Sentencia 2000-01714 de agosto 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Rad.: 2500023260002000 01714 01

Exp.: 28.660

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: María Teresa Garzón Baquero y otra.

Demandado: Municipio de Viota (Cundinamarca).

Referencia: Apelación sentencia-Reparación directa.

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 15 de julio de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que la demanda se presentó el día 11 de agosto de 2000 y la pretensión mayor se estimó en la suma de 3.500 gramos de oro equivalentes a $ 66.994.165 por concepto de perjuicios morales a favor de la menor Liza Yineth Garzón Osorio, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación para aquella época, esto es $ 26.390.000(14).

2.1.2. De otra parte, en cuanto hace a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que ésta se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la muerte de la señora María Isabel Osorio Riobo, acaeció el 13 de agosto de 1998, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el día 11 de agosto de 2000, se impone concluir que ocurrió oportunamente.

2.2. El material probatorio recaudado en el expediente.

La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, únicamente, los siguientes elementos de convicción:

— Registro civil de defunción de la señora María Isabel Osorio Riobo, el cual indica que su muerte se produjo el 13 de agosto de 1998 en el municipio de Viotá (Cundinamarca); como causa de su deceso se limitó a indicar que fue de forma “violenta”(15).

— Copia auténtica del acta de levantamiento realizada el 13 de agosto de 1998 por la Inspección de Policía del municipio de Viotá al cadáver de María Isabel Osorio Riobo, acta en la cual se consignó, entre otras, la siguiente información:

“Lugar muerte: lugar de habitación. Vereda. Alto Palmar.

Descripción del lugar del hecho: Hospital San Francisco de Viotá.

Lesiones: contusas.

Posible causa accidental: otros.

Descripción de heridas: cabeza: un orificio producido por arma contundente en la región parietal.

Según informaciones de la familia de la occisa, el arma contundente fue arrojada por una máquina manejada por el señor Manuel N. perteneciente a la asociación de municipios”(16).

— Testimonio rendido ante el a quo por la señora María del Carmen Muñoz de Herrera, quien, en relación con los hechos aludidos, indicó lo siguiente:

“Hace como 25 años que estoy en la vereda, echaron la carretera que va de Alto Palmar a la laguna el Indio, ellos, los de la asociación de municipios estaban haciendo la carretera, la casa queda hacia la parte de abajo la tierra allá es firme, al pasar las máquinas se colocaban las piedras hacia el lado del barranco y la comunidad les dijo a los muchachos que quitaran esa piedra porque era un peligro. (...). No me acuerdo cuánto duró, más o menos dos meses duraron haciendo eso. Es bien retirado de ahí ese sitio a la laguna. (...). La piedra estaba al lado del barrancopero no la empujó, rodó esa piedra y fue y cayó en la cocina,quedó metida en la cocina ahí era donde cocinaba la señora Teresa y María Isabel, suegra y nuera cocinaban en la misma cocina. Le fueron a decir al presidente de la junta, no me acuerdo quien era, dijeron que retiraran la piedra que era un peligro, y ellos no hicieron caso, de todas maneras no la retiraban. No me acuerdo si había algún ingeniero. Era una piedra grande, cogió fuerza de ahí para abajo y se metió allá. Eso tiene como unos 70 metros, supongo que hay de la carretera hacia allá,no sé muy bien. Ellos siguieron trabajando, lamentaron el hecho pero siguieron porque se necesitaba la carretera pronto”(17) (se resalta).

— Declaración del señor José Héctor Peñalosa Aldana, de la cual resulta pertinente transcribir los siguientes apartes referidos a la forma como ocurrieron los hechos que dan origen a la presente acción:

“Pues estaban abriendo una carretera para un acueducto que iba a la Laguna El Indio, y había una maquinaria de la asociación de municipios y resulta que el trabajo iba bien arriba de la casa de ellos, como es una pendiente entonces ellos, como es una pendiente dejaron una piedra al lado de la bancada y la comunidad le dijo al buldocero (sic) que las piedras quedaban mal ahí, entonces él no atendió el llamado que le hicieron y siguió trabajando hacia arriba y por ahí unos metros de donde quedaban las piedras y creo que por la vibración las piedras se fueron aflojando y salió una de ellas, y abajo en la casa la señora estaba haciendo unos quehaceres y precisamente pegó donde ella estaba. Y de allá la recogieron prácticamente muerta y la llevaron para el pueblo. (...). Por ahí rodó la piedra unos trescientos metros. La casa la desbarató totalmente”(18) (se resalta).

2.3. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el hecho dañoso sufrido por los demandantes, en tanto la muerte de la señora María Isabel Osorio Riobo, ocurridas el 13 de agosto de 1998, en la vereda Viotá (Cundinamarca)(19), supone, por sí mismas, una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico, frente a los cuales existe plena protección.

Ahora bien, establecida la existencia de los daños antijurídicos, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si ésta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser revocada o confirmada.

En cuanto al aludido hecho dañoso, si bien la parte actora sostuvo a lo largo del trámite de la presente acción que la muerte de la señora María Isabel Osorio Riobo fue producida por una piedra que cayó del sector donde las entidades demandadas adelantaban la construcción de una carretera, para la Sala no resulta posible imputar tales hechos al Estado, por las siguientes razones:

Del exiguo material probatorio aportado al proceso se puede establecer, únicamente, que el día 13 de agosto de 1998, en la vereda Alto Palmar del municipio de Viotá (Cundinamarca), la señora María Teresa Osorio Riobo murió como consecuencia del impacto de una piedra de gran tamaño que cayó sobre el lugar de su residencia —así se estableció en el acta de levantamiento de cadáver y así coinciden en señalarlo los testimonios rendidos en este proceso—.

No obstante lo anterior, advierte la Sala que con fundamento en los medios probatorios con que cuenta el proceso y a los que ya se hizo referencia no es posible establecer que la piedra que causó la muerte de la señora Osorio Riobo hubiere sido movida o empujada por una de las máquinas que supuestamente trabajaban en la construcción de una carretera en ese sector. En efecto, tal y como los aludidos testigos lo manifiestan “la piedra estaba al lado del barranco no la empujó, rodó esa piedra y fue y cayó en la cocina”, y “creo que por la vibración las piedras se fueron aflojando y salió una de ellas”, a lo cual cabe agregar que tampoco se tiene probado el lugar de donde habría caído la piedra, puesto que mientras la señora María del Carmen Muñoz Herrera señaló que fue a unos 70 metros de distancia aproximadamente, el señor José Héctor Peñalosa Aldana indicó que fue a unos trescientos (300) metros del lugar de la casa de habitación.

Así pues, reitera y resalta la Sala que con fundamento en los medios probatorios con que cuenta el proceso y a los que ya se hizo referencia no es posible establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjo la muerte de la señora María Isabel Osorio Riobo, menos aún en la forma en que se narraron en la demanda, pues —se insiste—, tales medios probatorios resultan insuficientes para probar que la piedra que causó la muerte de la referida víctima directa hubiese sido empujada o removida por maquinaria perteneciente a las entidades demandadas que supuestamente adelantaban trabajos en el sector.

Ciertamente, la Sala echa de menos algún medio probatorio válido e idóneo para acreditar la ejecución de obra pública por parte de las entidades demandadas para la fecha del accidente en ese sector, así como también, la investigación penal relacionada con la muerte de la referida persona, habría podido arrojar luces respecto de tales circunstancias.

Por lo tanto, forzoso resulta concluir que no existe criterio de causalidad que permita vincular la conducta o comportamiento de las demandadas para con los actos o hechos que concretaron el daño, por lo que en el caso concreto que ahora se examina se torna estéril cualquier examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, pues se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado(20) y aquellos encuentran fundamento y razón de ser solo cuando el daño antijurídico le es imputable a la administración, cuestión que no se configuró en el evento sub examine y, por ello, se releva al juzgador de ese tipo de análisis(21).

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga(22) probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir tan lamentable hecho al ente público demandado.

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la sentencia apelada y, en consecuencia, denegar las súplicas de la demanda.

2.4. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 15 de julio de 2004, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Decreto 597 de 1988.

(15) Fl. 2 cdno. 2.

(16) Fl. 4 cdno. 2.

(17) Fls. 41 a 43 cdno. 2.

(18) Fls. 67 a 68 cdno. 4.

(19) Así lo certificó el respectivo registro civil de defunción de la citada víctima (fl. Cdno. 2 cdno. 2).

(20) Respecto de la imputación como elemento de responsabilidad del Estado, en casos similares al que hoy se analiza, esta sección del Consejo de Estado ha sostenido :

“Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones —al menos en apariencia— dispares en relación con dicho extremo, la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del derecho de daños, el concepto filosófico de causa, toda vez que en esta parte del universo del derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia.” Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Exp. 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Exp. 17.405, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(21) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 165.16 y del 4 de junio del 2008, Exp. 16.643. M.P. Enrique Gil Botero.

(22) Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1º) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2º) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., nums. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones.” Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables.” Ídem. Pág. 406.