Sentencia 2000-01423/56458 de marzo 1 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dr. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 54001-23-31-000-2000-01423 01 (56458)

Actor: Arnoldo Hernández Ahumada y Otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y Otro

Ref.: Apelación Sentencia - Acción De Reparación Directa

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) legitimación en la causa de las partes; 4) el ejercicio oportuno de la acción; 5) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad; 6) las pruebas obrantes en el proceso; 7) el caso concreto; 8) la indemnización de perjuicios; y 9) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso el debate versa sobre la privación de la libertad del señor Arnoldo Hernández Ahumada, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(30).

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación(31), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1º de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(32).

3. Legitimación en la causa.

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se encuentra demostrado que el señor Arnoldo Hernández Ahumada fue investigado por los delitos de rebelión, homicidio con fines terroristas, y lesiones personales; que en el curso de esa actuación estuvo privado de su libertad y que la controversia concluyó con decisión de preclusión de la investigación, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

En relación con el demandante Narciso de Jesús Hernández Cabello, encuentra la Subsección que, a folio 42 del cuaderno principal, reposa el registro civil de nacimiento del señor Arnoldo Hernández Ahumada, con el que se acredita su parentesco como padre de la víctima directa.

Asimismo, se advierte que a folio 48 del cuaderno principal, obra el registro civil de nacimiento del señor Atilio Hernández Ahumada, con los que se acredita su parentesco como hermano del señor Arnoldo Hernández Ahumada.

Frente a los menores Aris Fabián Hernández Fonseca, Diego Fernando Hernández Blanco y Nina Alexandra Hernández Blanco observa la Subsección que, a folios 43, 46, y 47 del cuaderno principal, reposan los registros civiles de nacimiento, en los que consta que son hijos de la víctima directa del daño.

Finalmente, en relación con la señora Nubia Blanco Sepúlveda, advierte la Sala que el a quo le reconoció la calidad de compañera permanente del señor Arnoldo Hernández Ahumada, basado en la información contenida en los registros civiles de nacimiento de Diego Fernando y Nina Alexandra Hernández Blanco, así como en las declaraciones extraproceso realizadas por Eliécer Padilla Argumedo y María Emma Prieto de Bernal(33).

En relación con la legitimación en la causa por activa, se limitará a las personas en favor de las cuales se efectuó un reconocimiento económico, toda vez que los demás demandantes, pese a que se les negó su calidad de afectados y, por ende, la indemnización que solicitaron, no apelaron la sentencia de primera instancia, por lo que la Fiscalía General de la Nación ostenta la condición de apelante única, circunstancia que impide la adopción de decisiones que impliquen una desmejora de su situación.

Ahora bien, es cierto que el reconocimiento de la unión marital de hecho no fue objeto de la apelación, sin embargo, dicha circunstancia no es óbice para que el ad quem, al identificar que se trata de un tema de legitimación en la causa por activa, pueda analizar de oficio esta situación y sus implicaciones en la sentencia(34).

En el sub judice constan como pruebas tendientes a demostrar la unión marital de hecho de los demandantes, únicamente la declaraciones extraproceso de los señores Eliécer Padilla Argumedo y María Emma Prieto de Bernal y si bien es cierto que se solicitó como prueba los testimonios de los señores Javier Blanco Sepúlveda y Roger Escobar Ahumada para constatar tal situación, no lo es menos que aquellos no se practicaron porque los testigos no asistieron a las audiencias programadas, a pesar de las reiteradas citaciones que se les realizaron.

Pues bien, la denominación de compañero y compañera permanente, al tenor de lo previsto en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, alude al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho(35) y, a su turno, el artículo 4º de la misma norma estableció que para acreditar la existencia de la unión marital de hecho se podrá acudir a los medios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil(36).

Es de advertir que la Jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que las declaraciones extraproceso que se practiquen sin citación y asistencia de la parte contraria deben ser ratificadas en el proceso en el cual se pretende hacer valer, so pena de carecer de eficacia probatoria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, salvo que esté destinada a servir de prueba sumaria en los casos en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio(37).

Así las cosas, debido a que la declaración extraproceso que allegó la parte actora no fue ratificada en el presente asunto, se concluye que la misma carece de mérito probatorio(38).

De esta manera, la existencia de hijos en común, no tiene la virtualidad de demostrar la unión marital de hecho de Arnoldo Hernández Ahumada y Nubia Blanco Sepúlveda, por tanto, la situación descrita se traduce en la falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto la ausencia de acreditación de la calidad con la que la demandante afirmó comparecer al proceso —compañera permanente— deviene en el fracaso de las pretensiones invocadas; además, en el expediente tampoco reposa medio de prueba alguno que permita considerarla como tercera damnificada, en la forma prevista por la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado.

Como consecuencia de lo anterior, no hay lugar a reconocimiento económico alguno a favor de la mencionada demandante y, por ende, la sentencia será modificada en este preciso aspecto.

Por su parte, la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y están debidamente representadas por el Fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de Administración Judicial, respectivamente, de conformidad con los artículos 49 de la Ley 446 de 1998, 99 numeral 8º de la Ley 270 de 1996 y con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Sección(39).

4. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que ordenó la preclusión de la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(40).

En el caso bajo estudio, la Fiscalía Regional de Cúcuta precluyó la investigación que adelantó en contra del ahora demandante el 15 de julio de 1997, decisión que fue enviada en consulta a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, autoridad judicial que la confirmó, mediante providencia del 18 de junio de 1998, de la cual no se aportó constancia de ejecutoria; sin embargo, esta circunstancia no es óbice para efectuar el respectivo cómputo de caducidad.

En efecto, la decisión que confirmó la preclusión a favor del ahora demandante fue expedida el 18 de junio de 1998, por lo que la demanda podía presentarse, a más tardar, el 19 de junio de 2000 y como ello ocurrió el 15 de los mismos mes y año, se impone concluir que se hizo oportunamente, es decir, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción.

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de Jurisprudencia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general la Jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se deberá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el sindicado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva(41).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante Sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de acreditación:

— Relacionadas con el proceso penal adelantado en contra el señor Arnoldo Hernández Ahumada(42). 

— Providencia del 17 de diciembre de 1996, por medio de la cual se resolvió la situación jurídica del señor Arnoldo Hernández Ahumada y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de rebelión, en concurso con homicidio y lesiones personales con fines terroristas(43).

— Decisión del 13 de enero de 1997, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor Arnoldo Hernández Ahumada, contra la decisión del 17 de diciembre de 1996, en el sentido de confirmar la medida de aseguramiento impuesta al sindicado(44).

— Proveído del 15 de julio de 1997, por medio de la cual la Fiscalía Regional de Cúcuta decretó la preclusión de la investigación y ordenó la libertad inmediata del sindicado(45).

— Providencia del 18 de junio de 1998, mediante la cual la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional confirmó la preclusión de la investigación adoptada el 15 de julio de 1997(46).

— Certificación allegada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— en la cual consta que el período de la privación de la libertad del sindicado se extendió hasta el 19 de julio de 1997(47).

7. Caso concreto.

En relación con la investigación penal dentro de la cual se ordenó la detención preventiva de Arnoldo Hernández Ahumada se encuentran probados los siguientes hechos(48):

La Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación penal en contra del señor Arnoldo Hernández Ahumada, por su posible participación, como autor material, en el homicidio de la Subintendente Fanny Rojas Gómez y por ser cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Farc—, en el departamento de Santander(49).

Para los fines pertinentes, el ente acusador capturó al señor Arnoldo Hernández Ahumada, el 25 de noviembre de 1996, según se advierte en la providencia del 17 de diciembre de 1996 que resolvió la situación jurídica del sindicado. Al respecto la Fiscalía señaló (se transcribe de manera literal, con los posibles errores):

“Por informe de inteligencia de la Sijijn, allegado a la investigación, se sindica a Hernández Ahumada además de ser miembro cabecilla de las Farc, como uno de los autores materiales del homicidio de la suboficial, a quien mediante reconocimiento fotográfico realizado un año después de los hechos, los agentes de la policía Forero Ávila y Palacin Damazo, lo señalan como uno de los cuatro autores materiales de la acción terrorista en donde de manera lamentable perdió la vida, la sub-intendente Fanny Rojas Gómez”.

“Lo anterior da inicio a la apertura de la instrucción y a la captura de Hernández Ahumada, captura que se hizo efectiva el día 25 de noviembre del año en curso, oyéndose en indagatoria, el día 27 del mismo mes y año”(50) (se resalta).

En la mencionada decisión, la Fiscalía definió la situación jurídica del sindicado, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, toda vez que las pruebas obrantes en el plenario daban cuenta de su relación con los hechos investigados y, de manera consecuente, con los delitos de rebelión en concurso con homicidio y lesiones personales con fines terroristas.

Mediante decisión del 15 de julio de 1997, la Fiscalía Regional de Cúcuta decretó la preclusión de la investigación adelantada en contra del señor Arnoldo Hernández Ahumada, revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del sindicado y ordenó su libertad inmediata, para lo cual expuso (se transcribe de manera literal, con los errores que pueda contener):

“En el mejor sentido de lo que se deduce de lo dicho por los dos tenientes de la Policía Nacional, oídos en declaración, es que no existe, ni habrá un oficial que se pueda ratificar sobre las sindicaciones que se hacen contra Hernández Ahumada, revistiendo las mismas de la debida seriedad para que con la validez jurídica que se exige de estas se pueda responsabilizar y llevar a cabo a juicio al mismo.

“Es decir a esta altura procesal, se encuentra demostrado que la sindicación que pesa contra Arnoldo Hernández, de ser el alias Rómulo, cabecilla importante de las Farc, es una sindicación fantasmal, una simple conjetura, como quiera que esos dichos contentivos de tal informe de inteligencia llevarán implícitos la nota marginal del artículo 248 de la Constitución Nacional.

“(…)

En este orden de ideas debemos concluir que se encuentran desvirtuados los elementos de juicio que sirvieron de sostén para mantener vigente la medida detentiva, y que igualmente dentro del investigativo emerge prueba que nos demuestra que el sindicado no cometió el hecho que se le sindica, razón jurídica por la que debemos de revocar la medida detentiva que pesa contra el sindicado, concediéndole su libertad inmediata e incondicional. Igualmente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, dictar la preclusión de la investigación que contra el mismo se seguía(51)(se destaca).

Posteriormente, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional resolvió el grado jurisdiccional de consulta y, mediante decisión del 18 de junio de 1998, confirmó la preclusión de la investigación, por las mismas razones aducidas por la Fiscalía Regional de Cúcuta(52).

De conformidad con lo anterior, se concluye de la decisión que precluyó la investigación que el señor Arnoldo Hernández Ahumada no cometió el delito y, por tanto, se le ocasionó un daño por parte de la Fiscalía General de la Nación que no se encontraba en el deber jurídico de soportar.

En cuanto al tiempo de privación del demandante, se constata de la decisión que resolvió la situación jurídica del sindicado, que la captura ocurrió el 25 de noviembre de 1996 y que la privación de la libertad se prolongó hasta el 19 de julio de 1997, de acuerdo con la constancia de reclusión allegada por el Inpec.

Ahora bien, verificada la responsabilidad de la entidad demandada, Fiscalía General de la Nación, se concluye que el recurso interpuesto no está llamado a prosperar, por tanto, se procede a estudiar la indemnización de perjuicios.

8. Indemnización de perjuicios.

Se precisa que si bien el ente demandado señaló, de manera genérica, que “no hay lugar a la declaración de los perjuicios”, lo cierto es que es que de dicha afirmación se entiende que la indemnización que reconoció el Tribunal de primera instancia sí fue objeto de cuestionamiento por parte de la mencionada entidad.

En ese sentido, la Subsección entrará a analizar si los reconocimientos económicos que hizo el Tribunal a quo a favor de los actores deben o no mantenerse.

Al respecto, la Sala, dentro de los parámetros de la apelación, se pronunciará sobre el monto de los perjuicios reconocidos en la primera instancia.

8.1. Perjuicios morales.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Arnoldo Hernández Ahumada, Nubia Blanco Sepúlveda, Narciso de Jesús Hernández Cabello, Aris Fabián Hernández Fonseca, Diego Fernando y Nina Alexandra Hernández Blanco, la suma de 70 smlmv, y respecto al señor Atilio Hernández Ahumada condenó a la misma entidad, al pago de 35 smlmv.

Esta Sección ha precisado que en los casos en los que la privación injusta de la libertad se prolongó entre 6 y 9 meses resulta razonable el reconocimiento por concepto de perjuicios morales de: i) 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes —smlmv— para las personas ubicadas dentro del primer nivel de afectación —víctima directa, familiares dentro del primer grado de consanguinidad, su cónyuge y/o compañero permanente— y de ii) 35 smlmv para los familiares que se encuentran dentro del segundo grado de consanguinidad con el sujeto pasivo de la detención (53).

Pues bien, el señor Arnoldo Hernández Ahumada sufrió una limitación en su derecho a la libertad personal desde el plano físico, en establecimiento carcelario, durante el período comprendido entre el 25 de noviembre de 1996y el 19 de julio de 1997, esto es, por 206 días, equivalente a 6,9 meses.

Así las cosas, la parte demandada, Fiscalía General de la Nación pagará, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas: i) para los señores Arnoldo Hernández Ahumada —victima directa—, Aris Fabián Hernández Fonseca, Diego Fernando Hernández Blanco, Nina Alexandra Hernández Blanco —en su calidad de hijos— y Narciso de Jesús Hernández Cabello —padre de la víctima directa—, la suma equivalente a 70 smlmv para cada uno y ii) 35 smlmv para el señor Atilio Hernández Ahumada - hermano de la víctima, tal como lo dispuso la primera instancia.

8.2. Perjuicios materiales.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander reconoció la suma de catorce millones setecientos trece mil, ochocientos cincuenta y cuatro pesos ($14’713.854) por lucro cesante, para lo cual tuvo en cuenta el valor no ejecutado del contrato de prestación de servicios que el aquí demandante se encontraba cumpliendo al momento de su captura, dicho valor correspondió, según el a quo, a cuatro millones setecientos cuarenta mil pesos ($4’740.000).

A efectos de estudiar este reconocimiento indemnizatorio se precisa lo siguiente:

El señor Arnoldo Hernández Ahumada, en calidad de contratista, y el Instituto para el Desarrollo Municipal de Santander, como entidad contratante, celebraron el contrato de prestación de servicios número 41 de 1996, el 24 de septiembre del mismo año, el plazo de duración del mismo fue pactado en un término de 10 meses a partir de la firma del contrato y el valor total del contrato es estipuló en seis millones de pesos ($6’000.000).

En esa misma línea, se observa que la víctima directa logró ejecutar el contrato entre el 24 de septiembre de 1996 y el 25 de noviembre del mismo año(54), por esta razón se reconocerá la indemnización, por este concepto, durante el período comprendido desde el momento de su captura hasta la fecha de finalización del contrato.

En ese orden de ideas, se debe determinar el valor del contrato que fue efectivamente ejecutado por las partes, de la siguiente manera:

Días de duración del contrato -----------------------------------Valor total del contrato.

Días efectivamente ejecutados ---------------------------------Valor parcial del contrato.

Remplazando tenemos:

300 días ------------------------------------------------------------- ($6’000.000)

61 días --------------------------------------------------------------- (X)

De esta manera, el valor efectivamente ejecutado en el contrato fue de un millón doscientos veinte mil pesos ($1’220.000).

Ahora bien, se debe calcular el valor que faltó por ejecutar, el cual se obtiene de la siguiente manera:

Valor por ejecutar = (valor total del contrato - valor ejecutado)

Valor por ejecutar = ($ 6’000.000 - $ 1’220.000).

Así las cosas, el valor del contrato que no pudo ejecutar el señor Hernández Ahumada corresponde a la suma de cuatro millones setecientos ochenta mil pesos ($4’780.000), sin embargo, como dicha suma de dinero resulta mayor a la reconocida en la sentencia de primera instancia, en caso de reconocerse se afectaría la condición de apelante único que ostenta la Fiscalía General de la Nación en el sub lite, por tanto, se procederá a mantener el monto de la indemnización, pero se actualizará la suma reconocida en primera instancia, con base en la siguiente fórmula:

grafica 01423-A
 

(55)

(56) 

Lucro cesante

Al remplazar:

grafica 01423-B
 

V.A = $17’521.688.

En las condiciones analizadas, la Fiscalía General de la Nación pagará al señor Arnoldo Hernández Ahumada, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de diecisiete millones, quinientos veintiún mil, seiscientos ochenta y ocho pesos ($17’521.688).

9. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 22 de agosto de 2014, la cual quedará así:

“1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa respecto de la demandante Nubia Blanco Sepúlveda y, como consecuencia de ello, NEGAR las pretensiones en cuanto a ella concierne.

2. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico causado a la parte demandante, por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Arnoldo Hernández Ahumada.

“3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero, a los demandantes que a continuación se relacionan:

DemandantesGrado de parentesco acreditadoMontos otorgados en segunda instancia
Arnoldo Hernández AhumadaVíctima directa70 smlmv
Aris Fabián Hernández FonsecaHijo70 smlmv
Diego Fernando Hernández Blanco Hijo70 smlmv
Nina Alexandra Hernández BlancoHijo70 smlmv
Narciso de Jesús Hernández CabelloPadre70 smlmv
Atilio Hernández AhumadaHermano35 smlmv

“4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Arnoldo Hernández Ahumada por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de diecisiete millones, quinientos veintiún mil, seiscientos ochenta y ocho pesos ($17’521.688).

“5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

“6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, bajo las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

“8. Sin condena en costas”.

2. Ejecutoriada la presente providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

30. Al respecto consultar la Sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 49.740, Sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente 51.057, Sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente 52.070, Sentencia del 6 de diciembre de 2017, expediente 54.859, entre muchas otras decisiones de la Sala.

31. Acuerdo 58 de 1999, modificado por los Acuerdos 55 de 2003, 148 de 2014, 110 de 2015, 306 de 2015, y 269 A de 2017.

32. Sobre este tema consultar el Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

33. Folio 57, del cuaderno principal.

34. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

35. Advierte la Sala que el concepto de familia ha sido ampliado por la Corte Constitucional en sus más recientes pronunciamientos: Sentencia C-577 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sentencia C-700 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; Sentencia C-278 de 2014, M.P. Mauricio González y la Sentencia C-257 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, concepto que es acogido por esta Corporación.

36. “La existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia”.

37. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 17.995, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 25 de enero de 2017 expediente 45.351.

38. En relación al valor probatorio de las declaraciones extraproceso se puede consultar, entre otras, la Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 6 de julio de 2017, expediente: 50.251.

39. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Auto del 25 de septiembre de 2013, expediente 25000-23-26-000-1997- 05033-01 (20420), C.P. Enrique Gil Botero.

40. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el Auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

41. Sentencias del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168 y del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas por esta Subsección en Sentencia de mayo 26 de 2011, expediente 20.299, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

42. Se advierte que se extraen, en lo pertinente, aquellos elementos probatorios que resultan relevantes para resolver la presente litis.

43. Folios 221 a 231 del cuaderno principal.

44. Folios 232 a 235 del cuaderno principal.

45. Folios 236 a 246 del cuaderno principal.

46. Folios 247 a 253 del cuaderno principal.

47. Folio 366 del cuaderno número dos.

48. Con fundamento en las piezas procesales de la actuación allegadas con la demanda (fls. 41-99, del Cdno. ppal.), y las allegadas durante el período probatorio, obrante en el cuaderno principal y el cuaderno número 2.

49. De conformidad las decisiones por medio de las cuales se resolvió la situación jurídica del sindicado y se dictó la preclusión de la investigación.

50. Decisión que resolvió la situación jurídica del sindicado, obrante a folios 221 a 231, del cuaderno principal.

51. Folios 236 a 246, del cuaderno principal.

52. Folios 247 a 253, del cuaderno principal.

53. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de: i) 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 25.022, y de ii) 28 de agosto de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36.149.

54. Fecha en la que fue privado, de manera injusta, de su libertad.

55. IPC vigente a la fecha de la presente providencia. Se precisa que se toma el IPC de enero de 2018, habida cuenta de que estos índices se publican mes vencido.

56. IPC vigente para la fecha de la Sentencia de la primera instancia (agosto de 2014).