Sentencia 2000-01344 de abril 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA “SUBSECCIÓN B”

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente:26883

Radicación:250002326000200001344 01

Actor:Gregorio Moreno Vargas y otros

Demandado: Bogotá D.C. y otro.

Naturaleza:Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., 30 de abril de 2014.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía(3), tiene vocación de doble instancia.

7.1. De otro lado, cabe señalar que si se entendiera improcedente acudir al fuero de atracción a través del factor de competencia de conexión, sin perjuicio de se hubiera demandado a Bogotá D.C., en la medida en que no se advirtiera un sustento contundente de la probabilidad seria de que este ente pudiera ser llamado a responder por la muerte del señor José Alirio Moreno Arias —o que en cualquier caso debió verificarse al momento de que se le diera inicio al trámite de la presente litis(4)—, y que si bien durante un tiempo se habría presentado una discusión frente a la jurisdicción a la cual debía someterse el presente asunto —entre las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo—, al estar conformada la parte demandada de una empresa de industria y comercio que presta los servicio públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, lo cierto es que éste último tema fue superado con la expedición de la Ley 1107 de 2006, en virtud de la cual se modificó el artículo 82(5) del Código Contencioso Administrativo, normativa que pretendió dirimir los conflictos de competencia y jurisdicción correspondientes abandonando el criterio material, para adoptar exclusivamente un criterio orgánico de competencia en virtud del cual, el caso concreto en análisis sí debe ser estudiado por la jurisdicción de la que hace parte esta Corporación, al haber sido demandada la referenciada EAAB ESP.

7.2. En efecto, se debe tener en cuenta que a pesar de no encontrarse vigente la disposición en comento al momento de presentación de la demanda y de proferirse la sentencia de primera instancia, al consistir en una norma procesal, rige de manera inmediata y a futuro aún en los procesos que ya hubieran iniciado(6), máxime cuando actualmente no hay duda que el presente conflicto deba ventilarse ante esta jurisdicción y es susceptible de ser conocido por esta Corporación —ver párrafo 7—, como en pasadas ocasiones se ha reconocido por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo:

Para la época de ocurrencia de los hechos, de presentación de la demanda y de la sentencia de primera instancia, la competencia para decidir la responsabilidad por los hechos en los cuales hubieran incurrido las empresas industriales y comerciales del Estado, como lo era la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá era la jurisdicción ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 31 del Decreto 3130 de 1968 que establecía:

(…).

No obstante, se advierte, que este es ya un asunto superado en el caso concreto, habida consideración de que conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, que modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, que a su vez había sido modificado por el artículo 30 de La ley 446 de 1998 esta jurisdicción es competente para conocer de los asuntos en los cuales esté involucrada cualquier entidad pública. Establece la norma:

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley…”.

Esta norma, como lo ha señalado la Sala define la competencia de esta jurisdicción con un criterio orgánico, en cuanto prevé que conoce de las controversias en las cuales sean parte las entidades públicas, como lo son las empresas industriales y comerciales del Estado(7). Por lo tanto, hoy no existe ningún impedimento para conocer en esta jurisdicción de las pretensiones formuladas en contra del Municipio de Medellín, de Empresas Públicas de Medellín y de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, porque todas esas entidades son de naturaleza estatal y, en consecuencia, para conocer de las controversias en las cuales sean parte las dos últimas ya no hay que acudir al fuero de atracción.(8)

II. Validez de los medios de prueba

8. En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el presente asunto, cabe destacar lo siguiente:

8.1. Fueron aportadas con la demanda, las declaraciones rendidas de manera previa a la iniciación del presente proceso contencioso administrativo por parte de los señores Susana Ñustes Zabala, Martha Lucía Ñustes, María Elizenia Sarmiento, Rosalbina Martínez, Raquelina Moreno de Suarique, María Bertilda Moreno Arias y José Alciviades Verdugo, el 28 de abril, el 8 y el 16 de mayo del 2000, ante la Notaría Cincuenta y Cuatro del Círculo de Bogotá D.C., de las cuales, sólo podrán ser valoradas aquellas que hubieran sido ratificadas durante el trámite de la litis, esto es, las expuestas por las señoras María Elizenia Sarmiento, María Bertilda Moreno Arias y Susana Ñustes Zabala, debido a que sólo ellas volvieron a declarar ante el Tribunal a quo bajo cuestionamientos similares a los formulados en las diligencias de recepción de testimonios anticipados.

8.1.1. En cuanto a las demás deponencias relacionadas, se advierte que carecen de validez para ser apreciadas en este juicio, comoquiera que se constituyen en pruebas sumarias cuyo contenido no tiene mérito probatorio alguno, en consideración a que no fueron ratificadas en los términos del artículo 229(9) del C.P.C., normativa aplicable en virtud de la remisión que hace el artículo 267 del C.C.A. al estatuto procesal civil en los aspectos que éste no regule(10)

8.2. Ahora bien, sobre el conjunto de las pruebas testimoniales que obran en el plenario, se debe precisar que las declaraciones de la señores María Bertilda Moreno Arias, rendidas tanto de manera previa a la iniciación del proceso así como aquella vertida en el desarrollo del mismo, serán tenidas, en principio, por sospechosas a la luz del artículo 217(11) del C.P.C., en virtud de que sus percepciones sobre los sucesos que narró pudieron haberse visto alteradas, toda vez que tiene vínculos de parentesco con la mayoría de los integrantes de la parte demandante -ella fue relacionada como actora en el libelo introductorio, pero sus pretensiones fueron rechazadas por el Tribunal a quo al no haber subsanado los yerros encontrados en dicho escrito inicial; ver nota 2-, puesto que de conformidad con las copias de los registro civiles correspondientes, es hija de Gregorio Moreno Vargas y María Elena Arias, así como hermana de los demás actores y del fallecido (f.1-3, 4,10-14, cdno. pruebas), situación que asimismo reconoció en sus respectivas testificaciones. Sin embargo, es claro que esa sola circunstancias no lleva a descartar de plano sus versiones, sino que su valoración dependerá de la credibilidad que éstas puedan revelar(12) al momento en que la Sala proceda a realizar el análisis conjunto de los elementos probatorios, y los correlativos hechos que a raíz de éstos se encuentren demostrados.

8.3. De otro lado, obran en el plenario 4 fotografías con las cuales se pretende demostrar la unión familiar de quienes demandan, imágenes en las que se observa un grupo de oficiales de policía departiendo alrededor de una mesa, un grupo de personas al lado de una motocicleta, la ceremonia de bautismo de un niño, y unos adultos con unos niños al lado de una puerta. Se advierte que las fotos aludidas carecen de valor probatorio toda vez que con éstas sólo se demuestra que dichas imágenes fueron registradas, pero no existe certeza de que las mismas correspondan a las personas que presentaron el libelo introductorio y que hacen parte del conflicto judicial, toda vez que no es posible determinar cuál es su origen, o lugar y época de su registro, en adición a que no fueron reconocidas o ratificadas en testimonios, o confrontadas con otros medios de prueba que permita concluir lo que con ellas se busca por la parte demandante(13).

8.3.1. Asimismo, se advierte que una vez el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca declaró vencido el término probatorio en primera instancia y otorgó el plazo para que las partes y el Ministerio Público rindieran sus alegaciones finales y el concepto respectivo, la parte demandante allegó otras fotografías con el mismo fin descrito, al igual que una donde se observan estacionados un camión al lado de una motocicleta, otra en donde se percibe a un señor realizando labores de carpintería, y una copia de un folio de un álbum fotográfico -constituido por 10 folios en total, de los cuales 9 no fueron aportados al expediente- elaborado por el CTI, en que se registró la imagen de un camión. Respecto de las referidas pruebas documentales, es de precisar que no sólo resulta aplicable las consideraciones ya destacadas en el párrafo anterior para entender que éstas no tienen validez probatoria alguna, sino que también se advierte que las mismas fueron incorporadas al proceso de manera extemporánea, por lo que no fueron tenidas como medios probatorios por la autoridad judicial de primera instancia, así como tampoco pudieron la parte demandada y los llamados en garantía ejercer su derecho de contradicción en cuanto a las mismas, razones por las que no podrían ser apreciadas por la Sala sin que se vulneraran sus derechos al debido proceso y lo que conlleva a descartarlas del análisis de responsabilidad que se procede a efectuar.

III. Los hechos probados

9. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. El 8 de marzo de 1999, aproximadamente a las 7:40 a.m., se produjo un accidente de tránsito en la avenida Caracas, a la altura de la calle 36-32 sur, de la ciudad de Bogotá D.C., siendo las características de dicha vía recta y plana, en un solo sentido, asfaltada, en buen estado, en condiciones secas y con buena iluminación, con la señalización del sentido vial y la demarcación de la línea de borde, con separadores que sobresalían de la superficie de la calzada individualizando el carril en que ocurrió el siniestro por su lado derecho -cuyo ancho era de aproximadamente 3,40 metros- y que de manera obligatoria hacían a los vehículos atravesar la mencionada avenida virando hacia la izquierda, accidente que tuvo lugar antes de la ubicación de un semáforo y en el que se vieron comprometidos un camión identificado con las placas n.° OBD-361, marca Ford, modelo 96, perteneciente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ESP, el cual para el momento se encontraba siendo empleado para el cumplimiento de las funciones propias de dicha entidad, y la motocicleta de placas XBI-73, marca Kawasaki, modelo 80. Como consecuencia del incidente referenciado, falleció de manera inmediata el conductor de la motocicleta, esto es, el señor José Alirio Moreno Arias, como consecuencia de “APLASTAMIENTO CRANEOFACIAL SECUNDARIO A POLITRAUMATISMO CONTUNDENTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO (CONDUCTOR DE MOTO). SEGÚN DATOS DE LA ESCENA AL PARECER COLISIONÓ CON UN CAMIÓN”, produciéndose tal aplastamiento con la llanta delantera derecha del mencionado camión y siendo encontrada la motocicleta debajo y por dicho costado del automotor de la EAAB ESP (original del certificado n.° CT900108418 de tradición expedido por la Secretaria de Tránsito y Trasporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.(14) y copias auténticas de (i) registro de defunción del señor José Alirio Moreno Arias; (ii) informe de accidente de tránsito del vehículo vactor L-16 suscrito por el conductor del mismo, esto es, Jaime Ruiz Carrillo, empleado de la EAAB ESP, (iii) providencias del 25 de octubre de 1999 y 22 de febrero de 2001, proferidas por la Fiscalía Trece Seccional perteneciente a la Unidad Primera de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, (iv) informe de accidente de tránsito ocurrido el 8 de marzo de 1999, elaborado por la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor, oficina de Bogotá D.C., perteneciente a la Secretaria de Tránsito y Transporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Igualmente, testimonio del señor Josué Eccehomo Rubiano Perilla y declaración de parte del llamado en garantía, Jaime Ruiz Carrillo; fls. 28, 29, 80-90, 95-109, 120-122, 129, cdno. pruebas).

9.2. Con ocasión de la muerte del señor José Alirio Moreno Arias, se iniciaron las investigaciones penal por homicidio culposo y disciplinaria correspondientes, en contra del conductor del camión y trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, Jaime Ruiz Carrillo, quien desempeñaba el cargo de operador técnico en dicha empresa a la que había ingresado desde el 19 de mayo 1987, las cuales fueron ulteriormente archivadas sin que se hubiera hallado probada su responsabilidad penal o disciplinaria (original del oficio n.° 8287 del 5 de octubre de 2001, remitido por la Fiscalía Trece Seccional perteneciente la Unidad Primera de Delitos contra la Vida e Integridad Personal y del oficio n.° 6600-2001-4820, suscrito por la directora administrativa de la Unidad de Investigaciones Disciplinarias de la EAAB ESP. Copia auténtica del informe del accidente de tránsito suscrito por el señor Jaime Ruiz Carrillo; fls. 53, 71, 76, cdno. pruebas).

9.3. En relación con la pesquisa penal adelantada, identificada con el número 401419, la cual le correspondió a la Fiscalía Trece Seccional perteneciente la Unidad Primera de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, en el plenario se cuenta únicamente con las decisiones mediante las que se definió la situación jurídica del sindicado y se calificó el mérito del sumario de dicho proceso. Respecto de la primera providencia, dictada el 25 de octubre de 1999, en la cual se concluyó que no se cumplían con los requisitos legales para imponer medida de aseguramiento en contra del investigado, cabe resaltar las siguientes consideraciones y los medios probatorios que fueron tenidos en cuenta para adoptar esa resolución, dado que se reitera, no fue aportado la totalidad del proceso penal (copias auténticas de la providencia del 25 de octubre de 1999, proferida por Fiscalía Trece Seccional perteneciente la Unidad Primera de Delitos contra la Vida e Integridad Personal; fls. 80-90, cdno. pruebas):

Es menester precisar desde un comienzo y por vía de eliminación objetiva que la conducta examinada está lejos de presentarse como dolosa o preterintencional (…). Igualmente no se observa que en este particular evento concurran circunstancias específicas de agravación, pues el hoy sindicado no huyó del sitio del accidente y antes bien, permaneció en éste hasta cuando acudió (sic) las autoridades respectivas, y Medicina Legal diagnosticó ausencia de signos clínicos de embriaguez (…).

En lo atinente al aspecto subjetivo o responsabilidad que pudiera ser endilgada al sindicado, JAIME RUIZ CARRILLO, contamos inicialmente con un informe preliminar (fl.9) donde se da cuenta de la ocurrencia de un accidente de tránsito, el hecho de no haberse encontrado testigos de los hechos referentes a vecinos del sector y únicamente se entrevistaron a los acompañantes del sindicado, quienes se desplazaban al interior del camión.

Obra la declaración del señor JOSE VICENTE RINCÓN (fl.15), compañero de trabajo del sindicado y quien a la vez lo acompañaba el día de los hechos a lo cual adujo que dicha mañana se desplazaban (…).

Citado el señor JOSE ALIRIO MORENO FORERO (fl. 63) hijo del occiso, en su declaración manifiesta que se enteró que su padre se desplazaba en una moto por la avenida Caracas con calle 36 sur cuando se enredó en un plástico y cayó debajo del camión del acueducto y por ello fue que se le produjo el aplastamiento de su cabeza. Señala (…) de los hechos tuvo conocimiento por medio de su señora madre quien a su vez la había informado un hermano de ella de nombre Enrique Forero. Aduce que su padre vivía con los progenitores de él ya que llevaba tres años separado de su señora madre (…).

Testimonio de Josué Eccehomo Rubiano Perilla (fl. 108), compañero de trabajo del implicado y quien fuese el otro ocupante en la cabina del camión del Acueducto el día de los hechos. Con relación a los mismos, refiere que se encontraban estacionados en el sitio de ocurrencia del accidente por la avenida Caracas con calle 36 sur esperando el cambio de semáforo cuando éste da la vía, es decir la flecha para girar al occidente se puso en verde y los carros procedieron a movilizarse los que iban delante de ellos, por lo que JAIME obra de igual manera, por lo que al momento de arrancar y haber movido el rodante de 7 a 10 mts aproximadamente, éste comenzó a saltar, en ese momento el pesó (sic) que eran los taches que existen en la vía, pero reacciona y le dice al conductor que detenga el vehículo, de inmediato el chofer frenó, por lo que se bajó junto con su compañero que iba al lado de la puerta y es ahí cuando observan a un señor debajo del camión, quien yacía muerto por cuanto se le había fracturado el cerebro e igualmente una moto estaba debajo de dicho rodante (…). Indica que ellos en ningún momento vieron al señor de la moto ya que si hubiese ido al lado lo habrían podido divisar por el espejo retrovisor y, por ende es que ninguno de los ocupantes del camión se explican que fue lo que verdaderamente aconteció.

(...) Añade que una testigo de los hechos que se encontraba allí les había argumentado que el señor del camión no había tenido la culpa ya que el separador había mandado (sic) al señor de la moto debajo del carro y al parecer por ello se dio el accidente.

(...).

Con todo lo anteriormente referenciado se puede establecer que en el plenario no obra prueba o indicio alguno que nos lleve a determinar o colegir que el aquí sindicado, JAIME RUIZ CARRILLO; obró con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos de tránsito, puesto que no aparece que fuese a alta velocidad o rebasando el límite legalmente autorizado (…), ello se deduce del mismo informe de accidente, en el que no se indica huella de frenada o de arrastre prolongado con relación a la víctima por parte del sindicado.

Es más, con el resultado arrojado por el laboratorio de química, se puede predicar que el occiso en ningún momento fue impactado de frente por el rodante conducido por el sindicado, ya que se observa que las muestras tomadas y analizadas demuestran que las huellas presentadas en el vehículo implicado en el accidente, fue en la parte media lateral derecha, siendo lo anterior corroborado por las versiones obrante en la foliatura, respecto que en ningún momento el hoy occiso fue visto en frente del camión ni tampoco se percibió de su presencia, antes de la ocurrencia del fatal incidente.

(…).

Pues bien, se tiene que no aparece prueba completa, ni testimonial, ni documental, que conlleve a señalar que el sindicado Ruiz Carrillo, actuó con culpa, al no prever los efectos nocivos de su acto o habiéndolos previsto confió imprudentemente en poder evitarlos, puesto que del material probatorio ya indicado, no aparece señalamiento alguno de responsabilidad de esta persona en los hechos a él endilgados, indicando además que el mismo se debió al parecer a la imprudencia desplegada por la víctima, cuando al desplazarse en su motocicleta por el sector de ocurrencia del accidente, presuntamente su medio de transporte chocó contra uno de los taches de la vía y por ende aquél perdió el equilibrio, produciéndose el lamentable accidente, y ello además lo predicamos de lo argumentado por unos de los deponentes, en el sentido a que una persona ajena a ellos, una señora, así lo hizo dar a entender.

9.4. Asimismo, por medio de la providencia del 22 de febrero de 2001, la autoridad señalada decidió precluir la investigación penal a favor de Jaime Ruiz Carrillo, en la medida en que sus actuaciones se vieron amparadas bajo la causal de inculpabilidad referente al caso fortuito o fuerza mayor, habida consideración de que fue la conducta del conductor de la motocicleta la que originó su deceso, a la vez que coligió procedente aplicar al caso concreto el principio de indubio pro reo. En este sentido, sostuvo (copia auténtica de la providencia del 22 de febrero de 2001, proferida por la Fiscalía Trece Seccional perteneciente a la Unidad Primera de Delitos contra la Vida e Integridad Personal; fls. 95-109; c. pruebas):

DEL MATERIAL PROBATORIO ALLEGADO

Sobre la materialidad del hecho:

(…).

Sobre la responsabilidad del sindicado:

En relación con el aspecto subjetivo, o responsabilidad que pudiera ser atribuida al aquí sindicado se cuenta con las siguientes pruebas:

- Informe policivo en el cual se da cuenta del accidente y se deja a disposición a una persona (f.11)

- Examen de embriaguez practicado al señor JAIME RUIZ CARRILLO (fl. 12).-

- Declaraciones rendidas por los señores JOSÉ VICENTE RINCÓN (fls. 15 y ss) y JOSUÉ ECCEHOMO RUBIANO PERILLA (fls. 108 y ss).

- Testimonio vertido por el señor JOSÉ ALIRIO MORENO FORERO.

- Declaración rendida por la señora MARÍA GRACIELA FORERO AVILA (fl. 203 y ss).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

(…).

Se contó por otra parte con las declaraciones de los señores JOSÉ VICENTE RINCÓN y JOSUÉ ECCEHOMO RUBIANO PERILLA, personas que acompañaban al sindicado y quienes al respecto sostuvieron que el día de los hechos (…) cuando se acercaban al semáforo ubicado en la calle 36 con avenida Caracas el cual da vía para coger hacia el occidente éste estaba en rojo por lo que se detuvo el carro, al arrancar fue cuando sintieron como si el vehículo hubiera cogido algo a lo cual le dijeron a JAIME que detuviera el carro y de inmediato descendieron del mismo percatándose que un señor estaba delante de la pacha del carro a lo cual le manifestaron al conductor que no se bajara ya que había muerto. Seguidamente varias personas que se acercaron les mostraron una moto que había quedado debajo del carro.

Refieren que había varios carros estacionados esperando el cambio de semáforo (…) Aducen que antes del accidente no vieron la motocicleta que fue arrollada sólo cuando se bajaron del camión.

Manifiestan que la reacción de JAIME al sentir el ruido extraño en el carro fue la de frenar en seco y permaneció en la cabina todo confundido (…).

Así mismo estos deponentes (…) dichos guardan relación con lo manifestado por el sindicado en lo que atañe al hecho dentro del cual él se vio enfrentado además de la circunstancia señalada por una señora que al aparecer presenció los hechos pero la cual no se supo de quién se trataba cuando les hace el comentario que el señor de la moto se había ubicado delante del camión cuando estaba a la espera del cambio de semáforo y bien pudo haberse enredado con uno de los taches existentes en la vía haciéndole perder el equilibrio y caer justamente en el preciso momento en que JAIME pone en marcha el rodante que tenía bajo su mando.

(…).

Cuenta la investigación así mismo con lo arrojado por el laboratorio de química a donde se remitieron: 1. Los fragmentos de pintura despegados en la parte posterior del vehículo OBD 361 (corresponde la vehículo conducido por el sindicado), 2.- Fragmentos de pintura tomados del tanque de la motocicleta XBI-73; 3.- Fragmentos de pintura despegados, encontrados en la parte media del vehículo lado derecho sobre la vía (piso) y 4.- Muestra de pintura tomada de la defensa trasera del vehículo OBD-361, en donde al efectuarse los cotejos respectivos en donde se concluye que los tres primeros fragmentos de pintura indicados presentan las mismas características físicas y naturaleza química siendo consistentes con lacas nitrocelulósicas modificadas con ftalato, así mismo éstas muestras cotejadas con la cuarta presentan diferente naturaleza química ya que ésta última corresponde a una laca acrílica.

Es decir, que de acuerdo con este dictamen cierto resulta que en ningún momento el vehículo conducido por el sindicado colisionó de manera frontal contra la motocicleta en la cual se desplazaba la hoy víctima (…) pero igualmente no podemos con plena exactitud señalar (…) que el señor JOSÉ ALIRIO se encontraba delante del camión momentos previos a la producción del accidente ya que ninguna de las personas presentes en el teatro de los acontecimientos advirtieron su presencia; además que de acuerdo con lo arrojado con el dictamen de bilogía forense cuando se sometió a estudio un fragmento de pintura amarilla tomada del capo parte externa la cual presentaba adherencia rojiza al parecer sangre, dicha muestra arrojó resultado negativo (…) en otras palabras se corrobora aún más que en ningún momento el sindicado atropelló al hoy occiso con dicha parte de su vehículo (ver fl. 131).

Téngase igualmente de presente los resultados obtenidos por parte del laboratorio de física, (…) se puede extractar y concluir que la velocidad que llevaba el camión al momento del accidente era inferior a 15 kilómetros por hora, es decir, se corrobora lo dicho por el sindicado y las personas que lo acompañaban que acaba de poner en marcha el rodante cuando se produce el accidente.

Resulta cierto que el aplastamiento que sufrió el occiso fue con la llanta delantera del rodante (…), pero así mismo no puede pregonarse con certeza que la motocicleta se movilizaba previamente al accidente delante de éste, ya que es el mismo perito el que señala dicha circunstancia, lo cual denota un factor de duda sobre este aspecto lo que vendría a reafirmar lo dicho por el sindicado cuando sostiene insistentemente que nunca antes del accidente llegó a ver al occiso (…).

Así mismo téngase que la motocicleta cayera al piso por razones diferentes a la colisión entre los vehículos, es decir, si es probable que el conductor de la moto ya se encontrara en el piso antes de ser arrollado por el camión y, de ser cierta dicha circunstancia, no resulta del todo descabellado (…) que ellos en ningún momento vieron al señor de la moto y al momento de colocar JAIME en marcha el camión no le era factible el visualizarlo si éste ya se encontraba tendido en el suelo (…).

Vemos en este asunto que de acuerdo como ocurrió el accidente, los dichos tanto del sindicado como de los testigos de visu en cierto modo fueron corroborados por las pruebas arrimadas al diligenciamiento, guardando concordancia y paridad en cuanto a la manera como indica que se ocasionó el hecho y la forma en que el hoy occiso lamentablemente propició el accidente al haberse desplazado en la forma en que lo hizo aquella fecha en su motocicleta y tal como el mismo hijo del occiso lo señala respecto al hecho que una señora hizo el cometario sobre la caída de su padre (…).

IV. Problema jurídico

10. La Sala debe establecer si se configura la responsabilidad de las entidades demandadas por la muerte del señor José Alirio Moreno Arias, con ocasión del accidente de tránsito que sufrió mientras conducía una motocicleta en la avenida Caracas con calle 36-32 sur de la ciudad de Bogotá D.C., el cual consistió en haber sido arrollado por un camión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, análisis para el que se hace indispensable dilucidar de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, las circunstancias específicas en las que se desarrolló el siniestro y, asimismo, tener en cuenta que dicho accidente ocurrió mientras la víctima y el empleado de una de los organismos integrantes de la parte pasiva del presente litigio, se encontraban desarrollando una actividad peligrosa, esto es, la conducción de vehículos automotores.

10.1. En consecuencia, a luz de los argumentos esbozados en el medio de impugnación interpuesto por la parte demandante, se establecerá si se configuró el hecho exclusivo de la víctima reconocido por el Tribunal a quo en la sentencia de primera instancia, o si por el contrario, la fuente del daño demandado fue únicamente el comportamiento del conductor del camión de la EAAB ESP, evento en el que se impondrá declarar la responsabilidad estatal respectiva y se hará necesario considerar la prosperidad de los llamamientos en garantía formulados por una de las entidades demandadas y el Ministerio Público en contra de la empresa BBVA Seguros Colombia S.A. y el señor Jaime Ruiz Carrillo.

10.2. Igualmente, de manera precedente a abordar el análisis de responsabilidad que corresponda, se discurrirá sobre los alcances que tienen en este asunto las decisiones proferidas por la jurisdicción ordinaria en el ámbito penal respecto del mencionado conductor del camión.

V. Análisis de la Sala

11. Antes de iniciar el análisis de los elementos estructurales de la responsabilidad en el sub judice, se considera pertinente advertir la incidencia que tienen las decisiones penales en el presente asunto, especialmente aquella que decidió precluir la investigación pertinente a favor de quien para ese entonces trabajaba como empleado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, es decir, de Jaime Ruiz Carrillo, con ocasión de la muerte del señor José Alirio Moreno Arias, comoquiera que dicho fallecimiento es el daño objeto de la demanda presentada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de la acción de reparación directa, conocida por esta Corporación en virtud del recurso de apelación interpuesto solamente por la parte demandante.

11.1. Al respecto, esta Sección ha señalado que las sentencias penales no tienen efectos de cosa juzgada en los juicios de responsabilidad del Estado, pero pueden ser valoradas como pruebas documentales en los siguientes términos:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad(15).

11.2. Con observancia de lo expuesto, resulta plausible la procedencia del presente análisis en relación con la responsabilidad que le puede caber a la EAAB ESP por la muerte aludida, comoquiera que la absolución penal reconocida vía preclusión de investigación a favor del conductor del vehículo que materialmente originó el daño no tiene los efectos de cosa juzgada en relación con el juicio de responsabilidad del Estado que acá procede a realizarse y por consiguiente, la posibilidad del juez administrativo de proferir un pronunciamiento de fondo al respecto en virtud de su competencia se mantiene totalmente incólume.

12. Una vez precisado lo anterior, se advierte que se encuentra debidamente acreditada la existencia del daño invocado por la parte demandante, consistente en la muerte del señor José Alirio Moreno Arias.

12.1. Ciertamente, se observa que su fallecimiento se produjo el 8 de marzo de 1999, alrededor de las 7:40 a.m., por el aplastamiento que sufrió su cráneo ocasionado por un politraumatismo contundente causado por la llanta delantera derecha de un camión de propiedad de la EAAB ESP, como consecuencia de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado y que ocurrió en la avenida Caracas con calle 36-32 sur de la ciudad de Bogotá D.C., mientras conducía la motocicleta identificada con placas n.° XBI-73, marca Kawasaki.

13. Ahora bien, en cuanto a la imputabilidad del daño referenciado a la entidad demandada aducida, no obstante cabe indicar que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su motivación(16), lo cierto es que no se puede desconocer sin una argumentación razonable el precedente jurisprudencial fijado por esta Corporación en relación con los accidentes de tránsito causados por varios vehículos en los que se ejercen de manera simultánea la actividad peligrosa de conducción de los mismos -como ocurrió en el sub lite-, toda vez que ello implicaría vulnerar el principio de igualdad frente a asuntos que hubieran sido decididos siguiendo un derrotero argumentativo en específico, es decir, que el principio señalado impone la resolución de asuntos que sugieren los mismos supuestos de hecho utilizando la misma metodología de estudio en lo que se refiere a la imputación del detrimento correspondiente.

13.1. Así se advierte que sin perjuicio de que normalmente en los eventos en que se produce un daño por la ejecución de una actividad riesgosa o por el uso de una cosa peligrosa, se ha acudido al fundamento objetivo de responsabilidad denominado riesgo excepcional, por lo que en esos asuntos el menoscabo que se origina por la concreción del riesgo respectivo debe ser reparado desde un punto de vista objetivo por quien desarrolló dicha actividad o tuvo control sobre la cosa que implicaba el peligro, no se puede perder de vista que éste título de imputación se hace inoperante cuando de manera concurrente se realizan comportamientos que originan riesgos de manera recíproca o simultánea, puesto que en estos casos se ha colegido necesaria la aplicación del régimen subjetivo de falla probada del servicio y por ende, para atribuir responsabilidad en los mismos, se debe encontrar como acreditado que la causa adecuada del daño se constituyó en el incumplimiento en las cargas obligacionales que se generan para dicho actuar peligroso que desarrolló tanto la víctima como el presunto causante del daño y, lo que en el sub judice se traduce en la conducción de los vehículos automotores que se vieron comprometidos en la génesis del siniestro en que murió el señor Moreno Arias. Al respecto, se ha dicho por esta subsección:

En cuanto el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en los cuales interviene un vehículo oficial en la producción del daño cuya indemnización se reclama a través de la acción de reparación directa, el Consejo de Estado ha señalado que éste, por regla general, es de carácter objetivo, pues con la conducción de vehículos automotores se crea un riesgo de carácter excepcional que, de materializarse, compromete la responsabilidad estatal. No importa, para el efecto, que no exista ilicitud en la conducta de la Administración e, incluso, que ésta contribuya al cumplimiento de un deber legal, pues la imputabilidad surge del ejercicio de una actividad que, por su peligrosidad, genera un riesgo grave y anormal para los administrados(17).

(…).

Excepcionalmente, el régimen de responsabilidad aplicable será el de la falla probada del servicio cuando el daño se produzca por la colisión de dos vehículos en movimiento pues, en estos eventos, se presenta una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos. En tales circunstancias, “el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante, y surge la necesidad, entonces, de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor del vehículo oficial o alguna otra circunstancia constitutiva de falla del servicio que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada [(18)](19).

13.2. Una vez puesto de presente lo anterior, sobre las circunstancias específicas en que acaeció el accidente de tránsito señalado, además de los elementos de convicción en que se constituyen las providencias penales en las que de manera correspondiente se decidió no imponerle detención preventiva al señor Jaime Ruiz Carrillo, conductor del camión de la EAAB ESP, para que luego se precluyera la investigación penal a su favor —pruebas documentales que pueden aportar al juez certeza sobre los elementos de la responsabilidad del Estado; ver párrafos 11 a 11.2—, se tiene también lo señalado en un informe del siniestro rendido por aquél ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, y los testimonios de la señora María Bertilda Moreno Arias, quien declaró tanto de manera anticipada como durante el trámite del presente proceso, y de los señores Josué Eccehomo Rubiano Perilla, José Vicente Rincón y Efraín Botero Fonseca ante el Tribunal de primera instancia.

13.3. Con observancia de que la naturaleza de la mayoría de los medios probatorios aducidos que dan cuenta de lo acaecido el 8 de marzo de 1999 son de carácter testimonial, de manera previa a abordar su análisis, es necesario tener en cuenta las reglas de la sana crítica según las cuales, para el estudio de testimonios, debe realizarse una lectura integral de todos los elementos que rodean la declaración, así como las condiciones personales del deponente, todo ello con el objetivo de verificar las características que deben estar presentes en la versión juramentada, si es que con ella se pretende formar el convencimiento del juez. Dichos rasgos son la imparcialidad del testigo, la coherencia interna de sus dichos, la ciencia del conocimiento que tiene sobre los hechos y la coherencia externa del testimonio con los demás medios de prueba que obren en el plenario(20), y cualquier defecto presente en alguno o varios de dichos elementos de análisis, tiene virtud para minar la credibilidad del declarante y, por esa misma vía, dar al traste con la vocación probatoria del medio de convicción sometido a la crítica del juzgador. Frente a este punto ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende en buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas, condición que ha de entenderse satisfecha cuando “… las respectivas contestaciones se relaten concienzudamente (sic)…” (G.J.T. CXI, pág. 54), relato que por lo tanto debe incluir la razón de la ciencia del dicho de los deponentes que, según conocida definición de la jurisprudencia, consiste en “… la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, modo y tiempo como el testigo tuvo conocimiento del mismo…” (Casación Civil de 8 de marzo de 1972), toda vez que solamente así, explicando de qué manera tuvo el declarante conocimiento del hecho acerca del cual testifica, podrá el juzgador apreciar la veracidad con que el testimonio se produce y si realmente dicho declarante tiene o no el conocimiento que se atribuye, resultado al que no es fácil arribar pues supone comprobar, ante esa información así suministrada, si el testigo declaró sobre hechos que pudieron caer sobre la acción de sus sentidos, si apoya o no su dicho en observaciones personales suyas, si la declaración resulta verosímil por no contrariar los dictados del sentido común ni las leyes elementales de la naturaleza y, en fin, si esa misma declaración, además de original y persistente, es consonante con el resto del material probatorio obrante en el proceso. Y en orden a verificar si el requisito mencionado se cumple, es decir si en un caso determinado los testigos dieron razón fundada de su dicho o no, preciso es no olvidar que las declaraciones efectuadas, sea para acogerlas o sea para desecharlas, han de tomarse en su integridad, evitando extraer frases aisladas o afirmaciones ocasionales que por lo común desorientan en el análisis, sentándose entonces un criterio de razonable ponderación crítica en el cual muchas veces ha insistido la Corte al destacar que, cuando de la prueba testimonial se trata, “… no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, sino que debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera significación” (G.J.T. LXXXIX pág. 842), regla ésta que lleva a entender, por lógica inferencia, que la expresión de la ciencia del dicho de los testigos no es cuestión que dependa en modo alguno de exigencias rituales, toda vez que aún cuando lo normal es que aparezca explícita o formalmente referida, pues a ello tiende sin duda alguna el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, “… no repugna que ella esté implícita en los términos de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos varios puntos, por razón de la materia están íntimamente enlazados entre sí, la razón de una de las respuestas podría entrarse en la contestación dada a otro de los puntos…” (G.J.T. CVI, pág. 140)(21).

13.4. Además, tal como se insinúa en la cita hecha, es necesario enfatizar que, según los mismos criterios de la sana crítica, la prueba testimonial debe ser analizada en forma integral y no aisladamente en cada una de sus partes y, además, debe ser percibida en conjunto con todas los demás medios de convicción que componen el acervo probatorio, para lo cual se debe tener en cuenta la posibilidad de que el dicho del testigo se vea mediatizado por la acción del tiempo transcurrido entre la época de ocurrencia de los hechos que se relatan, y el momento en que la declaración es vertida al proceso(22).

13.5. Por su parte, conviene advertir que ante la existencia de una contraposición de hipótesis que llegue a ser develada de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, ésta debe ser resuelta por el juzgador empleando los mismos postulados de la sana crítica ya referenciada, normada por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(23), y definida por la jurisprudencia de esta Corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”(24) y en virtud del cual, “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”(25). Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro que, en aplicación de las “reglas de las sana crítica”, el juez deberá valorar todos y cada uno de los elementos de prueba que tiene a su alcance y otorgarles el nivel de credibilidad que les corresponda, atendiendo siempre a los criterios de razonabilidad que rigen la interpretación judicial(26).

13.6. Asimismo, cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la versión que esté soportada con un mayor nivel de probabilidad lógica(27), labor en la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso responde a una mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o del sentido comúnmente admitido(28). Al decir de Taruffo, “(…) si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de la probabilidad prevaleciente (…). En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis/elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas”(29)

13.7. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se principia por verificar el informe rendido por el conductor del camión al momento de ocurrencia del siniestro, es decir, por parte de Jaime Ruiz Carrillo ante la EAAB ESP, así como las declaraciones juramentadas y rendidas ante el Tribunal a quo por las personas respecto de las cuales está fehacientemente demostrado que presenciaron el desenlace del accidente en que perdió la vida el señor José Alirio Moreno Arias, esto es, de Josué Eccehomo Rubiano Perilla y de José Vicente Rincón, testigos respecto de los que está probado que se encontraban al interior del camión al momento de ocurrencia de los hechos, por cuanto trabajaban para la empresa demandada, lo que fue señalado tanto por ellos, en el informe aludido, y en la investigación penal que se inició con ocasión del siniestro, y cuyo conocimiento, al ser directo, será tomado por la Sala como referente respecto de los demás medios probatorios mencionados con la finalidad de hacer el análisis conjunto de todas las pruebas que puedan dar certeza de lo sucedido. Es así como en el informe de accidente en comento se indicó que (informe de accidente de tránsito del vehículo vactor L-16 del 9 de marzo de 1999; fl. 73):

El día 8 de marzo de 1999, siendo las 7:00 A.M., me presenté al inspector de la zona cuarta, señor JAIME VIVAS con el fin de reportarme y recibir los boletines de trabajo a realizar este día, siendo las 7:35 A.M. salía de la subcentral de Santa Lucía con rumbo hacia el barrio Kennedy.

Al estar llegando a la Avenida Caracas con calle 36 sur cogí el carril para voltear hacia el occidente, al llegar al semáforo el cual estaba en rojo me encontraba detrás de unos siete vehículos en espera del cambio de semáforo. Cuando cambió el semáforo a verde, los vehículos que iban adelante se movilizaron, haciendo yo lo mismo a lo que alcancé a andar unos tres metros aproximadamente cuando sentí un movimiento brusco del carro a lo cual frené inmediatamente, al instante se bajó el ayudante que iba al lado derecho del vehículo y me dijo que no lo moviera porqué había atropellado a una persona que se transportaba en motocicleta a lo cual no me bajé del vehículo hasta que la autoridad competente se hizo presente y me llevaron a medicina legal a tomar el examen de alcohol y alucinantes el cual salió negativo.

(...).

Como testigos del accidente están los compañeros JOSÉ VICENTE RINCÓN registro 02555 y JOSUÉ RUBIANO registro 01013, quienes son los ayudantes del Vactor y se transportaban en el vehículo conmigo en el momento del accidente.

13.3. Por su parte, el señor Josué Eccehomo Rubiano Perilla, quien se encontraba en la mitad de la cabina del camión al momento de ocurrencia del accidente, entre su conductor, el referido señor Ruiz Carrillo -ubicado en el costado izquierdo del automotor-, y de su otro compañero de trabajo, José Vicente Rincón -sentado del lado derecho del camión-, declaró que en ningún momento percibió la presencia de motociclista alguno en el carril por el cual transitaron y que era separado por unos “taches” en el lado derecho del mismo para indicarle a los transeúntes que sólo se podía girar hacia la izquierda -lo que concuerda con la descripción del informe y el croquis del accidente de tránsito levantado por la autoridad pertinente; ver párrafo 9.1- e igualmente, que el automotor de la EAAB ESP se detuvo en un primer momento debido a que el semáforo ubicado en la vía se encontraba en luz roja, para luego reanudar su marcha una vez tal instrumento cambió a luz verde y los vehículos que se encontraban adelante hubieron avanzado, alcanzando a transportarse algunos metros antes de que sintiera un ruido y luego un movimiento por el lado derecho del camión que lo llevó a decirle al conductor que se detuviera nuevamente. En este sentido, señaló (fls. 119-122, cdno. pruebas):

Como bien se supo fue un accidente de tránsito en la avenida Caracas con calle 36 sur, aproximadamente, estábamos haciendo un cruce girando a la izquierda. En ese momento estábamos nosotros estacionados haciendo fila para que cambiara el semáforo para arrancar, el número de carros no lo tengo presente. Bueno nosotros arrancamos con el Vactor ya cuando cambió la luz, el símbolo del carro S16, propiedad de la empresa de acueducto y alcantarillado siempre tomando todas las precauciones para arrancar. Arrancamos aproximadamente unos 10 metros, escuché un ruido como de un algo, yo pensé que era un carro que pasaba por el lado por ejemplo, en lo cual ya cuando avanzamos un poco se sintió que el carro pasaba por encima del separador, por encima de los cacharritos que colocan como amarillos. A mí se me hizo impresionante le dije al conductor que vamos por encima del sardinel, que fue lo que pasó, cuidado. El rápido reaccionó y estaco (sic) el carro, paró el carro, cuando nosotros le dijimos. Abrimos la puerta mi compañero José Vicente Rincón que iba a la orilla y yo iba en el centro, bajamos, y cuando vimos el accidente que el señor estaba debajo de la máquina con la moto, nos dirigimos a él para prestarle los primeros auxilios, cuando de pronto miramos que por el casco se le estaba saliendo el cerebro. (…) En ese momento se agrupó un poco de gente, hubo una señora que le dijo a uno de los compañeros no se preocupe que él no tuvo la culpa, el señor fue a pasar la máquina y lo botó los taches amarillos, que fue lo que lo botó debajo de la máquina. Yo desconozco si le tomaron datos oficiales a la persona que dijo eso. (…) Como le dije antes avenida Caracas con calle 36 sur, cruce al occidente. Donde ya comienza a hacer fila hay sólo un carril, para un solo carro, que es un semáforo que permite el cruce a la izquierda, no hay sino un solo carril. PREGUNTADO: Infórmele al despacho sí en el momento en que se encontraba detenido el vehículo de la Empresa de Acueducto pudo usted observar delante del mismo la presencia de alguna persona, de un motociclista o algo por el estilo. CONTESTÓ: Lo que miramos siempre fue vehículos, yo no vi ningún motociclista. PREGUNTADO: Sírvase informarle al despacho si el vehículo de la empresa de acueducto una vez cambió el semáforo se puso en marcha y logró pasar éste. CONTESTÓ: Negativo. No alcanzó a hacer el giro. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si pudo usted divisar a cualquiera de los costados del carro de la empresa de acueducto la presencia de algún motociclista. CONTESTÓ: No, no vi pasar ningún motociclista, yo iba en el centro y me queda muy incómodo mirar a los costados. Escuché un ruido, no más, por el lado derecho del carro, es decir por el costado oriental de la máquina. No más. PREGUNTADO: Sírvase informarle al despacho si vio usted o alguno de sus compañeros de cabina de la empresa de acueducto señal alguna o llamado, vale decir, pitos, gritos, etc. anunciándoles la existencia de algún tipo de peligro. CONTESTÓ: Ninguna, no doctor. (…) Los taches estaban al costado derecho, es decir al costado oriental de la máquina. Íbamos de sur a norte, por el costado derecho. Esos taches indicaban que era un solo carril. Están pintados de amarillo, es una señal preventiva. (…) Al cambio de luz del semáforo como lo comenté antes había una fila de carros, entonces se dejó que los carros de adelante arrancaran para nosotros continuar la marcha. Él estaba atento. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra la apoderada del actor, quien manifiesta: (…) PREGUNTADO: Manifiesta usted que una señora le dijo que el señor de la motocicleta fue a pasar y los taches lo botaron, describa si usted vio la apariencia de esa persona, cómo estaba vestida, el nombre de la señora si sabe. CONTESTÓ: Como lo dije antes, ella estaba hablando con unos compañeros, no sé si ellos le tomarían los datos. Todo fue de repente (…) si yo la escuché, pero eso fue de paso. Físicamente era una señora (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho y comoquiera que usted iba en la cabina del referido automotor, desde el momento en que arrancó el rodante oficial hasta el momento en que sintieron que habían cogido algo, cuánto tiempo y que distancia había transcurrido. CONTESTÓ: Eso sí fue en especie de segundos, no puedo asegurar si debajo del carro estaba a 20 centímetros aproximadamente. (…) Fue cuestión, como nosotros veníamos organizando el programa, yo no le puse cuidado, son diez metros o no (sic) (…). Es una maquina grande, doble troque, es alta la altura es alta, lleva dos tanques para agua ubicados a los lados y un tanque en el medio para los sólidos, limpieza de pozos. Esa máquina pesa varias toneladas pero el peso exacto no lo sé. (…) Pues si me pregunta por el cuerpo, el quedó para la parte oriental derecha. La moto quedó debajo de la máquina.

13.9. En un sentido similar a la declaración señalada, obra el testimonio del señor José Vicente Rincón, quien aseveró que el camión aludido llegó al carril en que ocurrió el siniestro y se detuvo con ocasión de que el semáforo que permitía el cruce de la avenida se encontraba en rojo, así como también que delante de ellos habían varios vehículos entre los cuales no notó la existencia un persona conduciendo una motocicleta, sino que éstos consistían exclusivamente en automóviles. Asimismo, refirió que escuchó un ruido que lo llevó a indicarle al señor Ruiz Carrillo que no continuara avanzando con el camión, una vez el semáforo mencionado había cambiado a luz verde. De esta manera, adujo (fls. 145-147, cdno. pruebas):

Me consta que yo ese día salí a trabajar en un vehículo de símbolo L16 de la empresa de acueducto a cumplir unos reclamos en el barrio de Kennedy, Bosa. Salimos de Santa Lucía, no recuerdo la hora ni el día porque ya no recuerdo por lo que ya hace tiempo, unos cuatro años. Salimos por la avenida Caracas y en el semáforo de la calle 36 sur el semáforo estaba en rojo por lo tal el vehículo se detuvo. Adelante del vehículo había tres o cuatro vehículos pequeños, el carro se tuvo que esperar la luz verde para iniciar la marcha. Yo iba sentado en la parte derecha del vehículo, al pie de la puerta derecha. En el momento me encontraba organizando los boletines de trabajo o los reclamos, para seguir el trabajo por direcciones. Cuando el carro arrancó la marcha como al segundo sentí un ruido como cuando alguien coge o pega y yo lo único que dije al compañero JAIME RUIZ que era el conductor del vehículo, que detuviera el carro, porque grité en el momento que sentí eso, paralelamente habían otras personas que gritaban en la calle. Al momento que el compañero paró, yo abrí la puerta y lo primero que vi fue al señor tirado en el piso ya. Yo me bajé rápidamente y me dirigí a brindarle los primeros auxilios pero era imposible, entonces me regresé otra vez al vehículo para decirle al compañero que no había nada que hacer, que esperáramos que llegaran las autoridades o algo y en el momento le dije no se mueva estese ahí, porque él estaba asustado, le compré un vaso de agua y ahí ya llegó la policía. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte actora. (…) Yo en el vehículo cuando sentí el golpe, grité al compañero tenga el vehículo, pero no me había dado cuenta que era lo que había sucedido (…). PREGUNTADO: Dígale al despacho si observó usted que vehículos en particular transitaban de lado y lado del automotor dónde usted iba. CONTESTÓ: Que transitaban a lado y lado no, porque al momento yo estaba revisando los boletines del trabajo lo único que observé es que al frente del vehículo donde yo iba habían unos tres o cuatro vehículos pequeños, no recuerdo, automóviles pero no más. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho y como quiera que usted iba en la cabina del referido motor (sic) o vehículo desde el momento en que arrancó el rodante hasta el momento en que había sentido el golpe, que distancia habían recorrido. CONTESTÓ: Por ahí andaría un metro cuando yo sentí el golpe, o dos metros. (…) Cuando yo me bajé del carro vi el cuerpo del señor cerca de las llantas traseras recuerdo la posición, lo único que vi fue la cabeza espichada y le dije a mi compañero que ya no había nada que hacer. (….) Dice porque yo no me di cuenta en el momento, se encontró la moto debajo del tanque de combustible del carro donde yo iba, la moto quedó bien debajo inclusive cuando yo me bajé no vi moto ni nada, porque quedó bien debajo (…). El ruido del motor se escucha como es un carro grande, se escucha el pito de los demás carros. PREGUNTADO: Dígale al despacho que altura aproximada hay del suelo a la cabina en donde usted se encontraba para el día de los hechos. CONTESTÓ: Exactamente no tengo, pero aproximadamente 1 metro con setenta u ochenta, de pronto más o menos.

13.10. De otro lado, se encuentran en el plenario las dos declaraciones rendidas por la señora María Bertilda Moreno Arias, quien es familiar de la mayoría de los actores y fue mencionada en el libelo introductorio como integrante de la parte demandante, no obstante lo cual, sus pretensiones fueron rechazadas por el Tribunal a quo antes de que se abriera la litis con el auto admisorio de la demanda —ver párrafo 8.2 y nota 2—. Conviene señalar que la referida deponente rindió dos testificaciones: una, antes de que se iniciara el trámite de la acción de reparación directa ante notario, y la otra, tiempo después dentro del marco del presente proceso y ante el juzgador de primera instancia. A su vez, cabe precisar que si bien la testigo en comento no presenció el desenlace de los hechos en los que perdió la vida su hermano José Alirio Moreno Arias, manifestó haber llegado y visto el escenario de los hechos de manera inmediata a la ocurrencia del accidente.

13.11. En la primera declaración referenciada, la señora Moreno Arias indicó que el automotor de la EAAB había desatendido las normas de tránsito respectivas de manera similar a como se sostuvo en la causa petendi del escrito inicial, a tal punto que aseveró, según lo que había escuchado de personas que según ella sí estuvieron presentes al momento de ocurrencia del siniestro, que el conductor del camión se encontraba distraído por sus compañeros y que había pasado el semáforo del carril tantas veces aludido mientras éste se encontraba en rojo, atropellando a la víctima. En ese sentido, señaló (f. 31, c. pruebas):

(…) Yo estaba en mi casa que queda muy cerca al lugar del accidente cuando hoy (sic) el alboroto de los vecinos, me asomé a la puerta y escuché, decir que un camión de la empresa de acueducto y alcantarillado de Santafé de Bogotá había matado a un señor, en forma inmediata bajé a verificar lo sucedido, y cuando llegué al lugar del accidente, me encontré que el señor que había matado el carro del acueducto, era mi hermano JOSÉ ALIRIO MORENO ARIAS, en ese momento no lo podía creer, era imposible para mi aceptar que ese señor fuera mi hermano, me llené de angustia y mucho dolor al verlo tirado en el suelo debajo del camión de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (…) PREGUNTADO: Cuál cree usted que fue el motivo del accidente. RESPONDIÓ. Por imprudencia del conductor del camión del acueducto y alcantarillado, pues como escuché a la gente, cuando bajé al lugar de los hechos, el semáforo estaba en rojo, y mi hermano alzó la mano para indicarle al conductor del camión que iba a pasar, pero este en primer lugar se pasó el semáforo en rojo, y en segundo lugar, creo que por la estructura del camión, que es bastante alto, y por la interferencia que le producían los otros dos acompañantes, le fue imposible ver a mi hermano, como sería la imprudencia, que lo golpeó mi hermano cayó de la moto y luego fue triturado su cráneo con las llantas del mismo camión de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (…).

13.2. Ahora bien, en su segunda declaración, la señora Moreno Arias, adicionalmente a reiterar que el accidente de tránsito se había producido por la imprudencia del conductor del camión de la EAAB ESP, identificó a una persona que según ella había presenciado las circunstancias en que acaeció el accidente, sin ofrecer mayor explicación de la razón por la que conoció la identidad de dicho tercero presencial de los hechos objeto de la demanda, el motivo por el cual le constaba que éste había visto lo acontecido, y la razón por la que no refirió su existencia en su primera deponencia (f. 113-115, c. pruebas):

Yo me encontraba en mi casa, que por cierto queda cerca al lugar del accidente, escuché el bullicio y la algarabía de la gente, salí a la puerta, para ver de qué se trataba y escuché decir que un camión de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ había matado a un señor, me desplacé de inmediato al lugar del accidente, y no se imaginan el impacto y el dolor tan grande que me produjo ver y darme cuenta de que se trataba de mi hermano (…) en ese momento fue un momento muy terrible que no se lo deseo a nadie, también hay otro testigo presencial que se llama EFRAN (sic) BOTERO FONSECA, quien estaba parado frente al AUTOLAVADO DE CARROS, era administrador de dicho AUTOLAVADO DE CARROS de la 36 con caracas sur, él vio en el momento del accidente como fue todo y él está dispuesto a dar su declaración, el vio quien llegó primero y el accidente como sucedió (…) Era un carro grande, camión le dicen elefante porque es tan grande y alto, pues llevaba la descripción del logotipo de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, en la parte de adelante no sé por qué no llevaba la manguera con que hace la limpieza, ni tampoco llevaba los tanques laterales de la parte derecha, iban tres personas en el camión y según los comentarios de los que vieron ellos iban charlando echando risa y miraban hacia la 24 y no se dieron cuenta que tenían adelante al señor con la moto. (…) La moto era amarilla (…) A continuación toma la palabra el señor apoderado de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, quien señaló: PREGUNTADO. Sírvase informarle al despacho en forma concreta, en qué lugar se presentó el accidente de su hermano, esto es la dirección, y la dirección de su vivienda. CONTESTÓ. Calle 36 sur con avenida Caracas, barrio el pesebre, se presentó el accidente, frente al LAVAAUTOS de la 36, donde yo vivía en ese momento es la dirección carrera 18 D bis no. 64A-21 sur (…). PREGUNTADO: En línea recta qué distancia hay de su casa al lugar de los hechos. CONTESTÓ: Por ahí unas 10, 15 cuadras.

13.13. Con ocasión de la anterior declaración, así como del testimonio rendido por la señora María Elizenia Sarmiento, amiga de la compañera permanente de la víctima, y ante la petición elevada por la parte demandante, durante el desarrollo de las diligencias en que se recibieron los testimonios que sí habían sido decretadas en el auto que abrió a pruebas el proceso, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca decretó de oficio el testimonio del señor Efraín Botero Fonseca, de quien se dijo que había percibido directamente los hechos objeto de estudio. Sobre el declarante en mención, los actores manifestaron como justificación de no haber solicitado la práctica de su declaración desde un principio, que desconocían su “paradero” al momento en que habían presentado la demanda(30) (fl. 117, cdno. pruebas). De esta manera, una vez se realizó la audiencia para recibir sus declaraciones, el anterior tercero dio su versión de los hechos, de la siguiente manera (fls. 139-142, cdno. pruebas):

Resulta que yo me encontraba en la calle 36 sur Caracas, ahí hay un auto lavado, ese auto lavado lo cogí en arriendo con la cafetería, las 24 horas. Resulta de que se me acabó la gaseosa y quise salir a ver si pasaba el camión de la gaseosa, eran por hay (sic) las siete y media, resulta que vi que venía una moto de esas pequeñas, una cien, cogió el carril correspondiente. Detrás venía un camión vactor elefante del acueducto, el camión se estacionó detrás de la moto, delante de la moto habían dos o tres automóviles, cuando el camión se estacionó detrás de la moro (sic) el conductor del vactor venía charlando con sus compañeros, riendo con sus compañeros, esperando a que el semáforo cambiara cuando el semáforo cambió, el señor conductor del vactor no tuvo en cuenta que tenía un motociclista delante de él a mano derecha y emprendió la marcha. La casual del accidente y porque ocurrió fue porque se le olvidó que tenía al motociclista al frente. Lo cogió con la parte derecha, le cascó y el motociclista le hizo una señal con la mano izquierda y no lo vio. En ese momento el carro siguió avanzando, o el elefante como le llamo yo, el motociclista perdió el equilibrio al ser golpeado por el elefante, el motociclista cayó al pavimento o asfalto y cuando cayó la llanta derecha del vactor le cogió la cabeza. Después de que le cogió la cabeza vi cómo le sacó la masa del cerebro, cerebro mejor dicho, y sin embargo los señores que venían en el vactor no se habían dado cuenta de eso. Sin embargo para ellos darse cuenta de eso fue porque la misma llanta derecha del vactor pasó por encima de la moto. Al sentiren (sic) ellos que iban encima de algo, que era la moto, cuando la llanta derecha bajó de la moto, se bajó el compañero que iba a mano derecha del vactor y lo único que gritó fue lo mató. De todas maneras yo vengo a hacer esta declaración porque así fue y realmente pues, la muerte de esta persona fue muy injusta. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte actora, quien inicia PREGUNTADO: Sírvase hacer al despacho una descripción de las características del camión vactor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO que usted manifiesta le cegó la vida al motociclista JOSÉ ALIRIO MORENO ARIAS y porque usted lo describe como vactor elefante. CONTESTÓ: Por la sencilla razón, el vactor como más de una persona le dice, conocido como elefante más no como vactor, porque trae ese filtro aspirador por encima, mejor dicho parece un moco de elefante y por lo grande que es. (…) Las características de la moto es una moto pequeña una cien, tanque amarillo, cromado la parte trasera, una Kawasaki. PREGUNTADO: Describa al despacho cual era la ubicación del cuerpo del motociclista (…). Prácticamente debajo del carro. PREGUNTADO Diga al despacho con cuál llanta del vactor elefante (…) se produjo el aplastamiento del cráneo del motociclista. CONTESTÓ: Con la llanta derecha, porque por el lado donde está la moco, yo le digo así, ese moco va lógicamente a mano derecha y con eso fue que le cascó y perdió el equilibrio y con la llanta derecha delantera fue que lo cogió y lo mató. PREGUNTADO: Manifieste al despacho en qué posición quedó la motocicleta (…). CONTESTÓ: Debajo del camión, o sea al pasar la llanta delantera trae un tanque un estribo donde se suben ellos ahí, la moto quedó debajo de eso. (…) La causa del accidente fue porque el conductor del vactor se le olvidó, vuelvo y repito se le olvidó, que tenía un motociclista delante de él a mano derecha, por venir dialogando con sus compañeros que traía a mano derecha. Él solo miró hacia el frente que arrancaron y él se puso en marcha (…) La distancia que le dejó el elefante a la moto fue muy cortica, aproximadamente de dos a tres metros. PREGUNTADO. Qué posición tenía la moto dentro del carril. CONTESTÓ: Estaba a mano derecha del carril central. PREGUNTADO: A que distancia del carril central. CONTESTÓ. Más o menos de 50 a 60 centímetros del separador. PREGUNTADO. A qué distancia se encontraba usted del camión. CONTESTÓ: Un promedio de 4 a 5 metros de distancia, porque prácticamente estaba al frente del accidente. PREGUNTADO: A qué distancia se encuentra sentado el conductor con referencia al piso. CONTESTÓ: Más o menos le pongo unos dos metros, siempre es alto. PREGUNTADO: Cómo hizo usted para ver a esa distancia que el conductor iba hablando con los compañeros. CONTESTÓ: Lógicamente que hay que ver una cosa, no necesita uno de escucharlos, uno ve el movimiento de la boca, de las manos manoteando, riendo y como traían la ventana de la puerta derecha abajo, estaba abierta. PREGUNTADO: Usted dice que se encontraba frente al camión y a mano derecha del mismo, es decir que el conductor le quedaba al otro extremo, lo cual también quiere decir que tanto la altura del camión (2 metros), como los compañeros del conductor le impedían ver que iba haciendo el conductor. Explíquele al despacho por qué entonces afirma haberlo visto conversar con sus compañeros. CONTESTÓ: En primer lugar porque yo también soy conductor y a la distancia donde yo estaba se ve todo claro. Es que no es lo alto que sea el camión, sino la longitud de donde estoy yo, a donde está el camión lógico que si yo soy conductor hago lo mismo que él hizo, con la izquierda sostenía la cabrilla y con la derecha manoteaba lo que venían hablando con sus compañeros. PREGUNTADO: De conformidad con su respuesta anterior quiere usted decir que pese a que, supuestamente usted vio al conductor hablando, éste tenía la mano izquierda en el timón, lo que quiere decir que estaba atento a su actividad de conducir. CONTESTÓ: Para mí, no está pensando en lo que está haciendo (sic). Porque una cosa es meter un cambio y poner el carro en funcionamiento y no mirar lo que tiene al frente de él, además como la moto es tan pequeña que se iba a acordar el conductor que tenía un motociclista al frente, es muy diferente mirara (sic) de aquí a 7 u 8 metros que tengo cualquier cantidad de automóviles en fila que a un motociclista que no le dio la distancia que él se merecía. PREGUNTADO: Usted manifiesta no haber conocido al conductor del camión, sin embargo afirma, que se le olvidó mirara (sic) hacia delante, dígale al despacho cual es la base que tiene para asegurar que al conductor se le olvidó mirara (sic) a adelante. CONTESTÓ: Porque no venía pensando en lo que venía haciendo sino en lo que venía hablando con sus compañeros. PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho usted manifiesta que un conductor puede hablar y conducir a la vez y afirma que usted mismo lo ha hecho, por qué entonces le consta que al conductor del camión no podía ir hablando y atento a su actividad de conducir. CONTESTÓ: Uno como chofer puede hacer eso pero olvidarse de lo que tiene al frente no porque el carro es grande frente a una moto cien. (…) PREGUNTADO: A qué distancia se encontraba la moto del carro de adelante. CONTESTÓ: La distancia o sea el promedio de dos metros entre el auto y la moto, era un automóvil el que estaba adelante. PREGUNTADO: Qué distancia alcanzó avanzar la motocicleta luego de arrancar y antes del accidente. CONTESTÓ: Pues, la verdad no fue mucho. Pongámosle había andado un metro. (…).

13.14. De conformidad con los medios de convicción reseñados, y sin desconocer los supuestos fácticos argüidos por la partes procesales en sus diferentes intervenciones durante el iter procesal, así como aquéllos que fueron tenidos como acreditados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca para tener por configurado el hecho exclusivo de la víctima, se observa que las pretensiones elevadas en la demanda tampoco se encuentran llamadas a prosperar respecto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, porque si bien la muerte del señor José Alirio Moreno Arias se produjo debido al aplastamiento de su cráneo por la llanta delantera de un camión de propiedad de la mencionada autoridad mientras era empleado en la ejecución de sus funciones -ver párrafo 9.1 y nota respectiva-, lo cierto es que ello no es suficiente para que la misma le resulte imputable, máxime en tanto en cuanto no se encuentra demostrado que en el desplazamiento de dicho vehículo se hubiera incurrido en incumplimiento alguno de las normas de tránsito pertinentes que permitiera concluir que cometió una falla del servicio -título de imputación al que se debe acudir dado que el accidente tránsito se generó mientras dos actividades riesgosas se desarrollaban simultáneamente; ver párrafos 13 y 13.1 con sus respectivas notas-, así como tampoco está acreditado que tal conducción se hubiera constituido en la causa adecuada o eficiente del daño -a pesar de ser causa material- y por el contrario, está probado que la ocurrencia del menoscabo demandado se originó por el propio hecho del occiso, como pasa a explicarse.

13.15. En el presente asunto, la Sala advierte que se encuentra ante una antinomia de hipótesis en relación con el acaecimiento de los hechos objeto de debate, la cual debe ser resuelta de acuerdo a los parámetros aludidos en esta providencia —ver párrafos 13.3 a 13.6—, toda vez que fueron aportados al plenario elementos de prueba que por un lado sostienen, en mayor o menor grado, los fundamentos de hecho invocados por la parte demandante en cuanto a que el conductor del camión de la empresa demandada ocasionó el daño cuya reparación se solicita al haber trasgredido las normas referentes a la conducción de vehículos, en consideración a que contravino la orden de detenerse que le fue impartida por un semáforo ubicado en la vía respectiva y adicionalmente, que se encontraba distraído charlando con sus compañeros de trabajo, mientras que de otra parte, hay medios de convicción que permiten concluir no sólo que el señor Ruiz Carrillo observó toda la diligencia que le era exigible mientras conducía, sino que adicionalmente, fue la víctima quien con su actuar imprudente generó el accidente, al desplazarse por el costado derecho del camión y del carril delimitado por múltiples separadores que sobresalían de la calzada por ese mismo lado y que, al colisionar con éstos o con el vehículo de la EAAB, terminó por caer causando el siniestro en el que perdió la vida.

13.16. A favor de tener por demostrada la primera versión de los hechos señalada, se encuentran únicamente las declaraciones de la señora María Bertilda Moreno Arias y Efraín Botero Fonseca. Respecto de la testigo en mención, además de que cabe recordar que es familiar de los integrantes de la parte actora y de la víctima, por lo que su dicho en principio resulta sospechoso —ver párrafo 8.2—, no escapa a la Sala que cuando rindió sus declaraciones correspondientes, fue clara al señalar que no había presenciado la forma en que había muerto su hermano, por lo que cuando refirió que el señor Jaime Ruiz Carrillo se había pasado el semáforo en rojo, que sus compañeros de trabajo interferían su visión mientras conducía, y que la víctima había mostrados las señas respectivas de “que iba a pasar” siendo ello desconocido por aquél y acaeciendo el atropellamiento, lo hizo con fundamento en lo que adujo escuchar de varias personas que según ella se encontraban presentes cuando sucedió el accidente, pero que falló en individualizar o identificar.

13.17. En consecuencia, al ser su declaración respecto de los sucesos ocurridos de oídas o indirecta, habida cuenta de que la fuente de su conocimiento no se constituyó en lo que percibió a través de sus sentidos, sino que informó lo que a su parecer habían visto otros individuos, sin lograr identificarlos de manera plena y precisa, es diáfano que sus dichos al respecto carecen de la potencialidad de generar certeza o convencimiento alguno, pues no es plausible determinar de manera exacta el verdadero origen de la información que ella aportó al proceso, por lo que a su vez es inviable dilucidar la veracidad de la misma, así como también se torna imposible diferenciar lo que ella dijo escuchar, de un simple rumor en cuanto a la forma en que acontecieron los eventos.

13.18. En efecto, respecto de las declaraciones de oídas o de testigos indirectos, la actual postura de la jurisprudencia de esta Sección ha permitido su valoración siempre que se cumplan con determinados criterios, comoquiera que su admisibilidad como medio probatorio se encuentra contemplado en la ley, pero se exige que el juez actúe con mayor rigor en su apreciación con el fin de que el conocimiento de los hechos que brinde esta prueba no sea alterado y afecte la certeza a la que debe llegar el operador judicial para adoptar la decisión que corresponda. En este sentido, se dijo:

(…) como ocurre con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley, la valoración del testimonio de oídas deberá realizarla el juez de manera conjunta con los demás elementos probatorios que hubieren sido oportuna y regularmente acopiados en el proceso, con el agregado de que en estos casos debe tenerse especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos a los cuales se les otorgue credibilidad resulten finalmente distorsionados por el proceso de comunicación a que se encuentra sometida una declaración de tal naturaleza, puesto que es evidente que el relato de los hechos que realizará el testigo de oídas no dirá relación con aquellos que él hubiere percibido de manera directa sino que se referirá a hechos respecto de los cuales tuvo conocimiento de manera indirecta, por la referencia o transmisión que sobre los mismos le hubiere efectuado otra persona.

Precisamente para evitar que los hechos lleguen alterados al conocimiento del juez, como resultado de la transmisión que ha de ocurrir acerca de la versión de su acaecimiento cuando el conocimiento sobre los mismos se obtiene a través de testimonios indirectos o de referencia, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos de importancia, i).- las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii).- las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii).- la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv).- la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente.

(...).

De esa manera, pues, queda claro, de una parte, que la recepción de los testimonios de oídas se encuentra contemplada explícitamente en el régimen legal colombiano y, de otra parte, que la valoración o apreciación de tales versiones exige, por mandato de la propia ley, mayor rigor de parte del juez en cuanto se requiere una información más detallada acerca de las circunstancias en que el propio testigo hubiere tenido acceso a los relatos correspondientes, cuestión que se revela obvia y explicable dado que —como ya se ha puesto de presente—, en esta modalidad existen mayores riesgos o peligros de que los hechos respectivos puedan llegar distorsionados al conocimiento del juez(31).

13.19. Adicionalmente a lo expuesto, la Sala advierte una inconsistencia en cuanto a las explicaciones dadas por la deponente para asegurar que había llegado al escenario de los hechos de manera posterior al acaecimiento de los mismos, lo cual le resta credibilidad a los testimonios vertidos por ella, en la medida en que aseveró escuchar un “alboroto” que se formó con ocasión del siniestro desde su lugar de habitación, lo que la llevó a salir a la calle y a percatarse de lo que había sucedido con su hermano, no obstante lo cual, se observa que la distancia entre un lugar y otro no podría ser catalogada como corta a pesar de que la testigo lo hubiera hecho parecer así en su declaración, por cuanto la colisión entre la motocicleta y el camión se produjo en la avenida Caracas con calle Nº 36 sur, mientras que la señora Moreno Arias vivía para ese entonces en la carrera 18 D bis con calle Nº 64A sur -ver párrafo 13.12- y por consiguiente, es posible concluir que había entre estos puntos más de las 15 cuadras de distancia referidas por la deponente, lo que hace parecer inverosímil que se hubiera enterado sobre la ocurrencia del accidente por el bullicio de las personas en la calle y mucho menos, que se hubiera movilizado hasta su lugar de ocurrencia desconociendo que la víctima se trataba de un ser querido suyo.

13.20. En cualquier caso, resulta pertinente destacar otra falencia en relación con la segunda declaración que rindió la testigo en comento, y que se vincula de manera directa con la credibilidad que puede suscitar el testimonio del individuo que según ella y la señora María Elizenia Sarmiento, se constituía en un tercero presencial de las circunstancias en que se desarrolló el accidente -ver párrafo 13.12-, y cuyo dicho sería el segundo elemento probatorio que soportaría la tesis fáctica argumentada por el extremo demandante del litigio. Ciertamente, no se puede perder de vista que las mencionadas declarantes, en ningún momento manifestaron una razón contundente por la cual les constara que el señor Efraín Botero Fonseca había percibido el desenlace de los hechos, sino que solamente se limitaron, por un lado, a aducir que éste estaba ubicado al frente de un auto lavado localizado en la avenida Caracas, del cual era “administrador”, y que él había visto “quien llegó primero y el accidente cómo sucedió”, y de otro, que esa información se la había suministrado su amiga Martha Lucía Ramírez Cortés, quien obra como actora en el presente asunto.

13.21. Para la Sala, como se verá, resulta claro que las anteriores afirmaciones no son prueba suficiente para tener por demostrada la ciencia del dicho del aludido deponente, quien de manera abierta señaló que la víctima se había ubicado adelante del camión de la EAAB ESP antes de que éste tuviera que detenerse a esperar a que el semáforo respectivo le permitiera a los vehículos correspondientes avanzar, y que la génesis del siniestro había obedecido a que el señor Jaime Ruiz Carrillo desplegó la conducción de dicho automotor de manera imperita y negligente al ir conversando y riéndose con sus compañeros de trabajo, olvidando que el difunto se encontraba delante suyo.

13.22. En efecto, se advierte que no hay elemento de prueba alguno que ubique al testigo referido en el escena de los hechos más allá de su propia declaración, puesto que resulta palmario que las señoras María Bertilda Moreno Arias y María Elizenia Sarmiento nunca supieron a ciencia a cierta si el señor Efraín Botero Fonseca vio o no los hechos en que falleció el señor José Alirio Moreno Arias, a pesar de que lo hubiesen referido ligeramente en sus declaraciones, en consideración a que es evidente que ninguna de las dos lo conoció en el momento en que el siniestro ocurrió, lo que puede deducirse del hecho de que la primera no lo hubiera mencionado con anterioridad en su respectiva declaración extraproceso, así como de la circunstancia de que la parte demandante —de la cual la señora Moreno Arias hacía parte hasta que sus pretensiones fueran rechazadas por el Tribunal a quo—, tampoco hubiera solicitado la práctica de su testimonio o al menos se hubiera pronunciado sobre su existencia en alguna de las intervenciones que efectuó dentro del proceso antes de su decreto de oficio.

13.23. Al respecto, conviene advertir que si la señora María Bertilda hubiera llegado al lugar donde se encontraba el cadáver de su hermano y conocido al señor Efraín Botero Fonseca en ese momento, entre quienes ella había reseñado como testigos presenciales de los sucesos correspondientes, se tendría como un actuar razonable que desde el primer momento en el que declaró sobre el fallecimiento respectivo, hubiera individualizado a dicho tercero o siquiera, hubiera hecho referencia a que conocía a una persona que sabía con exactitud la forma en que se había desarrollado el accidente, máxime cuando su narración le era favorable a sus familiares que sí se constituyeron en actores en el presente asunto, no obstante lo cual, guardó silencio en ese sentido. A su vez, resulta extraño que en la demanda no se hiciera mención alguna de éste testigo clave que soporta casi de manera idéntica la hipótesis mencionada en la causa petendi, cuando una de los que en principio era integrante de la parte demandante, esto es, María Bertilda Moreno Arías, lo debió haber conocido al momento de producción del daño, comoquiera que ella adujo al momento de rendir su declaración y sin ofrecer mayor explicación de que él había visto todo lo sucedido con la víctima, lo que podría dar a pensar que ella lo conoció en el escenario de los hechos y por consiguiente, podía dar fe sobre la veracidad del dicho de aquél al momento de practicarse la recepción en su declaración.

13.24. Por su parte, el hecho de que la señora María Elizenia Sarmiento señalara que el señor Efraín Botero Fonseca percibió de manera directa los hechos en que acaeció el detrimento demandado según lo que le había comentado la señora Martha Lucía Ramírez Cortés, no puede generar certeza alguna de que tal circunstancia sucedió en realidad, por cuanto su declaración en este sentido es indirecta, cuya fuente de conocimiento sería uno de los integrantes de la parte demandante y por consiguiente, de una parte es claro que no le consta tal circunstancia, así como la Sala no tiene noción alguna sobre la autenticidad de esa información emanada de dicha actora y además, el dicho de la deponente en ese sentido no se podría apreciar como un testimonio de oídas que ofreciera certidumbre sobre la ocurrencia del suceso en comento, dado que ello equivaldría a valorar la apreciación de uno de los demandantes frente a circunstancias que los benefician, como si hubieran sido percibidas por un tercero imparcial, teniendo en cuenta que tal posibilidad es contraria a la naturaleza de las declaraciones de terceros -prueba histórica o de reconstrucción de hechos(32)-, no tiene sustento normativo alguno, sería equivalente a afirmar que una parte procesal puede conformar un testimonio de oídas a voluntad por el simple hecho de trasladar su conocimiento a otra persona que no vaya a ser parte del conflicto, y frente a lo cual cabe igualmente recordar que las manifestaciones de las partes de la litis sólo adquieren valor probatorio cuando se configuran en una confesión de acuerdo con lo establecido por el artículo 195 del C.P.C.

13.25. De esta manera, se advierte ab intio que la declaración del señor Botero Fonseca carece de potencialidad de ofrecer certidumbre sobre lo sucedido, puesto que no hay otros elementos de prueba que lo vinculen con el supuesto conocimiento que aduce tener de la forma en que ocurrieron los hechos, así como tampoco obran medios probatorios que confirmen la versión de los acontecimientos por él aducida, constituyéndose en consecuencia en una única prueba sobre el supuesto en estudio, y finalmente, cabe advertir que surgen múltiples cuestionamientos que en ningún momento fueron explicados por las declarantes aducidas o por la propia parte demandante, en relación con el hecho de que un testigo de la importancia del señor Botero Fonseca, quien aseguró haber visto todos los hechos que rodearon el siniestro tal como acontecieron, no hubiera sido identificado previamente y llamado a declarar en la investigación penal respectiva —en ésta no fue posible encontrar testigos presenciales del accidente de tránsito; ver transcripciones de las providencias penales pertinentes, párrafos 9.3 y 9.4— y que sólo viniera a aparecer varios años después de acaecido el daño objeto de la demanda.

13.26. Ahora bien, en caso que se entendiera que el dicho del señor Botero Fonseca es suficiente para dar por probado que él observó cómo tuvo lugar el siniestro en que perdió la vida el señor Moreno Arias, cabe señalar que en todo caso su declaración no generaría la convicción suficiente para tener por demostrada la versión de los hechos alegada por los demandantes, comoquiera que en este punto, la Sala considera pertinente resaltar las incongruencias que fueron decantadas de la propia práctica de la prueba, y que como tales, reflejan que las aseveraciones consistentes en que el accidente ocurrió por la falta de cuidado del conductor del camión de la EAAB ESP se reducirían a meras percepciones del declarante en comento.

13.27. Ciertamente, si se toma lo expuesto por el testigo Botero Fonseca en cuanto a su ubicación respecto del camión y a la altura de éste, aunado al hecho de que entre él y el conductor se encontraban su dos compañeros, por cuanto es diáfano que el señor Jaime Ruiz Carrillo estaba dentro de la cabina del automotor aludido conduciendo por su costado izquierdo y por ende, por el lado izquierdo del carril por el que se trasladaban, y él, según lo mencionó, se encontraba en el andén al frente de donde se ubicaba su negocio y por el lado derecho de la avenida Caracas, de una simple desagregación lógica se puede colegir que su visión respecto de lo que hacía el conductor se encontraba muy reducida, por lo que difícilmente podría aseverar que éste conducía de manera imperita y descuidada, y aún si hubiera podido observar que dicho empleado de la EAAB ESP sostenía el volante con una sola mano y fuera hablando con sus compañeros tal como lo refirió, ello no llevaría de manera irreflexiva a concluir lo señalado por el señor Botero Fonseca, es decir, que el señor Jaime Ruiz Carrillo estaba distraído, razón por la cual se había originado el accidente.

13.28. De manera opuesta a la hipótesis referenciada y a las deficientes pruebas analizadas, se advierte que la versión de los hechos consistente en que el accidente de tránsito no acaeció por un actuar culposo del conductor del camión, sino que éste se originó mientras el occiso se desplazaba al lado derecho del mismo, entre éste y los separadores del carril, encuentra un mayor fundamento probatorio, al igual que se configura en una hipótesis que de acuerdo con las reglas de la sana crítica y de las máximas de la experiencia, está basada en una mayor nivel de probabilidad lógica.

13.29. Efectivamente, a diferencia de lo sostenido por los testigos María Moreno Arias y Efraín Botero Fonseca —cuyas declaraciones presentan las deficiencias vistas—, los declarantes Josué Eccehomo Rubiano Perilla y José Vicente Rincón, cuya presencia en el lugar de los hechos está debidamente acreditada con otros medios de prueba distintos a lo sostenido por ellos mismos —ver párrafo 13.7—, señalaron que para el instante en el que el automotor de la EAAB ESP arribó a la avenida Caracas con calle Nº 36 sur, tuvo que detenerse frente al semáforo que se encontraba en rojo, sin que en momento alguno lo hubiera sobrepasado —lo que encuentra sustento igualmente en las providencias penales y en el informe y croquis del accidente respectivo, por lo cual no está probado el incumplimiento a las normas de tránsito en ese sentido argüido por los demandantes y la declarante Arias Moreno; ver párrafos 9.1, 9.3 y 9.4—, e igualmente, que el conductor se encontraba atento al manejar y que ninguno de ellos observó la presencia de un motociclista delante del camión, sino que solamente advirtieron la existencia de unos cuantos automóviles ubicados en fila al frente de ellos -sin que el hecho de que sus manifestaciones hubieran variado en cuanto a la cantidad de los mismos sea suficiente para demeritar su credibilidad, debido al paso del tiempo desde el momento en que ocurrieron los hechos respecto de cuando rindieron sus testimonios, más aún cuando tal disparidad pudo obedecer a que Rubiano Perilla al parecer se encontraba prestando mayor atención a la vía que José Vicente Rincón, por cuanto éste estaba organizando una documentación mientras el camión se movilizaba; ver párrafos 13.8 y 13.9-, aseveraciones que no sólo resultan coherentes con sus primeras deponencias en el proceso penal que se inició en contra del conductor del vehículo en mención, así como con el informe del accidente de tránsito presentado ante la entidad demandada por el señor Jaime Ruiz Carrillo, sino que tales versiones se vieron soportadas igualmente por un estudio químico que descartó completamente que el camión hubiera derribado de manera frontal la motocicleta aludida, y que fue relacionado en las dos decisiones penales obrantes en el expediente —ver párrafos 9.3 y 9.4—.

13.30. Asimismo, el hecho de que no hubiera motociclista alguno delante del camión de la EAAB ESP también encuentra cimiento en un criterio de razonabilidad, puesto que no se explicaría la razón por la cual la víctima hubiera resultada arrollada de la forma sostenida por lo actores, si los dos testigos mencionados señalaron que el vehículo pudo avanzar algunos metros antes de sentir sonido o movimiento alguno que los alertara de que había colisionado o pasado por encima de algo, y que el camión inició su marcha luego de que el semáforo correspondiente permitiera el cruce y después de que los vehículos que estaban adelante se hubieran movilizado, en la medida en que el señor Moreno Arias debió haber obrado igual que los demás automotores y avanzar al notar que se reactivaba la circulación de los vehículos por la vía, a menos de que no hubiera prestado atención al cambio de señalización y evento en el que dicho actuar, en el que se destacaría su falta de previsión, habría incidido eficientemente en la causación del daño que sufrió.

13.31. Teniendo en cuenta lo señalado, para la Sala está demostrado que el accidente no ocurrió porque el motociclista estuviera ubicado al frente del vehículo de la entidad demandada y su conductor ante un olvido o al encontrarse distraído y haber avanzado desmesuradamente lo hubiera arrollado, puesto que como se advirtió no hay prueba que ofrezca credibilidad y que acredite que ello hubiera ocurrido así. También se observa que la causa del daño demandado no devino de la conducción desplegada por el conductor del camión de la empresa de acueducto de Bogotá D.C.(33), dado que tampoco hay elemento de convicción sobre la configuración de este elemento de la responsabilidad, sino que por el contrario, se cuentan con las suficientes pruebas para concluir que se produjo un hecho exclusivo de la víctima, el cual le fue completamente irresistible e imprevisible a la referenciada autoridad demandada.

13.32. Ciertamente, con fundamento en que (i) ninguno de los señores Josué Eccehomo Rubiano Perilla y José Vicente Rincón observaron la presencia de motociclista alguno en el carril transitado —al igual que el señor Jaime Ruiz Carrillo tal como lo dejó establecido en el informe que presentó ante la EAAB—; (ii) que el primer deponente referenciado, de manera previa a bajarse del camión y encontrar el cadáver de la víctima, escuchó un ruido y sintió un movimiento por el lado derecho del camión en el que se desplazaban como funcionarios de la EAAB ESP; (iii) las pruebas recepcionadas en el proceso penal, especialmente aquella consistente en un dictamen químico, que permitió colegir que el camión no había arrollado a la motocicleta de manera frontal; (iv) la forma en que fueron encontrados el cuerpo del occiso y la motocicleta en la que se movilizaba por el costado derecho del automotor, y (v) que su cabeza hubiera sido aplastada por la llanta delantera, le permiten a la Sala concluir que el señor José Alirio Moreno Arias de manera inmediatamente anterior al origen de los acontecimientos en que perdió la vida, se desplazaba por el lado derecho del vehículo automotor en un carril que sólo permitía el paso de un solo vehículo a la vez, y que durante ese lapso, ora al chocar con el propio camión debido a su gran tamaño y mangueras, ora al colisionar con los taches que servían de separador en la vía, terminó por caer cerca a la llanta delantera del camión y ser su cabeza aplastada por la misma, acto que además de ser violatorio de las normas de tránsito vigentes para el momento de ocurrencia de los hechos(34), permiten inferir que no le era posible a la entidad demandada a través de sus funcionarios obrar de forma alguna para evitar el acaecimiento del daño, dado que les era imposible anticiparse a dicho actuar, por lo que también les era imposible reaccionar de alguna manera para salvar al difunto.

13.33. Finalmente, cabe agregar que el hecho de que el automotor de la entidad demandada fuera de mayor tamaño que la motocicleta, no influye en el sentido de la presente decisión, por cuanto que independientemente del mismo, es evidente que el menoscabo demandado fue ocasionado por la propia víctima. Igualmente se debe precisar, que a diferencia de lo que fue colegido por el Tribunal a quo, la causa extraña que la Sala encuentra como demostrada no tiene que ver con hecho de que el occiso se trasportara por el carril central de la avenida Caracas, dado que ello en sí mismo no es una causa adecuada o eficiente del origen del menoscabo demandado, sino que se reitera, ésta se circunscribe a su conducción por un lugar en el que no sólo le estaba prohibido transitar -entre camión y separador y al lado de los otros vehículos que iban por el carril derecho de la avenida- sino en el que le era a él previsible dilucidar la posibilidad de resultar lesionada o muerto.

14. Comoquiera que no se demostró la configuración de una falla del servicio por parte de la entidad demandada en el despliegue de la actividad peligrosa de conducción que desarrolló, así como tampoco ésta tuvo una incidencia desde la perspectiva de la causalidad adecuada en el origen del daño, sino que por el contrario, dicho menoscabo fue producto de un hecho exclusivo de la víctima, se confirmará la sentencia impugnada, denegatoria de las pretensiones de la demanda.

VI. Costas

15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

16. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 13 de enero de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 En la demanda se establecieron los parámetros para estimar la pretensión indemnizatoria de mayor valor, a favor de la compañera permanente del difunto con ocasión del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante aseverado como causado, el cual ascendería, según dichos lineamientos esbozados en el escrito inicial, a la suma de $438 466 376,53. Se aplica en este punto el numeral 10º del artículo 2o del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2000 fuera de doble instancia, debía ser superior a $26 390 000.

4 “El factor de conexión, que es aquél que centra la atención de la Sala en el presente asunto, consiste, según se ha visto, en que si se demanda a una entidad pública en relación con la cual el competente para conocer de los juicios en los cuales ha de dilucidarse su responsabilidad es el juez administrativo, en conjunto con otra u otras entidades o incluso con particulares, en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se encuentren implicados está atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del “factor de conexión”, el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.
(...).
Sin embargo, en relación con el factor de conexión el cual, como se advierte, es el que da lugar a la aplicación del denominado “fuero de atracción” la Sala estima oportuno destacar que su operatividad resulta procedente siempre y cuando desde la formulación de las pretensiones y la presentación del soporte probatorio de las mismas en el libelo contentivo de la demanda, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas. Tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo adquirir y mantener la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones enderezadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción fuero de atracción, incluso en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la llamada a conocer del pleito, atendidos los otros cuatro factores atributivos de competencia recién referidos.
La anterior conclusión resulta imperiosa como quiera que de admitirse la aplicación del multicitado factor de conexión o fuero de atracción con la simple convocatoria ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa de una persona pública o privada respecto de la cual la ley ha atribuido a aquella la competencia para conocer de los litigios en los cuales se vea inmersa, independientemente de una valoración, así sea meramente liminar, de las probabilidades de condena en su contra, acabaría por consentirse que los particulares, a su antojo, eligiesen el juez de sus preferencias para asumir el conocimiento de los asuntos que decidan ventilar ante la jurisdicción, con lo cual se desconocería el carácter de orden público de las disposiciones legales que distribuyen la competencia entre los diversos órganos judiciales y todas las razones que condujeron al legislador a efectuar dicho reparto de la forma como quedó consignado en la ley.
(…).
Lo dicho supone destacar la trascendencia de la valoración que, en el referido sentido, se encuentra obligado a efectuar el juez de primera instancia al momento de resolver sobre la admisión de la demanda, instante procesal en el cual debe proceder a realizar el aludido juicio sobre la seriedad de la vinculación de la entidad o entidades sujetas al control del juez de lo contencioso administrativo, como quiera que tal sería el lugar el auto admisorio o inadmisorio de la demanda en el cual, idealmente, debería señalarse a la parte actora quien es, de todas formas, la responsable última de la elección del cauce procesal a través del cual decide someter sus litigios a la jurisdicción si resulta viable la aplicación del tantas veces mencionado fuero de atracción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, exp. 25000-23-26-000-1995-00670-01(15526) , actor: Flor Lilia Baquero Parrado y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

5 “La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley”.

6 “De acuerdo con lo expuesto, como la regla general indica que la ley procesal en el tiempo se aplica de manera inmediata y rige para el futuro, incluso sobre los procesos pendientes y, como quiera que el Legislador en la Ley 1107 de 2006 no dispuso mediante normas transitorias expresamente lo contrario, debe concluirse que bajo la nueva ley caen la reglas de jurisdicción y de competencia y, como consecuencia, los procesos en curso se ven afectados por la misma, lo cual deriva en que si al entrar en vigencia la norma existía alguna duda sobre la competencia de esta Jurisdicción para conocer de un asunto que se venía tramitando antes de la misma y que se refería a un conflicto surgido de la actividad de una autoridad pública, tal duda quedó totalmente despejada con las disposiciones de la citada Ley 1107 de 2006 porque el hecho de que al proceso esté vinculada una entidad de esta naturaleza, resulta suficiente para reconocer la competencia de esta jurisdicción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2010, exp. 63001-23-31-000-2007-00001-01(37594), actor: Osorio y Solano Ltda., C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

7 [5] En relación con esta norma ha destacado la Sala: “El anterior artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la ley 446 de 1998, que establecía la cláusula general de competencia de esta jurisdicción, señalaba que tenía a su cargo el conocimiento y juzgamiento de aquellas controversias y litigios administrativos que se originaban en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñaran funciones propias de los distintos órganos del Estado. Al respecto, la Sala había precisado que para determinar la competencia no se acudía a un criterio orgánico según el cual la competencia dependía de la naturaleza jurídica de quien realizara la actividad cuyo juzgamiento se proponía, esto es, si se trataba de una persona de carácter público o privado, sino que se adoptaba el criterio funcional según el cual la competencia de esta Jurisdicción correspondía al conocimiento de las controversias y litigios administrativos, es decir de aquellas actividades que revestían un carácter administrativo, sin atender la naturaleza –privada o pública- de quien realizaba la actividad…la ley 1107 de 2006, por la cual se modifica el artículo 82 del código contencioso administrativo, a su vez modificado por el artículo 30 de la ley 446 de 1998, la cual comportó un cambio radical de la cláusula general de asignación de competencias a esta jurisdicción. De la lectura del precepto trascrito, se tiene que en adelante la cláusula general de competencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo ya no gravita en torno al “juzgamiento de controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado”, como señalaba la disposición expresamente derogada del artículo 30 de la ley 446, que adoptaba un criterio material”. Auto de 29 de marzo de 2007, exp. 25.619. En el mismo sentido, auto de 8 de febrero de 2007, exp. 30.903.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, exp. 05001-23-31-000-1994-00473-01 (16890), actor: Olga Lucía García y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 “Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:
1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior.
2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.
Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.
Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

10 Idéntica precisión ya había hecho esta Subsección B en la sentencia del 26 de julio de 2012, exp. 44001-23-31-000-1999-00858-01(ACU), actor: Laura Mildred Hernández Campo y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

11 “Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

12 Sobre este tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil: “…el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano…sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después -acaso lo más prominente- halla respaldo en el conjunto probatorio”, en sentencia de 19 de septiembre de 2001, exp. 6424. Consultar igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subesección B, exp. 17001-23-31-000-1997-09019-01 (20412), actor: Alejandro Arboleda Montoya y otros, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

13 En el mismo sentido, la Sala ha expuesto: “Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías (fls. 12-17, c. 1 y 177-185, c. de pruebas), las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, sólo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, exp. 19001-23-31-000-1999-02088-01 (28.459), actor: Alba Rosa Trochez, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

14 “En los archivos que se llevan en esta oficina aparece inscrito(s) desde 18-06-1996 hasta la fecha la empresa: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ con Nit No. 899999094, domiciliado(s) en: CALLE 22C No. 40-99 (…), como titular(es) del derecho de dominio sobre el vehículo de las siguientes características:
PLACA: OBD361CLASE: CAMIÓN
MARCA:FORDMODELO: 1996
COLOR: VERDE ACUEDUCTO
CARROCERIA: Diseño especialSERVICIO: Oficial
(…)
CAPACIDAD: 3 pasajeros 11 toneladas (…)”.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 17001-23-31-000-1995-06024-01(16533), actor: Libardo Sánchez Gaviria y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver igualmente, sentencia del 28 de enero de 2009, exp. 07001-23-31-000-2003-00158-01(30340), actor: Sandra Milena García Gómez y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.

17 [7] Sobre el particular, pueden consultarse, entre muchas otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 10 de julio de 2003, exp. 14.083, C.P. María Elena Giraldo; 3 de mayo de 2007, exp. 16.180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 26 de marzo de 2008, exp. 14.780, C.P. Ruth Stella Correa.

18 [9] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, exp. 16180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 28 de julio de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicado n.° 27001-23-31-000-1994-02194-01 (20319), actor: Ricardo Mena Mena, demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación.

20 Al respecto ha dicho la Sección Segunda del Consejo de Estado: “Para apreciar el valor de convicción de las declaraciones de los testigos, debe tenerse en cuenta la razón del dicho, la concordancia entre unas y otras, la precisión o vaguedad de lo que exponen, su imparcialidad frente a su particular situación, y, por supuesto, deben desecharse los juicios de valor o conceptos referentes a las causas o efectos de los hechos que conocieron basados en simples deducciones personales”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, providencia del 8 de abril de 1999, radicación n.° 15258, actor: Jaime Cendales Melo.

21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de agosto de 1992. Dicha providencia aparece citada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 19 de julio de 2007, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón, radicación n.° 68001-23-15-000-2006-02791-01(PI), actor: Tiberio Villarreal Ramos, demandado: Edelmira Loza Mancilla.

22 En palabras de la Corte Suprema de Justicia: “En la labor tendiente a apreciar tal prueba -se refiere a la prueba testimonial-, el juez debe obrar con especial cuidado, porque si no es factible exigir uniformidad a declarantes que dada la diversidad de sus condiciones personales perciben en forma diferente las circunstancias fácticas, ni reclamar especial grado de fidelidad cuando el tiempo transcurrido entre el hecho que se investiga y el que declara el testigo, impide reconstruir con nitidez el hecho objeto de investigación, tampoco puede catalogarse de sospechosa la versión de un grupo de personas que, en lo sustancial, narran hechos similares, porque es entendible que si el paso del tiempo borra los detalles y las particularidades, también puede aclarar el acaecimiento del hecho por probar, sin las aristas que en un momento determinado puedan enturbiar lo principal.
Adicionalmente, cabe recordar que la declaración del testigo no puede tomarse únicamente de una frase aislada, ni de las afirmaciones disgregadas de su declaración, sino que cada versión debe valorarse teniendo en cuenta la totalidad de las respuestas; amén de que deben ser apreciadas las condiciones sociales del deponente, porque mientras algunos adornarán con especial cuidado su exposición, otros rendirán un relato escueto sobre lo que se les interroga, todo lo cual conduce a que el juez debe velar por lograr un mesurado equilibrio en el estudio de las varias circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean el hecho investigado, de tal manera que no se vea precisado, como resultado de una severa crítica, a dejar sin valor testimonios que no podrían ser rendidos en otra forma”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de febrero de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno, expediente n.° 6353. En el mismo sentido puede consultarse del Consejo de Estado: Sección Cuarta, sentencia del 28 de enero de 2002, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, radicación n.° 25000-23-26-000-2001-01551-01 (1791), actor: Irma Yolanda Páez Luna.

23 “ART. 187. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos.”

24 Sección Cuarta, sentencia del 30 de enero de 1998, C.P. Delio Gómez Leyva, radicación n.° 8661, actor: Sun Flowers Limitada.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente n.° 27946, radicación: 01001-03-26-000-2004(0028)00, actor: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL, demandado: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A., C.P. María Elena Giraldo Gómez.

26 “3.1. Las reglas del criterio humano influyen en diversos aspectos de la actividad jurisdiccional, principalmente, en lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en la elaboración de presunciones, en la apreciación de la prueba con miras a la formación de la convicción del juez y, finalmente, para colmar aquellos preceptos jurídicos incompletos que deben ser complementados por el sentenciador. En tratándose de la estimación probatoria, la sana crítica apareja aquel modo de apreciar la prueba en el que el juzgador, “teniendo por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un determinado caso, goza de libertad para valorarla, cuidándose, claro está, de exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. A tal sistema de valoración alude el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil” (casación del 16 de noviembre de 1999).
Dicho sistema de valoración de las pruebas se encuentra estructurado sobre la libertad y autonomía del juzgador para determinar el peso de las mismas y obtener su propio convencimiento, bajo el apremio, únicamente, de enjuiciarlas por medio del sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia, entendiendo por estas últimas, aquellos dictámenes hipotéticos de carácter general originados en el saber empírico, a partir de situaciones concretas, pero que, desligándose de éstas, adquieren validez en nuevas circunstancias o, lo que es lo mismo, “aquellas máximas nacidas de la observación de la realidad que atañe al ser humano y que sirve de herramienta para valorar el material probatorio de todo juicio” (casación del 24 de marzo de 1998). Si bien, como ya se ha dicho, el sistema de la sana crítica se finca sobre la libertad del juzgador en la actividad intelectiva que presupone la valoración de la prueba, éste, al realizar la labor que se le ha confiado no puede descarriarse hacia la arbitrariedad, pues la ponderación de las pruebas se encuentra sometida a la racionalidad nacida de las máximas de la lógica y las reglas de la experiencia”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de septiembre de 2004, M.P. Pedro Octavio Múnar Cadena, expediente 7549.

27 En este punto se acoge la doctrina sentada por Michelle Taruffo, quien afirma: “… Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero <<discrepantes>> o <<contrarios>> entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica.” La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, página 141.

28 Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen denominar <<máximas de la experiencia>> que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común.” La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133.

29 TARUFFO Michelle, La prueba de los hechos, Madrid, 2002, capítulo IV, num. 5, página 325.

30 “De manera respetuosa me dirijo al señor magistrado y de acuerdo a las versiones decretadas y obrantes en el expediente, la existencia del testigo presencial señor EFRAIN BOTERO FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.814.976 de Bogotá, residente en la diagonal 106 sur No.47-43 Este, Brazuela Usme, de quien se desconocía su paradero al momento de presentarse la presente acción y quien, con su versión contribuirá a dar cuenta sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. (…) Por ser procedente la anterior petición y con el fin de esclarecer la verdad de los hechos materia de la presente demanda, de oficio se decreta el testimonio del señor EFRAÍN BOTERO FONSECA, (…)”.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, exp. 20001-23-31-000-1998-04127-01(17629), actor: Eudoro León Renoga y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

32 “Los artículo 213 a 232 del C. de P.C., son las disposiciones que regulan lo atinente al testimonio, modalidad probatoria que denomina ´Declaración de Terceros´, con lo cual se quiso dejar claro que es una especie del género probatorio que se llama ´declaración´, pues es lo cierto que son muchos los elementos comunes que existen con la ´declaración de parte´, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que personas naturales que no son parte dentro del proceso ilustren con sus relatos referentes a hechos que interesan al mismo, para efectos de llevar certeza al juez de las circunstancias que constituyen el objeto del proceso”. Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo III, Pruebas, Dupre Editores, Bogotá D.C. Colombia, 2001, p. 159.

33 Sobre la causalidad eficiente en casos en que concurran dos actividades peligrosas, la Sala ha dicho: “En conclusión, no obra prueba alguna en el expediente que permita establecer que el daño sufrido por el actor se hubiere producido por la imprudencia y/o negligencia del conductor del vehículo perteneciente al ente público demandado; por tal razón, tampoco existe criterio de causalidad que permita vincular la conducta o comportamiento del demandado con los actos o hechos desencadenantes del daño, pues no obran elementos de convicción que permitan dar cuenta de las circunstancias en las cuales se produjo el hecho dañoso.
Finalmente, si se examina desde la perspectiva del régimen jurídico de responsabilidad objetiva, toda vez que al tratarse de una colisión entre una motocicleta y un vehículo automotor, se presentó una concurrencia de actividades peligrosas, lo cual obliga a dilucidar la causalidad para efectos de imputar responsabilidad a la Administración por el hecho dañoso demandado, la cual no se acreditó en este caso. Al respecto la Sala ha manifestado:
“Cuando el daño se produce como consecuencia de la colisión de dos vehículos en movimiento, se está en frente a la concurrencia en el ejercicio de actividades peligrosas, porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos y, por lo tanto, no habrá lugar a resolver la controversia, en principio, con fundamento en el régimen objetivo de riesgo excepcional, sino que la responsabilidad se determinará con fundamento en el estudio de la causalidad, esto es, en cuál fue la causa que dio lugar a la ocurrencia del accidente, si lo fue la actividad ejercida por la administración o aquella ejercida por el particular involucrado en el accidente””. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 30 de enero de 2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación n.° 50001-23-31-000-1997-06512-01 (25.124), actor: Ligia Lorena Camacho Sánchez y otros, demandado: Departamento del Meta y otros.

34 Artículo 156 del Decreto Ley de 1344 de 1970, modificado por los decretos 1809 y 2591 de 1990: “Los ciclistas y motociclistas estarán sujetos a las siguientes normas:
(…)
6. Queda prohibido adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten en sus respectivos carriles”.