Sentencia 2000-01383 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Rad. 17001-23-31-000-2000-01383-01 (30.392)

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Eudoro Orozco Villa y otros

Demandado: municipio de Manzanares

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.

2. Aspecto previo – la legitimación en la causa por pasiva.

Teniendo en cuenta que la parte demandada propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala, como en oportunidades anteriores y con apoyo en la jurisprudencia de la corporación se pronunciará sobre la legitimación del municipio demandado.

Sobre el particular se ha señalado:

“La Constitución Política expedida en el año de 1991, nuevamente descentralizó el servicio de educación pública en sus niveles de básica primaria y secundaria, el cual había sido nacionalizado a partir de la expedición de la Ley 43 de 1975, desconcentrando algunas funciones en cabeza de las autoridades territoriales; fue así como la nueva Carta Política estableció la distribución de recursos y el reparto de competencias en relación con la prestación los servicios públicos de salud y de educación a cargo del Estado, entre la Nación, los departamentos y los municipios, teniendo en cuenta para ello los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (art. 288)(3); y los artículos 356 y 357 de la Carta(4), establecieron el giro de recursos por parte de la Nación a las entidades territoriales para, entre otras cosas, sufragar los gastos de los servicios de educación y salud, mediante el establecimiento del situado fiscal a favor de los departamentos y distritos y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación”(5).

La Ley 60 de 1993 se encargó de desarrollar el mandato constitucional y distribuyó las competencias educativas entre la Nación y las entidades territoriales. Los artículos 2 y 3 fijaron las atribuciones de los departamentos y municipios en los siguientes términos:

“ART. 2º—Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas municipales competentes, en su carácter de entidades ejecutoras principales de las acciones en materia social, dirigir, prestar o participar en la prestación de los servicios directamente, conforme a la ley, a las normas técnicas de carácter nacional, a las ordenanzas y a los respectivos acuerdos municipales así:

1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones legales sobre la materia:

– Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica primaria y secundaria y media.

– Financiar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su mantenimiento, y participar con recursos propios y con las participaciones municipales en la financiación de los servicios educativos estatales y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos(6).

– Ejercer la inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales”.

Por su parte, en relación con las funciones de los departamentos en materia de educación, la misma ley estableció:

“ART. 3º. Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas:

1. Administrar los recursos cedidos por la Nación; planificar los aspectos relacionados con sus competencias para los sectores de educación y salud y ejercer funciones de coordinación, subsidiariedad y concurrencia relacionadas con las competencias municipales conforme a la Constitución, a la ley y a los reglamentos que sobre tales aspectos expidan los respectivos ministerios.

En desarrollo de estas funciones promoverá la armonización de las actividades de los municipios entre sí y con el departamento y contribuirá a la prestación de los servicios a cargo de los municipios, cuando estos presenten deficiencias conforme al sistema de calificación debidamente reglamentado por el respectivo ministerio.

(...)

4. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios y a las instituciones de prestación de los servicios para el ejercicio de las funciones asignadas por la presente ley; realizar la evaluación, control y seguimiento de la acción municipal y promover ante las autoridades competentes las investigaciones disciplinarias a que haya lugar.

5. Las anteriores competencias generales serán asumidas por los departamentos así:

A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las disposiciones legales sobre la materia:

Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media.

– Participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación.

– Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios educativos estatales.

– Promover y evaluar la oferta de capacitación y actualización de los docentes, de acuerdo con los desarrollos curriculares y pedagógicos y facilitar el acceso a la capacitación de los docentes públicos vinculados a los establecimientos educativos del área de su jurisdicción.

– Regular, en concurrencia con el municipio, la prestación de los servicios educativos estatales.

Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales.

– Incorporar a las estructuras y a las plantas departamentales las oficinas de escalafón, los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto y los centros auxiliares de servicios docentes.

– Asumir las competencias relacionadas con currículo y materiales educativos.

La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6º de la presente ley” (resaltado adicional).

A su turno, el artículo 14 de esta normativa estableció los requisitos que debía cumplir y acreditar las entidades territoriales, ante el Ministerio de Educación, para obtener la certificación que les permitiera asumir la administración de los recursos del situado fiscal y la prestación del servicio educativo:

“... ART. 14.—Requisitos para la administración de los recursos del situado fiscal por parte de los departamentos y distritos. Para asumir la administración de los recursos del situado fiscal en los términos y condiciones señalados en la presente ley, los departamentos y distritos deberán acreditar ante los ministerios de Salud y Educación, según el caso, los siguientes requisitos:

1. La organización y puesta en funcionamiento de un sistema básico de información según normas técnicas expedidas por la autoridad competente, y la adopción de los procedimientos para la programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento físico y financiero de los programas de salud y educación.

2. La adopción de la metodología para elaborar anualmente, de acuerdo con los criterios formulados por el ministerio respectivo, un plan de desarrollo para la prestación de los servicios de educación y salud, que permita evaluar la gestión del departamento o distrito en cuanto a la calidad, eficiencia y cobertura de los servicios.

3. la aprobación por parte de la asamblea departamental de las reglas y procedimientos para la distribución del situado fiscal.

4. La adopción de un plan de que trata el artículo 13 y de un plan de asunción de responsabilidades frente a las coberturas, a la calidad y a la eficiencia de los servicios...”.

Asimismo, el artículo 15 estableció los requisitos para la entrega de bienes y personal a las entidades que acreditaron los anteriores requisitos:

“ART. 15.—Asunción de competencias por los departamentos y distritos. Los departamentos y distritos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 14 en el trascurso de cuatro años, contados a partir de la vigencia de esta ley, recibirán mediante acta suscrita para el efecto, los bienes, el personal, y los establecimientos que les permitirán cumplir con las funciones y las obligaciones recibidas. En dicha acta deberán definirse los términos y los actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones a cargo de la Nación y las entidades territoriales respectivas”.

De acuerdo con las normativas transcritas, a los departamentos compete en principio, en materia de educación funciones que comportan labores de administración programación y distribución de los recursos del situado fiscal y su participación en la financiación de dicho servicio, además de la dirección conjunta con los municipios de la prestación del servicio estatal de educación, en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media, así como la inversión en materia de infraestructura y dotación.

Así, sin perjuicio de las respectivas competencias de las entidades certificadas, queda claro que los mandatos de coordinación, subsidiariedad y concurrencia que irradian la prestación del servicio, permiten a los departamentos y los municipios actuar mancomunadamente para garantizar la calidad educativa impartida por los establecimientos que están bajo su vigilancia y control.

En el presente caso, las pruebas que se aportaron al expediente dan cuenta de que en el Colegio Agropecuario de la vereda Llanadas se prestaba el servicio público de educación y que, para su debida prestación, concurrían tanto el departamento de Caldas como el municipio de Manzanares, en ejercicio de sus respectivas competencias. Así lo hizo saber el director del nucleó educativo de Manzanares, quien, entre otros aspectos manifestó, que el departamento pagaba la planta docente —municipio no certificado— y el municipio los servicios de salud y concurría con su presupuesto para las reparaciones y mantenimiento de la planta física(7) (fl. 53, cdno. 2).

Así las cosas, es dable concluir que pudieron citarse al proceso como responsables del servicio público de educación en el Colegio Agropecuario de la vereda la Llanada tanto el departamento como el municipio, dado que bien puede establecerse la solidaridad en la reparación, dada la concurrencia de competencias e igualmente de responsabilidades de las entidades territoriales en la prestación del servicio, comprometido en el sub lite(8).

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 1º de septiembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Choco, con miras a determinar, a la luz de los hechos que resulten probados, si es posible atribuir responsabilidad a la parte accionada por los daños causados al menor John Fredy Orozco Ríos en las instalaciones del Colegio Agropecuario de la vereda la Llanada, el 17 de julio de 2000.

4. Las pruebas recaudadas en el proceso.

Al proceso se acompañan los siguientes medios de prueba, sobre los hechos motivo de la controversia:

4.1. Transcripción de la historia clínica del menor John Fredy Orozco Ríos en la que aparecen las siguientes anotaciones relevantes:

“... Paciente que el día 17 de agosto (sic) del 2000 presentó trauma por aplastamiento en tercer dedo de pie izquierdo, al caerle piedra encima. Fue manejado inicialmente con dicloxaxilina, metronidazol, tetanol e ibuprofeno. A pesar de manejo comenzó a presentar dolor, coloración negruzca del dedo, disminución de sensibilidad y secreción purulenta.

Consultó el 20 de julio del 2000 encontrando falange distal del tercer dedo pie izquierdo negra y con salida de pus, piel fría. Se hace diagnóstico: necrosis tercer dedo pie izquierdo.

Remiten a Manizales en donde se realiza amputación del tercer artejo pie izquierdo. Estuvo hospitalizado siete días con penicilina cristalina. Dan salida con ASA 500 mg diarios. Control en quince días...” (fls. 2 y 3, cdno. 2).

4.2. Misiva enviada por el rector del Colegio Agropecuario de la Llanada al Tribunal Administrativo de Caldas, sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente y la vinculación del menor Orozco Ríos con la institución:

“... 2. En cuanto al accidente en que resultó lesionado el joven John Fredy Orozco Ríos el 17 de julio de 2000 manifestó que los hechos no acaecieron en la forma en que relata en el exhorto. A este joven jamás le cayó una pieza del techo de la edificación trátese de una piedra, ladrillo, teja de asbesto cemento o lata de zinc.

Lo que conocemos sobre su lesión es lo siguiente: entre los alumnos de nuestro colegio existe la malsana costumbre de jugar en las horas de recreo o descansos entre clases, lanzándose entre sí piedras para que el receptor las tome en el aire y luego las lance a otro compañero, juego que desde luego siempre ha sido reprochado y castigado por nosotros. De esta práctica han resultado lesionados alumnos en diversas ocasiones, tal y como le sucedió al joven Orozco Ríos, el cual no reportó la lesión a los docentes por temor a ser disciplinado y recurrió para su curación a remedios caseros que forzosamente dejó de hacerse al agravarse la lesión, para finalmente someterse a los cuidados médicos que determinaron los resultados que ahora sufre este estudiante.

Es de anotar que todos los alumnos del colegio cuentan con un seguro estudiantil de salud que cubre estos riesgos y al cual no recurrió el joven Orozco Ríos cuando resultó lesionado en su pie.

Es tan manida esta insana costumbre entre los estudiantes del colegio de Llanadas que en el curso del presente mes de mayo de 2002 sucedió idéntico accidente, en que se vieron involucrados una niña (lesionadora) y otro joven (lesionado) igualmente matriculados en el colegio.

(...).

4. Para el 17 de julio de 2000 el joven John Fredy Orozco Ríos era estudiante regular del Colegio Agropecuario de Llanadas Manzanares” (fls. 22 y 23, cdno. 2)

4.3. Este mismo funcionario en declaración que rindió ante juez comisionado manifestó:

“... Preguntado: Dígale al juzgado todo lo que sepa y le conste en relación con un accidente ocurrido en el Colegio Agropecuario de la vereda Llanadas de esta jurisdicción el día 17 de julio de 2000. Contestó: Ese día me encontraba en la rectoría del colegio y en las horas de la mañana llegaron hasta la oficina con John Fredy con un golpe en el dedo medio del pies (sic) izquierdo estos muchachos entraron muy folclóricamente muy deportivos a comentar que se les había caído una piedra supuestamente del techo, hecho que nunca se pudo comprobar, ante el suceso el muchacho fue remitido inmediatamente al hospital donde fue evaluado, al hospital de este municipio, ahí estuvo un ratico y luego lo remitieron para la casa donde su familia hizo caso omiso de las posibles consecuencias del accidente, posteriormente cuando reaccionaron era demasiado tarde, empezaron a hacerles remedios caseros, pañitos y cosas por estilo, esto le produjo una infección supremamente grave que conllevó a que le amputaran dicho dedo, dado (sic) los hechos y su proceso de recuperación, actualmente cursa el año o mejor el grado once y no ha presentado ningún problema sicológico ni físico, se desenvuelve normalmente e incluso juega futbol (sic). Preguntado: Dígale al juzgado si recuerda la hora en que ocurrieron dichos acontecimientos y en que (sic) lugar se encontraba el menor lesionado. Contesto: Eso fue en las horas de la mañana, en horas de descanso, eso ocurrió fuera del aula, en un corredor que comunica con el patio. Preguntado: Dígale al juzgado si lo sabe en qué sitio se encontraba la piedra antes de que cayera y lesionara al menor ya mencionado. Contestó: En ningún momento tuve conocimiento que existiera algún objeto que pudiera lesionar al mencionado alumno... Preguntado: Dígale al juzgado si durante el tiempo que usted lleva como rector del Colegio de Llanadas se le han hecho reparaciones o mantenimiento a dichas instalaciones, en caso afirmativo cuales y por cuenta de quién. Contestó: El colegio realiza reparaciones de acuerdo al presupuesto designado para el mantenimiento de la institución como rejas de seguridad, corredor interno para unir los dos bloques de trabajo evitando que los alumnos tengan que desplazarse por la vía carreteable... dentro del presupuesto asignado se corrige dentro del presupuesto que maneja el municipio se designa una partida para educación con el fin de atender las necesidades de los distintos establecimientos educativos del municipio, esto es por ley y atendiendo la prioridad de cada centro educativo. Preguntado: Dígale al juzgado si además del mejoramiento por usted atrás mencionado se le ha hecho también las mismas labores en lo que concierne al techo del centro educativo. Contestó: Sí, con anterioridad al accidente más concretamente un mes antes, época vacacional o de vacaciones el techo había sido reparado. Preguntado: Por el apoderado de la parte demandada, sírvase decirle a este juzgado en que consistió concretamente la labor de reparación hecha al techo de la planta física del Colegio Agropecuario de la Llanada en la época que usted menciona en respuesta anterior y quien ejecutó dichas reparaciones. Contesto: El mantenimiento que se hizo a los techos consistió en limpieza general y aseguramiento de las hojas de zinc y eternit fue realizado por el señor Alquivar Alejalde Arias(9) con recursos de la institución... Preguntado: conforme a su respuesta anterior cuál considera usted que haya sido la causa del accidente sufrido por el menor John Fredy Orozco Ríos. Contesto: Como no se pudo esclarecer y comprobar la procedencia del objeto que lesionó a este joven, he creado la hipótesis de que fue producto del juego con piedras entre ellos mismos, acciones repetitivas que han causado lesiones a otros alumnos como el caso concreto de los alumnos Paola Ceballos y Oscar Iván Gómez quienes en su práctica de este juego peligroso resultó lesionado... Preguntado: Dígale a este Juzgado cuáles eran las condiciones climáticas y el estado del tiempo del día del accidente. Contestó: Las condiciones climáticas eran inmejorables, no había ni lluvia ni vientos se manejaba la temperatura normal”(10) (fls. 7 y 8, cdno. 3).

4.4. Sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente rindieron declaración los jóvenes Yeison Andrés Quiceno —17 años—, Juan Carlos Cortés Aristizabal —16 años— y Julián Andrés López Gonzales —16 años—, compañeros de la víctima y quienes respectivamente manifestaron:

“Preguntado: Dígale al juzgado y bajo la gravedad del juramento si usted conoce al estudiante John Fredy Orozco Ríos y en caso afirmativo cuánto tiempo y cómo. Contestó: Lo conocí hace cinco años en el Colegio de Llanadas. Preguntado: Dígale al juzgado todo lo que sepa y le conste en relación con un accidente ocurrido para el 17 de junio (sic) del año 2000 en el Colegio Mixto Agropecuario de Llanadas de esta jurisdicción, en donde resultara lesionado el educando John Fredy Orozco Ríos. Contestó: Lo que pasó fue que ese día estábamos sentados en un andén del Colegio y en ese momento había un viento y de un momento a otro le cayó una piedra del techo y le cayó en el pie derecho después el (sic) dijo (sic) se levantó y de un momento a otro y caminó un poco y luego se puso pálido, en ese momento el me dijo me lleva a sentarme y de ahí lo lleve a una silla de un salón o mejor de coordinación, se quitó el zapato y estaba sangrando y él al ver la sangre se desmayó y en ese momento me lo traje para el hospital con Edwin... Preguntado: Dígale al juzgado si sabe el motivo por el cual se encontraba la piedra (sic) en techo donde usted estudia. Contestó: La verdad no sé, esa parte estaba en un estado muy malo, creo yo que estaba sosteniendo el zinc. Preguntado: Diga al juzgado si durante el tiempo que usted lleva estudiando en el colegio Llanadas se le han hecho reparaciones y en caso afirmativo cuáles. Contestó: Sí, lo han arreglado lo que son los sañones (sic), el techo la parte donde cayó la piedra, en general le han hecho arreglos...” (fls. 43 vto. y 44, cdno. 2).

(...)

“Preguntado: Dígale al juzgado si conoce al joven John Fredy Orozco Ríos, en caso afirmativo cuanto tiempo hace y en dónde. Contestó: Yo lo conozco desde la escuela, hemos sido compañeros de estudio toda la vida. Preguntado: Dígale al juzgado todo lo que sepa y le conste en relación con un accidente ocurrido en el colegio donde usted estudia para el día 17 de julio para el año 2000, donde resultará lesionado su compañero Orozco Ríos. Contestó: que le cayó una piedra nosotros estábamos al lado de abajo de la cocina y pues nosotros estábamos hablando y la piedra le cayó en el pie izquierdo, el salió caminando y al momento le dio como un desmayo y se maluquio (sic) y después Yeison lo llevó cargado hasta el carro y no se para donde (sic) lo echaron... Preguntado: Dígale al juzgado si durante el tiempo que usted lleva estudiando en el Colegio de Llanadas que mejora o mejoras se le han hecho a dicho centro educativo. Contestó: Además de pintura yo no lo veo como que... Pregunta: dígale al juzgado si sabe el motivo por el cuál se encontraba la piedra encima del techo y que ocasionará la lesión a John Fredy le contestó: habían muchas piedras para sostener las hojas de zinc para que el viento no las llevara... Preguntado: Sírvase decirle a este despacho judicial cuál era el estado del tiempo el día y la hora en que ocurrió el accidente. Contestó: Era un día normal, estaba haciendo sol, no había tempestades ni vientos fuertes, ni huracanes, era una situación normal, solo una piedra cayó del techo... Preguntado: Usted recuerda de un accidente similar que sucedió aproximadamente un mes en el mismo colegio. Contestó: No, tal vez no fue grave, yo me di cuenta donde un pelado lesionó a otro pelado con una piedra, me di cuenta porque eso es muy normal en el colegio. Preguntado: Significa su comentario que o (sic) respuesta que en el colegio de Llanadas donde usted estudia ocurre con frecuencia que los estudiantes jueguen lanzándose piedras los unos con los otros. Contestó: No, he visto a los niños de sexto que se ponen a ser voleo con palos y piedras chiquitas así...” (fls. 44 y 44 vto, cdno. 2).

(...)

“... Preguntado: Dígale al juzgado si usted conoce al señor John Fredy Orozco Ríos en caso afirmativo cuánto tiempo hace y cómo. Contestó: a él lo conozco ya hace tres años y medio. Preguntado: Dígale al juzgado todo lo que sepa y conoce con relación con un accidente ocurrido el 17 de junio (sic) del año 2000 en el Colegio Mixto Agropecuario de Llanadas en donde resultará lesionado el señor John Fredy Orozco Ríos. Contestó: Ya se uba (sic) a acabar el descanso y estábamos reunidos todos y de pronto sentimos que cayó una piedra en un zapato a John Fredy y nosotros le viramos (sic) y el se quejó y salió a mirarse que le había pasado y se quitó el zapato y vio que tenia (sic) mucha sangre... Preguntado: Dígales al juzgado si sabe o tiene conocimiento el motivo por el cual se encontraba la piedra encima del techo del colegio. Contestó: pues no se (sic), creo que sosteniendo una teja de zinc... Preguntado: Dígale al juzgado si durante el tiempo que usted lleva estudiando en el colegio ya mencionado se le han hecho mejoras de mantenimiento al mismo y en caso afirmativo cuáles. Contestó: si han puntado (sic) el colegio. Preguntado: Dígale al juzgado si con antelación a estos hechos se han presentado situaciones similares donde hayan resultado lesionados algunos estudiantes, en caso afirmativo cuándo. Contestó: No, lo que hace que estoy estudiando allá solo ese... (fls. 45 y 45 vto, cdno. 2)(11).

4.5. Registros civiles de nacimiento de Jhon Fredy Orozco Ríos y sus hermanos Leonardo Fabio, Beatriz Elena y Lina Marcela, los que demuestran que son hijos de María Isaura y Eudoro (fls. 2 a 5, cdno. 1).

4. (sic) Análisis del caso a la luz de los medios de convicción recaudados.

En adelante, la Sala procederá con el estudio del caso concreto, no sin antes reiterar que “al resolver los asuntos de responsabilidad del Estado por el daño causado a un menor, su condición de sujeto de especial protección constitucional, sustentado, además del propio texto constitucional, en su bloque estricto, habrá de tenerse presente en la decisión”(12).

4.1. El daño.

4.1.1. De conformidad con las pruebas que se allegaron la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora. Es decir, está debidamente acreditada la lesión sufrida por el menor John Fredy Orozco Ríos, como consecuencia del aplastamiento del tercer dedo del pie izquierdo que finalmente fue amputado. Afectación a la integridad personal que no estaba en el deber de soportar(13).

4.1.2. Se conoce también que los esposos María Isaura Ríos Campusano y Eudoro Orozco Villa y sus hijos Leonardo Fabio, Beatriz Elena y Lina Marcela Orozco Ríos resultaron afectados pues, las reglas de la experiencia permiten inferir el sentimiento de pena que produce las lesiones de un familiar cercano(14).

4.2. Imputación.

4.2.1. En relación con la responsabilidad de las entidades educativas, la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse para reiterar, en relación con los alumnos de la educación básica primaria y secundaria, la existencia de un deber de protección y especial cuidado, a cargo de las autoridades escolares, de tal manera que se garantice la seguridad y se vigile el comportamiento de los educandos, tanto para que no causen daños a terceros, como para que ellos mismos no resulten afectados. Así se ha insistido en la tutela bajo la cual quedan comprendidos los estudiantes durante su permanencia en las instalaciones educativas o con ocasión de su participación en actividades académicas, culturales o recreativas organizadas en el marco del cumplimiento de los deberes de formación integral, dentro o fuera del plantel.

Se ha puesto de presente que la custodia de las directivas y docentes debe ejercerse, no solo durante el tiempo que el estudiante pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de todas las actividades relacionadas con su educación y formación. Al respecto, ha dicho la Sala(15).

“(...)

2. La responsabilidad de los centros educativos frente a sus alumnos.

El artículo 2347 del Código Civil, establece que “toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”.

Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso”.

La custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no solo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por este, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares.

El deber de cuidado surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no solo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente.

Sobre este tema, la doctrina ha dicho:

“Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquel soportaba esta obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño... La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo”(16).

Agréguese a lo dicho que si bien dentro de las nuevas tendencias pedagógicas, la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga.

Este deber encuentra su fundamento en la protección que debe brindarse al alumno, no solo respecto de los daños que este pueda causarse a sí mismo, sino también de los que pueda ocasionar a los demás.

El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieren lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

Así lo establece el inciso final del artículo 2347 del Código Civil: “Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”.

Debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad. Es decir, aunque los centros educativos mantienen el deber de seguridad y cuidado sobre todos los alumnos, es claro que entre más avanzada sea la edad de los mismos, mayor libertad de decisión deberá concedérseles y por lo tanto, el deber de vigilancia se mantendrá para advertirles del peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables.

No obstante, sin consideración a la edad de los alumnos, las entidades educativas responderán por los daños que se generen como consecuencia de los riesgos que ellas mismas creen en el ejercicio de las actividades académicas, sin que le sea exigible a los alumnos y padres asumir una actitud prevenida frente a esas eventualidades, en razón de la confianza que debe animar las relaciones entre educandos, directores y docentes. Así por ejemplo, los establecimientos educativos y los docentes responderán por los daños que se cause en ejercicio de una práctica de laboratorio, cuando el profesor encargado de la clase confunda sustancias químicas y ocasione una explosión en la que muere o resulta lesionado el alumno que las manipulaba. En este caso, es evidente la responsabilidad de la institución educativa y del docente, pues es este quien posee la instrucción académica necesaria para hacer seguras dichas prácticas, sin que sea exigible a los alumnos y padres cerciorarse previamente de la corrección de tales prácticas”.

Siendo así, la sala ha declarado la responsabilidad de los establecimientos educativos por fallar al deber de custodia y cuidado, siempre que los menores resulten afectados en el marco de una actividad a cargo de docentes y directivos del plantel, en la medida en que supone el desconocimiento del contenido obligacional a su cargo(17).

4.2.2. En el presente caso, la parte actora imputa responsabilidad al municipio de Manzanares en virtud de la lesión sufrida por el menor John Fredy Orozco Ríos estudiante del Colegio Agropecuario dentro de la jornada escolar.

Sobre el particular es necesario precisar que, si bien en la demanda se manifestó que la lesión se produjo con un objeto que cayó del techo del establecimiento educativo versión confirmada por los testigos aportados por la parte actora, esta misma al tiempo que desistió de la prueba pericial, resolvió acoger la postura de la demandada, esto es que el accidente ocurrió en razón de “una pedrea o lanzamiento de piedras entre los estudiantes que constituía una falta de cuidado y vigilancia de las autoridades escolares”. Planteamiento si bien no incluido en la demanda tampoco ajeno a la litis, en cuanto fue propuesto por la entidad en orden a su exoneración(18). Aunado a que lo alegado por el demandante, en últimas, se contrae a la lesión causada al menor Orozco Ríos durante la jornada escolar y a la responsabilidad de la institución educativa por lo acontecido.

Pero además, no se puede pasar por alto que en procesos tramitados por vía de la acción de reparación directa el juez debe aplicar el derecho que corresponda a los hechos debidamente probados dentro del proceso sin que ello comprometa la causa petendi. Esta última fundada en la omisión de los deberes de custodia y vigilancia a cargo de la institución educativa.

4.2.3. Precisado lo anterior, se procede a determinar si las lesiones sufridas por el hijo y hermano de los accionantes, deviene atribuible a la demandada.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el menor John Fredy Orozco Ríos era estudiante regular del Colegio Agropecuario de la vereda la Llanada y el día de los hechos, esto es, el 17 de julio del año 2000 asistió al establecimiento educativo, como de ordinario, a cumplir con sus compromisos académicos, de donde, se encontraba bajo la custodia y cuidado de los docentes y directivos de la institución.

Se sabe, pues en ello coinciden los diferentes medios de prueba, que el día de los hechos el menor Orozco Ríos, dentro del tiempo destinado para el descanso, resultó lesionado en el pie izquierdo, por aplastamiento, al parecer cuando le cayó una piedra; sin que se conozca el profesor o directivo a cargo de la jornada de esparcimiento, la que, en todo caso, tendría que haber estado vigilada y controlada, al punto de que se tendría que haber conocido, sin hesitación lo ocurrido.

Ahora, sobre las circunstancias específicas en las que se produjo la lesión, los medios de convicción que obran en el expediente dan cuenta de dos hipótesis, la primera sugiere que la piedra cayó del techo y la segunda que su caída aconteció en tanto aquel jugaba a lanzarse piedras con otros estudiantes.

La primera hipótesis se respalda con los testimonios de los compañeros de la víctima, declaraciones que analizadas con detenimiento no ofrecen la persuasión suficiente, lo anterior, toda vez que i) de una parte se planteó que la causa de la caída de la piedra fue el viento y a la vez que los hechos ocurrieron en un día soleado y sin vientos y ii) de otra en cuanto se manifestó que las piedras sostenían las tejas sueltas de zinc de la cubierta y a su vez que esta fue reparada. Hecho además, confirmado por quien realizó el trabajo.

La segunda tesis fue respaldada por el rector de la institución. Puso de presente el docente que el juego con piedras era una práctica común entre los estudiantes la que causó además, varios accidentes. Versión que uno de los estudiantes —Juan Carlos Cortes Aristizabal— respaldó: “yo me di cuenta donde un pelado lesionó a otro pelado con una piedra, me di cuenta porque eso es muy normal en el colegio”. Último que el señor Alquivar Elejalde Arias corroboró: “que habían ocurrido accidentes de estudiantes porque los muchachos en recocha se aporreaban con piedras”.

Bajo el contexto donde se produjeron los hechos, para la Sala adquiere mayor grado de probabilidad esta última teoría ya que las reglas de la experiencia muestran que un accidente como el que tuvo el menor John Fredy Orozco Ríos puede presentarse dentro de la cotidianidad del ambiente escolar, en situaciones de falta de vigilancia y control por parte de los educadores, que los mismos reconocen y el municipio acepta.

Ahora bien, pese a que no se conozca con detalle en que consistía el juego, lo cierto es que era una práctica habitual y conocida por las directivas de la institución sobre la cual debieron extremarse los controles, ya que de suyo dichos objetos contundentes constituían un riesgo latente para los educandos.

En este sentido, demostrando como se encuentra que el menor Orozco Ríos se lesionó en el pie izquierdo mientras estaba bajo la custodia y cuidado del Colegio Agropecuario la Llanada, se debe concluir que la entidad demandada deberá ser declarada responsable y habrá de reparar, toda vez que, como se señalo era una de las entidades que concurría a la prestación del servicio de educación entre otras, con la contratación excepcional de personal docente y el mantenimiento de las instalaciones del centro educativo.

4.2.4. Por último, sobre los eximentes de responsabilidad que alegó la parte actora se debe precisar que i) el caso fortuito no constituye una verdadera causa extraña con potencialidad para suprimir la imputación del daño y ii) la culpa de la víctima no fue la causa determinante en la producción del daño, sin embargo debe ser tenida en cuenta como concausa para la reducción de la condena, por las razones que pasa a explicarse.

En efecto, la Sala no puede pasar por alto que el menor John Fredy Orozco Ríos tenía 15 años(19) para el momento de ocurrencia de los hechos, lo que se traduce en que estaba en una edad en la que podía medir medianamente las consecuencias de sus actos, especialmente si se tienen cuenta que resultó afectado en un juego que evidentemente podía representar un peligro para su salud.

Sobre el particular, se debe reiterar que en las instituciones educativas el deber de vigilancia es inversamente proporcional a la edad de los educandos o su capacidad de discernimiento, es decir es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas y será moderado en relación con alumnos de los niveles superiores que estén próximos a cumplir la mayoría de edad o sean mayores de edad.

De manera que se dispondrá una reducción de la condena establecida en un 10%.

Sin perjuicio de lo anterior, la sala no puede dejar de señalar que las supuestas complicaciones en la salud, aludidas por la defensa, como consecuencia de la propia conducta del menor e inclusive la de su familia no aparecieron reflejadas en la historia clínica, ya que aquella muestra una patología que se atendió desde un primer momento y que se agravó ante la ausencia de respuesta favorable al tratamiento, situación que devela que aquellas circunstancias nada tiene que ver con las afectaciones a la integridad personal del menor.

4.2.5. Como consecuencia de la anterior, el municipio de Manzanares, con cargo a su patrimonio, asumirá la reparación de los perjuicios causados a los demandantes, según los parámetros que a continuación se señalan:

3. (sic) Liquidación de perjuicios.

3.1. La indemnización por el perjuicio moral.

3.1.1. En la demanda se solicitó, a título de perjuicio moral, el pago de 1000 gramos de oro para los padres y hermanos de John Fredy Orozco Ríos.

3.1.2. Al respecto, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala, desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Expediente 13232—, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral, en su mayor grado, debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por consiguiente, es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios por el dolor y la afectación, con la aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(20), de conformidad con los siguientes parámetros(21): (i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(22); (ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea el caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

3.1.3. En el proceso los testigos manifestaron que si bien en términos normales el menor John Fredy ha continuado su vida normal, pues continuó estudiando y desarrollando sus actividades cotidianas, la lesión le ha generado algunas dificultades para la práctica de deportes, ya que le produce dolores en el pie; como también frustraciones, por cuanto no pudo enlistarse en el Ejército debido a que fue declarado no apto(23).

Siendo así y dado que la lesión comporta un mutilación, esto es una alteración de la actividad física de carácter permanente la Sala dispondrá el pago de las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales, las cuales han reducido previamente en un 10% por la concurrencia de la víctima en la causación del daño según lo advertido en el proceso:

Para Jonh (sic) Fredy Orozco Ríos (víctima directa) 54 SMLMV

Para María Isaura Ríos Campuzano (madre) 54 SMLMV

Para Eudoro Orozco Villa (padre) 54 SMLMV

Para Lina Marcela Orozco Ríos (hermana) 27 SMLMV

Para Beatriz Helena Orozco Ríos (hermana) 27 SMLMV

Para Leonardo Fabio (hermano) 27 SMLMV

3.1.4. Lo anterior en razón de que, según la jurisprudencia, el parentesco en primer grado y segundo de consanguinidad acreditado con el registro civil de nacimiento(24), permite inferir con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen los padres, hijos y hermanos de la persona que sufre un daño, en razón de las relaciones de afecto que, por regla general, existen entre quienes se encuentran en los grados de consanguinidad referidos. Acorde con la naturaleza, la intensidad, extensión y la gravedad de la afectación.

3.2. Daño a la salud.

3.2.1. Por este concepto se solicitó a favor del menor Jonh (sic) Fredy Orozco Ríos 3000 gramos de oro fino.

3.2.2. En sentencia de 14 de septiembre de 2011, la Sala Plena de la Sección readaptó la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona(25).

El daño a la salud es aquel que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica, en el ámbito físico, psicológico, sexual o estético, de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P., art. 49), sin que sea procedente otro tipo de daños (v.gr. la alteración a las condiciones de existencia).

Reforzando la misma idea, “(...) un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado a la salud, los únicos perjuicios inmateriales que haya lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud”.

La sala precisó que “(...) desde esta panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración a las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad sicofísica”, lo cual tiene su razón de ser en la ambigüedad conceptual tanto del daño a la vida de relación y en la alteración a las condiciones de existencia, puesto que la falta de limitación conceptual y la imprecisión de ambos impiden su objetivización.

Si el daño a la salud gana precisión, claridad y concreción para efectos de su indemnización, en tanto está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que el mismo genera, su tasación deberá ser objetiva, en tanto que determinado el alcance del daño a la salud, este deberá tener correspondencia con el perjuicio causado para efectos de su valoración económica y su reparación integral.

3.2.3. En el presente caso, la historia clínica da cuenta que la lesión padecida por el menor desencadenó la imputación del tercer artejo de su pie izquierdo, situación que si bien se conoce le ha generado algunos problemas para su desenvolvimiento cotidiano en actividades deportivas como las que fueron evidenciadas de manera precedente, no se sabe en realidad como afecta su capacidad física en otros aspectos de su vida.

En consecuencia, por estar acreditada la afectación de su integridad física la Sala condenará este perjuicio en abstracto para que a través del incidente de regulación de perjuicios establecido en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo se determine su quantum. Para el efecto, se tendrán en cuenta:

– El grado de afectación psicofísica del actor establecido en términos porcentuales de ser posible para lo cual se podrán aportar o solicitar las pruebas necesarias de conformidad con lo establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.

– La suma resultante se reducirán en un 10% por una concurrencia de la culpa de víctima en la causación del daño.

3.3. La indemnización por el daño material.

3.3.1. Daño emergente.

A título de daño emergente se solicitó el pago de los gastos que se tuvieron que realizar para la recuperación de la salud de menor.

La parte actora para acreditar dichas erogaciones no acompaño o solicitó con la demanda prueba alguna, por tanto, no se hará reconocimiento por este concepto.

3.3.2. Lucro cesante.

Se solicitó para el menos Jonh (sic) Fredy Orozco Ríos la indemnización del lucro cesante dada la afectación a su salud, para ello se pidió tener en cuenta los ingresos promedio que una persona devenga en Colombia.

En este caso, como se advirtió anteriormente, no se conoce el grado en que la amputación que sufrió el menor afectó su capacidad especialmente de cara a su desempeño laboral lo que igualmente impone su condena en abstracto.

En razón de lo anterior, la determinación del lucro cesante se realizará teniendo en cuenta la determinación que se efectué de la disminución de la capacidad laboral de la víctima y se tendrá en cuenta además los siguientes criterios:

(i) Teniendo en cuenta que se trata de un menor el lucro cesante se liquidará desde el momento en que cumpliría 18 años y hasta su vida probable.

(ii) Se tomará como ingreso el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 25%. De la suma resultante se tomará para efectos de la liquidación del lucro cesante el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral que resulte demostrado.

(iii) La liquidación se efectuará con base en las formulas actuariales acogidas por la corporación en dos periodos consolidados y futuro.

(iv) Los valores finales se reducirán en un 10% por la concurrencia de la culpa de víctima en la causación del daño.

4. Condena en costas.

No se condenará en costas puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a su imposición cuando la conducta de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia de primera instancia, esto es la proferida el 1º de septiembre de 2004, por la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Choco, que negó las pretensiones de la demanda.

2. Declarar la responsabilidad patrimonial del municipio de Manzanares por la lesión padecida por el menor John Fredy Orozco Ríos.

3. Condenar al municipio de Manzanares a pagar como indemnización de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

Para Jonh (sic) Fredy Orozco Ríos (víctima directa) 54 SMLMV

Para María Isaura Ríos Campuzano (madre) 54 SMLMV

Para Eudoro Orozco Villa (padre) 54 SMLMV

Para Lina Marcela Orozco Ríos (hermana) 27 SMLMV

Para Beatriz Helena Orozco Ríos (hermana) 27 SMLMV

Para Leonardo Fabio (hermano) 27 SMLMV

4. Condenar en abstracto al municipio de Manzanares a favor del menor John Fredy Orozco Ríos, por concepto de daño a la salud y lucro cesante en los términos indicados en la parte considerativa de esta providencia. Este perjuicio deberá liquidarse mediante trámite incidental de acuerdo a lo previsto en el artículo 178 de Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil, el cual deberá promoverse por el interesado dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

5. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

Por secretaría, expedir copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

Ejecutoriada la presente sentencia, devolver el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado a través de la acción de reparación directa en el año 2000 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 26.390.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $ 130.053.000.

(3) Cita original: “La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”.

(4) Cita original: “ART. 356.—Modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1993. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales. Determinará, así mismo, el situado fiscal, esto es, en porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa o a través de los municipios, de los servicios que se le asignen. Los recursos del situado Fiscal se determinarán a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señale, con especial atención a los niños. El situado fiscal aumentará anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que permita atender adecuadamente los servicios para los cuales está destinado. Con este fin se incorporarán a él la retención del impuesto a las ventas y todos los demás recursos que la Nación transfiere directamente para cubrir gastos en los citados niveles de educación. La ley fijará los plazos para la cesión de estos ingresos y el traslado de las correspondientes obligaciones, establecerá las condiciones en que cada departamento asumirá la atención de los mencionados servicios y podrá autorizar a los municipios para prestarlos directamente en forma individual o asociada. No se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas. Un quince por ciento del situado fiscal se distribuirá por partes iguales entre los departamentos, el distrito capital y los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. El resto se asignará en proporción al número de usuarios actuales y potenciales de los servicios mencionados, teniendo en cuenta, además, el esfuerzo fiscal ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva entidad territorial. Cada cinco años la ley, a iniciativa de los miembros del Congreso, podrá revisar estos porcentajes de distribución”.

“ART. 357.—Modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo (sic) de 1995. Los municipios participaran en los ingresos corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del gobierno, determinará porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se financiaran con dichos recursos. Para los efectos de esa participación la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios. Los recursos provenientes de esa participación serán distribuidos por la ley de conformidad con los siguientes criterios: el sesenta por ciento (60%) en proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población total, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso demostrado en calidad de vida, asignando en forma exclusiva un porcentaje de esa parte a los municipios menores de 50.000 habitantes. La ley precisará el alcance, los criterios de distribución aquí previstos, y dispondrá que un porcentaje de estos ingresos se invierta en las zonas rurales. Cada cinco (5) años la ley a iniciativa del Congreso, podrá revisar estos porcentajes de distribución”.

PAR.—La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación se incrementará, año por año, del catorce por ciento (14%) de 1993 hasta alcanzar el veintidós por ciento (22%) como mínimo en el 2001. La ley fijará el aumento gradual de estas transferencias y definirá las nuevas responsabilidades que en materia de inversión social asumirán los municipios y las condiciones para su cumplimiento. Sus autoridades deberán demostrar a los organismos de evaluación y control de resultados la eficiente y correcta aplicación de estos recursos y, en caso de mal manejo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley.

Estarán excluidos de la participación anterior los impuestos nuevos cuando el Congreso así lo determine por el primer año de vigencia, los ajustes a los tributos existentes y los que se arbitren por medidas de emergencia económica. A partir del año 2000 los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente, para inversión o para otros gastos, hasta un quince por ciento (15%) de los recursos que perciban por concepto de la participación (...)”.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 febrero de 2010, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 17732.

(6) Por su parte, la Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de Educación”, dispuso: ART. 184.—Mantenimiento y dotación de los establecimientos educativos. Los distritos y los municipios, en concurrencia con los departamentos, financiarán la construcción, mantenimiento y dotación de las instituciones educativas estatales de conformidad con la ley sobre distribución de competencias y recursos. PAR.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo le corresponderá a las instituciones educativas estatales, bajo la vigilancia de la respectiva autoridad distrital o municipal, garantizar que en la construcción de estas instituciones se respeten las normas de accesibilidad previstas en la Ley 12 de 1987. El Gobierno Nacional en un término no mayor de dos (2) años reglamentará el régimen sancionatorio que corresponda por el incumplimiento de esta disposición” (resaltado fuera de texto).

(7) En comunicación enviada por la alcaldía municipal de Manzanares Caldas al a quo se manifestó: “3. El mantenimiento normal de los centros educativos corresponde a la propia administración del mismo. Ya cuando se trata de hacer trabajos que por su costo o complejidad requieren el concurso del Estado, el municipio en cumplimiento de los deberes y la propia ley, hace las erogaciones que sean necesarias para garantizar la estabilidad de las edificaciones...” (fl. 21, cdno. 2). Por su parte, el rector del Colegio Agropecuario de Llanadas señaló: “... Nada tiene que ver el municipio con este centro docente, excepto en cuanto, repito por vía excepcional contrata y paga algunos docentes...” (fl. 22, cdno. 2).

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de mayo de 2011, Expediente 18279, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esta ocasión al estudiar la legitimación en la causa por pasiva se manifestó: “... Pero, aun en el evento de haberse acreditado la nacionalización del Liceo Departamental Santa Teresa, en virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1975, considera la Sala que a la entidad demandada sí le es atribuible responsabilidad patrimonial por los perjuicios reclamados en este proceso, cuyo objeto no está constituido por la reclamación de prestaciones de orden económico sino que es la responsabilidad patrimonial por las fallas en la prestación de un servicio, que conforme a la certificación expedidas y a las normas antes citadas si era administrado por la entidad territorial, a quien por lo tanto, le correspondía velar por el cumplimiento de los deberes inherentes al cuidado de los menores dicentes, sobre quienes ostenta posición de garante”.

(9) El señor Alquivar Elejalde Arias declaro sobre las reparaciones realizadas al techo del establecimiento educativo y manifestó: “... Preguntado: Dígale al juzgado que la entidad se encarga del mantenimiento de las instalaciones de dicho centro educativo en lo que usted sepa. Contestó: Yo le hice un mantenimiento a este techo con un auxilio que hubo del departamento, se cuadro (sic) el agua y se arregló el techo porque estaba para irse al suelo, entonces todo quedó como esta (sic) ahora a excepción que se le despegó una puntilla a la hoja del techo...” (fl. 9 vto., cdno. 3). Este mismo testigo sobre su conocimiento de accidentes de los estudiantes mientras laboró en la institución manifestó: “Si se presentaron accidentes varias veces, mientras estábamos trabajando, en el trabajo de transportar piedras que se hacía en cadena al servicio de la obra desde donde la dejaba el carro al (sic) donde estaba la obra y el muchacho en recocha se aporreaban (sic) con piedras”.

(10) Al proceso lo acompaña la declaración del señor José Adalberto Ramírez Betancourth, quien se desempeñaba como director de núcleo quien no conoció sobre el accidente (fl. 10, cdno. 3).

(11) Además rindieron declaración los jóvenes Edwin Oliden Giraldo —15 años— y Paula Andrea Ceballos Zapata —16 años— y la señora Luz Mery Carvajal Sánchez quienes si bien no presenciaron el momento del accidente manifestaron conocer que la lesión de John Fredy Orozco Ríos se ocasionó por la caída de una piedra (fls. 41 a 43, cdno. 2).

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, Expediente 28375, con ponencia de la suscrita.

(13) Historia clínica (fls. 2 a 17, cdno. 2).

(14) Las relaciones de parentesco del grupo familiar fueron debidamente acreditadas con los respectivos registros civiles de nacimiento (fls. 2 a 5, cdno. 1).

(15) Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Expediente 14.869, M.P. Nora Cecilia Gómez Molina. Citan sentencia de 23 de junio de 2010, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 18468.

(16) Nota original: Mazeaud Tunc. Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires, Ediciones jurídicas Europa América, 1977 primer tomo, volumen II, pág. 545.

(17) Sentencia de 29 de agosto de 2012 ya citada.

(18) En la demanda aparece: “... En el caso presente, que no es como se pretende hacer creer en la demanda, en el sentido de que al menor Orozco Ríos le cayó sobre el pie una pieza del techo del Colegio Agropecuario Llanadas, cuando en realidad lo que le cayó del techo fue una piedra de las que en sus juegos tiran sobre los techos los mismos estudiantes...” (fl. 38, cdno. 1).

El rector de la institución en informe presentado al Tribunal de Caldas señaló: “... Lo que conocemos sobre su lesión es lo siguiente: Entre los alumnos de nuestro colegio existe la malsana costumbre de jugar en las horas de recreo o descansos entre clases, lanzándose entre sí piedras para que el receptor las tome en el aire y luego las lance a otro compañero, juego que desde luego siempre ha sido reprochado y castigado por nosotros. De esta práctica han resultado lesionados alumnos en diversas ocasiones, tal y como le sucedió al joven Orozco Ríos, el cual no reportó la lesión a los docentes por temor a ser disciplinado y recurrió para su curación a remedios caseros que forzosamente dejó de hacerse el agravarse la lesión, para finalmente someterse a los cuidados médicos que determinaron los resultados que ahora sufre este estudiante” (fls. 22 y 23, cdno. 2).

(19) Registro civil de nacimiento de John Fredy Orozco Ríos en el que se anota como fecha de nacimiento el 4 de diciembre de 1984 (fl. 3, cdno. 1).

(20) Sobre el particular se puede consultar la sentencia del 16 de junio de 1994, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, Expediente 7445; y del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero, Expediente 14726, entre otras.

(21) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de 19 septiembre de 2011, Expediente 21350, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(22) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Expediente 13232, se indicó, que esto es así, porque “La suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, reestablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”.

(23) Sobre el particular, el menor Edwin Oliden Giraldo adujo: “Preguntando: Sabe usted o tiene conocimiento si luego de ocurrido el accidente y amputado el dedo al menor ya mencionado, este ha continuado estudiando y con su vida normal. Contesto: bueno pues él camina bien y todo pero cuando juega le dan calambres y tiene que salirse del juego, su vida es normal, hace deportes pero vuelvo y repito le dan calambre en el pie. Preguntado: Dígale al juzgado si como consecuencia del accidente tanto el menor lesionado como su familia ha sentido aflicción por este hecho. Contestó: La mamá en ese tiempo que estuvo así lloraba mucho porque él no podía dormir por el dolor, pero actualmente su familia ya lo supero, pero a él le dio muy duro porque él tenía ganas de irse para el Ejército pero por el dedo no pudo, fue rechazado por el Ejército” (fl. 41, cdno. 2). Por su parte la testigo Paula Andrea Ceballos Zapata señaló: “Preguntado: Dígale al juzgado si dicho accidente ocasionó a John Fredy Ríos dolor y aflicción por él mismo o por el (sic) superó ya esta etapa. Contestó: Yo permanezco mucho muy cerca de él y pienso que él se da la idea, más sin embargo él a veces no se siente muy bien porque ya no puede hacer lo que le gustaba hacer y cuando se presentaron al Ejército, pues se ponía a ver que todos los amigos que iban con él eran completos y él era el único que le faltaba un dedo y se sintió muy mal...” (fl. 42, cdno. 2) y el menor Julián Andrés López Gonzáles sobre este mismo aspecto puntualizó: “Preguntado: Dígale al juzgado si John Fredy como consecuencia de dicho accidente continuó su vida normal o por el contrario a (sic) sufrido limitaciones y en caso afirmativo cuáles. Contestó: No después que le amputaron el dedo estuvo un tiempo recuperándose y después ya sigue su vida normal, a veces dice que le duele un poco, no muestra complejo ni nada, se queja cuando practica alguno deporte...” (fl. 45, cdno. 2).

(24) Cfr. Decreto 1260 de 1970 “Por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas”.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 19031, M.P. Enrique Gil Botero.