Sentencia 2000-01838 de septiembre 1 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Exp.: 050012331000200001838-01

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Referencia: 0458-2012

Actor: Rubén Darío Bassa Guisao

Autoridades nacionales

Bogotá, D. C., septiembre primero del año dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Para resolver, se

Considera

Solicita el actor la nulidad del Oficio 12644 del 9 de diciembre de 1999, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional mediante el cual le negó el reconocimiento de una pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización.

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda por considerar que el actor simplemente se limitó a afirmar que tenía derecho a la pensión de invalidez sin aportar prueba científica o técnica alguna que le permitiera establecer la procedencia de tal pretensión.

En consecuencia, el problema jurídico gira en torno a establecer, si le asiste el derecho al actor a percibir una pensión de invalidez.

Lo anterior, toda vez que mediante acta de junta médico laboral Nº 2697 del 13 de mayo de 1998, se determinó al actor una disminución de capacidad para el servicio “Relativa y permanente – no apto para actividad militar”, con un porcentaje de disminución de la capacidad laboral del 24% (fl. 11).

Igualmente por Dictamen Nº 437 del 5 de noviembre de 2013, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, se le determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del actor de 9.0% (fls. 51 a 61 cdno. 2).

Para efectos de decidir, se tiene lo siguiente:

El Presidente de la República a través del Decreto 2728 de 2 de noviembre de 1968, modificó el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las fuerzas militares. En el artículo 2º dispuso:

“ART. 2º—Para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnizaciones los soldados y grumetes quedan sometidos al "reglamento general de incapacidades, invalideces e indemnizaciones para el personal al servicio de las fuerzas militares y de la Policía Nacional”.

Asimismo, en el artículo 4º estableció en relación con la pensión de invalidez, lo siguiente:

“A partir de la vigencia del presente decreto, el soldado o grumete de las Fuerzas Militares que sea desacuartelado por incapacidad absoluta y permanente para toda clase de actividades, tendrá derecho a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual equivalente al sueldo básico que corresponda en todo tiempo a un cabo segundo o marinero y a las prestaciones unitarias a que se refiere el artículo anterior”.

En el año 1979 se expidió el Decreto 1836 de 31 de julio de 1979, “por el cual se determinan las normas relativas a la capacidad sicofísica, las Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, el cual en su artículo 61 dispuso que a partir de su vigencia, cuando el personal de soldados y grumetes de las fuerzas militares adquirieran una incapacidad durante el servicio que implicara una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrían derecho, mientras subsistiera la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así:

“a. El 75% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% hasta 94%.

b. El 100% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%”.

Posteriormente, con la expedición del Decreto 94 de 1989, se reformó el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, Soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, en los siguientes términos:

“ART. 15.—Clasificación de las incapacidades e invalideces:

Incapacidades relativa y temporal. Es la determinada por las lesiones o afecciones que disminuyen parcialmente la capacidad sicofísica y de trabajo de la persona y que mediante el tratamiento médico, quirúrgico o por las solas defensas del organismo obtenga su recuperación total.

Incapacidad absoluta y temporal. Es la determinada por las lesiones o afecciones que suprimen transitoriamente la capacidad sicofísica y de trabajo de la persona y que mediante tratamiento médico, quirúrgico o por las solas defensas del organismo, logren su recuperación total.

Incapacidades relativa y permanente. Es la determinada por lesiones o afecciones que disminuyen parcialmente la capacidad sicofísica y de trabajo de la persona sin saber susceptibles de recuperación por ningún medio.

Incapacidad absoluta y permanente o invalidez. Es el estado proveniente de lesiones o afecciones patológicas, no susceptibles de recuperación por medio alguno, que incapacitan en forma total a la persona para ejercer toda clase de trabajo. Cuando el inválido no pueda moverse, conducirse o efectuarse los actos esenciales de la existencia sin la ayuda permanente de otra persona, se le denomina gran invalidez”.

En el artículo 87 ibídem, clasifica las incapacidades e invalideces, y las tablas para la calificación de estas últimas y en su artículo 90 se refiere a la pensión de invalidez, así:

“Pensión de invalidez del personal de soldados y grumetes. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el personal de soldados y grumetes de las fuerzas militares, adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el tesoro público y liquidada así:

a) El 75% del sueldo básico de un cabo segundo o se equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

b) El 100% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%” (subraya la Sala) (sic).

Finalmente se expidió el Decreto 1796 de 2000, a través del cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las fuerzas militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Dicha norma, consagra en su artículo 38 la forma de la liquidación de la pensión de invalidez para el personal de oficiales, suboficiales, agentes y personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Su texto literal es el siguiente:

Cuando mediante Junta médico-laboral o tribunal medico-laboral de revisión militar y de policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:

a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).

c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PAR. 1º—Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez”.

De las disposiciones anteriormente referidas, se concluye con absoluta claridad que bajo el régimen especial de pensiones de las fuerzas militares es requisito esencial para el reconocimiento de la prestación en estudio el encontrarse en estado de invalidez, el cual se acredita cuando por la autoridad competente se determina que se posee una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 75%.

En el presente asunto, al actor se le practicó junta médico laboral Nº 2697 del 3 de mayo de 1998, con ocasión de una herida que sufrió por arma de fuego en el abdomen (en región de fosa ilíaca izquierda). En dicha acta se determinó que con tal lesión se produjo una incapacidad relativa y permanente por la cual se le considera no apto para el servicio militar y se evaluó su disminución de capacidad laboral en 24%.

Posteriormente y por solicitud del demandante, el 5 de noviembre de 2013 se le realizó una nueva valoración por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, en la que se concluyó que la pérdida de capacidad del actor era de 9.0%.

En las anteriores condiciones, no es procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por el actor, pues como quedó demostrado en el proceso, el señor Bassa Guisao no cumple con los requisitos establecidos en el régimen especial de las fuerzas militares.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia por medio de la cual negó las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la sentencia del 17 de mayo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso promovido por Rubén Darío Bassa Guisao contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, que negó las suplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha».