Sentencia 2000-01413/3648-13 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA SUBSECCION "A"

Radicación 680012331000200001413-01 (3648-13)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Fernando Jiménez Meneses

Demandado: Departamento de Santander

Autoridades departamentales- apelación sentencia

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil catorce.

EXRTACTOS: «8. Consideraciones

Consecuente con los argumentos que sustentan la apelación, le corresponde a la Sala absolver, en primer lugar, si el Gobernador de Santander podía delegar la facultad de suprimir cargos, conformar la planta globalizada de empleos, conformar grupos de trabajo e incorporaciones a la nueva estructura, en el Director Administrativo de la Gobernación, empleado público departamental del nivel directivo, a quien previamente, y para efectos de la delegación, le fue conferida comisión para actuar como “Gerente del Proceso de Reestructuración Administrativa de la Administración Central y Descentralizada del Departamento de Santander”.

Definido el anterior problema jurídico, debe la Sala establecer si los actos expedidos por el delegatario, se ajustan a derecho, o por el contrario, se encuentran viciados de nulidad por violación de la Constitución y la ley, incompetencia y falsa motivación.

8.1. Cuestión previa – la excepción

Presenta como excepción la que denomina inexistencia de causa para demandar, en tanto el demandante recibió el pago de todos los pasivos laborales a cargo del Departamento de Santander, al igual que el valor de la indemnización por la supresión del cargo, erogación recibida sin objeción alguna por parte del demandante por tanto el Departamento de Santander no tiene obligaciones salariales ni prestacionales pendientes a favor de la parte actora.

Al respecto debe anotarse que no todas las argumentaciones en que el demandado soporte su rechazo a los pedimentos formulados por la parte demandante pueden calificarse, sin más, como excepciones. Únicamente tienen el carácter de tales las que apunten a combatir el derecho aducido, bien para invocar que nunca ha existido, o para alegar que, aun existiendo, todavía no es exigible por estar sometido a plazo o condición(8).

En ese orden de ideas y, atendiendo al fundamento de la excepción propuesta por la apoderada de la entidad demandada la que denomina(9) “inexistencia de causa para demandar”, es evidente que en la forma como ha sido propuesta, ella no pretende enervar la acción, sino que se trata de un verdadero argumento de la defensa, en tanto se dirige a desvirtuar los hechos de la demanda, razón por la que se examinará simultáneamente con el fondo del asunto, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 164 del C.C.A.(10)

8.2. De la cosa juzgada.

Antes de analizar el fondo de la controversia, la Sala estudiará si se configuró la cosa juzgada respecto del asunto, teniendo en cuenta las normas sobre conciliación de la ley 443 de 1994, artículo 39 parágrafo 2º que determina que el pago de la indemnización produce efectos jurídicos de la conciliación, entre los cuales señala la cosa juzgada, tal como lo determina de igual forma el artículo 3º del Decreto 1818 de 1998.

Pues bien, el fundamento del argumento lo constituye el parágrafo segundo del artículo 39 de la ley 443 de 1998 en el que se señalaba en su redacción inicial que “En el evento de que el empleado opte por la indemnización o la reciba, el acto administrativo en que ésta conste prestará mérito ejecutivo y tendrá los mismos efectos jurídicos de una conciliación. –El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional(11), en el entendido que ni el empleado puede imponer la conciliación a la administración, ni mucho menos ésta a aquél, pues la conciliación es un acto que implica una concurrencia de voluntades de partes que tienen un conflicto para llegar a un acuerdo, y la circunstancia de que el empleado reciba la indemnización, no excluye los posibles conflictos que se puedan presentar con la administración, derivados de circunstancias atinentes a los factores que deben tenerse en cuenta para liquidarla. Así es factible que el empleado cuestione la liquidación en razón del tiempo de servicios o de los factores salariales tenidos en cuenta para llevarla a cabo; si ello ocurriere es evidente que tenga la posibilidad para reclamar el pago de las sumas de dinero que considere se le adeuden y que no estén comprendidas dentro de la indemnización reconocida por la administración, acudiendo inicialmente a la vía gubernativa y luego a la acción contencioso administrativa.

Por lo anterior, el sustento jurídico del argumento queda sin piso y por consiguiente la excepción de cosa juzgada no resulta probada.

8.3. Los actos demandados:

Los constituyen los siguientes actos: (i) Decreto 392 de 30 de diciembre de 1999, proferido por el Gobernador de Santander, por el cual se suprimen unos cargos de la planta de personal de la administración central, (ii) Resoluciones 10744, y 10747 de 30 de diciembre de 1999 expedidas por el Gobernador de Santander por medio de las cuales se hace una delegación, (iii) se inaplique por inconstitucional el Decreto 0391 de 1999 proferido por el Gobernador de Santander por medio del cual se estableció la estructura administrativa del departamento, así como la ordenanza 050 del 8 de enero de 1999 en el literal C numeral 2, por medio del cual se autoriza al gobernador del departamento de Santander para modificar, suprimir o fusionar la estructura de la administración central.

8.4. Hechos demostrados

a.- De las actuaciones previas al proceso de reestructuración. A través de Ordenanza No. 050 de 8 de enero de 1999, la Asamblea Departamental de Santander amplió las facultades conferidas al Gobernador en la Ordenanza No. 001 de 13 de febrero de 1998(12), para celebrar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un convenio de desempeño; en ese orden, dispuso lo siguiente: (fls. 195 a 196 cuaderno anexo de pruebas)

“Considerando

(…)

B. Que el “PASFFIET” Programa de Apoyo al Saneamiento Fiscal y Fortalecimiento Institucional de las Entidades Territoriales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, requiere que el Gobernador del Departamento esté dotado de las autorizaciones y facultades necesarias para la formulación y ejecución del “PRET” así como la autorización para que el Departamento ingrese a dicho programa.

Ordena

(…)

Articulo segundo: Con el mismo objeto señalado en el artículo precedente, facultades extraordinarias al Señor Gobernador, para:

(…)

c) Modificar, suprimir o fusionar la estructura de la administración Central Departamental, a fin de armonizarla con sus competencias constitucionales y legales.

(…)”.

A través de Decreto 427 de noviembre 09 de 1998, el Gobernador de Santander fijó la planta de cargos de la Gobernación de Santander y en el artículo 2 delegó en el Secretario General y el Director Administrativo y de Recursos Humanos la expedición de los actos administrativos de incorporación derivados de dicho decreto. (fls. 51 a 196 cuaderno anexo de pruebas)

Mediante el Decreto No. 0391 de 30 de diciembre de 1999(13), el Gobernador del Departamento de Santander expidió la estructura administrativa del Departamento de Santander, con fundamento en el informe técnico visible a folios 137 a 322 del Cuad. Principal

b. Los actos de delegación. Mediante Resolución 10744 de 30 de diciembre de 1999, el Gobernador de Santander delegó al señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, “para expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos de empleados públicos y trabajadores oficiales del Departamento, la conformación de la planta globalizada de empleos, la conformación de grupos de trabajo e incorporaciones a la nueva estructura de la administración departamental” (fl. 245 cuaderno anexo de pruebas).

El acto anterior fue aclarado por medio de la Resolución 10774 de 30 de diciembre de 1999, para precisar que se delega en calidad de “Gerente del Proceso de Restructuración del Departamento de Santander” (fl. 245 cuaderno anexo de pruebas).

c. De la vinculación laboral del delegatario y su designación en comisión oficial como gerente del proceso de reestructuración de la administración departamental.

.- El señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira en calidad de Director Administrativo de la Secretaria General de la Gobernación de Santander, fue comisionado en misión oficial, por el Gobernador de Santander, mediante Resolución No. 8950 de 05 de noviembre de 1999, para “gerenciar el proceso de reestructuración administrativa de la Administración Central y descentralizada del Departamento de Santander”, en cumplimiento del Convenio de Desempeño. (Flio 170 Cuad Anexo hoja de vida)

.- De la hoja de vida del señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira se puede establecer que desempeñó el cargo de Director Administrativo, Nivel Directivo, Código 00901, grado 01 en la Dirección Administrativa y de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaria General, durante el período comprendido entre el 2 de enero de 1998 y el 2 de enero de 2000, siendo comisionado en misión oficial mediante la Resolución No. 8950 del 5 de noviembre de 1999, para gerenciar el proceso de reestructuración administrativa de la Administración Central y descentralizada del Departamento de Santander (fls 94-191 Cuad anexo 2)

D. Las actuaciones del delegatario

- Por medio del Decreto 392 de 30 de diciembre de 1999, el Gerente del Proceso de Restructuración del Departamento de Santander, en uso de las facultades otorgadas mediante Resoluciones 10744 y 10774 de 1999, suprimió unos cargos de la planta de la administración central del Departamento de Santander (fls. 212-234).

- A través del Decreto 0413 de 30 de diciembre de 1999, artículos 1 y 2, el Gerente del Proceso de Reestructuración del Departamento de Santander, adicionó y aclaró el artículo 1 del Decreto 0392 de 1999 (fl. 247).

8.5. El caso concreto.

En el sub-lite se encuentra acreditado que:

Fernando Jiménez Meneses fue designado por Resolución No. 2205 de 11 de abril de 1988 en el cargo de músico I, nivel 03, grado 12 de la banda de músicos del departamento, Sección Extensión Cultural de la secretaria de educación, cargo del que tomo posesión el 15 de diciembre de 1988. (Flios 92 y 93 Cuad Anexo Dos).

Por Decreto 230 de 1998 se expidió por el Gobernador de Santander la reestructuración administrativa del Departamento. (flio 1 a 50.Cuad anexo 1)

Por Decreto 408 de 1998 se expidió la planta de cargos de la Gobernación de Santander. (fls. 51-110).

Por Decreto 430 de noviembre 10 de 1998 se modificó el manual de funciones y requisitos mínimos y equivalencias para los empleaos de la administración central. (Flios 11-133 cuad Anexo 1)

Por Decreto 0375 de 29 de diciembre de 1999 proferido por el Gobernador se adoptó el estudio técnico elaborado para la Gobernación de Santander tendiente a modificar la planta de personal.(fls. 134 , 137-329 Cuad Anexo uno).

Aparece anexo el estudio técnico misional de apoyo con la propuesta de redefinir las dependencias, procedimientos y cargas laborales. (Flios 363-547 Cuad. Principal.)

Por Resoluciones 10744 de diciembre 30 de 1999 proferida por el Gobernador se delegó al Doctor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, Director Administrativo, para expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos de los empleados públicos y trabajadores oficiales del Departamento, la conformación de la planta Globalizada de empleos, la integración de grupos de trabajo e incorporación a la nueva estructura de la administración departamental.”(fls. 135 y 136).

Por Decreto 0391 de diciembre 30 de 1999 se expide la estructura administrativa del Departamento de Santander por parte del gobernador del departamento, en uso de las facultades conferidas por la Ordenanza No 050 de 1999, que lo autorizó para efectuar la reestructuración administrativa y determinar las funciones de las dependencias del departamento de Santander. (fl. 197-211 Cuad anexo 1).

En primer lugar, plantea la recurrente que no existe cosa juzgada respecto de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente 8445-2005 que negó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 10774 y 10744 de 1999 y concluyó que la delegación conferida al Gerente del proceso de reestructuración estaba acorde a derecho. Lo anterior, porque considera que es ilegal darle efectos de cosa juzgada general a una sentencia que negó la declaratoria de nulidad de actos administrativos, la cual sólo produce efectos interpartes (artículo 175 del C.C.A).

Al respecto, se tiene que esta Sección en sentencia de 05 de noviembre de 2009, Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, al decidir la acción de simple nulidad radicada con el No. 68001-23-15-000-2002-01671-01(8445-05), formulada en contra de la Resolución No. 10744 del 30 de diciembre de 1999, mediante la cual se hizo una delegación para la expedición de los actos administrativos tendientes a la supresión de cargos en el Departamento de Santander y la Resolución No. 10774 del 30 de Diciembre de 1999, por virtud de la cual se aclaró la Resolución No. 10744 de la misma fecha, decidió confirmar la sentencia de 31 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander – Sala de Descongestión -, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda al considerar que no existían razones para excluir la posibilidad de delegar a un subordinado las funciones relacionadas con la supresión de cargos.

Que por ello era viable concluir para el proceso que los requisitos de la delegación previstos en el artículo 10 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 fueron cumplidos cabalmente, pues en el acto escrito de la delegación, se identificaron a los delegatarios y la función específica cuya atención y decisión fue a ellos confiada, en este caso, la supresión de los empleos como nítidamente se indica en los actos. Que la delegación no estaba prohibida por regla legal alguna y, que era equivocada la interpretación del demandante a ese respecto, pues el objeto de la función a cumplir no estaba reservada constitucional o legalmente al Gobernador.

En lo que se refiere al tema de las competencias del Gobernador del Departamento para la supresión de empleos, concluyó la Subsección B que según el artículo 7º del artículo 305 de la Constitución Política:

“…es competencia del Gobernador del Departamento la supresión de empleos, de manera que él si mediante los actos acusados aquel confió a un subordinado la tarea de “expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos”, según rezan las Resoluciones Nos. 10744; 10774 y 0663, delegó una competencia constitucional propia, por lo que, el acto de asignación de esa responsabilidad no merece reproche por este preciso aspecto, pues no incurrió el Gobernador en el fenómeno de la subdelegación de una competencia ajena”.

De igual manera, consideró que el delegatario era Director Administrativo de la Secretaría General y fue comisionado para ejecutar la reestructuración, de manera que al demandante no le bastaba demostrar que el cargo no existía, sino acreditar que la delegación no recayó en subalterno de cargo directivo, carga probatoria que no cumplió y que aparece demostrado lo contrario, es decir que el delegatario sí ejercía funciones directivas. En efecto señaló:

“En este caso la condición de subalterno del delegatario ejercida por el Doctor Luís Francisco Rodríguez Herrera está acreditada con el documento que obra al folio 155, documento que fue recaudado para este proceso en cumplimiento del auto para mejor proveer, dictado por esta Sala el día 30 de abril de 2009 (Folio 146). Dicha prueba desde su llegada forma parte del expediente y pudo ser conocido por las partes. Se dice lo anterior, porque luego de la llegada de la comunicación, mediante auto de 3 de agosto de 2009 se decidió sobre una solicitud de pruebas, auto notificado a las partes por estado el día 20 de agosto de 2009. De lo anterior se infiere que la información recaudada en obedecimiento al auto de mejor proveer, sí recibió la debida publicidad y por lo tanto pudo ser controvertida.

Puestas en esta dimensión las cosas, obsérvese que el énfasis que se hace en la demanda, reside en negar la existencia del cargo de Gerente de Proceso de Reestructuración y no la calidad de funcionario del Dr. Rodríguez, que nadie ha desconocido. Como señalan el artículo 211 de la Constitución y la Ley 489 de 1998 la delegación debe recaer en un subalterno, de modo que la inexistencia del cargo de Gerente del Proceso de Reestructuración, en nada vicia la delegación, si es que ésta recae en un empleado público de nivel directivo, asesor o en un colaborador como reza la norma copiada.

Según da cuenta el documento del folio 155, el delegatario era Director Administrativo de la Secretaría General y fue comisionado para ejecutar la reestructuración, de manera que al demandante no le bastaba demostrar que el cargo no existía, sino acreditar que la delegación no recayó en subalterno de cargo directivo, carga probatoria que no cumplió; en contraste, aparece demostrado lo contrario, es decir que el delegatario sí ejercía funciones directivas. Entonces, los actos acusados no se resienten de ilicitud, pues la delegación recayó en funcionario de nivel directivo o asesor y bien pudo recaer en un colaborador. En lo que concierne a la Resolución No. 00633 de 28 de enero de 2000, que delegó funciones en la Dra. Adriana Niño Ruiz, baste con señalar que según el artículo 9º de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 la delegación podrá recaer en “colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”, de modo que ningún reproche cabe hacer a esa delegación de funciones.

Así las cosas la inexistencia del cargo nominado como Gerente del Proceso de Reestructuración, en nada vicia el acto, pues la delegación recayó en un responsable subordinado del delegante.

…”. Resalta la Sala.

Concluyó que los actos acusados no estaban viciados de ilegalidad pues la delegación recayó en funcionario de nivel directivo o asesor y bien pudo recaer en un colaborador. Que la inexistencia del cargo nominado como Gerente del Proceso de Reestructuración, en nada viciaba el acto, pues la delegación recayó en un responsable subordinado del delegante y que:

“…los demás requisitos de la delegación previstos en el artículo 10 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 fueron cumplidos cabalmente, pues en el acto escrito de la delegación, se identificaron a los delegatarios y la función específica cuya atención y decisión fue a ellos confiada, en este caso, la supresión de los empleos como nítidamente se indica en los actos.

No sobra añadir que la delegación no está prohibida por regla legal alguna y, que es equivocada la interpretación que hace el demandante a ese respecto, pues el objeto de la función a cumplir no está reservado constitucional o legalmente al Gobernador. …”.

En ese sentido, consideró que como la naturaleza de la función, era un asunto puramente técnico, no era arbitrario que se hubiere confiado a un funcionario tal responsabilidad.

Pues bien, atendiendo que el artículo 175 del C.C.A. señala que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes" y la que la niegue la pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en relación con la "causa petendi" juzgada.

Así pues, dada la argumentación expuesta en aquella oportunidad referida a las dos Resoluciones de delegación No. 10744 y 10774 del 30 de diciembre de 1999 se fundamenta en el art. 305 numeral 7, para la Sala allí hay cosa juzgada en relación con la causa petendi, dado que aquí se argumenta que solo el nominador podía disponer el retiro del actor conforme a la ley y por no cumplir con este precepto legal los actos demandados deben declararse nulos.

Lo que fue expresamente resuelto por parte de la providencia en cita y por tanto la Sala se releva de hacer estudio frente a la legalidad de las Resoluciones Nos 10744 y 10774 de 1999, pues los aspectos que marcan los límites de la figura de cosa juzgada son, a saber: i) el mismo objeto, esto es la misma relación jurídica sobre la cual versa el derecho pretendido y ii) la misma causa petendi, vale decir la misma razón de hecho que se invoca como fundamento de la pretensión anulatoria.

Con relación a las Resoluciones en cita, el objeto pretendido es la nulidad bajo el argumento de que el Gobernador no podía delegar la facultad de suprimir cargos que está contemplada constitucionalmente, argumentación que ya fue resuelta en la sentencia en referencia, por lo que releva a la Sala de emitir nuevo pronunciamiento con relación a la causa petendi ya juzgada.

En ese mismo sentido se pronunció la Sala(14) en un caso análogo en el cual la demandante ELSA BRIGGITTI VERA VILLARREAL solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad de las Resoluciones Nos. 10744 y 10774 de 1999, proferidas por el Gobernador de Santander, en cuanto delegó al Gerente del Proceso de Reestructuración la facultad para “expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos”.

Consideró la Sala, con sujeción a lo previsto en el artículo 211 de la Constitución Política, que las autoridades administrativas pueden delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que les son propias, en los términos que indique la ley. En el ordenamiento jurídico Colombiano, dichas condiciones están previstas en la Ley 489 de 1998. Manifestó la Sala que al tenor del numeral 7º del artículo 305 de la Constitución Política, es competencia del Gobernador del Departamento la supresión de empleos, de manera que si mediante los actos acusados, el Gobernador confió a un subordinado la tarea de “expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos”, delegó una competencia constitucional propia, por lo que, el acto de asignación de esa responsabilidad no merece reproche por este preciso aspecto, pues no incurrió el Gobernador en el fenómeno de la subdelegación de una competencia ajena.

De otro lado, indicó la Sala que la delegación de funciones no necesita de la existencia del cargo o sección específica dentro de la nomenclatura de la entidad, pues basta que se haga esa designación como reza la norma “de colaboradores o empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente”, regla que se acompasa con el artículo 211 de la Carta política que confió al legislador fijar “las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

Con relación al estudio de los efectos particulares del Decreto 392 de 1999 y del oficio 7420 del 30 de diciembre de 1999, habrá de decirse lo siguiente:

El artículo 41 de la Ley 443 de 1998, establece:

“…Reforma de plantas de personal. Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en administración pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, incluidas sin excepción los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales y las plantas de personal de empleos públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública llevará el balance de cargos deficitarios que, requiriéndose para el cumplimiento de los fines de las entidades nacionales, no hubiere sido posible crearlos en las respectivas plantas de personal por razones de orden presupuestal. Dicho balance se justificará en estudios técnicos de planta consultando exclusivamente las necesidades del servicio y las técnicas de análisis ocupacional con prescindencia de cualquier otro concepto.

Parágrafo. En el orden territorial, los estudios de justificación de reformas a las plantas de personal serán remitidas para su conocimiento a las Comisiones Departamentales del Servicio Civil y a las Comisiones Seccionales de Contralorías, según el caso.”(15).

A su turno, el artículo 148 del Decreto 1572 de 1978, prevé:

“…Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la institución, las cuales estarán soportadas en estudios técnicos que así lo demuestren...”

Señala el mismo cuerpo normativo(16) que “Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otros, de:

1. Fusión o supresión de entidades.

2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.

3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.

5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de servicios,.

6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

7. Introducción de cambios tecnológicos.

8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad.

9. Racionalización del gasto público.

10, Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.

Parágrafo.- Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de racionalidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general“

Señala el artículo 153 del Decreto en mención que:

Las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva del orden territorial que inicien procesos de modificaciones a sus plantas de personal deberán comunicar tal situación a la respectiva Comisión Departamental o Distrital del Servicio Civil, según el caso, con indicación de sí tal proceso lo adelantará de manera directa o a través de la Escuela Superior de Administración Pública o de personas naturales o jurídicas; en este último evento, el Jefe de la entidad designará por lo menos dos de sus empleados que conformarán el equipo ejecutor del estudio.

Terminado el estudio técnico, soporte de la reforma de la planta de personal, acompañado con la planta finalmente adoptada, será remitido a la Comisión Departamental o Distrital del Servicio Civil correspondiente, para su conocimiento.

Al tenor de esta normatividad, los “estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.

2. Evaluación de la prestación de los servicios.

3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleados".(17)

Una de las formas más contundentes para demostrar que las razones que motivaron la supresión de cargos no se fundaron en necesidades del servicio o en modernización de la administración, sino en un interés ajeno a estos colectivos, la constituye el hecho de probar la inexistencia del estudio técnico exigido en la ley o la insuficiencia o limitación del mismo, o más aún la ausencia de comunicación a la respectiva Comisión Departamental o Distrital del Servicio Civil del inicio del proceso de modificación a sus planta de personal.

Al ser la supresión de cargos producto de un cambio en la estructura orgánica de la administración Departamental, es evidente que el decreto 0392 de 1999 que suprimió los empleos allí mencionados, debía estar soportado en una Ordenanza la 050 de enero 8 de 1999, que confirió facultades al Gobernador para efectuar la reestructuración y en las Resoluciones de delegación las 10744 y 10774 de 1999, cuya validez ha sido cuestionada de manera reiterada, como se ha anotado pero que por los argumentos expuestos se produjo el fenómeno de cosa juzgada con efectos “erga omnes” solo con relación a la causa petendi.

En este caso, el Gobernador tenía competencia para expedir la estructura administrativa del Departamento de Santander, como en efecto lo hizo a través del Decreto 391 de 1999, y el empleado delegado para proferir los actos administrativos de supresión, globalización de la planta de cargos de la administración central, y la conformación de los grupos de trabajo en cada Secretaria, estaba legalmente facultado y contaba con la competencia para efectuar la expedición del acto de supresión y por consiguiente para comunicar dicha decisión como en efecto lo hizo.

De tal manera que el proceso de restructuración que se hizo en el Departamento de Santander lo fue dentro de las competencias legales y con el cumplimiento de las previsiones jurídicas en materia de estudio técnico llevado a cabo, que dicho sea de paso fue avalado por la función pública. (Flios 323 Cuad principal).

Finalmente y con ocasión de la violación del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos vigente para la época, según el Decreto Ley 1569 de 1998 argumentó que se fundamenta en que el cargo de gerente de la reestructuración no es un cargo que exista para la época de los actos administrativos demandados, resulta ser un argumento nuevo incluido en el recurso de apelación que se examina. Por ello, no se referirá la Sala al mismo, pues se entraría a desconocer el equilibrio entre las partes que debe imperar así como el derecho a la defensa de la entidad demandada.

Así pues, recapitulando, como en este caso (i) tanto la demanda, la adición y el recurso de apelación se refieren a la falta de competencia del aludido funcionario para expedir el acto acusado Decreto 392 de 1999 al caso particular del demandante, (ii) dicha competencia pende de la que fuera otorgada mediante las Resoluciones Nos 10774 y 10744 de 1999, (iii) tal aspecto fue analizado por ésta Corporación, en providencia que examinó idénticos argumentos que el acá propuesto por la apoderada del actor, (iv) existe un pronunciamiento con fuerza de cosa juzgada, erga omnes, sobre tal causa petendi, como lo es la sentencia de 5 de noviembre de 2009, proferida por la Subsección B de ésta Corporación, dentro del proceso radicado con el 8445-05.

Resultan suficientes estos argumentos para confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub-Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

1. DECLARAR NO PROBADA la excepción de cosa juzgada propuesta por virtud de haber preferido la indemnización en razón de la supresión del cargo, por lo aquí expuesto.

2. CONFÍRMASE la sentencia de 11 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander – Sala de descongestión- por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(8) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno. Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004).- Referencia: Expediente No. 6080-01 

(9) Flio 237

(10) Flio 43

(11) Sentencia C-642 de 1999 Magistrado Ponente: Dr. ANtonio Barrera Carbonell

(12) Fls. 1 del cuaderno de pruebas.

(13) Allegado a folios 197 a 210 del cuaderno anexo de pruebas.

(14) Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Sección Segunda. Subsección “B”. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. No. de Referencia: 68001-23-31-000-2005-01545-01.No. Interno: 2273-2010. Actor Elsa Briggitti Vera Villareal.

(15) Parágrafo declarado inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-372 de 1999.

(16) Artículo 149º.- Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2504 de 1998

(17) Artículo 154º.- Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2504 de 1998.