Sentencia 2000-01551 de diciembre 3 de 2009

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Ref.: Expediente 54001233100020000155102

Número interno: 1070-2006

Autoridades nacionales

Actor: Juan Manuel Rodríguez Fonseca

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El problema jurídico a resolver por esta Sala se contrae a establecer si se respetaron los derechos del demandante con ocasión de la supresión del cargo de auxiliar administrativo, nivel administrativo, grado 07 de la división de control fiscal, Dirección Seccional Norte de Santander.  Con tal objeto se examinará la legalidad de la resolución 2588 de 13 de marzo de 2000, proferida por el Contralor General de la República.

Para el efecto, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

Vinculación del actor - inscripción en carrera administrativa

— El señor Juan Manuel Rodríguez Fonseca ingresó a laborar al servicio de la Contraloría General de la República el 21 de mayo de 1993, en el cargo de mecanógrafo, nivel administrativo grado 4, en la revisoría delegada ante el ejército, en virtud del nombramiento efectuado por la Resolución 3856 del 7 de los mismos mes y año (fl. 117, cdno. ppal.)(2).

— Por Resolución 10520 de 21 de diciembre de 1994 se lo nombró, en período de prueba, en el cargo de auxiliar administrativo, nivel administrativo, grado 07 en la Dirección Seccional de Norte de Santander (fl. 117, cdno. ppal.).

— Posteriormente, luego de obtener calificación satisfactoria, fue inscrito en carrera administrativa especial mediante la Resolución 441 del 18 de abril de 1995, proferida por el jefe de la oficina de administración de carrera administrativa (fls. 26 y 27).

Del proceso de supresión adelantado en la Contraloría General de la República

—  Mediante la Ley 573 de 7 de febrero de 2000(3) el Congreso le otorgó al Presidente de la República, por el término de 15 días, la facultad para expedir normas con fuerza de ley relativas, entre otros asuntos, a: “Modificar la estructura de la Contraloría General de la República; determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de la Contraloría General de la República, pudiendo crear, suprimir o fusionar empleos y prever las normas que deben observarse para el efecto; dictar las normas sobre la carrera administrativa especial de que trata el ordinal 10 del artículo 268 de la Constitución Política y establecer todas las características que sean competencia de la ley referente a su régimen de personal”.

La constitucionalidad del otorgamiento de dichas facultades fue analizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 19 de abril de 2001, M.P. doctor Álvaro Tafur Galvis, en donde se ventiló la competencia que le asiste al legislador ordinario de regular dichas materias a pesar de tratarse de un ente autónomo, como la Contraloría General de la República; y, en consecuencia, la viabilidad del otorgamiento transitorio de dichas funciones al Presidente de la República. Al respecto, manifestó:

“Sobre el particular, la Corte ha de reiterar que el mandato del artículo 150, no conoce más restricciones que las que la propia Constitución determine y por tanto, salvo que al definir los contornos de la autonomía que ella misma confiere y reconoce haya precisado esos límites, ha de entenderse que el legislador ostenta una amplia potestad de configuración de la mencionada autonomía.

(...).

Siendo claro que al legislador competen las mencionadas funciones de determinación de estructura, creación, fusión o supresión de empleos en los mencionados órganos de control, es pertinente señalar igualmente que la jurisprudencia de la corporación ha afirmado la posibilidad de que el Congreso otorgue facultades extraordinarias al Gobierno para que ejerza transitoriamente las funciones que a aquel competen, naturalmente dentro del marco y con observancia de los requisitos establecidos en el artículo 150-10”.

— En ejercicio de las facultades así conferidas, el Presidente de la República profirió el Decreto-Ley 271 de 22 de febrero de 2000 “por el cual se establece la planta de personal de la Contraloría General de la República”. Con tal objeto, en la referida normativa se suprimieron 90 cargos de auxiliar administrativo, grado 07 (fls. 326 a 330, cdno. 4).

De la supresión de cargo del actor

— Posteriormente, en ejercicio de las facultades otorgadas por los decretos-leyes 268 y 271 de 2000, el Contralor General de la República, mediante Resolución 2588 de 13 de marzo de 2000, retiró del servicio al actor por supresión del cargo de auxiliar administrativo, nivel administrativo, grado 07, de la División de Control Fiscal, Dirección Seccional Norte de Santander (fls. 22 a 24).

— Dicha decisión le fue comunicada al señor Rodríguez Fonseca mediante oficio de 13 de marzo de 2000, dirigida por el gerente del talento humano del ente, en donde se le informó adicionalmente que (fl. 25):

“... de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 268 de 2000, en concordancia con el artículo sexto del Decreto 271 de la misma fecha, usted puede optar por recibir la indemnización a que tiene derecho, o a que la entidad dentro de los cuatro (4) meses siguientes, estudie la viabilidad de incorporarlo en un cargo equivalente de la nueva planta de personal”.

— Transcurridos dos días a partir de la citada notificación, mediante escrito de 16 de marzo de 2000, el actor manifestó su decisión de optar por la indemnización por supresión de cargo (fl. 340).

— En virtud de lo anterior, el Contralor General de la República profirió la Resolución 5689 de 10 de mayo de 2000, por la cual ordenó el reconocimiento y pago de una indemnización por supresión de cargo a favor del actor, en los siguientes términos (fls. 91 a 92):

“Que el artículo 44 del Decreto-Ley 268 de 2000, estipula que los empleados de carrera administrativa, a quienes se les suprima los cargos de los cuales sean titulares como consecuencia de la supresión o fusión de dependencias o de modificación de planta, podrán ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización, la cual se regirá por los términos y condiciones establecidos en las disposiciones del régimen general de carrera para la rama ejecutiva en el orden nacional.

Que el artículo 138 del Decreto-Ley 1572 de 1998, fija la tabla para el pago de la indemnización por supresión del cargo”.

Del fuero sindical del actor

— De conformidad con lo establecido en la Resolución 5 de 3 de febrero de 1998, proferida por la inspectora de trabajo de la división de trabajo e inspección y vigilancia de la dirección regional de trabajo y seguridad social de Norte de Santander, el señor Juan Manuel Rodríguez Fonseca fungía al momento del retiro del servicio como quinto suplente de la junta directiva de la Asociación de Servidores Públicos de las Contralorías de Colombia “Asdeccol” - Norte de Santander, con registro sindical número 001863 de julio de 1996 (fls. 29 y 30, cdno. ppal.).

Dicho acto le fue notificado personalmente al Contralor Municipal de Cúcuta el 12 de febrero de 1998, según lo consagrado en el folio 30 vto. del cuaderno principal.

Finalmente, según la constancia de ejecutoria de 23 de febrero del mismo año, dicho acto administrativo quedó ejecutoriado.

— Resalta la Sala, además, el hecho que la misma entidad accionada acepta que el actor está amparado por el fuero sindical en el acto administrativo  demandado.

Establecido lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo del asunto para lo cual abordará cada uno de los aspectos objeto de debate en esta instancia; sin embargo, previamente a ello se aclarará si en el presente asunto debió demandarse la Decreto-Ley 271 de 2000, tal como lo manifestó el Ministerio Público en su intervención en esta instancia.

a. Del acto demandado

De un análisis del proceso de reestructuración efectuado en la Contraloría General de la República, y que comenzó con la expedición de la Ley 573 de 2000, se concluye que:

(i) El Decreto-Ley 271 de 2000 es un cuerpo normativo con fuerza de ley, en la medida en que fue proferido por el Presidente en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso mediante la Ley 573 del mismo año.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política concordante con el artículo 150, numeral 10 ibídem, su análisis frente a la Constitución corresponde a la Corte Constitucional y no a esta corporación.

(ii) Además de lo anterior, si bien mediante el Decreto-Ley 271 de 2000 se estableció la nueva planta de personal, fue a través de la resolución atacada, proferida por el nominador del actor, que se lo retiró del servicio; así entonces este acto y no aquel fue el que le modificó su situación, razón por la cual era el demandable ante esta jurisdicción tal como lo hizo el señor Rodríguez Fonseca.

Por lo expuesto, no son de recibo los argumentos del Ministerio Público y en consecuencia, es viable entrar al análisis de los cargos expuestos por el recurrente.

b. Fuero sindical

Adujo el actor que la Resolución 2588 de 13 de marzo de 2000 se encontraba viciada de falsa motivación, en razón a que en ella se había sostenido que a pesar de que se encontraba amparado por fuero sindical no se requería promover acción alguna para su levantamiento sino solo motivar el retiro.

Dicho argumento se constituyó en la piedra angular del fallo apelado, en la medida en que una vez el a quo dio por acreditado que el actor se encontraba amparado por fuero sindical y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 362 de 1997, se requería previamente al retiro promover el respectivo proceso judicial de levantamiento del mismo, concluyó que el acto se encontraba viciado por el cargo imputado.

A su turno, sostuvo la parte accionada y el Ministerio Público en su intervención ante esta instancia que la materia objeto de discusión, esto es la posible vulneración del fuero sindical, no es competencia de esta jurisdicción sino de la jurisdicción ordinaria laboral, razón por la cual procedería la inhibición frente a dicho tópico.

Al respecto, para atender el citado cargo la Sala precisa las siguientes cuestiones:

Con el objeto de proteger la gestión de los representantes sindicales, el inciso 4º del artículo 39 de la Constitución Política les reconoció la garantía del fuero, la cual se materializa en la imposibilidad de que sean despedidos, desmejorados en sus condiciones de trabajo o trasladados, sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo(4).

Ahora bien, tal como se sostuvo en su oportunidad por la Corte Constitucional(5), el fuero sindical cobija no sólo a los trabajadores privados y empleados oficiales, sino además, a los empleados públicos(6).

Esta garantía se predica en primera instancia del trabajador aforado pero tiene como fin último la protección de la organización sindical  y el derecho de asociación.

Dicho amparo, adicionalmente, no es absoluto, puede restringirse en aquellos casos en los cuales su permanencia riña con los intereses jurídicos también protegidos por la Constitución y la ley; tal es el caso de la supresión de cargos en donde, por motivos de interés general  tales como la adecuación de la estructura del Estado, se precisa el retiro de funcionarios aforados, en cuyo caso, habrá de seguirse ante las instancias competentes el trámite respectivo.

Dicho trámite, cuya competencia fue atribuida a la jurisdicción ordinaria laboral a partir de la modificación introducida al Código de Procedimiento Laboral por la Ley 362 de 18 de febrero de 1997(7), está compuesto de dos acciones, una en favor del empleador, consagrada para obtener de un juez laboral la calificación de una causa como justa, en orden a terminar una relación laboral; y otra en favor del empleado o trabajador, consagrada para obtener el reintegro cuando el fuero sindical ha sido desconocido por el empleador(8).

Estas acciones, reguladas a partir del artículo 112 del Código Procesal del Trabajo(9) contienen una regla general de caducidad inferior a la aplicable para otras materias, 2 meses, con el objeto de proteger efectivamente a la asociación sindical en los procesos de retiro del servicio de sus miembros amparados, circunstancia que justifica la exclusión de las acciones de fuero sindical de los trámites y ritualidades que debe agotar un proceso ordinario que por la duración que demanda su agotamiento haría teórica la protección de la asociación sindical.

De lo anterior, es claro que el legislador, en ejercicio de su poder de configuración, dispuso que las acciones de fuero sindical, independientemente de la naturaleza del vínculo, fueran de conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral y, en tal sentido, en principio, está vedado a esta jurisdicción entrar a su análisis.

No obstante lo anterior, la competencia para conocer de las acciones en las que se cuestione la legalidad de actos administrativos por cualquiera de las causales contempladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo es de esta jurisdicción; razón por la cual, en varias oportunidades esta sección, subsección B(10), ha sostenido que en asuntos en los que la reclamación del fuero sindical se encuentre inmersa en un acto de supresión su análisis corresponde a los jueces administrativos.

Esta conclusión tiene asidero en principios de raigambre y relevancia constitucional, sin los cuales la consolidación de una administración de justicia pronta, cumplida,  sustantiva y al servicio de la sociedad es imposible. Al respecto, en sentencia reciente de esta subsección se sostuvo:

“En este sentido, los principios de economía procesal y eficacia, que deben gobernar el funcionamiento de la administración de justicia, aconsejan que las soluciones impartidas por la rama judicial consulten las fórmulas y procedimientos que, además de garantizar la efectividad de los derechos, aseguren una administración de justicia pronta, sustantiva y que evite someter a las personas a un peregrinar continuo de una especialidad a otra de la jurisdicción, con desmedro de su derecho a una solución coherente y expedita del caso.

Por las razones expresadas la Sala se ocupará de resolver el reclamo del  demandante relativo a que se desconoció su derecho constitucional al fuero sindical, en los siguientes términos”(11).

Por lo expuesto, y a pesar de que no se desconoce que por ley el juez natural para la protección a la organización sindical mediante la figura del fuero es el juez ordinario laboral; el juez natural, expresión del debido proceso, para el estudio de los actos administrativos de desvinculación del servicio de un empleado público es esta jurisdicción; razón por la cual, en la medida en que algún asunto relacionado con el fuero sindical constituya un vicio de legalidad del acto es viable proceder a su conocimiento en esta instancia.

A la luz de las anteriores precisiones, esta Sala procede al estudio del cargo de falsa motivación y de omisión del requisito previo del levantamiento del fuero para el retiro del servicio del actor.

Al respecto, precisa anotar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 406 del Código Procesal del Trabajo(12), los miembros de la junta directiva y subdirectiva de toda organización sindical, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, están amparados por la figura del fuero sindical, por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más.

Esta condición del señor Juan Manuel Rodríguez Fonseca, verificable en la Resolución 5 de 3 de febrero de 1998, es aceptada por la entidad en la Resolución 2588 de 13 de marzo de 2000, razón por la cual en el presente asunto no entra a ser objeto de discusión alguna.

Ahora bien, en dicha resolución se sostuvo que a pesar de la condición de aforado que acompañaba al actor, el único condicionamiento que se le imponía a la Entidad para poder desvincularlo era motivar el acto; requisito que consideró acreditado con la existencia del proceso de reestructuración y supresión de cargos de la Contraloría General de la Nación.

Frente a dicha situación consideró la parte actora que la entidad incurrió en falsa motivación del acto y desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 362 de 1997(13), por el cual se modificó el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, con el cual se dispuso que la garantía del fuero sindical de empleados públicos estaría sometida al conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a analizar cada uno de los cargos invocados por la parte actora, así:

(i) Falsa motivación del acto

Este vicio de la legalidad alude a la causa o motivo del acto administrativo, y puede ser predicable respecto de los hechos sustento de la decisión o de la apreciación de los mismos. Al respecto, el profesor Luis Enrique Berrocal Guerrero sostiene:

“… Este vicio se presenta cuando la sustentación fáctica del acto carece de veracidad, es decir, no hay correspondencia entre lo que se afirma en las razones de hecho o de derecho que se aducen para proferir el acto  y la realidad fáctica y/o jurídica, de allí que se dé en las siguientes situaciones:

• Por falsedad en los hechos, esto es, cuando se invocan hechos que nunca ocurrieron, o se describen de forma distinta a como ocurrieron.

• Por apreciación errónea de los hechos, de suerte que los hechos aducidos efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el acto administrativo o no corresponden a los supuestos descritos en las normas que se invocan”(14).

Por su parte, en sentencia de esta corporación, Sección Segunda, Subsección B, de 26 de junio de 2008, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicado interno 0606-2007, se sostuvo que la motivación es:

“(...) la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que rodean la expedición del acto, los presupuestos o razones cuya expresión sostiene la legitimidad y oportunidad de la decisión de la administración; constituye además un medio de prueba de la intencionalidad administrativa y una pauta para la interpretación del acto, por lo que cualquier anomalía que se aduzca en este sentido necesariamente debe confrontarse con la expresión del mismo y con la realidad jurídica y fáctica de su expedición”.

Concretamente, en el presente asunto, consideró el señor Juan Manuel Rodríguez Fonseca que no era verdad que para el retiro de un empleado público amparado por fuero sindical sólo se requiriera motivar el acto.

Al respecto, se observa que el acto administrativo cuestionado resaltó como hechos en que se fundó, por un lado, la supresión del cargo y, por el otro, la condición de aforado del actor. Frente al primer supuesto sostuvo que el Decreto-Ley 271 de 2000 suprimió el cargo del actor y que, según lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto-Ley 268 de 2000(15), la supresión es una causal de retiro del servicio(16).

Frente al segundo supuesto, esto es, que el actor se encontraba aforado y que para su retiro sólo se precisaba motivar el acto de retiro, la Sala observa:

A la luz de lo establecido en el Decreto-Ley 268 de 2000, la Ley 443 de 1998, el Decreto 1572 de 1998 y concordantes(17), no existe norma alguna que prohíba la supresión de cargos de empleados públicos aforados, en atención a la prevalencia del interés general sobre el particular; sin embargo, para su retiro del servicio sí existe un condicionamiento, cual es el contenido en el artículo 147 del Decreto 1572 de 1998, en los siguientes términos:

“Para el retiro del servicio de empleado de carrera con fuero sindical, por cualquiera de las causales contempladas en la ley, debe previamente obtenerse la autorización judicial correspondiente”.

Dicha garantía que trasciende el ámbito meramente legal, pues está consagrada en el artículo 39 de la Constitución Política, se traduce en la obligación para la administración de (i) promover ante la jurisdicción ordinaria laboral el levantamiento de dicho amparo o (ii) mantener vinculado al aforado en el servicio hasta tanto se extienda en el tiempo su amparo. Al respecto, en sentencia de 21 de junio de 2007, actor: Martha Lozano Triana, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, radicado interno 4838-05, se sostuvo:

“En lo atinente a la violación del fuero sindical, el cargo de edifica en que la pretensión de la demanda no es que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ordene el reintegro de la actora sobre la base del amparo de su fuero sindical, sino que se establezca la existencia de un vicio de nulidad de los actos acusados en la medida en que la entidad demandada no obtuvo previamente el levantamiento del fuero sindical de la demandante el cual era necesario, para después suprimirle su cargo y separarla del servicio.

Al respecto, dirá la Sala que no existe en el ordenamiento normativo la prohibición de suprimir cargos de empleados aforados. De permitirse la restricción de la facultad anterior, la administración se vería abocada a no cumplir con los fines de interés general, que son los mismos de mejoramiento del servicio, haciendo prevalecer los intereses particulares, argumento que no armoniza con los propósitos estatales que inspiran la actividad administrativa en nuestro sistema jurídico.

Diferente es que ese mismo ordenamiento normativo contemple la garantía de permanencia en el servicio mientras el empleado goce de fuero sindical, bien porque la administración decida mantenerlo vinculado en el servicio durante el tiempo en que disfrute el amparo, como aconteció en el sub lite”.

A pesar de lo anterior, la entidad no promovió el proceso respectivo ni mantuvo en el servicio al actor mientras lo cobijaba el fuero sindical, en tanto razonó que dicha situación, la condición de aforado del actor, solo la obligaba a motivar el acto de retiro.

Esta consideración de la Contraloría General de la Nación se constituye en una errada interpretación de un supuesto fáctico del caso del señor Juan Manuel Rodríguez Fonseca a la luz de la normatividad aplicable, el cual se enmarca dentro de la causal de falsa motivación del acto de retiro y, en consecuencia, configura un evento de anulación del mismo.

Efectuado el referido análisis, debe reiterarse que la competencia para el conocimiento de la protección del fuero sindical es de la jurisdicción ordinaria, por expresa disposición legal; sin embargo, tal como se observó anteriormente, un asunto relacionado con el fuero sindical afectó la legalidad del acto administrativo de retiro y estuvo relacionado con su motivación; razón por la cual, sin proteger directamente el beneficio del sindicato al que pertenecía el actor, procede declarar la nulidad del acto administrativo demandado.

Por lo anterior, la sentencia proferida por el a quo merece ser confirmada, no sin antes efectuar unas precisiones adicionales:

El hecho de que el actor haya optado por el reconocimiento y pago de la indemnización por supresión de cargo no le impide atacar la legalidad del acto de supresión, en cuanto considere que sus derechos como empleado público fueron conculcados con el mismo. En este evento, de prosperar las pretensiones, tal como lo efectuó el tribunal, procede la devolución de lo pagado por concepto de indemnización.

Tampoco es de recibo la tesis sostenida por la parte recurrente en el sentido de que la opción del actor por la indemnización relevaba a la entidad de obtener la autorización para levantar el fuero sindical que lo amparaba, en cuanto era obligación de la Contraloría incluso al momento de comunicarle su retiro informarle la situación del fuero y la imposibilidad de retirarlo del servicio hasta que se diera una de las situaciones aquí expresadas; sin embargo, la autoridad en el presente asunto ni siquiera lo enteró de dicha situación. Lo anterior, para resaltar que la opción por la indemnización es simultánea a la puesta en conocimiento de la viabilidad de optar por la indemnización o la reincorporación, y dicha garantía no se le respetó al actor en el sub examine, razón por la cual no es dable que la entidad pretenda obtener un provecho sobre una situación irregular generada por ella misma.

Ahora bien, en el presente asunto, contrario a lo sostenido por el Ministerio Público, no se está dejando abierta la posibilidad de que el empleado público escoja a su arbitrio la acción a adelantar, en la medida en que de acuerdo con lo expresado in extenso en la parte motiva de esta providencia, el objeto del amparo ante esta jurisdicción no es el fuero sindical, materia de competencia del juez laboral, sino la legalidad del acto de retiro, legalidad que en el presente asunto logró ser desvirtuada a la luz de lo dispuesto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión del tribunal que accedió a las pretensiones de la demanda.

Decisión:

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 16 de julio de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por Juan Manuel Rodríguez Fonseca, contra la Nación, Contraloría General de la República, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha».

(2) Con anterioridad al 12 de mayo de 1993, el actor estuvo vinculado a la Contraloría General de la República por el lapso comprendido entre el 14 de agosto de 1990 y el 20 de noviembre de 1992, en el cargo de revisor de documentos, nivel técnico, grado 02, Cúcuta (fl. 4, cdno. 1).

(3) “Mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución”. Diario Oficial 43.885 de 8 de febrero de 2000.

(4) En el mismo sentido, ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de mayo de 2007, Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, Expediente 4571-04, actor: César Adolfo Abril Saavedra.

(5) Ver sentencia C-593 de 14 de diciembre de 1993, en la cual se analizó la constitucionalidad del artículo 409 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otros cargos, por el hecho de que se excluía de la protección del fuero sindical a los empleados públicos.

(6) Con excepción de los miembros de la fuerza pública, quienes de conformidad con lo establecido en el inciso 5º el artículo 39 de la Constitución Política, no gozan del derecho de asociación.

(7) Derogada por la Ley 712 de 2001.

(8) Es de resaltar que una vez declarada la inexequibilidad del artículo 409 del Código Sustantivo del Trabajo que excluía de la protección del fuero sindical a los empleaos públicos, se creó un vacío normativo frente al trámite o la forma en que los mismos podían reclamar su garantía; vacío que desapareció con la entrada en vigencia de la Ley 362 de 1997 en virtud de la cual dicha protección se concedió a la jurisdicción ordinaria laboral.

(9) Actualmente Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

(10) Al respecto ver las sentencias de 5 de julio de 2007, radicado interno  1992-2006 y de 19 de julio del mismo año, radicado interno 3935-2005, con ponencia del doctor Jesús María Lemos Bustamante.

(11) Sentencia de 1º de octubre de 2009; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; M.P. Gerardo Arenas Monsalve; radicado interno 0610-2008; actor: Édgar Dussan Calderón.

(12) Antes de la modificación introducida por la Ley 584 de 14 de junio de 2000.

(13) Disposición derogada por el artículo 53 de la Ley 712 de 2002.

(14) “Manual del acto administrativo, según la ley, la jurisprudencia y la doctrina”; Librería Ediciones del Profesional Ltda.; Quinta Edición; 2009; página 500.

(15) “Por el cual se dictan las normas del régimen especial de carrera administrativa de la Contraloría General de la República”.

(16) Bajo el cargo de falsa motivación este hecho no es objeto de discusión, razón por la cual no se efectuará análisis adicional.

(17) Estos dos últimos aplicables de conformidad y en los términos establecidos en el parágrafo 1º del artículo 42 del Decreto-Ley 268 de 2000, el cual reza: “El retiro del servicio de un empleado de carrera administrativa que se produzca por una de las causales anteriormente citadas, procederá conforme lo estipulado en las leyes y normas generales que rijan la carrera administrativa de la rama ejecutiva a nivel nacional. Para su aplicación se tomarán las normas vigentes y se integrarán al proceso de carrera administrativa de la Contraloría General de la República mediante resolución expedida por el Contralor General de la República”.