Sentencia 2000-01450 de junio 25 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA-SUBSECCION A

Radicación número: 73001-23-31-000-2000-01450-01(29628)

Consejero ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Actor: Maria Del Carmen Camacho Cuellar y otros

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE REPARACION DIRECTA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 20 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió lo siguiente:

“1. NEGAR las excepciones de Inexistencia de Falla del Servicio y Falta de Nexo Causal entre la conducta del Agente y los daños reclamados por causa de fuerza mayor, formuladas por el SENA. 

2. No son prósperas las excepciones de Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva y Prescripción propuestas por la compañía Sociedad Comercial La GANADERA Compañía de Seguros S.A., hoy B.B.V. Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A. 

3. DECLARASE administrativamente responsable al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del accidente ocurrido el 21 de mayo de 1998, en el municipio del Espinal, donde perdió la vida ISRAEL CACAIS AVILA. 

4. CONDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” a pagar a la señora MARIA DEL CARMEN CAMACHO CUELLAR por concepto de perjuicios morales el equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a favor de los menores ANGIE CATALINA CACAIS CAMACHO y FREDDY ALEXANDER CACAIS CAMACHO, representados por la anterior, en forma individual la suma de setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

5. DECLARASE que el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” puede repetir contra la Sociedad Comercial La GANADERA Compañía de Seguros S.A., hoy B.B.V., Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A. 

6. El Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” dará cumplimiento a la sentencia dentro de los términos señalados en los artículos 176 y 177 del C.C.A., y  

7. Negar el resto de las pretensiones de la demanda. 

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda.

En escrito presentado el 26 de mayo de 2000, la señora María del Carmen Camacho Cuéllar, en nombre propio y en el de sus hijos Angie Catalina y Fredy Alexander Cacais Camacho, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados como consecuencia de la muerte del señor Israel Cacais Ávila ocurrida el 28 de mayo de 1998, en un accidente de tránsito que tuvo lugar mientras se desplazaba en un vehículo de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA)(1).

Como consecuencia de la anterior declaración solicitó el reconocimiento de $ 100´000.000 por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de los demandantes.

De igual forma, por concepto de indemnización de perjuicios morales solicitó el reconocimiento del equivalente a 1000 gramos de oro para cada uno de los demandantes.

2.- Los hechos.

Los demandantes narraron, en síntesis, los siguientes:

Que el día 28 de mayo de 1998, el señor Israel Cacais Ávila fue recogido por el bus oficial de placa OTD-627 de propiedad del SENA – Regional Tolima, con el fin de cumplir con la labor de instructor en la granja agropecuaria del SENA ubicaba en el Espinal.

Que el conductor del bus, debido a una conducción imprudente en piso mojado, frenó de manera brusca, ocasionando que el automotor se saliera de la vía, produciendo finalmente el deceso del señor Cacais Ávila.

3. Auto admisorio de la demanda.

En providencia del 6 de julio de 2000, el Tribunal Administrativo del Tolima inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora clarificara contra cuál entidad se dirigía la demanda.

A través de memorial allegado el 14 de julio de 2000, la parte demandante señaló que la demanda se dirigía contra el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Finalmente, en auto del 26 de septiembre de 2000, se admitió la demanda y se ordenó la notificación de dicha providencia al SENA.

4.- La contestación de la demanda.

EL SENA, actuando a través de apoderado judicial, solicitó que se denegaran las súplicas de la demanda, para lo cual indicó que no existió por parte del conductor del vehículo oficial una conducta negligente o descuidada que comprometiera su responsabilidad, dado que el hecho dañoso se produjo como consecuencia de circunstancias externas, no imputables a la entidad demandada. Lo anterior, según se indicó, se podía comprobar al analizar la providencia mediante la cual la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación en contra del referido conductor, al afirmarse que en aquél proceso penal, no se había comprobado que hubiere desarrollado una acción imprudente o una falta al deber de cuidado.

Indicó, entonces, que el accidente se produjo con motivo de la ocurrencia de una causal constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que, como también lo expuso la Fiscalía General de la Nación en su momento, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar de acuerdo con las cuales sucedió el hecho dañoso, la muerte del señor Israel Cacais no era previsible ni evitable.

Sostuvo que el SENA no tenía la obligación de transportar al señor Cascais, en la medida en que los buses de la entidad eran para el transporte de los alumnos y no de los instructores, más aún cuando la sede permanente de las actividades del occiso era en la sede ubicada en el Espinal, Tolima.

En este sentido señaló que la conducta de la víctima había contribuido a la producción del daño, comoquiera que se valió de su posición de instructor de la entidad demandada para abordar el vehículo que posteriormente se accidentó, sin que el SENA tuviera la obligación de transportarlo.

5. Llamamiento en garantía.

En auto del 19 de enero de 2001, el Tribunal a quo accedió a la solicitud de la parte demandada consistente en llamar en garantía a la aseguradora B.B.V.A. Seguros Ganadero, Compañía de Seguros S.A.

Notificada de la anterior providencia, la entidad llamada en garantía, en cuanto a la responsabilidad, expuso los mismos argumentos señalados por el entidad demandada en el escrito de contestación, al tiempo que indicó que, en todo caso, el accidente ocurrió con ocasión del trabajo, por ello la indemnización a que tendrían derecho los familiares de la víctima sería aquella prevista en la ley de seguridad social y riesgos profesionales.

Frente al llamamiento en garantía argumentó que el monto asegurado de la póliza ascendió a $ 15’000.000 con un deducible del 9% y que el riesgo asumido por la Compañía Aseguradora sólo fue hasta el día 1° de marzo de 1999, motivo por el cual se presentaba la “prescripción de la acción ordinaria” comoquiera que habían transcurrido más de dos años desde esta última fecha.

6.- Alegatos de conclusión en primera instancia.

La parte demandante indicó que con las pruebas obrantes en el proceso se acreditó cada una de las irregularidades y omisiones que fueron indicadas en la demanda.

La parte demandada, la entidad llamada en garantía y el Ministerio Público guardaron silencio.

7.- La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el 20 de octubre de 2004, accedió de manera de parcial a las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditada la responsabilidad del Estado.

Sostuvo que en el presente caso el régimen de responsabilidad aplicable era el objetivo fundamentado en el título de imputación consistente en el riesgo excepcional, puesto que se encontró acreditado que el señor Cacais Ávila murió como consecuencia de un accidente de tránsito causado mientras se transportaba en un vehículo oficial cuyo conductor era funcionario de la entidad accionada.

Argumentó que no se acreditó que el accidente hubiere sido irresistible en razón a que en la conducción de automotores se debían emplear las prevenciones necesarias para evitar inconvenientes y que, en el presente caso no se acreditó la existencia de un acaecimiento externo causante del hecho luctuoso. Por lo demás, indicó que el caso fortuito no resultaba aplicable en materia Contencioso Administrativo.

Expuso que en este asunto no incidía de manera alguna la circunstancia de que en el proceso penal que se inició con motivo de los hechos que dieron origen a la presente acción, se hubiere dictado resolución de preclusión, comoquiera que una cosa era la responsabilidad penal del agente del Estado en la causación de los hechos y otra la que se derivaba de la imputación de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

En relación con los perjuicios cabe destacar en el Tribunal a quo no accedió a lo solicitado por concepto del daño material en la modalidad de lucro cesante, dado que los demandantes tenían derecho a reclamar una pensión de sobrevivientes en los términos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual no había a lugar a obtener doble indemnización por un mismo hecho.

Finalmente declaró que el SENA podía repetir contra la entidad llamada en garantía, comoquiera que encontró acreditados los presupuestos para estos efectos.

8.- El recurso de apelación.

La parte demandada, en escrito presentado el 4 de noviembre de 2004, reiteró que no había lugar a declarar la responsabilidad del Estado, dado que, como lo resolvió la Fiscalía General en su momento, no existió por parte del conductor del vehículo oficial una conducta negligente o descuidada que comprometiera su actuar, puesto que fueron circunstancias externas y no imputables a su actividad que desencadenaron el infortunado accidente en que pereció el señor Cacais Ávila.

En relación con la existencia de fuerza mayor, insistió:

“Ante tal apreciación, es de verse que la correspondiente sala se aleja de los elementos fácticos que generaron el accidente y por consiguiente la muerte del señor CACAIS AVILA, ya que como se puede establecer de forma objetiva, son claras las apreciaciones de la Fiscalía en que la muerte del citado señor obedeció a causas externas que hicieron imposible evitar la colisión del vehículo contra el árbol a pesar de los esfuerzos y la pericia del conductor, hecho que constituye así mismo una causal eximente de responsabilidad como lo es la FUERZA MAYOR o CASO FORTUITO, pues es claro que el pavimento se encontraba mojado por la lluvia que estaba cayendo y junto con la frenada intempestiva del camión que se encontraba adelante del bus, el conductor del Sena se vio obligado a frenar, saliéndose el bus de la vía con la consecuencia fatal conocida, ya que los elementos que contribuyeron a tal imprevisto fueron el uno natural (la lluvia sobre el asfalto de la carretera) y, uno fortuito (la frenada intempestiva del camión) elementos éstos que generaron el accidente, a pesar de la maniobra y pericia del conductor frente al hecho, como ya se anotó anteriormente”. 

7.- Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

Las partes guardaron silencio.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que había lugar a confirmar la sentencia de primera instancia, dado que estaba probado que la entidad demandada incurrió en falla en el servicio, puesto que se acreditó que el conductor iba a exceso de velocidad, al tiempo que, en la medida en que el terreno estaba mojado como consecuencia de una llovizna, se debían tomar medidas adicionales para evitar cualquier eventualidad.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, comoquiera que se trata del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida en primera instancia(2) por el Tribunal Administrativo del Tolima.

2.- Ejercicio oportuno de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al hecho que habría dado origen a la presunta responsabilidad del ente demandado, en la medida en que el accidente de tránsito ocurrió el 28 de mayo de 1998 (fl. 12 c 1) y la demanda se formuló el 26 de mayo del año 2000 (fl. 25 c 1).

3. El material probatorio susceptible de valoración. 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el día 20 de octubre de 2004, para lo cual se tendrán en cuenta, entre otras pruebas, aquellas aportadas dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, a saber:

- Registro de Defunción correspondiente al señor Israel Cacais Ávila, en el cual costa que su deceso ocurrió el día 28 de mayo del año 1998(3).

- Copia de la Licencia de Tránsito No. 3999142 correspondiente al bus de placa OTD 627 marca Chevrolet, mediante la cual consta que el mencionado automotor es de propiedad del SENA y presta un servicio oficial.

- Copia del informe de fecha 28 de mayo de 1998 suscrito por los guardas de Policía Ferney Triana Reyes y Benedito Arce Valencia, a través del cual ponen a disposición de la Fiscalía Seccional del Municipio de El Espinal el bus de placa OTD-627 y la Planilla de Informe de Accidente No. 00418. Del informe se resalta lo siguiente:

“Por medio del presente informe me permito dejar a disposición de éste despacho el siguiente vehículo por accidente de tránsito con occiso hechos ocurridos siendo aproximadamente las 06:45 a.m., del día 28-05-98, en la vía VARIANTE ESPINAL, sitio 100m antes de la entrada al SEMINARIO LA PROVIDENCIA, Vereda Guayabal Espinal. 

Vehículo No. 1: bus de servicio oficial, colores Blanco y Verde, marca CHEVROLET, modelo 90 de placas OTD-627, de propiedad del S.E.N.A. (…). Y que era conducido por el señor: ALFONSO LOPEZ INFANTE c.c. No. 19.075.421 de Bogotá (…), empleado S.E.N.A. Y quien resultó ileso del accidente, pero fue llevado al Hospital San Rafael para que se practique el examen de embriaguez y alcoholemia, el resultado de la embriaguez negativo y se anexa pero el de alcoholemia queda pendiente en el respectivo hospital. Y quien manifestó como versión suya del accidente: VENIA DE RECOGER EL PERSONAL DEL ESPINAL, VENIA DETRÁS DE UN CAMION EL CAMION FRENÓ Y YO FRENE SALI DISPARADO HACIA LA IZQUIERDA POR QUE ESTABA MOJADO EL PISO EL COMPAÑERO ISRAEL CACAIS DEL IMPACTO SE SALIO DEL BUS Y MURIO AL INSTANTE”. 

- Copia de la Planilla de Accidente No. 00418, el cual da cuenta que el 28 de mayo de 1998, a las 6:45 P.M., se presentó un choque del vehículo de placa OTD 627 conducido por el señor Alfonso López Infante, contra un árbol ubicado en la vía variante Espinal 100 metros después del Seminario la Providencia en la Vereda Guayabal.

En cuanto a las condiciones del lugar se consignó que el accidente ocurrió en área rural, en un tramo de vía, con tiempo meteorológico de “lluvia”. En relación con las características de la vía se especificó que se trataba de una calzada recta, plana, con bermas, en doble sentido, con dos carriles, de asfalto, en buen estado, con buena iluminación y húmeda. Finalmente se consignó que en la vía estaba ubicada una señal de tránsito que señalaba la velocidad permitida y, “otras”, pero en el informe no se especificó de qué se trataban.

El informe contiene el croquis del accidente, del cual se resalta la ubicación de una señal de tránsito a cada lado de cada carril con la siguiente marca “SR 30”, de igual forma, metros después de donde ocurrió el accidente se observa que la vía respectiva la atraviesa otra vía (valga la redundancia) correspondiente al ferrocarril.

Según el croquis, se precisa que el vehículo iba por el carril que conduce a la ciudad de Bogotá, se desvió hacia el lado izquierdo, atravesó el carril contrario y se estrelló con un árbol. El cuerpo del señor Cacais Ávila aparece fuera del vehículo.

Finalmente, como posible causa del accidente se señaló el código 157 “se dejan por establecer”.

- Informe No. 654 que corresponde a la diligencia de inspección de cadáver correspondiente al señor Israel Cacais Ávila, del cual se resalta lo siguiente:

“En el lugar de los hechos se realizaron las labores de inteligencia con el fin de establecer si hubo testigos, sin arrojar resultados positivos, también se pudo observar que el autobús en mención no dejó huella de frenada y que el tiempo atmosférico era de llovizna leve.  

Por lo antes relatado nos desplazamos a dicho centro asistencial donde se ubicó al señor ALFONSO LOPEZ INFANTE, quien sobre los hechos ocurridos manifestó: Nosotros salíamos de Ibagué como a las cinco y cuarenta y cinco (05:45) de la mañana, traía el cupo completo de estudiantes para el Sena agropecuario, allí dejamos a los estudiantes, yo tenía que recoger a otros estudiantes, el profesor ISRAEL me dijo ALFONSO yo lo acompaño, arrancamos solo los dos en el autobús, el se sentó en la primera silla ubicada al lado derecho del pasillo del autobús, yo venía a una velocidad entre unos 45 a 50 kilómetros por hora, adelante mío iba un furgón, cuando llegamos al sitio donde sucedió el accidente el furgón que iba adelante trató de frenar y yo al ver esto también frené y el bus se salió de la vía sin explicarme de que manera, yo me sostuve firmemente de la cabrilla y no me pude dar cuenta que fue lo que ocurrió a ISRAEL, esto sucedió aproximadamente faltando un cuarto para las siete de la mañana.” 

Como anexo al citado informe obran unas fotografías en las cuales se advierte acerca de una señal de tránsito ubicada por la vía por donde se desplazaba el autobús, la cual indicaba que la velocidad máxima permitida era de 30 kilómetros por hora.

- Copia de la diligencia de indagatoria que se le practicó al señor Alfonso López Infante dentro del proceso penal que se adelantó con ocasión de los hechos que son materia de la presente demanda.

Según la jurisprudencia reiterada y consolidada de esta Corporación, la aludida pieza procesal no puede ser objeto de valoración, puesto que no cuenta con los requisitos que se requieren respecto de la prueba testimonial, dado que carece del presupuesto del juramento como lo exige el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, en sentencias del 4 de febrero de 2010 y del 28 de abril de 2014(4), la Sala expuso:

“En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio”. 

- Copia de la providencia del 15 de abril de 1999, por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación seguida en contra del señor Alfonso López Infante.

Los principales argumentos para proferir la anterior decisión fueron los siguientes:

“En el caso sub examine no encontramos ninguno de estos elementos, pues no aparece en toda la actuación procesal que el sindicado ALFONSO LOPEZ hubiera desarrollado una acción imprudente que creara riesgo, es decir, no existe en el proceso ningún elemento probatorio que lo demuestre. Tampoco existe prueba alguna que indique que el precitado procesado faltó al deber de cuidado que le era exigible en su caso concreto; pues v.gr. se le realizó prueba de embriaguez y su resultado fue negativo. 

De igual manera se encuentra ausente el requisito consistente en que la muerte del señor ISRAEL CACAI fuera previsible y evitable puesto que aparece en el diligenciamiento es que el inculpado frenó el automotor cuando se percató que el camión que venía delante de él frenó antes de llegar a la curva; relata el sindicado que al frenar el bus se deslizó hacia el lado izquierdo y se estrelló contra un árbol, explicando que el bus colió porque el piso estaba mojado y esto sucedió en cuestión de segundos, además afirma que conducía a unos 40km más o menos; como el señor ISRAEL Cacais viajaba en el asiento de adelante, en la colisión se salió del bus con las consecuencias antes expuestas en las cuales se desarrolló el fatídico hecho, tenemos que concluir que la muerte del precitado señor pasajero no era previsible y evitable, sino que se trató de un acontecimiento imprevisible. 

De otra parte, tampoco se reúnen los requisitos legales exigidos por nuestro ordenamiento penal para dictar resolución acusatoria en contra del encartado, siendo procedente PRECLUIR la investigación acorde con lo ordenado por el art. 36 del C.P.P. por cuanto está demostrado que el sindicado no lo cometió”.

- Declaración rendida ante el Tribunal a quo por el señor Alfonso López Infante (conductor del bus accidentado), en relación con la cual se destaca lo siguiente:

“Eso fue el 28 de mayo de 1998, siendo las 6 y 45 a.m., fui a recoger del Centro Agropecuario del Espinal al personal que allí labora, ahí en la variante antes de llegar al paso nivel del ferrocarril venía detrás de un camión furgón, no lo pasé porque en ese momento venía una tractomula y me vine detrás del camión porque se aproximaba la curva, el camión me frenó en ese momento y yo frené y el bus se me deslizó hacia el lado izquierdo y fui a chocar contra un árbol, el señor Cacais venía sentado en la primera silla del lado de la puerta, no me di cuenta a qué horas se salió hasta que el bus dejó de deslizarse y lo vi tendido en el piso frente en la puerta delantera, en el momento en que se bus se estrelló quedé aturdido por eso no me di cuenta cómo se salió él, fui a auxiliarlo pero ya estaba muerto y salí a la carretera a pedir ayuda, fue cuando llegaron los de la policía, personal del SENA y en ese momento me llevaron a la inspección de policía, el caso lo vio la Fiscalía 33 de Espinal. Yo atribuyo que la causa del accidente se debió a que la carretera estaba mojada en razón a que estaba lloviendo. Yo en el momento del accidente manejaba el bus OTD 627 de propiedad del SENA”.  

- Información de las hojas de vida correspondientes a los señores Alfonso López Infante e Israel Cacais Ávila, mediante las cuales se hace constar que para el momento de los hechos prestaban sus servicios al SENA.

- Certificación suscrita por el Director Regional del SENA – Sede Ibagué, en la cual hizo constar el salario más las prestaciones que devengaba mensualmente el señor Israel Cacais Ávila para la fecha de los hechos.

- Testimonio rendido por el señor Ferney Triana Reyes (guarda de tránsito que acudió al sitio de los hechos y suscribió el informe del accidente ocurrido). De la declaración se destaca lo siguiente(5):

“Al parecer el occiso iba como al lado de la puerta como en el paral de la puerta en la parte de arriba habían cabellos, lo cual nos condujo a pensar que el occiso revotó contra el paral, saliéndose del bus y ocasionándole la muerte, recuerdo que había paramado porque el piso estaba húmedo, levantamos el crokis y llevamos al conductor al examen de embriaguez al Hospital San Rafael del Espinal (…). La topografía del terreno, es área rural, la calzada tiene berma, al costado donde se salió el bus es arbolizado y hay una cuneta para riego y existen los rieles del Ferrocarril, el terreno es completamente plano. El estado de la vía es bueno, con buena visibilidad, hay una semicurva. PREGUNTADO: Diga al juzgado si recuerda, cuál sería el motivo del accidente y si observó el mismo, si habían obstáculos en la vía que condujeran al accidente. CONTESTO: Yo no me acuerdo, pero me ratifico en el informe de tránsito que hice en ese entonces y ese documento reposa en la Secretaría de Tránsito del Espinal (…). El cadáver estaba a unos tres o cuatro metros de distancia del bus, no recuerdo características del cadáver porque cuando nosotros llegamos ahí lo tenían tapado, nosotros no encargamos fue del bus”.

- Contrato No. 00024 del 10 de marzo de 1997, mediante el cual el SENA suscribió una póliza de seguros con la compañía Seguros Unión Temporal La Ganadera Compañía de Seguros S.A., “GANASEGUROS”, La Ganadera Compañía de Seguros de Vida S.A. “GANAVIDA” Seguros Colpatria.

- Oficio No. 3689 del 19 de agosto de 2003, mediante el cual la Directora (e) del SENA – Regional Tolima, informó acerca de los dineros que se le habían reconocido a los beneficiarios del señor Israel Cacais Ávila con ocasión de su muerte. De igual forma hizo constar que el señor Cacais Ávila se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales en pensión, salud y riesgos profesionales.

- Dictamen pericial rendido por los señores José Alirio Veloza y Vilma Esperanza Góngora, mediante el cual conceptuaron acerca de los montos que corresponderían al daño emergente y lucro cesante solicitado en la demanda.

4. El título jurídico de imputación aplicable a los eventos en los cuales se examina la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la producción de daños derivados de las actividades peligrosas.

Al respecto resulta pertinente reiterar lo que afirmó por la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 19 de abril de 2012(6), en torno a la aplicación de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia; en la providencia en comentó se consideró:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. 

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.

En este orden de ideas, si bien de conformidad con la causa petendi se alegó que en el presente caso el daño antijurídico se produjo como consecuencia de una falla en el servicio, lo cierto es que, de conformidad la jurisprudencia reiterada de la Corporación y la realidad probatoria, considera la Sala que el título de imputación que resulta aplicable al presente caso es aquél que se fundamenta en el riesgo excepcional.

Respecto del referido título de imputación, la jurisprudencia reiterada de la Corporación ha sostenido que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue –por parte de la entidad pública o de sus agentes– de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se conduce un vehículo automotor, aquél a quien corresponda jurídicamente la guarda de la actividad quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado(7), con fundamento en el título del régimen objetivo, identificado como riesgo excepcional; así mismo, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que

“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”.(8)

Aunado a lo anterior, es bueno recordar el criterio jurisprudencial que ha venido orientando la cuestión de la guarda como elemento de imputación de daños, respecto del cual la Sala(9) ha acogido los criterios expuestos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:

El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. 

“Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se prueba lo contrario. 

“De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto -que desde luego admite prueba en contrario- pues aún cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario. 

“O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad de que guardián de ellas presúmase tener. 

“Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada”(10) (Subrayas de la Sala).

De allí que, como lo ha precisado la Sala(11), “si con un vehículo oficial -o uno particular, respecto del cual una entidad pública tenga la guarda-, se producen lesiones o la muerte de una persona, dicha entidad debe responder e indemnizar los perjuicios que ocasionó”(12).

No obstante, el demandado podrá exonerarse de responsabilidad patrimonial mediante la demostración de una causa extraña, esto es fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

5. Lo probado en el proceso.

De conformidad con el material probatorio obrante en el proceso, se encuentra acreditado que el día 28 de mayo de 1998 el señor Israel Cacais Ávila murió como consecuencia del accidente de tránsito que sufrió, mientras se encontraba a bordo de un autobús de placa OTD 627, hechos ocurridos cuando el citado automotor se salió de la vía y chocó contra un árbol.

En relación con la legitimación en la causa por pasiva, si bien no se allegó el medio probatorio idóneo para probar que el autobús involucrado en el accidente era de propiedad de la entidad demandada, lo cierto es que sí se acreditó que el vehículo estaba bajo la guarda de dicho ente.

Ciertamente, tanto en la contestación de la demanda, como en el recurso de apelación presentados por la parte demandada, se reconoció que el aludido automotor era de propiedad del SENA, circunstancia que, sumada a la declaración del señor Alfonso López Infante –quien reconoció que el vehículo era del SENA- y la copia de la licencia de tránsito aportada al proceso, para la Sala es suficiente para concluir que el daño antijurídico se produjo como consecuencia de una actividad que se venía efectuando a través de la utilización de un vehículo que se encontraba a cargo del demandado.

Para el demandado, de conformidad con el recurso de apelación presentado, la sentencia impugnada debe revocarse, comoquiera que en el presente caso se había configurado una causal de exoneración de responsabilidad consistente en la fuerza mayor y/o caso fortuito. El SENA, como sustentación de su impugnación, se fundamentó, principalmente, en la providencia proferida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se precluyó la investigación penal iniciada contra el conductor del bus en el cual se transportaba el señor Israel Cacais y en la cual se indicó que no se encontró que el sindicado hubiere faltado al deber de cuidado o que hubiere efectuado alguna actuación imprudente, al tiempo que concluyó que la muerte del señor Cacais Ávila fuere previsible o evitable.

En este orden de ideas, la Sala, en primer lugar, se referirá a los efectos de las sentencias o providencias definitivas que dentro de otros procesos –v.gr., aquellas que se profieren en la jurisdicción penal- tienen dentro de un asunto que se inicia en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y luego entrará a determinar si en el presente caso se probó la existencia de exoneración de responsabilidad consistente en la fuerza mayor.

En cuanto a las decisiones proferidas en el proceso penal trasladado al presente asunto, en la cuales se concluyó que el daño se había producido por la imprudencia de la víctima, cabe reiterar la posición del Consejo de Estado según la cual el Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal o su equivalente, en razón a las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta Jurisdicción.

Al respecto, se destaca:

“Se adoptó tal criterio, por considerar que si bien la decisión de carácter penal no puede ser modificada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que la misma hace tránsito a cosa juzgada, dicho efecto se predica de la situación jurídico penal del procesado y, en algunos eventos, en relación con la responsabilidad civil del funcionario sometido a juicio, pero no con respecto a la decisión que deba tomarse cuando lo que se cuestiona es la responsabilidad del Estado(13), pues a pesar de que se declare la responsabilidad personal del funcionario, la entidad a la cual éste se encuentre vinculado puede no ser responsable del daño, por no haber actuado aquél en desarrollo de un acto propio de sus funciones o no haber tenido su actuación ningún nexo con el servicio público(14), o por el contrario, el funcionario puede ser absuelto por no haberse demostrado la antijuridicidad de su conducta, de tal manera que no resulte comprometida su responsabilidad penal y, en cambio, el juez administrativo puede encontrar comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado, con la demostración de la antijuridicidad del daño, elemento fundante de la responsabilidad estatal consagrada en el artículo 90 de la Carta Política”(15).  

En igual sentido, en un caso similar al que ocupa en esta oportunidad a la Sala, se expuso:

“La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.  

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.  

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad.  

En consecuencia, aunque en el caso concreto se hubiera proferido en el proceso penal decisión definitiva, favorable a los intereses del servidor público, dicha decisión no impide que se valore esa misma conducta para establecer si la misma fue o no constitutiva de falla del servicio, es decir, que a pesar de que para el juez penal el servidor estatal no fue penalmente responsable del daño, podrán valorarse las pruebas que obren en este proceso, incluida esa decisión, para establecer si el daño sufrido por los demandantes es imputable al departamento de Caldas y si, además, el título de imputación es el de falla del servicio”(16).

De igual forma debe tenerse presente la jurisprudencia de esta Corporación según la cual no pueden tenerse como ciertos los hechos contenidos en la motivación de una providencia de otro proceso, salvo que encuentren respaldo y sustento en las pruebas que, cumpliendo con todos los requisitos legales, se aporten al expediente respectivo.

Al respecto, en sentencia del 7 de mayo de 2008(17), la Sala de la Sección Tercera expuso lo siguiente:

“No obstante lo anterior, aunque las sentencias de primera y segunda instancia que declararon nula la resolución de insubsistencia por desviación de poder, y los documentos que demuestran el pago realizado por la entidad demandante, se encuentran en copia auténtica dentro del expediente, no está demostrado en el proceso, la culpa grave o dolo del funcionario con su actuación. 

Se equivoca el a quo al deducir la responsabilidad del demandado, teniendo como prueba de la misma, la valoración probatoria que realizó el Tribunal Administrativo del Norte de Santander en la sentencia que declaró la nulidad de la resolución de insubsistencia; y aunque en el mencionado proceso de nulidad se demostró la desviación de poder y por tal razón se anuló el acto, las pruebas aportadas en ese proceso no pueden ser valoradas en este, toda vez que su traslado no fue solicitado por las partes.  

Sobre el valor probatorio de las providencias judiciales se ha afirmado lo siguiente:  

“...aunque entre tales documentos se encuentra también la copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en esta ciudad... no puede perderse de vista que la copia de una decisión jurisdiccional de tal naturaleza, como lo ha reiterado la Corte, acredita su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de una sentencia desestimatoria de la pretensión..., proferida por dicha Corporación, en la fecha mencionada, más no sirve para la demostración de los hechos que fundamentaron tal resolución... pues como lo ha reiterado la Sala tener como plenamente acreditados los hechos tenidos como ciertos en la motivación de una sentencia proferida en otro proceso, podría suscitar eventos“...incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la causa a quien correspondería valorizar y analizar las pruebas para formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni intervenir en su producción...” (Negrilla fuera del texto). Sentencia S-011 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del seis de abril de 1999)””. 

En el presente asunto, si bien a través del análisis que efectuó la Fiscalía General de la Nación en su momento se concluyó que el señor Alfonso López –conductor del vehículo accidentado- no fue responsable de la conducta punible por la cual estaba siendo investigado, lo cierto es que las consideraciones que en la providencia en mención se plasmaron no resultan suficientes para tener acreditado en el presente proceso la configuración de una causal eximente de responsabilidad consistente en la fuerza mayor, comoquiera que i) la prueba principal en relación con la cual se profirió el proveído por parte del ente acusador, esto es la diligencia de indagatoria, no puede valorarse en este proceso por las razones anteriormente expuestas, motivo por el cual no pueden tenerse como ciertas las valoraciones probatorias que se realizaron en la providencia que precluyó la investigación.

ii) El análisis que efectuó la Fiscalía General de la Nación en su momento apuntó a establecer si la conducta desplegada por el señor Alfonso López estuvo, o no, acorde con el ordenamiento penal y, dado que no se acreditó que el sindicado hubiere realizado alguna maniobra imprudente o hubiere faltado al deber de cuidado, concluyó que no había lugar a declarar la responsabilidad del investigado; por su parte, como ya se dijo, el análisis que se efectúa en sede de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo menos tratándose de la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, difiere del estudio que se materializa en la Jurisdicción penal, puesto que, en asuntos como en el presente, la sola acreditación de que el funcionario actuó de conformidad con el ordenamiento y que su conducta no merece reproche alguno, no resulta suficiente para exonerar de responsabilidad al Estado, en tanto no se pruebe la configuración de una causal de exoneración de responsabilidad, llámese culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero o fuerza mayor. 

iii) Con las pruebas que obran en el expediente no es posible acreditar la configuración de la causal de exoneración de responsabilidad consistente en la fuerza mayor, comoquiera que el único medio de convicción a través del cual se relataron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos es la declaración que efectuó ante el Tribunal a quo el señor Alfonso López Infante, la cual debe considerarse como sospechosa en los términos del artículo 217 del C. de P. C., dado el testigo era la persona que venía conduciendo el vehículo, contra el cual se le inició una investigación penal, al tiempo que prestaba sus servicios para la entidad demandada, motivo por el cual resulta evidente el interés que le asiste, pudiéndose entender que su testimonio estuviere encaminado a resaltar que su comportamiento en la ocurrencia de la situación fáctica no tuvo reproche alguno. 

Con todo, aún valorándose sin condicionamiento alguno la anterior declaración, para la Sala no se encuentra acreditado que se hubiere presentado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor que conduzca a exonerar a la entidad demandada por las razones que a continuación se exponen.

Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad -fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima- constituyen eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que proceda admitir su configuración: i) su irresistibilidad; ii) su imprevisibilidad y iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados.  

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina: 

«La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida»(18).

En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia"(19),toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación"(20), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.  

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(21) y la ,jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”(22). La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.  

(…) 

Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo “inimaginable” de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones”(23). 

Según la declaración del señor Alfonso López Infante, las circunstancias en las cuales sucedió el accidente fueron las siguientes:

(…)[F]ui a recoger del Centro Agropecuario del Espinal al personal que allí labora, ahí en la variante antes de llegar al paso nivel del ferrocarril venía detrás de un camión furgón, no lo pasé porque en ese momento venía una tractomula y me vine detrás del camión porque se aproximaba la curva, el camión me frenó en ese momento y yo frené y el bus se me deslizó hacia el lado izquierdo y fui a chocar contra un árbol, el señor Cacais venía sentado en la primera silla del lado de la puerta, no me di cuenta a qué horas se salió hasta que el bus dejó de deslizarse y lo vi tendido en el piso frente en la puerta delantera (…)Yo atribuyo que la causa del accidente se debió a que la carretera estaba mojada en razón a que estaba lloviendo.

Al analizar las razones por las cuales el demandado justifica la existencia de la fuerza mayor en el presente caso, para la Sala el impugnante parecería estar confundiendo la materialización de los riesgos propios que supone la ejecución de una actividad peligrosa y sobre los cuales se edifica el régimen de responsabilidad objetivo, con los elementos que permiten tener por establecida la fuerza mayor. 

Ciertamente, el régimen de responsabilidad de naturaleza objetivo consistente en el riesgo excepcional por el ejercicio de una actividad peligrosa, más aún cuando dicha actuación la realiza una entidad pública, se fundamenta en la consagración constitucional según la cual el Estado debe responder en aquellos eventos en los cuales se causa un daño antijurídico por la acción u omisión de las autoridades públicas (artículo 90 de la Constitución Política), en especial cuando la actuación que despliega la Administración es considerada como generadora de un riesgo cuya materialización no tiene porque soportarla quien no ha intervenido en su producción. 

En este sentido, el uso de un “conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto determinado” –definición de máquina(24)- y más importante aún la potencialidad o la probabilidad de que en el uso de estos artefactos –como el vehículo automotor- se cause más daño en relación con aquellas actividades consideradas cotidianas(25), permite determinar que quien cree ese peligro deba responder por los perjuicios que ocasione en ejercicio de esa actividad –salvo en los eventos previstos en el ordenamiento-, más aún cuando ese riesgo se intensifica cuando dicha actuación se efectúa en condiciones atmosféricas difíciles o en terrenos con características especiales que obligan a tomar especiales medidas de precaución para mitigar el peligro creado.

En este orden de ideas, medidas como el sistema de frenos en los vehículos, la existencia y utilización de los cinturones de seguridad, la imposición de límites de velocidad en carretera, la regulación de las labores de adelantamiento, el mantenimiento de una distancia prudente entre los vehículos que transiten en la misma dirección, son apenas algunas prevenciones(26) que se han impuesto con el fin de regular el tránsito y que pretenden, se reitera, mitigar o disminuir los riesgos que son inherentes a la actividad de conducción de un vehículo.

De la prueba obrante en el presente caso, no se acreditó que el accidente hubiere sido imprevisible e irresistible en los términos antes expuestos, en la medida en que para la Sala resulta claro que el hecho dañoso ocurrió como una materialización del riesgo que precisamente, a través de la regulación antes citada se pretende mitigar y, por ende son circunstancias que se contemplan como de razonable ocurrencia y por ello se prevén actuaciones tendientes a que los conductores mitiguen al máximo ese peligro que implica la conducción de automotores.

Para la parte demandada hubo un frenado “brusco e intempestivo” del conductor que se encontraba por delante del autobús accidentado, circunstancia que obligó al señor López Infante a frenar de inmediato produciéndose, por causa de la carretera mojada, que el bus se descontrolara y se desplazara hacia la izquierda, estrellándose contra un árbol.

Al respecto cabe indicar que, de conformidad con la declaración del conductor del automotor involucrado –se reitera, único testimonio obrante en el expediente en el cual se relata lo que ocurrió en ese momento- no se encuentra acreditado que hubo un frenado “brusco e intempestivo” o súbito o repentino, en primer lugar porque en su declaración nunca mencionó éstos términos o algunos similares, sino que simplemente hizo referencia a que el conductor que iba adelante “frenó” y; en segundo lugar, para la Sala, lejos de constituir el referido frenado una circunstancia imprevisible e irresistible, era totalmente razonable anticipar la aludida maniobra, en la medida en que, como también lo afirmó el declarante, se aproximaba una curva, razón por la cual lo normal y esperable en estos casos es que el conductor que se encuentra cerca de encarar esta circunstancia de la carretera deba disminuir la velocidad y esto regularmente se efectúa a través de la aplicación del sistema de frenos del automotor.

Ahora bien, la situación de que la carretera se encontrara húmeda a causa de una “llovizna”, como se consignó en el acta de inspección de cadáver al señor Israel Cacais, tampoco, para la Sala, resulta una condición imprevisible e irresistible, puesto que, por el contrario, dado que los vehículos se conducen al aire libre, es completamente predecible que en algunas ocasiones se presenten condiciones climáticas adversas; de igual forma, los efectos de esas situaciones difíciles para la conducción, esto es, principalmente, el terreno resbaladizo o escurridizo, normalmente son evitables en la medida en que para ello, se prevé la disminución de la velocidad, el mantenimiento de una distancia prudente entre automotores que se encuentran en la misma dirección y el especial cuidado y atención que el conductor debe tener ante estar circunstancias.

En consecuencia, dado que la disminución de la velocidad al aproximarse una curva a través del sistema de frenos y los efectos de conducir sobre un terreno mojado, son perfectamente previsibles y resistibles en los términos antes expuestos, para la Sala, en el presente caso, según lo probado en el proceso, no se encuentra que se hubiere configurado la causal de exoneración de responsabilidad alegada por el demandado consistente en la fuerza mayor y, por ende, se impone confirmar la sentencia de primera instancia.

Por último conviene aclarar que, comoquiera que no se acreditó la configuración de la causal de exoneración de responsabilidad alegada por el demandado en el recurso de apelación y, dado el régimen de responsabilidad objetivo que, según los hechos probados en el proceso está llamado a tener plena aplicación, la Sala se releva de estudiar, por resultar innecesario, el análisis consistente en determinar si en el presente caso se configuró la falla en el servicio, en la medida en que, por demás, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación, la ausencia de prueba acerca de irregularidades cometidas por el funcionario o funcionarios que con su acción u omisión produjeron un daño antijurídico, no excluye la responsabilidad de la entidad pública demandada en aplicación del régimen de naturaleza objetivo.

Finalmente la Sala se abstendrá se realizar pronunciamiento alguno en relación con las consideraciones y declaraciones efectuadas en la sentencia de primera instancia respecto de la entidad llamada en garantía, comoquiera que dicha sociedad no interpuso recurso alguno.

6. Indemnización de perjuicios.

Comoquiera que la sentencia de primera instancia fue impugnada únicamente por la parte demandada, el análisis que debe abordar esta Subsección se circunscribirá al estudio de la procedencia, o no, de la indemnización reconocida por el Tribunal a quo, sin que por ello haya lugar al reconocimiento de otros perjuicios que no fueron objeto de la condena de primera instancia o al aumento del monto de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de la actualización de la condena a que hubiere lugar, lo cual, como lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación(27), en modo alguno implica la vulneración del principio de la no reformatio in pejus que opera a favor de la entidad demandada por ser apelante única.

Perjuicios Morales.

En este orden de ideas, en relación con la indemnización de los perjuicios morales reconocidos, encuentra esta Subsección que había y hay lugar a su declaración, comoquiera que de los registros civiles que fueron aportados al proceso –fls. 5 a 7 c 1- se demostró que la señora María del Carmen Camacho Cuéllar era la esposa y los menores Angie Catalina Cacais Camacho y Fredy Alexander Cacais Camacho eran hijos del señor Israel Cacais Ávila.

En cuanto al monto de la indemnización, si bien lo reconocido por el Tribunal a quo difiere con lo que regularmente esta Corporación viene reconociendo en situaciones similares, lo cierto es que una aplicación correcta de los parámetros que en la actualidad se utilizan para liquidar este perjuicio, arrojaría una cifra superior a la que reconoció el Tribunal a quo, situación que devendría en perjuicio del único apelante.

Con todo, debe precisarse que las anteriores argumentaciones no suponen, de manera alguna, una modificación de la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los parámetros que actualmente se utilizan para liquidar el perjuicio moral, posición que se mantiene, lo que ocurre es que en aplicación del principio previsto en el artículo 357 del C. de P. C., no puede agravarse la situación de la entidad demandada en su condición de apelante solitaria.

7. Consideraciones finales. 

En el expediente se encontró un documento sin foliación alguna y sin que se hubiere anexado formalmente al expediente, el cual, al parecer, correspondería a un proyecto de sentencia de primera instancia correspondiente al Tribunal Administrativo del Tolima, que tiene los datos del presente proceso y sobre el cual habría algunas observaciones manuscritas. Además, cuenta con lo que serían las firmas de los magistrados que integran la Sala de ese Tribunal.

Comoquiera que, se reitera, el anterior documento no se encuentra incorporado de manera formal al expediente, al tiempo que la sentencia de primera instancia está debidamente anexada y sobre ésta se practicó la notificación como es debido, para la Sala el proyecto de providencia en comento no impide de manera alguna que se profiera la presente decisión, motivo por el cual se dispondrá, simplemente, con el fin de que no queden folios sueltos en el expediente, que por Secretaría de la Sección se cree un nuevo cuaderno donde deberá anexarse el documento al cual se ha hecho referencia.

8. Condena en costas.  

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmáse la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el día 20 de octubre de 2004

SEGUNDO: Expídanse a la parte actora las copias auténticas de esta sentencia con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Por Secretaría de la Sección Tercera, créase un nuevo cuaderno con el fin de anexar el documento al cual se hizo referencia en el punto 7 de la presente providencia.

CUARTO: Reconócese personería al doctor Marcelo Daniel Alvear Aragón, portador de la tarjeta profesional No. 75.250 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la la sociedad B.B.V.A. Seguros Colombia S.A., en los términos del poder obrante a folio 248 del cuaderno principal.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera 

1 Folios 24 a 29 del cuaderno principal.

2 La cuantía del proceso supera la exigida para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con el Decreto 597 de 1988 -$ 26´390.000-, teniendo en cuenta que la demanda se radicó en el año 2000 y la cuantía del proceso se estimó en la suma de $ 50’000.000 a favor de la señora María del Carmen Camacho Cuéllar, por concepto de perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante.

3 Folio 3 cuaderno 1°.

4 Expedientes 18320 y 21896. Ver también, Sentencia del 11 de julio de 2012. Expediente: 25211; Sentencia del 11 de agosto de 2010. Exp. 19189. MP: Enrique Gil Botero; Sentencia del 9 de marzo de 2010. Exp. 18010. MP: Gladys Agudelo Ordóñez. Pueden consultarse también las siguientes providencias: Sentencias del 18 de mayo de 2000, expediente 11.952; 25 de mayo de 2000, expediente 11.253; 21 de septiembre de 2000, expediente 11.766; 28 de septiembre de 2000, expediente 11.405; 18 de octubre de 2000, expediente 11.981.

5 Se transcribe tal cual se halla en el expediente, incluido errores.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2012, Exp. 21515.

7 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez, expediente 15473; sentencia del 4 de diciembre de 2.007, exp. 16.827.

8 Sentencia de 14 de junio de 2001, exp. 12.696; Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez; sentencia de abril 27 de 2006, exp. 27.520; Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez.

9 Sentencia del 26 de marzo de 2008. Expediente No. 16393. Actor: Ernesto Lozano Aragón.

10 Nota original de la sentencia citada: “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de mayo 18 de 1972. En el mismo sentido la sentencia de julio 4 de 1977”.

11 Ver entre otras las sentencias de 19 de julio de 2000, expediente 11842 y del 10 de noviembre de 2005, expediente 17920. Consejero Ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez; 11 de mayo de 2006, expediente 14.694. Consejero Ponente Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 26 de marzo de 2008, expediente 14.780. Consejero Ponente Dra. Ruth Stella Correa.

12 Sentencia del 3 de mayo de 2007. Expediente No. 16.180. Consejero Ponente Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

13 Sentencia del 1 de noviembre de 1985, exp: 4571, dijo la Sala: “Una es la responsabilidad que le puede tocar (sic) al funcionario oficial, como infractor de una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal y otra la civil o administrativa” En el mismo sentido, sentencia de 24 de junio de 1992, exp: 7.114; 17 de marzo de 1994, exp: 8585; 5 de mayo de 1994, exp: 8958; 18 de febrero de 1999, exp: 10.517; 26 de octubre de 2000, exp: 13.166 y de 25 de julio de 2002, exps: 13.744 y 14.183, entre otras.

14 Ver, por ejemplo, sentencias de 20 de febrero de 1992, expediente 6514 y de 21 de septiembre de 2000, exp: 11.766.

15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2011. Expediente: 19451. MP: Gladys Agudelo Ordóñez.

16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de agosto de 2008. Expediente: 16.533. MP: Ruth Stella Correa Palacio.

17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 19307. MP: Enrique Gil Botero, reiterado en el Auto del 3 de marzo de 2010. Expediente 37590. MP: Mauricio Fajardo Gómez.

18 Nota original en la sentencia Citada: ROBERT, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, p. 1039, citado por TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., p. 19.

19 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8.

20 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581.

21 Nota original en la sentencia Citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.

22 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, p. 21.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente No. 16.530. Ver también sentencia del 20 de mayo de 2009, expediente 17196 entre muchas otras.

24 Diccionario de la Real Academia Española. http://lema.rae.es/drae/?val=maquina. Última vez visitado 16 de junio de 2014.

25 Respecto de la definición de actividad peligrosa, puede consultarse: Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I. Legis. 2007. Pág. 929 y siguientes.

26 Ver Código Nacional de Tránsito.

27 Ver sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente: 16074.