Sentencia 2000-01770 de marzo 21 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad. 07001233100020000177-01 (23.778)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Ana Elida Estrada Fuentes y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Fuerzas Armadas

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, $ 60.000.000, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones que lo es la de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1).

2. Precisión sobre las partes en este proceso.

2.1. Cabe destacar que la señora Ana Elida Estrada Fuetes y Arcadio Beltrán Tovar, confirieron poder a nombre propio y en representación de sus hijas Liliana Elida y Diana Johanna Beltrán Estrada (fls. 1-2 poderes, fls. 94 a 97 copia de registro civil de nacimiento cdno. ppal.).

2.2. En cuanto a la parte demandada, los actores dirigieron la demanda en contra de la Nación Ministerio de Defensa por actuaciones de la Policía y del Ejército. En primera instancia se declaró la responsabilidad de la demandada, por actos de la Policía Nacional y en cambio se incluyó la no demostración de actuaciones del Ejército Nacional en los hechos que sirven de fundamento a la demanda.

En este orden de ideas, esta corporación en segunda instancia circunscribe su competencia a revisar la apelación de la demandada en tanto se le responsabilizó por las actuaciones de la Policía Nacional.

3. Sobre las pruebas que habrán de valorarse en el proceso.

Valga señalar, previamente, que en relación con todos los hechos que son objeto de esta controversia, se valorarán: (i) las pruebas documentales aportadas por las partes en la demanda y su contestación; (ii) los testimonios practicados por el a quo; (iii) los oficios remitidos por distintas autoridades, en respuesta al a quo, (iv) el dictamen pericial practicado ante el a quo, y (v) las pruebas anticipadas practicadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, a solicitud de la parte demandante, las cuales fueron remitidas al a quo, en copia auténtica, por el secretario de ese despacho (anexo cdno. 2).

3.1. En relación con esta última prueba, cabe señalar que mediante escrito presentado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, a través de apoderado judicial, un grupo de personas, entre las que figura Ana Elida Estrada Fuentes, solicitaron “decretar y practicar diligencia de inspección judicial, con intervención de peritos idóneos, designados al efecto por el juzgado en forma legal y con citación y audiencia de la Nación colombiana y del Ministerio de Defensa..., las Fuerzas Armadas de Colombia...y la Policía Nacional..., sobre todas y cada una de las viviendas que resultaron destruidas o averiadas a consecuencia de los ataques guerrilleros que sufrió la población de Cravo Norte, los días trece (13) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), diecinueve (19) de abril de 1999 y ocho (8) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999); lo cual será materia de proceso contencioso administrativo que instauraré contra los citados y que debido al transcurso del tiempo se corre peligro de que se altere su situación”. Se señaló en el memorial que la diligencia tenía como finalidades las de establecer: (i) la dirección, área total del terreno, área construida y linderos generales de cada uno de los inmuebles objeto de la diligencia; (ii) los daños ocasionados a cada uno de esos inmuebles; (iii) el estado de los bienes muebles que hacían parte de los establecimientos de comercio que funcionaban en algunos de ellos y (iv) la verificación de las barricadas y artefactos explosivos instalados por la Policía en esos inmuebles o en sus inmediaciones.

No hay certeza sobre la fecha en la cual fue presentada la solicitud, pero en todo caso, se advierte que la misma es anterior al 13 de diciembre de 1999, fecha en la cual el juzgado profirió el auto mediante el cual decretó la diligencia que le fue solicitada, y nombró peritos, con el fin de que determinaran los perjuicios materiales; dispuso la notificación de la providencia al gobernador de Arauca, al comandante de la brigada 18 del Ejército y al comandante de Policía de ese mismo departamento y fijó como fecha para llevar a cabo la diligencia el 1º de marzo de 2000. Las notificaciones a esas autoridades se llevaron a cabo a través del comisionado Juzgado Promiscuo Municipal de Arauca. Sin embargo La diligencia se practicó sin la asistencia de la parte demandada y a ella acudieron los peritos, a quienes ese despacho formuló el cuestionario relacionado con el avalúo de los daños materiales verificados en la inspección en relación con los inmuebles objeto de la diligencia.

De conformidad con lo anterior, precisa la Sala que la inspección judicial y el dictamen pericial practicados de manera anticipada pueden ser valorados en este proceso toda vez que la parte demandada fue debidamente citada y notificada, en los términos exigidos por el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil(2), vigente para la época en que se practicó la prueba.

Mediante auto de 27 de septiembre de 2000 se corrió traslado de la prueba anticipada (inspección judicial y el dictamen pericial), y la parte demandada Nación, Policía Nacional, formuló objeción en su contra con fundamento en que el perito no era idóneo y el dictamen, no fue claro, preciso y carece de soporte probatorio para determinar el valor de la afectación; mediante auto de 24 de noviembre de 2000 el a quo decretó la práctica de un segundo dictamen pericial el cual fue allegado al proceso (fls. 228 cdno. 1 y fls. 147 a 150 del cdno. 2).

En consecuencia, podrán valorarse la inspección judicial y los dictámenes periciales.

No ocurre lo propio en relación con los testimonios recibidos anticipadamente porque conforme a lo previsto en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, los testimonios anticipados únicamente podían pedirse cuando el testigo es una persona que estuviera gravemente enferma y de las personas a quienes se llamó a declarar en esa diligencia no se hizo esa afirmación.

3.2. En relación con los recortes de periódicos que fueron traídos con la demanda, carecen de valor probatorio. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, las publicaciones efectuadas en periódicos no oficiales y las informaciones suministradas en otros medios de comunicación escrita, no pueden tenerse como prueba de los hechos que en ellos se informa. Dichas publicaciones solo tienen valor probatorio para efectos de considerar que esa fue la noticia que se publicó, pero en manera alguna permiten acreditar la ocurrencia de los hechos que en ellos se expusieron(3).

4. Sobre la excepción de caducidad.

El a quo declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada con fundamento en que en relación con los hechos, daños y las indemnizaciones derivadas de las tomas guerrilleras ocurridas desde del 19 de abril de 1999, no había operado la caducidad.

Al apelar la parte demandada insistió en la excepción de caducidad, con fundamento en que la demanda se interpuso por fuera del término señalado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que esta fue presentada el 4 de mayo de 2000 y los hechos objeto de la acción resarcitoria ocurrieron desde el 13 de abril de 1998, lo cual significa que el término para interponer la demanda se vencía el 14 de abril de 2000.

A juicio de la Sala, en el caso concreto, la demanda fue presentada dentro del término legalmente establecido para el efecto, por las siguientes razones:

4.1. En la legislación nacional, ha sido regla constante, que el término para interponer la acción de reparación directa empieza a correr a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble. Esto significa que una vez ocurrido el evento causante del daño, el demandante debe acudir a la jurisdicción competente, dentro del plazo fijado en la ley, para interponer la acción de reparación directa, so pena de que opere la caducidad.

Tratándose de la determinación del plazo para demandar, no puede perderse de vista que los daños pueden provenir de un suceso instantáneo, pero también pueden provenir de una sucesión de hechos. En el primer evento, no hay duda, de que el término para interponer la demanda empieza a correr desde que se produce el evento, con las aclaraciones que antes se hicieron sobre la materialización o manifestación del daño. En el segundo caso, el término para reclamar la indemnización de los daños empezará a correr de manera autónomo frente a cada evento que hubiera dado lugar a los sucesivos daños.

Por lo tanto, para determinar en el caso cuándo empezó a correr el término para presentar la demanda, habrá de establecerse cuándo se causaron los daños que se aducen en la misma.

4.2. Según la demanda, durante el lapso comprendido entre el 13 de abril de 1998 y el 16 de enero de 2000 se produjeron varias incursiones guerrilleras que causaron daños al inmueble de propiedad de la señora Ana Elida Estrada Fuentes. Es decir, la demanda hace alusión a daños causados como consecuencia de acciones diferentes, ocurridas en distintas fechas, lo cual implica que el término para reclamar la indemnización de los perjuicios sufridos empezó a correr de manera autónoma en relación con cada evento.

Así entendida la demanda, es cierto que en relación con los daños que se hubieran causado al inmueble como consecuencia de la toma guerrillera ocurrida el 13 de abril de 1998, la demanda interpuesta el 4 de mayo de 2000 fue extemporánea. Queda por analizar la excepción relacionada con las tomas guerrilleras que según la demanda ocurrieron los días 19 de abril de 1999, 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000 que causaron la destrucción total del inmueble.

Las pruebas que obran en el expediente no confieren a la Sala certeza sobre los daños que en concreto se causaron al inmueble en cada incursión guerrillera. Los testigos llamados a este proceso, quienes manifestaron ser vecinos de la demandante, aseguraron que la destrucción total del inmueble de la señora Ana Elida Estrada Fuentes se produjo como consecuencia de la incursión guerrillera ocurrida después del 13 de abril de 1998; por otro lado, buena parte de los daños descritos en la demanda fueron relacionados por la señora Ana Elida Estrada Fuentes en la denuncia que formuló ante la personería municipal, como causados en la toma guerrillera de 19 de abril de 1999, y los informes elaborados por el personero y el alcalde municipal de Cravo Norte sobre lo ocurrido en el municipio con las tomas guerrilleras, acreditan que la destrucción total de la casa se produjo en los ataques ocurridos entre el 19 de abril de 1999 y el 16 de enero de 2000.

En efecto, en relación con los daños sufridos por el inmueble de propiedad de la señora Ana Elida Estrada, en los distintos ataques de la guerrilla, el señor Jolman Caballero Martínez declaró ante el a quo (fls. 106-107 cdno. 2), que por el año de 1998 la guerrillera se tomó por primera vez el municipio de Cravo Norte, ocasión en la cual ese inmueble ubicado cerca de la estación de policía, resultó averiado en las paredes y que en los ataques siguientes fue cuando destruyeron todo el inmueble .

De igual manera, la señora Casilda Sarmiento Sarmiento (fls. 110-111 cdno. 2), declaró que la señora Ana Elida Estada y su familia fueron víctimas de las incursiones guerrilleras, pues les destruyeron una parte de la casa en 1998, y luego en la toma siguiente, les tumbaron su casa y el establecimiento de cantina que tenían allí.

En el informe dirigido por el personero al señor alcalde municipal y al delegado de la Cruz Roja Colombiana el día 29 de abril de 1999, se señala como una de las personas de la sociedad civil que resultó afectada en la toma guerrillera del 19 de abril de 1999, a: “Ana Elida Estrada, C.C. 21.242.359 de Puerto López, dirección calle 2 carrera 4 barrio el centro, valor reportado de los daños: $ 10.000.000” (fls. 141 a 143 cdno. 2).

El alcalde del municipio de San José de Cravo Norte mediante Oficio DA-0531 de 27 de septiembre de 2001 dirigido al Tribunal Administrativo de Arauca en relación con las afectaciones que sufrió la casa de la señora Ana Elida Estrada manifestó:

“En relación con la vivienda de propiedad de la señora Ana Elida Estrada, ubicada en la calle 2 Nº 4-02/08 del barrio el centro de Cravo Norte, me permito informarle que fue destruida aproximadamente en un 20% de su estructura durante la toma guerrillera a la población el 13 de abril de 1998. el inmueble fue reconstruido pero luego de los enfrentamientos armados ocurridos en abril 19 de 1999, julio 8 de 1999 y enero 16 de 2000, entre la fuerza pública y la guerrilla, fue arrasado y destruido por completo, quedando solamente el lote”.

Por último, el jefe de división de reforma vivienda y entrono del INURBE mediante oficio de 1º de noviembre de 2001 dirigido al Tribunal Administrativo de Arauca señala que la señora Ana Elida Estrada Fuentes y su familia fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda como beneficiarios de la toma guerrillera ocurrida en el municipio de Cravo Norte el día 19 de abril de 1999 (fl. 8 cdno. 4).

En síntesis, si bien no se tiene certeza sobre cuáles fueron los daños concretos causados a la vivienda de la demandante en cada ataque guerrillero ocurrido en la población de Cravo Norte, entre el 13 de abril de 1998 y el 16 de enero de 2000, si está demostrado que la destrucción de la edificación ocurrió fundamentalmente en los ataques del 19 de abril y 8 de julio de 1999 y de 16 de enero de 2000. Por lo tanto la demanda presentada el 4 de mayo de 2000 fue oportuna, al menos en relación con los daños causados en esos ataques.

4.3. Pero aún más, no puede perderse de vista que en la demanda, además de la reparación de los daños causados al inmueble, se reclama la indemnización de perjuicios materiales y morales sufridos por la señora Ana Elida Estrada Fuentes, su esposo e hija, por la imposibilidad en la que se encuentran de regresar a su casa, en razón del constante riesgo que representa para ellos vivir al lado de la estación de policía, si se consideran tanto las eventuales incursiones guerrilleras, como los mecanismos de seguridad dispuestos por los agentes para protegerse de esos ataques, daños en relación con los cuales no puede afirmarse que la demanda se hubiera presentado después de vencido el plazo señalado en la ley para el efecto, porque los mismos ocurrieron con posterioridad a la primera incursión guerrillera.

Por lo tanto, se negará la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada y se procederá a hacer un análisis de fondo de los hechos que se debaten.

5. Sobre la prueba de los daños aducidos en la demanda.

5.1. Está demostrado que la señora Ana Elida Estrada Fuentes es propietaria del inmueble ubicado en la calle 2ª Nº 4-02/08, del municipio de Cravo Norte el cual resulto destruido por las tomas guerrilleras. De ello dan cuenta las siguientes pruebas:

La escritura pública número 121 de 4 de agosto de 1978 (fls. 86-88 cdno. 1), mediante la cual el señor Evaristo Blanco García vendió a la señora Ana elida Estrada, el siguiente bien inmueble:

“PRIMERO: que obrando en su propio nombre de manera libre y espontánea transfiere a título de venta real y enajenación perpetua a la señora Ana Elida Estrada Fuentes, el derecho de propiedad, dominio y posesión que tiene sobre una casa de habitación, junto con el lote donde se encuentra construida, de techo de zinc, paredes de bahareque, pisos de cemento, ubicada en el perímetro urbano de la población de Cravo Norte (Arauca) comprendida dentro de los siguientes linderos generales: Por el Norte, con la plaza pública; por el sur, con casa de propiedad de Gabriel Rodríguez, por el este, con lote baldío de la nación y por el oeste, con la calle pública”.

En armonía con lo anterior, el certificado de libertad y tradición correspondiente al folio de matricula inmobiliaria número 410-2957, expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos de Arauca (fl. 90 cdno. 1), da constancia de la inscripción de la mencionada escritura pública en dicha entidad.

Y el Alcalde del municipio de Cravo Norte en oficio ya referido por la Sala DA-0531 de 27 de septiembre de 2001 dirigido al tribunal a quo dio cuenta de que ese fue uno de los inmuebles destruidos:

“En relación con la vivienda de propiedad de la señora Ana Elida Estrada, ubicada en la calle 2 Nº 4-02/08 del barrio el centro de Cravo Norte, me permito informarle que fue destruida.....”.

Y finalmente en el mimo sentido el dictamen pericial practicado en la inspección judicial que se aportó como prueba anticipada se señaló que la vivienda de la señora Ana Elida Estrada Fuentes está ubicada en la calle 2ª Nº 4-02/08 (fl. 59, cdno. 1).

5.2. También se encuentra probado que la señora Ana Elida Estrada Fuentes en su inmueble tenía un establecimiento de comercio de venta de bebidas el cual era de su propiedad de ello dan cuenta las declaraciones realizadas por Alirio Torres, Casilda Sarmiento Sarmiento y José Antonio Tuay, en síntesis informan los testigos que allí funcionaba una cantina de propiedad de la señora Ana Elida Estrada Fuentes.

Los testimonios referidos permiten inferir que la señora Ana Elida Estrada Fuentes era propietaria de un establecimiento de comercio(4), el cual se encontraba ubicado en el inmueble de su propiedad.

5.3. También está acreditado que ese inmueble sufrió daños con ocasión de los ataques que fueron protagonizados por grupos guerrilleros. Los señores Jolman Caballero Martínez y José María Ojeda declararon en este proceso (fls. 69-70, 106-107 cdno. 2), residentes del municipio de Cravo Norte señalaron que la vivienda de la señora Ana Elida Estrada Fuentes fue destruida, en razón de que era una de las viviendas más cercanas a la estación de policía, en contra de quien iba dirigido el ataque.

En la diligencia de inspección judicial anticipada que practicó el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, se identificó la vivienda de la demandante con el Nº 2 y se indicó que la misma estaba ubicada en cercanías del comando de la policía de ese municipio y que sufrió los siguientes daños:

“...propiedad de Ana Elida Estrada Fuentes, que identificada se aprecia su destrucción total del inmueble, que tiene medidas de 25: 50 de frente por 18:80 de fondo y sus linderos son: oriente, con la señora Ana Josefina Espinel, occidente con la carrera 4ª, norte con la calle 2ª y sur María Luisa Ardila”.

5.4. También está demostrado que las medidas adoptadas por los agentes de la policía para protegerse de futuros ataques guerrilleros generaban para los vecinos de la estación de policía condiciones de riesgo que explican el hecho de que la señora Ana Elida Estrada Fuentes y su familia hubieran abandonado su vivienda. Esas medidas de protección fueron descritas también en la inspección anticipada practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, en estos términos:

“...en, las esquinas de la calle 1ª, con carrera 4ª y carrera 6ª, esquina de la calle 2ª, con carrera 4ª y 6ª, como en la esquina de la carrera 5ª, con calle 3ª, frente a la entrada del despacho del Juzgado Promiscuo Municipal, existen barricadas de canecas llenas de arena, trozos de bloques grandes de cemento, palos gruesos, tablas con puntillas; por estos lados no transitan ni siquiera personas, menos vehículos. En varias partes existen bombas con sus cables que van hacia el puesto de policía donde pueden ser activados”.

De igual manera, en el dictamen presentado por los peritos que fueron nombrados en la inspección judicial anticipada (fl. 59 cdno. 2) se señaló que la vivienda quedó totalmente destruida y que aunque esta fuera reconstruida, la familia de la señora Ana Delia Estrada no podría volver a ocuparla, por los graves riesgos que representaba para su integridad su vecindad con la estación de policía:

“la vivienda quedó totalmente destruida, y por encontrarse a media cuadra de la estación de la Policía Nacional, es de alto riesgo edificar en el mismo sector, por temor a que se presenten nuevos ataques guerrilleros”.

Con fundamento en estas pruebas considera la Sala que está debidamente acreditado el daño material sufrido por la señora Ana Elida Estrada Fuentes, que consistió en la destrucción de la edificación construida en el inmueble de su propiedad, y con la imposibilidad de habitarlo, en consideración a los graves riesgos a los que se expondría, porque dicha vivienda está ubicada en inmediaciones de la estación de policía del municipio de Cravo Norte, que fue declarado objetivo militar de los grupos subversivos.

5.5. En relación con el daño moral reclamado por los demandantes por la pérdida del inmueble, el Ejército Nacional señala que no es susceptible de reparación, porque las personas no puede dejarse dominar por las cosas.

En relación con el dolor moral que pueda generar la pérdida de los bienes materiales, la jurisprudencia de la Sala considera que ese daño sí es susceptible de reparación, pero como sucede en relación con los demás daños por los cuales se solicite indemnización, siempre habrá que acreditar su ocurrencia:

“A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que estos son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(5).

“No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso(6).

“Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede inferir su existencia en casos como el de la muerte de los parientes más allegados.

“En consecuencia, aunque en eventos como el presente, la pérdida de los bienes materiales destinados a la subsistencia o comercialización puede causar perjuicios morales, en el caso concreto no se reconocerán porque estos no se acreditaron directamente ni se encuentran probados otros hechos de los cuales puedan inferirse tales perjuicios(7).

Pero, además de que en la jurisprudencia se admite la indemnización de daños morales por la pérdida de bienes materiales, lo cierto es que en este caso, más que por la pérdida material del inmueble en sí mismo considerado, los demandantes reclaman la indemnización por el dolor moral que les causa el tener que abandonar el sitio que era su hogar, su entorno, donde aprendieron y practicaron sus costumbres y su idiosincrasia, en pocas palabras, lo que reclaman es la indemnización moral por la pérdida de sus condiciones de vida.

También está acreditado que los demás demandantes también sufrieron un perjuicio como consecuencia del daño al inmueble al que se viene haciendo referencia, dado que conforman la familia de la señora Ana Elida Estrada, con ella Vivian en el inmueble y también con ella debieron forzosamente abandonarlo en ocasión de los ataques a que se viene haciendo referencia.

En efecto está acreditado que la señora Ana Eleida Estrada Fuentes vivía en la calle 2ª Nº 4-02/08, del municipio de Cravo Norte, con su esposo Arcadio Beltrán Tovar y sus hijas Liliana Elida y Diana Johanna Beltrán Estrada y que por causa de las tomas guerrilleras, se vieron desplazados a otro barrio dentro del municipio de Cravo Norte. Los testigos llamados a declarar en este proceso afirmaron que al quedar destruida totalmente la casa de la familia Beltrán Estrada, esta se vio forzada a trasladarse a la urbanización la unión en el mismo municipio. En tal sentido los testimonios de Jolman Caballero Castillo, José Antonio Tuay, y de Casilda Sarmiento Sarmiento (fls. 106-115 cdno. 2).

En consecuencia, considera la Sala que quedó demostrado que se vieron forzadas a desplazarse de un lugar a otro dentro del mismo municipio de Cravo Norte, como consecuencia de la destrucción total de su casa y de los riegos que corrían por vivir en inmediaciones de la estación de policía de ese municipio, que era constantemente blanco de los ataques de los grupos guerrilleros, por las medidas adoptadas por los agentes de policía que prestaban sus servicios en esa estación, para tratar de protegerse de esos ataques.

En conformidad con el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República”, es desplazado:

“toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren dramáticamente su orden público”.

Precisa la Sala que en materia de desplazamiento forzado interno pueden presentarse varias modalidades, entre otras: desplazamiento de zona rural a zona rural, de zona rural a zona urbana, interurbanos (cuando el individuo o grupo familiar es forzado a abandonar su residencia o actividad económica urbana y se desplaza a otras áreas urbanas) e intraurbano que ocurre cuando el individuo o grupo familiar es desplazado a otra área dentro del mismo municipio o ciudad, por alguna de las causas prevista en la ley.

Sobre este aspecto la Corte Constitucional en Sentencia T-268 de 2003(8), señaló:

“Para caracterizar a los desplazados internos, dos son los elementos cruciales: La coacción que hace necesario el traslado; la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si estas dos condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta tutela, no hay la menor duda de que se está ante un problema de desplazados. El carácter de desplazados internos no surge de aspectos formales, ni de interpretaciones restrictivas, sino de una realidad objetiva: el retiro del lugar natural que los desplazados tenían, y la ubicación no previamente deseada en otro sitio. Todo esto debido a la coacción injusta de grupos armados que, como en el caso analizado en la presente sentencia, no solamente amenazaron la vida de numerosas familias, sino que les quemaron las casas, los ultrajaron, les dieron la orden perentoria de abandonar el sitio y como si fuera poco asesinaron a un integrante de ese grupo. En ninguna parte se exige, ni puede exigirse, que para la calificación del desplazamiento interno, tenga que irse más allá de los límites territoriales de un municipio. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional considera que el desplazamiento entre la misma ciudad hace parte del desplazamiento interno forzado cuando se reúnen los requisitos que caracterizan a este último”.

Para la Sala es claro que en el presente asunto se está en presencia de un desplazamiento intraurbano toda vez que se encuentra demostrado que la familia Beltrán Estrada, producto de las tomas guerrilleras y de la imposibilidad de volver a su vivienda, se desplazó al barrio la Unión dentro del mismo municipio.

En varias oportunidades se ha pronunciado la Sala sobre el dolor moral y la alteración a las condiciones materiales de existencia que sufren las personas que se ven forzadas a desplazarse dentro del territorio, como consecuencia de la alteración del orden público:

“A propósito del daño moral considera la Sala que el hecho del desplazamiento causa dolor a quien lo sufre, por el miedo, la situación de abandono e indefensión que lo obligan a abandonar el lugar de su domicilio, pero, además, esa situación incide de manera adversa en su vida familiar y en su entorno socio cultural, el cual deberán reconstruir, en el mejor de los casos de manera provisional, en situaciones de mayor vulnerabilidad, alejados del tejido familiar, social, laboral, sobre el que se sustentaba su crecimiento como ser. Aspecto que ha sido destacado por la jurisprudencia de la Sala y de la Corte Constitucional, así:

“...constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional(9).(10).

5.6. En cuanto al daño consistente en los pagos de arrendamiento que debió hacer la señora Ana Elida al tener que abandonar su vivienda, la Sala advierte que este daño no fue acreditado. Los testigos relacionados antes afirmaron que la demandante se fue a vivir al barrio la Unión, pero no hicieron mención en que condición, ni se refirieron a eventuales pagos de cánones de arrendamientos de donde fuera posible presumir un arrendamiento.

6. La responsabilidad del Estado por los daños causados por actos terroristas.

El artículo 90 de la Constitución prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta norma, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles(11).

Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia de la corporación, bajo dos regímenes básicos: de responsabilidad subjetiva por falla del servicio y de responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. En todos estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño bien de manera exclusiva o concurrente con la de la víctima o la de un tercero. Tales criterios están vinculados, por supuesto, con el desarrollo mismo del Estado y, por lo tanto, podrían ser diferentes. Sin embargo, en todo caso para poder atribuir al Estado un daño se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra del Estado, por haber sido este su autor, bien por haberlo causado directamente, o por haberlo propiciado.

Los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables a este, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección de los asociados o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y lícita por el Estado, por ejemplo, los daños producidos con ocasión de una actuación policiva dirigida a detener a un delincuente que huye armado, o los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando estas son atacadas por grupos al margen de la ley, porque si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones.

Por lo tanto, los daños sufridos por las víctimas de actos terroristas cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la Administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y estas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(12).

También ha determinado la Sala la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por quienes son sometidos a la exposición a un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Ha dicho la Sala:

“En otros eventos (...) la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por esta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”(13).

Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que este haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal(14).

Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando estos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo para los grupos al margen de la ley. Ha precisado la Sala:

“Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, omnipresente ni omnipotente, para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia”(15).

En síntesis, los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por esta con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo del Estado o de sus Fuerzas Armadas(16).

7. La imputación del daño al Estado en el caso concreto.

Del análisis de las pruebas que obran en el expediente se concluye que los daños sufridos por los demandantes Ana Elida Estrada Fuentes, Arcadio Beltrán Tovar, Liliana Elida y Diana Johanna Beltrán Estrada, son imputables a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, porque los mismos se produjeron como consecuencia del enfrentamiento armado que se suscitó entre las fuerzas del orden y los integrantes de los grupos guerrilleros que atacaron la estación de policía de Cravo Norte.

Aparecen suficientemente documentados en el expediente los ataques cometidos por grupos guerrilleros en contra de la estación de policía del municipio de Cravo Norte, en varias oportunidades entre ellas los días 13 de abril de 1998, 19 de abril de 1999, 11 de junio de 1999, 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000. En relación con todos esos hechos obran los informes y denuncias formuladas por miembros de esa institución, los cuales fueron remitidos al a quo en copia auténtica, por el comandante del departamento de policía de Arauca (fls. 16-31 cdno. 2), y los oficios remitidos por el alcalde de ese municipio al gobernador de Arauca, que en copia auténtica fueron remitidos por el alcalde de ese municipio, el 27 de septiembre de 2001, en respuesta al oficio del a quo (fls. 131-146 cdno. 2), en los cuales se da cuenta de tales ataques, de los daños sufridos por los miembros de la estación de policía y por los habitantes del municipio, en particular, se hace alusión a los daños causados a los inmuebles aledaños a la estación de policía, que eran sedes de entidades estatales, establecimientos de comercio, viviendas particulares, centros religiosos, etc.

7.1. De los oficios que provienen de la Policía Nacional, se destacan:

— Denuncia penal formulada el 13 de abril de 1998, por el comandante del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el 17 de abril anterior:

“A las 19:50 horas del 130498 se inició una incursión armada a la unidad policial acantonada en el [municipio de Cravo Norte], por guerrilleros pertenecientes al décimo (10) y cuarenta y cinco (45) frentes de las FARC, los bandoleros lanzaron granadas de mortero contra las instalaciones de la policía, suspendieron el fluido eléctrico y las comunicaciones, en el hecho resultó herido el siguiente personal...

En el hecho resultaron semidestruidas las instalaciones policiales, una vivienda aledaña, el hotel de razón social El Agrado, en este último resultó muerto por acción de los facinerosos el particular Álvaro Mojica, exmagistrados del departamento del Meta...

Los bandoleros hurtaron dos (02) ambulancias del hospital de la localidad para el transporte de los guerrilleros heridos...” (fl. 31 cdno. 2).

— Denuncia penal formulada el 21 de abril de 1999, por el subcomandante operativo del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el día 19 anterior:

“...el día 190499, siendo las 17:30 horas, cuando doscientos (200) bandoleros pertenecientes al décimo (10) frente Guadalupe Salcedo y columna móvil Alfonso Castellanos de las autodenominadas FARC incursionaron en la mencionada localidad, arremetiendo contra las instalaciones y el personal de la estación rural de policía.

“La unidad contaba con 1-1-26 policiales, al mando del señor teniente José Mario Garzón Osorio. Los insurrectos al ingresar a la cabecera municipal coparon en primer lugar las instalaciones del hospital San José de esa localidad, el cual utilizaron como ‘puesto de mando’, así mismo, se replegaron en las viviendas vecinas a la estación de policía, la alcaldía municipal y las riberas del río Cravo Norte, al tiempo que iniciaron una descarga de fuego nutrido contra la unidad, mediante la utilización de fusiles, ametralladoras M-60, lanzagranadas MGL, granadas de fragmentación de mano y de fusil y demás armas de tipo no convencional, quedando de forma inmediata averiado el sistema de comunicación, como consecuencia de los explosivos tipo ‘ramplas’, lanzados por los facinerosos. La acción se prolongó hasta las 02:00 horas aproximadamente del 200499, tiempo durante el cual se contó con el apoyo aéreo de aviones y helicópteros de la FAC y el Ejército Nacional.

“Una vez terminada la incursión y luego de hacer arribo a la localidad el apoyo correspondiente, personal preparado en operaciones especiales (Copes) de la Policía Nacional logró la desactivación de ocho (8) artefactos explosivos y veinte (20) cilindros para gas, con explosivos, acondicionados como rampas...” (fls. 29-30 cdno. 2, destacados fuera del texto).

— Denuncia formulada el 29 de junio de 1999, por el subcomandante operativo del departamento de policía de Arauca, en la que se relacionan unos hostigamientos ocurridos el 11 de junio anterior, distintos a los que se han referido en la demanda:

“Siendo las 16:30 horas de la fecha antes descrita, guerrilleros del frente Domingo Lain Sáenz del Ejército de Liberación Nacional, en número aproximado de cincuenta (50), fuertemente armados y vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas armadas, luego de descender de varios vehículos..., procedieron a atacar la población y edificaciones aledañas a la estación rural de policía, empleando para ello armas de largo alcance, granadas de fragmentación y artefactos explosivos de fabricación casera. Situación que tuvo una duración de tres horas aproximadamente, dejando daños de consideración en las edificaciones de personal civil y policial, tiempo durante el cual...procedieron a ingresar a varias viviendas, secuestraron a dos (2) personas..., argumentando que eran colaboradores de la fuerza pública...

“Hechos como los que se citan...han generado el desplazamiento no oficial (...) de un número significativo de familias, las cuales se han residenciado en distintos lugares de la capital departamental... “ (fl. 28 cdno. 2).

— Denuncia presentada el 11 de julio de 1999, en relación con los hechos ocurridos el 8 de julio anterior:

“Siendo las 17:05 horas cuando doscientos (200) bandoleros pertenecientes al décimo (10) frente Guadalupe Salcedo y la columna móvil Alfonso Castellanos de las autodenominadas FARC incursionaron en la mencionada localidad, arremetiendo contra las instalaciones y el personal de la estación rural de policía.

La unidad contaba con 2-0-25 unidades al mando del señor teniente César Edgardo Barrera Fuentes...Los insurrectos como avanzada para lograr llegar hasta las instalaciones utilizaron una (01) retroexcavadora, en la cual se movilizaban varios sediciosos, mientras otros realizaron un copamiento paulatino de la cabecera municipal, refugiándose en las viviendas que rodean las instalaciones de la estación de policía y desde las cuales realizaban las arremetidas contra la unidad, mediante la utilización de fusiles, ametralladoras M-60, lanzagranadas..., granadas de fragmentación de mano y de fusil, además de la utilización de armas no convencionales (cilindros de gas ‘rampas’)...Los bandoleros de igual forma, al iniciarse la incursión, cortaron la energía eléctrica para buscar tomar posiciones ventajosas frente a los policiales que defendían la población de Cravo Norte.

“La incursión armada se prolongó hasta las 01:30 horas aproximadamente del 090799, tiempo durante el cual se contó con el apoyo de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional, quienes lograron captar varias imágenes a través de las cuales los bandoleros emplearon dos (02) ambulancias dotadas con signos distintivos de la Cruz Roja, para transportarse de un lado a otro, llevando consigo el armamento, munición, artefactos explosivos y equipaje de campaña, a sabiendas de que no sería objeto de ataques por la fuerza pública (lo anterior fue ampliamente publicado a través de los medios de comunicación nacional e internacional).

“Posteriormente y en virtud de las comunicaciones de la misma comunidad que indicaban que los bandoleros se encontraban a las afueras del pueblo y que estos habían acondicionado varios campos minados sobre las vías de acceso a la cabecera municipal y sobre los lugares que dentro del casco urbano potencialmente serían utilizados por la fuerza pública, mediante el desembarco de tropas para apoyar la unidad policial y evacuar a los heridos. Ante tal situación, el comando departamental previendo accidentes que hubieran podido cegar la vida de personas inocentes o causar lesiones de consideración en los pobladores y campesinos, siendo las 18:00 horas del 090799, con la colaboración de helicópteros de las FAC, se logró reforzar la mencionada unidad y enviar al técnico en manejo de explosivos con la misión de desactivar la totalidad de los artefactos sembrados y abandonados por los guerrilleros de las FARC...” (fls. 23-25 cdno. 2, destacadas fuera del texto).

—Denuncia formulada por el jefe de la oficina de derechos humanos de la Policía Nacional, en relación con los hechos ocurridos en el municipio de Cravo Norte, el 22 de noviembre de 1999:

“Siendo las 16:25 horas del lugar y fecha arriba citados, el personal e instalaciones policiales y comunidad del municipio fueron objeto de atentado terrorista perpetrado por bandoleros de las autodenominadas FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes para perpetrar el hecho, se replegaron en las residencias aledañas a las instalaciones policiales, desde donde utilizaron armas de largo y corto calibre, así mismo, explosivos como granadas, morteros, y de fabricación casera, empleando cilindros de gas (rampas) (armas de tipo no convencional), prohibidas por las normas internacionales humanitaria, por causar efectos de destrucción masiva.

“Los hechos se prolongaron hasta las 17:30 horas aproximadamente del mismo día, no se presentaron lesionados (uniformados, personal particular), pero por las características del impacto, los subversivos lograron una vez más someter a la comunidad a un ambiente de desasosiego, zozobra, incertidumbre, que redunda cada día más entre la gente de bien, puesto que esta es ubicada por los insurrectos como escudos humanos a fin de evitar que la Policía Nacional acantonada en ese lugar desarrolle sus funciones en forma equitativa, restándoles poder de defensa y de contraataque.

“Durante las acciones, los bandoleros utilizaron contra la población civil armas no convencionales (rampas) construidas a partir de cilindros de gas, con las cuales pudieron haber destruido el patrimonio y propiedades de un número significativo de gentes residentes en lugares cercanos a las instalaciones policiales, siendo manifestación y consecuencia de ello la limitación de derechos y libertades protegidos por el derecho internacional humanitario, de personas quienes eran totalmente ajenas a las acciones y solo perseguían protegerse del ataque de que eran objeto por parte de los irregulares, en desarrollo de una acción terrorista y demencial que tenía como fin central minar la resistencia de los policiales que defendían la población...” (fls. 23-24 cdno. 2).

— El informe rendido el 20 de diciembre de 1999, por el comandante del departamento de policía de Arauca, al Comité de la Cruz Roja Internacional, en relación con el hecho ocurrido el día 13 anterior:

“Asunto: informe atentado terrorista

(...).

Hechos:

16:50 horas: estación de Policía Cravo Norte (Arauca) la acción ocurrió a las 18:30 horas.

“17:20 horas: simultáneamente fueron hostigadas las instalaciones de la Contraguerrillera 49, Héroes de Tarazá, adscrito a la décimo octava brigada del Ejército Nacional y la estación de policía del municipio de Arauquita.

“7:45 horas: simultáneamente fueron hostigadas las instalaciones del grupo...Reveiz Pizarro, adscrito a la décimo octava brigada del Ejército Nacional y a la estación de policía del municipio de Saravena.

“Los insurrectos para perpetrar estos actos de terrorismo, emplearon armas de fabricación casera con poder de destrucción masiva y de uso no convencional (cilindros de gas), granadas de fragmentación y armamento de largo alcance, con mayor intensidad en el municipio de Cravo Norte, no se reportaron (sic) novedad en el personal particular ni de la fuerza pública, pero una vez más fue puesta en riesgo la comunidad particular por parte de los subversivos, puesto que sus acciones no tienen control en sus dimensiones, manteniendo en un estado de zozobra e intranquilidad a todos los residentes del departamento” (fls. 31-32 cdno. 2).

—Informe presentado el 22 de enero de 2000, por el comandante de la estación Cravo Norte al comandante del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el 16 de enero anterior:

“...aproximadamente a las 17:00 horas, narcobandoleros pertenecientes a la décima compañía Guadalupe Salcedo y el cuarenta y cinco (45) frente de las FARC-EP incursionaron en este municipio, específicamente atacando la estación de policía, donde se concentró la arremetida despiadada y terrorista, violando los preceptos del derecho internacional humanitario, con la utilización de armas no convencionales, cilindros de gas de 20 y 40 libras, cargados con bentonita, super-anfo, metralla y úrea, destruyendo buena parte del edificio de la estación. Resultaron heridos los patrulleros...

(...).

Se tuvo la urgente necesidad de pedir el apoyo aéreo y solo hasta las 23:00 horas fue posible restablecer la comunicación con dichos apoyos aéreos hasta las 00:00 horas, ya que se carecía de fluido eléctrico.

(...).

Informo al comando que las instalaciones cuartelarias (sic) quedaron afectadas de manera grave y amenaza de riesgo inminente contra la vida e integridad física del personal uniformado acantonado en esta estación, que requieren la ayuda y atención inmediata para la reparación de estas...” (fl. 18 cdno. 2, destacados fuera del texto).

— En la denuncia presentada por el jefe de la oficina de derechos humanos de la Policía el 18 de enero de 2000, se dio cuenta, de manera más explícita de los daños causados a las viviendas vecinas:

“Además de las lesiones físicas sufridas por los uniformados, la estructura física de las instalaciones de la unidad policial muestra un panorama desolador arrasada en gran parte, debido a la inclemencia de las acciones terroristas a que fueron expuestas, impidiendo a nuestros policías el derecho a vivir en forma digna, bajo condiciones apropiadas para el desarrollo efectivo de las funciones propias del servicio, y en general que estas especialmente permitan espacios de seguridad ante una nueva e inminente incursión.

“Un amplio radio a la redonda de las instalaciones policiales contra las cuales se dirigió y concentró el ataque masivo de los insurrectos y el cual hace parte del patrimonio de los residentes del lugar (residencias, Telecom, servicios públicos, medios de comunicación, entre otros), presenta averías graves, daños irreparables, hecho que evidencia abiertamente la manera como los subversivos de las FARC involucran a la comunidad particular dentro de las actividades, haciendo blanco de acciones terroristas a bienes civiles (...) que gozan de protección especial por las normas humanitarias internacionales” (fls. 19-20 cdno. 2).

7.2. Los oficios remitidos por el alcalde de Cravo Norte a la gobernación del departamento de Arauca, que dan cuenta de la situación que se vivía en el municipio para la época de los hechos son los siguientes:

— Oficio de 29 de enero de 1999, en el cual se informó que en esa fecha se escucharon varias detonaciones, en sitio cercano al aeropuerto de la localidad, hechos en los cuales perdieron la vida cuatro agentes de policía (fl. 133 cdno. 2).

— Oficio de 26 de abril de 1999, mediante el cual solicitó mediar ante la brigada del Ejército, con el fin de que se dispusiera una base en la localidad, para “salvaguardar la soberanía del Estado colombiano”. Se afirmó que esa solicitud se hacía en razón de lo ocurrido en esa población el 19 de abril anterior y a la constante amenaza de una nueva incursión subversiva (fl. 134 cdno. 2).

— Oficio de 28 de abril de 1999, en el cual se solicitó apoyo para la reparación de los inmuebles del municipio afectados por la toma guerrillera ocurrida el 19 de abril anterior, concretamente: el palacio municipal, la casa fiscal, el cementerio municipal, la casa de la cultura, la concha acústica, el taller municipal y el colegio San Antonio Galán. Se destacó que en esa incursión, los 2.974 habitantes del sector urbano se vieron afectados económica y moralmente, por el riesgo que la misma significó para su integridad física y para sus bienes (fls. 135 a 137 cdno. 2).

— Oficio de 25 de mayo de 1999, en el cual agradece el apoyo sicológico ofrecido por la gobernación para el manejo del estado de ansiedad que vivían los habitantes de la población por las frecuentes amenazas de ataques guerrillero (fl. 138 cdno. 2).

— Oficio de 2 de julio de 1999, mediante el cual se ofrece respaldo a la iniciativa de la gobernación de solicitar apoyo al Observatorio Internacional de la ONU, en razón del conflicto vivido en el departamento de Arauca, para garantizar el respeto a la población civil (fl. 139 cdno. 2).

La prueba documental que se acaba de citar resulta suficiente para concluir que los daños causados a la señora Ana Elida Estrada Fuentes y a su familia, que consistieron en la destrucción de su vivienda y en la imposibilidad de volverla a ocupar, por el riesgo que representa para su integridad física residir en inmediaciones de la estación de policía de Cravo Norte, tuvieron su origen en los reiterados ataques cometidos por grupos guerrilleros en contra de dicha estación y en su reacción defensiva, que consistió no solo en el contraataque armado, sino en la instalación de barricadas y explosivos en los sitios aledaños.

Si bien se demostró que tales daños fueron causados tanto por terceros, como por los miembros de la estación de policía, quienes de manera legítima ejercían su defensa y la de la comunidad a la que prestaban protección, lo cierto es que los mismos resultan imputables a la Nación-Ministerio de Defensa, porque, como antes se anotó, conforme a jurisprudencia reiterada de esta corporación, los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando estas son atacadas por grupos al margen de la ley son imputables al Estado, dado que si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones.

La responsabilidad, en estos términos, es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nación, porque este era el organismo que tenía instalada su estación en el centro de la publicación de Cravo Norte, fue el objetivo de los grupos insurgentes y los agentes de la policía se defendieron de esos ataques con las armas de que disponían.

No se llega a idéntica conclusión en relación con la responsabilidad que se imputa a la Nación por las actuaciones del Ejército Nacional, porque no está demostrado que el ataque de los grupos insurgentes hubiera tenido también como objetivo a los miembros de esa institución, ni que el apoyo que esta les brindó a los agentes de la estación de policía de Cravo Norte hubiera consistido en un ataque armado.

Si bien, en algunos informes oficiales ya citados, en los cuales se destacaron las afirmaciones relacionadas con el hecho que ahora se analiza, se refiere el apoyo del Ejército a la Policía durante las incursiones armadas de los grupos subversivos, no existe certeza de que ese apoyo hubiera consistido en una resistencia armada que hubiera provocado daños al inmueble de propiedad de la demandante. En ellos solo se hace mención del sobrevuelo de helicópteros y aviones y del apoyo técnico en manejo de explosivos, con el fin de desactivar los artefactos sembrados y abandonados por los guerrilleros de las FARC.

En consecuencia, como no está demostrada la incidencia causal de la actuación del Ejército en los daños sufridos por los demandantes, la condena a la Nación-Ministerio de Defensa se hará por las actuaciones de la Policía Nacional.

8. La indemnización del perjuicio.

8.1. El perjuicio moral.

En la demanda se solicitó indemnización de perjuicios morales sufridos por los demandantes como consecuencia del dolor, la angustia o desazón que produjo la destrucción total de su casa, la imposibilidad de volver a construirla y tener que trasladarse a un sitio alejado del centro de la población.

Tal como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores(17), toda víctima del desplazamiento es a su vez sujeto pasivo del delito de desplazamiento(18) y, por lo tanto, tiene derecho a conocer la verdad sobre las causas de lo sucedido; a que se haga justicia, en cuanto reciban castigo los responsables del daño y a obtener la reparación de los daños que les fueren causados(19).

La Sala accederá al reconocimiento de la indemnización por el dolor que sufrieron la señora Ana Elida Estrada Fuentes, Arcadio Beltrán Tovar y su hijas Liliana Elida y Diana Johanna Beltran Estrada, quienes acreditaron que residían en Cravo Norte en la calle 2ª Nº 4-02/08, donde tenían su domicilio y se vieron forzadas a desplazarse de ese lugar a otro dentro del mismo municipio, como consecuencia de los recurrentes enfrentamientos armados que se originaban en inmediaciones de su residencia, por los ataques a la estación de policía por parte de grupos subversivos y en razón de las medidas adoptadas por los miembros de la policía que prestaban sus servicios en esa estación, con el fin de hacer frente a esos ataques. La indemnización en este caso se fijará en 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los demandantes.

8.2. Perjuicios materiales

8.2.1. Daño emergente:

8.2.1.1. Por la destrucción de la vivienda

8.2.1.1.1 En el dictamen practicado ante el a quo durante el trámite del proceso, en relación con la reconstrucción de la vivienda de la señora Ana Elida Estrada Fuentes, se concluyó lo siguiente:

“sea lo primero advertir que el inmueble objeto de la diligencia se encuentra ubicado en el municipio de San José de Cravo Norte, población a la que nos desplazamos a efectos del cumplimiento de nuestra obligación constatando el tipo de construcción existente y los daños causados al inmueble objeto de este peritazgo

Descripción actual del inmueble

Ubicación: Calle 2ª Nº 4-02-08

Extensión total: 479 m2

Linderos norte: con calle 2ª en extensión 25.50 mts.

Sur: con María Luisa Ardila en extensión de 25.50 mts.

Oriente: en 18.80 mts. Ana Josefa Espinal

Occidente: en 18.80 mts. con la carrera 4ª

Área construida: # 57. 50 mts.

Tipo y calidad de materiales empleados en la edificación: muros en bloque de cemento, pañetados y pintados. Pisos en cemento afinado, cielo raso en láminas de eternit. Cubiertas en láminas de zinc. Baños enchapados, puertas y ventanas metálicas.

Distancia de la construcción a las instalaciones de la Policía Nacional atacada: 25 metros aproximadamente.

Valor total de lo que queda de la edificación: como observamos destrucción total sin edificación en pie, por sustracción de materia no se puede calcular esta valoración, como sustento de esta afirmación anexamos registro fotográfico en tres fotografías.

En cuanto al valor del lote de terreno, tenemos que por la ubicación del bien por las vías de acceso o de influencia en el sector, por la infraestructura urbanística: servicios públicos, estado de las vías, entorno inmediato de influencia comercial, el metro cuadrado tiene un valor de $ 20.000, que multiplicado por el área total nos da $ 9.580.000.

(...).

Daño emergente: lo constituyen los perjuicios sufridos por la parte actora en su edificación. Como se observa destrucción total, el valor de los perjuicios es el que resulta del caculo para construir una nueva vivienda, de las mismas condiciones y características a las que existían, para lo cual se tiene en cuenta el área que tenia construida la actora que era de 357.50 metros cuadrados y los precios a todo costo que incluyen los materiales y la mano de obra a la fecha. Estos costos fueron tomados con base a los precios establecidos por la secretaría de obras de la gobernación de Arauca, en su esquema general de costo.

DetallesUn.CantidadValor unitarioValor total
Área construidaM2357.50$ 150.000$ 53.625.000

8.2.1.1.2 Ha considerado la Sala que para que el dictamen de expertos que obre en el proceso, pueda tener eficacia probatoria se requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que de acuerdo con sus conocimientos especializados sepa de los hechos; (ii) su dictamen sea personal(20) y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; (iv) que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) que no se haya probado una objeción por error grave; (vi) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) que sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) que se haya surtido la contradicción; (ix) que no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) que otras pruebas no lo desvirtúen y (xi) que sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que de los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones(21).

En relación con lo que debe entenderse como error grave, no hay discusión en la jurisprudencia que este es el que se opone a la verdad, por la falta de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito; por lo tanto, no constituirán error grave las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos. Criterio sobre el cual la Corte Suprema de Justicia ha hecho claras precisiones, que han sido acogidas por esta corporación. Dijo la Corte:

“...si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos...pues lo que caracteriza desacierto de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje...es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven..., de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada...”(22).

El juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que, como con acierto lo ha concluido la doctrina, el juez no está obligado a “...aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores...”(23). En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho(24).

8.2.3. En el caso concreto, el dictamen pericial practicado en la inspección judicial como prueba anticipada fue objetado por error grave. La parte demandada Nación, Policía Nacional, formuló objeción en su contra porque: (i) no se tuvo en cuenta la idoneidad de los peritos, por cuanto se desconoce si tienen los conocimientos necesarios para rendir el dictamen, conforme a lo establecido en el artículo 236-numeral 3 del Código de Procedimiento Civil; (ii) el dictamen fue suscrito por uno solo de los peritos nombrados, con lo cual se desconoce el artículo 234 ibídem, conforme al cual en los procesos de mayor cuantía, el dictamen se rendirá por dos peritos; (iii) el dictamen rendido carece de fundamentación, claridad, precisión y detalle, porque los peritos se limitan a manifestar que el valor total de los daños causados a la demandante ascienden a $ 60.000.000, sin determinar cuál fue la parte de la construcción que desapareció, ni el valor que tenía esa parte; (iv) como el dictamen no es claro, ni explícito y, peor aún, carece de soporte probatorio, no puede tener valor jurídico alguno y (v) la falta de precisión y seriedad de la prueba se hace evidente cuando en esta se señala que los daños se causaron durante las tomas guerrilleras ocurridas en abril de 1998, abril y julio de 1999 y enero de 2000.

Al descorrer el traslado de esas excepciones, la parte demandante adujo que: (i) en relación con la falta de idoneidad de los peritos, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, que practicó la prueba anticipada, mediante auto de 22 de febrero de 2000 designó como peritos al técnico en obras civiles Josué Ojeda Marín y al señor Martiniano Chaparro. Agregó que la idoneidad del primero de los peritos quedó confirmada con el hecho de haber sido nombrado con posterioridad como secretario de obras públicas de Cravo Norte; (ii) no es cierto que el dictamen no aparezca firmado por los dos peritos, quienes lo rindieron conjuntamente, como se demuestra con la copia del oficio remisorio de la prueba dirigido al juzgado que ordenó su práctica; (iii) en el dictamen se precisan la dirección del inmueble; el estado en el que quedó; su ubicación con relación a la estación de policía; el área del terreno, sus lindero y el valor aproximado del bien; (iv) además, se anexaron con el dictamen las fotografías en las cuales se aprecia el estado en el cual quedó el inmueble; fotografías que pueden contratarse con las que fueron aportadas con la demanda, en las cuales se registran los daños ocurridos durante las tomas guerrilleras ocurridas el 13 de abril de 1998, el 19 de abril de 1999 y el 8 de julio de 1999, además de los testimonios que se rindieron en la misma diligencia de inspección judicial. Agregó que la afirmación de que el inmueble sufrió daños en las fechas que se señalan en la demanda no obedece a faltas de precisión y seriedad, sino al hecho de que el inmueble sufrió daños en los sucesivos ataques guerrilleros, hasta destruirlo en forma total y definitiva.

Mediante auto de 24 de noviembre de 2000 el a quo dio trámite a la objeción y decretó la práctica de un segundo dictamen pericial con el fin de establecer exactamente los daños materiales causados a los actores; para realizar dicho dictamen designó a los ingenieros José Luis Rendón Alejo y Cesar Adelmo Capera Arrego. Contra este auto la parte actora interpuso recurso de reposición fundado en razones de forma que impedían la claridad del auto, dicha providencia fue confirmada mediante auto de 1º de febrero de 2001 (fls. 145-146 cdno. 1).

Del nuevo dictamen pericial allegado al proceso, mediante auto de 28 de mayo de 2002 se corrió traslado a las partes; la parte demandada Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, formuló nueva objeción con fundamento en que el dictamen pericial rendido no fue claro, preciso, detallado y carece de fundamento probatorio en relación con los muebles objeto de la peritación toda vez que en el mismo se afirmó en relación con los bienes muebles que no existe prueba de la preexistencia, de sus marcas, características y cantidades. Finalmente el a quo tomó como dictamen para liquidar la condena en relación con la destrucción del bien inmueble, el último practicado con fundamento en que no fue objetado, y nada dijo en relación con los bienes muebles.

8.2.4. La Sala acogerá el dictamen rendido ante el a quo por los peritos José Luis Rendón Alejo y Cesar Adelmo Capera Arrego, únicamente en relación con el valor de la reconstrucción del inmueble de propiedad de la señora Ana Elida Estrada Fuentes, toda vez que no fue objetado en ese aspecto y cuenta con elementos suficientes para la liquidación; pero no tendrá en cuenta el dictamen en relación con el valor de los bienes muebles que se relaciona, debido a que en atención al propio dictamen no hay certeza de la preexistencia de los muebles que resultaron destruidos ni del valor de los mismos.

En relación con la reconstrucción del bien inmueble prevista en el anterior dictamen se observa que: (i) El dictamen fue rendido por los dos peritos nombrados por el Tribunal Administrativo de Arauca, quienes en su informe señalan el método aplicable para cuantificar la recuperación de la vivienda del demandante, particularmente teniendo en cuenta como parámetro, los costos establecidos por la secretaría de obras de la gobernación de Arauca; (ii) De manera que el dictamen pericial, en lo relacionado con la construcción de la vivienda, propone utilizar un modelo de casa de habitación, similar a la del demandante, respetando el área construida y las características que la misma poseía antes de la incursión guerrillera; (iii) los peritos eran idóneos para rendir la prueba, toda vez que era ingenieros expertos en construcciones, lo cual permite afirmar que tenían conocimientos especializados sobre la materia en relación con la cual rindieron el dictamen; (iv) su práctica fue personal, porque se trata de conceptos propios de los peritos sobre las materias examinadas y no de criterios de terceros, a los cuales llegaron por la visita que hicieron al lugar objeto de la peritación; (v) no hay motivo alguno para dudar de la imparcialidad de los peritos ya que fueron nombrados por el tribunal a quo y no se menciona siquiera que tengan vínculo, ni interés alguno en relación con alguna de las partes; (vi) los peritos no se retractaron de sus conclusiones y (vii) no hay otras pruebas en el expediente que desvirtúen el dictamen.

Se suma a lo anterior que el valor señalado por los peritos, actualizado con la fórmula de las matemáticas financieras, como se verá a continuación, no resulta oneroso ni lesivo del patrimonio público, toda vez que es menor al establecido por el legislador en relación con la vivienda de interés social, la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, es la unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor, según el artículo 117 de la Ley 1450 de 2010, no puede exceder los ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv.), esto es setenta y seis millones quinientos cuatro mil quinientos pesos ($ 76.504.500).

Así las cosas, la Sala acogerá el dictamen pericial rendido en el proceso, pero aclara que no se tomará el valor total señalado en el mismo, esto es la suma de cincuenta y tres millones seiscientos veinticinco mil pesos ($ 53.625.000), toda vez que dicho valor incluye el precio del terreno a adquirir para efectos de la construcción de la nueva vivienda, el cual asciende a siete millones ciento cincuenta mil pesos ($ 7.150.000)(25) y el monto de $ 7.000.000 que según la propia parte actora recibió por parte del INURBE por concepto de subsidio familia de vivienda mediante la Resolución 730 del 25 de noviembre de 1999(26) . De tal manera que deduciendo el monto del terreno de la fórmula planteada por los peritos mas el valor del subsidio familiar de vivienda, la cifra que corresponde a la construcción de la vivienda es de treinta y nueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos ($ 39.475.000).

Dicho valor se actualizará de conformidad con la siguiente fórmula:

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Donde:

Vp: Valor presente de la renta:

Vh: capital histórico, o suma que se actualiza: $ 39.475.000

Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia (ene. 2012): 109.95.

Índice inicial certificado por el DANE: a la fecha del dictamen (mar. 2002): 68.59.

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8.2.1.2. En relación con los bienes muebles y enseres.

La parte actora en la demanda solicitó indemnización por el monto de $10.000.000 por los perjuicios causados en relación con sus bienes muebles y enseres. La Sala negará el reconocimiento de este perjuicio, debido a que el daño que se aduce causado por la pérdida de los bienes muebles o enseres no está acreditado.

En relación con este daño obra en el proceso el dictamen pericial practicado ante al a quo, en el cual se hizo una relación de bienes muebles, pero, el perito señaló la falta de certeza sobre la preexistencia de los mismos o de su valor; en el dictamen los peritos señalaron:

“Valor simbólico de los bienes muebles, no sin antes dejar claro que en los documentos que militan en el proceso no existe prueba de la preexistencia de los mismos, de sus marcas, características y cantidades, por lo cual hemos cotizados valores unitarios así:

Televisor marca Philips de 14 pulgadas (supermercado Zulia) $ 400.000

Juego de comedor de madera (Araucana de muebles) $ 400.000

Sala en madera de 4 puestos (Araucana de muebles) $ 450.00

Utensilios de cocina varios (supermercado Zulia) $ 100.000

Enfriador de 200 botellas marca industrial (Araucana de muebles) $ 1.000.000

Juego de Sillas plásticas marca rimax (supermercado Zulia) $ 76.000

Armario de madera (Araucana de muebles) $ 400.000

Equipo de sonido marca Sony de 20 watios de potencia (supermercado Zulia) $ 889.000

Mesa plástica marca rimax (supermercado Zulia) $ 25.000

Estantería medica 2 metros por 1.20 metros (Araucana de muebles) $ 300.000

Ventilador de pedestal en plástico marca Samurai (supermercado Zulia) $ 42.000

Cama sencilla (araucana de muebles) $ 180.000

Nevera Icasa de 10 pies (supermercado Zulia) $ 754.000.

Total $ 5.016.000.

Todos los anteriores bienes son nuevos y a precios actuales”.

Considera la Sala que el anterior dictamen no es prueba de ese daño, dado que como los mismos peritos lo señalaron no hay certeza sobre la preexistencia de los muebles, de sus marcas, característica y cantidades y solo refirieron valores simbólicos de los bienes muebles y enseres.

8.2.2. Lucro cesante.

En el proceso, de conformidad con las declaraciones de los señores Alirio Torres, Casilda Sarmiento Sarmiento y José Antonio Tuay, testimonios ya varias veces citados por la Sala, se acreditó que la señora Ana Elida Estrada Fuentes desarrollaba una actividad comercial productiva consistente en una cantina en el inmueble de su propiedad y que con ocasión de los enfrentamientos que se presentaron entre la fuerza pública y la subversión, no puedo continuar ejerciendo en virtud de la destrucción y el abandono del mismo, como se indicó, derivado de la situación generalizada inseguridad en el municipio de Cravo Norte.

El dictamen pericial señaló en relación con el lucro cesante derivado del negocio que tenía la señora Ana Elida Estrada fuente que, por las condiciones de destrucción en que quedó el bien inmueble y la falta de soportes no era posible establecer el valor de dicho lucro cesante, al respecto esta:

“Referido a lo dejado de percibir por arrendamiento y explotación comercial no es posible a través de la percepción directa que se nos ordenó al lugar, determinar a ciencia cierta este tipo de daños, ya que solo encontramos el área de terreno y resto de edificación, tal como puede observarse en el registro fotográfico que acompañamos. Y de la vista del expediente tenemos que no se acompañó la prueba documental y contable como por ejemplo, inscripción a cámara de comercio, libros de registro contable, contrato de arrendamiento, declaraciones de renta y pago de impuestos entre otros. Por otra parte en nuestro humilde concepto, de la prueba testimonial no podemos inferir el lucro cesante pretendido”.

En ese orden, al proceso no se allegó prueba que permita a la Sala determinar el monto específico que recibía mes a mes con la finalidad de promediar tales ingresos y obtener una cifra concreta de ganancias por la actividad económica que realizaba.

Lo anterior le permite afirmar a la Sala, que en el proceso se demostró que la víctima desempeñaba una actividad lícita por la que recibía unos ingresos y si bien no existe prueba del monto de su remuneración, se presume que por lo menos recibía el salario legal mínimo.

Una vez precisado lo anterior, la Sala procederá a la liquidación de los perjuicios de conformidad con los siguientes parámetros:

— Renta: Por no encontrarse acreditado el valor que Ana Elida Estrada Fuentes ganaba como comerciante de una cantina según se indicó, se tomará como monto base para la liquidación del lucro cesante el valor de un salario mínimo legal mensual actual, es decir $ 566.700, suma que se incrementará en un 25%, por prestaciones sociales, para un monto de $ 708.375.

— Tiempo para la liquidación: En el proceso se acreditó que en el inmueble que era de propiedad del demandante, Ana Elida Estrada Fuentes tenía su negocio de Cantina. Por esta razón la Sala concederá la indemnización por lucro cesante por un tiempo de 6 meses(27), al término de los cuales, se presume recompondría la actividad comercial que desarrolla con el bien que fue destruido en los enfrentamientos que se presentaron en el municipio de Cravo Norte.

— La fórmula para la liquidación será la siguiente:

— Indemnización debida o consolidada

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 708.375

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 6 meses

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S= $ 4.302.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 1º de agosto de 2002, la cual quedará así:

1. Declárase probada la excepción de caducidad, en relación con las pretensiones formuladas por los hechos ocurridos en el municipio de Cravo Norte, el 13 de abril de 1998.

2. Declárase patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los perjuicios sufridos por las señora Ana Elida Estrada Fuentes, el señor Arcadio Beltrán Tovar y sus hijas Liliana Elida y Diana Johanna Beltrán Estrada, como consecuencia de los ataques cometidos por grupos armados ilegales en contra de la estación de policía, ubicada en el municipio de Cravo Norte y las medidas adoptadas por la entidad para ejercer su defensa, en el lapso comprendido entre el 19 de abril de 1999 y el 16 de enero de 2000.

3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes así: (i) Para la señora Ana Elida Estrada Fuentes por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de setenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y un pesos $ 74.499.581; por lucro cesante el monto de cuatro millones trescientos dos mil pesos ($ 4.302.302) y por perjuicio morales la suma correspondiente a 25 SMLMV; y (ii) para Arcadio Beltrán Tovar, Liliana Elida y Diana Johanna Beltrán Estrada la suma de 25 SMLMV para cada uno por concepto de perjuicios morales.

4. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

5. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 2000 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 26.390.000.

(2) El artículo 300 del Código de Procedimiento Civil modificado por modificado por el Decreto 2282 de 1989, establece que “con citación de la presunta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso, cuando exista fundado temor de que el transcurso del tiempo pueda alterar su situación o dificultar su reconocimiento. Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial, siempre que se cite para ello a la persona contra quien se pretende hacer valer esa prueba”.

(3) En relación con el valor probatorio de las publicaciones en periódicos la Sala, en sentencia de 10 de junio de 2009. Expediente 18.108. M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expuso el siguiente criterio: “Y, de otra parte, unos periódicos que según la parte demandante corresponden a publicaciones realizadas en los periódicos El Tiempo y El Nuevo Día, respectivamente, con los cuales pretendió demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el accidente y la responsabilidad de la entidad demandada. No obstante, esos documentos carecen por completo de valor probatorio, porque se desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial, dado que carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no fueron suministradas ante un funcionario judicial, no fueron rendidas bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC , art. 227), y por el contrario, este tenía el derecho a reservarse sus fuentes. Estos artículos pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial”. Sobre el valor probatorio de los artículos de prensa, ver sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13.338.

(4) Sobre la libertad probatoria para efectos de acreditar la propiedad de un establecimiento de comercio, consultar la sentencia de 9 de junio de 2010, M.P. Ruth Stella correa Palacio, Expediente 18.356.

(5) Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.

(6) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, Expediente 4039. C.P. Jorge Valencia Arango.

(7) Sentencia de 13 de mayo de 2004, Expediente AG-520012331000200200226-01. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(8) Corte Constitucional, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, Sentencia T 268 de veintisiete (27) de marzo de dos mil tres (2003).

(9) Sentencia SU-1150 de 2000. En el mismo sentido, Sentencia T-1635 de 2000. En Sentencia T-1215 de 1997 ha dicho esa corporación: “No existe duda sobre la violación continua de los derechos de las personas obligadas a migrar de su lugar de origen y cuya circunstancia de vulnerabilidad e indefensión es manifiesta. Los devastadores y trágicos efectos materiales de quienes se ven obligados intempestivamente a dejarlo todo con el único fin de proteger su vida e integridad personal, van acompañados del sentimiento de pérdida, incertidumbre y frustración que conlleva el desarraigo de sus bienes, de su tierra y de su entorno natural, pues, de alguna manera, impide que los afectados reconstruyan en el corto plazo su vida familiar, social, cultural, psicológica y económica”. Criterio que más recientemente esa Corte reiteró en Sentencia T-721 de 2003 al señalar: “También la Corte ha destacado que las heridas físicas y afectivas generadas por el desplazamiento, comportan traumas de toda índole de difícil recuperación, los que se agravan al tener que soportar las escasas o nulas posibilidades de acceder a una vida digna, que les ofrecen las ciudades, que los albergan en condiciones de hacinamiento e indigencia. Así mismo, habrá de señalarse que el desplazamiento —de acuerdo con los estudios realizados al respecto— conlleva abruptos cambios sicológicos y culturales en las mujeres, debido a que a estas a menudo les corresponde asumir solas la reconstrucción del hogar en todos los órdenes, y ser el apoyo de los hombres enfermos e incapacitados, no pocas veces en razón de los mismos hechos que dieron lugar al desplazamiento, como también de niños y ancianos, atemorizados e inermes”.

(10) Sentencia de 15 de agosto de 2007, Expediente AG-25000232700020020004-01, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido, sentencia de 26 de enero de 2006, Expediente 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B, de la misma ponente, en la cual se afirmó: “constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales...”.

(11) Se reiteran los planteamientos esgrimidos en las sentencias de la Sección Tercera de octubre 1º de 2008, Expediente 16920 y junio 9 de 2010, Expediente 18536, ambas con ponencia de quien proyecta este fallo.

(12) Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sección Tercera de 11 de diciembre de 1990, Expediente 5417, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de marzo de 1991, Expediente 5595, C.P. Julio César Uribe Acosta; 19 de agosto de 1994, Expediente 9276 y 8222, C.P. Daniel Suárez Hernández; 2 de febrero de 1995, Expediente 9273, C.P. Juan de dios Montes; 16 de febrero de 1995, Expediente 9040, C.P. Juan de dios Montes; 30 de marzo de 1995, Expediente 9459, C.P. Juan de dios Montes; 27 de julio de 1995, Expediente 9266, C.P. Juan de dios Montes; 6 de octubre de 1995, Expediente 9587, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 14 de marzo de 1996, Expediente 11038, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 29 de agosto de 1996, Expediente 10949, C.P. Daniel Suárez Hernández y 11 de julio de 1996, Expediente 10822, C.P. Daniel Suárez Hernández, entre otras.

(13) Sentencia del 10 de agosto de 2000, Expediente 11518, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; en el mismo sentido, sentencia del 18 de octubre de 2000, Expediente 11834, C.P. Alier Hernández.

(14) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Expediente 7577, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(15) Sentencia de 27 de enero 2000, Expediente 8490, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En igual sentido, sentencias de 15 de marzo de 1996, Expediente 9034, C.P. Juan de dios Montes; 28 de abril de 1994, Expediente 7733, C.P. Julio César Uribe Acosta; 17 de junio de 1993, Expediente 7533, C.P. Julio César Uribe Acosta; de 13 de mayo de 1996, Expediente 10627, C.P. Daniel Suárez Hernández, 5 de septiembre de 1996, Expediente 10461, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros 10 de agosto de 2000, Expediente 11585, C.P. Alier Hernández; 21 de febrero de 2002, Expediente 13661, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 20 de mayo de 2004, Expediente 14405, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

(16) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Expediente 8577, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(17) Ver, por ejemplo, sentencias de 15 de agosto de 2007, AG-25000232700020020004-01 y de

(18) Artículo 284 A del Código Penal Vigente.

(19) “Al referirnos al derecho a la verdad entendemos que, como lo ha establecido esta corporación en anterior jurisprudencia (sents. T-275/94, C-293/95, y SU.717/98), se debe buscar el mayor esclarecimiento, dentro del proceso penal, de las circunstancias del desplazamiento, agentes causantes (no solo el grupo armado culpable, sino también los autores intelectuales y materiales concretos), móviles de los agentes para la perpetuación del delito de desplazamiento forzado, etc... Además, como dijo la Corte Constitucional en su Sentencia T-265 de 1994, la participación del perjudicado dentro del proceso penal, también hace parte del derecho a la verdad en cuanto implica conocimiento del curso del proceso y facilita la investigación por parte de los funcionarios del Estado en la medida en que las víctimas fueron testigos directos del hecho. Reafirman el derecho a la verdad los principios 16.1 y 16.2 de los principios rectores de los desplazamientos internos que dicen: “1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus familiares desaparecidos. 2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán con los organismos internacionales competentes dedicadas a esta labor. Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles resultados.” En cuanto el derecho a la justicia se debe entender que este delito no debe quedar impune. Por lo tanto, se debe garantizar el acceso a la administración de justicia a quien fue víctima del delito y el Estado colombiano debe velar por que la ocurrencia de tal hecho punible sea castigada por su aparato jurisdiccional a través del procesamiento, condena y ejecución de la pena del sujeto activo del delito. Finalmente, el derecho a la reparación conlleva, como lo consagra el principio 29.2 de los principios rectores de los desplazados internos a una actuación diligente del Estado en la efectiva recuperación de los bienes que se vieron compelidos a abandonar con motivo del desplazamiento, o su equivalente”.

(20) Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, tomo II, pruebas judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.

(21) Consejo de Estado, sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente AG-250002325000200200025-02, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(22) Corte Suprema de Justicia, auto de septiembre 8 de 1993, Expediente 3446, acogido, por ejemplo, por la Corte Constitucional en Sentencia C-807 de 2002.

(23) Parra Quinjano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág. 649.

(24) Consejo de Estado, op. cit., pág. 96.

(25) Teniendo en cuenta que el precio del metro cuadrado del lote fue calculado por los peritos en $ 20.000 y que la extensión del área construida era de 357.50 m2

(26) Al respecto obra en el expediente, la Resolución 0730 de 1999 que en su parte resolutiva dispuso: asignar cincuenta y nueve (59) subsidios familiares de vivienda de interés social a los hogares damnificados por actos terrorista y/o tomas guerrilleras, representado por los postulantes relacionados a continuación, beneficiarios dentro de los que aparece Jonh Arcadio Beltrán Estrada con la suma de 426.4701492 UPAC; y obra el oficio DVE No. 10024 expedido por el jefe de la división de reforma vivienda y entorno del Inurbe dirigido al a quo en el que señala que Jhon Arcadio Beltrán Estrada, Arcadio Beltrán Tovar, Ana Elida Estrada Fuentes; Liliana Elida y Diana Johana Beltran Estrada hacen parte del mismo hogar y fueron atendidos con la resolución de asignación 730 del 25 de noviembre de 1999, y que se había hecho un desembolso por valor de $ 7.000.000, de la siguiente forma: el 50% o sea la suma de $ 3’500.000 se desembolsó el día 4 de agosto del año 2000 con la orden pago 1193 consignado en la cuenta del Banco Agrario Nº 73100003927 de Cravo Norte a nombre del señor Pablo Hernández identificado con la cedula de ciudadanía 17.387.004 y el saldo osea [sic] el otro 50% por valor de $ 3.500.000 el 11 de diciembre del mismo año a la misma cuenta y mismo beneficiario.

(27) Por ejemplo, en sentencias de 25 de febrero de 1999, Expediente 14.655 y de 12 de septiembre de 2002, Expediente 13.395, M.P. Ricardo Hoyos Duque dijo la Sala que el término prudencial que tendría el afectado para recomponer la actividad económica que desarrollaba con el bien destruido sería de seis meses, con fundamento en el siguiente criterio: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que “la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse....Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido” (Juan Carlos Henao Pérez. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. págs. 156-157). En este mismo sentido, sentencia de 11 de mayo de 2006, Expediente 14.694. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.