Sentencia 2000-01442 noviembre 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 73001-23-31-000-2000-01442-01 (28.338)

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Luz Mari de los Ríos Giraldo y otros

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., seis de noviembre de dos mil catorce

Extractos «V. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $26.390.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $28.927.200(2), solicitada por concepto de lucro cesante, esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Ejercicio oportuno de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de 2 años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Como en el presente asunto los actores pretenden la declaratoria de responsabilidad de la demandada por los perjuicios sufridos con la expedición irregular de la cédula de ciudadanía de la señora Luz Mari de los Ríos Giraldo, el término de caducidad empezó a correr desde que tuvieron conocimiento de que ello ocurrió, es decir, desde la ejecutoria de la providencia del 15 de mayo de1998, proferida por la Fiscalía 18 de Ibagué, que así lo declaró, esto es, desde el 29 de los mismos mes y año. Como quiera que la demanda se interpuso el 26 de mayo de 2000, se encontraba dentro del término establecido para ese efecto.

Consideraciones previas

1. Si bien la parte demandante presentó recurso de apelación, el cual sustentó dentro de la oportunidad procesal correspondiente, lo cierto es que el mismo no fue concedido por el Tribunal Administrativo del Tolima, ni mucho menos fue admitido por esta Corporación; no obstante, ello no fue impugnado por la parte demandante, que tampoco recurrió el proveído que, posteriormente, dio traslado para alegar de conclusión y, como si fuera poco, en el correspondiente escrito de alegaciones solicitó la confirmación de la condena de primera instancia, sin manifestar inconformidad alguna sobre el particular.

Así las cosas, la Sala no entrará a revisar los aspectos relacionados con la condena impuesta a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, toda vez que el citado recurso de apelación no fue admitido y, por ende, se limitará a estudiar únicamente la responsabilidad por la falla en el servicio endilgada a la citada institución.

2. Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquélla que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de ésta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada(3). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aún cuando haya sido practicada sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(4).

En este caso, obra la copia auténtica del proceso penal adelantado por la Fiscalía 18 de la Unidad de Patrimonio Económico de Ibagué contra la señora Luz Mari de los Ríos Giraldo, por el delito de falsedad personal(5), allegado a este expediente con la demanda, sin que fuera solicitado por la parte contra quien se aduce, ni decretado por el Tribunal y, así mismo, adelantado sin la citación o intervención de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el proceso original, razón por la cual, conforme a lo dicho en el párrafo precedente, no se tendrá como prueba en este proceso; sin embargo, se valorarán los documentos públicos que allí reposan, ya que estuvieron a disposición de las partes y no se objetaron, ni se discutió su contenido(6).

El caso concreto

1. El 24 de septiembre de 1995, cuando se disponía a ingresar de visita a la cárcel “Picaleña”, la señora Luz Mari de los Ríos Giraldo fue detenida por haber incurrido, supuestamente, en el delito de falsedad personal, por lo que, al día siguiente, fue dejada a disposición de la Unidad de Patrimonio de la Sección de Policía Judicial e Investigación del Departamento de Policía Tolima, según oficio del 25 de septiembre de 1995, suscrito por el Jefe de Patrulla S-20 de turno SIJIN, del que se transcribe:

“… me permito dejar a disposición de ese despacho, a la señora quien dijo Llamarse Luz Mari de los Ríos Giraldo, quien presentó cédula de ciudadanía Nº 38.264.951 de Ibagué...

“La cual nos fue entregada en la guardia de la Penitenciaría Nacional de Picaleña, por infringir el artículo 227 del Código Penal, consistente en la falsedad personal, presentando una cédula de ciudadanía con la huella digital diferente a la persona que la porta, con la que pretendía ingresar a la Penitenciaría, patio Nº 2, tal como aparece registrado en la Boleta de Control de Visitas Nº 966, para el 24-09-95.

“La señora en mención fue trasladada de la Guardia de la Penitenciaría hasta las instalaciones de la SIJIN, a las 12:45 horas, del día de ayer con el fin de verificarle su verdadera identidad, para ello se acercó a la Sala Técnica de Criminalística, donde el señor dactiloscopista de la Unidad DG. Capera Egidio, nos manifestó que la huella que aparece registrada en el documento no coincide con la persona que la porta.

“Es de anotar que la señora manifiesta que hace unos cuatro meses se le presentó el mismo problema al ingresar a este mismo sitio, y en atención de lo sucedido al día siguiente se traslado (sic) junto con su esposo German (sic) Gomez (sic), hasta la Registraduría del Estado Civil de esta ciudad, donde el señor Registrador le manifestó que este documento era autentico (sic) y que de tener problemas en otra oportunidad se le debería informar para su solución.

“Por lo tanto es nuestro deber dejar a disposición de ese despacho para que le sea resuelta su situación jurídica”(7).

Mediante Resolución del 25 de septiembre de 1995(8), la Unidad de Fiscalías Primera de Patrimonio decretó la apertura de instrucción contra la señora de los Ríos Giraldo.

El día siguiente, esto es, el 26 de septiembre de 1995, se llevó a cabo la diligencia de compromiso(9) suscrita por la señora Luz Mari de los Ríos Giraldo ante la Fiscalía 17 adscrita a la Unidad de Fiscalías Primera de Patrimonio de Ibagué, mediante la cual se comprometió a presentarse ante ese Despacho, o ante la autoridad que se lo solicitara, cuando fuere necesario.

El 12 de febrero de 1996, la Sección Criminalística del CTI Seccional Tolima realizó el peritazgo dactiloscópico 512(10) a “Una tarjeta para impresiones dactilares de descarte, tomada a Luz Mary (sic) de los Ríos Giraldo” y a “Una cédula de ciudadanía número 38.264.951 expedida en Ibagué, Por (sic) la Registraduría Nacional del Estado Civil a nombre de Luz Mari De (sic) los Rios (sic) Giraldo”, en la que se concluyó que la huella impresa en la cédula de ciudadanía no correspondía a ninguna de las huellas dactilares impresas en la tarjeta decadactilar para reseña.

Así mismo, el 20 de febrero de 1996, la Sección Criminalística del CTI Seccional Tolima realizó el estudio 647(11) a la cédula de ciudadanía Nº 38.264.951, expedida en Ibagué, a nombre de Luz Mari de los Ríos Giraldo, estudio en el que se concluyó que el mencionado documento era auténtico y del cual se transcribe lo siguiente:

“Mediante visita efectuada a las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se obtuvo copia fotostática de la preparación de la Cédula de Ciudadanía en mensión (sic), estableciendose (sic) que ese número de cedula le pertenece a Luz Mari De Los Ríos Giraldo, expedida en la fecha alli (sic) indicada y corresponde a un cupo numérico (sic)de la ciudad citada.

“Como nos encontramos ante en (sic) caso de suplantación de persona, sugiero a ese despacho enviar a la Registraduría Nacional Del Estado Civil De Santa Fe De Bogotá la correspondiente targeta (sic) decadactilar para asi (sic) lograr plena identificación de la persona en mensión (sic)”.

El 5 de noviembre de 1996, la Fiscalía General de la Nación realizó el estudio grafológico 3826(12) a la cédula de la señora de los Ríos Giraldo, en el que concluyó que había “plena Uniprocedencia Manuscritural” entre la firma estampado en la cédula de ciudadanía y el material patrón (acopios gráficos manuscriturales elaborados por la señora Luz Mari de los Ríos).

El 20 de enero de 1998, el Grupo Criminalística del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS realizó la confrontación dactiloscópica 411 DAS.TOL.GC(13), cuyo resultado se transcribe:

“Una vez en la Registraduría Municipal del Estado Civil, se revisó el libro de radicación de cédulas expedidas encontrándose y de las cuales se anexan fotocopias de hojas del 17 al 20 de mayo/83, en el cual aparece C.C. Nº 38.264.951 —De Los Ríos Giraldo Luz Mari— y la cual viene anexa, no pudiéndose confrontar por cuanto las tarjetas decadactilares se encuentran en la Registraduría del Estado Civil de Santafé de Bogotá.

“Efectuada la confrontación dactiloscópica entre la impresión dactilar índice derecho que aparece Cédula Nº 38.264.951 Ibagué —De Los Ríos Giraldo Luz Mari— con fecha de expedición julio 29/83; con la impresión dactilar que aparece en la tarjeta de preparación de la Registraduría del Estado Civil Ibagué - Duplicado Nº 38.264. 951 —De Los Ríos Giraldo Luz Mary (sic)— fecha abril 22/92 no corresponden.

“Confrontada la impresión dactilar que aparece en la cédula anexa Nº 38.264.951 De Los Ríos Giraldo Luz Mari con la fotocopia de la tarjeta de preparación anverso y reverso De Los Ríos Luz Mari Nº 38.264.951 fecha mayo 19-83 coinciden morfológica y topográficamente como igual la fotografía.

“Asimismo se realizó la confrontación dactiloscópica entre la reseña anexa fotocopia foliada Nº 20 policía (sic) Nacional F-2 tomada a De Los Ríos Giraldo Luz Mary (sic), C.C. 38.254.951 de Ibagué 26-09-95 con la impresión dactilar que aparece en el anverso de la tarjeta de preparación de la Registraduría Nacional del Estado Civil Ibagué —Duplicado Nº 38.264.951— De Los Ríos Giraldo Luz Mary (sic) de fecha abril 22/92; coincidiendo morfológica y topográficamente con la impresión dactilar del dedo índice derecho (2) correspondiendo a la misma persona”.

En providencia del 15 de mayo de 1998(14), la Fiscalía 18 de Ibagué puso fin al proceso penal adelantado contra la señora Luz Mari De Los Ríos Giraldo, para lo cual se abstuvo de proferirle medida de aseguramiento, porque no cometió ningún delito contra la fe pública y, en consecuencia, ordenó el desglose de la cédula de ciudadanía de la mencionada actora para que fuera enviada al señor Registrador del Estado Civil de Ibagué, con el fin de que corrigiera los errores de dicho documento de identificación.

Para adoptar tal decisión, el ente investigador tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:

“La falsedad en términos generales, es la alteración consciente de la verdad.

“En el caso particular que nos ocupa, debemos decir que la cédula que exhibe como suya quien dice llamarse Luz Mari De Los Ríos, es auténtica en razón a que está probado que fue tramitada y expedida en esta ciudad y en la fecha indicada en el respectivo documento.

“Igualmente debemos decir que la cédula portada por Luz Mari De Los Ríos, si (sic) fue tramitada por ella misma, (sic) siendo prueba de ello, el resultado positivo de la prueba grafólogica (sic) dando cuenta que las muestras tomadas de la mano de la procesada guardan uniprocedencia con la firma estampada en la cédula y por supuesto en la tarjeta de preparación de cédula de Luz Mari.

“El único problema radica en que en su cédula aparecen unas huellas que no son las suyas y que según lo informan de la Registraduría no aparecen en tarjeta alguna, en otros términos ante esa respuesta se quiere decir que a la persona que presenta esa reseña no se ha expedido documento de identidad.

“Así las cosas, este Despacho, infiere que estamos en presencia de un error, atribuible a la oficina de la Registraduría, por las siguientes razones:

“1. Por que (sic) la cédula que porta Luz Mari De Los Ríos Giraldo, es auténtica, por que (sic) los grafólogos lo dicen y por existir copia de la misma en la Registraduría del Estado Civil de esta ciudad y Bogotá.

“2. Por que esta ciudadana esta (sic) aportando su registro civil de nacimiento y su partida de bautismo eclesiástica.

“3. Por que (sic) la prueba grafológica nos indica que las grafías recogidas del puño de Luz Mari De Los Ríos, guardan uniprocedencia con la firma estampada en la cédula de ciudadanía y obviamente en las tarjetas de preparación.

“4. Por que (sic) la fortografía (sic) de la cédula y tarjeta de preparación corresponden a Luz Mari De Los Ríos, tanto así que es de los pocos casos en que la foto de la cédula nos sirve para comprobar que se trata de la misma persona, en virtud del parecido que aún tiene la procesada con la fotografía del documento.

“Así las cosas, ante la presencia de un error, no existe delito de falsedad en documento público, uso del mismo o falsedad personal, por que (sic) no existe mutación o alteración consciente y voluntaria de una verdad o suplantación o sustitución de persona alguna.

“La falsedad documental dada su misma naturaleza, requiere la conciencia de la alteración de la verdad y la voluntad de ejecutarla, de ahí que cuando la falta de verdad en un documento proviene de un simple error, el hecho es plenamente irrelevante e indiferente al derecho penal.

“Y en este caso, insistimos, lo que (sic) único evidenciado es un error, que debe corregirse por la autoridad administrativa respectiva, ya que para el derecho penal, la consecuencia es el abstenernos de proferir medida de aseguramiento en contra de la procesada por considerar que no ha cometido hecho (sic) delito alguno, afirmación que igualmente nos sirve para ordenar desde ya la preclusión de la investigación adelantada en su contra y por el hecho que motivó su vinculación.

“De la cédula de ciudadanía que hace parte de estas diligencias, por estar probado que la huella que aparece no es la de Luz Mari De Los Ríos Giraldo, se ordena su desglose y envió (sic) a la Registraduría del Estado Civil de esta ciudad, para que se sirvan corregir esta anomalía ya que esta ciudadana no puede seguir identificándose con la misma en razón al error advertido”.

2. Verificada así la existencia del daño, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si aquél es atribuible o no a la entidad pública demandada.

Lo pretendido por la parte demandante es que se declare la responsabilidad patrimonial de la Registraduría Nacional del Estado Civil por los perjuicios ocasionados “como consecuencia de la falla del servicio al prepararle su cédula de ciudadanía Nº 38.264.951 a la directamente afectada señora Luz Mari De Los Ríos Giraldo…”, comoquiera que en dicho documento de identificación aparece una huella digital que no corresponde a ninguna de las suyas.

Con el material probatorio obrante en el proceso se acreditó que la cédula de ciudadanía de la señora de Luz Mari de los Ríos Giraldo era auténtica y que, por tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil incurrió en un error al expedir dicho documento de identidad, pues le imprimió una huella dactilar que no correspondía a la de ella, con lo que, en consecuencia, se probó que ella no cometió el delito de falsedad que se le imputó por esa irregularidad.

De conformidad con lo anterior, mediante la providencia del 15 de mayo de 1998, la Fiscalía 18 le ordenó al Registrador del Estado Civil de Ibagué corregir las inconsistencias de la cédula de ciudadanía de la señora Luz Mari de los Ríos Giraldo.

En ese sentido, obra también la sentencia de tutela proferida el 3 de mayo de 2001, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué(15), mediante la cual amparó los derechos fundamentales de la señora Luz Mari de los Ríos Giraldo al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la participación democrática, para lo cual ordenó a la Registraduría del Estado Civil de Ibagué, “tramitar y entregar el duplicado de la cédula de ciudadanía de la accionante, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que ésta entregue en sus oficinas las tres (3) fotografías de 4 x 5, a color, requeridas”, providencia de la cual se transcribe lo que sigue:

“Según las evidencias allegadas … por la Registraduria (sic), claro se encuentra, que la accionante lleva más de dieciocho meses en espera del duplicado de la cédula, sin que hasta la fecha se le haya dado respuesta efectiva a su pedimento, a hora (sic) bien frente a lo señalado como justificante por la Registraduria (sic), para la no entrega o tramitación de la cédula, el despacho encuentra que desde el 10 de julio de 1998 mediante oficio 006751 la Fiscalia (sic) 18 de la Unidad Primera de Patrimonio Económico…, puso en conocimiento de dicha institución la preclusión de la investigación adelantada Contra Luz Mary (sic) De Los Ríos y de lo que se acusó de recibo en la contestación de la acción, por lo cual, la demora por parte del ente accionado no encuentra excusa válida, pues la documentación que se exigía para poder continuar con el trámite y posterior entrega del plurimencionado documento, ya se encontraba en sus oficinas.

“En esta perspectiva la mora injustificada u omisión de la Registraduria (sic) en tramitar con eficiencia y celeridad la cédula de ciudadanía de la accionante ha vulnerado sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica y consecuentemente los de participación, consagrados en los artículos 14 y 40 de la norma por lo que se ordenará a la autoridad accionada tramitar y entregar el duplicado de la cédula de ciudadanía a la señora Luz Mary (sic) De Los Ríos Giraldo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que ésta entregue en sus oficinas las tres (3) fotografías de 4 x 5, a color, fondo blanco que se requieren para dar finalmente solución a la situación de la tutelante”.

Con la anterior providencia se evidenció, además, que la Registraduría del Estado Civil de Ibagué se demoró más de 18 meses —contabilizados a partir de la decisión de preclusión de la instrucción a favor de la demandante— para expedir el duplicado del documento de identificación a la ciudadana aludida, por lo que el juez de tutela ordenó a la entidad demandada tramitar y entregar el referido documento de identificación a la señora de los Ríos Giraldo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que aquella entregara en las correspondientes oficinas tres (3) fotografías a color de 4 x 5 cms.

A propósito de lo anterior, conviene traer a colación que la Corte Constitucional ha señalado, de manera reiterada, que la cédula de ciudadanía cumple tres funciones diferentes, pero unidas por una finalidad común, a saber: i) identificar a las personas, ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia(16).

Así mismo, la Corte Constitucional afirmó que la cedulación, desde la perspectiva jurídico-material, constituye un servicio público que se cumple mediante la emisión y entrega de la cédula de ciudadanía como instrumento de identificación y expresión del registro civil y, además, representa un derecho esencial del ciudadano cuando lo habilita para ejercer sus derechos políticos(17).

De conformidad con todo lo anterior, la Sala encuentra acreditado que la entidad demandada incurrió en una falla en el servicio, toda vez que expidió el documento de identidad de la señora Luz Mari de los Ríos Giraldo con una huella de identificación que no correspondía a la suya, irregularidad que le trajo como consecuencia que se siguiera en su contra una investigación penal por la supuesta comisión del delito de falsedad personal, así como —según la sentencia de tutela que viene de transcribirse— la vulneración de sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica y a la participación democrática.

Por último, la Sala advierte que en el presente caso la demanda estuvo bien dirigida en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, puesto que las pretensiones están encaminadas a que se declare la responsabilidad administrativa extracontractual de dicha entidad por la elaboración irregular de una cédula de ciudadanía y no por la detención injusta de la cual fue víctima la señora de los Ríos Giraldo, por la supuesta comisión del delito de falsedad personal debido a que portaba un documento de identificación defectuoso.

Los perjuicios

Sobre los perjuicios morales reconocidos en primera instancia, advierte el despacho que no se encuentran acreditados, puesto que si bien obran 3 testimonios de personas(18) que conocían a la señora Luz Mari de los Ríos Padilla y a sus familiares, ninguno de ellos da cuenta del sufrimiento o padecimiento moral de los mismos, como consecuencia de la expedición irregular de la cédula de ciudadanía de la primera de ellos.

Así las cosas, habrá lugar a revocar el reconocimiento de perjuicios morales de la sentencia de primera instancia.

Y, respecto de los perjuicios materiales, habrá lugar a confirmar su negativa, como quiera que no se acreditaron.

En consecuencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, se impone modificar el ordinal segundo de la sentencia recurrida.

Costas

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstiene de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Modifícase la sentencia del 10 de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual quedará así:

1. Revócase el ordinal segundo de la sentencia del 10 de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima para, en su lugar, negar el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes.

2. Confírmase, en lo demás, la sentencia recurrida.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(2) Suma resultante de multiplicar el valor del gramo de oro al momento de la interposición de la demanda ($14.463,60) por 2.000, conforme a las pretensiones de la demanda.

(3) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300

(4) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789

(5) Folios 9 a 110, cdno. 1

(6) Sentencia del 21 de febrero de 2011, Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente 18.825

(7) Folios 9 y 10, cdno. 1

(8) Folios 15 y 16, cdno. 1

(9) Folio 23, cdno. 1

(10) Folios 36 a 40, cdno. 1

(11) Folios 46 y 47, cdno. 1

(12) Folios 72 a 74, cdno. 1

(13) Folios 77 a 79, cdno. 1

(14) Folios 100 a 105, cdno. 1

(15) Folios 143 a 147, cdno. 2

(16) Consultar Sentencia C-511 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(17) Ibídem.

(18) Folios 133 a 140, cdno. 2