Sentencia 2000-01764 de julio 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 25 000 2326 000 20000 1764 02

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 27439

Actor: Carlos Eduardo Hermosa y otros

Demandado: Distrito Capital-Secretaría de Tránsito y Transporte

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., julio veintinueve de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto del lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(3).

II. Valoración de los medios de prueba

7. Antes de entrar a revisar las circunstancias fácticas probadas dentro del proceso, se hace necesario hacer dos aclaraciones sobre la valoración de las pruebas allegadas por las partes.

7.1. No serán valoradas las pruebas allegadas por la parte actora junto con los alegatos de conclusión de primera instancia, por cuanto para el momento de su radicación ya habría concluido la etapa probatoria de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo(4) Se trata de las copias simples de: diligencia de indagatoria de Felix Alberto Salgado rendida ante la fiscalía, resolución sobre exoneración de multa, formulario de compraventa de vehículo y formulario del registro distrital automotor (fls. 68 y ss. cdno. 2).

7.2. Las providencias y oficios emitidos por la Fiscalía 170 Delegada ante la Unidad Séptima de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, los cuales fueron allegados por la parte actora, serán valorados, toda vez que ese despacho notificó a la entidad demandada de sus decisiones, las cuales contienen órdenes expresas dirigidas a ella con relación al restablecimiento de los derechos del denunciante señor Carlos Eduardo Hermosa.

III. Hechos probados

8. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. La Secretaría de Tránsito y Transporte emitió la Resolución 1378.94 del 15 de julio y del 14 de septiembre de 1994 “por la cual se autoriza el cambio de servicio de un vehículo de servicio público a particular vinculado a la empresa Nuevo Taxi Mío”, en la cual dispuso que una vez revisados los documentos presentados por el peticionario era viable conceder la autorización de cambio de servicio del vehículo de placas SA 5443 y en consecuencia ordenar la cancelación de la tarjeta de operación del servicio (copia simple de las dos resoluciones —fls. 11-14, cdno. pruebas—).

8.2. La Fiscalía Delegada 170 ante la Unidad Séptima de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, mediante resolución del 24 de septiembre de 1998 que buscaba atender las previsiones del artículo 14 del Código de Procedimiento Penal sobre el restablecimiento del derecho (copia auténtica de la providencia y copia simple del oficio 639 con fecha del día siguiente mediante la cual se le notificó el contenido de la resolución a la entidad demandada —-fls. 5 y 147, cdno. pruebas—), comprobó la falsedad en los documentos que motivaron la expedición de las resoluciones 1378.94 del 15 de julio y 14 de septiembre de 1994 de la Secretaría de Tránsito y Transporte y ordenó a esa entidad declarar la invalidez jurídica del acto administrativo contenido en las dos resoluciones y restablecer los derechos quebrantados.

8.3. La Secretaría de Tránsito y Transporte, mediante Auto 83 del 20 de noviembre de 1998, en atención a la orden emanada de la Fiscalía 170 Delegada, manifestó que “se ordena el restablecimiento del derecho al señor Rómulo Eduardo Castiblanco González, identificado con la CC 79 100 637 de Engativá, como titular del vehículo de placas SA 5443 y se ordena la cancelación en el servicio público al vehículo que lo reemplaza de placas SGN-363 de propiedad del señor Pardo Mirque Ricardo, identificado con la CC 193 376 365 por quedar sin base legal, el cambio de servicio que dio origen a su matrícula en el servicio público, ya que la norma prohíbe que dos vehículos en el servicio público circulen con el mismo derecho. Notifíquese. Contra la presente providencia no procede ningún recurso por tratarse del cumplimiento de una orden judicial” (copia simple del auto —fl. 6, cdno. pruebas—).

8.4. Esa entidad informó al señor Rómulo Eduardo Castiblanco que la Fiscalía 170 ordenó el restablecimiento del derecho “al vehículo taxi de placas SA 5443 cuyo titular es usted”, y que por lo tanto podía acercarse al PAU de Álamos a reclamar la respectiva licencia de tránsito (copia simple de la carta enviada al señor Castiblanco con fecha del 20 de noviembre de 1998, con copia a la Fiscalía 179 —fl. 121, cdno. pruebas—).

8.5. La misma Secretaría envió una carta similar a la empresa Nuevo Taxi Mío S.A., con copia a la Fiscalía 170 Delegada, en donde señaló que acataba la orden impartida por ese último despacho “el cual ordenó el restablecimiento del derecho al vehículo taxi de placas SA 5443 y la cancelación en el servicio público de todos los registros al vehículo que lo reemplazó de placas SGN 363” (copia simple de la comunicación con fecha del 20 de noviembre de 1998 —fl. 122, cdno. pruebas—).

8.6. La secretaría comunicó la anterior situación al señor Carlos Eduardo Hermosa, mediante oficio 128 del 7 de diciembre de 1998, en respuesta a una petición elevada por este (copia simple de la comunicación —fl. 126, cdno. pruebas—).

8.7. La S.E.T.T. expidió la nueva licencia de tránsito donde constaba que el automotor tenía la calidad de servicio público en enero de 1999. No obstante la licencia fue devuelta por contener unos errores y la entidad la entregó corregida de nuevo en abril de 1999 (copia simple de la Resolución 1 del 11 de junio de 1999 de la Secretaría de Tránsito y Transporte —fl. 21, cdno. pruebas—).

8.8. La entidad demandada, mediante Resolución 990405-01 del 5 de abril de 1999, en respuesta a la solicitud 14120 del actor, decretó la caducidad de la acción contravencional, en favor del propietario del vehículo de placas SAE-443, dentro del periodo de revisión técnico mecánica correspondiente a octubre 1996 y septiembre 1997 así como el periodo entre octubre 1997 y septiembre 1998, debido a que la administración no interrumpió el término de caducidad con audiencia pública o resolución motivada (copia simple de la resolución en comento —fl. 19, cdno. pruebas—).

8.9. De igual forma, mediante la Resolución 001 del 11 de junio de 1999, en respuesta a la petición 42909 del actor, resolvió exonerar de multa al vehículo de placas SAE 443, causada entre septiembre de 1998 y marzo de 1999 por la no revisión técnico mecánica del vehículo y cobrar la multa impuesta en el mes de abril de 1999, para lo cual le concedió una prórroga de tres meses, atendiendo a la solicitud del multado (original de la resolución en mención —fl. 21, cdno. pruebas—).

9. El señor Rómulo Castiblanco González es el propietario del vehículo con placas SA 5443, marca Chevrolet Sedan, color azul, modelo 1961, motor F013DAD160259RGD, desde el 25 de octubre de 1984 (copia simple de la certificación de tradición emitida por Tránsito y Transporte el 26 de marzo y el 23 de agosto de 1999 a solicitud del señor Carlos Eduardo Hermosa —fls. 103 y 113, cdno. Pruebas—. En ambas certificaciones consta la anotación de “Observaciones: restablecimiento del derecho por el Fiscal 170” y copia simple de la tarjeta de propiedad del vehículo con placas SA 5443 —fl. 137, cdno. pruebas—).

IV. Problema jurídico

10. La Sala deberá revisar si, de acuerdo con el material probatorio allegado por las partes, quedó demostrado que el actor Carlos Eduardo Hermosa se vio imposibilitado de gozar de su derecho al cupo de vehículo de servicio público taxi de placas SA 5443 afiliado a la empresa de transporte Nuevo Taxi Mío con ocasión de una falla del servicio atribuible a la entidad Distrito Capital-Secretaría de Tránsito y Transporte la cual emitió las resoluciones 1378 del 15 de julio de 1994 y 14 de septiembre de 1994 mediante las cuales se cambió el servicio que prestaba dicho vehículo.

V. Análisis de la Sala

11. La Sala encuentra que las resoluciones 1378.94 del 15 de julio de 1994 y 14 de septiembre de 1994, las cuales modificaron la categoría de servicio público a uso particular del vehículo taxi de placas SA 5443 y le cancelaron el cupo con el que contaba dicho automotor para la prestación de este servicio, le causaron un daño al señor Carlos Eduardo Hermosa, consistente en la imposibilidad de desarrollar la actividad económica a la que estaba destinado el vehículo en mención con la consecuente pérdida del lucro que esperaba recibir. Se aclara que si bien el señor Hermosa no demostró ser el propietario del vehículo en mención (párr. 9), la expectativa de ejercer una actividad productiva con un vehículo taxi es predicable no sólo de su dueño, sino de terceros de buena fe, como es el caso del demandante.

11.1. En cuanto a la fecha en la cual cesaría la generación del daño, la Sala difiere de la posición del actor. Este consideró que si bien la Secretaría de Tránsito y Transporte ordenó “el restablecimiento del derecho al señor Rómulo Eduardo Castiblanco González, identificado con la CC 79 100 637 de Engativá, como titular del vehículo de placas SA 5443 y se ordena la cancelación en el servicio público al vehículo que lo reemplaza de placas SGN-363 de propiedad del señor Pardo Mirque Ricardo” (párr. 8.2.), el perjuicio ocasionado con las resoluciones en comento se prolongó hasta el 11 de junio de 1999, fecha en la cual la entidad demandada le revocó la multa por la omisión en realizar la revisión técnico del vehículo. No obstante, la licencia de operación para la prestación del servicio de taxi fue emitida en abril de 1999 (párr. 8.7), dando cumplimiento a la providencia del 20 de noviembre de 1998 con lo cual se rehabilitó el cupo del vehículo de placas SA 5443 y se restableció realmente el derecho quebrantado del dueño o tercero de buena fe que buscara explotar económicamente el automotor.

12. Ahora bien, se debe determinar si ese daño ocasionado a los demandantes entre el 15 de julio de 1994, fecha de la primera resolución emitida por la Secretaría de Tránsito en la cual canceló el cupo del taxi de placas SA 5443, y abril de 1999, momento en el cual el señor Hermosa Rojas contó con la licencia de operación para prestar el servicio público en ese taxi, es atribuible a la acción u omisión de la administración distrital.

(...).

12.1. En el análisis de la imputación del daño, la Sala debe determinar, si la expedición de las dos resoluciones 1378.94 del 15 de julio y 14 de septiembre de 1994, las cuales fueron declaradas falsas, responden a una falla del servicio en cabeza del Distrito Capital-Secretaría de Tránsito y Transporte.

12.2. La providencia de restablecimiento del derecho(5) emitida por la Fiscalía Delegada 170, dentro del proceso penal impulsado por la denuncia que hiciere el señor Carlos Eduardo Hermosa, estableció la falsedad en los documentos que fueron radicados ante la entidad demandada con la intención de solicitar el cambio de servicio público a particular del taxi con placas SA 5443:

La actitud falsearia cometida es evidente. Basta señalar que existen dos resoluciones administrativas radicadas bajo el mismo número, esto es, 1378.94 pero emitidas con fechas diferentes, julio 15 y septiembre 14 de 1994, destacándose el hecho de que respecto de la segunda resolución en mención se pudo determinar que los documentos que soportaban la solicitud de cambio de servicio público a particular son falsos, habida consideración que los mismos no fueron suscritos por Rómulo Eduardo Castiblanco, persona que enajenó el rodante con el concesionario Carriautos Ltda. y este a su vez con el aquí denunciante, conclusión que encuentra respaldo técnico tanto en la prueba grafológica vista a fl 102 como en el estudio dactilar fl 178 del código de comercio.

12.3. La Sala ha desarrollado jurisprudencia sobre la alegada responsabilidad de la administración cuando emite resoluciones o realiza actuaciones con base en actos fraudulentos de terceros que causan perjuicios a los demandantes que obraron en un procedimiento administrativo de buena fe.

12.4. En la sentencia de 8 de noviembre de 2001(6), la Sala debió determinar si el hecho de que la administración haya realizado el registro de un vehículo con fundamento en unos documentos falsos derivó la obligación de esa entidad de reparar el daño causado como consecuencia del mismo. Consideró que la respuesta a este interrogante debía ser positiva siempre que en el acto de registro las autoridades competentes hubieran incurrido en irregularidad por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes legales. Es decir, habría lugar a establecer la responsabilidad del Estado si los funcionarios de la entidad demandada, o al menos con su complicidad, en ejercicio de sus funciones, hubieran omitido el cumplimiento de los controles legales al realizar el acto:

La exigencia de inscripción de los vehículos en un registro público tiene por objeto permitir el control que debe ejercer el Estado sobre una actividad de interés general, que presenta un avance en el desarrollo social, pero que a su vez contiene una potencialidad destructiva que debe ser mantenida dentro de estrictos límites.

(...).

No obstante, la certificación oficial de los datos que consten en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos.

En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares.

Sin embargo, no debe perderse de vista que en estos actos de registro y posterior certificación en los cuales se da fe de una verdad suministrada por un particular y no de un acto que la autoridad que expida la certificación haya debido presenciar, la responsabilidad por la veracidad del dato corresponde al particular que la suministra y si bien es cierto que el Estado debe establecer unas medidas de control para evitar que se alleguen datos falsos, también lo es que en aplicación del principio de la buena fe no debe confirmar todo cuanto el particular acredita ante éste.

En síntesis, puede afirmarse que para el Estado el deber de certificación implica responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha incurrido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición del certificado, pero no cuando da cuenta de la verdad formal consignada por el particular y se han agotado las medidas de control que el caso concreto exige.

(…).

Ahora bien, lo que debe resolverse en este caso es si del hecho de que la administración haya realizado el registro del vehículo objeto de este proceso con fundamento en unos documentos falsos se deriva la obligación de reparar el daño causado como consecuencia del mismo.

La respuesta a este interrogante debe ser positiva siempre que en el acto de registro las autoridades competentes hubieran incurrido en irregularidad por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes legales. En el caso concreto, sería atribuible a la administración el daño sufrido por el demandante si los documentos apócrifos hubieran sido expedidos por funcionarios de la Dirección de Aduanas o al menos con su complicidad, en ejercicio de sus funciones, o en el supuesto de que la autoridad encargada de realizar la inscripción hubiera omitido el cumplimiento de los controles legales al realizar el acto.

En relación con el primer supuesto, no obra en el expediente ninguna prueba que permita vincular a los funcionarios de la dirección de aduanas con el hecho. Es decir, que no hay razones para afirmar que en el delito de falsedad intervino ningún funcionario del Estado. El demandante afirmó haber denunciado penalmente por el delito de estafa al señor Manuel Rueda Guzmán, anterior propietario del vehículo, pero no a funcionario alguno...

En el caso concreto el registro se realizó con fundamento en los documentos que fueron aportados por el propietario del bien y en la factura se autenticó la firma del vendedor, como exige el decreto referido.

En consecuencias no hubo falla del servicio de la entidad administrativa demandada que cumplió con el deber de controlar los datos consignados en el registro, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. En tales condiciones, el hecho es imputable al particular que incurrió en delito de falsedad y por lo tanto, será éste quien deba indemnizar el daño causado al demandante(7).

12.5. En otra ocasión —sent., jul. 7/2005(8)— el comprador de un vehículo demandó al Instituto de Tránsito y Transporte del Tolima, IDTT, por cuanto al poco tiempo de realizar el registro de traspaso del automotor en esas oficinas, este fue decomisado por el grupo de automotores de la Sijin, en la ciudad de Ibagué, por presentar signos de adulteración en las placas de identificación. Los demandantes alegaron que al momento de expedirse la licencia del vehículo las autoridades de tránsito omitieron constatar si sobre el bien pesaba algún comiso, embargo o reporte de hurto; tampoco verificaron que los sistemas de identificación del vehículo fueran auténticos así como los documentos que soportaban la solicitud de expedición la licencia. La Sala concluyó que la legislación vigente al momento de los hechos no imponía a esos funcionarios la obligación de ejercer medidas de control adicionales para establecer la procedencia del vehículo, luego se cumplieron de manera plena los requisitos exigidos por las normas que regían, en ese momento, este tipo de actuaciones:

De acuerdo con la normatividad vigente para el momento de los hechos y las pruebas que obran en el proceso no es posible derivar alguna irregularidad en el procedimiento seguido por la entidad demandada, tanto en la expedición de la licencia de tránsito inicial, como en los dos traspasos de propiedad posteriores. Respecto del registro inicial de vehículo se diligenció completamente el formulario único nacional y se aportaron los documentos requeridos por el artículo 73 del acuerdo 51 de 1993 y el vehículo fue debidamente identificado, de acuerdo con lo prescrito en el parágrafo primero del artículo 87 del código nacional de tránsito, entonces vigente. Lo mismo se puede afirmar de los dos traspasos de propiedad posteriores, por cuanto los formularios respectivos fueron debidamente diligenciados y se suministraron los documentos requeridos por el artículo 84 del acuerdo citado. En el mismo sentido, de la documentación que obraba en expediente del vehículo en la oficina de tránsito de Melgar, no se puede observar algún tipo de alteración o falsedad que llevaran a deducir que se trataba de un vehículo robado.

En efecto, del procedimiento aplicado por la entidad demandada y de los documentos aportados por los particulares que intervinieron en ellos, no llevaba a exigir de la entidad demandada una actuación diferente a la que efectivamente desarrolló; no se determinaba por la ley que se requiriera a otras autoridades la remisión de los antecedentes del vehículo; en efecto, nada conducía a ejercer medidas de control adicionales para establecer la procedencia del vehículo, como tampoco la legislación vigente al momento de los hechos establecía el deber de hacerlo; luego, se cumplieron de manera plena los requisitos exigidos por las normas que regían, en ese momento, este tipo de actuaciones. Se podría argüir que el vehículo debía ser examinado por peritos de la entidad demandada; sin embargo, la normas de registro inicial ni las de traspaso de propiedad lo exigían, por cuanto fue registrado como vehículo último modelo y en ninguna circunstancia lo exigía el traspaso. Además, la oficina de tránsito no contaba con peritos, pues no tenía equipos de diagnóstico mecánico al momento de los hechos y por esa razón el artículo sexto de acuerdo 51 de 1953 no imponía el cumplimiento de tal requisito.

Se concluye, entonces, que la autoridades de tránsito actuaron de acuerdo con las normas vigentes al momento del hecho sin que pudiera reclamarse de ellas una conducta diferente, ya que no se era posible deducir de manera evidente algún tipo de irregularidad o falsedad de los documentos aportados por quienes registraron el vehículo o realizaron el traspaso de propiedad del mismo. Razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.

12.6. En sentencia más reciente del 10 de junio de 2009(9), el actor atribuyó una falla por omisión en la prestación del servicio imputable al Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Tolima, por haber matriculado un vehículo con documentos falsos, el cual había sido hurtado meses atrás en la ciudad de Medellín, circunstancia que le produjo perjuicios al actor cuando la Policía Nacional procedió a retener y decomisar el automotor adquirido legalmente. En esta ocasión, consideró la Sala que los organismos de tránsito no tienen atribuida la facultad de investigar la autenticidad de los documentos allegados por las personas interesadas para su trámite, y menos aún están en el deber legal de comprobarla, toda vez que en relación con ese tipo de actuaciones se presume la buena fe de los particulares, a efectos de brindar celeridad y eficacia a los trámites que adelantan. La Sala concluyó que el resultado dañoso obedeció a la presencia de una causa extraña, como lo es el hecho exclusivo y determinante de un tercero, lo cual exime de responsabilidad a la entidad demandada:

En el caso particular, la obligación de la entidad demandada no podía ir más allá que el de dar fe acerca de los documentos que allegó la persona que matriculó inicialmente el vehículo, de suerte que no estaba dentro de su ámbito establecer si tales documentos eran falsos o no, pues dentro de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico a las autoridades de tránsito no estaba contemplada dicha posibilidad.

En efecto, en aplicación de la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de los particulares ante la Administración Pública y que consagra el artículo 83 de la Carta Política, el Acuerdo 51 de 14 de octubre de 1993, “por el cual se dictan disposiciones en materia de tránsito terrestre automotor” proferido por la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, disponía en el artículo 2º que en las gestiones que se adelantaran ante las autoridades de tránsito debía presumirse la buena fe.

Por su parte, el artículo 3º de dicha normatividad establecía que “La responsabilidad de todos los trámites que se lleven a cabo ante los organismos de tránsito y ante el INTRA, estará en cabeza del propietario, vendedor, comprador, mandatario, importador, tenedor, poseedor del vehículo; médicos en el evento de la práctica de los exámenes para la obtención de la licencia de conducción; propietarios, representante legal, directores de las escuelas de enseñanza automovilística, etc, sin perjuicio de las acciones legales que de ello se desprenda.

De conformidad con la normatividad aludida, las improntas tomadas sobre los datos de identificación del vehículo deben ser adheridas por el interesado en el Formulario Único Nacional. En ese sentido, es dable afirmar que al no corresponderles a las autoridades de tránsito el levantamiento de las improntas, mal podría exigirse de éstas la constatación sobre la originalidad y autenticidad de los datos allí consignados.

Las autoridades competentes deben partir, en aplicación del principio de la buena fe, del supuesto de que los datos de identificación del vehículo, según improntas acompañadas a la solicitud de matrícula o de traspaso de la propiedad, son originales. No es la autoridad de tránsito la competente para establecer la autenticidad de los documentos que amparan la importación, nacionalización y compraventa de un vehículo.

Los Organismos de Tránsito no tienen atribuida la facultad de investigar la autenticidad de los documentos allegados por las personas interesadas para su trámite, y menos aún están en el deber legal de comprobarla, toda vez que en relación con ese tipo de actuaciones se presume la buena fe de los particulares, quienes asumen la responsabilidad sobre la información suministrada a efectos de brindar celeridad y eficacia a los trámites.

No hay duda que la demandada, en aplicación del citado principio, cumplió con la obligación de registrar unos documentos que le fueron allegados por la persona interesada. Y si bien dicha situación produjo confianza en el demandante en el sentido de que el automotor se encontraba debidamente matriculado, ello constata que las autoridades de tránsito cumplieron con la obligación que les imponía el ordenamiento legal, cual era el registro del vehículo automotor. Desafortunadamente en este caso la persona que registró los documentos engañó a las autoridades de tránsito, artificio que no fue posible detectarlo por quien tenía la obligación de registrar la matrícula inicial del vehículo.

Además, el ordenamiento legal vigente para la época de los hechos no exigía a los organismos de tránsito la obligación de cotejar firmas, huellas o improntas, limitándose su labor a la evaluación formal de los documentos sometidos a inscripción.

12.7. Si bien la Sala no le puede dar la razón a la entidad demandada que señaló que los funcionarios de tránsito no incurrieron en irregularidad en el cumplimiento de sus deberes legales, por cuanto en palabras de la fiscalía “La actitud falsearia cometida es evidente. Basta señalar que existen dos resoluciones administrativas radicadas bajo el mismo número, esto es, 1378.94 pero emitidas con fechas diferentes, julio 15 y septiembre 14 de 1994…” (párr. 12.2.), tampoco es posible entrever la responsabilidad de la entidad por cuanto la parte actora no demostró que los empleados a cargo de adelantar la petición de cambio de servicio público a uso particular del vehículo hubieran actuado junto con el tercero de mala fe en la producción del daño en cabeza del actor o hubieran omitido el cumplimiento de los controles legales en el trámite que adelantaron.

12.8. En conclusión, el daño ocasionado al señor Carlos Eduardo Hermosa y a los demás accionantes, es producto del hecho de un tercero, quien engañó a la administración y buscó la cancelación del cupo de taxi concedido al vehículo de placas SA 5443 mediante la falsificación de la firma del propietario de ese bien. Debe en consecuencia la parte actora hacerse parte como víctima o parte civil dentro del proceso penal (según el modelo de procesamiento penal vigente para la época de la denuncia), de manera que sea quien cometió el ilícito penal de falsedad en documento privado, el llamado a indemnizar los perjuicios sufridos con dicha conducta.

12.9. No escapa a la atención de la Sala, que si bien no es procedente establecer la responsabilidad del Estado por las razones anotadas, sí es deseable que la entidad demandada establezca unas medidas de control en el marco de una política anticorrupción, de manera que se logren identificar datos falsos y así evitar que los usuarios del servicio que presta esa entidad, sean atacados en su buena fe y resulten víctimas de engaños y fraudes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 16 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) En la demanda presentada el 22 de agosto de 2000, la pretensión mayor corresponde al lucro cesante por el dinero dejado de devengar con la prestación del servicio de taxi entre el 28 de abril de 1995 y el 11 de junio de 1999, estimado por la parte actora en la suma de $120 000 000. El decreto vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia es el Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año 2000 fuera de doble instancia, debe ser superior a $26.390.000.

(4) “Artículo 210. Traslados para alegar. Practicadas las pruebas o vencido el término probatorio, se ordenará correr traslado común a las partes por el término común de diez (10) días, para que aleguen de conclusión. (…)”

(5) Consagraba el artículo 14 del Decreto 2700 de 1991 sobre el restablecimiento del derecho: “Cuando sea posible, las autoridades judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del hecho punible y las cosas vuelvan al estado anterior, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados.”

(6) Citada en la sentencia del 10 de junio de 2009 analizada más adelante.

(7) Expediente 13730.

(8) Rad. 73001-23-31-000-1996-04168-01, número interno 1497, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(9) Rad. 73001-23-31-000-1997-06031-01, exp. 16303, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.