Sentencia 2000-01885 de agosto 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Rad. 76001-23-31-000-2000-01885-01(26765)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Gloria Lyda Rengifo Alarcón

Demandado: Municipio de Palmira y otros

Referencia: Acción Contractual

Bogotá, D.C., trece de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993(1), el cual establece que la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Comoquiera que el Instituto financiero y de fomento para el desarrollo municipal y de servicios públicos – Infipal tiene el carácter de entidad estatal, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, en su condición de empresa industrial y comercial del estado del orden municipal(2), naturalmente los contratos en los cuales esa entidad haya sido parte son contratos estatales.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, puesto que, según las normas legales vigentes, por cuya virtud se acogió un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, deben considerarse contratos estatales aquellos que celebren las entidades que participan de esa misma naturaleza. En este sentido ha dicho la Sala:

“De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el estatuto general de contratación administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante este se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los contratos”(3)(negrilla fuera del texto).

De conformidad con lo anterior, se tiene que, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, la determinación de la naturaleza jurídica del contrato depende de la que, a su vez, tenga la entidad que lo celebra: si esta es estatal, el contrato también lo es, sin importar el régimen legal que se le deba aplicar.

La afirmación anterior tiene fundamento legal en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, disposición que, al definir los contratos estatales, adoptó un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, apartándose así de cualquier juicio funcional o referido al régimen jurídico aplicable a la parte sustantiva del contrato: “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación (...)”(4).

Adicionalmente, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 que, a su vez, fue modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, prescribe que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.

En efecto, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006, define el objeto de esta jurisdicción, en los siguientes términos:

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional” (negrillas fuera de texto).

La norma legal transcrita, al definir el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, determinó que a la misma le compete “juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas”, en lugar de “juzgar las controversias y litigios administrativos”, como disponía el texto anterior del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Respecto de su alcance se pronunció la Sala, mediante auto del 8 de febrero de 2007 (radicación 30.903), en el cual, a propósito de los asuntos que interesan al caso que aquí se examina, se señaló:

“A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la entrada en vigencia de la ley 1.107 de 2006, de la siguiente manera:

“(...)

“i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin importar su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto del mismo”.

Aunado a lo anterior, la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 8 de noviembre de 2002, por cuanto la cuantía del proceso fue estimada razonadamente por el demandante en la suma de $146.158.877 Para la época de interposición de la demanda(5), eran susceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos promovidos en ejercicio de la acción contractual, cuya cuantía excediera la suma de $26.390.000(6), monto que, como se puede observar, se encuentra ampliamente superado. Por otra parte, es de anotar que el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, a términos de lo dispuesto por el artículo 129 del CCA.

2. La validez de la prueba documental recaudada.

Acogiendo la posición mayoritaria de la Sección Tercera, la Sala valorará la prueba documental que obra en el proceso en copia simple, de conformidad con la providencia proferida por la Sala Plena de esta sección el 28 de agosto de 2013(7), según la cual, “en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas”(8).

3. Análisis del caso.

El a quo accedió a las pretensiones de la demanda, por cuanto encontró acreditado el incumplimiento de Infipal en su obligación de liquidar el contrato; por ello, reconoció a favor de la demandante la suma de $81.770.086,08. Frente a la anterior decisión las partes mostraron su inconformidad.

Infipal en liquidación indicó que el valor del contrato superó en un 200% el presupuesto inicial, lo que era violatorio de la ley 80 de 1993 y, adicionalmente, que los gastos de materiales, obra y personal debían ser con cargo al fondo rotatorio, previa aprobación del interventor de la obra.

Por su parte, la actora interpuso recurso de apelación, con el fin de que se incluyera en la liquidación el valor de $100.826.410, correspondientes a las cuentas por pagar monto, que consta en el informe financiero final de la obra, del 28 de febrero de 1999; asimismo, solicitó que se condenará al municipio de Palmira, por cuanto este asumía las consecuencias patrimoniales de la liquidación de Infipal.

3.1. En relación con los motivos de inconformidad presentados por Infipal, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

Mediante la resolución 650 del 21 de mayo de 1997, las empresas públicas municipales de Palmira adjudicó el contrato de obra pública a la arquitecta Gloria Lyda Rengifo, cuyo objeto era la construcción del centro de atención al cliente de los servicios públicos, mediante el sistema de administración delegada, por un valor de $33.000.000 (fl. 12 a 13, cdno. 1).

El 21 de mayo de 1997 se suscribió el contrato de obra pública 04 de 1997, entre las empresas públicas municipales de Palmira y Gloria Lyda Rengifo, en el que se pactaron, entre otras, las siguientes cláusulas:

“Tercera: valor del contrato: para efectos fiscales el valor de este contrato se fija en la suma de treinta y tres millones de pesos ($33.000.000) M.cte. que corresponden al quince por ciento (15%) sobre costos directos de obra, esos honorarios se liquidarán, sobre el valor total de las planillas de obra sumadas con los gastos materiales, a los precios establecidos en el presupuesto. Cuarta: forma de pago: Empalmira pagará al contratista el cincuenta por ciento 50%, o sea la suma de $16.500.000.00 cancelada, perfeccionado y legalizado el contrato, para lo cual se elaborará una Acta de inicio de obra donde se dejará constancia de la fecha de iniciación y terminación de las obras y el saldo de los honorarios se cancelará en actas parciales de acuerdo al avance de la obra en las cuales se descontará el valor correspondiente para amortizar el anticipo. Estos honorarios son pagaderos dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la presentación de la cuenta durante la ejecución hasta la terminación de las obras y recibidas a entera satisfacción por parte de Empalmira. Adicionalmente Empalmira reconocerá a la Contratista los gastos en que incurra en desarrollo de la obra por el concepto de gastos generales de administración de la obra consistentes en: pago de servicios, fletes, acarreos, combustibles, portes, cargues y descargues de materiales, si se llegan a necesitar en el desarrollo de la obra. (...) Decima: obligaciones del contratista: Se obliga a : (...) 3) A comprar si es necesario de acuerdo con las instrucciones de Empalmira los materiales, elementos y equipos para la construcción en la condiciones más favorables para Empalmira. (...) 5) A contratar en su propio nombre y su responsabilidad pero con cargo a la obra, el personal de trabajadores que a su juicio, sea necesario para la buena marcha del trabajo, pero deberá retirar el que a juicio de la interventoría no se considere conveniente para la marcha normal de la obra. (...) 6) A pagar los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en la construcción con los fondos que Empalmira le suministre. (...) 18) La contratista manejará los fondos que reciba de Empalmira para la ejecución de las obras, bajo su responsabilidad, con la colaboración del interventor. Para el manejo de tales fondos prestará las garantías exigidas. (...) Decima primera: obligaciones de Empalmira: Serán obligaciones de Empalmira: (...) 2) Legalizado el contrato suministrar los fondos indispensables a la contratista, para el cumplimiento de sus funciones. 3) Suministrará oportunamente a la contratista además del fondo, los materiales y equipos y elementos que se hubiere comprometido a suministrarle (...). Decima quinta: manejo del fondo: Empalmira, designa al tesorero general de la entidad para que conjuntamente, con la contratista abran una cuenta corriente para el manejo del fondo destinado al pago del personal, materiales y alquiler de equipos. Los cheques para dichos pagos, se girarán con las firmas de las dos personas a la presentación de las cuentas y planillas de pago, siempre y cuando lleven el visto bueno de la interventoría. El fondo se abrirá por la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000) moneda corriente, que será restituido cuando la contratista presente la relación de gastos efectuados (...)” (se resalta, fls. 2 a 11, cdno. 1).

La inconformidad de Infipal radica en que, en su parecer, el presupuesto destinado para la obra se amplió en un 200% lo que resulta violatorio de la ley 80 de 1993.

Frente a ello, se encuentra que en la propuesta presentada por la arquitecta Gloria Rengifo se indicó como presupuesto base para liquidar los honorarios la suma de $253.000.000 por valor de las obras y $220.000.000 los costos directos; sin embargo, allí mismo se dejó la siguiente precisión:

“Se pacta honorarios del 15% del valor de la sumatoria de gastos, pagos y costos causados con cargo a la obra, por ser esta una obra de construcción y restauración. Se liquida sobre pagos efectuados de planillas, facturas, recibos y comprobantes de egreso. El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar el total de gastos efectuados con cargo a la obra por el factor 15% de lo cual se descontará los pagos parciales que se hayan efectuado al administrador durante el desarrollo de la obra” (fl. 291, cdno. 1)

Con lo anterior queda demostrado que el valor de la obra presentado en la propuesta lo fue para determinar el monto inicial de los honorarios, los cuales fueron pactados en el contrato en la suma de $33.000.000 para efectos fiscales, pero que los mismos finalmente se determinarían por el valor total de la obra, valor que era susceptible de modificación precisamente por la forma de contratación empleada, esto es, obra pública bajo la modalidad de administración delegada, en la que dentro de las obligaciones de la contratista se encontraba la de contratar, con cargo a la obra, esto es con cargo al contrato 4 de 199, los aspectos que fueran necesarios para el buen desarrollo de esta, por lo que se concluye que no existió vulneración de la ley 80 de 1993. 

En efecto, si bien es cierto que la ley 80 de 1993, en el parágrafo del artículo 40, señala que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, en el sub júdice no puede hablarse de tal vulneración, por cuanto, como se indicó anteriormente, el valor pactado en el contrato 04-97 lo fue con el único fin de determinar los impuestos, tributos, seguros y demás obligaciones que del acuerdo se derivaran, es decir, como lo señaló el propio contrato, para “efectos fiscales”; pero, el valor total de la obra no se pactó en una suma fija, sino que ello se condicionó a los gastos que efectivamente se llevaran a cabo en la ejecución de la obra. 

De otra parte, indicó Infipal que los gastos en que incurriera la contratista debían ser con cargo a los dineros que se encontraran en el fondo, de modo que si no existían esos recursos no podía hacer ninguna clase de contratación.  

De conformidad con la cláusula décima quinta, el fondo destinado para la obra pública se administraba conjuntamente por la contratista y el tesorero general de Empalmira y, una vez se presentara la relación de gastos, iba siendo restituido; pero, en dicha cláusula no se observa ninguna prohibición para que la contratista contrajera obligaciones si en el fondo no habían recurso, ni ello se desprende de lo allí pactado. 

En consecuencia, al no existir tal prohibición debe entenderse que la arquitecta Gloria Rengifo podía hacer contrataciones, sin que fuera requisito esencial que existieran fondos en la cuenta destinada al contrato. Adicionalmente, como no siempre existió dinero en el fondo se recurrió al crédito de los proveedores, sobre ese preciso aspecto y sobre la forma como se manejaba el fondo rindió testimonio Carlos Humberto Sierra Tamayo, quien fue gerente de Empalmira, al respecto manifestó (transcripción literal):  

“(...) contratamos a la Arquitecta Gloria Lida Rengifo y al arquitecto Douglas Daza para hacer las obras correspondientes, el contrato tenía la modalidad de administración delegada con un mecanismo especial que creamos mediante el cual constituimos un fondo rotatorio previa la aprobación de la junta directiva de Empalmira y la disponibilidad presupuestal, este fondo funcionaría de la siguiente manera. La responsabilidad por las compras y las contrataciones en el transcurso de la obra era de Empalmira hoy Infipal y la ejecución del contrato por cuenta de los arquitectos, con una interventoría independiente el manejo de la contabilidad y la firma de los cheques por cuenta de Empalmira, los mismo que la aprobación de las obras que tuvieran que ver con la adecuación distintas a la restauración de la obra. El fondo, repito, funcionaba de manera que la arquitecta pudiera comprometer a Empalmira o la obra en compras y contrataciones por unas sumas determinadas y una vez hecho ese procedimiento existía la obligación de Empalmira de depositar los dineros en el fondo (...) Preguntado: Si se trata de un contrato de administración delegada y que por su naturaleza es obligación de la entidad contratante de acuerdo a los presupuestos y las condiciones que se establecían en el contrato, se suministre al contratista los fondos necesarios para que el contratista cumpla con el objeto del contrato y sus funciones, entonces de dónde se sacaron los dineros para adelantar las obras ya que debe existir un fondo permanente que alimente la obra. Contesto: Como mencionamos anteriormente se reunía un comité para acordar que tipo de materiales o de contratos debían celebrarse para adelantar la obra, se contrataban y una vez existiera la obligación de pago Empalmira depositaba los dineros en el fondo, en la mayoría de casos se utilizó el crédito de proveedores pero en algunos casos inclusive supe de que se habían prestado dineros a la obra para pagar anticipos que el fondo reponía, entonces queda claro que no se esperaba que el fondo tuviera plata para hacer las obras sino que se aprobaban las obras, se empezaban a ejecutar y se iba proveyendo el fondo para irlas pagando. Preguntado: El fondo rotatorio de obra siempre tenía dinero para cancelarle tanto a proveedores y contratistas y para pagar adelanto de obra a la contratista. Contesto: no, el fondo de obra se surtía de dinero cuando existían las obligaciones por cancelar, inclusive el Dr. Córdoba giraba los cheques con la condición de que iban a ser proveídos en sus fondos posteriormente, nunca en el fondo hubo dinero ocioso o disponible” (se resalta, fls. 9 a 16, cdno. 2). 

Con el testimonio anterior se ratifica que la demandante debía cumplir con sus obligaciones realizando las contrataciones necesarias y que, una vez existieran las obligaciones que debían ser canceladas por Empalmira, a esta entidad le correspondía consignar los respectivos dineros en la cuenta destinada al fondo de la obra, para ser restituidos a la arquitecta Gloria Rengifo o para que ella efectuara el pago correspondiente si no se hubiera hecho, es decir, no constituía requisito previo para las contrataciones que en la cuenta del fondo existieran recursos.  

Si bien es cierto que en el contrato no se pactó ninguna fórmula de reintegro de los dineros a la contratista o de pago de créditos a los proveedores, tampoco se estableció ninguna prohibición a tal práctica, que fue la que ejecutaron las partes, como lo indicó en su testimonio el señor Carlos Humberto Sierra Tamayo, por lo que se concluye que no le asiste la razón a Infipal.

Además, se resalta que una de las obligaciones de Infipal era suministrar los fondos indispensables a la contratista para el cumplimiento de sus labores, a lo cual no se le dio cumplimiento en forma oportuna, no de otra manera se explica que reposen dentro del expediente cheques girados a terceros, con sus correspondientes comprobantes de egreso, por “Empalmira y/o Gloria Lyda Rengifo” con cargo a la obra y que aparecen relacionados en el informe financiero final (fls. 20, 23, 26, 31, 36, 42, 45, 56, 61, 67, 71, 73, 86, 91, cdno. 1). De ese incumplimiento también da cuenta el aludido informe financiero final de la obra, elaborado entre el gerente financiero de Infipal y la contratista, en el que se relacionan ítems como: i) reembolsos a solicitar, ii) cuentas por pagar, iii) reembolsos solicitados y iv) reembolsos pagados, lo que hace evidente, una vez más, que los gastos o contrataciones se generaban sin que existieran los recursos en el fondo destinado a la obra. 

3.2. Por su parte, la actora interpuso recurso de apelación con el fin de que se incluyeran en la liquidación $100.826.410, correspondientes a las cuentas por pagar, y con el fin de que se condenara al municipio de Palmira, por cuanto este asumía las consecuencias patrimoniales de la liquidación de Infipal.

En la demanda se solicitó que se liquidara el contrato, para lo cual se debían tener en cuenta los siguientes rubros:
“- Cuentas por pagar y sumas por reintegrar$100.826.410.
- Honorarios no cancelados$ 45.332.476-
- Total a febrero 28/99$146.158.877.76 (sic)” (fl. 168, cdno. 1).

Por su parte, el Tribunal solo reconoció en su liquidación el valor correspondiente a los honorarios pendientes de cancelar, para lo cual tuvo en cuenta el proyecto de acta de liquidación, suscrita por la contratista y por el gerente administrativo y financiero de la entidad contratante pero no por el representante legal de esta; en efecto, el a quo indicó:

“Referencias:
Valor total del contrato 
(Acta de liquidación final folio 19 cdno. ppal.)$630.543.178,46
Valor obra ejecutada$630.543.178,46
Valor liquidación Honorarios 15%$ 94.581.476,76
Valor pagado durante la vigencia del contrato$ 49.249.049,09
Valor debido por el contrato$45.332.427,67” (fl. 368, cdno. ppal.).

La suma anterior fue indexada y se reconocieron los intereses moratorios del 12% anual.

La actora solicitó adición de la sentencia de primera instancia, con el fin de que se incluyera en la liquidación el valor correspondiente a cuentas por pagar y sumas por reintegrar, petición que fue negada al considerarse que, en la liquidación efectuada en la sentencia, se incluyeron las cuentas que aparecían acreditadas y, adicionalmente, porque se consideró que lo solicitado no podía ser corregido mediante adición de la sentencia, sino con el recurso de apelación.

Como se observa en las pretensiones de la demanda, dos fueron los rubros solicitados por la parte actora para ser tenidos en cuenta en la liquidación del contrato de obra pública 4 de 1997: i) lo correspondiente a los honorarios pactados y ii) cuentas por pagar y sumas por reintegrar. Los primeros corresponden a lo que la contratista tenía derecho por la labor que realizó durante la ejecución del contrato y los segundos son el resultado de la administración conjunta de la obra, en la que la arquitecta Gloria Rengifo debía efectuar contrataciones con cargo a la obra.

En relación con las cuentas por pagar y las sumas por reintegrar, la pretensión fue sustentada así en la demanda:

“11) Con fecha febrero 28/99 se suscribe entre la contratista y el señor Rubén Darío Córdova Victoria, gerente financiero de Infipal el ‘Informe financiero final de la obra centro de atención al cliente Empalmira ’.

“11.1- En el informe se certifica que el valor total de los reembolsos solicitados a febrero 28/99 fueron de $517.207.823.46 y expresa además que solo reintegraron $487.205.972.30; es decir faltó por reintegrar a esa fecha $30.001.851.

“En dicho informe aparece un rubro cuentas por pagar, debidamente relacionadas por $51.616.742.60 y otras por reembolsos a solicitar de $19.208.817, para un total de $70.824.559.05 a los cuales se le suma la partida anterior de $30.001.851, para un total sin cancelar de $100.826.410” (fl. 156, cdno. 1).

Así las cosas, se tiene que, frente a las pretensiones de la demandante, el a quo solo accedió a lo correspondiente por honorarios; sin embargo, ella tenía derecho a que se incluyera en la liquidación tanto lo correspondiente a cuentas por pagar como lo relativo a sumas por reintegrar, puesto que no se puede entender, como lo hizo la primera instancia, que los honorarios los incluían, ya que obedecen a conceptos diferentes, como se explicó anteriormente.

Ahora bien, como la parte actora no expresó inconformidad alguna en la suma que determinó el tribunal por honorarios pactados, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre ese preciso aspecto.

Constatados los valores solicitados por en los itemes (sic) cuentas por pagar y sumas por reintegrar, se observa que las mismas tienen el debido sustento en el informe financiero final de la obra, en el que se precisó, de un lado, que:

“El suscrito gerente financiero de Infipal certifica que el valor total de reembolsos solicitados hasta la fecha es de 517.207.823.46 y que por parte de Infipal entidad contratante se ha hecho reintegros por valor total de 487.205.972.30” (fl. 18, cdno. 1).

De la anterior anotación se desprende sin duda que de los reembolsos solicitados una parte no se había reintegrado para la fecha de elaboración de ese informe, es decir, que existía una diferencia en favor de la contratista entre los reembolsos solicitados y los reconocidos, que asciende a $30.001.851.16.

En ese mismo informe se dejaron en claro dos ítems adicionales: i) monto total a reembolsar: $19.208.817, por concepto de reembolsos que no habían sido solicitados con anterioridad y ii) total otras cuentas por pagar: $51.615.742,50 (fl. 16, cdno. 1). Estas partidas no se encontraban incluidas dentro de los reembolsos que ya habían sido reconocidos y reintegrados, porque, se reitera, no se habían solicitado con anterioridad.

Así las cosas, se tiene por acreditado que el monto total de las cuentas por pagar y sumas por reintegrar ascendía a $100.826.410,66 ($30.001.851,16 de reembolsos solicitados no reintegrados, $19.208.817 de reembolsos no solicitados y $51.615.742,50 de otras cuentas por pagar).

En conclusión, la liquidación total del contrato es de la siguiente forma:

Cuentas por pagar:$100.826.410,66
Honorarios no cancelados:$ 45.332.476
Total liquidación:$146.158.886,66

La anterior suma deberá ser actualizada, para lo cual se tendrá en cuenta como índice inicial el de febrero de 1999, fecha en la que, según el a quo, se debió realizar el pago, consideración con la cual las partes estuvieron de acuerdo y no formularon objeción alguna, como las partes no discutieron en el recurso de apelación la fecha a partir de la cual se debía actualizar la suma debida y en consecuencia reconocer los intereses moratorios, la Sala acoge la indicada por el tribunal de primera instancia.

La actualización se realizará de conformidad con la siguiente fórmula:

out1
 

 

Reemplazando se tiene:

out2
 

VP = $315’033.839,22

Intereses moratorios:

Como en el contrato no se estableció pacto sobre la causación de los intereses moratorios, se debe aplicar lo consagrado en el inciso segundo del numeral 8º del artículo 4º de la ley 80 de 1993, esto es, el doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.

Período a liquidarCapital histórico por período I.P.C.Valor actualizadoTasa de interésInterés Moratorio
28-02/99 al 31-12-99146.158.886,66IPC 199813,95166.548.051,3510,03%16.704.769,55
2000166.548.051,35IPC 19999,23181.920.436,4912%21.830.452,38
2001181.920.436,49IPC 20008,75197.838.474,6812%23.740.616,96
2002197.838.474,68IPC 20017,65212.973.117,9912%25.556.774,16
2003212.973.117,99IPC 20026,99227.859.938,9412%27.343.192,67
2004227.859.938,94IPC 20036,49242.648.048,9812%29.117.765,88
2005242.648.048,98IPC 20045,50255.993.691,6712%30.719.243,00
2006255.993.691,67IPC 20054,85268.409.385,7212%32.209.126,29
2007268.409.385,72IPC 20064,48280.434.126,2012%33.652.095,14
2008280.434.126,20IPC 20075,69296.390.827,9812%35.566.899,36
2009296.390.827,98IPC 20087,67319.124.004,4912%38.294.880,54
2010319.124.004,49IPC 20092,00325.506.484,5812%39.060.778,15
2011325.506.484,58IPC 20103,17335.825.040,1412%40.299.004,82
2012335.825.040,14IPC 20113,73348.351.314,1312%41.802.157,70
2013348.351.314,13IPC 20122,44356.851.086,2012%42.822.130,34
1-01/14 al 31 07/14356.851.086,20IPC 20131,16360.990.558,807%25.269.339,12
Total intereses moratorios503.989.226,05

Liquidación final: 
Capital actualizado:$315.033.839,22
Intereses moratorios:$503.989.226,05
Total:$819.023.065,27

Es de anotar que las empresas públicas municipales de Palmira - Empalmira mediante el acuerdo 169 del 6 de enero de 1998 fue transformada en una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, denominada Instituto financiero de fomento para el desarrollo municipal y de servicios públicos – Infipal, entidad que, en consecuencia, debía responder por las obligaciones que se encontraban a cargo de Empalmira, lo que, para el caso concreto indica que era la entidad que debía la correspondiente liquidación del contrato de obra pública 4 de 1997 a la arquitecta Gloria Rengifo.

Ahora bien, la parte actora solicitó que se condenara también al municipio de Palmira, ya que, en su parecer, si bien es cierto este ente municipal no celebró el contrato de obra pública, en virtud del decreto 1189 de 1999 el municipio asumía las consecuencias patrimoniales de la liquidación de Infipal.

Una vez revisado el decreto 1189 del 24 de agosto de 1999, por medio del cual se suprimió el Instituto financiero y de fomento para el desarrollo municipal y de servicios públicos – Infipal y se ordenó su liquidación, se encuentra que no le asiste razón a la actora, pues allí no se hace alusión al aspecto mencionado por la apelante, tan solo se señala que, si llegaran a quedar bienes para el momento en el que finalice la liquidación de esa entidad, estos deben ser entregados al municipio de Palmira, así como los bienes de utilidad pública necesarios para la prestación de los servicios públicos; adicionalmente, allí no se estableció un régimen de transición o la subrogación de las obligaciones de Infipal en el municipio de Palmira o de otra entidad, por lo que no resulta procedente condenar al municipio demandado.

Adicional a lo anterior, en el acto de constitución de Infipal (acuerdo 169 de 1998) se señaló (transcripción literal):

“ART. 41.—Disposiciones generales. Extinguida o disuelta por cualquier causa la empresa se procederá a su liquidación por un liquidador libremente designado por el municipio, y que tendrá las facultades que le señalen las leyes y en especial las que el Código de Comercio confiere a los liquidadores de las sociedades mercantiles (...).

“PAR.—En todo lo no previsto aquí, durante el período de la liquidación se seguirán las normas del Código de Comercio y las leyes que lo adicionan y reforman relacionadas con las sociedades anónimas o las normas especiales que la regulen o se dicten” (fls. 43 a 44, cdno. 2).

Y sobre el particular, el Código de Comercio señala:

“ART. 245.—Reserva en poder de los liquidadores para atender obligaciones condicionales o en litigio. Cuando haya obligaciones condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se distribuirá entre los asociados en caso contrario. La misma regla se aplicará en caso de obligaciones litigiosas, mientras termina el juicio respectivo.

“En estos casos no se suspenderá la liquidación, sino que continuará en cuanto a los demás activos y pasivos. Terminada la liquidación sin que se haya hecho exigible la obligación condicional o litigiosa, la reserva se depositará en un establecimiento bancario”.

Así las cosas, le correspondía al liquidador de Infipal, si los recursos alcanzaban luego de hacer el pago de la prelación de créditos, dejar una reserva para atender las obligaciones litigiosas y, una vez concluido el proceso de liquidación, depositarla en un establecimiento bancario; sin embargo, en el presente caso no se encuentra acreditada la culminación del proceso de liquidación de la entidad demandada y mucho menos que exista esa reserva para obligaciones litigiosas, por lo que se impone a la Sala confirmar en los demás aspectos la sentencia apelada.

5. Condena en costas.

No se impondrá condena en costas, porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase el numeral 3º de la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2000 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual queda así:

“3.- Como consecuencia de la declaración anterior, condenase al Instituto financiero y de fomento para el desarrollo municipal y de servicios públicos, – Infipal en liquidación, a pagar a la arquitecta Gloria Lyda Rengifo Alarcón la suma de ochocientos diecinueve millones veintitrés mil sesenta y cinco pesos con veintisiete centavos ($819’023.065,27), que arroja la liquidación del contrato de obra 4 del 21 de mayo de 1997

2. Confírmase en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas.

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Artículo 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

(2) Acuerdo 169 del 20 de diciembre de 1997, artículo 1º.

(3) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, auto de 20 de agosto de 1998. Exp. 14.202. C.P. Juan de Dios Montes Hernández. Esta posición ha sido expuesta en otros fallos, entre los cuales se encuentra la sentencia de 20 de abril de 2005, Exp: 14519; Auto de 7 de octubre de 2004. Exp. 2675.

(4) Según este artículo, son contratos estatales los celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

“Para los solos efectos de esta ley:

“1º Se denominan entidades estatales:

“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

“b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos (...)”.

(5) 14 de junio de 2000.

(6) Artículo 2º del Decreto 597 de 1988.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Expediente: 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25.022), M.P.: Enrique Gil Botero.

(8) Aspecto sobre el cual el Ponente de la presente providencia salvó el voto, pero acata la decisión de la mayoría y pone de presente que allí se agregó:

“Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, (sic) está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del CCA, norma reproducida en el artículo 167 de la ley 1437 de 2011 —Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—”.