Sentencia 2000-01339 de mayo 2 de 2013

 

Sentencia 2000-01339 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 250002326000200001339 01

Expediente: 27.067

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Nohora Nelly Villalobos Benavidez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida el 21 de enero de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que la demanda se presentó el 15 de junio de 2000 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 4.250’000.000 por concepto de lucro cesante a favor de la esposa e hijos de la víctima directa, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 26’390.000(13).

2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que ésta se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la muerte del señor José Eduardo Rodríguez Lombo ocurrió el 17 de junio de 1998, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 15 de junio de 2000, se impone concluir que la misma se formuló oportunamente.

2.2. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, los siguientes elementos de convicción:

— Registro civil de defunción del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, el cual indica que su muerte se produjo el 17 de junio de 1998, en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, como causa del deceso se indicó que fue “muerte violenta”(14).

— Oficio 574 de fecha 28 de febrero de 2001, a través del cual el director de la regional de Inteligencia Militar Nº 5 del Ejército Nacional, suministró la siguiente información:

“El cabo primero (retirado), José Hildebrando Rodríguez Gutiérrez fue orgánico de esta unidad táctica, así: Fue agregado a esta regional el 5 de febrero de 1996, habiendo laborado hasta el 20 de octubre de 2000; durante su permanencia se desempeñaba como agente de inteligencia de la Compañía 51, cuya área o jurisdicción corresponde parte de la región Sumapaz como los municipios de Fusagasugá y poblaciones circunvecinas.

En lo atinente a los informes rendidos por el precitado ex Suboficial a sus inmediatos superiores, como también los resultados de los mismos, no es posible certificar, por cuanto los archivos de la sucursal o compañía 51 fueron incinerados según acta 49 de fecha 23 de noviembre de 2000 (adjunto copia simple)”(15).

— No obstante lo enunciado en el anterior oficio, la copia del acta de incineración de documentos que fue remitida al proceso corresponde a la “documentación clasificada por pérdida de vigencia - años 1996 y 1997”, sin embargo, no se aportó el acta correspondiente al año 1998; además, no se certificó y/o informó cuál fue la causa de la incineración de tales documentos(16).

— A través de oficio fechado el 27 de febrero de 2001, el jefe de personal de la regional de Inteligencia Nº 5 del Ejército Nacional certificó que “[e]l cabo primero (R) José Hildebrando Rodríguez, efectuó presentación por traslado en el Batallón de Inteligencia Nº 5, el 5 de febrero de 1996, según el registro de la hoja de datos que reposa en el archivo de esta regional, siendo retirado de la institución con novedad fiscal 20 de octubre de 2000, por facultad discrecional, artículo 104 del Decreto 1790 de 2000”(17) (se resalta).

— Hoja de vida del señor José Hildebrando Rodríguez Gutiérrez, la cual indica que su ingreso al Ejército Nacional se produjo el 1º de septiembre de 1992 para recibir el curso de Suboficial; posteriormente, el 7 de septiembre de 1993 empezó el curso de inteligencia militar y desde el 1º de diciembre de 1995 se encontraba prestando sus servicios en el Batallón de Inteligencia Nº 5. La misma registra varias órdenes de felicitaciones, once (11) en total, incluso, el día 16 de junio de 1998, esto es un día antes de los hechos materia del presente asunto, recibió una felicitación por “excelente desempeño en el cargo”. Así mismo, obra constancia de la orden de suspensión de sus funciones desde el 10 de agosto de 1998, por haber sido detenido por el delito de homicidio.

Mediante oficio fechado el 14 de junio de 2000, el secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá (fl. 21, cdno. 2), remitió copia auténtica del proceso penal radicado con el Nº 1999-0002, adelantado por la muerte del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, en el cual se recaudaron, entre otros, los siguientes elementos probatorios(18):

— Testimonio del Coronel del Ejército Nacional, Lelio Fadul Suárez Tocarruncho, de la cual resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

“Como lo manifesté en el informe que presenté al Juzgado Segundo de Instrucción Penal Militar el cabo primero Rodríguez Hildebrando me manifestó que había participado en el homicidio de un señor Rodríguez la noche del 17 de junio, hecho que lógicamente informé en detalle para que la justicia adelantara la investigación correspondiente. (…). el día 18 de junio se recibieron dos llamadas de Pedro Morales de Fusagasugá donde manifestaba que su hijo, Henry Morales había sido retenido o detenido con una moto roja que estaba asignada al Cabo Rodríguez Gutiérrez para adelantar trabajos de búsqueda de información en el área general del Sumapaz, manifestando que éste al parecer tenía vínculos con el asesinato de un señor en Fusagasugá, hecho que el señor me confirmó personalmente hacia las cuatro o cinco de la tarde de ese mismo 18 de junio, telefónicamente, donde vuelvo y repito le pedí el favor que subiera a Bogotá para que lo atestiguara ante la Justicia, actividad que él efectivamente cumplió, yendo en las horas de la noche del 18 a la oficina donde se le informó allí que asistiera el 19 para que rindiera su exposición o hablara lo que le constara. (…).

Además envíe al mayor Oscar Cardona Prada al municipio de Fusagasugá para que hiciera las averiguaciones y él vino al Batallón Sumapaz con sede en Fusagasugá y desde allí me informó telefónicamente el día 18 que habían muchos indicios en el sentido de que el suboficial había participado en el homicidio de una persona en Fusagasugá, dándole la orden al mayor para que tratara de ubicar al suboficial Rodríguez a pesar de que se encontraba de permiso en Fusagasugá de dos días, para que hiciera su presentación en Bogotá, para que él me informara sobre los hechos o aclarare la situación en mi oficina, actividad que cumplió el cabo ese mismo día, donde el suboficial se presentó hacia las 20 o 21 horas del mismo día 18 de junio, me contó los detalles del homicidio en presencia de los oficiales Oscar Cardona y el mayor Germán Ricardo Rodríguez. (…). Me contestó que él efectivamente había entrado a una tienda donde se encontraba el señor José Eduardo Rodríguez, que había desarmado a una persona que se encontraba con él, lo había sacado al señor Rodríguez, lo había llevado en dirección hacia el cementerio y allí lo había asesinado. También manifestó que se había colocado un pasamontañas, unos guantes para hacer este hecho, eso fue básicamente lo que nos comentó, también quiero agregar que al preguntarle por qué lo había hecho o quién le había ordenado semejante hecho, manifestó que lo había hecho sólo y que no se lo había ordenado absolutamente nadie. (…). Yo le pregunté que por qué la moto estaba retenida que estaba asignada a él y me dijo que la había dejado en el sector de la plaza con el señor o el hijo del señor Pedro Morales mientras él cumplía con el ilícito” (resaltado fuera del texto original).

Respecto de las actividades de inteligencia militar desarrolladas por el cabo primero Rodríguez Gutiérrez en relación con el hoy occiso, José Eduardo Rodríguez Lombo, informó:

La verdad no puedo asegurar si él [cabo Rodríguez Gutiérrez] me lo dijo pero si está o él me dijo algo debe estar por escrito, sin embargo puede que otras personas que desarrollan estas actividades pudieron haberme informado de este punto en concreto. Pero quiero aclarar que yo personalmente sé que el señor Eduardo Rodríguez, al parecer, tenía algún vínculo de amistad con los grupos al margen de la ley, grupos delincuenciales que van contra de las instituciones. Esta información se remitió al CTI de Bogotá para que esta Unidad adelantara las investigaciones correspondientes, teniendo en cuenta que yo sólo rindo informes. (…). Realmente el comportamiento del suboficial como lo puede ver en la hoja de vida había sido excelente, pero el fin de semana del 13 de junio de 1998, tuve algunas informaciones en el sentido de que el suboficial no tenía buenas amistades, ante lo cual lo cité el día 16 de junio en mi oficina para trasladarlo a Bogotá, motivo por el cual me pidió los días 17 y 18 de permiso para hacer trasteo, para que se presentara el 19 de junio a las 7 de la mañana en Bogotá. Sobre éstos hechos se está adelantado un informativo disciplinario en Bogotá”(19) (se ha resaltado).

La anterior versión fue ratificada en su totalidad en la diligencia de ampliación del testimonio(20).

— Declaración rendida por el mayor Germán Ricardo Rodríguez Fernández, en la cual informó:

“El comando de la unidad ordenó que el cabo José Rodríguez se desplazara para Bogotá a explicar que había sucedido con la motocicleta, a eso de las ocho de la noche hizo presencia el cabo Rodríguez en la oficina del comando y en la presencia del coronel Suárez y el Mayor Cardona y la mía, nos manifestó que la noche anterior él había sacado un señor de una tienda y lo había llevado al cementerio donde lo había asesinado. Nadie lo interrogó simplemente hizo una pregunta para que relatara lo que había sucedido. El manifestó que a la tienda había ingresado sólo, con una capucha y con un arma y se le acercó al señor, no recuerdo el nombre, lo llamó y le dijo que alguien de la guerrilla, creo, lo necesitaba afuera, eso es todo. (…). Él tenía la misión de recoger información de los diferentes informantes en el área, específicamente era un agente de control, información sobre grupos subversivos, paramilitares y delincuencia organizada (…). El cabo no tenía misión especial ese día y menos orden para realizar actos delictivos. (…). Yo le pregunté sobre la motocicleta, en virtud de mi cargo como administrador de bienes y el cabo me respondió que él esa noche se la había prestado sin autorización de nadie a un civil para que aprendiera a manejar en un parque mientras él salía a realizar lo que él manifestó anteriormente. (…). No señor a él no se le había asignado armamento eso es una prohibición” (resaltado y subrayas adicionales).

Respecto de la conducta del cabo Rodríguez Gutiérrez los días previos al hecho, respondió:

Como tres o cuatro días antes mi coronel me llamó en forma urgente a la oficina para manifestarme que el cabo Rodríguez estaba desplazándose en la moto con una pistola o un arma, no sé qué era, y al parecer estaba pidiendo plata, sin confirmar, que fuera él personalmente quien pedía dinero, lo cual nos creó un mal ambiente de que el cabo fuera a cometer algún delito o lo fueran a asesinar al ser confundido por algún delincuente, ante esta duda, se determinó en la reunión sacar al cabo del área para Bogotá y dos días antes, recuerdo bien, mi coronel le ordenó que se regresara para Bogotá y le dio dos días de permiso, o tres, no me acuerdo, para trasladar la familia y para que arreglara sus cuentas y el manifestó que tenía un negocio de venta de cuadros y tenía que recoger la cartera que le adeudaban. Así que para el día de los hechos materia de investigación el cabo Rodríguez estaba de permiso. PREGUNTADO: Informe al despacho qué relación existe entre el señor Pedro Morales y el comando para el que usted labora. CONTESTÓ: Tengo entendido que es un informante ocasional, cuando se logra algún resultado con las informaciones que él suministra, como la incautación de armas etc., se le da un apoyo económico. PREGUNTADO: Informe si el señor Henry Morales, hijo del señor Morales también es informante ocasional. CONTESTÓ: No señor lo desconozco”(21) (se ha resaltado).

— En ese mismo sentido obra la declaración y la ratificación de la misma por el mayor Oscar Cardona Prada, en la cual informó que el cabo primero Rodríguez Gutiérrez, en presencia de él, del coronel Fadul Suárez y del mayor Germán Rodríguez, informó que había realizado el homicidio de una persona en el municipio de Fusagasugá, para lo cual el referido cabo primero había entrado a una tienda, había sacado al hoy occiso del lugar y lo condujo por cercanías del cementerio para dispararle; agregó que los días 17 y 18 de junio el referido cabo primero se encontraba de permiso y que durante el tiempo que prestó sus servicios a la institución fue “muy cumplidor de su deber”(22).

— Declaración del sargento viceprimero Pedro Rodríguez Gaspar, quien se desempeñaba como jefe de personal en el Batallón de Inteligencia Nº 5 de Bogotá; respecto de la pregunta sobre el permiso otorgado al cabo primero Rodríguez Gutiérrez, informó:

“El permiso no fue por escrito porque el comandante del batallón es autónomo para dar ese tipo de permisos cuando las circunstancias personales se le presenten, o sea que el permiso no salió publicado en la orden de la semana, únicamente me dijo mi coronel que le había dado el permiso. (…). Uno como militar nunca pierde sus funciones mientras esté activo, un permiso es autónomo del comandante para otorgarlo para el cumplimiento de ciertas actividades relacionadas con las labores que desempeña en cada unidad. (…). El único autorizado para suspender funciones o atribuciones es el comandante del Ejército al personal cuando hay una investigación penal, para el caso del señor José Hildebrando Rodríguez, él no pierde sus funciones como Suboficial y además la actividad que realizaría como era el traslado de su familia de Arbeláez a Girardot se relaciona con las labores del trabajo(23) (resaltado adicional).

— En ese mismo sentido obra la declaración del sargento Pedro Julio Cabrera, quien respecto del presunto permiso del cabo primero Rodríguez Gutiérrez manifestó:

“Con relación a los permisos son solicitados al comando, el cual es manejado por la oficina de Ayudantía, no me enteré que estaba con permiso el señor José Hildebrando, no sabía de permiso sabía que sí que estaba trabajando, no sé dónde pero permiso no. PREGUNTADO: Se enteró usted o a través de la orden semanal que se estuviera publicando la novedad del permiso otorgado a José Rodríguez. CONTESTÓ: Tampoco me enteré que haya sido publicado y en cartelera, no lo vi publicado(24) (se resalta).

— Declaración de la señora Claudia Constanza Lombo Rodríguez, sobrina del hoy occiso José Eduardo Rodríguez Lombo, quien informó:

“Más o menos a finales del mes de mayo del presente año [1998] recibí una llamada de mi mamá Gloria Rodríguez contándome que José Eduardo estaba recibiendo una serie de llamadas amenazantes a la planta, o sea, que lo estaban llamando a Homolac, y que Nohora Nelly Villalobos, o sea su esposa, estaba muy preocupada por esas llamadas, yo tomé la decisión de viajar aquí a Fusa a hablar con José Eduardo y le pregunté que qué era lo que era lo que pasaba y que fuera sincero conmigo y él me contestó que si había recibido llamadas, que inclusive dos personas que decían ser del Ejército fueron a indagarlo para saber qué tipo de nexos, según ellos podía tener con la guerrilla. Él me dijo que no tenía ningún tipo de nexo con la guerrilla que lo único que José Eduardo hacía era hablar cuando lo llamaban a pedirle plata a Luis Eduardo, como muchos comerciantes de la región deben pagar esas llamadas ‘vacunas’ para que los dejaran trabajar. (…). En el día de ayer en horas de la mañana hablé con mi mamá y ella me comentó que un conductor de la planta que se llama Miguel Sierra conoce a uno de los individuos que el viernes anterior a que mataran a mi tío estuvieron buscándolo en una motocicleta, mi mamá los vio y ella me dijo que eran dos tipos jóvenes en una motocicleta. (…). Yo quiero mencionar que cuando los tipos fueron a preguntar a Gonzalo y preguntaron por mi tío, él le dijo a mi mamá que esos tipos que los estaban preguntando ‘lo tenían cacorro’, y mi mamá le dijo que se cuidara(25) (se resalta).

— Testimonio del señor Henry Morales Cárdenas, quien era la persona que se encontraba la noche de los hechos con la motocicleta de dotación oficial asignada al cabo primero Rodríguez Gutiérrez; en su versión señaló:

“Hace unos años no recuerdo muy bien cuando, yo trabajaba como informante del Batallón Nº 5 de Inteligencia, yo recibía un sueldo de ciento cincuenta mil mensuales (…), para los días de los hechos que yo recuerde no me encontraba prestando labores de inteligencia. (…). No estoy bien seguro pero creo que mi padre [Pedro Morales], de vez en cuando pasaba información a éste Batallón ya que habían cortado los sueldos, yo creo que él si daba información, él trabajaba conmigo en ese Batallón, él también recibía sueldo y juntos planillábamos y nos tocaba firmar los recibos con el correspondiente número de cédula” (resaltados adicionales).

Agregó, además, que la noche de los hechos lo detuvo la Policía porque estaba conduciendo la motocicleta oficial adscrita al cabo José Hildebrando Rodríguez, la cual le había sido prestada por éste hacia las ocho y treinta de la noche de aquél día para que “aprendiera a manejar”; que al llegar al parque de esa localidad le dijo “espéreme aquí” porque se iba a encontrar con una mujer; añadió que después de una hora y media el cabo Rodríguez Gutiérrez no llegaba por la motocicleta, por lo cual recorrió las cercanías del sector en su búsqueda y fue entonces cuando fue capturado por las autoridades de Policía; agregó, finalmente, que “en la cárcel un sábado entró un muchacho de unos 27 años aproximadamente de edad, me preguntó que si yo era Henry Morales y me dijo que cómo iba, yo no le contesté nada y me dijo hijueputa si está jodido, posteriormente me dijo tenga cuidado chino porque a usted lo van a joder, yo no puse cuidado y me dirigí al centro del patio, me puse a caminar preocupado, después de eso me miraba constantemente, yo no informé nada a la guardia ni a mi familia por no preocuparlos, preferí mejor callar”(26).

— Copia auténtica de la providencia de fecha 4 de mayo de 2000, a través de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá adoptó, entre otras, las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Condenar al señor José Hildebrando Rodríguez Gutiérrez a la pena principal de veintiocho (28) años de prisión, como coautor responsable de los delitos de homicidio, hurto agravado y calificado en concurso con porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. (…)”.

De la citada providencia resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

“De lo demostrado probatoriamente hasta este momento se tiene que una sola persona y no varias, como lo afirma el apoderado de la defensa, arrebató violentamente al señor Rodríguez Lombo de la tienda donde se hallaba con sus amigos obligándolo a subirse a su propio automotor y conducirlo, que fue dicha única persona la causante de los disparos mortales, (…). Igualmente y de significativa trascendencia es lo atestado por el policial referente a la conversación sostenida vía celular con la víctima instantes antes de su violenta muerte, quien en forma por demás valerosa e inteligente orientó a las autoridades sobre los causantes de su plagio cuando le informó por ese medio la existencia de una motocicleta color rojo la cual supuestamente ya se había alejado, dicha clave permitió iniciar una redada por parte de las autoridades de policía de Fusagasugá, redada que arrojó resultado positivo cuando en los alrededores del parque principal se logró identificar una motocicleta de color rojo que permanecía allí por demás sospechosa por un prolongado tiempo de más de tres horas, su ocupante Henry Morales Cárdenas, dio a los investigadores respuestas vagas para justificar su presencia precisamente cerca al sitio donde se arrebató al señor Rodríguez Lombo, manifestando que el responsable de la motocicleta era precisamente el señor cabo del Ejército Nacional Hildebrando Rodríguez Gutiérrez, persona que la había dejado bajo su cuidado, desde luego las autoridades sospecharon de la inusual actitud y lo condujeron a la estación policial de la localidad.

La retención de la moto roja y de su conductor no fue un hecho gratuito ni aislado, puesto existía en ese momento una relación de causalidad entre el señalamiento realizado por la propia víctima y el resultado positivo de incautarse una motocicleta precisamente de las características denunciadas, la cual se encontraba rodando durante un largo período de tiempo en cercanías donde se produjeron los punibles investigados. (…). La retención de la motocicleta y del joven Henry Morales Cárdenas por considerarlo sospechoso de los acontecimientos delictivos sucedidos esa noche, motivó que su padre de nombre Pedro Morales Faustino (informante del Ejército), se comunicara con el teniente coronel Lelio Fadul Suárez Tocarruncho, director regional de Inteligencia Nº 5 (superior inmediato del procesado), manifestándole que el cabo primero José Hildebrando Rodríguez Gutiérrez fue la persona que causó la muerte de un particular en el municipio de Fusagasugá, ante tan grave acusación el teniente coronel de inteligencia a más del sentido común, por obligación institucional del superior ordenó que establecieran la veracidad o no de tan grave denuncia que comprometía un miembro activo de dicha institución, entonces contactaron al cabo implicado en Fusagasugá y se trasladó a Bogotá por sus propios medios y no en calidad de detenido, una vez en la oficina de su superior Suárez Tocarruncho y de los mayores Cardona y Rodríguez el sindicado confesó que sí había participado en el homicidio, la cual fue relatada por éstos a las autoridades judiciales.

Si revisamos globalmente las declaraciones iniciales de los oficiales del Ejército Nacional respecto de los detalles de tiempo, modo y lugar, inclusive de la forma de vestir del homicida, como hizo presencia en la tienda, de la forma como se arrebató a la víctima, acontecimientos delictivos narrados a ellos por José Hildebrando, detalles de los cuales desde luego todavía no eran conocidos públicamente, deducimos que solamente quien ha participado puede describir lo acontecido con la precisión que fue suministrada a ellos por su protagonista.

Reiteramos que el juzgado no encontró animadversión que influyera en los testigos como lo afirma la defensa para inventar falsas imputaciones en contra de éste que puedan considerarse como actos de venganza, por el contrario desde el comienzo de la investigación y recién sucedidos los hechos los testigos siempre reafirmaron la confesión de la autoría material del homicidio en cabeza de José Hildebrando Rodríguez, situación que nos hace presumir fuera de toda duda la verdadera responsabilidad de este procesado en dicho punible”(27) (resaltado fuera del texto original).

La citación de la anterior providencia servirá para ilustrar la confusión en la que terminó la investigación del homicidio, pero de ninguna manera para probar las imputaciones contra la demandada. Debe anotarse que, como lo ha reiterado la Sala en jurisprudencia pacífica, las sentencias penales no configuran cosa juzgada frente a procesos de responsabilidad extracontractual del Estado(28).

2.3. Acerca de la prueba indiciaria.

Los jueces pueden encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda, por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que dicho análisis exige. Sobre tal proceso de inferencia la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,

“El indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido”(29).

En la misma sentencia la Corte Suprema de Justicia señaló los requisitos que ha de cumplir la prueba indiciaria, en los siguientes términos:

“De conformidad con la previsión legal sobre la prueba indiciaria…, el hecho indicador del cual se infiere la existencia de otro acaecimiento fáctico, debe estar debidamente acreditado por los medios directos de prueba (testimonio, peritación, inspección, documento, confesión); ha de ser indivisible, pues los elementos que lo integran no pueden a su vez tomarse como hechos indicadores de otros acaecimientos fácticos; independiente, ya que a partir de un hecho indicador no pueden estructurarse varios hechos indicados; si son varios han de ser concordantes, de manera que los hechos inferidos guarden armonía entre sí como partes que integran un mismo fenómeno; convergentes, es decir que la ponderación conjunta de los distintos indicios dé lugar a establecer una sola conclusión y no varias hipótesis de solución; y, finalmente, que en su apreciación, como ocurre con todos los medios de prueba, el juzgador acuda a las reglas de la sana crítica, establezca el nivel de probabilidad o posibilidad, y, en tal medida señale si son necesarios, contingentes, graves o leves, y su relación con los demás medios de prueba que obran en la actuación”(30).

En la misma providencia se determinan las varias clases de indicios:

“Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador revela en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro hecho a partir de relaciones de determinación constantes como las que se presentan en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su causa o efecto, el hecho indicador evidencie la presencia del hecho indicado. Estos últimos, a su vez, pueden ser calificados como graves, cuando entre el hecho indicador y el indicado media un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones serias y estables, que no deben surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador, sino de la común ocurrencia de las cosas; y leves, cuando el nexo entre el hecho indicador y el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece”(31).

Sobre este medio de prueba, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha discurrido así:

“Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que el indicio se integra con los siguientes elementos:

— Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso.

— Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento.

— Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar.

— El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental.

(…).

Una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios prueba que obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado algunos derroteros que pueden resultar de ayuda para el juez. Por ejemplo, ha clasificado los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo como necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación de causalidad entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relación con ciertas leyes físicas, y como contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto. Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se pretende probar existe o no una relación lógica inmediata.

La concordancia hace referencia a los hechos indicantes. Se predica esa característica cuando los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que la convergencia se refiere al razonamiento lógico que relaciona esos hechos para determinar si esas inferencias o deducciones confluyen en el mismo hecho que se pretende probar”(32).

De igual forma, la doctrina ha señalado una serie de requisitos para que los indicios puedan conducir a un hecho inferido con el grado lógico suficiente que permita al juez establecer la probabilidad determinante o la certeza sobre un supuesto fáctico; dichos elementos son los siguientes(33):

a) Los indicios deben hallarse, desde luego, comprobados y esta comprobación necesita de pruebas directas, lo que no obsta para que la prueba pueda ser compuesta, utilizándose, al efecto, pruebas directas imperfectas, o sea, insuficientes para producir, cada una por separado, plena prueba. Adicionalmente, es válido afirmar que el hecho indicador, a su vez, no puede ser la consecuencia de un indicio previo (hecho inferido), ni tampoco puede estar constituido por un conjunto de hechos inferidos (sumatoria de indicios previos).

b) Los indicios deben haber sido sometidos al análisis crítico, encaminado a verificarlos, precisarlos y evaluarlos, análisis del cual deberán haber salido provistos con la etiqueta de graves, medianos o leves.

c) Los indicios deben ser independientes en varios sentidos. Primero, en cuanto no deben contarse como indicios distintos los que tienen el mismo origen respecto a su hecho indicador; en segundo lugar, tampoco deben considerarse como diferentes los que constituyan momentos o partes sucesivas de un solo proceso o hecho accesorio.

d) Si los indicios tienen el carácter de contingentes (aquéllos cuyo efecto dado puede tener varias causas probables), deben ser varios, en la medida en que su orden numérico otorga una mayor probabilidad respecto de su grado concluyente y, por ende, al nivel de probabilidad o certeza que otorgan.

e) Deben ser concordantes, esto es, que se ensamblen entre sí de tal manera que puedan producir un todo coherente y natural, en el cual cada hecho indicador tome su respectiva ubicación en cuanto al tiempo, lugar y demás circunstancias.

f) Las inferencias lógicas deben ser convergentes, es decir, que todas reunidas no puedan conducir a conclusiones diversas.

g) Las conclusiones deben ser inmediatas, lo cual debe entenderse en el sentido de que no se haga necesario llegar a ellas a través de una cadena de silogismos(34).

En casos similares a los analizados en el presente asunto, en los cuales se ha utilizado la prueba y/o razonamiento indiciario para derivar responsabilidad al Estado por la ejecución extrajudicial de personas, la jurisprudencia de esta Sección ha discurrido de la siguiente forma:

“… La muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon (sic) Jairo Quintero Olarte fue una ejecución extrajudicial, causada por agentes de la Policía Nacional (hecho indicado).

Esa conclusión se impone dada la fuerza y contundencia de los hechos indicadores los cuales llevan a la lógica conclusión de que en la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, tuvieron participación activa miembros de la Policía Nacional, en el marco de una serie de ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en el municipio de Yarumal a partir del mes de junio de 1993.

En efecto, resalta la Sala que si bien el material probatorio analizado es escaso, el mismo resulta suficiente para tener como ciertos los hechos que indican la conclusión a la que ha arribado la Sala, los cuales en síntesis son: (i) los homicidios selectivos que desde junio de 1993 se presentaban en el municipio de Yarumal, Antioquia, acerca de los cuales la comunidad acusaba a miembros del Ejército y de la Policía Nacional como partícipes; (ii) las vainillas recuperadas en la diligencia de levantamiento de los cadáveres de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, fueron percutidas en el fusil Galil asignado al teniente Juan Carlos Meneses Quintero, en calidad de comandante de la Estación de Policía de Yarumal y, (iii) en el proceso disciplinario que adelantó el Ministerio Público, por la situación de “limpieza social” que se presentó en Yarumal, se concluyó que existía el suficiente material probatorio para responsabilizar por tales hechos, catalogados como ejecuciones extrajudiciales, a los agentes investigados.

Demostrado indiciariamente que la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte fue producto de una ejecución extrajudicial en la que participaron miembros de la Policía Nacional, quienes de forma activa colaboraban con un grupo de “limpieza social” que operaba en el municipio de Yarumal desde junio de 1993, resulta comprometida la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, a la cual se le imputa el daño sufrido por los miembros de la parte actora, a título de falla del servicio”(35).

Así pues, relacionadas las pruebas del proceso y esbozados los requisitos y elementos de la prueba o razonamiento indiciario, procede la Sala a realizar en el presente asunto los procesos lógicos que permiten establecer las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, así como la responsabilidad de la entidad demandada respecto de ese hecho.

2.4. La imputación del hecho dañoso demandado al Estado.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, en tanto la muerte del señor José Eduardo Rodríguez Lombo ocurrida el 17 de junio de 1998, en el municipio de Fusagasugá(36), supone, por sí misma, una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico, frente a los cuales existe plena protección.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si ésta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser revocada o confirmada.

Del material probatorio aportado al proceso se tiene acreditado, básicamente, que el día 17 de junio de 1998, aproximadamente a las 9:00 p.m., en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, el cabo primero del Ejército Nacional, José Hildebrando Rodríguez Gutiérrez ingresó a un establecimiento comercial con el rostro cubierto por un pasamontañas y un arma de fuego en la mano y, luego de amenazar a las personas que se encontraban presentes procedió a sustraer del lugar, contra su voluntad, al hoy occiso, José Eduardo Rodríguez Lombo, para lo cual utilizó el vehículo campero Toyota de propiedad de la víctima, lo condujo al cementerio de esa localidad y le propinó varios disparos que le causaron la muerte.

Visto el panorama anterior, se podría llegar a concluir que se configuró una típica culpa personal del agente, toda vez que el cabo Rodríguez Gutiérrez habría actuado mientras se encontraba de permiso, esto es fuera de su actividad militar y con un arma particular; no obstante que esa postura a primera vista pudiera resultar plausible, advierte la Sala que en el presente caso la alegada “culpa personal del agente”, no encuentra sustento probatorio alguno en el proceso que pruebe que el cabo primero José Hildebrando Rodríguez Gutiérrez hubiere actuado movido por una finalidad de carácter puramente personal.

Así, a pesar de que sobre la autoría material del hecho por parte del cabo primero Rodríguez Gutiérrez no existe duda alguna —pues los elementos de prueba llevan a la Sala a arribar la misma conclusión a la cual llegó el Juez Segundo Penal de Fusagasugá en la sentencia condenatoria contra éste—, lo cierto es que la ejecución extrajudicial(37) del señor Rodríguez Lombo no fue consecuencia de un acto impulsivo o de venganza personal del autor material del hecho, sino de complejas circunstancias que excedieron ostensiblemente —por decir lo menos—, las labores de inteligencia contrainsurgente que éste desarrollaba, razón por la cual no resultaría razonable concluir sobre una culpa puramente personal del agente estatal involucrado.

En efecto, resalta la Sala que si bien el material probatorio analizado es escaso —circunstancia propia del tipo de hechos que se examinan, los cuales involucran la vulneración de derechos humanos por parte de agentes del Estado—, el mismo entraña una pluralidad simétrica y resulta categórico para tener por acreditados los siguientes hechos:

i) Seguimientos por parte de miembros del Ejército contra la víctima directa: Se tiene probado que el hoy occiso señor José Eduardo Rodríguez Lombo, un mes antes de su deceso, le comunicó a su sobrina, señora Claudia Constanza Lombo Rodríguez, que era objeto de seguimientos por parte de dos personas en una motocicleta, quienes se habían identificado ante él como miembros pertenecientes al Ejército Nacional. De igual forma, en su declaración el señor teniente coronel Suárez Tocarruncho, al ser preguntado acerca de las actividades realizadas por el cabo primero Rodríguez Gutiérrez, respecto de la aludida víctima directa señaló: “La verdad no puedo asegurar si él [se refiere al cabo primero Rodríguez Gutiérrez] me lo dijo pero si está o él me dijo algo debe estar por escrito, sin embargo puede que otras personas que desarrollan estas actividades pudieron haberme informado de este punto en concreto. Pero quiero aclarar que yo personalmente sé que el señor Eduardo Rodríguez, tenía vínculo de amistad con grupos al margen de la ley, grupos de delincuencia que van en contra de las instituciones”.

A partir de ese hecho probado se puede deducir que las actividades de seguimiento contra el hoy occiso fueron ordenadas por los mandos superiores de la Quinta División de Inteligencia del Ejército Nacional de esa localidad (Fusagasugá), por considerar que éste tenía vínculos con grupos subversivos, así como que, luego de más de un mes de seguimientos por miembros de Inteligencia del Ejército Nacional sobre la citada persona, ésta fue ultimada por un suboficial de esa institución militar, respecto de quien se pudo establecer, estaba en compañía de un sujeto abordo de una motocicleta, el cual, a su vez, resultó ser un informante del Batallón de Inteligencia del Ejército Nacional.

ii) El homicidio se perpetró con la participación directa de informantes del Ejército Nacional: Está acreditado en el plenario que luego del plagio del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, la Policía del municipio de Fusagasugá detuvo al señor Henry Morales por hallarlo sospechoso del crimen perpetrado esa noche, pues se encontraba rondando en una motocicleta el sector en donde fue secuestrada la víctima. La retención del señor Henry Morales —quien se demostró era un informante del Ejército Nacional— motivó a su padre, el señor Pedro Morales Faustino —también informante del Ejército Nacional—, a llamar por teléfono al teniente coronel Lelio Fadul Suárez Tocarruncho (director regional de inteligencia), para comunicarle que el cabo primero Rodríguez Gutiérrez había causado la muerte de la referida víctima. Ante tal información el oficial antes mencionado ordenó que el citado Suboficial Rodríguez Gutiérrez compareciera ante su oficina al día siguiente. Una vez en compañía de los oficiales Suárez Tocarruncho, Germán Rodríguez Fernández y Oscar Cardona Prada, el cabo primero Rodríguez Gutiérrez relató espontáneamente a éstos la forma en la cual había dado muerte al señor Rodríguez Lombo.

Los anteriores hechos se conocieron en el proceso por vía de los testimonios del teniente coronel Lelio Fadul Suárez Tocarruncho y de los mayores Germán Ricardo Rodríguez y Oscar Cardona Prada. A partir de tales pruebas se infiere razonablemente, en primer lugar, que ambos informantes del Ejército necesariamente tuvieron conocimiento sobre el autor material del hecho criminal antes de que se perpetrara, pues él señor Pedro Morales Faustino no estuvo presente en el lugar ni en el momento de los hechos, no obstante lo cual, reveló de forma inmediata y contundente a la persona homicida. Así pues, sólo en virtud de la revelación del autor del homicidio por parte del referido señor Pedro Morales, se logró la comparecencia del aludido suboficial ante sus superiores para que esclareciera los hechos y, confesara el homicidio. En segundo lugar, pude concluirse que en la ejecución del plan criminal participó directamente el informante Henry Morales, pues mientras el cabo Rodriguez Gutiérrez perpetraba el crimen, el primero se encontraba esperándolo y rondando el sector donde ocurrió el homicidio, cosa que hacía precisamente abordo de la motocicleta oficial que hacía parte la dotación del suboficial, lo cual motivó a que dicho informante hubiera sido detenido por la Policía Nacional momentos después de producirse el plagio del señor Rodríguez Lombo.

iii) El suboficial Rodríguez Gutiérrez se encontraba en servicio activo cuando perpetró el crimen: En efecto, pese a que la entidad demandada manifestó que el señor cabo primero Rodríguez Gutiérrez para el día en que perpetró el crimen (jul. 17/98), se encontraba de permiso, lo cierto es que se encontraba en servicio activo, pues, el testimonio del sargento Pedro Julio Cabrera fue enfático al asegurar que: “no me enteré que estaba con permiso el señor José Hildebrando, no sabía de permiso, sabía que sí que estaba trabajando, no sé dónde pero permiso no”; así mismo, el jefe de personal del Batallón de Inteligencia Nº 5, sostuvo en su declaración que “uno como militar nunca pierde sus funciones mientras esté activo, un permiso es autónomo del comandante para otorgarlo para el cumplimiento de ciertas actividades relacionadas con las labores que desempeña en cada unidad. (…), para el caso del señor José Hildebrando Rodríguez, él no pierde sus funciones como suboficial”.

iv) Falta de control de los superiores respecto del suboficial homicida: Según la declaración del mayor Germán Ricardo Rodríguez Fernández, el cabo primero Rodríguez Gutiérrez, tres días antes del homicidio del señor Rodríguez Lombo, “estaba desplazándose en la moto con una pistola o un arma y al parecer estaba pidiendo plata, lo cual nos creó un mal ambiente de que fuera a cometer algún delito o lo fueran a asesinar”; en ese mismo sentido, en su testimonio, el coronel Lelio Suárez Tocarruncho afirmó que “el fin de semana del 13 de junio de 1998, tuve algunas informaciones en el sentido de que el suboficial no tenía buenas amistades, ante lo cual lo cité el día 16 de junio a mi oficina para trasladarlo a Bogotá, motivo por el cual me pidió los días 17 y 18 de permiso para hacer trasteo, para que se presentara el 19 de junio a las 7 de la mañana en Bogotá”; no obstante, no se suministró explicación alguna por parte del grupo de oficiales a qué tipo de “amistades” se referían; además, los mandos superiores del cabo primero permitieron que permaneciera por (4) días más en el municipio de Fusagasugá, sin tener en cuenta que el suboficial al realizar tales conductas delictivas, como resulta apenas natural, constituía un peligro y/o riesgo claro para la comunidad en general, amén de que no se le impuso una medida cautelar inmediata o sanción alguna por tales hechos por parte de sus superiores.

La anterior circunstancia fáctica revela una falta de control y extraordinaria permisibilidad por parte de los mandos superiores respecto del suboficial que se sabía estaba ejecutando conductas delictivas en la misma población en la que desarrollaba actividades de inteligencia el día 13 de junio de 1998; sin embargo no adoptaron medidas o correctivos eficaces para impedir que siguiera desplegando tales actos delictivos en contra de la población civil, pues le permitieron permanecer por varios días más en el municipio de Fusagasugá, lo cual facilitó la perpetración del crimen por parte del suboficial el día 17 de junio de 1998. Bajo dicha perspectiva, ha de concluir la Sala que dicha falla del servicio imputable a la entidad demandada, tuvo incidencia necesariamente en el homicidio del señor José Eduardo Rodríguez Lombo.

v) El cabo primero Rodríguez Gutiérrez era un hombre destacado en el cuerpo de Inteligencia del Ejército Nacional y contaba con más de cinco años de experiencia dentro de la Quinta División de Inteligencia del Ejército Nacional, según lo informó en su declaración el coronel Suárez Tocarruncho; asimismo, fue varias veces condecorado por su “excelente desempeño”, incluso, de forma extraña y pese a los aludidos actos delictivos perpetrados por éste, según lo refleja el extracto de su hoja de vida, recibió una condecoración un día antes de perpetrar el crimen, es decir el día 16 de junio de 1998.

vi) Permisibilidad del Cuerpo de Inteligencia del Ejército Nacional para con el suboficial homicida: Se tiene acreditado con el extracto de hoja de vida del cabo primero Rodríguez Gutiérrez que fue suspendido de su cargo el día 10 de agosto de 1998, es decir casi dos meses después de que cometió y confesó el crimen a sus superiores y, adicionalmente, sólo fue destituido el día 20 de octubre de 2000 “por facultad discrecional”, esto es más de dos años después del homicidio confesado, sin que se hubiese hecho alusión alguna del porqué de la demora en la adopción de tales decisiones.

En relación con este punto, advierte la Sala y, así debe señalarlo, que la entidad demandada tuvo una actitud de total despreocupación en la demostración de las circunstancias que adujo para exonerarse de responsabilidad, pues no allegó o no adelantó investigación disciplinaria alguna encaminada exclusivamente a esclarecer la participación de un agente de inteligencia en la muerte del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, teniendo la facultad y el deber de hacerlo, máxime cuando el suboficial homicida confesó a sus superiores el crimen.

vi) Ejecución de maniobras por parte del Ejército Nacional para ocultar la verdad material del caso: Ciertamente, los informes de inteligencia que suministró el cabo primero Rodríguez Gutiérrez a sus superiores en relación con el hoy occiso, curiosamente fueron incinerados y no se certificó ni se aclaró la razón por la cual fueron destruidos, amén de que no existe ningún otro documento de inteligencia donde consten las labores de inteligencia sobre el hoy occiso, a pesar de que los mandos superiores del batallón de Inteligencia tenían conocimiento de los presuntos nexos de éste con grupos subversivos.

A partir de la acreditación de dichas circunstancias se puede deducir el afán de ocultar evidencias por parte del Ejército Nacional, así como que la verdad material no salga a la luz, amén de que de tal comportamiento se infiere que se ha pretendido ocultar los móviles y finalidades del homicidio del señor Rodríguez Lombo por parte de la entidad demandada.

• Conclusión: Los anteriores hechos indicadores analizados en conjunto llevan a la Sala a concluir con nitidez, que la ejecución extrajudicial del señor José Eduardo Rodríguez Lombo fue planeada y perpetrada por un miembro de la División de Inteligencia del Ejército Nacional, en colaboración con informantes de esa misma institución, mientras se encontraba en ejercicio activo del servicio y en desarrollo de sus labores de Inteligencia contrainsurgente, pues en virtud de tales labores tuvo conocimiento previo de los presuntos vínculos con grupos subversivos por parte del hoy occiso Rodríguez Lombo, lo cual motivó a detener ilegalmente y poner en estado de indefensión a la víctima para posteriormente ultimarla, por esa misma razón o circunstancia de habérsele imputado cercanía con elementos de la guerrilla.

De igual forma ha de concluir la Sala que el Ejército Nacional facilitó la consumación del hecho dañoso, pues, a pesar de que el referido Suboficial se encontraba realizando actos delictivos y esa circunstancia era conocida por sus superiores, no adoptó medida eficaz alguna para impedir que siguiera delinquiendo en esa localidad.

Concluye la Sala que a la entidad demandada se le debe imputar el daño antijurídico a título de falla del servicio y, por lo tanto, debe responder patrimonialmente por el mismo, comoquiera que está demostrado que la muerte del señor Rodríguez Lombo fue producto de una ejecución extrajudicial perpetrada por un miembro la División de Inteligencia del Ejército Nacional —en colaboración con informantes del Ejército Nacional—, mientras se encontraba en ejercicio activo del servicio y en desarrollo de sus labores de Inteligencia contrainsurgente.

De igual forma, debe declararse el incumplimiento por parte del Ejército Nacional del deber constitucional y legal de seguridad y protección que le era exigible en relación con la vida del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, toda vez que a pesar de que se sabía que el suboficial homicida estaba delinquiendo en el municipio de Fusagasugá, no se adoptó medida eficaz alguna para impedir que lo siguiera haciendo. Así pues, para la Sala, es inadmisible que el Ejército Nacional permita o tolere que agentes de su institución realicen actos tendientes a desaparecer y asesinar personas que supuestamente ostentaban la calidad de criminales. Esta lamentable circunstancia reviste la entidad suficiente como para dar por acreditado el incumplimiento del deber constitucional y legal de seguridad y protección que le era exigible en relación con la vida del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, toda vez que, que en estos casos, se ha determinado que el Estado se encuentra en posición de garante(38).

Respecto de la denominada posición de garante esta Sala ha discurrido de la siguiente forma:

“17. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal.

“a) Los peligros para los bienes jurídicos pueden surgir no sólo por la tenencia de objetos (una lámpara de gas, una teja deteriorada) armas (una pistola, una dinamita) animales (un perro desafiante), sino también de personas que se encuentran bajo nuestra inmediata subordinación. En efecto, en las relaciones de jerarquía, el superior con autoridad o mando, tiene el deber de tomar medidas especiales (deberes de seguridad en el tráfico) para evitar que personas que se encuentran bajo su efectivo control, realicen conductas que vulneren los derechos fundamentales. Vg. Si el superior no evita —pudiendo hacerlo— que un soldado que se encuentra bajo su inmediata dependencia cometa una tortura, o una ejecución extrajudicial, o en general un delito de lesa humanidad, por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no el simple incumplimiento a un deber funcional.

El derecho penal internacional consuetudinario, desde el famoso caso Yamashita, en el cual se condenó en 1945 a un general del ejército Japonés por “... omitir ilícitamente y faltar a su deber como comandante de controlar las operaciones de los miembros bajo su mando, permitiéndoles cometer atrocidades brutales y otros crímenes graves contra la población de Estados Unidos, de sus aliados y dependencias, particularmente las Filipinas...”, ha venido reconociendo que el miembro de la fuerza pública que ostenta autoridad o mando debe adoptar medidas especiales para evitar que las personas que se encuentren bajo su efectivo control o subordinación, realicen conductas violatorias de los derechos humanos. Jurisprudencia que se ha reiterado en los diversos Tribunales Penales Internacionales, desde Núremberg hasta los ad-hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda. Doctrina que se plasmó normativamente en el artículo 28 del Estatuto de Roma.

“b) El Estado puede ser garante (competencia institucional) cuando se trata de ciertos deberes irrenunciables en un Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, es irrenunciable la protección de la vida e integridad de todos los habitantes del territorio y la defensa de la seguridad interior y exterior de la Nación. Como el Estado no puede responder directamente en el campo penal, el juicio recae en el titular de la función correspondiente. Por ende, para que el miembro de la fuerza pública sea garante, se requiere que en concreto recaiga dentro de su ámbito de competencia (material, funcional y territorial) el deber específico de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos de la República. En consecuencia, si un miembro de la fuerza pública que tiene dentro de su ámbito de responsabilidad el deber de resguardar un sector de la población amenazada por grupos al margen de la ley, no inicia la acción de salvación cuando ostenta los medios materiales para hacerlo, se le imputan los resultados lesivos (las graves violaciones a los derechos humanos) que estos cometan en contra de los habitantes”(39)(40) (resaltados adicionales).

De igual forma, ha de concluir la Sala que las circunstancias y los móviles de la muerte del señor José Eduardo Rodríguez Lombo —según fueron establecidas anteriormente—, constituyen sin lugar a anfibología alguna, una vergüenza nacional, no sólo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado, de allí que, los hechos acreditados son suficientes para dar por probado que la demandada incurrió en una falla del servicio y por lo tanto le es imputable el daño alegado(41).

Ahora bien, dados los supuestos fácticos que rodean el asunto objeto de análisis, resulta pertinente precisar el contenido y alcance de los parámetros que respecto de las ejecuciones extrajudiciales se han esbozado tanto en la jurisprudencia internacional como interna.

En relación con la declaratoria de responsabilidad internacional del Estado Colombiano por ejecuciones extrajudiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso similar al presente, discurrió así:

“La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del Senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del Senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP.

De tal manera, los agentes estatales no sólo faltaron gravemente a sus deberes de prevención y protección de los derechos del Senador Cepeda Vargas, reconocidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana, sino que utilizaron la investidura oficial y recursos otorgados por el Estado para cometer las violaciones. En vez de que las instituciones, mecanismos y poderes del Estado funcionaran como garantía de prevención y protección de la víctima contra el accionar criminal de sus agentes, se verificó una instrumentalización del poder estatal como medio y recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar y garantizar(42), lo que se ha visto favorecido por situaciones de impunidad de esas graves violaciones, propiciada y tolerada por el conjunto de investigaciones que no han sido coherentes entre sí ni suficientes para un debido esclarecimiento de los hechos y, en consecuencia, no han cumplido satisfactoriamente con el deber de investigar efectivamente la violación del derecho a la vida.

Por todas las razones anteriores, ante el incumplimiento de las obligaciones de prevención, protección e investigación respecto de la ejecución extrajudicial cometida, la Corte declara la responsabilidad agravada del Estado por la violación de los derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del Senador Manuel Cepeda Vargas”(43).

En ese mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ha señalado:

“La protección contra la privación arbitraria de la vida, que es explícitamente exigida por el tercer párrafo del artículo 6.1 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] es de suprema importancia. El comité considera que los Estados Partes deben tomar medidas no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida [causada por] actos criminales sino también para prevenir los homicidios arbitrarios [cometidos por] sus propias fuerzas de seguridad. La privación de la vida por autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. En consecuencia, [el Estado] debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales [una persona] puede ser privada de su vida por tales autoridades”(44).

Ya esta Sala del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la sola conducta delictiva de una persona no autoriza a los miembros de los cuerpos armados del Estado para quitarle la vida. Así, en sentencia del 10 de abril de 1997 (exp. 10.138), se expresó:

“La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueista que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.

“En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tomás y Valiente: “No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre”. Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo.

“La vida de cualquier hombre es digna de respeto, aún se trate del peor de los delincuentes. Dijo en alguna ocasión Eca de Queiroz: “El Niágara, el monte de cristal color de rosa de Nueva Zelandia, las selvas del Amazonas son menos merecedoras de nuestra admiración consciente que el hombre más sencillo”. Y Federico Hegel resaltó: “El pensamiento más malvado de un criminal es más sublime y más grandioso que todas las maravillas del cielo”.

“La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre. Y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta.

“Más recriminable resulta, si ello es posible, que a la ejecución sumaria se le agregue la distorsión de la realidad con artimañas y montajes que pretenden justificar, en este caso afortunadamente en vano, el asesinato”(45).

2.5. Indemnización de perjuicios.

2.5.1. Perjuicios morales a favor de los demandantes.

Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada en la sentencia de primera instancia se produjo por la muerte del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, en las circunstancias descritas en el anterior capítulo de esta providencia, todo lo cual produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(46) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

Agréguese a lo anterior que, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de una persona; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En el caso que hoy ocupa a la Sala, según lo ya expresado, puede inferirse fácilmente que el daño moral sufrido por los familiares del señor José Eduardo Rodríguez Gutiérrez fue de gran intensidad, en atención a las circunstancias en que se produjo la muerte de la referida persona y que quedaron establecidas en esta sentencia, razón por la cual se impone acceder al reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia —como se solicita en la demanda—, a favor de los padres, hijos y cónyuge de la víctima directa, suma que de forma reiterada ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación en los eventos en que el perjuicio moral se presenta en su mayor intensidad.

Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento y matrimonio de los demandantes, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el señor José Eduardo Rodríguez Lombo y quienes acudieron al proceso en calidad de su esposa e hijos (fls. 2 a 5, cdno. 1).

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

Nohora Nelly Villalobos Benavídez (cónyuge)100 SMMLV
Nelly Johana Rodríguez Villalobos (hija)100 SMMLV
Javier Eduardo Rodríguez Villalobos (Hijo)100 SMMLV

2.5.2. Perjuicios materiales.

— Daño emergente.

La parte demandante solicitó el reconocimiento de dicho perjuicio “[c]onsistente en los gastos realizados por concepto de gastos fúnebres, diligencias judiciales y honorarios profesionales en cuantía de diez millones de pesos $ 10’000.000”.

Sobre el particular, advierte la Sala que dentro del expediente no obra medio probatorio alguno que permita acreditar dicho perjuicio, por cuya indemnización se reclama, pues no obran recibos o facturas, ni mucho menos se aportó contrato de prestación de servicios profesionales, recibos de pago u otro medio que permita inferir el pago de los referidos honorarios profesionales, por lo cual no hay lugar a reconocer rubro alguno por dicho perjuicio material.

— Lucro cesante.

En cuanto dicho perjuicio material, habida cuenta que en la demanda se solicitó la cantidad de $ 4.250’000.000 m/cte., la Sala procederá a estudiar, con base en los medios de prueba aportadas, el monto de dicho perjuicio:

— Certificación aportada en original expedida el 13 de junio de 2000, por el contador público Néstor Jaime Méndez, con matrícula 29.139 de la Junta Central de Contadores(47), en la cual hizo constar lo siguiente:

“Por medio de la presente certificamos que la Pasteurizadora Homolac Fusa (Luis Eduardo Rodríguez), le efectuaba pagos al señor José Eduardo Rodríguez Lombo, identificado con C.C. (…), durante el año 1998, así:

1. Por concepto de fletes en el transporte de leche cruda, así:

Vehículo SUJ-375 Ruta Santa Fe, un promedio mensual de $ 2’000.000.

Vehículo UAD-700 Ruta La Aguadita un promedio mensual de $ 4’000.000.

2. Por concepto de comisiones de venta de leche pasteurizada en los vehículos y rutas de su propiedad, así:

Vehículo SUD-022 Ruta Bogotá 3, un promedio mensual de $ 2’800.000.

Vehículo SUK-435 Ruta Bogotá 1, un promedio mensual de $ 2’400.000.

Vehículo CHR-754 Ruta Fusa 2, un promedio mensual de $ 2’200.000.

3. Por concepto de sueldos como empleado en el cargo de jefe de transporte se pagaban $ 203.826 más auxilio de transporte y sobresueldo de quinientos mil pesos mensuales ($ 500.000)”.

Asimismo, si bien obra dentro del proceso un dictamen pericial (cdno. 3), cuyo objeto consistió en determinar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante que habrían padecido los demandantes con ocasión de la muerte del señor José Eduardo Rodríguez Gutiérrez, lo cierto es que el mismo tomó como base de liquidación la totalidad de los ingresos que percibía el hoy occiso, es decir se sumaron todos los ingresos que fueron certificados por el contador de la empresa Homolac; sin embargo, advierte la Sala que los ingresos derivados “por concepto de comisiones de venta de leche pasteurizada en los vehículos y rutas de su propiedad” y los provenidos “por concepto de fletes en el transporte de leche cruda”, no podrán ser objeto de reconocimiento, pues no obra prueba alguna que certifique que con ocasión de la muerte de la referida persona, los vehículos hubiesen dejado de realizar las actividades que normalmente desarrollaban y, que por esa razón, sus herederos se hubiesen visto impedidos de obtener los ingresos que normalmente recibían por dichas actividades, máxime si se tiene en cuenta que a folios 7 a 14 del cuaderno 1 obra copia auténtica de la escritura pública 3.240 de fecha 30 de septiembre de 1998, mediante la cual se inscribió la partición y adjudicación de los bienes del señor José Eduardo Rodríguez Gutiérrez, dentro de la cual se incluyeron los referidos automotores.

Así las cosas, la Sala procederá a liquidar el lucro cesante, consolidado y futuro, con fundamento en los ingresos que los herederos del señor José Eduardo Rodríguez Gutiérrez dejaron de percibir como producto de la actividad que su esposo y cónyuge dejó de realizar como “Jefe de transporte” de la empresa Procesadora de Leche Homolac, en el monto certificado de $ 703.826, mensuales.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su fallecimiento: $ 703.826.

Expectativa de vida total de la víctima: 33.99 años (407,88 meses)(48)

Período consolidado: 178 meses

Período futuro: 229,88 meses

Índice final: marzo de 2013 (112,87)

Índice inicial: junio de 1998: 51.02

Actualización de la base:

s2000-01339.JPG
 

RA = $ 1’557.052, que por ser superior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2013 ($ 589.500), se tomará aquél para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 1’946.315) y, de dicho guarismo se reducirá un 25%, correspondiente al porcentaje que dedicaba a sus gastos personales, obteniéndose como resultado ($ 1’459.737), monto que según jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado, debe dividirse entre su esposa (50%) y sus dos hijos (50%), lo cual arroja el monto de $ 729.868.

A favor de la señora Nohora Nelly Villalobos Benavídez (cónyuge):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de José Eduardo Rodríguez Lombo, (junio de 1998) hasta la fecha de esta sentencia (abril de 2013), esto es 178 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 729.868

I = Interés puro o técnico: 0.004867

s2000-01339-1.JPG
S = $ 729.868 x 282,1379

S = $ 205’923.437

Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima (José Eduardo Rodríguez Lombo), esto es 229,88 meses, aplicando la siguiente fórmula:

s2000-01339-2.JPG
 

S = $ 729.868 X 138,172

S = $ 100’847.342

Total perjuicios materiales para la cónyuge: Trescientos seis millones setecientos setenta mil setecientos setenta y nueve pesos ($ 306’770.779).

A favor de Nelly Johana Rodríguez Villalobos (hija de la víctima):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de José Eduardo Rodríguez Gutiérrez (jun. /98) hasta la fecha de esta sentencia (feb. /2012), esto es 176 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 364.934(49)

s2000-01339-3.JPG
S = $ 364.934 x 282,1379

S = $ 102’961.712

Futuro: No habrá lugar a reconocer suma de dinero alguna por este concepto, toda vez que para la fecha de esta sentencia la citada demandante ya adquirió 25 años de edad (abr. 14/2006).

Total perjuicios materiales para Nelly Johana Rodríguez Villalobos: Ciento dos millones novecientos sesenta y un mil setecientos doce pesos ($ 102’961.712).

A favor de Javier Eduardo Rodríguez Villalobos (hijo de la víctima):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de José Eduardo Rodríguez Gutiérrez (jun. /98) hasta la fecha de esta sentencia (feb. /2012), esto es 176 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 364.934(50)

s2000-01339-4.JPG
 

S = $ 364.934 x 282,1379

S = $ 102’961.712

Futuro: No habrá lugar a reconocer suma de dinero alguna por este concepto, toda vez que para la fecha de esta sentencia el aludido demandante ya adquirió 25 años de edad (jul. 10/2010).

Total perjuicios materiales para Javier Eduardo Rodríguez Villalobos: Ciento dos millones novecientos sesenta y un mil setecientos doce pesos ($ 102’961.712).

2.6. Reparación integral(51).

En casos como el presente, en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado por graves violaciones a los Derechos Humanos, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha dado plena aplicación a los artículos 16 de la Ley 446 de 1998(52) y 8º de la Ley 975 de 2005(53). Al respecto se ha pronunciado en los siguientes términos:

En consecuencia, cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión objetiva de un derecho, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea restablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso sólo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de reparación integral. En efecto, la jurisprudencia de la corporación ha precisado que si existe una colisión entre el principio de reparación integral con los principios de congruencia procesal y de jurisdicción rogada, estos últimos deben ceder frente al primero en cuanto concierne a las medidas de satisfacción, rehabilitación, y garantías de no repetición, toda vez que el parámetro indemnizatorio, esto es, el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales sí está amparado por los citados principios del proceso que tienden a garantizar el derecho de defensa del demandado.

Definido el anterior panorama, la Sala reitera la jurisprudencia que sobre el particular ha delineado para precisar que, en aquellos eventos en los que sea evidente la alteración grave de un derecho de la persona, es posible que se adopten medidas distintas a la indemnización de perjuicios, todas ellas encaminadas a operar como factores de justicia restaurativa, esto es, como instrumentos que propenden por el restablecimiento objetivo del derecho conculcado(54) (resaltados adicionales).

En ese mismo sentido, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de marzo del 2009, precisó:

“Como se desprende de los anteriores planteamientos, es posible formular algunos lineamientos en relación con el principio de reparación integral en Colombia:

i) En todo proceso en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, será posible deprecar medidas de reparación integral, con miras a que se restablezca el statu quo preexistente a la producción del daño.

En consecuencia, siempre será posible que en las demandas de reparación directa los demandantes formulen pretensiones dirigidas o encaminadas a la reparación in integrum del perjuicio, incluso reparaciones in natura. No obstante, en estos supuestos, el juez estará siempre vinculado por el principio de congruencia procesal y de la no reformatio in pejus.

ii) Cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos, el juez cuenta con la facultad de decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa (correctiva), encaminadas a la satisfacción y el restablecimiento del derecho o derechos lesionados. Así las cosas, en estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo no puede estar limitado, en modo alguno, por los principios procesales antes mencionados, puesto que constituye un imperativo categórico que prevalece sobre las citadas garantías, el hecho de garantizar una reparación integral del perjuicio”(55).

Con fundamento en lo anterior, la considera que en eventos como el presente —en los cuales se desbordó la esfera o dimensión subjetiva de los derechos conculcados, dada su magnitud, anormalidad y excepcionalidad—, el juez contencioso administrativo no puede ser indiferente, so pena de entender el derecho de la reparación como una obligación netamente indemnizatoria, cuando lo cierto es que una de las funciones modernas de la responsabilidad es la preventiva, así como la protección de la dimensión objetiva de los derechos vulnerados (vgr. vida, libertad, integridad, dignidad, etc.).

En el caso concreto, según se probó, un miembro de la División de Inteligencia del Ejército Nacional ultimó a un inerme ciudadano en confusos hechos que aún no han sido esclarecidos por la justicia ordinaria, todo lo cual deviene en una grave violación de Derechos Humanos en perjuicio de las víctimas, lo cual afectó, de manera substancial, la dimensión objetiva de tales derechos, amén de que según se pudo establecer no hubo investigación disciplinaria alguna contra algún miembro de la institución y la investigación penal no logró el esclarecimiento de los móviles y finalidades, ni mucho menos identificó a los responsables intelectuales del homicidio del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, razón por la cual en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de las siguientes medidas:

1) Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio de su autonomía institucional y en el evento de que no se hubiese realizado, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los responsables intelectuales de los hechos ocurridos el día 17 de junio de 1998, en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en los cuales resultó muerto el señor José Eduardo Rodríguez Lombo, puesto que se trata de una grave violación de los Derechos Humanos. La instrucción respectiva deberá comprender, de igual manera, cualquier tipo de responsabilidad derivada de la omisión en que pudieron haber incurrido los superiores del Cabo Primero José Hildebrando Rodríguez Gutiérrez.

Para los señalados efectos, por secretaría de la corporación, remítase copia auténtica e integral de la presente providencia con destino a la Fiscalía General de la Nación.

De abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el día 17 de junio de 1998, en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.

2) El director del Batallón de Inteligencia Nº 5 de esa institución realizarán un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima directa del presente caso, el cual deberá contener, además, un reconocimiento expreso de responsabilidad administrativa por los hechos que dieron origen a la presente acción; para la realización de dicho acto solemne, de ser posible, se recomienda la participación de medios de comunicación nacional (radio, prensa, televisión, etc.).

3) El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

Supervisión de cumplimiento de la sentencia.

El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional deberá remitir con destino a la Procuraduría General de la Nación, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, un informe detallado sobre el cumplimiento de las condenas extrapatrimoniales aquí impuestas, en el cual se deberá adjuntar copia magnética del texto que fue insertado y publicado en la página web de esa Cartera Ministerial, así como una copia magnética del registro fílmico de la ceremonia solemne de presentación de excusas públicas. Lo anterior en virtud la competencia institucional radicada en la Procuraduría General de la Nación (C.P., art. 277, num. 1º).

2.7. Condena en costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, se ha verificado que la entidad demandada (Nación - Ejército Nacional), actuó de esa manera, comoquiera que en franco desafío a la indiscutible evidencia probatoria —respecto de la participación directa de sus agentes en servicio en el homicidio de una persona—, buscó desconocer con argumentos fútiles dicha realidad procesal y con ello encubrir la verdad material del presente asunto, razón por la cual la Sala condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 21 de enero de 2004.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la muerte del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, ocurrida el 17 de junio de 1998 en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En consecuencia, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. Por daño moral, a favor de las siguientes personas y por los montos establecidos a continuación:

Nohora Nelly Villalobos Benavídez (cónyuge)100 SMMLV
Nelly Johana Rodríguez Villalobos (hija)100 SMMLV
Javier Eduardo Rodríguez Villalobos (Hijo)100 SMMLV

3.2. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los montos que se establecen a continuación:

3.2.1. Para la señora Nohora Nelly Villalobos Benavídez, la suma de trescientos seis millones setecientos setenta mil setecientos setenta y nueve pesos ($ 306’770.779).

3.2.2. Para Nelly Johana Rodríguez Villalobos, la suma de ciento dos millones novecientos sesenta y un mil setecientos doce pesos ($ 102’961.712).

3.2.3. Para Javier Eduardo Rodríguez Villalobos, la suma ciento dos millones novecientos sesenta y un mil setecientos doce pesos ($ 102’961.712).

3.3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a la reparación integral de la violación de los derechos humanos de los mencionados demandantes, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberán adoptarse las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

3.3.1. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio de su autonomía institucional, y en el evento de que no lo hubiese realizado, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los responsables intelectuales de los hechos ocurridos el día 17 de junio de 1998, en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en los cuales resultó muerto el señor José Eduardo Rodríguez Lombo, puesto que se trata de una grave violación de los Derechos Humanos. La instrucción respectiva deberá comprender, de igual manera, cualquier tipo de responsabilidad derivada de la omisión en que pudieron haber incurrido los superiores del cabo primero José Hildebrando Rodríguez Gutiérrez.

Para los señalados efectos, por secretaría de la corporación, remítase copia auténtica e integral de la presente providencia con destino a la Fiscalía General de la Nación.

De abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el día 17 de junio de 1998, en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.

3.3.2. El director del Batallón de Inteligencia Nº 5 de esa institución realizarán un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima directa del presente caso, el cual deberá contener, además, un reconocimiento expreso de responsabilidad administrativa por los hechos que dieron origen a la presente acción; para la realización de dicho acto solemne, de ser posible, se recomienda la participación de medios de comunicación nacional (radio, prensa, televisión, etc.).

3.3.3. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

3.3.4. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional deberá remitir con destino a la Procuraduría General de la Nación, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, un informe detallado sobre el cumplimiento de las condenas extrapatrimoniales aquí impuestas, en el cual se deberá adjuntar copia magnética del texto que fue insertado y publicado en la página web de esa cartera ministerial, así como una copia magnética del registro fílmico de la ceremonia solemne de presentación de excusas públicas. Lo anterior en virtud la competencia institucional radicada en la Procuraduría General de la Nación (C.P., art. 277, num. 1º).

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(13) Decreto 597 de 1988.

(14) Folio 2, cuaderno 2.

(15) Folio 225, cuaderno 2.

(16) Folio 226, cuaderno 2.

(17) Folio 227, cuaderno 2.

(18) Las pruebas allegadas con el mencionado oficio son susceptibles de valoración, dado que fueron solicitadas de forma conjunta por las partes. Al respecto, resulta pertinente hacer referencia a las consideraciones expuestas por esta Sala en sentencias del 18 de septiembre de 1997 (exp. 9.666) y del 29 de enero de 2009 (exp. 16.975):

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente. (…).

“Debe anotarse, adicionalmente, que en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, la Sala ha considerado que dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión”.

Las indagatorias rendidas en el proceso penal no serán valoradas en esta instancia, pues las mismas no se practican bajo la gravedad de juramento. Al respecto, la Sala ha sostenido:

“En relación con la indagatoria … practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración …, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio”. Ver sentencias del 18 de septiembre de 1997, expediente 9666 y del 8 de febrero de 2001, expediente 13.254.

(19) Folios 37 a 42, cuaderno 2.

(20) Folios 106 a 110, cuaderno 2.

(21) Folios 43 a 46, cuaderno 2.

(22) Folios 118 a 123, cuaderno 2.

(23) Folios 125 a 128, cuaderno 2.

(24) Folios 123 a 124, cuaderno 2.

(25) Folios 128 a 132, cuaderno 2.

(26) Folios 101 a 105, cuaderno 2.

(27) Folios 101 a 105, cuaderno 2.

(28) “La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.

“Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

“Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad.

“En consecuencia, aunque en el caso concreto se hubiera proferido en el proceso penal decisión definitiva, favorable a los intereses del servidor público, dicha decisión no impide que se valore esa misma conducta para establecer si la misma fue o no constitutiva de falla del servicio, es decir, que a pesar de que para el juez penal el servidor estatal no fue penalmente responsable del daño, podrán valorarse las pruebas que obren en este proceso, incluida esa decisión, para establecer si el daño sufrido por los demandantes es imputable al departamento de Caldas y si, además, el título de imputación es el de falla del servicio”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, radicación: 17001233100019950602401 (16.533), actor: Libardo Sánchez Gaviria y otros. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

(29) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 26 de octubre de 2000, expediente 15610.

(30) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 26 de octubre de 2000, expediente 15610.

(31) Ibídem.

(32) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15.700, M.P., Ruth Stella Correa Palacio; posición reiterada entre otras en la sentencia de octubre 12 de 2011, expediente 22.158 de la misma Consejera Ponente.

(33) Cf. Dellepiane, Antonio “Nueva Teoría de la Prueba”, Ed. Temis, Bogotá, 1972, págs. 97 y 98.

(34) En términos similares a los descritos en esta sentencia consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de junio de 2008, expediente 16.398 con ponencia del consejero, Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, expediente 21.521, M.P. Ruth Stella Correa.

(36) Así lo certificó el registro civil de defunción de la víctima (fl. 2, cdno. 2).

(37) Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que presenta los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada. La ejecución extrajudicial debe distinguirse, pues, de los homicidios cometidos por servidores públicos que mataron:

a) Por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento.

b) En legítima defensa.

c) En combate dentro de un conflicto armado.

d) Al hacer uso racional, necesario y proporcionado de la fuerza como encargados de hacer cumplir la ley.

Si se toman en cuenta las anteriores precisiones, no es exagerado sostener que la ejecución extrajudicial es un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera inmediata o mediata, en las potestades del Estado”. Al respecto consultar, Oficina En Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Protección de los Derechos Humanos en el Conflicto Armado Interno, Bogotá, D.C., 22 de abril de 2005.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, expediente 15567. En el mismo sentido sentencias del 4 de diciembre de 2007, expediente 16.894 y del 20 de febrero de 2008, expediente 16.996, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

(39) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(40) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente 17.993, M.P. Enrique Gil Botero.

(41) Cfr. Ídem.

(42) Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C Nº 153, párr.66; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 49, párr. 149, y Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C Nº 162, párr. 96.

(43) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, Caso del Penal Castro Castro, y Caso Vargas Areco y Caso Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007.

(44) Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 y cfr. también Comentario General 14/1984, párr. 1.

(45) Posición jurisprudencial reiterada también en la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 29 de enero de 2009, dentro del expediente 16.975.

(46) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(47) Obra copia auténtica de la tarjeta profesional de contador público de la referida persona (fl. 20, cdno. 1).

(48) De conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados, se tiene que el señor José Eduardo Rodríguez Gutiérrez tenía una expectativa de vida menor que la de su cónyuge.

(49) Suma que se obtiene de dividir el 50% de la renta $ 729.868 entre los dos hijos.

(50) Suma que se obtiene de dividir el 50% de la renta $ 729.868 entre los dos hijos.

(51) En similares términos puede consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 18.436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En aquella oportunidad la Sala declaró la responsabilidad del Estado por el desplazamiento de varias familias de campesinos en los municipios de Pelaya, La Gloria y Talameque (Cesar) y, en consecuencia, condenó al Estado al pago de los perjuicios morales y materiales a favor de las víctimas, así como la adopción de diversas medidas de Justicia Restaurativa; de igual forma en sentencia del 21 de febrero de 2011, expediente 20.046, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, la Sala adoptó una serie de medidas simbólicas similares a las impuestas en este caso, en un caso de responsabilidad estatal por tortura y desaparición forzada de personas por parte de miembros del DAS.

(52) “A través de la cual se expidieron normas sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”, el artículo en mención preceptúa:

“ART. 16.—Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales (se resalta).

(53) “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Dicha disposición legal establece:

“El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

“Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

“La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

“La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.

“La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

“Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

“La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática” (se resalta).

(54) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, expediente 18.364, M.P. Enrique Gil Botero.

(55) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, expediente 17.794, M.P. Enrique Gil Botero. Ver también, sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 18.436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.