Sentencia 2000-01635/27269 de marzo 16 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCION “C”

Rad.: 25000-23-26-000-2000-01635-01 (27.269)

Actor: Compañía de Seguros Atlas de Vida S.A., en liquidación

Demandado: EPS Convida

Referencia: Acción contractual

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Bogotá D.C, dieciséis de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad(18), procede la Sala a resolver el asunto sometido a su consideración a través del siguiente esquema: 1. competencia; 2. hechos probados; 3. problema jurídico y caso concreto.

1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la Sentencia de primera instancia, toda vez que la cuantía se estimó en la suma de $ 1.660.802.106 y la que se requería para la época de presentación de la demanda —14 de julio de 2000— para que el asunto fuera susceptible de doble instancia, era de $ 26.390.000.

2. Medios de prueba.

Regular y oportunamente se allegaron al plenario las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica del contrato 0319 del 11 de mayo de 1998, celebrado entre la EPS Convida y la Compañía de Seguros Atlas S.A., cuyo objeto era la expedición de la póliza de seguro o reaseguro para amparar los riesgos correspondientes a las enfermedades ruinosas o catastróficas y de altos costos para el plan obligatorio de salud POS en el régimen subsidiado(19).

2. Copia auténtica del contrato 0318 del 11 de mayo de 1998, celebrado entre la EPS Convida y la Compañía de Seguros Atlas S.A., cuyo objeto era la expedición de la póliza de seguro o reaseguro para amparar los riesgos correspondientes a las enfermedades ruinosas o catastróficas y de altos costos para el plan obligatorio de salud POS en el régimen contributivo(20).

3. Copia simple de la póliza 091 del 13 de mayo de 1998 como seguro de “enfermedades de alto costo”, el tomador es la EPS Convida y el asegurado los afiliados a la EPS Convida del régimen contributivo con vigencia hasta el 13 de mayo de 1999. Como anexo se tiene la renovación a dicha póliza con vigencia del 13 de mayo de 1999 hasta el 12 de mayo del 2000(21).

4. Copia simple de la póliza de seguro —enfermedades de alto costo— régimen contributivo expedida por la Compañía Seguros Atlas de Vida S.A.(22).

5. Copia del anexo 018 de la póliza 091 por medio de la cual se modificaron ciertos amparos, exclusiones y modificaciones a la póliza en general(23).

6. Copia simple de la póliza 092 del 13 de mayo de 1998 como seguro de “enfermedades de alto costo”, el tomador es la EPS Convida y el asegurado los afiliados a la EPS Convida del régimen subsidiado con vigencia hasta el 13 de mayo de 1999. Como anexo se tiene la renovación a dicha póliza con vigencia del 13 de mayo de 1999 hasta el 13 de mayo del 2000(24).

7. Copia auténtica de la Resolución 000599 del 12 de noviembre de 1999, mediante la cual la EPS Convida declaró la caducidad del contrato 0318(25).

8. Copia auténtica de la Resolución 000600 del 12 de noviembre de 1999, mediante la cual la EPS Convida declaró la caducidad del contrato 0319(26).

9. Copias simples del recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuestos por el comisionado de la Superintendencia Bancaria en toma de posesión de la Compañía de Seguros Atlas de Vida S.A., en contra de las resoluciones 000599 y 000600(27).

10. Copia simple de la Resolución 0010 del 24 de enero de 2000, mediante la cual EPS Convida confirmó la Resolución 000599 del 12 de noviembre de 1999, además de negar por improcedente el recurso de apelación(28).

11. Copia simple de la Resolución 0011 del 24 de enero de 2000, mediante la cual EPS Convida confirmó la Resolución 000600 del 12 de noviembre de 1999, además de negar por improcedente el recurso de apelación(29).

3. Problema Jurídico y caso concreto.

Si se analizan los contratos 0318 y 0319 de 1998 suscritos entre la EPS Convida y la Compañía Seguros Atlas de Vida S.A., los cuales se relacionaron en el acápite anterior, en la cláusula decima octava se pactó lo siguiente: “CADUCIDAD—En caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la EPS CONVIDA mediante acto administrativo debidamente motivado podrá declarar la caducidad del contrato” y en la cláusula décimo novena se pactó “TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO—Para el cumplimiento del objeto contractual la EPS Convida podrá modificar, interpretar y terminar unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993”(30).

A partir de esta formulación, surgen los siguientes interrogantes: (i) ¿Tienen algún efecto jurídico las cláusulas excepcionales en especial la de caducidad pactada en el referido contrato? (ii) ¿Se pueden pactar tales estipulaciones bajo la egida de la Ley 80 de 1993?, y iii) ¿O Si por el contrario carecen de todo efecto?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará en primera medida el alcance y límites del principio de autonomía privada. Sobre el particular, mediante Sentencia C-186 de 2011 la jurisprudencia constitucional realizó un estudio sobre este principio, en ésta se expresó:

“En primer lugar la jurisprudencia se ha referido al origen de la figura y ha señalado se trata de un postulado formulado por la doctrina civilista francesa a mediados de los siglos XVIII y XIX, que ha sido definido como “[El] poder otorgado por el Estado a los particulares para crear, dentro de los límites legales, normas jurídicas para la autorregulación de sus intereses”(31). Igualmente ha indicado que esta institución tiene claros fundamentos filosóficos pues se trata de una expresión del pensamiento liberal de la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX(32), cuyo punto de partida era la teoría de los derechos naturales del individuo, es decir, la idea de unas libertades previas a la existencia del Estado. Desde la perspectiva liberal se consideró que la autonomía de la voluntad privada era el mejor medio para establecer relaciones útiles y justas entre los individuos. En efecto se consideraba que los individuos libres e iguales están en plena capacidad de velar por sus propios intereses, en consecuencia las reglas consentidas por ellos serían las mejores para asegurar su propio bienestar.

(…)

Como ha señalado esta corporación esta concepción racionalista de la autonomía de la voluntad privada, edificada alrededor de los postulados del Estado liberal, se manifestaba en las siguientes características: (i) El reconocimiento de una plena libertad para contratar o no, en principio en virtud del solo consentimiento; (ii) la libertad de los individuos de determinar el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas costumbres; (iii) la actividad negocial se dirigía exclusivamente a la regulación de los intereses particulares, es decir, a la consecución de un estado de felicidad individual; (iv) en caso de duda, en la interpretación de una manifestación de voluntad, siempre debía estarse a la voluntad de los contratantes, sin que el juez pudiese proceder a determinar otro tipo de efectos jurídicos(33).

Desde esta perspectiva el rol estatal se limitaba a: (i) la consagración de una cláusula general que permitiera a los particulares ejercer su libertad contractual; (ii) la interpretación de la voluntad de los agentes en caso de duda o ambigüedad en los acuerdos de voluntades celebrados por los particulares y; (iii) la sanción coercitiva en caso de su incumplimiento”.

Es decir, en sus inicios la autonomía privada se entendió como una libertad irrestricta propia de la filosofía de la cual surgió, esto es “como la defensa del individualismo y rechazo al intervencionismo”(34), concepción que con el cambio de estado fue modificándose:

“Empero desde la segunda mitad del siglo XIX, con la paulatina evolución del modelo de Estado liberal de derecho al Estado social de derecho, y el reconocimiento de un creciente poder de intervención estatal en la economía para proteger el interés general y los derechos de los sectores más necesitados de la población, se ha ido limitando de manera creciente el principio de autonomía de la voluntad y de contera la libertad contractual de los particulares. Por tanto, según ha dicho la Corte Constitucional “se puede afirmar que en la actualidad el principio de la autonomía de la voluntad privada mantiene su vigencia pero con restricciones o, visto de otro modo, se conserva como regla general pero tiene excepciones”(35).

Surge entonces lo que se ha denominado la concepción moderna de la autonomía de la voluntad privada(36), que supone la existencia de un poder dispositivo de regulación, pero sometido a la intervención normativa del Estado, de suerte que “lejos de entrañar un poder absoluto e ilimitado de regulación de los intereses de los particulares, como era lo propio del liberalismo individualista, se encuentra sometido a la realización de la función social de la propiedad privada y de las libertades básicas de la economía de mercado”(37).

Así, según ha reconocido esta corporación actualmente la autonomía de la voluntad privada se manifiesta de la siguiente manera: (i) En la existencia de libertad contractual sujeta a especiales restricciones cuando por ejemplo están en juego derechos fundamentales(38), se trata de servicios públicos(39), una de las partes ocupe una posición dominante o los acuerdos versen sobre prácticas restrictivas de la competencia; (ii) se entiende que el ejercicio de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual persigue no sólo el interés particular sino también el interés público o bienestar común; (iii) corresponde al Estado intervenir para controlar la producción de efectos jurídicos o económicos, con el propósito de evitar el abuso de los derechos; (iv) el papel del juez consiste en velar por la efectiva protección de los derechos de las partes, sin atender exclusivamente la intención de los contratantes(40).

El ordenamiento jurídico colombiano no ha sido ajeno a esta evolución, inicialmente la autonomía de la voluntad privada no aparecía reconocida en las constituciones del siglo XIX, no obstante se entendía que se derivaba del conjunto de libertades reconocidas en dichos cuerpos normativos. Así por ejemplo, la Constitución de 1886 en su texto original reconocía en el artículo 31 “los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles”, el artículo 37 establecía que no habría en el territorio nacional “bienes raíces que no sean de libre enajenación ni obligaciones irredimibles” y el artículo 44 consagraba la libertad de ocupación u oficio pero otorgaba a las autoridades la facultad de inspección en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas.

El reconocimiento más claro de la autonomía de la voluntad, al menos en su manifestación como libertad contractual, aparece en el artículo 1602 del Código Civil, cuyo tenor literal es el siguiente: “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, el mismo ordenamiento señala límites para su ejercicio pues su artículo 16 indica que “no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”.

(…)

Ahora bien, bajo el marco normativo de la Constitución de 1991, la autonomía de la voluntad privada no se concibe como un simple poder subjetivo de autorregulación de los intereses privados, “sino como el medio efectivo para realizar los fines correctores del Estado Social, a través del mejoramiento de la dinámica propia del mercado”(41) de manera tal que debe entenderse limitada y conformada por el principio de dignidad humana, los derechos fundamentales de las personas, la prevalencia del interés general, la función social de la propiedad (art. 58), el bien común como límite a la libre iniciativa privada, la función social de la empresa (art. 333), la dirección general de la economía a cargo del Estado y los poderes estatales de intervención económica (art. 334).

Sobre este tópico la Corte Constitucional en la Sentencia SU-157 de 1999 sostuvo que:

La autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, la libertad contractual gozan entonces de garantía constitucional. Sin embargo, como en múltiples providencias esta corporación lo ha señalado, aquellas libertades están sometidas a condiciones y límites que le son impuestos, también constitucionalmente, por las exigencias propias del Estado social, el interés público y por el respeto de los derechos fundamentales de otras personas (...)

Por lo tanto en el ordenamiento jurídico colombiano la autonomía de la voluntad privada debe entenderse como un principio que puede ser limitado por causa del interés social o público y el respeto de los derechos fundamentales derivados de la dignidad humana”.

Bajo el anterior planteamiento, actualmente no puede considerarse que las partes dentro del ejercicio de la autonomía de la voluntad puedan de forma absoluta determinar el contenido contractual, pues dicho principio encuentra limitaciones, entre estas el orden público y las buenas costumbres.

Al respecto, es importante mencionar que el ordenamiento jurídico se encuentra conformado por distintos tipos de normas jurídicas, entre estas; las imperativas, y las dispositivas. Las primeras, son normas de orden público por lo que su cumplimiento es obligatorio, limitando el ejercicio de la autonomía privada de las partes, pues cualquier estipulación en contra de una norma imperativa deviene en nula; las segundas por el contrario, no son de obligatorio cumplimiento por lo que las partes pueden apartarse libremente de estas, y en caso de no hacerlo colmarán los vacíos dejados por las partes.

Así las cosas, la autonomía privada, principio que no solo tiene relevancia dentro de las relaciones negóciales privadas, sino que en virtud de lo dispuesto en los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 rige igualmente la actividad contractual de la administración pública no puede contradecir normas imperativas so pena de la nulidad de tales disposiciones.

Ahora bien, con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, igualmente debemos acudir a lo que establece la Ley 80 de 1993, sobre las cláusulas exorbitantes. En efecto dispone el artículo 14 de la citada ley lo siguiente:

“ART. 14.—De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley.

2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente.

“PAR.—En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2 de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales” (negrita fuera de texto).

De la disposición transcrita se concluye que las cláusulas excepcionales o el uso de las mismas, solo es posible pactarlas o ejercerlas, cuando existan normas legales consagradas en el estatuto general de contratación de la administración pública, que expresamente las autoricen.

Conforme a lo anterior, la regla general es que las potestades excepcionales —caducidad— no se pueden pactar dentro de un contrato, salvo cuando la ley lo autorice o presuma que ellas hacen parte integral del contrato. Como en este caso, el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 prohíbe la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales en los contratos de seguros, siendo esta una norma imperativa, no era posible jurídicamente —ni en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes— pactar dichas cláusulas, por ser cláusulas prohibidas y por tanto viciadas de nulidad absoluta.

Sobre el alcance e interpretación de las cláusulas exorbitantes, la Sala se pronunció en los siguientes términos:

“Advierte la Sala que, en vigencia de la Ley 80 de 1993, norma bajo la cual se suscribió el presente contrato, existen tres grupos de contratos en torno a los cuales el régimen de dichos poderes exorbitantes es diferente.

En el primer grupo se encuentran los contratos en los cuales las cláusulas excepcionales se tienen que pactar, es decir que son legalmente obligatorias, razón por la cual, si no se incluyen, se entienden pactadas; —son las denominadas “cláusulas virtuales”—. Los contratos que pertenecen a este grupo son: el de obra, los que tienen por objeto la explotación y concesión de bienes del Estado, la prestación de servicios públicos y las actividades que constituyan monopolio estatal(42).

Al segundo grupo pertenecen los contratos en los cuales se encuentra prohibido pactar dichas cláusulas, de manera que, si se incluyen habrá nulidad absoluta de la cláusula. A este grupo pertenecen, según el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 “... los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2 de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales...”.

El tercer grupo lo integran los contratos en los cuales la ley autoriza, pero no impone, que las partes del negocio jurídico acuerden su inclusión; el pacto de tales cláusulas, en estos casos, es opcional, de manera que la falta de estipulación significa que los poderes exorbitantes no existen. Este grupo está integrado por los contratos de prestación de servicios y suministro(43)(44) (negrilla fuera de texto).

Aplicando los postulados anteriores al caso sub lite, aparece demostrado que el 11 de mayo de 1998, la EPS Convida y la Compañía Seguros Atlas de Vida. S.A., suscribieron los contratos 0318 y 0319 cuyo objeto era la expedición de la póliza de seguro o reaseguro para amparar los riesgos correspondientes a las enfermedades ruinosas o catastróficas y de altos costos para el plan obligatorio de salud POS en el régimen contributivo y subsidiado respectivamente.

Posteriormente mediante las resoluciones 00599 y 00600, cuya nulidad se incoa en el presente asunto, la EPS Convida declaró la caducidad de los contratos 0318 y 0319 respectivamente, basándose en la cláusula décimo octava de ambos contratos la cual conforme al parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es una cláusula exorbitante que se encuentra expresamente prohibida en los contratos de seguros; en ese orden de ideas procede la declaratoria de nulidad de las citadas resoluciones, lo que equivale a la confirmación de la Sentencia de instancia.

Por otra parte, el apelante manifiesta que la prohibición de estipulación de cláusulas exorbitantes consagrada en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, únicamente abarca los contratos de seguros, y dado que lo que celebraron la EPS Convida y la Compañía de Seguros Atlas de Vida S.A., fue un contrato de reaseguro no puede hacerse extensiva tal prohibición.

Al respecto, considera la Sala que más allá del nombre dado por las partes al acuerdo de voluntades, pues el objeto de ambos contratos era la expedición de la póliza de “seguro o reaseguro”, se tiene que lo celebrado fue un típico contrato de seguro, toda vez que en el reaseguro, es la entidad aseguradora la que con el fin de cubrir los riesgos propios de su actividad y de reducir el monto de su pérdida posible cede a los reaseguradores parte de esos riesgos, situación que no se presenta en el sub lite.

En suma, los actos administrativos atacados, es decir las resoluciones 00599 y 00600 del 12 de noviembre de 1999 se encuentran viciados de legalidad toda vez que en estas la EPS Convida declaró la caducidad de los contratos 0318 y 0319 basándose en la cláusula décimo octava de los mismos que autorizaba la caducidad de los contratos, caducidad que es una de las cláusulas exorbitantes de derecho público expresamente prohibida en los contratos de seguros conforme al articulo14 de la Ley 80 de 1993 y que constituye una norma imperativa de obligatorio cumplimiento limitativa de la autonomía en la configuración contractual.

4. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “C” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, Sala de descongestión, el 10 de febrero de 2004.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(18) La demanda fue presentada el 14 de julio de 2000 y las resoluciones confirmatorias 010 y 011 son del 24 de enero de la misma anualidad, razón por la cual, se entiende que fue presentada en tiempo.

(19) Folios 2 a 6 cuaderno 2.

(20) Folios 8 a 11 Ibídem.

(21) Folios 13 a 16 Ibídem.

(22) Folios 17 a 29 Ibídem.

(23) Folios 30 a 34 Ibídem.

(24) Folios 50 a 54 Ibídem.

(25) Folios 78 a 84 Ibídem.

(26) Folios 85 a 91 Ibídem.

(27) Folios 94 a 109 Ibídem.

(28) Folios 110 a 127 Ibídem.

(29) Folios 128 a 148 Ibídem.

(30) Folios 5 y 11 Ibídem.

(31) Luigi Ferri. La autonomía privada. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1957, p. 8 (cita de la Sentencia T-668 de 2003 f. j. 12.).

(32) El tratado de La théorie des obligations de Jean Pineau atribuye completamente esta teoría a Kant, mientras que el Tratado en derecho de las obligaciones de Jean-Louis Baudouin ve en los enciclopedistas, específicamente en Diderot y Rousseau, sus creadores, a los cuales posteriormente agregaría Hobbes, Voltaire y Grocio. Veronique Ranouil (L’autonomie de la volonté: naissance et évolution d’un concept, Paris, Presses Universitaires de France, 1980 p. 13), hace remontar la aparición de este concepto al siglo XVI con Suárez y su desarrollo a al siglo XVII con Grocio, Hobbes, Pufendorf, Locke y Thomassius.

(33) Cfr. sentencias C-341 de 2006 f. j. 14 y T-668 de 2003 f. j. 14.

(34) Osorio Moreno, Néstor David (2013). “Las Cláusulas excepcionales en la actividad contractual de la administración pública: ¿Autonomía de la voluntad o imposición del legislador?” en Revista Digital de Derecho Administrativo nº 10. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 95-108.

(35) Cfr. sentencias C-341 de 2006 f. j. 14 y T-668 de 2003 f. j. 14.

(36) Sentencia T-668 de 2003.

(37) Ibídem.

(38) Existe una reiterada jurisprudencia de esta corporación sobre la restricción de la autonomía de la voluntad privada en contratos de medicina prepagada, al respecto cabe menciona la Sentencia C-1158 de 2008.

(39) Ver sentencias T-668 de 2003 y C-341 y C-993 de 2006.

(40) Ver la Sentencia T-668 de 2003.

(41) Ibídem.

(42) Al respecto dice el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80: “2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión” (negrillas fuera de texto).

(43) Dice el numeral 2 del artículo 14 que “Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios”.

(44) Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia 30 de noviembre de 2006. C.P. Alier Hernández Enríquez. Radicación 25000-23-26-000-2001-01008-01(30832).