Sentencia 2000-01743 de junio 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Radicación 25000-23-26-000-2000-01743-01(27869)

Consejera ponente:

Dra. Olga Melida Valle de De La Hoz

Actor: Jairo Molina Cañón y otros

Referencia: apelación sentencia - acción de reparación directa

Demandado: Fiscalia General de La Nación

Bogotá, D.C., de junio de dos mil trece

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los Tribunales Administrativos y en segunda instancia en esta Corporación, sin importar la cuantía del proceso.

Así lo tiene sentado la Jurisprudencia de la Sala, en especial en el Auto del nueve (09) de septiembre de 2008, pronunciado dentro del radicado número 11001032600020080000900, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (MP. Mauricio Fajardo Gómez), mediante la cual se resolvió la antinomia que se presentaba entre lo dispuesto por el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo y lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia.

2.2. La responsabilidad del Estado en materia de privación injusta.

En la jurisprudencia de ésta Corporación, no existe discusión acerca del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano, por privación de la libertad del procesado, cuando la sentencia o su equivalente resulta absolutoria, ya porque: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta es atípica, o, iv) cuando resulta absuelto por aplicación del in dubio pro reo.

Para llegar a éste punto, la Corporación ha adoptado tres posiciones: la primera(1), “la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial, que se produciría como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso. Por manera que, para su deducción –se dijo-, es irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, es decir que no interesaba averiguar si aquél actuó o no con culpa o dolo”.

La segunda(2), “la carga procesal para el actor de demostrar el carácter injusto de la detención para obtener indemnización de perjuicios, consistente en probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad, fue reducida tan sólo a los casos de detención diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal porque, en relación con estos últimos, se estimó que en los tres eventos allí señalados la ley calificó que se estaba en presencia de una detención injusta y que, por lo tanto, surgía para el Estado la obligación de reparar los perjuicios con ella causados”.

La tercera(3), “…el carácter de injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y que, por consiguiente, frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resulta indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado –se dijo- no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo”.

Respecto de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la detención preventiva ordenada con el lleno de los requisitos legales, cuando posteriormente se exime de responsabilidad al sindicado, la sentencia comentada dijo:

“No se entiende entonces con apoyo en qué tipo de argumento no habría de ser catalogado como igualmente antijurídico el daño que sufre quien se ve privado de la libertad –como en el presente caso- durante cerca de dos años y acaba siendo absuelto mediante sentencia judicial. Ciertamente resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar dos años en prisión y que sea posible deducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión “normal”, inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Admitirlo supondría asumir, con visos de normalidad, la abominación que ello conlleva y dar por convalidado el yerro en el que ha incurrido el sistema de Administración de Justicia del Estado”.  

A renglón seguido se dijo también: “considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta Administración de justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi. En relación con la inconveniencia –si no imposibilidad- de verter juicios generales y abstractos en relación con asuntos como el que atrae la atención del presente proveído, ya había expresado esta Corporación lo siguiente:  

“Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley. 

No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado”. 

La sentencia comentada, citando a su vez la sentencia del 18 de septiembre de 1997, C.P. Dr. Daniel Suárez Hernández, expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves, en su consideración “5. De la distinción entre los supuestos en que se absuelve al imputado por inexistencia de pruebas y aquellos casos en que la exoneración de responsabilidad penal se deriva de la aplicación, en su favor, del beneficio de la duda. 

(… ) 

“En lo que hace a la aplicación en el proceso penal que originó el presente asunto del principio In dubio pro reo y la posibilidad de responsabilizar al Estado cuando la absolución es consecuencia de dicha aplicación, cree la Sala que, tal como se manifestó anteriormente, no se trató de duda sino más bien de falta de prueba incriminatorias. Sin embargo aunque se tratase de dicha hipótesis no debe olvidarse que el presupuesto de la aplicación de tal principio, supone una duda para el juzgador penal, lo cual evidencia, precisamente, la deficiencia de la actuación estatal en la labor probatoria, circunstancia que no puede servir de base, ni por asomo, para la exoneración del Estado por la privación injusta de la libertad, pues ha de tenerse presente que, como principio fundamental informador de toda la normatividad penal, están los de buena fe y de inocencia, los cuales no pueden desvanecerse y mucho menos inobservarse, por una circunstancia meramente probatoria. 

La duda, en materia penal, se traduce en absolución y es ésta precisamente a la luz del artículo 414 del C.P.P. la base para el derecho a la reparación. Ya tiene mucho el sindicado con que los jueces que lo investigaron lo califiquen de “sospechoso” y además se diga que fue la duda lo que permitió su absolución, como para que esta sea la razón, que justifique la exoneración del derecho que asiste a quien es privado de la libertad de manera injusta. 

Entiéndase que lo injusto se opone al valor justicia, por lo cual perfectamente puede sostenerse que en punto del derecho fundamental de la libertad de las personas, la necesaria protección que ha de brindarse al sindicado, no puede caer en el vacío mediante un mal entendimiento y utilización de las medidas de aseguramiento. 

Ante todo la garantía constitucional del derecho a la libertad y por supuesto, la aplicación cabal del principio de inocencia. La duda es un aspecto eminentemente técnico que atañe a la aplicación, por defecto de prueba, del principio, del In dubio pro reo. Pero lo que si debe quedar claro en el presente asunto es que ni la sospecha ni la duda justifican en un Estado social de Derecho la privación de las personas, pues se reitera, por encima de estos aspectos aparece la filosofía garantística del proceso penal que ha de prevalecer. Aquí, como se ha observado, sobre la base de una duda o de una mal llamada sospecha que encontrarían soporte en un testimonio desacreditado, se mantuvo privado de la libertad por espacio de más de tres años al demandante, para final pero justicieramente otorgársele la libertad previa absolución”. 

La Sala reitera, en el presente caso, los razonamientos que se efectuaran en el pronunciamiento en cita. Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían –probablemente- conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título –ex post- a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de (sic) demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.  

Adicionalmente, resultaría desde todo punto de vista desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación –como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad -, el verse privado de la libertad durante aproximadamente dos años, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de Administración de Justicia si, una vez desplegada su actividad, esta Rama del Poder Público no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia del particular al que inculpaba. La “ley de la ponderación”, o postulado rector del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, enseña que el detrimento del derecho o interés jurídico que se hace retroceder, se sacrifica o se afecta en un caso concreto, debe ser correlativo a o ha de corresponderse con el beneficio, derecho o interés jurídico que se hace prevalecer, a través de la “regla de precedencia condicionada” que soporta la alternativa de decisión elegida para resolver el supuesto específico. En otros términos, <<cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro>>. 

(…) 

No corresponde al actor, en casos como el presente, acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuraban la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y éstos: Los tres aludidos extremos se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, de lo cual se dará cuenta a continuación. En cambio, es al accionado a quien corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pueda entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima. Y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario”. 

2.3. Normatividad relevante para la solución del caso.

Ha de precisarse que en el caso de autos, la privación de la libertad se inició el 19 de febrero de 1997, fecha para la cual ya estaba vigente la ley 270 de 1996, la cual fue promulgada el 7 de marzo de 1996, por lo que el artículo 414 del decreto 2700 de 1991, había perdido su vigencia, luego, por haber sido derogado, no está llamado a seleccionarse para resolver este concreto caso, pues, vigente la ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que regula íntegramente lo referente a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, es ésta la normatividad a cuyo amparo han de solucionarse tales casos y no una norma derogada.

En efecto, la LEAJ, en el artículo 65 establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, y en el artículo 68 determina que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

Por su parte, el artículo 70 de la misma ley estatutaria, establece como causas de exoneración de responsabilidad del Estado (administración de justicia), los eventos de culpa exclusiva de la víctima, cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley, excepción hecha de los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. –se resalta-

Normatividad esta que si bien no contempla expresamente los casos consagrados en el artículo 414 del decreto 2700 de 1991, ya señalados, en el evento de configurarse cualquiera de ellos, la responsabilidad sigue siendo de carácter objetivo, en atención a que resulta totalmente injusta la privación de la libertad del penalmente absuelto.

En efecto, de conformidad con los artículos 388 y 389 de dicho decreto-ley, para la procedencia de la medida de aseguramiento – detención preventiva entre otras-, menester es que se encuentre acreditado i) la existencia del hecho, ii) que este se pueda calificar como delito –tipicidad- y iii) que exista al menos un indicio grave de responsabilidad del sindicado como autor o partícipe.

Luego, al proferirse sentencia absolutoria con fundamento en que el hecho no existió, o que es atípico, o que el procesado no lo cometió, lo que realmente se está diciendo es que al momento de proferirse la medida de aseguramiento ella era improcedente por no cumplirse los requisitos exigidos por las normas citadas, resultando absolutamente injusta la privación de libertad de quien o i) se le privó de la libertad por un hecho punible que no existió; ii) se le privó de la libertad por un hecho que no era punible (atipicidad), o iii) que no existía al menos un indicio grave de responsabilidad en su contra, por cuanto el procesado no lo cometió.

En estos casos, ante la injusticia de la privación de la libertad, no tiene objeto que la jurisdicción de lo contencioso administrativo vuelva a estudiar el caso a efectos de pronunciarse sobre si la privación de la libertad resultó o no injusta, sino, simplemente ha de pronunciarse sobre la tasación de los perjuicios, previo estudio de la causal de exoneración de que trata el artículo 70 de la LEAJ. (Se resalta)

Ahora bien, de todas maneras, en tales circunstancias se está ante una injusticia, puesto que la persona a quien no se le ha quebrado el principio de presunción de inocencia, no está obligada a soportar la privación de su libertad, pues lo que en verdad justifica la privación de la misma y con ello la obligación de soportarla, es una sentencia penal condenatoria en firme.

Luego, qué mayor injusticia que ser privado de la libertad en una investigación penal, y que al proferirse sentencia, quede verificada a través de esa decisión judicial, que el hecho punible por el cual se le investigó y privó de la libertad, no existió, o que la conducta que se investigó y por la cual se le privó de la libertad no está descrita en la ley penal como punible –es atípica-, es decir, ni siquiera es delito y por tanto no interesa al derecho penal, igual sucede cuando la propia justicia penal reconoce que el procesado no cometió el delito por el cual se le privó de la libertad, de tal suerte que, en esos casos, la privación de la libertad resulta injusta y por contera se vulnera el sacro derecho no sólo de la libertad, sino también del debido proceso, la dignidad humana, y por lo tanto, la injusticia salta a la vista.

Lo anterior por cuanto la libertad es un derecho fundamental del individuo, que sólo excepcionalmente puede ser restringido, resultando justa su interdicción cuando viene ordenada en una sentencia penal condenatoria en firme, pero en manera alguna resulta justa la privación de la libertad de una persona a quien no se le enerva la presunción de inocencia que lo acompañó desde antes, durante la investigación y el juicio, es decir, la privación de la libertad dentro de un proceso penal de una persona inocente, es absolutamente injusta, pues lo justo es que se prive de la libertad a quienes resulten condenados penalmente en virtud de una sentencia debidamente ejecutoria, luego de haber sido vencido en juicio con la observancia de todas las garantías legales y constitucionales.

Lo propio sucede cuando la absolución se produce ya por aplicación del principio “In dubio pro reo” o, por falencia o ausencia probatoria, en cuyos casos, también constituye una injusticia para quien se le asegura con medida privativa de su libertad y así permanece durante la investigación y en ocasiones en la etapa de juzgamiento, para que al decidirse de fondo, se le diga que no existe prueba en su contra para condenarlo, esto es que no hay prueba que conlleve a la certeza del hecho punible o sobre la responsabilidad del sindicado, según la exigencia del artículo 247 del decreto 2700 de 1991, vigente para la fecha de la privación de la libertad.

Ello en razón a que duda es lo opuesto a certeza, y ésta se exige para poder proferir sentencia condenatoria en materia penal, según las voces de la norma citada, luego, ante la ausencia o falta de pruebas que conduzcan al funcionario judicial al estado de certeza sobre la ocurrencia del hecho punible o la responsabilidad del sindicado, la presunción de inocencia se mantiene incólume y por ende se torna injusta la privación de la libertad de quien culminado el proceso penal sigue siendo inocente, al no demostrársele lo contrario, por no existir pruebas que ofrezcan certeza acerca del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado, cual es la exigencia de la norma comentada.

Así las cosas, in dubio pro reo o falta de prueba incriminatoria para condenar, las dos convergen ante los presupuestos del 247 al mismo vértice, la falta de certeza aludida, cuya consecuencia obligada es la subsistencia de la presunción de inocencia. Por manera que, la privación de la libertad como garantía de comparecencia al proceso penal, de quien es inocente por no habérsele demostrado lo contrario, constituye un daño antijurídico, fundamentado en la injusticia que comporta privar de la libertad a una persona inocente, que debe ser resarcido, sin que para ello se requieran consideraciones subjetivas acerca de si la orden de detención se produjo con arreglo a las normas o no, o de si la prueba existente lleva al funcionario a un estado de duda insuperable por no existir modo de eliminarla, o a la falta de prueba incriminatoria en contra del sindicado.

2.4. Los hechos probados y la solución del caso.

1. Copia de la notificación de la resolución que define la situación jurídica a los señores Argemiro Garzón Moreno, Jairo Molina Cañón y Danilo Molina, con fecha del 19 de febrero de 1997 y 27 de febrero de 1997. (Fl.40,49, 51 Cuad.3)

2. Copia de las Cancelaciones de las ordenes de captura de los señores Argemiro Garzón Moreno, Jairo Molina Cañón y Danilo Medina. (Fl. 45, 46, 52 Cuad. 3)

3. Copia de la petición presentada por el defensor de Danilo Medina en donde solicitó la cesación del procedimiento y la libertad definitiva para su prohijado. (Fl. 54-57 Cuad. No. 3)

4. Copia de la respuesta emitida por la Unidad Seccional de las Fiscalías de Facatativá de fecha 7 de marzo de 1997 en donde niega la solicitud presentada por su apoderado, de cesar todo procedimiento y otorgar libertad definitiva a Danilo Medina (58,59 Cuad. No. 3)

5. Solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por la de detención domiciliaria presentada por el defensor del señor Jairo Molina Cañón en fecha de 14 de marzo de 1997. (Fl. 64-65 Cuad. No. 3)

6. Respuesta de la Fiscalía a las peticiones presentadas por los defensores de los señores Danilo Medina y Jairo Molina Cañón donde se niega la solicitud de cambio de la medida de aseguramiento. (Fl. 66-68 Cuad. No. 3)

7. Copia del recurso de reposición subsidiario de apelación presentado por el defensor del señor Jairo Molina Cañón contra la providencia del 17 de marzo de 1997 interpuesto por su defensor (Fl. 79-81 Cuad. No. 3)

8. Providencia de la Fiscalía en donde se resuelve el recurso de reposición y el subsidiario de apelación presentado por el defensor de Jairo Molina Cañón, y las solicitudes presentadas por Danilo Medina y el defensor de Argemiro Garzón, por medio de la cual se decide:

“a. No reponer la resolución calendada en marzo 17; por medio de la cual se negó la sustitución de DETENCIÓN PREVENTIVA por DETENCIÓN DOMICILIARIA; en consecuencia concédase el subsidiario RECURSO DE APELACIÓN en efecto devolutivo ante los Tribunales Superiores de Santafé de Cundinamarca. 

“b. Negar la solicitud de sustitución de la detención preventiva por domiciliaria suscrita por el procesado Danilo Medina y el defensor del sindicado: Argemiro Garzón. (Fl. 84-86 Cuad. No. 3)”

1. Copia de la petición de preclusión de la investigación o libertad provisional de los señores Argemiro Garzón Moreno, Danilo Medina y Jairo Molina Cañón, presentada a la Fiscal 3º. De Facatativá el día 5 de junio 1997. (Fl. 156-157 Cuad. No. 3)

2. Copia de la providencia de la Fiscalía 3º en la cual resuelve la petición de los referenciados anteriormente denegando ambas solicitudes, tanto la de la preclusión de la investigación como la de libertad condicional. (Fl. 159-162 Cuad. No. 3)

3. Copia de la resolución de acusación contra los señores Danilo Medina, Jairo Molina Cañón y Argemiro Garzón Moreno por el delito de peculado por apropiación, emitida por la Fiscalía 3º. Delegada de Facatativá, con fecha del 11 de agosto de 1997. ( Fl. 194-213 Cuad. No. 3)

4. Copia del oficio No. 3299 con fecha de 3 de septiembre de 1997, de la Unidad de Fiscalía Seccional de Facatativá, donde se informa al Director de la Cárcel del Circuito, que los señores Argemiro Garzón, Jairo Molina Cañón y Danilo Medina quienes gozan de detención domiciliaria quedan a disposición del Juzgado Penal del Circuito. (Fl. 221 Cuad. No. 3).

5. Oficio No. 396 emitido por el Director de la Cárcel de Circuito donde se especifica el tiempo que permanecieron los demandantes en el establecimiento penitenciario. (Fl. 811 Cuad. No. 3)

6. Copia de la sentencia de primera instancia proceso No. 2846, del Juzgado Primero Penal del Circuito, del 26 de octubre de 1998, por medio de la cual se absuelve a los señores Argemiro Garzón, Jairo Molina Cañón y Danilo Medina como coautores del delito de peculado por apropiación. (Fl. 445-498 Cuad. No. 2).

7. Testimonio rendido por Víctor Gabriel Piñeros en que el manifestó conocer a Argemiro Garzón hace muchos años, prácticamente de toda su vida y narró el gran perjuicio que sufrió el señor anteriormente mencionado, su esposa y sus hijos, durante el tiempo que estuvo privado de la libertad. (Fl. 37-39 Cuad No. 3)

8. Testimonio rendido por Jairo Enrique Vargas Lesmes, en donde manifestó ser amigo del barrio del señor Argemiro Garzón, afirmando que desconoce los motivos por los cuales lo detuvieron pero que su familia a raíz de esto sufrió mucho por no tener quien aportara en los gastos de la manutención de su hogar.(Fl. 40-41 Cuad. No. 3)

9. Testimonio rendido por Benedicto Cano Gacha, por medio del cual aseveró que la detención del señor Jairo Molina había causado grandes perjuicios tanto a él como a su familia, pues no tenían cómo pagar el arriendo, ni siquiera cómo comer y que se sostenían con ayudas de amigos y compañeros del señor Jairo y que inclusive había sido desacreditado y tuvo grandes dificultades para conseguir empleo después de haber quedado en libertad. (Fl. 42-44 Cuad. No. 3)

Los anteriores medios de prueba, fueron aportados y solicitados tener como prueba con la demanda, decretados en el auto respectivo de primera instancia y allegados en el período probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, por lo que serán valorados conforme a los principios que informan la sana crítica.

De los medios de prueba valorados por la Sala, se infiere que los ciudadanos Argemiro Garzón Moreno, Danilo Medina y Jairo Molina Cañón, fueron vinculados a un proceso penal por el delito de peculado, mediante providencia emitida por la Fiscalía 3° de Facatativá, del 18 de marzo de 1996 en la que se ordena medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sustituida por detención domiciliaria. La investigación se adelantó por la denuncia hecha por el señor Ramiro de Jesús Acevedo Valencia.

Que mediante providencia del 27 de junio de 1996, se emitió resolución acusatoria manteniendo la medida de aseguramiento. Posteriormente, el 15 de noviembre de 1996 se decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación.

El 11 de agosto de 1997, se acusa formalmente a los señores Argemiro Garzón Moreno, Danilo Medina y Jairo Molina Cañón por el delito de peculado por apropiación y se ordena mantener la detención preventiva.

Finalmente, el 26 de octubre de 1998, se absuelve a los ciudadanos como coautores del delito de peculado por apropiación y se procede a librar boleta de excarcelación.

Queda entonces probado que a los señores Argemiro Garzón Moreno, Jairo Molina Cañón y Danilo Medina se les dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria desde el día 18 de marzo de 1996. Que el 19 de febrero de 1997, los señores Argemiro Garzón Moreno y Jairo Molina Cañón fueron detenidos y trasladados a la Cárcel del Circuito Judicial de Facatativá hasta el día 28 de mayo de 1997 cuando se les concedió detención domiciliaria hasta el día 28 de octubre de 1998. Por su parte, el 27 de febrero de 1997, fue detenido el señor Danilo Medina y trasladado a la misma institución carcelaria hasta el día 4 de junio de 1997 cuando se le concedió detención domiciliaria hasta el 28 de octubre de 1998.

De la motivación de la providencia por la cual se precluyó la investigación de los procesados, se infiere claramente que la absolución de los aquí demandantes obedeció a la aplicación del in dubio pro reo acerca de la ocurrencia del hecho, lo que se evidencia cuando se dijo:

“(…) Y es que ni en este procesado (sic) ni en ningún otro se demostró la apropiación de las canecas de combustible, y para ello me remito a lo que sobre tal aspecto ya se ha dicho en esta providencia, por lo tanto la petición de absolución se ajusta a lo que en derecho impera y se impone. 

En lo que sí quiere hacer una aclaración este Juzgado, es en las razones y motivos que tuvo mi antecesor para decretar nulidad de la primera Resolución de Acusación que emitiera la Fiscalía de fecha junio 27 de 1996 (folio 82) por cuanto en esa ocasión los hechos que sirvieron de fundamento se referían a la perdida de herramientas que fueron sustraídas de los almacenes de taller y que nada tenían que ver con el combustible, hechos que sucedieron entre el 19 y 26 de diciembre de 1991 y sobre tales elementos ninguno de los procesados tenía relación funcional, ni legal, ni administrativa y aquello se encontraba bajo la administración y custodia de otras personas, las cuales poseían llaves encontradas en recinto cerrado y con las seguridades del caso. Esta situación fáctica fue variada posteriormente en la formulación de cargos que ahora nos ocupa, pues en este momento se trata sobre las cuatro (4) canecas de combustible con respecto a las cuales la FISCALÍA EN la providencia que calificó el mérito del sumario afirma que no llegaron a su destino, esto es almacenes de Cundinamarca de Ferrocarriles Nacionales. 

Sin embargo con relación a estos bienes, combustibles, su prohijado tampoco tenía relación alguna para su manejo, administración o custodia, situación que no es óbice para que en momento de haberse demostrado apropiación de dichos bienes pudiera endilgársele responsabilidad, lo cual indudablemente la cual indudablemente no podía ser autor o coautor material, pero si hipotéticamente podía serlo en calidad de cómplice, repito en el evento de que se hubiese demostrado la apropiación de estos bienes previo acuerdo de tal comportamiento. Pero ello no sucedió y definitivamente ya ha quedado registrado que por prueba documental y atendiendo la declaración de RODRIGO NARIÑO este combustible se encontró como existencias en los Almacenes Cundinamarca para enero de 1992, al hacer entrega al actor ORTIZ, situación que dejaría sin sustento la pregonada apropiación, sin la cual no hay delito.”(4) 

“(…) De esta forma se hace necesario en este momento afirmar que NO ESTA DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL HECHO DE PECULADO POR APROPIACIÓN, MENOS AUN EN EL GRADO DE CERTEZA EXIGIDO, quizás subsiste alguna dudas (sic) imposibles de aclarar en este momento y las cuales ha de resolverse a favor de los procesados, en virtud del Principio Universal de IN DUBIO PRO REO, que contempla nuestra legislación Procesal Penal en su artículo 445. 

Como consecuencia de lo anterior y por sustracción de materia se hace innecesario referirnos a la Responsabilidad de los Procesados, atendiendo que no existe CERTEZA DEL DELITO del cual pueda predicarse responsabilidad alguna.”(5) 

Ahora bien, previo hacer el análisis del caso concreto, considera la Sala hacer precisión en un aspecto, y es que en virtud del principio iura novit curia y por suceder los hechos materia de estudio en el año 1996, se estudiará y analizará la presente acción bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad, por mandato del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia., el cual dispone que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.

Luego, para la Sala, preciso es determinar i) si efectivamente se causó un daño antijurídico en contra de los demandantes, ii) de encontrarse acreditado, si le es imputable tanto fáctica como jurídicamente a los demandados.

El derecho a la libertad es un derecho fundamental connatural al ser humano, que posibilita el goce o ejercicio de otros derechos, por lo tanto, no cabe duda que, cuando se limita o priva de ese derecho a una persona inocente, se genera un daño, el cual resulta ser antijurídico pues, no existe norma en el ordenamiento jurídico colombiano que obligue a un ciudadano inocente a tolerar o soportar el daño que emana de la privación de la libertad dentro de un proceso penal en el cual no se le desvirtuó la presunción de inocencia.

En este concreto caso, tal daño antijurídico le es imputable tanto fáctica como jurídicamente a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto fue la encargada de adelantar la investigación penal y de adoptar, las decisiones que dieron al traste con el derecho a la libertad de los procesados, al privarlos de la libertad al resolverles la situación jurídica y posteriormente precluir la investigación, y en atención a lo dispuesto en el artículo 68 de la ley 270 de 1996, le es atribuible normativamente al ente investigador.

Así las cosas, se puede establecer responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad del ciudadano cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria, pese a que, en la detención se haya cumplido las exigencias legales, debido a que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y resulta absolutamente injusto que una persona inocente en un Estado Social de Derecho como el nuestro, sea privada de la libertad, comprometiéndose el ejercicio del derecho fundamental a la libertad.

Establecido lo anterior, entra la Sala a determinar si la detención preventiva en este caso fue causada por el actuar doloso o gravemente culposo de los procesados –aquí demandantes-, al tenor del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, norma esta que es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. 

De encontrarse que la detención preventiva no fue causada por el dolo o culpa grave del sindicado, tendrá derecho a la indemnización a que haya lugar.

Sobre el dolo o la culpa grave del procesado en la producción de la medida de aseguramiento, como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, esta Corporación ha sostenido en recientes pronunciamientos(6):

“De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso de la referencia, se encuentra demostrado que la señora Diana Patricia Pérez Tobón estuvo vinculada en un proceso penal por el secuestro de un ciudadano. De igual forma, quedó demostrado que ella conocía de la retención arbitraria del plagiado, así como que dialogó con aquél.  

En esa línea de pensamiento, el daño es imputable única y exclusivamente al comportamiento gravemente culposo o doloso de encubrir a los secuestradores del señor Guerrero Suárez, pues el haber omitido denunciar un hecho tan grave como la retención ilegal e ilícita de una persona fue el comportamiento determinante que originó que se hubiera adelantado un proceso en su contra.  

Y si bien, existió una nulidad que invalidó el proceso y, por consiguiente, generó que se tuviera que reiniciar la investigación criminal, lo cierto es que esa circunstancia no fue la que generó o produjo el daño consistente en la privación de la libertad de la señora Diana Patricia Pérez Tobón. En efecto, fue ella con su comportamiento la que incidió de manera definitiva y directa en la investigación que se adelantó en su contra, pues resulta incuestionable que concurrió en varias ocasiones al sitio donde se encontraba secuestrado el señor Guerrero Suárez, y tuvo pleno conocimiento del delito que se estaba cometiendo.  

En ese orden de ideas, la falta de solidaridad y el desconocimiento del principio de confianza –esto es, el cumplimiento de los roles asignados por el hecho de vivir en sociedad– es lo que genera la atribución del daño a la actuación exclusiva y directa realizada por Diana Patricia Pérez Tobón.  

Una posición contraria supondría desconocer la participación que tuvo la víctima en la generación del daño antijurídico, y compelería a que el Estado se convirtiera en un asegurador universal puesto que se desencadenaría su responsabilidad con independencia de la imputación fáctica y jurídica de la lesión.  

En el caso concreto, la lectura de la providencia de preclusión de la investigación a favor de Diana Patricia Pérez Tobón, proferida por la Fiscalía Especializada de Medellín, es suficiente para arribar a la conclusión de que el daño en el caso concreto no es imputable a la administración de justicia, puesto que fue el comportamiento inadecuado y reprochable de la víctima lo que desencadenó que se iniciara una investigación penal en su contra, máxime si el propio secuestrado dijo haber visto y dialogado con la señora Pérez Tobón en varias ocasiones durante su cautiverio, lo cual quedó demostrado en las diligencias penales”.  

En otra decisión más reciente, también se ha dicho por esta Corporación sobre este tópico(7)

“Establecido lo anterior, entra la Sala a estudiar la conducta desarrollada por el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, de cara a establecer si puede considerarse como el hecho determinante que contribuyó a la producción del daño, esto es, que se le haya proferido medida restrictiva de su libertad. 

Debe precisar la Sala que lo anterior no comporta en manera alguna una revaloración probatoria del proceso penal, ni mucho menos ello tiene la posibilidad siquiera de menoscabar el efecto de cosa juzgada penal tanto formal como material, que de suyo tiene la decisión de preclusión de la investigación penal a favor del aquí demandante. 

Sólo que desde el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad y concretamente desde la preceptiva del artículo 414 del decreto 2700 de 1991, exige el estudio previo de la conducta del procesado frente a la medida de aseguramiento impuesta a efectos de dilucidar de una parte si ha de considerarse gravemente culposa o dolosa y de otra, si fue la causa de la medida de aseguramiento de detención preventiva, y dependiendo de la afirmación o negación de estas dos exigencias procederá la exoneración o responsabilidad del Estado.  

En tal cometido, observa la Sala que el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, tiene a más de una formación militar en el campo de la aviación, la de piloto comercial y aún la de instructor en esta materia, así como la experiencia en dicho campo, todo lo cual le imponía el deber de verificar que quien lo contratara en su profesión de piloto de aviación comercial, fuese el “explotador” de la aeronave a pilotear o la persona que según las normas encargadas de su regulación pudiese realizar tal labor, como también debía transportar sólo elementos permitidos según las normas aeronáuticas.  

En este concreto caso, se encuentra acreditado que el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, de un lado contrató como piloto el encargo de transportar desde la ciudad de Medellín hasta Bogotá una aeronave con persona distinta de el “explotador”, o de la persona que según este, administraba todo lo relacionado con la susodicha aeronave, y de otra parte, transportó o llevó consigo un tanque en fibra de vidrio que sirve como tanque auxiliar de combustible, que se utiliza para aumentar la autonomía de vuelo de una aeronave, ignorando a quien lo entregaría en la ciudad de Bogotá, y sin establecer con certeza la persona de la cual recibió tal encargo. 

Dada la formación profesional y la experiencia específica del señor Gerardo Enrique Rojas Neira, permite inferir que era conocedor de la irregularidad de la propia conducta, que aunada a los hallazgos realizados al interior de la aeronave dio lugar o fue la causa determinante de la imposición de la medida de aseguramiento que restringió su libertad, al ser indicativos de encontrarse ante una presunta conducta punible, de tal suerte que el daño a él irrogado con la privación de su libertad, y puesto de manifiesto en la ulterior resolución de preclusión de la investigación, no le es imputable jurídicamente al Estado, por colmarse la causal de exoneración consagrada en la parte final del artículo 414 del decreto 2700 de 1991”.  

Al momento de la captura de los mencionados señores, se encontraban en su casa de habitación y lugar de trabajo, sin encontrárseles en su poder elemento alguno de los que se dice fueron incautados, por lo tanto no se estructuró una situación de captura en flagrancia.

Surtida la investigación, no se les probó su participación en los hechos por los cuales se le privó de la libertad y llamó a juicio.

Establecido lo anterior, encuentra la Sala que la conducta desarrollada por los señores Argemiro Garzón Moreno, Danilo Medina y Jairo Molina Cañón, no puede considerarse dolosa o gravemente culposa y por ende no fue determinante en la producción del daño, esto es, que se le haya proferido medida restrictiva de su libertad.

Debe precisar la Sala que lo anterior no comporta en manera alguna una revaloración probatoria del proceso penal, ni mucho menos ello tiene la posibilidad siquiera de menoscabar el efecto de cosa juzgada penal tanto formal como material, que de suyo tiene la decisión de absolución de la investigación penal a favor del aquí demandante(8).

Sólo que desde el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad y concretamente desde la preceptiva del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, exige el estudio previo de la conducta del procesado frente a la medida de aseguramiento impuesta a efectos de dilucidar de una parte si ha de considerarse gravemente culposa o dolosa y de otra, si fue la causa de la medida de aseguramiento de detención preventiva, y dependiendo de la afirmación o negación de estas dos exigencias procederá la exoneración o la responsabilidad del Estado.

En este caso, la Sala es del criterio que los demandantes no actuaron con culpa grave o dolo y que su comportamiento no fue determinante para que se produjera su captura y posterior judicialización, como tampoco para que se le profiriera medida de aseguramiento de detención preventiva.

La culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

En el caso bajo estudio, observa la Sala que los señores Argemiro Garzón Moreno, Danilo Medina y Jairo Molina Cañón, no transgredieron las reglas básicas para la convivencia en sociedad, puesto que fueron capturados en sus lugares de residencia y trabajo.

Luego, no existe la menor duda que el daño es imputable única y exclusivamente a las decisiones de la Fiscalía General de la Nación al adelantar la investigación penal y resolver la situación jurídica con detención preventiva sin beneficio de excarcelación de los aquí demandantes, quienes fueron absueltos al proferirse resolución de preclusión de la instrucción, tornando injusta la detención preventiva de dos personas inocentes.

Entonces, fuerza concluir que no fueron Argemiro Garzón Moreno, Danilo Medina y Jairo Molina Cañón, quienes con sus comportamientos inadecuados, descuidados en extremo, los que incidieron de manera directa y determinante en que se les adelantara una investigación penal y que dentro de ella se les profiriera medida de aseguramiento de detención preventiva.

En todo caso, al no encontrarse acreditada causal alguna que exima de responsabilidad patrimonial a la demandada –Fiscalía General de la Nación-, al tenor del artículo 70 de la LEAJ, y habiendo quedado demostrado que los daños antijurídicos padecidos por los demandantes son imputables tanto fáctica como jurídicamente a la Fiscalía General de la Nación, quien profirió la medida de aseguramiento de detención preventiva, es ésta la llamada a responder patrimonialmente por el daño antijurídico irrogado a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad.

En conclusión, teniéndose por establecido, como anteriormente se dijo, que el título de imputación bajo el cual se debe solucionar este caso es el de privación injusta de la libertad, que es de carácter objetivo, claro resulta, que ha de confirmarse la sentencia de primera instancia.

2.5.1. Perjuicios morales

En lo relacionado con el reconocimiento de los perjuicios morales, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, ha sido una constante posición jurisprudencial de la Sección, que en materia de perjuicios morales, el valor de la condena debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquél se presente teniendo en cuenta el grado de intensidad(9), por tal razón se procederá a confirmar el monto de los salarios mínimos otorgados en primera instancia por encontrarlos adecuados al grado de intensidad del perjuicio moral alegado y probado(10).

2.5.2. Perjuicios materiales

Sobre el particular, la Sala igualmente comparte la decisión del a quo en cuanto consideró que:

“(…) por concepto de perjuicios materiales sufridos, los cuales fueron confundidos por los actores como “los gastos ocasionados en prisión, honorarios de abogado, pérdida de bienes lucro cesante y daño emergente”, ante esta solicitud no se aportaron pruebas de los pagos que hicieron, la presunta pérdida de bienes, etc, por lo que se procederá a denegarse.” 

“(…) vistas las pruebas allegadas al proceso, por la Jefe de la Oficina de archivo de los liquidados Ferrocarriles Nacionales, se determina en las hojas de novedad de cada uno de los actores, que su retiro se efectuó, para los señores Jairo Molina Cañón y Argemiro Garzón Moreno, por “terminación del contrato de trabajo por supresión del cargo con derecho a indemnización de conformidad con el art. 1 decreto 895 de abril/91 y decreto 1651 de junio/91 acuerdo de Junta Liquidadora 237 de abril 7/92”; en cuanto al señora Danilo Medina, el motivo fue, “la cancelación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte de la empresa. De conformidad con calificación expediente de abril 3/92 y expediente administrativo SG-1-004.”. Para los tres actores la fecha de retiro de la empresa fue el año 1992 y las detenciones se produjeron en el mes de febrero de año 1997. 

Al no demostrarse que se encontraban laborando, ni un ingreso mensual, o que realizaban alguna labor de la cual se derivaban su sustento, la Sala denegará esta pretensión sin más consideraciones.” 

2.6. La condena en costas

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo

171 del C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sub-Sección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

de rigor».

FALLA

PRIMERO: Confirmar la Sentencia proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de marzo de 2004.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia envíese al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones

1 Sentencia de 30 de junio de 1994, expediente: 9734. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente: 13168.

2 Sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 8666 cit. Sentencia de 4 de diciembre de 2006. Exp.13168.

3 Sentencia del C. de E, expediente 13.606, sentencia del 14 de marzo de 2002 expediente 12.076 citadas en la sentencia de 4 de diciembre de 2006. Exp.13168.

4 Fls. 495 y 496 cuad. 3.

5 Fl. 491 cuad. 3.

6 Sentencia de agosto 29 de 2012, M. P., Dr Enrique Gil Botero. Radicación interna 25.276.

7 Sentencia de fecha 30 de enero de 2012, exp 23514, actor Gerardo Enrique Rojas Neira, Demandada Fiscalía General de la Nación, acción de reparación directa, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

8 Sentencia de fecha 30 de enero de 2012, exp 23514, actor Gerardo Enrique Rojas Neira, Demandada Fiscalía General de la Nación, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232-15.646. M.P. Alier Hernández Enríquez.

10 A folios 516-523 Cno. de pruebas No.2, obran los testimonios rendidos ante el Tribunal de primera instancia por los señores Fredy Vásquez Barrios, Rubiela Niño y Melquicedec Cárdenas, los cuales resultan ser coincidentes en afirmar la angustia a la que fueron sometidos los familiares del señor Joaquín Vásquez Rubiano con la detención realizada por los miembros de la Policía Nacional los días 14 y 15 de septiembre de 1998.