Sentencia 2000-01734 de abril 5 de 2013

 

Sentencia 2000-01734 de abril 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 27.153.

Rad.: 25000-23-26-000-2000-01734-01

Actor: Adriano Romero Vásquez y otro

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D.C., cinco de abril de dos mil trece

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por daño emergente, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. El 11 de noviembre de 1987, el Instituto de Desarrollo Urbano celebró un contrato por valor de $200.604.812,50 para “la construcción de la avenida Primero de Mayo, sector calle 47 sur, avenida Agoberto Mejía”, con una longitud aproximada de 1,07 kilómetros (copia auténtica del contrato de obra —fl. 56-71, cdno. 2—). La obra empezó a construirse el 12 de febrero de 1988 y se entregó a la entidad contratante el 28 de febrero de 1990 (copia auténtica del acta 10 de recibo final de obra y liquidación del contrato —fl. 44-55, cdno. 2—).

8.2. Mediante escritura pública 334 del 26 de marzo de 1997, registrada el 22 de mayo siguiente en el folio de matrícula inmobiliaria 50S-674561 —anotación 4—, los señores Jesús Efrén, Néstor Remigio, Israel Alfonso, Saúl, José Elí y Floralba Garzón Moreno, así como Carmen Teresa Garzón de Ruíz, Blanca Marina Garzón de Flórez, Dora María Garzón de Garzón, Gilma Rosa Garzón de Quesada y Stella María Garzón de Dueñas, vendieron a Jaime González Espinoza, Adriano Romero Vásquez y Cecilio Romero Vásquez, en proporción del 50% para el primero de ellos y del 25% para los dos restantes, el derecho de dominio sobre el siguiente bien inmueble (copia auténtica de la escritura pública 334 de 1997 y del folio de matrícula inmobiliaria 50S-674561 —fl. 4-5 y 13, cdno. 2—):

Un lote de terreno junto con la casa de habitación en él levantada, denominado El Diamante, el cual hizo parte del denominado San José, que a su vez hizo parte del predio Lucerna, vereda Pastrana, de esta ciudad, zona de Bosa, distinguido en la actual nomenclatura urbana de ésta con el número cuarenta y cuatro treinta sur (44-30 sur) de la transversal 80 (Tv. 80) y cuarenta y cuatro quince sur (44-15 sur) de la transversal 79 (Tv. 79) (avenida Primero de Mayo), con una extensión superficiaria aproximada de novecientos doce metros cuadrados con treinta y dos decímetros de metro cuadrado (912,32 m2), con registro catastral número BSU 15126 (mayor extensión), que se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos dados por los contratantes: Por el oriente, en diez y nueve metros (19,00 mts.) con la transversal 79 (avenida Primero de Mayo); Por el occidente, en diez y siete metros con setenta y cinco centímetros (17,75 mts.) con la transversal 80; Por el sur, en treinta metros con sesenta centímetros (30,60 mts.) con casa distinguida con la transversal 79 44-45 sur. En diez y siete metros con noventa centímetros (17,90 mts.) con casa distinguida con la transversal 80A 44A-18 sur; Por el norte, en catorce metros con cuarenta centímetros (14,40 mts.) con casa distinguida con transversal 79 45-09 sur. En siete metros (7,00 mts.) con casa distinguida con la diagonal 45 80A-23 sur. En siete metros (7,00 mts.) con casa distinguida con la diagonal 45 80A-27 sur. En siete metros (7,00 mts.) con casa distinguida con diagonal 45 80A-35 sur. En quince metros con cuarenta centímetros (15,40 mts.) con casa distinguida con la transversal 80 44-20 sur (...).

8.3. El 20 de mayo de 1997, los compradores del inmueble comparecieron a la Notaría 51 del Círculo de Bogotá manifestando que por un error involuntario en la elaboración de la escritura pública de compraventa “se citaron equivocadamente tanto el área como las medidas que corresponden realmente al predio que fue objeto material del contrato”. En consecuencia, suscribieron una nueva escritura pública —la 613 del 20 de mayo de 1997 que se registró el 22 de mayo de siguiente (anotación 5) en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria—, mediante la cual aclararon la escritura pública de compraventa, en los siguientes términos:

Su área total [la del predio] es de 2.151 vs 2 (sic) equivalentes a 1.376.64 mts 2 y linda: Por el norte: en setenta y ocho metros (78,00 mts) con la otra mitad del lote San José propiedad de Faustino Montaño Rodríguez. Por el sur: En extensión de setenta y ocho metros (78,00 mts) con el lote de Manuel Montaña Neira y Alfonso Rojas. Por el oriente: En diez y siete metros con sesenta y cinco centímetros (17,65 mts) con parte del predio del señor Víctor Julio Ramírez C., antiguo propietario y Por el occidente: En diez y siete metros sesenta y cinco centímetros (17,65 mts), medidos de sur a norte, con el camino de Avianca, hasta encontrar el camino de 8,00 mts de ancho que se dejó a favor del resto de la finca del anterior vendedor (copia auténtica de la escritura pública 9613 de 20 de mayo de 1997 —fl. 12 y 13, cdno. 2—).

8.4. El 6 de octubre de 1998, el señor Jaime González Espinoza vendió a los señores Adriano y Cecilio Romero Vásquez el derecho de dominio y posesión que ejercía sobre el 50% del lote de terreno identificado por su extensión y linderos en la escritura pública 0613 del 20 de mayo de 1997 (copia auténtica la escritura pública 1658 del 6 de octubre de 1998 —fl. 16-18, cdno. 2—). El acto de la transferencia del dominio quedó registrado el 7 de octubre de 1998 —anotación 7— en el folio de matrícula inmobiliaria 50S-674561 (copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria —fl.13, cdno. 2—).

8.5. El 8 de abril de 1999, los señores Adriano y Cecilio Romero Martínez, invocando su condición de propietarios del lote de terreno ubicado en la transversal 80 44-30/ transversal 79 44-15 de la ciudad de Bogotá, formularon derecho de petición ante el Instituto de Desarrollo Urbano, con el propósito de que la entidad reconociera y pagara a su favor los perjuicios ocasionados por la construcción de la avenida Primero de Mayo, que se tradujo en la ocupación permanente de un área aproximada de 483,34 m2 de su propiedad, sin que a la fecha de presentación de la solicitud se hubiera adelantado el desenglobe del área afectada ni se hubieran modificado los títulos pues los actores “continúan respondiendo por la totalidad del inmueble, pese a que después de construida la vía pública solo disponen del área restante aproximada de 893,40 m2” (original del derecho de petición —fl. 27-29, cdno. 2—).

8.6. En respuesta a la anterior petición, el director técnico de construcciones del IDU expidió el oficio STAP-3400/1251 del 27 de abril de 1999, en el cual manifestó lo siguiente (original del oficio respectivo —fl. 32, cdno. 2—):

(...) en relación con el predio ubicado en la transversal 80 44-30 le informo que dicho predio está localizado en lo que fue la ampliación de la Av. 1º de mayo (sic), que buscando dentro de los archivos del instituto no se encontró expediente alguno que hiciera referencia a este predio, por lo tanto le solicito comedidamente me informe si en el pasado se adelantó algún proceso de adquisición de este predio y si así lo fuere, nos hiciese saber el número del registro topográfico respectivo, y tipo de compromiso realizado por el Instituto con los propietarios.

8.7. El 12 de mayo de 1999, los señores Adriano y Cecilio Romero Vásquez, radicaron ante el IDU un documento en el que manifestaron que no se había adelantado por parte de la entidad ningún proceso de adquisición del predio e indicaron que desconocían el número de registro topográfico por cuanto “el Instituto no ha realizado ningún compromiso con ellos ni con los propietarios anteriores”. En consecuencia, solicitaron “se sirva atender y resolver” lo solicitado en la petición inicial (original del documento radicado el 12 de mayo de 1999 —fl. 33, cdno. 2—).

8.8. En respuesta a esta segunda petición, el IDU expidió un nuevo oficio, el STAP-3400/1778, sin fecha, en la que le informó a los demandantes que la reclamación presentada no era procedente al tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, donde se preceptúa que “la reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir de acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de obras públicas” (original del oficio —fl. 34, cdno. 2—).

8.9. Inconformes con la anterior respuesta, los actores presentaron una nueva petición el 10 de junio de 1999, en la cual reiteran la solicitud inicial, y cuyo texto es el siguiente (original del derecho de petición —fl. 35 y 36, cdno. 2—):

a) El IDU no adelantó ningún compromiso, ni proceso de adquisición del predio con sus propietarios, entendible y justificable ya que en 1991 no detentaban la posesión material del predio, y de otra, el poseedor pretendía el dominio en proceso de pertenencia, que terminó con sentencia del 30 de julio de 1998, ordenando cancelar la inscripción de la demanda que aparecía registrada desde el 26 de abril de 1998.

b) Es desde la sentencia del 30 de julio de 1998, en que los propietarios inscritos reivindican el dominio del inmueble que nos ocupa, la fecha en la que recuperan su Legitimación para reclamar antes ustedes la parte usada por la ampliación de la Av. 1º de mayo (sic).

8.10. El 1º de julio de 1999, el IDU, mediante el oficio STAP-3400-2158, indicó que “con el objeto de clausurar el asunto”, era cierto lo dicho por los peticionarios en el sentido de que la entidad no suscribió con ellos ningún compromiso para la adquisición del inmueble por cuanto “ellos no ostentaban la tenencia y posesión material del inmueble”. Por tal motivo, les indicó que:

Dado el transcurso del tiempo, esto es, más de ocho (8) años y nadie en su debida oportunidad procesal compareció ante este Instituto a reivindicar sus derechos, esta entidad no adelantará adquisición alguna por dicho asunto, por lo que deberán recurrir a la justicia ordinaria con el fin de que se dirima el conflicto planteado, y si es el caso, se ordene el reconocimiento pretendido (original del oficio STAP 3400-2158 —fl. 37, cdno. 2—).

III. Problema jurídico

9. Para emitir un pronunciamiento de fondo en este caso, es necesario analizar cuál es la causa del daño aducido en la demanda pues sólo esto determina el objeto del litigio que debe resolverse. Así pues, la Sala deberá definir si la parte actora funda sus pretensiones indemnizatorias en la ocupación permanente de una parte del inmueble de su propiedad, caso en el cual habría lugar a analizar si los actores se encuentran materialmente legitimados en la causa por activa y si la excepción de caducidad de la acción de reparación directa propuesta por la entidad demandada está llamada a prosperar; o si dichas pretensiones descansan en la negativa del Instituto de Desarrollo Urbano de adelantar una negociación para la adquisición de esa parte del terreno de su propiedad que resultó ocupada de forma permanente por la construcción de la avenida Agoberto Mejía, evento en el cual habría que determinar si se presenta una ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción.

IV. Análisis de la Sala

10. La Sala ha señalado en repetidas oportunidades que “la fuente del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional (...)”(2).

11. De manera que si el daño procede o se deriva directamente de un acto administrativo que se considera ilegal, este deberá demandarse en ejercicio de las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, consagradas en los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo. En cambio, si la fuente del daño es, como lo dice el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, la acción procedente será la de reparación directa.

12. En el caso sub examine el daño, esto es, la afectación del derecho de propiedad de los señores Adriano y Cecilio Romero Vásquez, se produjo por la ocupación permanente de una parte del inmueble de su propiedad, con ocasión de la construcción de una obra pública. Así se desprende claramente del texto de la demanda, en la cual se pone de presente que la causa petendi se relaciona con la ampliación de la avenida Primero de Mayo, obra con la cual se ocupó permanentemente un área aproximada de 529,5 metros cuadrados del lote de terreno de su propiedad.

13. La Sala, en consecuencia, no comparte los argumentos expuestos por la parte actora en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión, en el sentido de que la causa del daño no es propiamente la ocupación del inmueble, sino la negativa del Instituto de Desarrollo Urbano de adelantar con ellos un proceso de compra, pese a que previamente les había “prometido” que procedería de esta forma, una vez se resolviera el conflicto suscitado a partir de la demanda de pertenencia promovida por el señor Gustavo Flórez Garay contra los entonces titulares del derecho de dominio.

14. Si bien es verdad que los hechos relacionados con el trámite dado por la entidad a las distintas peticiones presentadas por los señores Romero Vásquez ante el Instituto de Desarrollo Urbano se formularon desde el inicio del proceso, también lo es que ello no desdibuja lo dicho previamente en cuanto a que esa no es la causa del daño cuya indemnización se reclama, pues de otra forma no podría explicarse que las pretensiones de la demanda estén orientadas a que se declare la responsabilidad extracontractual y administrativa del IDU “por la ocupación de hecho de carácter permanente de aproximadamente 529,5 metros cuadrados de terreno que son parte del inmueble de propiedad” de los demandantes (ver supra párr. 1).

15. Pero, aún aceptado como ciertos los argumentos del apelante, la decisión del tribunal a quo, consistente en proferir un fallo inhibitorio, no podría ser revocada porque en tal evento se configuraría una indebida escogencia de la acción en razón de que la causa del daño sería el acto administrativo contenido en el oficio STAP-3400-2158 de 1º de julio de 1999, mediante el cual el director técnico de construcciones del IDU informó a los demandantes, con el “objeto de clausurar el asunto”, que la entidad no estaba dispuesta a iniciar ninguna actuación tendiente a la adquisición del inmueble.

16. Ya en anteriores oportunidades la Sala ha señalado que la acción de reparación directa no es el mecanismo procesal idóneo para solicitar la indemnización de los perjuicios originados en un acto administrativo que se considera ilegal o violatorio de un derecho amparado en una norma jurídica, pues para ello el legislador ha establecido una acción distinta, que es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que la elección que haga el demandante en cada caso no puede sujetarse a su arbitrio, querer o capricho, “sino que obedece a la precisa finalidad que con ella se persigue y a las normas que la consagran y que describen los eventos que dan lugar a su procedencia (...)”(3).

17. Así, habiendo acreditado que la acción procedente en este caso para solicitar la indemnización de los perjuicios ocasionados a los propietarios del inmueble con ocasión de la ampliación de la avenida Primero de Mayo era la de reparación directa, debe la Sala establecer si los demandantes se encuentran materialmente legitimados en la causa por activa.

18. En relación con la titularidad del derecho de acción en los casos de ocupación permanente de inmuebles por trabajos públicos, esta corporación ha señalado que cuando el actor invoca la calidad de propietario del predio afectado por la actividad de la administración, debe acreditar que ostentaba dicha condición durante el tiempo en que las obras se realizaron y, en todo caso, antes de que las mismas hubiesen sido concluidas, pues de lo contrario carecería de legitimación para demandar indemnización por los perjuicios derivados de la ocupación:

En el campo de la indemnización por trabajos públicos o derivados de una obra igualmente pública, la fecha de ejecución cumple un papel decisivo como que permitirá, en principio, calificar la demanda como oportuna, dado que estas acciones de reparación directa, desde que empezó a regir el código contencioso administrativo adoptado por el Decreto 1º de 1984, tienen un término de caducidad de dos años contados a partir de la ejecución del trabajo o de la finalización de la obra pública, tal como lo dan a entender los artículos 86 y 136, inciso 40 del Código Contencioso Administrativo.

En tales condiciones, por tratarse de una obra construida antes de la adquisición del inmueble por parte del demandante, éste carece de legitimación para demandar tales perjuicios, máxime cuando en la venta que se le hizo (...) ninguna salvedad se hizo al respecto y menos una cesión de un posible derecho litigioso por los daños producidos por la obra misma(4).

19. Esta postura es compatible con la asumida por la Corte Suprema de Justicia en otro pronunciamiento en el que, siguiendo lo expuesto en el precedentemente citado, se anota:

La Corte dijo en dicho fallo [de fecha 31 de marzo de 1982]:

La acción que tiene por objeto establecer la responsabilidad extracontractual de quien por su culpa o delito ha causado daño a otro y obtener la correspondiente indemnización de perjuicios, es de carácter personal y, en consecuencia, sólo puede intentarse por el que ha sido perjudicado con el daño, como se deduce del artículo 2.342 del Código Civil y no simplemente por quien después adquiera el dominio de la cosa dañada, pues, se repite el derecho personal no es accesorio del real y para que pueda transmitirse a persona diferente de su titular es necesario que se dé cumplimiento a las normas relativas a la cesión de derechos de que trata el título XXV del libro IV del Código Civil(5).

20. En el caso concreto, está probado que la obra pública causante de la ocupación terminó de construirse el 28 de febrero de 1990 y que los señores Adriano y Cecilio Romero Vásquez adquirieron la propiedad del bien inmueble el 22 de mayo de 1997, con el registro de la escritura pública 0334 del 26 de marzo del mismo año (ver supra párr. 8.2). Esto significa que fue acertada la decisión del tribunal a quo, consistente en declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, teniendo en cuenta que los demandantes adquirieron la propiedad del inmueble cuando la entidad ya había concluido las obras de ampliación de la avenida Primero de Mayo.

21. Si bien las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia de primera instancia, la Sala considera pertinente analizar si la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, propuesta por la entidad demandada, está llamada a prosperar.

22. El artículo 136 Código Contencioso Administrativo —previo a su modificación por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(6)—, establece que el término para presentar demanda en ejercicio de la acción de reparación directa es dos (2) años “contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”(7).

23. La aplicación de dicha regla general se exceptúa cuando el conocimiento del hecho solo fue posible en un momento posterior a la ocurrencia del mismo, siempre y cuando que se observe que el interesado no pudo conocer el hecho dañoso en un momento anterior. En dichas situaciones el término de caducidad se cuenta a partir de que el interesado tiene conocimiento del daño cuya indemnización pretende(8), o desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o causación continuada(9).

24. En lo que tiene ver con la ocupación de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, debe establecerse si ésta es de carácter temporal o permanente, ya que en el primer caso el término de caducidad empieza a correr desde el momento en que cesa la ocupación del inmueble, y en el segundo, se cuenta desde la fecha de finalización de la obra(10). Con todo, no habrá lugar a la aplicación de esta regla cuando se demuestre que el interesado sólo tuvo conocimiento del daño con posterioridad a su ocurrencia:

Así las cosas, en tratándose de ocupación temporal o permanente de inmuebles el inicio del término para intentar la acción de reparación directa coincide con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del inmueble, es decir, desde cuando cesó la ocupación temporal, o desde cuando se terminó la obra en relación con la ocupación permanente, y sólo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo(11), de acuerdo con las circunstancias concretas del caso(12).

25. En este caso, está demostrado que el hecho dañoso, esto es, la ocupación permanente de una parte del inmueble de propiedad de los demandantes, ocurrió el 28 de febrero de 1990, cuando el IDU terminó de construir la avenida Primero de Mayo, en el sector de la calle 47 sur (ver supra párr. 8.1). Esto significa que los propietarios del inmueble tenían hasta el 28 de febrero de 1992 para interponer la acción de reparación directa. Sin embargo, esperaron hasta el 31 de julio de 2000 para hacerlo, por lo cual cabe concluir que la acción se ejerció extemporáneamente.

26. Ahora bien, no escapa a la atención de la Sala que los señores Adriano y Cecilio Romero Vásquez adquirieron, junto con el señor Jaime González Espinoza, la titularidad del derecho de dominio sobre el bien en un momento posterior a la construcción de la obra pública (ver supra párr. 8.2). Sin embargo, este hecho no tiene ninguna incidencia sobre el momento en que debe empezar a contabilizarse el término de caducidad pues, como lo ha dicho la dicho la Sección Tercera en eventos similares al que ahora se analiza(13), se trata de una situación en la que el daño se consolida sobre el inmueble una vez finalizada la obra, de manera que poco importa que la persona que demanda no sea la misma que fungía como propietaria al momento en que el IDU terminó la construcción de la avenida Agoberto Mejía.

27. En este punto, la Sala estima que en virtud del contrato de compraventa suscrito entre los señores Romero Vásquez y los antiguos propietarios del inmueble, estos adquirieron la obligación de entregar a aquéllos el bien en un estado tal que sirviera para su uso normal, de suerte que su utilización o disfrute no se vieran menguados total o parcialmente a consecuencia de los vicios jurídicos o materiales que lo afectaban(14). Por lo tanto, si la entrega no se cumplió en las condiciones anotadas a consecuencia de la construcción de la obra pública, los demandantes han debido acudir ante la jurisdicción ordinaria en ejercicio de la acción redhibitoria consagrada en el artículo 1914 del Código Civil, con el objeto de conseguir que se rescindiera la venta o, bien, que se rebajara proporcionalmente el precio del inmueble por los vicios ocultos.

28. Ahora bien, aun aceptando, en gracia de discusión que los actores no tuvieron conocimiento del daño de forma concomitante con la ocupación que lo originó, sino en un momento posterior, de todas formas habría que concluir que la acción se encuentra caducada pues las pruebas aportadas al proceso demuestran que ellos adquirieron proindiviso el dominio y la posesión del inmueble en el primer semestre del año 1997, luego no es razonable ni creíble que solo se hayan percatado de la ocupación del mismo en julio de 2000, cuando acudieron ante la jurisdicción contencioso administrativa.

29. Así las cosas, la Sala advierte que en el presente caso operó la caducidad de la acción de reparación directa respecto de la ocupación permanente del inmueble de propiedad de los demandantes, si se tiene en cuenta que la obra se terminó de construir el 28 de febrero de 1990, y la demanda se presentó el 31 de julio de 2000, por fuera del término de dos años establecido en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

V. Costas

30. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 18 de diciembre de 2003, por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca.

2. Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda, presentada el 31 de julio de 2000, la pretensión mayor, correspondiente al daño emergente, fue estimada en ciento ochenta y cinco millones trescientos veinticinco mil pesos ($185.325.000). Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2000 fuera de doble instancia, debe ser superior a $26.390.000.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, exp. 26.758, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 7 de junio de 2007, exp. 16.474, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 19 de julio de 2007, exp. 30.905, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 31 de agosto de 2005, exp. 29.511, C.P. María Elena Giraldo Gómez, entre otras.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2008, exp. 16054, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de mayo de 1994, exp. 8789, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. En el mismo sentido, véase la sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 15.531, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 1995, exp. 9451, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(6) Se observa que la modificación en comento no se encontraba vigente para el momento de ocurrencia de los hechos y, por consiguiente, no resulta aplicable al cómputo de la caducidad de la acción en estudio. Efectivamente, comoquiera que el respectivo término de caducidad ya había comenzado a correr, éste se rige de acuerdo a lo señalado por la ley vigente al tiempo de su iniciación —Decreto 2304 de 1989—, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

(7) Esta norma fue subrogada por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que dispuso que el plazo debe comenzar a contarse a partir del día siguiente de la ocurrencia “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, exp. 12.200, C.P. María Helena Giraldo Gómez; auto del 5 de octubre de 2000, exp. 18.208, C.P. María Helena Giraldo Gómez; sentencia del 29 de enero de 2004, exp. 18.273, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; auto de 25 de marzo de 2004, exp. 24.647, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otros.

(9) En lo que tiene que ver con los daños de tracto sucesivo o ejecución continuada véase sentencia del 18 de octubre de 2007, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 2001-00029-01 (AG).

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de febrero de 2011, exp. 38.271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(11) [10] En sentencia de 16 de agosto de 2001, exp. 13.772, dijo la Sala: “...en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio. Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria. Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen”.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de mayo de 2011, exp. 16.922, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido, véase el auto del 25 de agosto de 2005, exp. 26.721, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y la sentencia de 29 de febrero de 2012, exp. 21.013, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 9 de febrero de 2011, exp. 38271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(14) César Gómez Estrada, De los principales contratos civiles, cuarta edición, editorial Temis, 2008, Bogotá, pág. 99 y ss.