CONSEJO DE ESTADO

 

Sentencia 2000-01414/5115-05 de diciembre 14 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SALA DE CONJUECES

Exp.: 0800-1233-1000-200001414-01

Nº Interno: 5115-05

Conjuez Ponente:

Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora

Actora: Ilva Crespo de Gómez

Autoridades nacionales

Bogotá, D. C., catorce de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Considera

Es sabido que se decretó una bonificación por compensación para los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, con carácter permanente, que, sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

En efecto, en aras de superar la visible desigualdad entre los funcionarios mencionados y los Magistrados de las Altas Cortes, se creó un mecanismo denominado “bonificación por compensación”. El decreto en cuestión no hizo otra cosa que atender el principio sentado en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, según el cual el Gobierno debe revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad. En sus considerandos se reconoce la desigualdad económica existente entre los funcionarios de la Rama Judicial y por esta razón, atendiendo a dichos criterios de equidad, crea la bonificación. Se trata de una medida tendiente a mantener la equidad y proporcionalidad de la remuneración entre los funcionarios de la Rama Judicial.

El Consejo de Estado ha sentado las siguientes bases sobre el punto de debate que constituye la esencia del presente proceso, a saber:

“El Decreto 664 de 1999 establece la bonificación por compensación para los magistrados y servidores públicos allí relacionados, a partir del 1º de septiembre de 1999. El Consejo de Estado en sentencia del 11 de diciembre de 2003(1), precisó que el Decreto 664 de 1999 en realidad no creó “una bonificación por compensación diferente de la prevista en los decretos 610 y 1239. Es el mismo derecho con diferente cuantía. Pero el Decreto 664 perdió fuerza ejecutoria cuando se declaró nulo el Decreto 2668, como consecuencia de que el Decreto 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren el 610 y 1339 no existía, y por ello se utilizó la expresión obvia de “créase”; entonces si el día anterior a la expedición del Decreto 664 la bonificación por compensación no existía, ella es el fundamento fáctico jurídico de su expedición, pero al declararse nulo el Decreto 2668 y recobrar vigencia el Decreto 610 y 1239, ello determina que el día anterior estaban vigentes éstos y, por ende, desapareció el fundamento fáctico y jurídico del tantas veces citado Decreto 664, que es lo que conforme al artículo 66, numeral 2º, del C.C.A., se denomina “pérdida de fuerza ejecutoria”, el fenómeno que se traduce en que por mandato legal un acto administrativo no está llamado a seguir produciendo efectos, sin necesidad de declaración judicial que así lo disponga”.

“Como la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo se traduce en que un acto administrativo cese de producir efectos, el pago de la bonificación por compensación debe hacerse siguiendo las directrices del Decreto 610 de 1998. En este aspecto se confirma lo dicho en la sentencia de primera instancia. El restablecimiento del derecho que se ordena significa que la Procuraduría General de la Nación debe reconocer y pagar a la actora, las diferencias que resulten a su favor entre lo que se haya pagado efectivamente y lo que se le deba pagar, con base en los porcentajes establecidos en los decretos 610 y 1239 de 1998, adicionados con la actualización de las sumas respectivas y los intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia y desde su pago efectivo”.

De otro lado, esta Sala considera que la negativa de la Fiscalía General de la Nación, contenida en el acto acusado, efectivamente viola, entre otros, el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal y el numeral 4º del artículo 16 del Decreto 2699 de 1991, porque al negarse a pagarle a los Directores Seccionales la Bonificación creada para los Fiscales delegados, desconoció que los Directores Seccionales de todos los niveles tienen igualmente el carácter de delegados y por lo tanto resulta desatendido el criterio implícito en los artículos 13 y 53 constitucionales y 143 y 127 legales (C.S.T.), porque desconoce la obligación legal de remunerar al trabajador de acuerdo a su mayor cantidad y calidad de trabajo y viola los principios de la Ley 4ª de 1992 porque esta norma consagra, igualmente, el respeto a la remuneración de acuerdo a la capacidad, a la equivalencia y a la proporcionalidad desconocidas por tal negativa.

De suyo, las direcciones seccionales son, para todos los efectos, delegadas ante los tribunales superiores de distrito judicial, por manera que conforme al numeral 1º del artículo 38 del Decreto 2699 de 1991, tienen las funciones de dirigir, coordinar y controlar las actividades de las Unidades de Fiscalías Adscritas, que actúan como delegadas, ante aquéllos.

Esa conclusión tiene que ver, así mismo, con mayor dimensión de la responsabilidad jurídica, laboral y administrativa de las Direcciones Seccionales, a partir de la supresión de la Justicia Regional, lo que aumentó de manera considerable la carga y gestión de control de los Directores Seccionales, entre ellos, la demandante.

En consecuencia, habrá de revocarse el fallo apelado, para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia del 19 de agosto de 2004, dictada por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar que denegó las pretensiones de la demandada.

2. En su lugar, declárase la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio Nº 10461 del 29 de diciembre de 1999, por medio del cual la Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación denegó el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación a la doctora Ilva Cecilia Crespo de Gómez.

3. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condénase a la Nación (Fiscalía General de la Nación), a reconocerle y pagarle a la doctora Ilva Cecilia Crespo de Gómez, la Bonificación por Compensación ordenada por el Decreto 664 del 13 de abril de 1999, en la cuantía y condiciones establecidas por éste.

4. Del mismo modo, se condena a la Nación (Fiscalía General de la Nación), a reajustarle a la doctora Ilva Cecilia Crespo de Gómez, los salarios y prestaciones sociales devengados, teniendo en cuenta el monto de la bonificación mencionada.

5. Condénase, igualmente, a la Nación (Fiscalía General de la Nación), al pago de los intereses moratorios correspondientes a las sumas adeudadas por estos conceptos, hasta cuando se produzca el pago respectivo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Una vez ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Se hace constar que la presente providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11 de diciembre de 2003, Exp. 99-3971.