Sentencia 2000-01911 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000232600020000191101 (24.159)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Bogotá D.C., enero treinta de dos mil trece.

Actor: Yenny Alexandra Salinas y Otros

Demandado: Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec

Referencia: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada, contra la Sentencia del 17 de septiembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, bajo el siguiente esquema: 1. El daño. 2. El régimen de responsabilidad aplicable y la imputación del daño. 3. El reconocimiento de perjuicios morales reclamados por la hermana y abuela de Carlos Alberto León Giraldo, víctima de los hechos(2) que dieron lugar a esta controversia. 4. Las costas.

1. El daño.

El daño se concreta en la muerte violenta del señor Carlos Alberto León Giraldo, hechos ocurridos el día 27 de abril de 2000, en las instalaciones de la Cárcel Judicial Modelo en la ciudad de Bogotá, donde se encontraba en calidad de recluso(3).

2. El régimen de responsabilidad aplicable y la imputación del daño.

Ahora bien, acreditado el daño, debe abordarse el análisis del otro elemento de la responsabilidad, es decir, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si la muerte causada, es atribuible a la entidad demandada.

En cuanto a la responsabilidad en los casos de muerte de reclusos, se aplica el régimen objetivo, en virtud del deber de protección especial a cargo del Estado respecto de quienes están privados de la libertad por las especiales condiciones de sujeción a las que están sometidos.

Así lo ha dicho la Sala:

“...razón por la cual la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el régimen de responsabilidad que procede es el objetivo, en el cual dicha responsabilidad surge independientemente de la conducta de la entidad demandada, por el solo hecho de que una persona confinada en un establecimiento carcelario por cuenta del Estado, pierda la vida o sufra lesiones en su integridad física, de tal manera que la administración no podrá eximirse de responsabilidad mediante la aportación de pruebas tendientes a acreditar que cumplió las obligaciones a su cargo y que no incurrió en falla del servicio; solo podría desvirtuar tal responsabilidad, mediante la comprobación de una causa extraña. No obstante lo anterior, la Sala considera que, además de operar la responsabilidad objetiva como título de imputación general en esta clase de eventos, cuando surja comprobada dentro del proceso una falla del servicio como causante del hecho dañoso por el cual se reclama —lesiones físicas o deceso de una persona detenida o privada de su libertad—, es necesario evidenciarla en la sentencia que profiera esta jurisdicción, para efectos de que la administración tome nota de sus falencias y adopte los correctivos que considere necesarios, por cuanto para deducir la responsabilidad de la administración, basta que el daño se haya producido respecto de una persona privada de la libertad y puesta bajo su tutela y cuidado. Es claro, entonces, que mientras en la generalidad de los casos en los que se comprueba la falla del servicio, la administración puede eximirse de responsabilidad mediante la comprobación, no solo de una causa extraña, como sería la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero, sino también a través de la prueba de su obrar prudente y diligente en el exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo, en estos casos específicos de daños a personas privadas de la libertad, por tratarse de eventos de responsabilidad objetiva, la única forma en que la administración se puede liberar de la responsabilidad que surge a su cargo, es precisamente a través de la comprobación de una causa extraña”(4).

La misma jurisprudencia de la corporación ha decantado que cuando se aplica la responsabilidad objetiva, la entidad se exonera probando una causa extraña, es decir, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero.

En el sub lite, a pesar de que el Inpec argumentó que la muerte se produjo por el hecho de un tercero(5) y no fue producto de arma blanca, resulta ser contradictorio con el informe que el mismo ente demandado remitió a instancias del a quo en el cual se indica que el recluso Carlos Alberto León Giraldo, fue descuartizado,(6) la circunstancia antes expuesta explica la posesión de armas corto punzantes dentro del centro carcelario, también constituye un indicio de que su finalidad era ofensiva, lo cual, permite desvirtuar lo afirmado por la defensa de la entidad sobre la forma en que murió la víctima al interior de la cárcel y por el contrario por la forma atroz como fueron encontrados los restos de la víctima, demuestra la falta al deber de vigilancia y custodia al permitir la realización de actos delincuenciales al interior de dicho centro penitenciario.

Así las cosas, comprobados los elementos que dan lugar a la aplicación de responsabilidad objetiva, que se produjo un daño y que este fue respecto de una persona privada de la libertad y puesta bajo tutela y cuidado del establecimiento carcelario, procede entonces la atribución de responsabilidad a la entidad demandada, tal como se ha sostenido por la Sección.

“(...)

“En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser victimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo la seguridad de los internos y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual esta Sección del consejo de estado ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiales, es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. Así pues, ha puesto de presente que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción”(7).

3. Los perjuicios morales.

3.1. Reconocimiento de los perjuicios morales en favor de la hermana de la víctima. Reclamo de la parte demandante.

Para esta Subsección es claro que desde la sentencia del 17 de julio de 1992, los perjuicios morales argüidos por los hermanos de la víctima se presumen. En efecto, se dijo en ese entonces que:

“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles”.

Sin embargo,

“(...) la corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se han tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afecta moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien”(8) (resaltado fuera de texto).

De igual forma, esta corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

“No obstante lo anterior, la Sala puede dar por probado el perjuicio moral en los actores con ocasión de la muerte de su hijo y hermano, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir(9) que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”(10).

Actualmente, la corporación viene reconociendo que la simple acreditación de la relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los parientes, de modo que al allegarse al proceso los registros civiles de la víctima, y sus hermanos es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales(11).

En el sub judice se probó el parentesco existente entre los demandantes y la víctima, pues con el registro civil que reposa en el expediente se tiene prueba de la existencia de una hermana del señor Carlos Alberto León Giraldo(12):

a) María Liliana León Giraldo(13).

Por otra parte, la entidad no desvirtuó la presunción de la aflicción, por lo que se concederán los perjuicios morales solicitados por la hermana de la víctima, los cuales se fijarán en 50 salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

En este orden de ideas, esta Subsección condenará al pago del valor equivalente a 50 smlmv en favor de la hermana de la víctima, modificando, en consecuencia, la decisión del a quo.

3.2. Solicitud de reconocimiento de los perjuicios morales en favor de la abuela de la víctima.

De acuerdo con los artículos 18 y 19 de la Ley 92 de 1938, a partir de la vigencia de esa ley, es decir del 15 de junio de ese mismo año, tendrán el carácter de prueba principal del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias autenticadas de las partidas del registro civil, expedida por los funcionarios competentes, pero a falta de los mismos podía suplirse por otros documentos auténticos, o por las actas o partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la iglesia católica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil que se trata, y en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil.

Estas disposiciones fueron derogadas con la expedición del Decreto 1270 de 1970, que comenzó a regir el 5 de agosto de 1970, pero allí se estableció en el artículo 105, que los actos relativos al estado civil posteriores a la vigencia de la Ley 92 de 1938, podrían probarse con copia de las correspondientes partidas o folios o con los certificados expedidos con base en los mismos, mientras que según el artículo 106, ninguno de los hechos actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas sujetas a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en dicha norma, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.

De esta manera, a partir del Decreto 1260 de 1970, la prueba idónea del parentesco es el registro civil, documento público del cual se presume su autenticidad sin que los jueces puedan exigir prueba diferente(14).

Al respecto ha dicho la Sala:

De conformidad con los artículos 1º, 101, 54, 105, 112 y 115 del Decreto 1260 de 1970, resulta claro que cuando se expida un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre este y aquellos. En efecto, si tales nombres fueron indicados en el correspondiente certificado, es porque el inscrito nació dentro de un matrimonio legalmente celebrado o, siendo hijo extramatrimonial, fue reconocido por su padre o se declaró judicialmente su paternidad. Y no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el parentesco, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley, de manera excepcional, para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 105 del Decreto 1260 de 1970(15).

Esta Sección, se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la prueba de los daños morales en los parientes de la víctima, como en este caso, cuando se encuentran en el segundo grado de consanguinidad, como la abuela, sobre el particular se ha expresado:

“La simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión —esta última sin importar que sea grave o leve, distinción que no tiene justificación práctica y teórica alguna para efectos de la presunción del perjuicio, sino, por el contrario se relaciona con el grado de intensidad en que se sufre—, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política, debe presumirse, que el peticionario los ha padecido. Ahora bien, no sucede lo propio con el perjuicio derivado de las lesiones de Ana Caterine Ceballos Salazar (sobrina), comoquiera que la presunción aceptada por la Sala no cobija al tercer grado de parentesco, circunstancia por la cual se requería, en el asunto sub examine, de prueba que demostrara la existencia del daño, lo cual no sucede en el proceso de la referencia”(16).

Ahora bien, respecto de la señora Edelmira Garzón de Giraldo, quien en su condición de abuela del señor Carlos Alberto León Giraldo, solicitó el reconocimiento de perjuicios morales, el a quo consideró:

“En cuanto a la señora Edelmira Garzón de Giraldo, abuela del fallecido, ella debió probar su parentesco, presentando el registro civil de nacimiento de Saturia Giraldo garzón (madre del fallecido) y su propio registro civil de nacimiento. Dentro del expediente obra acta de bautismo de Saturia Giraldo Garzón (fl. 7, cdno. 2) bautizada el 12 de julio de 1952 y registro civil de nacimiento de Edelmira Garzón Tabares, nacida el 1° de octubre de 1933 (fl. 5, cdno. 2).

“Los artículos 101 y 105 del Decreto 1260 de 1970 establecen que la única prueba del estado civil de hechos ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, son las actas de registro del estado civil, luego, el acta de bautismo no es plena prueba para demostrar el parentesco entre la señoras Saturia Giraldo Garzón y Edelmira Garzón Tabares” (fls. 73-74, cdno. ppal.).

En este aspecto, es necesario indicar que tal como lo consideró el Tribunal, la prueba idónea para demostrar el parentesco entre la señora Edelmira Garzón de Giraldo (madre) y Saturia Giraldo Garzón (hija), es el registro civil de nacimiento de esta última, en el cual conste el nombre de sus padres, no obstante, en el expediente, se observa una partida eclesiástica de bautismo de la Parroquia Nuestra señora del Perpetuo Socorro de Fresno Tolima, en el cual consta el bautizo de la niña Saturia Giraldo Garzón el 12 de julio de 1952 (fl. 7, cdno. copias 2).

En este orden de ideas, de conformidad con la Ley 92 de 1938, y el artículo 105 de Decreto 1260 de 1970, las partidas eclesiásticas son idóneas para acreditar el estado civil de las personas cuando los hechos ocurrieron antes de la vigencia de la ley, las posteriores deben probarse con la copia del folio del registro civil, luego, la partida de bautismo aportada para acreditar el parentesco entre Saturia Giraldo Garzón y su madre Edelmira Garzón, no sería una prueba idónea. Por tal razón, no se accederá al reconocimiento del perjuicio moral a favor de la señora Edelmira Garzón, en su calidad de abuela del señor Carlos Alberto León Giraldo, por no acreditarse dentro del expediente, la prueba idónea del parentesco con la señora Saturia Giraldo Garzón.

Finalmente, se modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder al reconocimiento de los perjuicios morales a favor de María Liliana León Giraldo, en su calidad de hermana de la victima señor Carlos Alberto León Giraldo, y por ende dispondrá adicionar el reconocimiento de perjuicios morales del numeral segundo a la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2002, por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4. La Condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de los expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República (de Colombia) y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar el numeral primero de la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 17 de septiembre de 2002, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada el cual quedará así:

2. Condénese en consecuencia al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a reconocer y pagar los siguientes valores:

Por concepto de perjuicios morales:

Para Yulli Catalina León Salinas (hija), la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de esta sentencia.

Para Saturia Giraldo Garzón (madre) la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de esta sentencia.

Para María Liliana León Giraldo (hermana), la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de esta sentencia.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente para la señora Yenny Alexandra Salinas Gómez la suma de un millón trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y nueve ($ 1.384.639)

3. Sin costas.

4. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Los hechos sucedieron el 27 de abril de 2000 y la demanda se presentó el 31 de agosto de 2000, razón por la cual no hay caducidad de la acción.

(3) Registro civil de defunción 03599340 (fl. 8, cdno. 2).

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 28 de 2010, Radicado 18271, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) La entidad demandada al interponer el recurso de apelación expresó: “La muerte del recluso Carlos Alberto Leon Giraldo, se produjo por asfixia mecánica, producto de la agresión de un tercero, (otro u otros reclusos), y no se produjo con arma de fuego ni arma blanca, es decir que para la muerte de este recluso no se produjo ningún tipo de armas” (fl. 85, cdno. ppal.).

(6) Folio 121, cuaderno 3.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 26 de 2010, Radicado 18800, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(8) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 17 de julio de 1992; Expediente 6750.

(9) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico...” (Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970 pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002) (negrilla de la Sala)

(10) Sentencia del 24 de agosto de 2011, M.P. Dr. Enrique Gil Botero, Expediente 20437.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 25 de 2012, Radicado 22708; C.P. Olga Valle de De la Hoz.

(12) Reposa copia autentica del registro civil de nacimiento a folio 4 del cuaderno 2 de pruebas.

(13) Reposa poder debidamente otorgado a folio 3 del cuaderno principal; y registro civil de nacimiento a folio 4 del cuaderno 2 de pruebas, donde consta que es hija de Saturia Leon Giraldo y Gustavo León Cardona.

6. Artículo 37, Código Civil. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí.

7. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias; del 10 de abril de 2003, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Radicación 13834; del 10 de julio de 2003, C.P María Elena Giraldo Gómez, Radicación 14083; del 12 de febrero de 2004, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación 14955; del 24 de febrero de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 14335; del 10 de marzo de 2005, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación 14808; del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 15459; del 23 de abril de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 16186; del 19 de noviembre de 2008, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Radicación 28259.

8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 30 de junio de 2011, C.P. Danilo Rojas, Radicación 19836.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 5 de 2012, Radicado 23636; C.P. Olga Valle de De la Hoz.

(15) Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 21 de septiembre de 2000, Radicado 11766, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(16) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de octubre 1º de 2008. Expediente 27268. C.P. Enrique Gil Botero.