Sentencia 2000-01725 de junio 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 250002326000200001725 01 (26.834)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Actor: Oscar Mauricio Buitrago Rico

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., tres de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

1.1. La demanda.

El día 22 de agosto de 2000, obrando como cesionario de los derechos litigiosos que le correspondían a la sociedad Liz Air Corporation el abogado Oscar Mauricio Buitrago Rico, actuando en nombre propio formuló demanda de reparación directa, para lo cual, elevó las siguientes:

1.2. Pretensiones.

“2.1. Se ordene la reparación directa ocasionada por las actuaciones administrativas que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos, Acta de aprehensión Nº 01315 de febrero 12 de 1996 de la Administración Especial de Aduanas de Santafé de Bogotá, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– y Resolución 658-0010 de junio 03 de 1998 (ejecutoriada el 08 de septiembre de 1998) de la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Santafé de Bogotá, U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2.2. Como consecuencia de la primera declaración se condene a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al pago de las siguientes sumas:

2.2.1. Por daño emergente las siguientes sumas de dinero:

2.2.1.1. La suma de cuatrocientos veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norte América (US$ 420.000.00) correspondiente a lo dejado de percibir por parte de Liz Air Corporation por incumplimiento del contrato celebrado con la empresa Sociedad Aeronáutica de Santander S.A. –SASA– por el término de sesenta (60) meses, según consta en el contrato plasmado en la escritura Nº 426 de enero 18 de 1996 ante la Notaría Undécima del Círculo de la República de Panamá, que en fotocopia anexó al presente escrito y su original obra dentro del expediente surtido en vía gubernativa.

Para los efectos de la presente demanda, los US$ 420.000.00 se convierten a pesos colombianos según la tasa de cambio oficial para el 04 de agosto de 2000, a $ 2.177,67 por cada dólar, lo que arroja la suma de: novecientos catorce millones seiscientos veintiun mil cuatrocientos pesos m/cte. ($ 914.621.400.00).

2.2.1.2. La suma de cuarenta y tres millones doscientos mil diez pesos m/cte. ($ 43.200.010,00) correspondiente al pago de parqueo de la aeronave Fairchild 27, modelo F27AJ, por parte de la sociedad Liz Air Corporation a la firma Hangar Uno de Colombia Ltda., según factura cambiaria de compraventa Nº 002836 del 5 de marzo de 1999, que en original se anexa a la presente demanda.

2.2.1.3. La suma de cuarenta millones de pesos m/cte. ($ 40.000.000,00) por concepto de honorarios de abogado cancelados por la atención de la vía gubernativa, según constancia expedida por la sociedad Liz Air Corporation en ciudad de Panamá, el 21 de julio de 2000, que en original aportó al presente expediente.

2.2.2. A título de lucro cesante, las sumas objeto de condena deberán ser reajustadas de acuerdo con el índice de precios al consumidor más un 6% desde la fecha de la aprehensión hasta que se realice el pago a favor de demandante”.

1.3. Hechos.

Las pretensiones tienen fundamento en los hechos resumidos de la siguiente forma:

El día 12 de febrero de 1996, funcionarios de la División Operativa de la entonces Administración Especial de Aduanas de Santafé de Bogotá de la DIAN, por medio de acta Nº 01315 aprehendieron la aeronave Fokker 27, matrícula CFGZJ que había sido previamente sellada por los mismos funcionarios mediante acta Nº 1042 del 6 de febrero de 1996, por haber ingresado al territorio nacional para reparación y no haberse sometido al control aduanero.

Por auto Nº 334-0067 del 7 de febrero de 1997, se formuló pliego de cargos a las sociedades Liz Air Corporation y Sociedad Aeronáutica de Santander S.A. –SASA– como interesados en la aeronave, quedando vinculadas ambas empresas formalmente al expediente.

Dentro de dicha actuación la aeronave fue reconocida de la siguiente manera: aeronave marca Fairchild, modelo F-27AJ, año de fabricación 1959, serial Nº 53 equipada con dos motores turbo hélice marca Rolls Royce, modelo Dart Marc 532-7 con seriales Nº 13508 motor derecho, m13886 motor izquierdo, peso vacío 12.009 kilogramos, peso máximo de despegue 1.009 Kgs, con capacidad para 40 pasajeros y con los siguientes equipos e instrumentos de navegación dos VHF, dos VOR, dos Transpander, un radar, dos VHF comunicación, un radio altímetro un GPS, dos ADF con equipo de emergencia a bordo, por valor de $ 110.000.000 procedencia Panamá, pos 888.02.30.90.00, gravamen 0%, IVA 16%.

Posteriormente, con escrito radicado en la División de Fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Santafé de Bogotá, bajo el Nº 8847 del 25 de marzo de 1997, el apoderado de las empresas presentó respuesta al pliego de cargos Nº 334-0067 del 27 de febrero de 1997, explicando la situación especial de la aeronave de matrícula extranjera, sus diligencias de presentación ante la autoridad aduanera a su ingreso al país, las normas internacionales que permiten el ingreso de Colombia de las aeronaves de matrícula extranjera sin ninguna formalidad y la situación de fuerza mayor que tuvo la aeronave de matrícula extranjera cuando llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá y la necesidad de importar sus repuestos. Asimismo, se explicó la existencia de un contrato de arrendamiento de la aeronave posterior al ingreso del avión al país y la retención que por espacio de 2 años y 7 meses impidió la ejecución de dicho contrato.

Por medio de la Resolución Nº 658-0010 del 3 de junio de 1998, el Jefe de la División de Liquidación con el visto bueno de la Administración Especial de Aduanas de Santafé de Bogotá, ordenó la entrega de la aeronave por tratarse de un avión de matrícula extranjera cuyo ingreso al país no requiere de formalidad diferente a la autorización por parte de las autoridades aeronáuticas y por encontrarse legalmente el avión dentro del territorio colombiano al momento de la aprehensión (fls. 3-16 Cno. 3C).

1.4. Trámite en primera instancia.

La demanda fue admitida el 12 de septiembre de 2000, y notificada en debida forma al Ministerio Público el 25 de septiembre de 2000 y a la demandada el 20 de octubre de 2000 (fls. 19 vto. y 21 Cno. 3C).

1.5. La contestación a la demanda.

El ente demandado contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones y considerando que el contrato de cesión de derechos litigiosos con el que el demandante ejerció la acción de reparación directa carece de validez, toda vez, que al momento de su celebración “2 de agosto” no existía derecho litigioso alguno, requisito este exigido por el artículo 1969 del Código Civil.

Sobre la ilegalidad de la aprehensión, manifestó que la DIAN obró con total cuidado y diligencia pues antes de proceder a realizar la aprehensión de la aeronave ésta fue sellada mientras que se realizaron las consultas correspondientes con los superiores jerárquicos y realizada dicha aprehensión la entidad debe adelantar el procedimiento administrativo contemplado en el artículo 1º del Decreto 1800 de 1994.

Una vez culminado éste y resuelta la situación jurídica del bien, se procedió a hacer entrega cumpliéndose con los principios de justicia y eficacia consagrados en los artículos 63 y 64 del Decreto 1909 de 1992.

Finalmente, propuso la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisito formales y falta de legitimación en la causa por activa (fls. 23-41 Cno. 3C).

En auto del 7 de diciembre de 2000, se abrió el proceso a pruebas (fls. 57-60 Cno. 3C).

El 10 de diciembre de 2000, el tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 111 Cno. 3C).

1.6. Los alegatos de conclusión en primera instancia.

1.6.1. La parte demandante, alegó de conclusión insistiendo en los argumentos expuestos en la demanda y consideró adicionalmente que en la cesión de derechos litigiosos la DIAN es “… un tercero absoluto, en cuanto a la cesión misma, de tal manera que no le corresponde plantear vicios de legalidad de un contrato del cual no es parte, como tampoco utiliza los medios procesales para tal impugnación…”; que el perjuicio causado por la DIAN proviene de la falla en el servicio, por no decidir oportunamente la entrega de la aeronave y solo 2 años y 7 meses después procede a realizar su entrega cuando bien pudieron hacerlo desde el principio (fls. 112-117 Cno. 3C).

1.6.2. La parte demandada, alegó de conclusión insistiendo en los planteamientos expuestos en la contestación de la demanda, y considerando finalmente, que la actuación surtida por la DIAN dentro del expediente administrativo Nº 216/96 demuestra que estuvo perfectamente ajustada a la ley por lo que no existió en ningún momento ilegalidad o arbitrariedad ya que la causa de la aprehensión de la aeronave fue la larga permanencia en el hangar Nº 1 y el posterior contrato con la sociedad aeronáutica de Santander, lo cual, fue explicado una vez se adelantó el procedimiento administrativo tendiente a definir la situación jurídica del bien (fls. 118-123 Cno. 3C).

1.7. La sentencia de primera instancia.

En sentencia del 16 de diciembre de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sala de descongestión, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y negó las pretensiones de la demanda, considerando que:

“(…)

En el presente caso, el señor Oscar Mauricio Buitrago Rico se presenta a este proceso invocando la condición de cesionario de los derechos litigiosos en virtud de un contrato que obra a folios 1 y 2 del cuaderno principal el cual muestra a su respaldo “diligencia de reconocimiento y de presentación personal” de fechas 2 de agosto y 14 de agosto, respectivamente, ambas fechas del año 2000, habiendo sido presentada la demanda el 22 de agosto siguiente, admitida el 12 de septiembre del mismo año y notificada dicha providencia el día 20 de octubre de 2000… Así las cosas los derechos inherentes al presente proceso se entienden litigiosos a partir del 20 de octubre del año 2000 cuando se notificó la providencia admisoria, requisito que no ha tenido ocurrencia para la época (agosto de 2000) en que se suscribió el contrato de cesión de derechos litigiosos entre la sociedad Liz Air Corporation y el demandante Oscar Mauricio Buitrago Rico” (fls. 127-134 Cno. Ppal.).

1.8. El recurso de apelación.

La parte demandante interpuso y sustentó el recurso de apelación contra la sentencia, manifestando su inconformidad con el fallo por considerar que en lo referente a la cesión de derechos y la legitimación en la causa por activa al cederse el crédito se documentó la operación y se empleó en su operación o ejecución las modalidades permitidas por la ley habiéndose cedido un derecho litigioso porque no estaba reconocido directamente por el deudor, ni demandado judicialmente pues “… no se trata de una cesión de pretensión procesal caso en el cual objeto de la cesión es el objeto del proceso; no es la relación jurídico material ni el bien de la vida concreto a que el proceso afecta. Las pretensiones que se formulan, lo son por el actor demandante, el derecho que se cede deriva del acreedor cedente y es entendible que no siempre las pretensiones deban tener el mismo alcance del derecho cuya ejecución se pretende porque el actor puede pedir más o pedir menos, sólo que el juez le acordará únicamente aquello que recibió y acreditó en el proceso cuando lo instauré…”.

Finalmente, consideró sobre la responsabilidad del demandado que el a quo pretermitió su estudio desconociendo los elementos constitutivos de la falla probada de conformidad con el acervo probatorio aportado al proceso (fls. 146-154 Cno. Ppal.).

El recurso se admitió el 17 de junio de 2004, (fl. 156 del Cno. Ppal.) y se dio traslado común para alegar el 24 de septiembre de 2004 (fls. 159-160 del Cno. Ppal.).

1.9. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

1.9.1. La parte demandante alegó de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la demanda y sustentación del recurso de apelación (fls. 161-164 de Cno. Ppal.).

1.9.2. Por su parte, la demandada alegó de conclusión insistiendo en los argumentos expuestos a lo largo de las instancias del proceso en el sentido de afirmar que el demandante carece de legitimación en la causa por activa a la luz de lo consagrado por el artículo 1969 y 1741 del C.C., pues claramente la demanda fue notificada con posterioridad al contrato de cesión de derechos litigiosos.

No obstante lo anterior, reitera la legalidad de la actuación de la administración al ordenar la aprehensión de la aeronave de propiedad de la sociedad Liz Air Corporation precedida de las facultades otorgadas por el artículo 92 de Decreto 2117 de 1992, en concordancia con el Decreto 969 de 1993, la Resolución 004 de 1993 y la Instrucción 001 de 1992 y como resultado de la verificación realizada por los funcionarios de la División Operativa de la Administración Especial Aduanera de Bogotá, tendiente a verificar el cumplimiento de las normas aduaneras sobre el ingreso de mercancías al territorio nacional (fls. 165-168 del Cno. Ppal.).

1.10. La competencia de la Sub-sección.

El artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, referido a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, dice: “el Consejo de Estado en la Sala Contenciosa Administrativa conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales (…)”. Así, la corporación es competente para conocer del asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes, en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado(1).

II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sub-sección a resolver el asunto sometido a su consideración a través del siguiente esquema: 1) la caducidad de la acción de reparación directa, 2) las pruebas obrantes en el proceso, 3) la legitimación en la causa por activa, y 4) la condena en costas.

2.1. La caducidad de la acción de reparación directa.

La Sección Cuarta de esta corporación, respecto de la caducidad de la acción consideró: “si bien es cierto que los daños irrogados al actor cesaron desde el momento en que se decidió la entrega material de la avioneta aprehendida a las sociedades Liz Air Corporation y Aeronáutica de Santander S.A., también lo es que la situación jurídica particular que sirvió de fundamento para demandar la reparación de los perjuicios generados a dichas sociedades, esto es, el proceso administrativo de aprehensión de la aeronave de su propiedad, concluyó hasta que el momento en el que la Resolución 658-0010 quedó en firme o ejecutoriada…

La Resolución 658-0010 del 3 de junio de 1998, se notificó en edicto desfijado el 8 de agosto de 1998 y, por lo tanto, quedó en firme hasta el día 8 de septiembre de 1998, debido a que, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1800 de 1994 (norma vigente en ese momento), la misma era susceptible de recurso de reconsideración.

La demanda de reparación directa fue presentada el 22 de agosto del año 2000, es decir, dentro del término de caducidad establecido en la legislación aplicable”(2).

2.2. Las pruebas obrantes en el proceso.

Para adoptar la decisión en el presente proceso resultan relevantes las siguientes pruebas:

— Original del contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado entre Liz Air Corporation y Oscar Mauricio Buitrago Rico (fls. 1-2 Cno. 1).

— Fotocopia autenticada de la escritura pública de constitución de la sociedad Liz Air Corporation S.A. (fls. 2-10 Cno. 2).

— Certificación suscrita por el representante legal de la sociedad Liz Air Corporation especificando los valores cancelados por concepto de honorarios profesionales dentro de la actuación administrativa surtida ante la DIAN en el Expediente 216 de 1996 (fl. 11 Cno. 2).

— Copia simple del Expediente 216/96 relacionado con la aprehensión de la aeronave Fokker 27 (fls. 38-121 Cno. 2).

2.3. La legitimación en la causa por activa.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que “la legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(3).

Sobre la legitimación en la causa, la Sala se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demandada y el demandado y que surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y por otra parte, habla de una legitimación material en la causa, que tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.

Así lo ha dicho la Sala:

“En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que está, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”(4).

El a quo en la decisión que es objeto del recurso de apelación al declarar probada la falta de legitimación en la causa consideró:

“(…)

En el presente caso, el señor Oscar Mauricio Buitrago Rico se presenta a este proceso invocando la condición de cesionario de los derechos litigiosos, en virtud del contrato que obra a folios 1 y 2 del cuaderno principal, el cual muestra a su respaldo “diligencia de reconocimiento y de “presentación personal” de fechas 2 de agosto y 14 de agosto respectivamente, ambas fechas del año 2000, habiendo sido presentada la demanda el 22 de agosto siguiente, admitida el 12 de septiembre del mismo año y notificada dicha providencia el día 20 de octubre de 2000, según diligencia visible a folio 21 del cuaderno principal. Así las cosas, según la norma transcrita, los derechos inherentes al presente proceso se entienden litigiosos a partir del 20 de octubre del año 2000, cuando se notificó la providencia admisoria, requisito que no había tenido ocurrencia para la época (agosto 2000) en que se suscribió el contrato de cesión de derechos litigiosos entre la sociedad Liz Air Corporation y el demandante Oscar Mauricio Buitrago Rico”(5).

Por su parte, el demandante en la sustentación del recurso de apelación argumentó:

“La cesión pura y simple es un negocio jurídico, abstracto, real, acto de autonomía privada dispositivo de un derecho subjetivo, útil para transferirlo a un tercero, en adelante único sujeto activo de la relación si es total, u otro apenas si la cesión es parcial y con quien o quienes se entenderá en lo sucesivo el deudor ante todo para el pago.

(…)

“… Se pueden enajenar no sólo las cosas que existen ahora, sino también cosas que se espera llegaran a existir, es natural anotar que es del todo legítima la cesión del crédito futuro (Messineo pág. 425) nótese que no distingue la especie de crédito cedido (litigioso o no), siempre que esté determinado o al menos sea determinable, como “res spes” o como “res sperata”, caso este último en que los efectos finales del negocio de cesión permanecerán en pendencia hasta cuando se defina la suerte de la condición suspensiva

(…)

El art. 1869 trae como norma, aplicable universalmente por analogía legis que la venta de cosa que no existe pero se espera que exista, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte pero en el caso sub-análisis, el objeto de la cesión es el crédito oponible al deudor, que le iría a ser esgrimido judicialmente, y que le podría ser cobrado directamente por la misma persona como cesionario titular del proceso que se iniciaría directamente o con ejercicio del poder que denotaba la voluntad de legitimar y constituir al tercero como titular del derecho y de la acción para que adelantara un proceso con resultados, ellos sí inciertos (uno no cede el modo como se está cobrando sino el crédito mismo con sus contingencias).

(…)

Entonces la cesión de un derecho litigioso puede celebrarse sobre un derecho litigioso actualmente, o sobre un derecho (situación obligacional que se cobra directamente y no se satisface por lo cual habrá de demandarse judicialmente) litigioso futuro porque el titular se propone demandar y entre tanto cede su condición a un tercero para que uno u otro o los dos, o uno por los dos (como titular y como apoderado presente la demanda, que admitida satisfará la cesión entre cedente y cesionario quedando este último a la espera del resultado del proceso que lo enfrentará con el deudor, quien notificado sabe a quién se enfrenta, de quien se defiende, a quien formula excepciones y respecto de quien debe honrar su deuda, según el negocio celebrado por los interesados y del cual es tercero y no puede demandar nulidad relativa, sino únicamente la absoluta por objeto ilícito o prohibición expresa, o declarar de oficio el juez, pero no es el caso que nos ocupa porque la cesión está sometida a condición y requisitos pero no está prohibida)…”.

El objeto del negocio jurídico de cesión, celebrado entre las partes fue del siguiente tenor:

“(…)

“Entre los suscritos a saber Francisco Giraldo mayor de edad, domiciliado y residente en ciudad de Panamá, República de Panamá, identificado como aparece al pie de su respectiva firma, en representación de Liz Air Corporation, sociedad anónima, organizada y existente conforme las leyes de la República de Panamá, quien en adelante se llamará El Cedente y Oscar Mauricio Buitrago Rico, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santafé de Bogotá, identificado como aparece al pie de su firma quien en adelante se llamará El Cesionario, en los términos de los artículos 1969, 1970 siguientes y concordantes del Código Civil Colombiano y demás disposiciones legales aplicables al caso hemos celebrado la presente Cesión de Derechos Litigiosos al tenor de las siguientes cláusulas: primera. Objeto: la cesión por parte de El Cedente a favor del Cesionario de los derechos litigiosos contenidos en la acción de reparación directa, que se instaurará ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por los perjuicios ocasionados con la aprehensión y posterior entrega de la aeronave Fairchild, F-27 AJ, serial 53, modelo Fokker, por parte de la Administración Especial de Aduanas de Santafé de Bogotá, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, por medio del expediente de vía gubernativa Nº 216 de 1996, Resolución 658-0010 de junio 03 de 1998 de la División de Liquidación de esa dependencia oficial. Segunda. Precio: las partes, de común acuerdo, fijan como valor de los citados derechos litigiosos en la suma de doce millones de pesos ($ 12.000.000.00) que el cedente adeudaba al cesionario por concepto de honorarios profesionales por la atención jurídica del expediente vía gubernativa Nº 216 de 1996 ante la Administración Especial de Aduanas Nacionales de Santafé de Bogotá. Entendiéndose así el cedente a paz y salvo por todo concepto con el cesionario y viceversa. Tercera. Efectos de la cesión: para la efectividad de la presente cesión de derechos litigiosos queda a elección del cesionario pedir el reconocimiento como tal dentro del citado proceso o hacer uso de las facultades a él conferidas por el cedente en el memorial poder para actuar. PAR.—El cedente queda enterado que a partir la fecha de la presente cesión no podrá efectuar revocatoria del poder conferido a favor del cesionario so pena de quedar incursos en los delitos de fraude procesal y estafa y demás delitos que resultaren demostrados en la investigación que al efecto habrá de iniciarse y perseguirse contra el cedente. Cuarta. Autenticidad: para los efectos a que hubiere lugar el cedente se obliga a autenticar sus respectivas firmas ante el notario que ellos elijan y ante las autoridades consulares. Quinta. Domicilio contractual: se fija como domicilio contractual la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., para constancia firmamos el presente documento a los dos (2) días del mes de agosto de dos mil (2000) en dos ejemplares del mismo tenor con destino a las partes”(6).

El artículo 1969 del Código civil establece:

“ART. 1969.—Cesión de derechos litigiosos. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente.

Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos, desde que se notifica judicialmente la demanda.

De conformidad con la norma antes transcrita para que una cesión de derechos litigiosos proceda se hace necesario que se haya presentado una demanda, que la demanda se haya admitido y que sobre dicho acto medie la respectiva notificación judicial(7), dicha norma desde ser entendida para aquellos casos donde la cesión opera dentro de un proceso judicial, el cesionario entra a reemplazar al cedente dentro del proceso (demandante o demandado) como sujeto de la relación jurídica procesal.

La norma anterior está en consonancia con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 60 del C. de P.C., el cual establece que “el adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”.

Sobre este aspecto en particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia consideró:

“(…)

“La cesión de derechos litigiosos contemplada en los artículos 1969 al 1972 del Código Civil, es el acto por medio del cual una de las partes del proceso transfiere a favor de un tercero, en forma parcial o total, su posición como sujeto de la relación jurídico procesal, constituida con la notificación a su contendor de la admisión de la demanda en que se ejercita la acción correspondiente al derecho debatido.

Esa especie de convención puede dar lugar en el proceso a la modificación de los litigantes en contienda, ya sea por ser desplazada la cedente por el cesionario o por admitirse la intervención de éste como coadyuvante de aquella, conforme emerge del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil según el cual “el adquirente a cualquier título… del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”.

De modo, pues, que cuando cualquiera de las partes cede el derecho discutido no necesariamente es reemplazo por el cesionario, por la sencilla razón de que el ordenamiento jurídico faculta al adquirente a intervenir en el juicio en calidad de tercero coadyuvante, actuación respecto de la cual no requiere la aceptación del contrario, pues basta con acreditar el traspaso efectivo del evento incierto de la litis, vale decir, aportar el contrato respectivo. Claro está, que tal documento debe brindar certeza sobre su autoría y, por supuesto, de haber sido suscrito en nombre de una persona jurídica será menester que obre prueba de su existencia y representación legal.

Ahora, si quien adquirió los derechos en pleito pretende ocupar la posición del cedente en el pleito, esto es, sustituirlo, deberá acudir a la figura de la sucesión procesal, la que presupone que la contraparte acepte expresamente dicha sustitución; incluso, ésta puede condicionar su decisión a que se respete su derecho al retracto y exigir que, si se presenta controversia al respecto, su petición sea tramitada como incidente, salvo en los eventos en (sic) es improcedente el retracto (artículos 60 del C. de P. Civil en armonía con el artículo 1971 del Código Civil)”(8).

Ahora bien, para aquellos casos como el sub examine donde las partes por voluntad propia han decidido ceder unos derechos previos al proceso, en este caso, según el inciso 3º del artículo 60 del C.P.C., el adquirente –cesionario– adquiere la cosa u objeto de la cesión, que sería en este caso el evento incierto de la Litis; objeto que se vuelve en derecho litigioso al momento en que se traba la Litis, con la notificación judicial de la demanda al tercero; el cual una vez notificado puede hacer uso del derecho que le otorga el referido inciso, aceptando u oponiéndose a la cesión, evento en el cual el cesionario tendría la condición de litisconsorte del cedente, pero para que ello ocurra era necesario que aquel hubiese también intervenido en la relación jurídico procesal como parte principal y el cesionario sería un coadyuvante de aquel, en los términos que lo establece el inciso 1º del artículo 52 del C.P.C., el cual establece que “quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia.

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio”.

Si analizamos el contrato que ha dado lugar a este asunto, se tiene que la intención que se deriva del acuerdo de voluntades, plasmada en la cláusula segunda del contrato, es del siguiente tenor:

“Segunda. Precio: las partes, de común acuerdo, fijan como valor de los citados derechos litigiosos en la suma de doce millones de pesos ($ 12.000.000.00) que el cedente adeudaba al cesionario por concepto de honorarios profesionales por la atención jurídica del expediente vía gubernativa Nº 216 de 1996 ante la Administración Especial de Aduanas de Santafé de Bogotá. Entendiéndose así el cedente a paz y salvo por todo concepto con el cesionario y viceversa”.

Es decir, el objeto de la cesión de la cosa –evento incierto de la Litis– se limitaba a garantizarle al apoderado judicial los honorarios que el cedente le adeudaba aquel hasta el monto de doce millones de pesos, en los términos allí pactados; pero en ningún momento se puede entender del citado contrato que lo cedido por el cedente a su cesionario –apoderado– fuese la totalidad de los derechos litigiosos o el evento incierto de la Litis que se derivarían de la acción de reparación directa derivada de la aprehensión de la aeronave, porque dicha indemnización se radicaba única y exclusivamente en la víctima del daño, que en este caso sería Liz Air Corporation y no en su apoderado.

La cesión de derechos litigiosos, mirado de esta manera no tendría ningún reparo, y estaría en consonancia con lo dispuesto en el artículo 53 numeral 6º del Decreto 196 de 1971, el cual establece de manera perentoria que, “constituyen faltas de lealtad con el cliente:

“(…)”

6. Adquirir del cliente parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales”.

De esta manera, del análisis en conjunto y de la interpretación del contrato en cita, la voluntad de las partes plasmada en la cláusula segunda, se limitó a eso, donde el apoderado judicial adquirió del cedente parte de su interés en causa, –interés en donde– en el evento incierto de la Litis que tendría el cedente en el proceso de acción de reparación directa que seguiría para demandar la indemnización de perjuicios derivada de la aprehensión ilegal de la aeronave.

Pero de lo anterior se deriva este interrogante: ¿sería que el cesionario en este caso el apoderado, tendría legitimación autónoma e independiente para cobrar la suma consignada en la cláusula segunda, independientemente de la acción de reparación directa que se radica en cabeza de la sociedad Liz Air Corporation? La respuesta a este interrogante es no, porque la legitimación del cesionario –en este caso el apoderado– para reclamar sus derechos derivados de sus honorarios profesionales, estaban sujetos a una condición suspensiva, cual era que la sociedad Liz Air Corporation, hubiese iniciado o instaurado la acción de reparación directa contra la DIAN, tendiente a que se le indemnizaran los perjuicios derivados de la aprehensión de la aeronave. Y una vez iniciado dicho proceso, se radicaba en cabeza del cesionario –en este caso el apoderado– la legitimación en causa, para intervenir en ese asunto en condición de coadyuvante de la parte actora, porque tal como lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, relacionada en párrafos anteriores, “esa especie de convención puede dar lugar en el proceso a la modificación de los litigantes en contienda, ya sea por ser desplazada la cedente por el cesionario o por admitirse la intervención de éste como coadyuvante de aquella, conforme emerge del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “el adquirente a cualquier título... del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”.

De modo, pues, que cuando cualquiera de las partes cede el derecho discutido no necesariamente es reemplazado por el cesionario, por la sencilla razón de que el ordenamiento jurídico faculta al adquirente a intervenir en el juicio en calidad de tercero coadyuvante, actuación respecto de la cual no requiere la aceptación del contrario, pues basta con acreditar el traspaso efectivo del evento incierto de la Litis, vale decir, aportar el contrato respectivo”.

Por lo tanto, no hay lugar a -+ equívocos para concluir que en este caso, se dio la anterior situación. Es decir, que en este caso, la calidad que tendría el cesionario –apoderado demandante– sería la de litisconsorte del cedente, pero para que ello ocurriera era necesario que aquel hubiese también intervenido en la relación jurídico procesal como parte principal y el cesionario sería un coadyuvante de aquel, en los términos que lo establece el inciso 1º del artículo 52 del C.P.C., ya citado.

Pero como lo anterior no ocurrió, por la sencilla razón que la sociedad Liz Air Corporation, no ejercitó la acción respectiva, el cesionario –en este caso el apoderado– carecía de legitimación en causa activa, no solo para reclamar la totalidad de los perjuicios derivados de la aprehensión de la aeronave, porque no le pertenecían; sino que además el pago de los honorarios, estaba supeditado a la prosperidad de las pretensiones derivadas de la acción de reparación directa –evento incierto de la Litis– que hubiese iniciado aquella sociedad y no podía el cesionario de manera autónoma ejercitar un derecho que estaba supeditado al éxito de las pretensiones principales.

En consecuencia, esta Sub-sección confirmará la sentencia apelada al considerar que existió falta de legitimación en la causa del demandante.

2.6. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sub-sección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia del 16 de diciembre de 2003, proferida por la Sección Tercera Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin costas.

3. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 A la fecha de presentación del recurso –19 de enero de 2004– se encontraban vigentes las disposiciones contenidas en el Decreto 597 de 1998, según las cuales, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2000 tuviera vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la cuantía exigida para efecto, estimada en $ 26.390.000. En este caso la pretensión mayor de la demanda asciende a $ 914.621.400, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

2 Fls. 241-242 Cno. Ppal.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia de octubre 31 de 2007; Rad. 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

5 Fl. 132 Cno. Ppal.

6 Fls. 1-2 Cno. 1.

7 Sobre la cesión de derechos litigiosos la corporación ha considerado: “(…) el contrato de cesión de derechos litigiosos es una figura sustancial cuya regulación se encuentra prevista en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil; dicha normatividad lo define como un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial –cedente–, transmite a un tercero –cesionario–, en virtud de un contrato, a título oneroso o gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés de las partes del proceso.
En la celebración de la cesión de derechos litigiosos intervienen sólo dos partes, a saber: la parte procesal cedente (tradente), quien transmite el evento incierto de la litis del cual hace parte el derecho material o sustancial debatido en el proceso, y quien debe responder tan solo de la existencia del proceso mas no de la suerte que pueda correr la relación jurídica que se debate, y cesionario (adquirente), quien obtiene el evento incierto o derecho aleatorio, a título oneroso o gratuito. Sentencia del 24 de enero de 2013. C.P. Hernán Andrade Rincón. Exp. 18.148.

8 Sentencia del 15 de mayo de 2012. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Exp. 1100131030022000-00754-01.