Sentencia 200-01744 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 250002326000200001744-01 (27521)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Rosa Ilma Moreno Pinto y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia - Inpec

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en contra de la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(3), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la sentencia de 26 de diciembre de 2003, proferida por la Sala Tercera de la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con miras a determinar la responsabilidad de la administración demandada en los hechos en los que resultó muerto el señor José Rafael Cardoso Arias, dentro de las instalaciones de la Cárcel La Modelo de la ciudad de Bogotá, habida cuenta de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— insiste en que el daño no le resulta imputable, por el carácter relativo de la falla del servicio y el hecho de un tercero. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por su parte, alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva.

Debe en consecuencia la Sala resolver las excepciones propuestas para, luego, entrar a analizar el daño y los hechos probados, con miras a establecer si aquél resulta imputable a la acción u omisión de la entidad pública accionada, pues, de ser ello así, las pretensiones de reparación deberán prosperar.

Cabe anotar que el pronunciamiento de la Sala se circunscribirá a los argumentos de la impugnación presentada por el demandado, comoquiera que el cesionario en este asunto no se encuentra legitimado para apelar, pues ostenta la calidad de litisconsorte de la parte actora y, en esa medida, no puede reemplazarla, en cuanto no operó la sucesión procesal.

2.2.1. Resolución de excepciones.

La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho alegaron “falta de legitimación en la causa por pasiva” e “indebida representación por pasiva”. Ambas entidades sostuvieron que el Inpec es un establecimiento público con personería jurídica, que goza de autonomía administrativa y presupuestal, a quien le corresponde custodiar y proteger la vida e integridad de los reclusos y el tribunal encontró probada la excepción.

Al respecto, la Sala encuentra que le asiste razón al a quo, pues el Ministerio de Justicia y del Derecho-Dirección de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación no tenían que ser llamados a responder por hechos ocurridos al interior de un establecimiento carcelario, mientras la víctima se encontraba bajo la custodia y vigilancia de los directivos y el personal de oficiales, suboficiales y guardianes del establecimiento de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y con capacidad para acudir directamente a los procesos contenciosos que se adelanten en su contra (CCA, art. 149).

El 16 de la Ley 65 de 1993, “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, prevé que los establecimientos de reclusión serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y administrados, sostenidos y vigilados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

En relación con la legitimación en la causa por pasiva, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado:

Si bien el artículo 90 de la Constitución Política estipula que ‘El Estado’ responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que hayan sido causados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas, ello no quiere decir que se pueda demandar al ‘Estado’ siempre que se sufra un daño proveniente de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por la administración, cualquiera que sea la causa, como lo estipula el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo al consagrar la acción de reparación directa, puesto que siempre habrá necesidad de demandar a la persona jurídica de derecho público que se encuentre legitimada materialmente por pasiva, es decir, a aquella de quien se pueda predicar la actuación —legal o ilegal— o la omisión que constituyó la causa jurídica del daño por el cual se reclama.

Generalmente determinar la persona pública o privada causante del daño no plantea mayores dificultades, pues es responsable quien asume el servicio que ha funcionado mal —causa más frecuente de esta forma de imputación— o aquella persona cuya actividad ha generado un perjuicio anormal—. Sin embargo, dado que el concepto de 'administración' encierra una pluralidad de personas jurídicas (Nación, entidades territoriales, empresas y entes descentralizados de diversa naturaleza), el principio de responsabilidad supone la identificación precisa del patrimonio que será deudor de la obligación indemnizatoria y por tanto, de la persona administrativa adecuada que ha de asumir tal obligación; por ello, aunque la Nación es una persona jurídica que actúa a través de múltiples entidades y órganos que carecen de personería jurídica, resulta indispensable Identificar cuál de estos fue el que supuestamente actuó y produjo el daño, pues será su presupuesto el que se verá afectado y le corresponderá, en consecuencia, ejercer el derecho de defensa frente a la imputación que se le hace(4).

De ahí que, por este punto, la sentencia objeto de alzada deba confirmarse.

2.2.2. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad pública demandada —pruebas decretadas en tiempo y allegadas al plenario por disposición del a quo— y las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del tribunal.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.2.1. El 14 de abril de 1999, murió el señor José Rafael Cardoso Arias por “asfixia mecánica secundaria a estrangulamiento con cuerda y/o cables”. Manera de muerte: violenta”. De ello da cuenta el registro civil en el que consta la inscripción de su defunción (copia auténtica, fl. 11, cdno. 2) y la certificación expedida por la Fiscalía Cuarenta y Una Delegada de Bogotá, fundada en la inspección del cadáver y en el protocolo de necropsia 1634-99, a cuyo tenor se lee:

Que en este despacho cursa en la actualidad proceso radicado con el Nº 407559 por el delito de homicidio, occiso: José Rafael Cardozo (sic) Arias, identificado con la C.C. 93.115.222 del Espinal (Tol), sindicado en averiguación (etapa de investigación preliminar), hechos ocurridos el día 14 de abril del año en curso, en el Pabellón Cuarto de la Cárcel Nacional Modelo de esta ciudad. Inspección de cadáver 2627-1026 de la misma fecha, practicada por la Fiscalía 292 de la Unidad de Reacción Inmediata, en la enfermería del mencionado centro de reclusión. Obra igualmente informe de protocolo de necropsia 1634-99 del occiso en mención, en el cual se concluye “asfixia mecánica secundaria a estrangulamiento con cuerda y/o cables. Manera de muerte: violenta” (original, fl. 4, cdno. 2).

2.2.2.2. El acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el señor José Rafael Cardoso Arias Herrera murió dentro de las instalaciones de la Cárcel Distrito Judicial La Modelo de la ciudad de Bogotá, lugar en el que había sido recluido por orden del Juzgado 48 Penal del Circuito, pues estaba siendo investigado por el delito de hurto calificado y agravado —proceso 02-99—. Así lo acreditan las pruebas que a continuación se relacionan:

a) El Oficio DJM 4114 de 17 de mayo de 2001, por medio del cual la Oficina Jurídica de la Cárcel del Distrito Judicial “La Modelo” adjuntó la cartilla alfabética y tarjeta de control del recluso (documentos remitidos por la entidad pública a través del comunicado en mención, fls. 44-50, cdno. 2).

b) El informe administrativo de los hechos 240 de 15 de abril de 1999, suscrito por el comandante y el relevante del pabellón cuarto del establecimiento penitenciario(5), ratificado por este último, ante la oficina de investigaciones de la Cárcel “La Modelo”. Sobre el particular, el dragoneante Bejarano González Giovanny sostuvo:

Preguntado: Manifieste si se ratifica del informe de fecha 14 de abril de 1999, el cual se le pone de presente, en caso afirmativo diga si la firma que allí aparece es la misma que utiliza en todos sus actos públicos y privados. CONTESTÓ: Si me ratifico, si es la firma que utilizo en todos mis actos públicos y privados. PREGUNTADO: Ya que manifiesta ratificarse, sírvase hacer un relato de los hechos, señalando circunstancias de tiempo, modo y lugar. CONTESTÓ: Estábamos en (sic) Dgte. Ávila Borda y yo en el comando del pabellón haciendo anotaciones, llegaron varios internos nos avisaron que había un interno tirado en las gradas que conducen al segundo piso y aparentemente estaba muerto y le pedimos el favor a los internos que lo condujeron a la sección de sanidad y ahí determinaron que estaba muerto, dicho por el médico de turno, después vino la fiscalía.

Interrogado por el “tipo de arma como (sic) fue muerto el interno”, el deponente respondió “me parece que fue ahorcado o estrangulado porque tenía una marca en el cuello” (documento aportado por la oficina de investigaciones internas del Inpec, mediante Ofi. 297, abr. 10/2001, fl. 20, cdno. 2).

c) Mediante Auto 223 de 19 de abril de 1999, la Dirección de la Cárcel del Distrito Judicial “La Modelo” ordenó la apertura de diligencias preliminares, con miras a establecer la autoría de la muerte del señor José Rafael Cardoso Arias y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y, por decisión del 18 de mayo siguiente, el funcionario delegado para la instrucción, decretó la práctica de pruebas. No se tiene conocimiento cómo culminó la investigación (documento aportado por la oficina de investigaciones internas del Inpec, mediante Ofi. 297, abr. 10/2001, fls. 14 y 17, cdno. 2).

2.2.2.3. Por razón de la muerte del señor José Rafael Cardoso Arias su compañera permanente e hijos resultaron afectados moralmente.

Esto es así, porque los registros civiles que reposan en el plenario demuestran que los menores —para la fecha de presentación de la demanda— Diego Edisson, Elsida Milena y Diana Carolina Cardoso Moreno son hijos de los señores José Rafael Cardoso Arias y Rosa Ilma Moreno Pinto (copias auténticas, fls. 7-9, cdno. 1), lo que, además, demuestra la calidad de compañera permanente de esta última, aspecto este que se afirma en la demanda y que no aparece contradicho en el plenario. De ahí que, en este punto, haya lugar a modificar la sentencia para, en su lugar, reconocer perjuicios a su favor.

Cabe anotar, además, que en el proceso obra la declaración extraproceso rendida por los señores Marco Antonio Vega, Luis Hernando Fonseca Martínez y Carlos Almeiro García Echeverry, quienes dieron cuenta de la convivencia por más de quince años entre el señor José Rafael Cardoso Arias y la señora Rosa Ilma Moreno Pinto, unión de la cual procrearon tres hijos, así como de la dependencia económica de éstos con la víctima (originales de las actas, fls. 3, 5 y 6, cdno. 2). Documento declarativo respecto del cual la parte actora solicitó ratificación, empero tribunal la negó, “por cuanto no se expresa el domicilio y residencia de los testigos”(6) (fls. 11, 91-92, cdno. 1).

Nótese, en este último punto, que, al amparo del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991, los documentos que contengan testimonios de terceras personas, por haberse vertido ante el juez, en otro proceso o extraprocesalmente, sin intervención de la parte contra quien se aducen o bien por haberse producido sin otra intervención que la del otorgante, deben ser valorados por el fallador sin necesidad de ratificarlos, salvo que así lo solicite la parte contra quien se pretenden hacer valer en el proceso al que fueron aportados.

Además, cabe anotar que en los términos del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, además de los medios de prueba que la norma relaciona y que el mismo estatuto regula “(…) sirven como pruebas (..) cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”, los que se practican con sujeción a las disposiciones que regulan mecanismos semejantes o siguiendo el prudente juicio del juzgador.

Ahora bien, debe insistirse en que el régimen probatorio que nos gobierna no impone una tarifa legal y, por tanto, en casos en los que se recauden medios de conocimiento, así estos comulguen con los previamente regulados y descritos en las normas procesales, en todo caso, siempre que cumplan con los requisitos de pertinencia, oportunidad y, particularmente, que sobre ella haya operado la contradicción.

La amplitud de admisibilidad de los medios probatorios y la especificidad de las formas legales de algunas de las pruebas, sin embargo, impone que el control de la prueba no se reconduzca en todos los casos a un sola forma de contradicción, de manera que, por vía de ejemplo, no es posible sostener que, en todos los casos, la prueba deba ser objeto de ratificación o que siempre la contraparte deba tener la posibilidad de contrainterrogar en el mismo momento, como tampoco que determinada prueba deja de serlo porque la contraparte no fue citada, pues, en todos los casos, lo esencial tiene que ver con que quien no participó en su formación, tenga acceso, con igualdad probatoria y posibilidad, a oportunidades reales y efectivas de contradicción.

La Constitución Política garantiza el acceso a la justicia(7) y la facultad de probar(8) como derechos fundamentales orientados a asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes, la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y la primacía de los derechos inalienables de las personas(9), con prevalencia del derecho sustancial(10).

Ahora, particularmente en cuanto a la demostración de la calidad de compañero permanente, la Corte Constitucional ha considerado válidas las declaraciones extrajuicio, sin perjuicio de la falta de ratificación(11).

2.2.3 Análisis del caso. Responsabilidad del Estado por daños causados a reclusos.

Esta corporación ha precisado que las personas recluidas en establecimientos carcelarios o de detención se encuentran en una situación de indefensión y vulnerabilidad manifiesta, que implica la existencia de una relación de especial sujeción al Estado(12). Dicha sujeción, sostiene la jurisprudencia, se deriva de la limitación legítima de algunos derechos y libertades de los presos y de la reducción o eliminación de las posibilidades que tienen éstos “(…) de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros de que puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario”(13).

De esta manera, el Estado tiene el deber de asumir la reparación por los daños antijurídicos causados a las personas privadas de la libertad en dichas instituciones penitenciarias. Esto, porque a la relación de especial sujeción subyace la responsabilidad por la lesión de los bienes jurídicos que no son susceptibles de limitación durante la reclusión, como la vida, la integridad y seguridad personales. Así, los reclusos no están obligados a soportar cargas diferentes a las que se desprenden de las propias condiciones de su privación de la libertad y, por tanto, la administración debe responder por los perjuicios que excedan dichas condiciones.

En el presente caso, está acreditado que el señor José Rafael Cardoso Arias se encontraba recluido en la Cárcel del Distrito Judicial La Modelo de la ciudad de Bogotá para la fecha de los hechos, por órdenes del Juzgado 48 Penal Municipal, sindicado del delito de hurto calificado y agravado, en el curso de la investigación penal identificada con el número 02-99. De esta forma lo dio a conocer la oficina jurídica de dicho centro carcelario.

Así mismo, el acervo probatorio da cuenta de que el antes nombrado murió el 14 de abril de 1999, por “asfixia mecánica secundaria a estrangulamiento con cuerda y/o cables”. Manera de muerte: violenta”, en hechos ocurridos al interior del establecimiento penitenciario, mientras se encontraba bajo la custodia y vigilancia de los directivos y el personal de oficiales, suboficiales y guardianes del establecimiento de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Igualmente, está acreditada la imputación jurídica del daño a la entidad pública accionada, en la medida en que, en los términos del artículo 16 de la Ley 65 de 1993, el Inpec tiene a su cargo la creación, dirección, administración, sostenimiento y vigilancia de los establecimientos carcelarios de orden nacional, como la Cárcel La Modelo de la ciudad de Bogotá, en la cual se encontraba recluida la víctima el día de su deceso, así como los deberes de cuidado, protección y seguridad respecto de los reclusos.

Ahora, si bien no se tiene certeza sobre la autoría de la muerte ni las circunstancias en que ello ocurrió, según reiterada jurisprudencia, los establecimientos carcelarios asumen una obligación de seguridad y protección frente a los internos, que deviene en el deber de reintegrarlos a la sociedad en las mismas condiciones físicas y psíquicas en las que cada uno ingresó.

En relación con los alegatos de la defensa, la Sala encuentra que éstos carecen de soporte, comoquiera que no se probó que la conducta del señor José Rafael Cardoso Arias hubiera tenido relación con el resultado, es decir con su muerte.

Y, sobre el hecho de un tercero, la jurisprudencia ha señalado que la muerte de quien se encuentra recluido en un establecimiento carcelario a manos de una persona ajena al Estado, no configura dicha eximente de responsabilidad, en la medida en que la administración asume la obligación de brindar la protección que requieren los internos, para lo cual debe cumplir con las obligaciones de custodia y vigilancia, que permiten garantizar su seguridad. Lo anterior, teniendo en cuenta que las personas que se encuentran privadas de la libertad soportan no sólo la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades, sino la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de que puedan ser víctimas al interior del centro de reclusión(14).

Bajo el mismo lineamiento, la Sala ha precisado que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros que ostentan igual condición, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos(15).

No debe olvidarse que la finalidad última de los centros penitenciarios o de reclusión es la rehabilitación y reinserción de quienes, por alguna razón, infringieron las disposiciones penales y se han hecho merecedoras a la privación de su libertad. Empero, dicha infracción y su consecuencia normativa no implica que el Estado abandone a su suerte a estas personas, por el contrario, está en la obligación constitucional y legal de velar por su integridad personal —en todos los órdenes— y por sus vidas. Es por ello que la administración debe adoptar las medidas necesarias para prever y evitar que armas de fuego o de cualquier otra categoría ingresen a los establecimientos carcelarios, con miras a garantizar la seguridad de quienes se encuentran bajo su custodia y cuidado.

Aunque no exista certeza de una falla en el servicio, en las actuaciones específicas de la administración en el día de los hechos (en el sentido de lo hecho o dejado de hacer), el sistema carcelario afronta una desestructuración sistemática y una negligencia prolongada, en las que mal podría excusarse la administración, cuando, como en el sub lite, producto de ellas, un interno es agredido en el interior de un penal.

En otras palabras, no puede dejar de reconocer esta corporación que en las cárceles del país existe un estado de cosas inconstitucional, cuyas consecuencias sería injusto atribuir exclusivamente al Inpec, pero que indudable comprometen al Estado en su totalidad. A este respecto vale citar lo señalado por la Corte Constitucional —se destaca—:

Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no sólo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida”. Pero el remedio de los males que azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos del Inpec o del Ministerio de Justicia, los demandados en los procesos bajo estudio. Por eso, la Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y órganos del poder público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de este problema”(16)

.

El sustento del reconocimiento del fallo del sistema, como elemento configurador de responsabilidad estatal permite, a diferencia de la responsabilidad penal o disciplinaria, que con independencia de la acción y omisión individual de un servidor público y aunque todo indique que el estado de cosas impide realizar un señalamiento determinado, predicar, en todo caso, la responsabilidad del Estado como ente moral que tiene a su cargo la eficacia de los sistemas organizativos, tales como el carcelario, el de salud y el educativo, entre otros.

Ahora bien, es preciso aclarar que la falla del sistema o del servicio, derivada del estado de cosas inconstitucional resulta atribuible al defectuoso funcionamiento de más de una entidad e incluso ser consecuencia de una inadecuada política, atribuible a los mismos responsables de diseñarla o de elaborar los modelos de destinación presupuestal. Sin embargo, también es patente que tiene que existir un centro de imputación, frente al cual el asociado pueda reclamar las consecuencias que el daño sistemático genere, sin diluirla. Por esta razón, frente al fallo del sistema ha de entenderse que el principal centro de imputación radica siempre en la entidad directamente responsable, esto es, el órgano al que legal y reglamentariamente se ha atribuido la función en este caso, en el Inpec. Esto se debe, por lo demás, a que, en estricto sentido, en la prestación se distinguen dos instancias de cumplimiento: el órgano público directamente encargado y el conjunto de instituciones que directa e indirectamente le permiten al principal obligado cumplir con su misión. Así pues, si el órgano directamente responsable incumple sus obligaciones en todos los frentes, pues se encuentra en imposibilidad de asumirlas, no se puede sino reconocer su crisis, en todo caso, ajena a las víctimas.

En este orden de ideas, la Sala concluye que el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, con cargo a su patrimonio, tiene el deber de asumir la reparación por los daños antijurídicos causados a los demandantes, dado que el señor José Rafael Cardoso Arias resultó muerto cuando estaba bajo su cuidado y protección, en razón de la privación de su libertad en la Cárcel Nacional La Modelo de la ciudad de Bogotá.

Finalmente, para la Sala resulta altamente reprochable y no la puede pasar por alto, la defensa de la entidad pública demandada, consistente en que los reclusos procuran su muerte para efectos de conseguir una indemnización, comoquiera que la dignidad humana exige respeto, particularmente de las autoridades establecidas para garantía y protección, de donde no se entiende cómo se formula una acusación contraria a la inalienabilidad de la víctima, de hondo agravio para su familia.

2.2.4. Perjuicios.

Como la demandada circunscribió su oposición a la ausencia de responsabilidad en los hechos, la cual se encuentra desvirtuada, tal y como se estableció con las pruebas que reposan en plenario y, teniendo en cuenta que la entidad es apelante único, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, en aplicación del principio de la no reformatio in pejus, por lo que resulta del caso confirmar la sentencia de primera instancia, en los términos allí resueltos.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”.

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 26 de diciembre de 2003, proferida por la Sala Tercera de la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Expídanse las copias con destino a las partes, con las precisiones de la última norma en cita y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(3) Para el 28 de julio de 2000, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 26 390 000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en la suma de $ 184 288 545, por concepto de lucro cesante.

(4) Sentencia de 7 de diciembre de 2005, expediente 15556 (R-04035), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(5) La Sala anota que la fotocopia remitida del documento no es legible, por lo que se remite a lo consignado en la ratificación realizada por uno de los que lo suscribieron.

(6) La decisión fue impugnada por la parte actora, empero, posteriormente, desistió de la alzada (fls. 96-97 y 103, cdno. 1).

(7) Conforme al artículo 229 Constitucional, “[s]e garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

(8) El artículo 29 Constitucional garantiza a toda persona el derecho “…a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”.

(9) Así lo impone la Constitución Política —se destaca—: “[s]on fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” —art. 2º— y “[e]l Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona” —art. 5º—.

(10) Preceptúa el artículo 228 Constitucional, que “[l]a administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial” —se destaca—.

(11) En dicha providencia, la Corte revisó un caso en el cual un hombre, que había sido excluido por sorteo, fue reclutado cuando iba a diligenciar y a entregar documentos. Su compañera permanente instauró la acción de tutela y adujo que él velaba por la manutención de la familia, compuesta adicionalmente por dos niños que no eran hijos del conscripto. Por su parte, la entidad demandada señaló que era cierto que el soldado había sido descartado por sorteo, sin embargo no pagó a tiempo la compensación militar ni reclamó la libreta. Por lo mismo, cualquier derecho que se hubiese derivado de tal situación había prescrito. Adicionalmente, afirmó que la declaración extrajuicio no era un documento idóneo para demostrar la unión marital de hecho. Un punto relevante a destacar en las consideraciones generales de la sentencia proferida por esta corporación radicó en señalar que la compañera permanente, debido precisamente a las obligaciones que existen entre compañeros permanentes, puede ver sus derechos fundamentales conculcados por el reclutamiento de su pareja. Por ello, es posible que en un caso la compañera permanente también esté legitimada por activa para instaurar la acción de tutela y proteger de manera directa sus derechos fundamentales. Sin embargo, en razón a contradicciones que se observaban a partir de un estudio minucioso de los elementos probatorios obrantes en el expediente, esta corporación denegó el amparo. No porque se exigiera un documento específico para demostrar la existencia de la unión marital de hecho, sino en razón a que la declaración presentaba mostraba contradicciones con otros elementos probatorios que no permitían concluir que la demandante y el conscripto fueran realmente pareja y conformaran una familia. Ver Sentencia de Constitucionalidad C-521 de 2007 y de tutela, como lo son la T-774 de 2008, T-489 de 2011 y T-667 de 2012.

(12) Entre otras, se pueden consultar, las sentencias de 30 de agosto de 2006, radicación 27581, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; de 3 de mayo de 2007, radicación 21511, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 20 de febrero de 2008, radicación 16996, C.P. Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial que fue reiterada en las sentencias de 29 de enero de 2009, radicación 16975, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 26 de mayo de 2010, radicación 18800, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(13) Sentencia de 23 de abril de 2008, radicación 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(14) Sentencia de 26 de mayo de 2010, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 18584.

(15) Sentencia de 14 de abril de 2011, M.P. Danilo Rojas Betancourth, expediente 20587.

(16) Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Con posterioridad a esta decisión, la Corte se ha pronunciado sobre el estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas en las sentencias T-530 de 1999, T-84 de 2000, T-1291 de 2000, T-256 de 2000, T-257 de 2000, T-1077 de 2001, C-157 de 2002 T-1030 de 2003, y T-1096 de 2004.