados Penales del Circuito de Valledupar (...)” (fl. 64 c. ppal.).

3.2.3.8 El 14 de septiembre de 2000, el abogado Víctor Manuel Barrios Diazgranados hizo constar que el señor Luis Roberto Troncoso Maestre le canceló “la suma de dos millones quinientos mil pesos ($ 2’500.000) por concepto de honorarios como defensor en el proceso penal que lo llevó a permanecer 15 meses recluido en el Centro Penitenciario del Distrito de Santa Marta” (fl. 3 c. ppal.).

3.2.3.9 El señor Luis Roberto Troncoso Maestre es hijo de la señora Regina Mercedes Maestre Yeris (fl. 4,6 c. ppal.) persona que también figura como madre en la cartilla decadactilar (fl. 291 c. ppal.).

3.2.4 Análisis del caso

Como lo relatan los antecedentes, la parte actora solicita declarar responsable a la Fiscalía General de la Nación, por considerarla responsable de los perjuicios sufridos como consecuencia de la investigación penal iniciada mediante auto del 1 de agosto de 1991, la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad a que estuvo sometido entre el 24 de marzo de 1994 y el 7 de julio de 1995 y la condena impuesta de 44 meses. Medidas que considera injustas en tanto la investigación culminó con preclusión a su favor.

Para lo cual es menester precisar, tal como lo viene sosteniendo la jurisprudencia de esta corporación:

“(...) en los eventos en los que se demuestre que la privación de la libertad fue injusta, y esta lo será siempre que se acredite en el proceso que el afectado con la medida restrictiva no tenía por qué soportarla, se está ante un daño imputable al Estado, que debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, así las razones de absolución o de preclusión de la investigación no obedezcan a ninguna de las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal ya derogado. Cabe destacar que frente a casos como este corresponde a la parte actora acreditar cuál fue la actuación del Estado, y que dicha actuación produjo un daño antijurídico, además de que existe nexo de causalidad entre la primera y el segundo...”(3).

En el sub lite, se evidencia que al señor Luis Roberto Troncoso Maestre el 1 de agosto de 1991, se le decretó medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva dentro del proceso penal seguido en su contra. Para el efecto se sostuvo:

“(...)

Hay un hecho cierto, con las plenarias que el cheque número J2153691 por la suma de dos millones setencientos pesos (sic) ($ 2.700.000.oo) del Banco de Bogotá fue presentado y cobrado a institución (sic), por el procesado Luis R. Troncos, de fondos pertenecientes a la cuenta corriente (...). Es este el indicador que nos permite inferir en forma lógica la existencia de otro hecho el cual consiste que el autor del ilícito es el procesado Luis R. Troncoso, quien fue la persona que endosó el cheque por el valor de (...) se constituye esta circunstancia en un indicio grave de responsabilidad, motivo que tendrá en cuenta el despacho para decretar medida de aseguramiento en la modalidad de detención preventiva (...)

Medida adoptada una vez declarado persona ausente y designado defensor de oficio.

Se probó, también, que el 30 de noviembre de 1993, la Fiscal Seccional Veintiséis de Codazzi, resolvió proferir resolución de acusación en contra del señor Luis Roberto Troncoso Maestre, por los punibles de estafa y falsedad (fls. 295-301 c. ppal.). Señaló:

“(...)

En lo tocante a la responsabilidad, se tiene que esto (sic) recae en cabeza de Luis Roberto Troncoso Maestre, pues es la persona que presentó al Banco y ejerciendo la acción cambiaria presentó el cheque que finalmente le fue pagado, entregando su cédula de ciudadanía de quienes se hicieron retratos hablados guardando similitud con la cartilla decadactilar lo que nos sirve para establecer identificación y al propio tiempo comprometerlo en calidad de autor en los delitos en mención, que al realizar tal acto, no solo quiso sino que logró su realización por eso se infiere el dolo suficiente para luego asignarle culpabilidad por los restos criminosos debiendo responder penalmente por tal conducta desplegada. Llevándonos también a establecer que ese resultado fue producto de ese accionar delictivo (...)”.

El 15 de febrero de 1994, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar condenó a la pena principal de 44 meses de prisión y multa de $ 50.000 al señor Luis Roberto Troncoso Maestre por los delitos endilgados y reiteró la orden de captura vigente en su contra.

En dicha sentencia se consideró:

“(...)

Todos los elementos de análisis que antes hemos expuesto nos sirven de fundamento para concluir que todo apunta hacia Luis Roberto Troncoso Maestre como autor responsable tanto del punible de falsedad en documento privado como del delito de estafa, del que resultó afectado el Banco de Bogotá de Codazzi. De desarrollo de este análisis buye (sic) sin mayor esfuerzo la tipicidad y la antijuridicidad componentes que unidos a la culpabilidad arroja como resultado el hecho punible, de ellos no ha hecho mayor referencia porque nadie se atrevería a dudar que la conducta que ocupa nuestra atención es a todas luces típica y antijurídica y hemos tratado de ahondar más en cuanto al tercer aspecto que lógicamente está muy ligado a la identidad y al resultante de responsabilidad del sindicado.

(...)

Estamos de acuerdo en que si hubiera sido posible la aprehensión de Troncoso Maestre, la labor de identificación hubiera sido mucho más fácil y se hubiese llegado a este momento procesal por un camino expedito, no obstante como ya lo hemos plateado con este mismo fin corresponde hacer uso de otro tipo de abstracciones, de deducciones y análisis, que sin duda implica mayores dificultades para llegar a la conclusión a que hemos llegado, de ello puede deducirse entonces el porqué diferimos de la apreciación de la defensa y contrario a su petito el fallo ha sido condenatorio.

Así mismo, se demostró que el 16 de junio de 1995, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar tuteló el derecho fundamental a la defensa material del señor Luis Roberto Troncoso Maestre, procesado por los delitos conexos de falsedad en documento privado y estafa, cuyo juicio se adelantó en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar y que como consecuencia de dicha decisión anuló el proceso penal a partir del auto del 17 de enero de 1992, por el cual se declaró cerrada la investigación, inclusive. Así mismo, remitió el expediente contentivo del proceso penal adelantado al accionante a la Fiscalía, a efectos de dar cumplimiento al fallo y practicar todas las pruebas encaminadas a demostrar tanto la responsabilidad como la inocencia del sindicado. En dicha providencia se estableció que:

“(...) se ve con hialina claridad que el procesado Troncoso Maestre estuvo huérfano de defensa a lo lardo de todo el proceso que culminó con su condena. En efecto, en un momento dado del proceso se justificó el impartimiento de órdenes captura contra el incriminado en forma imprecisa e indeterminada, en lo que a su dirección se refería; sin embargo, una vez que el Juez Quinto de Instrucción Criminal obtuvo la dirección exacta del sindicado, le resultaba un imperativo procesal la emisión de nuevas órdenes de captura indicando en ellas la referida dirección residencial. Con este sencillo y lógico proceder no solo se lograría la comparecencia del incriminado al proceso para que rindiera los descargos que a bien tuviese, sino que de igual manera se le garantizaba el intangible derecho de defensa; derecho fundamental este que no podía ejercitar hasta tanto él no estuviese enterado de que en su contra cursaba un proceso penal por los delitos de falsedad y estafa.

(...) queda claro pues, que toda persona a quien se le haga una imputación delictual tiene derecho a la defensa, tanto material como técnica, no solo en la etapa del juzgamiento sino en el periodo importante de la investigación. Pero este derecho fundamental principal no puede ejercitarlo el imputado, o el sindicado, si él no es enterado en forma oportuna de la investigación que se adelanta en su contra, existiendo los medios procesales para lograr tal cometido, cual ocurrió en el proceso adelantado contra Troncoso Maestre. Resulta oportuno destacar que la concepción del derecho de defensa plasmada en el art. 29 de la Carta ha zanjado, de una vez por todas, la añosa polémica doctrinaria y jurisprudencial en el sentido de si el derecho de defensa adquiría verdadera relevancia procesal en la etapa postrera del juzgamiento, o si, por el contrario, también surgía, e igualmente, debía ser tutelado en la fase instructiva del sumario. Del claro texto del artículo en mención no cabe la más tenue duda que el sacro derecho de defensa adquiere vida jurídica en el momento mismo en que una persona es vinculada a un proceso penal como imputado.

En el caso del proceso contra el accionante Troncoso Maestre es cierto que él fue juzgado en contumacia, mas no porque hubiera evadido deliberadamente la acción de la justicia, sino por la evidente desidia de los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso, los cuales no obstante que tuvieron conocimiento oportuno del lugar de residencia del sindicado rehusaron enviarle allí alguna boleta de comparendo, o una orden de captura, como lo hizo el juez de la causa después de haber proferido la sentencia condenatoria y una vez que este pronunciamiento se hallaba ejecutoriado, lo cual imposibilitó, en forma absoluta, el ejercicio del derecho de la defensa. En conclusión, como la no comparecencia al proceso no obedeció a la renuencia, o a la actitud elusiva del sindicado, sino a la negligencia de los funcionarios judiciales, como se ha reiterado hasta el agotamiento, de allí se infiere que a él se le negó por parte de dichos funcionarios el legítimo ejercicio de su derecho de defensa, lo cual se habría logrado si por los medios procesales estimados conducentes se le hubiera hecho comparecer al proceso, citándolo, o librando una orden de captura a la dirección tantas veces mencionada.

(...)

En el presente proceso penal el accionante Troncoso Maestre solo tuvo conocimiento del proceso penal que con él se adelantó en el momento en que fue capturado en cumplimiento de la sentencia condenatoria y cuando esta se hallaba debidamente ejecutoriada. En estas circunstancias aparentemente le quedaba aún expedito el camino procesal ordinario de la acción de revisión para enmendar lo que a su juicio ha sido un evidente entuerto procesal. En consecuencia, intentó la acción de revisión del proceso penal ante esta Corporación, en la cual con ponencia del mismo Magistrado conductor de esta acción fue denegada dicha revisión por deficiencias formales del libero introductorio, o lo que es lo mismo por fallas de índole técnica en la incoación de la acción. En estas circunstancias solo le quedaba al accionante en este proceso, como ultima ratio en la tuición de su derecho de defensa la utilización de la acción de tutela, la cual precisamente fue excogitada por el constituyente del 91 como mecanismo excepcional cuando en el caso de que se trata no exista ningún otro medio jurídico-procesal para hacer valer el derecho fundamental constitucional pretensamente vulnerado, como ha ocurrido en este proceso (...).

(...) así se ha dicho hasta la tautología, que el accionante Troncoso Maestre no tuvo ninguna oportunidad procesal para controvertir dentro del proceso penal que se le adelantó ninguna de las imputaciones que se le formularon, desde luego que él las desconoció en absoluto, debiendo conocerlas ya que en el folio 124 del proceso penal referido aparecía su dirección residencial a la cual se le podía comunicar cualquier determinación que los funcionarios judiciales intervinientes en dicho proceso tomaran.

(...)

De las anteriores transcripciones se entiende, con fulgente claridad, que las vías de hecho en que incurra un funcionario judicial en evidente desmedro de un derecho fundamental procesal, puede originar la revisión o la modificación de tal actuación irregular de dicho funcionario, así esta se encuentre en firme, tanto más si esa actuación, como ocurre en el presente proceso, se concreta en “la omisión de una actuación judicial de la cual depende el ejercicio de un derecho fundamental.

En el presente caso es incuestionable que de la cita personal del procesado Troncoso Maestre, o de su captura en su residencia en Santa Marta, dependía de manera absoluta el ejercicio de su derecho fundamental a la defensa procesal y que, como ninguno de los funcionarios que actuaron en el proceso decidieron cumplir con tal deber, con esa omisión quebrantaron, de manera irreparable, al accionante en este proceso el derecho que tenía de saber cuáles eran los cargos que contra él se hacían y cuáles eran los medios que tenía a su alcance para defenderse de ellos.

(...)

(...) entiende esta Sala que la repudiable omisión en que incurrieron los funcionarios judiciales en el proceso adelantado contra Troncoso Maestre, puede ser citado como paradigma de comportamiento omisivo procesal, de “los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados del derecho...” y fueron tan nocivas las consecuencias de tal reiterada omisión, que merced a ella el accionante fue condenado y la sentencia respectiva se ejecutorió a sus espaldas, ya que él nunca supo que en su contra se adelantaba proceso alguno. En conclusión, no se le cercenó, sino que por una reprobable vía de hecho judicial se le denegó en forma absoluta su derecho de defensa.

(...)

(...) que decir de la situación procesal del accionante quien no solo no tuvo la indeficiente oportunidad de solicitar pruebas, sino, y lo que es más grave, ni siquiera tuvo la oportunidad de saber que contra él se adelantaba un proceso, debido a la perniciosa incuria de los funcionarios instructores y en menor parte del juez de la cauca? (sic) Para la Sala es claro que si la violación del derecho de defensa admitiera gradación, o estratificaciones jurídicas, no habría duda de que la comprobada en este proceso es de magnitud suma, quebrantamiento este que amerita la tutela del derecho menospreciado.

(...) entonces se plantea como única alternativa procesal y fructífera para los fines propuestos en la presente acción, la anulación del proceso penal adelantado contra Troncoso Maestre, desde el auto que declaró cerrada la investigación y que obra a folio 125 del cuaderno original, para que una vez reactivada la fase investigativa del proceso se practiquen todas las pruebas que solicite el sindicado en su defensa, así como las que ex oficio estime pertinentes el Fiscal a quien corresponda el negocio. Entre otras pruebas no podría faltar el reconocimiento en fila de personas del imputado, por parte de las personas, o los empleados del banco que estuvieron presentes al momento del cobro del cheque, el cotejo grafotécnico entre las huellas dactilares del accionante Troncoso Maestre y la huella al parecer del índice derecho que se encuentra en el reverso del cheque Nro. J21153691, por valor de $ 2.700.000 pesos, girado a favor de Luis Troncoso (...). También se debe practicar prueba grafotécnica entre los signos escriturales del accionante Troncoso Maestre y la firma que aparece en el envés del cheque antecitado (sic). Para estas dos pruebas se requiere el original del cheque, que el banco girado debe poner a órdenes de la Fiscalía (...).

Existe un aspecto importante que no puede eludir este fallo, como lo es el atinente a la libertad del accionante. En efecto, como la anulación del proceso se ordenará a partir del auto de clausura de la investigación, (...) retrotraída la actuación a la etapa sumarial, de allí se seguirá que el accionante Troncoso Maestre tendría más de ciento veinte días de estar privado de su libertad, como consta de autos (...) sin que sobre él pese resolución acusatoria, por tal virtud se haría merecedor de la libertad provisional, de conformidad con el numeral4 del art. 415 del C.P.P. sin embargo, estima la Sala que esta es una decisión que debe tomar el Fiscal Instructor cuando el proceso llegue a su despacho, bien de oficio, o por solicitud del procesado en el proceso penal. Y ello es así, ya que el juez de tutela solo puede tomar, y de modo excepcional, determinaciones encaminadas a restaurar los derechos fundamentales vulnerados, empero no puede, so pretexto de salvaguarda de esos mismos derechos arrogarse atribuciones procesales que solo incumben a la Fiscalía o al Juez de la causa, dad su naturaleza intrínseca, como es la concesión de la libertad provisional caucionada, la cual está sometida a un ritual especial en el C. de P.P., el que no puede aplicar el juez de tutela.

(...)”.

Se encuentra acreditado, igualmente, que mediante boleta # 055 de fecha 7 de julio de 1995, emanada de la Fiscalía Veintisiete, Delegada ante Juzgados Penales del Circuito de Valledupar, se ordenó la libertad del señor Troncoso Maestre.

El 11 de septiembre de 1998(4), la Fiscalía Veintisiete Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar en orden a calificar el sumario en la investigación adelantada en contra del señor Luis Roberto Troncoso Maestre, precluyó la investigación en su favor por considerar que el sindicado no cometió los delitos endilgados, además revocó la medida detentiva proferida el 1 de agosto de 1991, canceló las órdenes de captura impartidas en su contra y declaró extinguida la acción penal. Tal decisión se fundamentó en que:

“ (...)

En el evento que nos ocupa no se dan los presupuestos indicados en el artículo 441 el Estatuto Procesal Penal en su actualidad, porque si bien es cierto que se encuentra demostrada la ocurrencia del hecho, no es menos cierto que se adolece de la prueba necesaria que compromete la responsabilidad del imputado Luis Roberto Troncoso Maestre, porque su presencia en la ciudad de Codazzi el día 23 de abril de 1991, resulta difícil de aceptar o tener como cierta y antes por el contrario aparecen graves indicios de que no tuvo ninguna participación en los hechos por los cuales fue investigado, juzgado y sentenciado, sentencia que se anuló a través de la vía de tutela y porque las apreciaciones que hizo el magistrado disidente cuando el hoy procesado instauró la acción de revisión ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar tiene su fundamentación lógica para deducir que Troncoso Maestre no estuvo para la época de los hechos en esta población y que no fue la persona que el día 23 de abril de 1991, cobró por ventanilla el cheque Nro. J21153691 de la agencia del Banco de Bogotá, pues también se le había perdido o extraviado su cédula de ciudadanía y no fue reconocido por ninguno de los empleados de la Entidad crediticia como la persona autora de los hechos.

En su injurada Troncoso Maestre es claro en señalar que no había estado en la población de Codazzi y que jamás ha cambiado cheque en el Banco de Bogotá y niega que la letra de la firma y la huella dactilar que tenía el título valor fuese de él y si observamos detenidamente la declaración de Ramiro Quintero Cristancho rendida el 26 de abril de 1991, (...) quien se desempeñaba como Jefe de Operaciones del Banco de Bogotá dice quien cobró el cheque es un señor gordo, de baja estatura, pelo achinado, moreno y que el compañero era alto, delgado y más negro, cabellos crespos, vemos que esas características no coinciden en su totalidad con las del procesado Troncoso Maestre, como tampoco las que señala (ilegible) Leonor Ávila Peñalosa en su declaración de fecha 24 de abril de 1991 (...) en la que advierte que el tipo que fue a cobrar el cheque era moreno, bajito, cabello liso, de color negro, pues la persona que este Despacho escuchó en indagatoria, no es de cabello liso, sino ondulado, de crespos y si observamos lo que dice Carlos Bautista (ilegible) en su testimonio (...) de fecha 26 de abril de 1991, este señala que la persona que cobró el cheque o a quien se lo pagaron tenía el cabello un poco (ilegible) y largo como afro.

De estos declarantes se tiene como conclusión que ninguno de ellos con las características morfológicas de la persona que cobrara o hiciera efectivo el cheque y ninguna de ellas describe acertadamente al señor Luis Roberto Troncoso Maestre y como quiera que la foto identificación tomada a la persona que cobró el título valor no quedó legible, mal podría esta Fiscalía atribuirle responsabilidad penal al señor Troncoso Maestre para proferir resolución acusatoria y antes por el contrario, precluir la investigación es lo más ajustado a derecho, toda vez que, no existe prueba alguna que controvierta su dicho consistente en habérsele perdido la cédula de ciudadanía en la ciudad de Santa Marta, antes de la ocurrencia de los hechos, no haber estado en la población de Codazzi, cuando los mismos sucedieron, no haberse demostrado que la huella o la firma que fue implantada en el título valor corresponda al señor Troncoso Maestre, a más de que en este momento ni siquiera el original del título valor que dio inicio al presente asunto, milita en autos, siendo una prueba fundamental para establecer la falsedad y además las huellas y firmas que se estamparon en tal documento, las cuales no pueden confrontarse con las fotocopias que le fueron tomadas al original del título valor.

(...)

Es imperativo del Estado de Derecho y de los funcionarios judiciales reconocer en cualquier momento la presunción de inocencia que todo procesado tiene y que solo puede ser desechada cuando existan pruebas contundentes y serias y no meras suposiciones, sospechas y conjeturas, pues endilgarle responsabilidad penal a una persona a quien se le ha extraviado o perdido un documento de identificación, resulta absurdo y puede dar lugar a que se comentan injusticias, pues fácilmente ello ocurre a diario con los ciudadanos colombianos de buenas costumbres y quienes precisamente se benefician de tal situación, son quienes permanentemente delinquen y son los infractores continuos de la ley los que llegan a despojar a las gentes de bien de sus documentos personales o de identificación para cometer ilícitos y despistar a las autoridades.

(...)”.

Se encuentra acreditado que el señor Luis Roberto Troncoso Maestre ingresó a la cárcel de Santa Marta el 24 de marzo de 1994 y egresó el día 7 de julio de 1995 y que se mantuvo vinculado a la investigación penal hasta el 23 de octubre de 1998. Día en que se le notificó la providencia que precluyó la investigación antes transcrita.

De acuerdo con lo anterior, no existe duda de que el Estado debe responder por el daño causado i) como consecuencia de la privación de la libertad que el señor Luis Roberto Troncoso Maestre, no tenía que soportar, pues la Fiscalía General de Nación, profirió medida de detención preventiva, sin que los hechos que se le endilgaban se hubiesen demostrado y por lo mismo sin haber desvirtuado la presunción de inocencia y ii) tres años más tarde precluyó la investigación.

Es que tratándose de responsabilidad extracontractual en nuestro ordenamiento rige el principio según el cual la reparación persigue la indemnidad de la víctima, en eventos como en el sub lite en que la misma no tenía que soportar el daño, como quiera que contrario a lo que sostiene la entidad demandada, no se acreditaron los elementos necesarios para estructurar la responsabilidad penal endilgada.

Se encuentra suficientemente acreditado en el plenario, por la certificación expedida en la cárcel de Santa Marta, que el señor Luis Roberto Troncoso Maestre estuvo privado de la libertad entre el 24 de marzo de 1994 y el 7 de julio de 1995. Y es evidente que tal detención le causó un dañó, como consideró el a quo. Aunado a que aquello no fue lo único, pues el inculpado siguió vinculado a la investigación de los hechos, si se considera que aunque fue dejado en libertad el 7 de julio de 1995, solo tres años más tarde le fue precluida la investigación; conforme el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente No. 13.232—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora bien, esta Corporación ha reiterado que(5):

“(...) en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia, hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(6); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(7), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su Derecho Fundamental a la libertad(8).

Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos(9), según corresponda.

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el Juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(10).

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación No. 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la Víctima directa35% del Porcentaje de la Víctima directa25% del Porcentaje de la Víctima directa15% del Porcentaje de la Víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Conforme lo anterior, corresponde la suma equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los actores, considerando que el señor Troncoso Maestre estuvo privado de la libertad desde el 24 de marzo de 1994 hasta el 7 de julio de 1995, esto es 15 meses y 13 días, por lo que se aplicaría el criterio correspondiente a “cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses”. No obstante, teniendo presente que el a quo reconoció por daño moral el equivalente 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor Luis Roberto Troncoso Maestre y que no se trata de un caso de apelante único, pues la llamada en garantía también interpuso recurso, se puede disminuir lo reconocido en primera instancia en diez (10) salarios mínimos para el señor Troncoso e incrementar conforme el criterio, lo reconocido a la señora Regina Mercedes Maestre de Troncoso (madre del señor Luis Roberto) en cuarenta (40) salarios mínimos, para un total de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

No obstante, se duele la parte actora de que el periodo a indemnizar reconocido en primera instancia, no corresponde con el que en efecto duró el daño, que en su sentir fue de “85 meses y 11 días”, tiempo transcurrido entre la fecha del auto de detención preventiva (1 de agosto de 1991) y la de notificación de preclusión de la investigación (23 de octubre de 1998).

Al respecto es importante precisar que, el juez de tutela el 16 de junio de 1995, anuló del proceso desde el auto del 17 de enero de 1992, por el cual se declaró cerrada la investigación, inclusive, y remitió el expediente contentivo del proceso penal a la Fiscalía, entre otros, a efectos de practicar todas las pruebas encaminadas a demostrar tanto la responsabilidad como la inocencia del sindicado. Así, según la constancia expedida por la cárcel de Santa Marta, el señor Troncoso Maestre fue dejado en libertad el día 7 de julio de 1995, por orden de la Fiscalía Veintisiete Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar y solo hasta el 11 de septiembre de 1998, la Fiscalía Veintisiete Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar precluyó la investigación en su favor por considerar que el sindicado no cometió los delitos endilgados, además revocó la medida detentiva proferida el 1 de agosto de 1991, canceló las órdenes de captura impartidas en su contra y declaró extinguida la acción penal.

Conforme lo anterior, es importante aclarar que la demora de la entidad demandada en adelantar la nueva investigación penal que llevaría a identificar la responsabilidad del señor Troncoso Maestre en los delitos endilgados (desde el 16 de junio de 1995 hasta el 11 de septiembre de 1998), estando el señor Troncoso Maestre sub judice, vulneró su derecho constitucional de acceso a la administración de justicia, pues, no se corresponde con los términos establecidos en el ordenamiento(11), perentorios, particularmente cuando ponen en entre dicho la inocencia, la honra y la dignidad de los implicados, que una investigación tarde más de tres años, si se considera que precluyó el 11 de septiembre de 1998, luego de que en julio de 1995 se le diera la libertad.

Conforme lo anterior, se incrementará lo reconocido por daño moral a favor de la víctima directa, por la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia en treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora bien, en lo relacionado con los perjuicios materiales en el escrito de corrección de la demanda la parte actora solicitó el reconocimiento de una indemnización pecuniaria por concepto de daño emergente y de lucro cesante. El a quo accedió al reconocimiento de diez millones cuatrocientos veintinueve mil doscientos setenta y siete pesos ($ 10.429.277), a favor del señor Luis Roberto Troncoso Maestre, por concepto de daño emergente y sostuvo que correspondía “al pago de las suma de dinero que dejó de percibir (...) por concepto de salarios, durante el tiempo que permaneció recluido en la cárcel del distrito judicial de Santa Marta (...)”. Así mismo precisó que “al no probarse que salario devengaba el demandante el momento de ser capturado y por ser una persona económicamente productiva estos perjuicios se liquidarán tomando como base el salario mínimo legal vigente para la fecha de la sentencia, aumentado en un 30% por factor prestacional (...)”.

De acuerdo con lo anterior, es importante precisar que lo reconocido por el a quo corresponde al concepto de lucro cesante, no de daño emergente, pues aquel hace referencia a lo dejado de percibir como consecuencia del daño, como es el caso de los salarios, mientras que este cobija todo aquello que salió por igual circunstancia del patrimonio de la víctima.

Esta Corporación, en eventos como en el que ocupa la atención de la Sala, cuando no se tiene prueba de la actividad económica desempañada por la víctima, indemniza por concepto de lucro cesante, pues ello no tendría que desconocerse, en atención a que es lo que ordinariamente ocurre, de suerte que ha tenido como base para la liquidación de este perjuicio el salario mínimo, adicionado en un 25%(12) por concepto de prestaciones sociales. Así mismo, se considera procedente extender el periodo de tiempo indemnizado por el término en que el señor Troncoso Maestre debió quedar cesante una vez recuperó su libertad definitiva, el cual se estima en un período adicional de 35 semanas (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)(13).

Para el caso concreto habrá de tomarse como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente para esta sentencia, en razón a que si se actualiza el vigente para la época de los hechos(14), arroja un resultado menor(15).

En consecuencia, al salario base de liquidación, es decir a la suma de $ 616.000 de conformidad con la posición de la Sala, se le se adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales. De lo que se sigue que:

Salario base de liquidación = $ 616.000 + 25% = $ 770.000

Así las cosas, la liquidación de la indemnización por lucro cesante a favor de Luis Roberto Troncoso Maestre, comprenderá el periodo desde la fecha de la privación de la libertad (24 de marzo de 1994), hasta la fecha en que la Fiscalía Veintisiete Delegada ente los Jueces Penales del Circuito de Valledupar emite la boleta de libertad No. 055 (7 de julio de 1995). Es decir, 15 meses y 13 días, que equivale a 15,43 meses, periodo extendido en 35 semanas (8,75 meses), por lo que el período total a indemnizar será de 24,18 meses.

Indemnización debida o consolidada

S = Ra x (1 + 0,004867)n – 1
0,004867

Donde:

S = La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n= número de meses a indemnizar (desde la fecha de la privación de la libertad (24 de marzo de 1994), hasta la fecha en que la Fiscalía Veintisiete Delegada ente los Jueces Penales del Circuito de Valledupar emite la boleta de libertad No. 055 (7 de julio de 1995), 15,43 meses, más el periodo en que quedó cesante según estudio del SENA. Total: 24,18 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

S = $ 770.000 x (1,004867)24,18 – 1
0,004867
S = $ 19.707.632,64

Ahora bien, en cuanto al daño emergente existe prueba de que el señor Luis Roberto Troncoso Maestre le canceló al abogado Víctor Manuel Barrios Diazgranados “la suma de dos millones quinientos mil pesos ($ 2’500.000) por concepto de honorarios como defensor en el proceso penal que lo llevó a permanecer 15 meses recluido en el Centro Penitenciario del Distrito de Santa Marta”, razón por la que la Sala accederá a actualizar y reconocer dicha suma así:

RA = S x IPC FINAL
IPC INICIAL

RA = $ 2.500.000 x 117.49(16)
57.47(17)
RA = $ 5.110.927,44

3.2.5 Del llamamiento en garantía

Como quedó señalado, la llamada en garantía, dada la condena al 25% de lo que la demandada debe reconocer, interpuso recurso de apelación por considerar que las decisiones que afectaron la libertad del señor Troncoso Maestre fueron emitidas con anterioridad a su participación en el proceso penal, pues la orden de captura y la medida de detención preventiva las profirió el Juzgado Quinto de Instrucción Criminal radicado en Codazzi, el 17 de mayo y el 1 de agosto de 1991 respectivamente y su actuación en dicho proceso se dio a partir del 30 de abril de 1993, con la resolución de acusación.

Al respecto, es importante previamente recordar que el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política de 1991 señala:

“En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

Con el fin de analizar el factor subjetivo del comportamiento del agente estatal, en ejercicio de sus funciones, en el momento en que ocurrieron los hechos o actuaciones que dieron lugar al llamamiento en garantía y considerando que los mismos tuvieron lugar con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, es necesario remitirse al criterio de culpa grave y dolo definidas en el Código Civil:

“Artículo 63. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

(...)

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

No obstante esta Corporación(18) ha precisado que para determinar la culpa grave o el dolo, es menester tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.

Así mismo, en cuanto a los aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se trata de determinar la responsabilidad del agente, se ha expuesto:

“En consideración a lo anterior, la Sala(19) ha explicado que, para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aun así no lo hizo, o confió en poder evitarlo —actuación culposa—.”

Es claro entonces, que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios solo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo que podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública(20)(21).

Analizadas las pruebas aportadas al proceso, la única evidencia que se encuentra de la participación de la señora Josefa Cotes Torres en el proceso penal adelantado en contra del señor Luis Roberto Troncoso Maestre es la resolución de acusación, la cual se profirió el 30 de abril de 1993 por dicha funcionaria como Fiscal Seccional Veintiséis de Codazzi sin que se conozca porque no fue aportada la evidencia a la litis el término que la investigación estuvo bajo la responsabilidad de la funcionaria.

Ahora bien, ante la solicitud realizada el 16 de septiembre de 1991 por el Juez Quinto de Instrucción Criminal del municipio de Codazzi, William R. Diazgranados, la Registraduría aportó la cartilla decadactilar del señor Luis Roberto Troncoso Maestre en la que se consignó la siguiente dirección: departamento del Magdalena, municipio de Santa Marta, Calle 18 # 16-30, lugar de residencia del sindicado. No obstante, no se tiene evidencia de la fecha en que se allegó dicho documento al expediente, aunque por el folio asignado en el proceso penal (fl.123) pareciera que antecede a la providencia emitida por la señora Josefa Cotes Torres (fl.127-133), razón por la que como funcionaria investigadora, podía haber ubicado al señor Troncoso Maestre, a efectos de lograr su comparecencia al proceso penal, garantizándosele su defensa material.

No obstante, dichos elementos resultan insuficientes, para analizar el factor subjetivo del comportamiento de la llamada en garantía y calificar dicho comportamiento a título de dolo o de culpa grave, razón por la que la Sala absolverá a la llamada en garantía de la condena impuesta por el a quo.

Finalmente, estructurada como se encuentra la responsabilidad del Estado por el daño causado a la parte actora, como consecuencia de la privación injusta de la libertad y de los derechos constitucionales vulnerados al señor Luis Roberto Troncoso Maestre y atendiendo al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la llamada en garantía no queda sino modificar la sentencia de primera instancia, conforme las consideraciones expuestas.

No se condenará en costas, puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la ley 446 de 1998, hay lugar a ello cuando la conducta de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2004 por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar que declaró la responsabilidad de la entidad demandada y la condenó al pago de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante, conforme las precisiones de la parte motiva. Así mismo, condenó a la llamada en garantía a reembolsar el 25% de la condena impuesta a la demandada.

De modo que la sentencia quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Luis Roberto Troncoso Maestre, entre el 24 de marzo de 1994 y el 7 de julio de 1995 y de la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia.

2. CONDENAR, conforme lo anterior, a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales, a favor del señor Luis Roberto Troncoso Maestre (sindicado) la suma equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales y a favor de la señora Regina Mercedes Maestre de Troncoso (madre) la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia.

3. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Luis Roberto Troncoso Maestre, la suma de diecinueve millones setecientos siete mil seiscientos treinta y dos pesos con sesenta y cuatro centavos m/cte. ($ 19.707.632,64) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

4. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Luis Roberto Troncoso Maestre la suma de cinco millones ciento diez mil novecientos veintisiete pesos con cuarenta y cuatro centavos m/cte. ($ 5.110.927,44) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

5. ABSOLVER a la llamada en garantía.

6. SIN COSTAS por no aparecer causadas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 11-001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta Corporación.

3 Consejo de Estado. Sentencia del 7 de octubre de 2009. Consejo de Estado. M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

4 Dicha providencia se notificó personalmente al señor Luis Roberto Troncoso Maestre el 23 de octubre de 1998.

5 Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 36149. MP. Hernán Andrade Rincón.

6 Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076. M.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar.

7 Sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp. 15.980. M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

8 Sentencia del 11 de julio de 2012, exp. 23.688. M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 23.998 y del 13 de febrero de 2013, exp. 24.296.

9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006. Expediente 15440. MP: María Elena Giraldo Gómez.

10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. Expediente 31033.

11 En el Decreto 2700 de 1991, vigente para la época de los hechos, se establecía:
“Artículo 329. Término para la instrucción. (...) La instrucción podrá realizarse mientras no prescriba la acción penal.
Artículo 438. Cierre de la investigación. En ningún caso podrá cerrarse la investigación si no se ha resuelto la situación jurídica del imputado. Cuando no hubiere pruebas necesarias para calificar la investigación, el fiscal se abstendrá de cerrarla (...)”
No obstante, la Corte Constitucional en sentencia 411 de 1993 declaró la inexequibilidad de las normas trascritas precisando “Declarada por esta providencia la inexequibilidad de los apartes acusados de los artículos 329, 438 y 439, como se hará en la parte resolutiva, el país quedará —hasta que el Congreso expida el Código de Procedimiento Penal que actualmente debate—, bajo la vigencia de una ley procesal penal que no estipula un plazo cierto para el cierre de la instrucción, diferente al de la prescripción de la acción penal.
Así las cosas, podría pensarse que la Corte Constitucional, al pretender corregir una violación de la Constitución, declarando inexequibles los apartes acusados de los artículos 329, 438 y 439, de hecho deja a los ciudadanos cuyos derechos y garantías se vulneraban, en situación de no poder escapar de esa violación, hasta tanto el legislador expida el nuevo Código de Procedimiento. Sin embargo, las personas a quienes se vincule a una investigación y no obtengan de la Fiscalía la calificación del proceso en un término razonable, podrán hacer uso de los instrumentos que para la defensa de los derechos fundamentales, establece el ordenamiento.
La mayor o menor amplitud del término judicial deberá condicionarse a factores tales como: la naturaleza del delito imputado, su mayor o menor gravedad el grado de complejidad que su investigación comporte, el número de sindicados, los efectos sociales nocivos que de él se desprendan, etc.” Sentencia del 28 de septiembre de 1993. MP. Carlos Gaviria Díaz.

12 Aunque el a quo realizó un incremento del 30% por prestaciones sociales, la Sala aplicará el criterio que usualmente tiene en cuenta en casos similares, es decir se incrementará el 25% sin que con ello se afecte al apelante único, pues el periodo a indemnizar será mayor.

13 Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA - Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 El SMMLV para el año de 1994 era $ 98.700 que actualizado arroja un total de $ 259.540,35.

15 El SMMLV para el 2014 es $ 616.000.

16 Índice de Precios al Consumidor septiembre 2014.

17 Índice de Precios al Consumidor julio 1995.

18 Sentencia que dictó la Sección Tercera el 31de agosto de 1999. Exp. 10.865. Actor: Emperatriz Zambrano y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque.

19 Sentencia de 27 de noviembre de 2006, exp. 23.049.

20 Sentencia de 20 de septiembre de 2007, exp. 26.708.

21 Consejo de Estado. Sentencia del 10 de junio de 2009. Exp. 16820. MP: Myriam Guerrero de Escobar.