Sentencia 2000-01553 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 25000-23-26-000-2000-01553-01 (28.225)

Ref.: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle De De La Hoz

Actor: UCN. Sociedad Fiduciaria S.A.

Demandado: La Nación- Superintendencia de Notariado y Registro

Bogotá D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en proceso de doble instancia(5), seguido contra la Superintendencia de Notariado y Registro.

8. Caso concreto.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, específicamente lo dispuesto por el artículo 90(6), el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, por su acción u omisión.

En materia registral, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada en establecer que el título de imputación en estos casos, es la falla del servicio.

Es de vital importancia precisar también —corno igualmente lo ha hecho la Sala reiteradamente— que el actor debe acreditar la diligencia, previsión y cuidado que ha debido observar con anterioridad a la celebración de negocios jurídicos "mediante una prudente constatación del estado jurídico”(7) del inmueble que pretendió adquirir, hipotecar, embargar, constituir fiducia, etc., de modo que exista certeza de que el daño surgió, precisamente, de la información errónea proporcionada al usuario a través de los certificados que sobre los bienes raíces expide la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos.

De tal manera que, a juicio de la Sala para que se configure la responsabilidad del Estado no es suficiente con acreditar la falla en la prestación del servicio público registral, sino que es necesario, además, demostrar que el daño alegado tuvo origen en una conducta —activa o de omisión— de la administración; en otras palabras, "la obligación indemnizatoria no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios”(8) y, "por tal motivo, el comportamiento omisivo o negligente del usuario del servicio público registral determinante del daño, aún en presencia de una falla del servicio, impide la declaratoria de responsabilidad de la administración”(9).

De acuerdo con lo anterior, no es suficiente la sola irregularidad en la prestación del servicio registral, sino que además se requiere que la misma trascienda a los usuarios y la forma para que ello ocurra no es otra que mediante la expedición y consulta del respectivo certificado de tradición y libertad en donde quede plasmada esa falencia.

Teniendo claro lo anterior y revisado el acervo probatorio que reposa en el expediente se tiene por cierto los siguientes hechos.

1. Como gestión precontractual por parte de la sociedad fiduciaria para la celebración del contrato de fiducia mercantil irrevocable se tiene copia autenticada del estudio de títulos elaborado por el abogado Servio Tulio Rodríguez Fonseca al inmueble denominado "Fortalecillas", en el cual conceptúa que se puede realizar el contrato fiduciario cumpliendo previamente con unas observaciones relacionadas con la aportación de varios documentos únicamente, sin hacer reparos frente a la historia traditicia del folio de matrícula Nº 50C1428171(10). Se consignó en dicho estudio de títulos:

B. Tradición.

El actual propietario adquirió la propiedad mediante la siguiente tradición:

1. Compraventa.

El bien inmueble anteriormente descrito fue adquirido en mayor extensión por el fideicomitente mediante escritura pública de compraventa número mil quinientos sesenta y tres (sic) (1.573) del (18) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995), otorgada en la notaría segunda (2ª) del círculo de Facatativa (Cundinamarca), a Víctor Humberto Bahamón Rivera, debidamente inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá, D.C., zona centro, a folio número 50C-1428171.

2. Adjudicación en sucesión derechos de cuota.

Víctor Humberto Bahamón Rivera, adquirió por adjudicación en sucesión derecho de cuota a Campos Pedro, según escritura pública número nueve mil seiscientos cincuenta y uno (9.651) del ocho (8) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), otorgada en la notaría veintisiete (27) del Círculo de Santafé de Bogotá D.C., registrada a folios número 50C-1248568 (Mayor extensión) y 50C-1428171de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá D.C., zona centro.

3. Permuta derechos de cuota.

Campos Pedro, adquirió mediante contrato de permuta de cuota parte de derechos que celebró con Carlos Martínez y Elena Santamaría, por escritura pública número tresvcientos(sic) cuarenta y ocho (348) del veinticuatro (24) de febrero de mil ochocientos ochenta y nueve (sic) (1899), otorgada en la notaría segunda (2ª) del Círculo de Santafé de Bogotá D.C., y posteriormente adjudicado como cuerpo cierto dentro del juicio divisorio del bien común promovido por los condómines (sic) para terminar la comunidad proindivisa, Elisa Santamaría de Abadía, Rosa Santamaría de Ospina, Paulina Santamaría de Barriga, Rafael Almanza, José del Carmen Piñeros, Teófilo Soto, Mercedes Triana de Santamaría y Magdalena Santamaría de Restrepo, ante el juzgado sexto (6º) civil del circuito de Santafé de Bogotá, D.C., según sentencia del nueve (9) de mayo de mil ochocientos ochenta y nueve (sic) (1899), e inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá D.C., zona centro a folio 05C-1248568(sic).

(…).

E. Certificado de tradición y libertad.

Los certificados de tradición y libertad estudiados, son los distinguidos con los folios de matrícula inmobiliaria números 50C-1428171 y 50C-1248568 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá D.C., zona centro, expedidos el veinte (20) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996), comprenden un período superior a veinte (20) años y contiene todos los actos aquí estudiados.

F. Avalúo.

No se aporto(sic) para su estudio.

G. Documentos estudiados.

Los documentos estudiados son los siguientes:

1. Certificados de tradición y libertad distinguidos con los folios de matrícula inmobiliaria números 50C-1428171 y 50C-1248568 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá D.C, zona centro.

2. Fotocopia de la escritura pública de compraventa número mil quinientos sesenta y tres (sic) (1573) del (18) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995), otorgada en la notaría segunda (2ª) del Círculo de Facatativá (Cundinamarca).

3. Fotocopia de la escritura pública número nueve mil seiscientos cincuenta y uno (9.651) del ocho (8) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), otorgada en la notaría veintisiete (27) del Círculo de Santafé de Bogotá, D.C.

4. Fotocopia de la escritura pública número tresvcientos(sic) cuarenta y ocho (348) del veinticuatro (24) de febrero de mil ochocientos ochenta y nueve (sic) (1899), otorgada en la notaría segunda (2ª) del Círculo de Santafé de Bogotá, D.C.

H. Observaciones.

Se deben aportar los siguientes documentos:

1. Aportar los documentos descritos en los numerales 2, 3 y 4 del literal anterior en originales y/o por lo menos autenticados.

2. Aportar el avalúo comercial para su estudio, el cual debe ser realizado por un perito experto en la materia, inscrito en una de las agremiaciones nacionales y ser de plena confianza de la fiduciaria. Debe aportar fotocopia de la matrícula profesional.

3. Aportar fotocopia del recibo de pago del impuesto predial de 1996.

4. Aportar paz y salvo de contribución por beneficio general.

5. En el certificado de tradición y libertad número 50C-1248568 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá D.C., zona centro, se debe solicitar el registro del folio de matrícula inmobiliaria base de la presente.

6. En el certificado de tradición y libertad número 50C-1248568(sic) de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá D.C., zona centro, se debe solicitar el registro del folio de matrícula inmobiliaria base de la presente.

I. Concepto final.

Lote del terreno denominado “predio fortalecillas”, producto del desenglobe de uno de mayor extensión, situado en la zona de Engativa, de Santafé de Bogotá, D.C., departamento de Cundinamarca, con matrícula inmobiliaria sin asignar por parte de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá D.C., zona centro es de propiedad de Víctor Manuel Linares Valencia, de conformidad con los aspectos aportados, por lo tanto se puede realizar el contrato fiduciario, cumpliendo previamente las observaciones del presente estudio.

(…).

2. Avalúo del lote de terreno denominado “predio fortalecillas” realizado por la señora Ángela María Posada con matrícula Nº 1072 del registro nacional de avaluadores, a solicitud del señor Víctor Manuel Linares en copia simple, en donde se señala que el valor total de dicho lote corresponde a la suma de veintiocho mil seiscientos treinta y cinco millones doscientos veintitrés mil seiscientos cincuenta pesos ($28.635.223.650) debido a que este tiene un área de 520.640.43 metros cuadrados y el valor del metro cuadrado es de $55.000 pesos. En el avalúo comercial, al señalar las características del inmueble se consigna que los linderos fueron suministrados por el propietario debido a que dicho predio se segregará de uno de mayor extensión denominado “lote número 2” que tiene una extensión de 212.87 fanegadas(11).

3. Mediante la escritura pública 3754 del 25 de septiembre de 1996, otorgada en la notaría cuarenta y cinco del círculo de Bogotá, el señor Víctor Manuel Linares Valencia segrega 540.640.43 m2 del predio de mayor extensión denominado lote número 2 con matrícula inmobiliaria 50C-1428171. En el mismo instrumento público, el señor Linares Valencia constituye la fiducia y transfiere el dominio a título de fiducia mercantil irrevocable a la Fiduciaria Empresarial del predio segregado antes mencionado, el cual es denominado como “predio fortalecillas”(12).

4. La sociedad fiduciaria Fiduempresa, expidió a favor de Copexbanca los siguientes certificados de garantía en virtud del contrato de fiducia(13)

Copia autenticada del certificado de garantía 011/97 de fecha de 29 de enero de 1997 por un valor de $500.000.000 de pesos obrante a folios 60 a 62 del cuaderno 2.

Copia autenticada del certificado de garantía 028/97 de fecha de 5 de marzo de 1997 por un valor de $500.000.000 de pesos obrante a folios 63 a 65 del cuaderno 2.

Copia autenticada del certificado de garantía 029/97 de fecha de 5 de marzo de 1997 por un valor de $500.000.000 de pesos que reposa a folios 66 a 68 del cuaderno 2.

5. La registradora de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá D.C., zona centro, mediante auto del 17 de julio de 1997 dispuso iniciar actuación administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 050-1428171, 050-1434665, 050-1442913 y 050-1453790, debido a que analizado el contenido de las escrituras públicas 9651 del 12-08-94 y 1573 del 18-08-95, las cuales fueron registradas como anotaciones 02 y 03 en folio 050-1428171 se evidencia que los linderos allí señalados no coinciden con los consignados en la sentencia mediante la cual adquirió el dominio el señor Pedro Campos, como tampoco se protocolizó la certificación catastral que fundamentara el cambio de linderos que por dicho instrumento se efectuó(14).

6. Mediante oficio del 20 de noviembre de 1997 dirigido a la presidenta de Fiduempresa, el liquidador de la Cooperativa de exempleados bancarios Copexbanca le comunica el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los pagarés 01-236 por valor de $500.000.000 con vencimiento al 20 de mayo pasado y 01-250 por 1.500.000.000 con vencimiento al 5 de junio siguiente, las cuales se encuentran insolutas sin que el deudor Víctor Manuel Linares haya realizado gestión alguna para cancelarlas. Así mismo, solicita que se adelanten los trámites necesarios para el pago de las mencionadas obligaciones teniendo en cuenta los certificados de garantía expedidos por la fiduciaria(15).

7. Oficio FG-081/01 de fecha 3 de marzo de 1998 suscrito por el vicepresidente jurídico de Fiduempresa,dirigido al doctor Jorge Gaitán Quijano como liquidador de Coexbanca, en el que se lee lo siguiente:

“Ref.: Fideicomiso de garantía Victor(sic) Manuel Linares- Fiduempresa S.A.

Respetado doctor:

Como es de su conocimiento el inmueble materia de fideicomiso registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1442913 se encuentra en investigación administrativa en la oficina de registro de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá zona centro como consta en la comunicación anexa, y hasta tanto dicho proceso no culmine y Fiduempresa S.A. sea formalmente notificada, la fiduciaria no puede iniciar el proceso de venta del bien fideicomitido.

Igualmente reiteramos la solicitud para la devolución de los certificado(sic) de garantía que fueran expedidos a favor de Copexbanca con cargo al fideicomiso de la referencia y que a la fecha no están(sic) respaldadas con soportes contables que demuestren los desembolsos realizados al señor Victor(sic) Manuel Linares.

Lo anterior por cuanto en nuestros control(sic) de correspondencia a la fecha no se registra la entrada de dichos documentos a la fiduciaria por parte de Copexbanca”(16).

8. El 26 de mayo de 1998, la registradora de instrumentos públicos de Santafé de Bogotá D.C., zona centro expidió la Resolución 512, mediante la cual se decidió de fondo la actuación administrativa en comento. Se consignó en dicho acto administrativo:(17)

“Verificada la tradición del predio matriz de acuerdo con los documentos que reposan en nuestros archivos, se ha determinado que en las escrituras 9651 de 12-08-94 notaría 27 y 1573 de 18-08-95 notaría 2 donde deriva su derecho Víctor Manuel Linares se consignaron linderos ostensiblemente diferentes a los consignados en la sentencia de 09-05-1899 del juzgado 6 civil del circuito que son los mismo(sic) consignados en Rip-20 remitido con CT. 269 de 13-08-97, sin que exista dentro de los instrumentos mencionados el fundamento legal para tal variación el cual sería la certificación del Departamento Administrativo de Catastro Distrital conforme al artículo 5º del Decreto 1711/84: “si el certificado catastral contiene los linderos del inmueble, los bienes objeto de transferencia, constitución o limitación del dominio se identificarán en la escritura en la forma señalada en aquel. En caso de que los linderos descritos en la escritura no coincidan con los del certificado catastral, el registrador de instrumentos públicos no la inscribirá.

Así las cosas, las escrituras enunciadas no han debido inscribirse en el registro por no identificar el predio que por ellas se transfería, vulnerando el artículo 82 del Decreto-Ley 1250/70, en razón a que en estas condiciones el folio 050-1428171 no refleja el estado jurídico real del inmueble que identifica, por lo que deben(sic) excluirse de esta matrícula la tradición que de los mismo(sic) instrumentos se originan como son las escritura(sic) 1926 de 24-06-96 notaría 51 Bogotá, escritura 3754 de 25-09-96 notaría 45 de Bogotá, escritura 2853 de 23-08-96 notaría 51 de Bogotá, escritura 1078 de 18-03-97 notaría 5 de Bogotá, y consecuencialmente cerrar las matrículas segregadas 050-1434665, 050-1442913 y 050-14533790.

En mérito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE:

"ART. 1º—Excluir del folio matriz 050-1428171 las anotaciones 02, 03, 04, 05, 06 y 07; cerrar las matrículas 050-1434665, 050-1442913 y 050-1453790 por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y realícense las salvedades de la ley.

"ART. 2º—Corregir al folio matriz 050-1428171 en anotación 01 el lindero oriente es “azimutal” y el año de registro y año de la sentencia es 1899 y realizar las salvedades de la ley.

"ART. 3º—Notificar esta providencia a Víctor(sic) Humberto Bahamon(sic) Rivera, Víctor(sic) Manuel Linares Valencia, Belisario López Izquierdo, Corporación junta de vivienda comunitaria Santo Domingo Engativá zona 10 y Sociedad Fiduciaria Empresarial S.A. Fiduempresa S.A. haciéndoles saber que contra ello solo procede el recurso de reposición por la via(sic) gubernativa (Instrucción Administrativa 11 de 1994).

"ART. 4º—Esta providencia rige a partir de su expedición”.

9. El 16 de junio de 1998, la señora Claudia Ortiz Rodríguez en calidad de presidenta y representante legal de la sociedad Fiduciaria Empresarial S.A. Fiduempresa, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 512 de 1998. Mediante Resolución 877 del 5 de agosto de 1998, la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona centro, confirmó la Resolución 512 de 1998 con fundamento en que la ley prevé la forma de subsanar las calificaciones erróneas en el momento de ser detectadas, toda vez que no es lógico ni legal que un error genere derechos como tampoco es el modo de adquirir un derecho real de dominio, de acuerdo con el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970(18).

10. Mediante Oficio FG-081/01 del 24 de junio de 1998, la presidenta de Fiduempresa le manifiesta al señor Jorge Gaitán Quijano como liquidador de Copexbanca, que “la fiduciaria no está en capacidad de atender su solicitud de iniciar el proceso de venta del inmueble objeto del fideicomiso en garantía hasta tanto no quede en firme la actuación administrativa surtida ante la oficina de registro de (sic) y se conozca la determinación final que sobre la situación jurídica del inmueble adopte dicha entidad”(19).

11. De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de UCN Sociedad Fiduciaria S.A. expedido por la Superintendencia Bancaria el día 4 de mayo de 2000, mediante escritura pública 3179 del 30 de junio de 1998 de la notaría 42 del círculo de Santafé de Bogotá D.C., se protocolizó la adquisición del ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas de la Sociedad Fiduciaria Empresarial S.A., Fiduempresa por parte de la UCN Sociedad Fiduciaria S.A., quedando la primera disuelta sin liquidarse. Por otra parte, la UCN Sociedad Fiduciaria S.A. en escritura pública 179 del primero (1) de febrero del 2000 otorgada en la notaría 24 del círculo de Bogotá, se protocolizó el acta 13 del 25 de enero de 2000 de la asamblea general extraordinaria, en la cual se aprobó la disolución y liquidación de la entidad(20).

12. Copia del certificado de tradición y libertad del número de matrícula 50C-1428171 de fecha 4 de marzo de 1997(21):

“Anotación: Nº 1 fecha: 16-06-99 Radicación: 96-DR 089

Documento: Sentencia del 19-05-99 Juz. 6 C. Cto. de Bogotá valor acto: $

Especificación: 106 adjudicación en liquidación de comunidad

Personas que intervienen en el acto (La X indica el propietario)

De: Santamaría de Abadía Elisa

De: Campos Pedro

De: Santamaría de Ospina C. Rosa

De: Santamaría de Barriga Paulina

De: Santamaría de Restrepo Magdalena

De: Triana de Santamaría Mercedes

De: Soto Teófilo

De: Almanza C. Rafael

De: Pi/eros(sic) José del Carmen

A: Campos Pedro

Anotación: Número 2 Fecha: 12-09-95 Radicación(sic): 95-73501

Documento: Escritura 9651 del: 12-08-94 Notaría 27 de Santafé de Bogotá Valor acto: $

Especificación: 150 adjudicación en sucesión derecho de cuota

Personas que intervienen en el acto (La X indica el propietario)

De: Campos Perdro

A: Bahamón Rivera Víctor Humberto X

Anotación: número 3 Fecha: 03-01-96 Radicación: 96-828

Documento: Escritura 1573 del: 18-08-85 Notaría 2 de Facatativá Valor acto: $ 16.000.000

Especificación: 101 Compraventa

Personas que intervienen en el acto (La X indica el propietario)

De: Bahamón Rivera Víctor Humberto 1603095

A: Linares Valencia Víctor Manuel 12090419 X

Anotación: Número 4 fecha: 08-07-96 Radicación: 96-60396

Documento: Escritura 1926 del: 24-06-96 Notaría 51 de Santafé de Bogotá Valor acto: $10.000.000

Especificación: 101 Compraventa parcial extensión 25.251.68 m2.

Personas que intervienen en el acto (La X indica el propietario)

De: Linares Valencia Víctor Manuel 12090419

A: López Izquierdo Belisario 361237 X

Anotación: número 5 fecha: 07-10-96 Radicación 96-90388

Documento: Escritura 3754 del: 25-09-96 Notaría 45 de Santafé de Bogotá Valor acto: $

Especificación: 914 Desenglobe extensión 520.640.43 m2.

Personas que intervienen en acto (La X indica el propietario).

Con base en la presente se abrieron las siguientes matrículas

1434665 lote “puerto amor” 1442913 lote fortalecillas.

Anotación número 1 Número corrección(sic): 1 Radicación(sic): 96-3143 fecha 10-05-96 Orden cronológico(sic) Corregido Vale Cod. OGF/AUX-8. “Anotación(sic) número 2 corrección(sic). Radicación: 96-RD783 fecha 19-04-96 Anotación (sic) ESC. 9651 Incluida Vale.T.C. 96-RD783. CDG. OGF/GVA AUXDEL 12”

13. Copia del certificado de tradición y libertad del número de matrícula 50C-1442913 impreso el 6 de marzo de 1997(22):

“Anotación: número 1 fecha: 07-10-96 Radicación: 96-90388

Documento: escritura 3754 del: 25-09-96 notaría 45 de Santafé de Bogotá Valor acto: $

Especificación: 914 desenglobe extensión (sic) 520.640.43 m2.

Personas que intervienen en el acto (La X indica el propietario)

A: Linares Valencia Víctor Manuel 12090419 X”.

Anotación: número 2 fecha: 07-10-96 Radicación 96-90388

Documento: Escritura 3754 del: 25-09-96 notaría 45 de Santafé de Bogotá Valor acto: $

Especificación: 915 otros transferencia de dominio a título de fiducia mercantil irrevocable

Personas que intervienen en el acto (la X indica el propietario)

De: Linares Valencia Víctor Manuel 12090419

A: Fiducia Empresarial S.A., Fiduempresa S.A. 8002108349

14. Copia simple del proceso ejecutivo iniciado por Copexbanca, en contra de Fiduempresa, del cual se extraen los siguientes documentos relevantes para el presente caso:

a. Copia simple de una demanda presentada por la Cooperativa de exempleados bancarios, para que se libre mandamiento de pago a favor de dicha entidad de acuerdo con los certificados de garantía expedidos por Fiduempresa, los cuales suman $2.000 millones de pesos(23).

b. Copia simple del auto de fecha 14 de septiembre de 1998. Dictado por el juzgado civil del circuito de Bogotá, mediante el cual se admite la demanda y se libra mandamiento ejecutivo a favor de Copexbanca(24).

c. Copia simple del escrito presentado por el doctor Sergio Muñoz Laverde en calidad de apoderado judicial de la UCN Sociedad Fiduciaria, mediante el cual propone excepciones de mérito en contra de la demanda ejecutiva instaurada por Copexbanca(25).

d. Copia simple del recurso de reposición y en subsidio apelación presentado por el doctor Sergio Muñoz Laverde en calidad de apoderado judicial de la UCN Sociedad Fiduciaria, contra el mandamiento ejecutivo librado por medio del auto de fecha 14 de septiembre de 1998(26).

e. Copia simple de la providencia del 1 de marzo de 2000 proferida por la sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de auto citado en el literal anterior(27).

f. Copia simple del auto proferido por el Juzgado Sexto Civil del circuito de Santafé de Bogotá, el cual decreta el levantamiento de la traba cautelar que pesa sobre bienes objeto de tal medida, en razón a lo dispuesto en los artículos 1227 y 1233 del Código de Comercio.

g. Copia simple de dos pagarés por valor de 2 mil millones de pesos girados por el señor Víctor Manuel Linares a favor de Copexbanca(28).

15. Dictamen pericial presentado el 26 de julio de 2001, por parte de los contadores públicos Elsa Amelia Bulla Sarmiento y Patricia de los Ángeles Pava, experticio que se practicó con el propósito de establecer el monto de los perjuicios causados a la demandante por los gastos en que incurrió con ocasión de acciones judiciales promovidas por Copexbanca, comisiones y gastos de administración del fideicomiso(29).

Sobre las copias simples que fueron aportadas con la demanda, las mismas serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes. Así pues, dado que han obrado a lo largo del proceso y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio.

Al respecto, la sección unificó su posición en reciente providencia(30); in extenso:

“Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a lafecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011 y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(…).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohija en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho) salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.

(…).

De otra parte, resulta pertinente destacar que la posibilidad de valorar la documentación que, encontrándose en copia simple ha obrado en el proceso —y por consiguiente se ha surtido el principio de contradicción, no supone modificar las exigencias probatorias respecto del instrumento idóneo para probar ciertos hechos. En otros términos, la posibilidad de que el juez valore las copias simples que reposan en el expediente no quiere significar que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias (v.gr. la constancia de ejecutoria de una providencia judicial para su cumplimiento).

Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)[3].

De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso.

Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”.

Los anteriores medios de prueba, fueron aportados y solicitados tener como prueba con la demanda, decretados en el auto respectivo de primera instancia y allegados en el período probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, por lo que serán valorados conforme a los principios que informan la sana crítica.

De conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso, está plenamente demostrado que la oficina de instrumentos públicos de Bogotá D.C. zona centro, incurrió en una irregularidad registral, consistente en inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria 050-1428171 que corresponde a un lote de terreno denominado lote 2 la escritura pública 9651 de 12 de agosto de 1994 de la notaría 27 de Bogotá bajo la anotación 2 y la escritura pública 1573 de 18 de agosto de 1995 de la notaría segunda de Facatativá bajo la anotación 3, de las cuales deriva su derecho el señor Víctor Manuel Linares Valencia quien a su vez efectuó la segregación del predio denominado Fortalecillas y lo trasfirió a la fiduciaria a título de fiducia mercantil en garantía irrevocable con el cual se constituyó el patrimonio autónomo, con el cual se garantizan las obligaciones del fideicomitente contraídas con terceros en el evento que incumpliera las mismas.

Lo anterior constituye una falla del servicio registral debido a que la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá D.C., zona centro, tenía el deber jurídico de rechazar la inscripción de las escrituras públicas antes citadas en las anotaciones 2 y 3 del folio 050-1428171, en razón a que los linderos descritos en dichos títulos no coinciden con los consignados en la sentencia (título-antecedente) mediante la cual adquirió el dominio el señor Pedro Campos, de conformidad con lo señalado en el artículo 5º del Decreto 1711 de 1984.

La falla en comento fue reconocida por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá D.C. zona centro, en la Resolución 512 del 26 de mayo de 1998, mediante la cual manifestó que “verificada la tradición del predio matriz de acuerdo con los documentos que reposan en nuestros archivos, se ha determinado que en las escrituras 9651 de 12-08-94 notaría 27 y 1573 de 18-08-95 notaría 2 donde deriva su derecho Víctor Manuel Linares se consignaron linderos ostensiblemente diferentes a los consignados en la Sentencia de 09-05-1899 del juzgado 6 civil del circuito que son los mismo (sic) consignados en Rip-20 remitido con CT.269 de 13-08-97, sin que exista dentro de los instrumentos mencionados el fundamento legal para tal variación el cual sería la certificación del departamento administrativo de catastro distrital conforme al artículo 5º del Decreto 1711 de 1984”.

También tiene la Sala por acreditado que la fiduciaria sufrió un detrimento patrimonial, materializado en la imposibilidad de obtener el derecho a recibir el pago de las comisiones pactadas en el contrato de fiducia y los gastos de defensa judicial en los cuales incurrió con ocasión del proceso ejecutivo iniciado por Copexbanca en contra de la fiducia UCN fiduciaria S.A., y cuyos montos pretendía recuperar a través de la venta del bien fideicomitido de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula décima cuarta del contrato referente a las condiciones en las que se procedería a vender el mencionado inmueble en el evento que el fiduciante incumpliera las obligaciones garantizadas con el patrimonio autónomo que constituyó, las cuales se cumplieron. Por lo tanto la fiduciaria padeció un daño que no tenía el deber de soportar.

En cuanto el daño antijurídico alegado en la demanda en relación con el patrimonio autónomo, a saber, “no ha podido cumplir con la obligación a su cargo, que subsiste toda vez que el acreedor garantizado dio cumplimiento a los requerimientos que el contrato establece para hacer efectiva la garantía ante el incumplimiento del deudor”(31); no se demostró.

Al respecto la Sala no encuentra acreditado que el patrimonio autónomo constituido en virtud de la transferencia de la propiedad del inmueble que corresponde a un lote de terreno denominado “Fortalecillas”, padeció un detrimento patrimonial, materializado en la imposibilidad jurídica y física de hacer efectiva la garantía ante el incumplimiento del fideicomitente o deudor en el pago de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000), cuyo monto debía ser cancelado a Copexbanca de acuerdo con los certificados de garantía que expidió la sociedad fiduciaria; lo anterior en razón a que no está probado en el proceso que el patrimonio autónomo haya pagado los aludidos dos mil millones de pesos ($2.000.000.000), como tampoco que el beneficiario los hubiere entregado, no obstante se hayan firmado los pagarés por dicho valor.

Entonces, probada como está la alegada falla del servicio registral, así como el daño padecido por la sociedad fiduciaria únicamente se procede a analizar si dicha falla fue la determinante del daño cuya reparación se demanda, en tanto que, como ya se precisó, resulta menester acreditar que el daño no tuvo su origen en el actuar poco diligente del administrado ya que “la obligación indemnizatoria no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios”(32) y, “por tal motivo, el comportamiento omisivo o negligente del usuario del servicio público registral determinante del daño, aún en presencia de una falla del servicio, impide la declaratoria de responsabilidad de la administración”(33).

En este sentido, la Sala no encuentra que la UCN Sociedad Fiduciaria S.A. diligentemente indagó ante la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá D.C. zona centro acerca de la situación jurídica del inmueble en comento, con el fin de establecer la viabilidad de la constitución de la fiducia en garantía irrevocable, toda vez que, no obra en el expediente certificado de tradición y libertad del folio 050-1428171 que fuere expedido con anterioridad al 25 de septiembre de 1996, fecha en la que se autorizó la escritura pública contentiva del contrato de fiducia.

La Sala advierte al respecto, que no obra prueba en el plenario de que esa irregularidad en el folio de matrícula inmobiliaria, fue sin lugar a dudas la que influyó en forma determinante en el ánimo del actor, al momento de decidirse a celebrar el negocio de fiducia mercantil en garantía irrevocable con el señor Víctor Manuel Linares Valencia —fideicomitente—, porque le hayan transmitido el convencimiento de que la situación jurídica del inmueble era la que se reflejaba en el certificado expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá D.C. zona centro, en el que constaba la inscripción mediante la cual el señor Linares Valencia adquirió el derecho de dominio del citado predio de mayor extensión identificado con matrícula inmobiliaria 050-1428171.

Por lo tanto, la afirmación hecha en la demanda por la parte actora al señalar que la falla del servicio fue la causa del daño padecido por el patrimonio autónomo y a la sociedad fiduciaria ya que “basados en la información que figuraba en los certificados de tradición y libertad expedidos por la Superintendencia de Notariado y Registro, por medio de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá D.C. zona centro, se celebró el contrato de fiducia al que se ha hecho mención y con base en el mismo “Fiduempresa” expidió los certificados de garantía que generaron obligaciones concretas y directas para el patrimonio autónomo frente al acreedor garantizado con los mismos”, no tiene soporte probatorio alguno, en razón a que no reposa en el expediente prueba que permita concluir que la sociedad fiduciaria, antes del aludido contrato fiduciario, hubiera solicitado y obtenido la expedición por parte de la oficina de registro de instrumentos públicos, del certificado de tradición y libertad del folio 050-1428171, y que le hubiera sido entregado un certificado que lo indujo en error y le generó una injustificada confianza que lo llevó a realizar un negocio jurídico.

Se observa entonces, que el certificado de tradición y libertad aportado por la parte actora como prueba de la irregularidad del mismo, al inscribir las anotaciones 02, 03 y 05 en folio 050-1428171, fue expedido el 4 de marzo de 1997, esto es, más de cinco meses después de celebrado el aludido contrato de fiducia mercantil (fl. 58 cdno. 2).

De esta manera, se tiene que la entidad demandada no suministró a la sociedad fiduciaria ninguna información equivocada del folio antes citado que la motivara a constituir la fiducia en garantía, con la cual se pudiere derivar responsabilidad de la administración como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia en este sentido.

De otro lado, llama la atención de la Sala que en el estudio títulos elaborado por un profesional del derecho contratado por la misma fiduciaria, no fue objeto de estudio el título de más relevancia y que corresponde a la sentencia del 9 de mayo de 1899 proferida por el juzgado sexto civil del circuito de Bogotá, mediante la cual por adjudicación de liquidación de comunidad adquiere dominio el señor Pedro Campos, que es donde proviene realmente derecho de dominio y se consignaron inicialmente los linderos que corresponden al predio lote 2. En este orden de ideas, de un simple cotejo o comparación de los linderos del inmueble adjudicado al mencionado señor Campos y el que ofrecía el señor Víctor Manuel Linares con el fin de segregarlo y transferirlo para constituir la fiducia, se habría encontrado la diferencia de linderos y cabida del predio del señor Campos, con lo cual si se hubiera identificado con certeza la real situación jurídica del inmueble, diligencia mínima razonable que de haberse cumplido habría arrojado unas observaciones distintas para el estudio de títulos, evitando así que se procediera a celebrar el contrato de fiducia. Esta diligencia no resulta excesiva si se considera que las entidades financieras deben actuar con prudencia y diligencia al momento de analizar los documentos y certificaciones que le permiten identificar con certeza la situación jurídica del inmueble durante las gestiones precontractuales a la realización de un negocio, más aun en el presente caso cuando el bien fideicomitido fue avaluado por más de veintiocho mil millones de pesos, avalúo además, que no fue contratado por la fiduciaria sino por el mismo fideicomitente en el que este mismo fue quien suministró las características del inmueble en relación con sus linderos.

En virtud de lo anterior, no se demostró en el proceso la “diligencia, previsión y cuidado que ha de observarse con anterioridad a la celebración de negocios jurídicos”(34), “mediante una prudente constatación del estado jurídico”(35), teniendo en cuenta que solo obra su afirmación en tal sentido, sin que se cuente con prueba que soporte su dicho.

Concluye la Sala, que en el presente caso el daño solo puede ser imputable a la parte actora y no a la entidad demandada, en razón a que como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala “la obligación indemnizatoria no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios”(36). Por consiguiente, como se acreditó que dicha información no fue la causa determinante del daño antijurídico alegado, sino la falta de diligencia que debió observar la parte demandante anticipadamente a la celebración del contrato de fiducia, se confirmará la sentencia apelada.

9. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del diecinueve (19) de mayo de dos mil cuatro (2004) por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) En razón a la cuantía, el proceso es de doble instancia, pues la pretensión mayor correspondiente a perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor del patrimonio autónomo, se estimó en $2.000.000.0000(sic), monto que supera la cuantía requerida en el año 2000 ($26.390.000) para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, fuere de doble instancia.

(6) ART. 90.—El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

(7) Consejo de Estado, SCA., Sección tercera, sentencia de 3 de agosto de 2006, Exp. 15704. C.P: Ramiro Saavedra Becerra.

(8) Consejo de Estado, SCA., Sección Tercera, sentencia de octubre 2 de 1997, Exp. 11720, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de noviembre 30 de 2000, Exp. 11895. C.P: Alier Hernández; Sentencia 14518. C.P. Ramiro Saavedra Becerra y sentencia de agosto 3 de 2006, Exp. 14435.

(9) Ibídem.

(10) Fls. 53 a 57 cdno. Pruebas.

(11) Fls. 33 a 52 cdno. Pruebas.

(12) Fls. 07 a 32 cdno. Pruebas.

(13) Fls. 60 a 68 cdno. Pruebas.

(14) Fls. 85 a 88 cdno. Pruebas.

(15) Fls. 90 a 91 cdno. Pruebas.

(16) Folio 192 cdno. 3.

(17) Fls. 97 a 100 cdno. Pruebas.

(18) Fls. 101 a 105 cdno. Pruebas.

(19) Fl. 95 cdno. Pruebas.

(20) Fls. 4 a 5 cdno. 1.

(21) Fl. 58 cdno. Pruebas.

(22) Fl. 59 cdno. Pruebas.

(23) Fls. 116 a 124 cdno. Pruebas.

(24) Fls. 134 cdno. 2.

(25) Fls. 137 a 147 cdno. Pruebas.

(26) Fls. 148 a 156 cdno. Pruebas.

(27) Fls. 157 a 168 cdno. Pruebas.

(28) Fls. 15 a 16 cdno. Pruebas.

(29) Fls. 1 a 314 cdno. 4.

(30) Consejo de Estado; Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013; Exp. 25022; M.P. Enrique Gil Botero.

[3] “Las pruebas formales tienen y cumplen una función eminentemente procesal: llevarle al juez el convencimiento sobre determinados hechos. Las pruebas ad solemnitatem o ad sustanciam actus, además, de cumplir la finalidad que cumplen las pruebas indicadas, son requisitos de existencia y validez de determinados actos de derecho material. Un escrito en donde consta que alguien debe $20.000 no solo sirve para demostrar lo indicado, sino además, para que el acto pueda existir (la compraventa de inmuebles)”. PARRA Quijano, Jairo “Manual de derecho probatorio”. Ed. Librería del Profesional. 17ª edición, Bogotá, 2009, pág. 172.

(31) Fl. 27 cdno. 2.

(32) Consejo de Estado, SCA., Sección Tercera, sentencia de octubre 2 de 1997, Exp. 11720. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(33) Consejo de Estado, SCA., Sección Tercera, sentencia de octubre 2 de 1997, Exp. 11720. C.P., Carlos Betancur Jaramillo y de noviembre 30 de 2000. Exp. 11895. C.P. Alier Hernández.

(34) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 16055, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de agosto de 2006, Exp. 15704, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(36) Consejo de Estado, SCA., Sección Tercera, sentencia de octubre 2 de 1997, Exp. 11720, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.