Sentencia 2000-01726 de febrero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000232600020000172601 (28.667)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Pedro Elías Galvis Hernández

Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP

Bogotá, D. C., veinte de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(3), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta Corporación.

2. Caducidad.

El artículo 136 del CCA preceptúa:

(…)

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

(…)

Sobre el adecuado entendimiento de la anterior norma, para los casos de ocupación permanente de inmuebles por obras públicas, la corporación ha reiterado, en múltiples oportunidades que “el termino de caducidad para el ejercicio de la acción de reparación directa no puede quedar suspendido permanentemente, razón por la cual el mismo debe calcularse desde que la obra ha finalizado o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento anterior”(4).

Entonces, como la presente demanda se formuló el 22 de agosto de 2000, resulta claro que el término de caducidad no se completó(5) y que, por tanto, la Sala deberá pronunciarse de fondo.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación, con miras a determinar, con base en los medios de pruebas recaudados, especialmente la prueba pericial decretada para el efecto, si el valor establecido en primera instancia por concepto de indemnización corresponde al precio justo del bien inmueble que fue objeto de ocupación permanente.

4. Análisis del caso.

Teniendo en cuenta los antecedentes que rodean el sub lite y especialmente que la indemnización fijada por el a quo fue determinada con base en el valor del metro cuadrado, establecido por la Sociedad Colombiana de Avaluadores dentro del proceso de enajenación voluntaria intentado por la parte demandada, apartándose así del dictamen pericial practicado en este proceso, inicialmente se precisará el alcance de las normas especiales que regulan los avalúos de bienes inmuebles en este tipo de eventos (L. 397/98, D. 1420/98 y Res. 1º 762/98). Lo anterior, con el fin de adoptar la decisión que corresponde, circunscrita al monto de la reparación.

4.1 Avalúo de bienes inmuebles sujetos a expropiación.

4.1.1 La expropiación, encuentra sustento en el artículo 58 de la Constitución Política, a cuyo tenor “por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio”.

4.1.2 La Ley 388 de 1997, expedida, entre otros objetivos, con el fin de armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental, contempla entre otras modalidades de expropiación: la enajenación forzosa para predios que no cumplen su función social y la enajenación voluntaria y la expropiación judicial, para eventos en que concurren motivos de utilidad pública.

Para eventos donde la expropiación se realiza por motivos de utilidad pública, fincada en el desarrollo de proyectos urbanísticos de impacto social, la norma en comento establece que la administración pública competente puede iniciar un proceso de enajenación voluntaria, para ello, previa a la declaratoria del bien como de interés público, el representante legal de la entidad adquirente realiza una oferta al particular propietario. La oferta, entre otros aspectos, contendrá el precio base de la negociación(6) determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario sobre avalúos expedido por el Instituto Agustín Codazzi. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra, en relación con el inmueble a adquirir y en particular con su destinación económica.

De no lograrse la negociación directa, la administración deberá comparecer ante el juez civil(7), con el fin de lograr la expropiación del bien, evento en el que la indemnización que decretare el juez comprenderá el daño emergente y el lucro cesante, esto es el valor del inmueble expropiado y lo dejado de percibir por sus propietarios o poseedores, para lo cual el juez tendrá en cuenta el avalúo presentado dentro de los antecedentes del proceso de enajenación voluntario o podrá decretar uno nuevo, con el fin de establecer el valor del bien expropiado(8).

4.1.3 El Decreto 1420 de 1998(9) reglamentó el procedimiento de avalúos e impuso al Instituto Geográfico Agustín Codazzi la expedición de una normativa general, con el fin de desarrollar los métodos para adelantar la valoración económica de los bienes objeto de expropiación(10).

El Decreto 1420 de 1998 de manera general establece las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración del avalúo comercial de bienes inmuebles (art. 1º), definiendo la expresión valor comercial como “el precio más favorable por el cual este se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien” (art. 2º). El decreto fija además, parámetros y métodos para su realización (arts. 21 y 22) los cuales, de acuerdo con esta misma normatividad, deberán sujetarse a la normativa expedida por el instituto con este propósito (art. 23).

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi adoptó mediante Resolución 762 del 23 de octubre de 1998 (fls. 62 a 89, cdn. 4) los métodos para la realización de los avalúos: i) de comparación o de mercado (art. 1º), ii) de capitalización de rentas o ingresos (art. 2º), iii) de costo de reposición (art. 3º) y vi) el residual (art. 4º). Interesa, el primero por haber sido el empleado por los peritos para la realización del avalúo en el asunto que ocupa a la Sala.

La técnica mencionada busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables, previa su clasificación, análisis e interpretación.

Ahora, de acuerdo con esta normativa para la realización de todo avalúo, además se deben agotar las siguientes etapas (art. 6º):

— Revisar la documentación suministrada por el solicitante y si hace falta algo de lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998 se procede a solicitarlo por escrito.

— Definir y obtener la información que adicionalmente se requiere para la correcta identificación del bien. Se recomienda especialmente cartografía de la zona o fotografía aérea, para la mejor localización del bien.

— Verificar la reglamentación urbanística vigente.

— Reconocimiento en el terreno del bien objeto de avalúo.

— Verificar las medidas y el inventario de los bienes objeto de la valoración, cuando sea del caso.

— En la visita de reconocimiento deberán tomarse fotos que permitan identificar las características más importantes del bien, las cuales posteriormente permitirán sustentar el avalúo.

— Cuando se realicen las encuestas, deberán presentarse las fotos a los encuestados para una mayor claridad del bien que se investiga.

— Revisión de título, especialmente del folio de matrícula inmobiliaria para constatar la existencia de afectaciones, servidumbres y otras limitaciones que puedan existir sobre el bien.

4.1.3 (sic) Precisado lo anterior, como se advirtió, procede la Sala a realizar el estudio del caso concreto, para el efecto se valorarán a la luz de las anteriores consideraciones, los medios de prueba que sirvieron como fundamento para establecer la indemnización de perjuicios en el presente caso.

4.2 El caso concreto.

4.2.1 Los antecedentes del proceso demuestran que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP declaró de utilidad pública la zona Humedal del Jaboque por lo cual dispuso la enajenación de los predios de la zona, mediante Resolución 145 del 17 de febrero de 1998 (fl. 32, cdn. 1).

El 30 de mayo de 2000, la empresa formuló oferta de compra sobre parte del predio denominado Lote Jaboque, específicamente de 2.654,99 m2, fijando como precio base de negociación la suma de $59.737.275, de acuerdo con el avalúo comercial realizado para el efecto por la Sociedad Colombiana de Avaluadores (fls. 32 a 34, cdn. 1). Dictamen que, como se verá a continuación tuvo en cuenta únicamente como parámetros para la determinación del costo del metro cuadrado la ubicación y la extensión del predio:

“Avalúo Comercial

Dirección: Lote comprendido aproximadamente entre las carreras 110 C y 111 A y entre las calles 70 B y 70 C.

Propietario: No definido en la información suministrada.

Terreno

Área Total: $2.654.99 mts2

VR. unitario: $22.500.oo

Valor ítem 1: $59.737.275.oo

Son: cincuenta y nueve millones setecientos treinta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte” (fls. 174 y 175, cdn. 1).

No habiéndose llegado a un acuerdo, en el tramite de enajenación voluntaria, por cuanto el propietario rechazó la compra parcial del predio y el precio de venta ofrecido (fls. 35 y 36, cdn. 1), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, ESP dispuso la expropiación y el pago del precio indemnizatorio, en los términos de la Resolución 1150 del 27 de octubre de 2000 acto administrativo que fue debidamente notificado y frente al cual no se interpusieron recursos (fls. 209 a 212, cdn. 1).

Tramitado el respectivo proceso de expropiación, el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá dictó sentencia acogiendo las pretensiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, ESP; en consecuencia ordenó la expropiación parcial del Lote Jaboque en una porción de 2.654,99 m2 y su avalúo, con el fin de establecer la dimensión real del bien y el monto de la indemnización. Los expertos en esta oportunidad determinaron el precio del metro cuadrado en $230.000 (fls. 17 a 22, cdn. 6).

4.2.2 Ahora bien, con el fin de lograr una indemnización por la afectación de la parte del lote que no fue expropiada; empero sí ocupada; se inició el presente proceso, en el cual, entre otras pruebas, la parte demandante solicitó un dictamen pericial con el fin de determinar el valor comercial de los restantes 3.455,37 m2, practicado y presentado por el ingeniero civil Carlos Emilio Torres Arias y el perito valuador David Lara Pineda, el 21 de febrero de 2003, aceptado por las partes, en tanto, dentro de la oportunidad legal, no lo objetaron ni solicitaron su aclaración o complementación.

Los expertos procedieron así: realizaron una visita al inmueble para verificar la obra pública, efectuaron un levantamiento topográfico, obtuvieron copia del plano del sistema de drenaje del Humedal Jaboque que contenía el trazo con los interceptores, analizaron el plano levantado con motivo de la obra por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP, consultaron los avalúos catastrales con cinco años de anterioridad y las escrituras del lote vecino que enajenó la propia demandada, examinaron los títulos de propiedad.

Luego procedieron a contestar el cuestionario que se les había planteado, sobre el punto materia de discusión manifestaron:

“5. Que de acuerdo con el estudio anterior y teniendo en cuenta el avalúo catastral y los demás factores determinantes del precio de la tierra en ese sector, se establezca a valor del predio por metro cuadrado para calcular el precio total, incluido el lucro cesante y el daño emergente.

Ra. Para absolver la pregunta se utilizó el método de comparación o mercadeo contemplado en la Resolución 762 del 23 de octubre de 1998 del Instituto Agustín Codazzi, que en la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien a partir del estudio de transacciones de inmuebles comprados en este caso por la misma empresa y para la misma obra de los lotes vecinos y el avalúo catastral para el año 2001, época en la cual se ocupó el inmueble por las obras públicas.

El resultado es el siguiente:

El avalúo catastral por metro cuadrado de terreno en el año 2001:

531.254.000/ 6.110,36 metros cuadrados = 86.943,15

Compra de un lote vecino por la empresa de acueducto para las mismas obras, escritura pública Nº 751 de fecha 4 de junio de 1998, lote de terreno de 144 metros cuadrados por valor de 52.908.000,00 a razón de 367.417 metro cuadrado ara (sic) la época.

Sobre estas bases de común acuerdo, hemos fijado el metro cuadrado de terreno, para la época de la ocupación que se establece por la firma del contrato de obra pública SF-1-01-7000-006-2001 (…)” (fls. 1 a 6, cdn. 4).

El concepto analizado(11) fue rendido por dos expertos con conocimientos en la ingeniería civil y la valuación de bienes, personas que cuentan con la experiencia y experticia para hacer el análisis y el respectivo cálculo del valor comercial del metro cuadrado del Lote el Jaboque. Revisados sus fundamentos se observa que para su realización se empleó la metodología establecida por el Instituto Agustín Codazzi, como también conocimientos técnicos.

Los peritos realizaron una comparación de costos, teniendo como referentes, fundamentalmente, el avalúo catastral del bien al momento de los hechos y las escrituras de compraventa sobre un predio vecino efectuada por la propia empresa, para efectos de llevar a cabo la misma obra pública.

En términos generales, los peritos agotaron todas las etapas que exige la normativa especial para la práctica del avalúo, por cuanto, una vez revisada la documentación del predio, identificaron el inmueble, hicieron un levantamiento topográfico, efectuaron el correspondiente estudio de títulos y tomaron fotografías.

Además, su análisis a la luz de los restantes medios de prueba, permiten deducir su firmeza, pues, la conclusión a la que se arribó es una media aproximada entre el metro cuadrado establecido por la Sociedad Colombiana de Avaluadores, los peritos en el proceso civil y el dictamen dado por los expertos en este proceso, cálculo que, además, resulta consistente si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las reglas de la experiencia, el avalúo comercial generalmente es superior al avalúo catastral de los inmuebles.

Conclusión que no desvirtúa el avalúo realizado por la Sociedad Colombiana de Avaluadores, practicado en el etapa de enajenación voluntaria, para fijar un precio base de la oferta(12) que no puede ser superior al precio comercial del inmueble, con vigencia de un año, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998. Adicionalmente, el precio allí establecido fue considerado como irrisorio por el ahora demandante, razón por la que no accedió a la enajenación voluntaria, dando lugar al proceso de expropiación, instancia en la cual se decretó un nuevo dictamen para establecer el precio real del metro cuadrado.

De esta manera, la Sala se aparta de las consideraciones efectuadas en su momento por el a quo y procede a modificar parcialmente la sentencia impugnada, con el fin de calcular la indemnización de perjuicios con base en el monto por metro cuadrado establecido por los peritos dentro del presente proceso, por considerarse el monto más ajustado al avalúo comercial del predio.

Adicionalmente, de acuerdo a los parámetros fijados por la jurisprudencia de esta corporación y de haber lugar a ello se hará el reconocimiento de los intereses solicitados a titulo de lucro cesante en el recurso de apelación.

5. La indemnización por perjuicios.

En la demanda el actor solicitó el pago del “(…) valor del terreno ocupado según los hechos de la demanda, y los perjuicios civiles causados con la ocupación; liquidados como ordena el artículo 20 de la Resolución 762 del 23 de octubre de 1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (…)”.

Tratándose de la ocupación permanente de inmuebles por la ejecución de obras o trabajos públicos, una vez probada la concurrencia de los elementos exigidos para que se declare la responsabilidad del Estado, procede la valoración de los perjuicios que pueden consistir tanto en el daño emergente —entendido como el precio del inmueble ocupado—, cuanto en el lucro cesante —los ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir a consecuencia de su ocupación(13). En este sentido, la Sala ha sostenido:

“La indemnización de los perjuicios causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble debe atender a los principios de reparación integral del daño.

Esto significa que el juez administrativo, ante la prueba de una ocupación permanente por parte de la administración y de los perjuicios causados con aquella, al demandante, no debe limitar su condena al pago del valor del inmueble, con exclusión de otros eventuales perjuicios siempre que resulte probados.

En otras palabras, los conceptos de daño emergente y lucro cesante se imponen en el proceso administrativo de reparación directa por ocupación de hecho, siempre que el demandante los haya pedido y acreditado en el curso del proceso.

El daño emergente consiste en el precio del inmueble ocupado(14), y el lucro cesante se traduce en aquellos ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir como consecuencia de la ocupación del mismo”(15).

5.1 El daño emergente.

Lo constituye el valor del bien, la operación para su determinación sería la realizada en el dictamen pericial y que ahora se reproduce:

145.600 x 3.455.37 = $503.101.872

El valor del metro cuadrado, de acuerdo al dictamen pericial, asciende a 145.600 para el mes de febrero de 2001 y el área ocupada es de 3.455.37 m2, entonces el precio comercial del bien es de $503.101.872.

Esta suma que se actualizará conforme a la fórmula que para el efecto ha adoptado la corporación:

S-2000-01726-1.jpg
 

Donde:

Ra: Valor actualizado a obtener

Rh: Valor historio del predio

Ipc (f): Último índice de precios conocido (diciembre de 2013)

Ipc (i): Índice de precios a la fecha del dictamen pericial (febrero de 2001).

S-2000-01726-2.jpg
 

Ra = $896.273.075,50

Los perjuicios por daño emergente equivalen ($896.273.075,50) a ochocientos noventa y seis millones doscientos setenta y tres mil setenta y cinco pesos con cincuenta centavos.

5.2 El lucro cesante.

En relación con este aspecto, tratándose de supuestos de ocupación permanente de inmuebles por parte de la administración, la jurisprudencia de la Sala ha indicado:

En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. No es posible entonces solicitar al mismo tiempo que la compensación indemnizatoria (daño emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir.

(…)

En ese sentido y dado que el actor solicitó en sus pretensiones el pago de los perjuicios de toda índole, procederá, exclusivamente a título de lucro cesante el pago del interés técnico que dejó de producir el valor histórico de las fajas de terreno ocupada(16).

Como en el presente caso el actor no probó una actividad económica particular desarrollada en el predio, que haya cesado durante el tiempo que duró la ocupación permanente; como tampoco un valor particular dejado de percibir durante este tiempo por su ocupación, la Sala se limitará al reconocimiento del interés técnico que dejó de producir el valor histórico del terreno ocupado.

Así entonces:

I = K x R x T

K: base de la liquidación: $503.101.872

R: 6% anual: 0.5% mensual

T: meses (junio de 2000 a enero de 2014)

I = $503.101.872 x 0.5% x 163

I= $410.028.026

Los perjuicios por lucro cesante equivalen ($410.028.026) a cuatrocientos diez millones veintiocho mil veintiséis pesos

En suma por perjuicios materiales se reconocerá (896.273.075,50 +410.028.026 = $1. 306. 301.101,05) mil trescientos seis millones trescientos un mil ciento un pesos con cinco centavos.

6. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. Resuelve

Primero. MODIFÍCASE la sentencia proferida el día 14 de julio de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, por las razones dadas en los considerandos de este proveído, quedará así:

“Primero. Declárese administrativamente responsable a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP por los perjuicios materiales ocasionados al señor Pedro Elías Galvis Hernández por la ocupación permanente que afectó la integridad de su predio.

Segundo. Condénese en consecuencia a la entidad demandada, a reconocer y pagar al señor Pedro Elías Galvis Hernández los siguientes montos:

Como perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante la suma de ($1. 306. 301.101,05) mil trescientos seis millones trescientos un mil ciento un pesos con cinco centavos.

Tercero. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

Cuarto. Ordénese el registro de la presente sentencia como título de propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-12753543 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad”.

Segundo. NO CONDENAR en costas.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 115 del CPC y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, que serán entregadas al respectivo apoderado judicial que ha venido actuando.

Cuarto. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo».

(3) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 2000 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $26.390.000 —artículos 129 y 132 del CCA subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $600.000.000, por concepto de perjuicios materiales (fl. 51, cdn. 1).

(4) Sala Plena de Sección Tercera, auto de 9 de febrero de 2011, expediente 38271, C. P. Danilo Rojas Betancourth

(5) Las obras ejecutadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP, de acuerdo a lo manifestado en la demanda y los antecedentes del proceso de expropiación que se aportaron, se terminaron en el mes de junio del año 2000.

(6) El artículo 13 de la Ley 9 de 1989 establece: “Corresponderá al representante legal de la entidad adquirente, previa las autorizaciones estatutarias o legales respectivas expedir el oficio por medio del cual se disponga la adquisición de un bien mediante enajenación voluntaria directa. El oficio contendrá la oferta de compra, la transcripción de las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación, la identificación precisa del inmueble, y el precio base de la negociación. Al oficio se anexará la certificación de que trata el artículo anterior. Este oficio no será susceptible de recurso o acción contencioso-administrativa”.

(7) El artículo 61 de la Ley 388 de 1998, dispone: “(…) Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa (…)”.

(8) Los artículos 451 a 459 del C. de P. C. establecen el trámite del proceso de expropiación. El artículo 456 preceptúa “(…) El juez designará peritos que estimarán el valor de la cosa expropiada”.

(9) El artículo 1º del Decreto 1420 de 1998, indica: “Las disposiciones contenidas en el presente Decreto tienen por objeto señalar las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determinará el valor comercial de los bienes inmuebles, para la ejecución de los siguientes eventos, entre otros: 1. Adquisición de inmuebles por enajenación forzosa, 2. Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria, 3. Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía judicial, 4. Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía administrativa, 5. Determinación del efecto de plusvalía, 6. Determinación del monto de la compensación en tratamiento de conservación, 7. Pago de la participación en plusvalía por transferencia de una porción del precio objeto de la misma, 8. Determinación de la compensación por afectación por obra pública en los términos que señala el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989”.

(10) El artículo 23 del Decreto 1420 de 1998 señala: “En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las normas metodológicas para la realización y presentación de los avalúos de que trata el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial”.

(11) Según lo dispone el artículo 241 del CPC, el juez debe valorar la firmeza, precisión, calidad de los fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

(12) Esto se infiere, entre otras razones, de la utilización de la expresión “precio base de la negociación (art. 13, L. 9/89); de la existencia de un plazo para negociar (art. 61, inc. 6, L. 388/97); y del hecho que la etapa de negociación pueda terminar antes de ese plazo, porque el particular rechace cualquier intento de acuerdo (art. 20, L. 9/89).

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005); Rad.: 52001-23-31-000-1993-05663-01(13643); C. P. Germán Rodríguez Villamizar; Actor: Pablo Daniel Portilla Maya; Demandado: Municipio de Túquerres.

(14) Nota original de la sentencia citada: Puede consultarse al efecto, Sentencia 9718 del 3 de abril de 1997.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diez (10) de mayo de dos mil uno (2001), Rad.: 20001-23-31-000-1993-0273-01(11783); C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros; Actor: Sociedad Construcciones e Inversiones Santa Rosalía Ltda.; Demandado: Municipio de Valledupar.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de abril tres (3) de mil novecientos noventa y siete (1997); Rad.: 9718; C. P. Ricardo Hoyos Duque; Actor: Blanca Ilba Polo de Buelvas; Demandado: Municipio de Morroa.