Sentencia 2000-01432 de agosto 28 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 05001-23-31-000-2000-01432-01 (19511)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Acción: nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Distribuidora Kenworth de la Montaña

Demandada: U.A.E. DIAN

Decisión: confirma sentencia

Asunto: sanción por medios magnéticos

Bogotá, D. C., veintiocho de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II) Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, como consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda de la referencia.

1. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si el mecanismo de notificación de la Resolución 0027 de 1998 - edicto - se ajusta a los postulados legales que regulan la materia y, conforme con esto, determinar la fecha de notificación de aquel acto administrativo, ya que esa fecha determina el término de caducidad de la acción en el sub lite y el sentido de la decisión.

2. Caso concreto.

Para resolver el problema jurídico propuesto, la Sala se referirá a la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y a la notificación del recurso de reconsideración, en los términos del Estatuto Tributario.

Para el efecto, la Sala precisa que se encuentran probados en el expediente, los siguientes hechos: (i) que en la Resolución 000160 del 20 de enero 1997 se impuso sanción a la sociedad demandante por no aportar información tributaria en medios magnéticos (fls. 18 y 19 del anexo); (ii) que contra esa decisión se interpuso el recurso de reconsideración el 14 de marzo de 1997 (fls. 31 a 35 del anexo); (iii) que el contribuyente mediante el formato oficial R.U.T., presentado el 24 de noviembre de 1997, informó como nueva dirección: autopista sur No. 53 - 195 en Itagüí; (iv) que, a través de la Resolución 0027 del 9 de febrero de 1998 la entidad demandada resolvió dicho recurso (fls. 117 a 122 del anexo); (v) que el 10 de febrero de 1998 se envió a la dirección “antigua” de la sociedad contribuyente la comunicación con fines de notificación personal del acto administrativo previamente señalado (fl. 128 del anexo); (vi) que el 13 de marzo de 1998 esa comunicación fue devuelta por la empresa de correos con la anotación “se traslado” (fl. 127 del anexo); y (vii) que el 25 de febrero de 1998 se fijó edicto con la finalidad de notificar la Resolución 0027 de 1998 (fl. 115 del anexo).

2.1. Caducidad de la acción.

En los términos del numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable), la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene un término de caducidad de cuatro meses. En efecto, la norma señalada dispone lo siguiente.

ARTÍCULO 136. Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998 Caducidad de las acciones.

(…)

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

(…)” (subrayas fuera de texto)

Adicionalmente, la norma trascrita permite concluir que el término de caducidad, para los efectos del caso concreto, debe empezar a contar desde el momento de la notificación de la Resolución 0027 de 1998.

En consecuencia, la Sala deberá determinar la fecha en que se notificó aquel acto administrativo, pues dicha actuación, se insiste, determina el fenómeno de la caducidad y el sentido de la decisión.

2.1.1 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín (DIAN) dijo que la notificación del acto administrativo en comento se surtió mediante edicto desfijado el 10 de marzo de 1998, visible en el folio 115 del anexo del expediente y, por lo tanto, que el término de caducidad “[…] se cumplió el 10 de julio de 1998 […]” (fl. 73).

La entidad demandada considera que esa notificación se realizó en debida forma, ya que, dentro del término que contempla la ley, se envió la correspondiente citación a la dirección de notificaciones de la sociedad contribuyente y, pasados diez días sin que la sociedad demandante acudiera para tale fines, se publicó el edicto para la notificación de aquella resolución, tal como lo establece el artículo 565 del Estatuto Tributario.

En criterio de la parte demandada, la dirección a la que se envió la mencionada comunicación era válida para efectuar la notificación, pues si bien es cierto que la empresa demandante cambió su dirección de notificaciones, también lo es que esa dirección conservó validez hasta el 24 de febrero de 1998, en los términos del artículo 563 del Estatuto.

2.1.2. El apoderado judicial de la sociedad Distribuidora Kenworth de la Montaña aduce que la notificación antes referida carece de validez y, por lo tanto, debe entenderse que no se realizó, debido a que, a su juicio, dicho acto administrativo debió ser notificado de forma personal.

En ese sentido, aclaró que la citación que se envió con fines de notificación personal fue enviada a la dirección antigua de dicha persona jurídica, pese a que la entidad demandada tenía conocimiento de la nueva dirección.

Con fundamento en el argumento anterior, la sociedad contribuyente considera que “[…] si no pudo surtirse la notificación de la resolución 0027 del 9 de febrero de 1998 por ningún medio, el término para impetrar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no podía empezar a correr, […]” (fl. 125). Al respecto, considera que la excepción de caducidad no está llamada a prosperar y, con fundamento en esto, se requiere un análisis de fondo de los cargos propuestos.

2.1.3. La Sala considera que, tal como lo afirma la entidad demandada, la notificación de la Resolución 0027 del 9 de febrero de 1998 se surtió mediante el edicto fijado, para tales fines, el 25 de febrero de 1998 y desfijado el 10 de marzo de 1998.

Tal consideración se fundamenta en las siguientes consideraciones:

2.1.3.1. La notificación por edicto se considera idónea y, sobre todo, ajustada a derecho, toda vez que es el mismo Estatuto Tributario el que contempla dicho mecanismo como forma de notificación subsidiaria en casos como el que ahora se resuelve - artículo 565 -.

2.1.3.2. El procedimiento de notificación por edicto del acto administrativo demandado se ajustó a los parámetros legales establecidos en la norma antes señalada - artículo 565 del Estatuto -, en la medida en que, antes de fijar el correspondiente edicto, se remitió a la dirección de la sociedad contribuyente la comunicación con fines de notificación personal, tal como lo comprueba la constancia de envío visible en el folio 128 del cuaderno anexo.

Al respecto, la citada disposición(3) señala:

“Art. 565. Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos.

Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslado de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse personalmente o por correo.

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación”. (Subrayas fuera de texto)

2.1.3.3. Si bien es cierto que la comunicación fue devuelta por la empresa de correo el 13 de marzo de 1998 (fl. 127), con fundamento en que la sociedad demandante “se traslado” de dirección, lo cierto es que dicha devolución, sin distingo de la causa que la justifique, excepto cuando la dirección es incorrecta, comporta la posibilidad de fijar el correspondiente edicto, con fines de notificación.

Al respecto, la Sección(4) ha dicho:

“(…), una vez transcurridos diez días hábiles desde la introducción en el correo de los mismos, sin que el contribuyente o quien deba hacerlo comparezca para notificarse, la Administración Tributaria queda facultada para notificar las actuaciones por edicto, sin importar que estos hayan sido devueltos por cualquier causa (…)

(…)

De lo expuesto hasta el momento, es claro para la Sala que las resoluciones que resolvieron el recurso de reconsideración interpuesto por el apoderado de la demandante fueron notificadas en debida forma, dado que los avisos de citación para notificación se remitieron a la dirección procesal informada por el apoderado del contribuyente para tal efecto y, ante la falta de comparecencia del interesado para la práctica de la notificación personal, la Autoridad Fiscal estaba autorizada a practicar la notificación por edicto”. (Subrayas fuera de texto)

2.1.3.4. Aunque la comunicación con fines de notificación personal se remitió a la dirección “antigua” de la contribuyente y que, además, dicha sociedad comercial actualizó esa dirección, también lo es que, según lo establecido en el artículo 563 del Estatuto Tributario, la dirección “antigua” conserva validez durante tres meses, contados desde la fecha de la respectiva actualización, esto es, hasta el 24 de febrero de 1998, toda vez que tal actualización se llevó a cabo el 24 de noviembre de 1997 (fl. 47).

En ese sentido, hay que tener en cuenta que las pruebas aportadas al expediente, puntualmente la constancia del envío (fl. 128 del anexo), dan cuenta de que la comunicación arriba referenciada, se remitió el 10 de febrero de 1998, es decir, dentro del término de validez de la dirección “antigua” de la sociedad comercial contribuyente.

Es del caso precisar que no le asiste razón al juez de primera instancia cuando aduce que dicha comunicación se envió el 13 de marzo, ya que esa fecha, según la planilla visible en folio 127 del anexo del expediente, corresponde a la fecha de devolución, pero no a la del envío.

2.1.3.5. De otra parte, encuentra la Sala que la misma parte demandante afirma haberse notificado de la Resolución 0027 de 1998 y, por lo tanto, no resulta coherente que ahora manifieste que dicha notificación “[…] no pudo surtirse […]” (fl. 125) y, mucho menos, que no operó el fenómeno de caducidad de la acción.

Efectivamente, la Distribuidora Kenworth de la Montaña S.A. se refirió a la notificación del acto administrativo demandado en los siguientes términos:

“(…)

El contribuyente conoció la existencia de la varias veces mencionada Resolución 0027 (sic), mediante Carta de Cobro del 1º de julio de 1.999, en la cual se relacionan las obligaciones pendientes del contribuyente […]”(5)

En ese sentido, se tiene que aunque se aceptara como fecha de notificación la fecha a la que expresamente se refiere la contribuyente, lo cierto es que, de igual forma, operaría el fenómeno de caducidad de la acción, debido a que la demanda se interpuso hasta el 16 de marzo del 2000.

2.1.3.6. Súmese a las consideraciones antes expuestas que, de conformidad con el precedente judicial de esta Sección(6), la solicitud de revocatoria directa de un acto administrativo, para los efectos del caso propuesto, la de la Resolución 0027 de 1998, no interrumpe el término de caducidad de la acción, toda vez que dicha solicitud de revocatoria no hace parte de la “vía gubernativa” o procedimiento administrativo y, por lo tanto, no tiene la entidad de generar efectos jurídicos frente a la caducidad de la acción.

En ese sentido, esta Sala(7) expuso:

“La petición que presentó la sociedad para que se declarara la caducidad de la facultad sancionatoria de la DIAN, junto con sus recursos, así como la solicitud de revocatoria directa de la Resolución sanción no impiden la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en primer lugar, esa petición no podía ser tenida como un recurso contra el acto sancionatorio, ya que no fue presentada dentro del término legal, y en segundo lugar, la revocatoria directa no hace parte de la vía gubernativa”.

2.2. De conformidad con las consideraciones expuestas, encuentra la Sala que el término de caducidad de la demanda de la referencia corrió desde el 11 de marzo de 1998 hasta el 11 de julio de esa misma anualidad.

Como la demanda se presentó el día 16 de marzo del año 2000, se concluye que en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Es del caso precisar que en el presente asunto no resulta procedente denegar las pretensiones de la demanda, tal y como lo hizo el a quo, pues esto implica un estudio de fondo y este no fue efectuado por haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción.

3. Conclusión.

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el numeral primero de la providencia apelada y revocara el numeral segundo de la misma. En su lugar, se declarará inhibida de proferir una decisión de fondo respecto de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia del 10 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por los motivos expuestos en esta providencia.

2. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia referida en el numeral anterior, por las razones aquí esgrimidas. En su lugar, la Sala se INHIBE de proveer sobre las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

3 Modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006.

4 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 5 de septiembre de 2013. Expediente No. 13001-23-31-000-2006-00808-01 (18968). C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

5 Folios 48 del expediente.

6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de mayo de 2007. Expediente No. 76001-23-25-000-2000-00755-01. Radicado Interno: 15580. C.P. Dra. Ligia López Díaz.

7 Ibídem.