Sentencia 2000-01926/43304 de junio 1º de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., primero de junio de dos mil diecisiete.

Exp. 43.304.

Rad. 5400012331000200001926-01

Demandante: Ramiro Pérez Arévalo.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros.

Naturaleza: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los presupuestos procesales de la acción.

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la competencia de esta corporación, la procedencia de la acción, la legitimación en la causa y la caducidad.

1.1. Competencia de la Sala.

Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Además, la Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, porque la cuantía de la demanda, determinada por la mayor de las pretensiones, supera la suma exigida en la ley para el efecto(1).

1.2. Procedencia de la acción.

La acción de reparación directa es la procedente para resolver el conflicto planteado, porque lo pretendido es la reparación de los perjuicios que sufrió el demandante por los daños causados a un vehículo de su propiedad, los cuales atribuyen a las entidades públicas demandadas, por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la materialización de los hechos que causaron tales daños.

1.3. Legitimación en la causa.

El demandante acudió al proceso aduciendo su calidad de propietario del vehículo automotor marca Ford-100, modelo 68, azul y franjas blancas, de placas CUA-916. Ese hecho fue debidamente acreditado en el expediente. En el formulario único nacional 0910377931 de la oficina departamental de Transporte y Tránsito de Norte de Santander (fl. 39), consta que el 7 de septiembre de 1993, el señor William Delgado vendió al señor Ramiro Pérez Arévalo dicho vehículo, del cual se aportó en la demanda también la declaración de saneamiento aduanero, presentada el 1º de octubre de 1991 y copia del formulario único nacional de matrícula inicial, de 18 de noviembre de 1991 (fls. 33-34). En la copia de la licencia de tránsito expedida el 14 de septiembre de 1993 consta que el propietario del vehículo era el demandante (fl. 32).

1.4. La demanda en tiempo.

Dado que las pretensiones formuladas en ejercicio de la acción de reparación directa están orientadas a obtener la indemnización de los perjuicios sufridos por el demandante como consecuencia de los daños causados al vehículo de su propiedad durante un enfrentamiento entre la fuerza pública y un grupo de campesinos que adelantaban una marcha de protesta, y ese hecho ocurrió el 14 de octubre de 1998, hay lugar a concluir que la demanda presentada el 11 de octubre de 2000, lo fue en término, conforme a lo previsto en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

2. Problema jurídico.

Deberá la Sala establecer si los daños causados al vehículo de propiedad del demandante son atribuibles a las entidades públicas demandadas, o si estas deben ser exoneradas de responsabilidad por haberse configurado la causal eximente de responsabilidad del hecho del tercero.

Para resolver esta controversia se tendrán en cuenta: (i) los testimonios practicados en el proceso; (iii) los documentos traídos por las partes, en copia simple o auténtica, dado que conforme al actual criterio de la Sala Plena de la Sección, adoptado en la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2013(2), si bien los artículos 252 y 254 del C.P.C. son aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa que se encuentren en curso, en razón de la integración normativa contenida en el artículo 267 del C.C.A., tales normas deben ser leídas a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y de los principios contenidos en la ley 270 de 1996, referidos a la buena fe y a la lealtad procesal, así como a la intención del legislador de “modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los Decretos-Leyes 1400 y 2019 de 1970”, intención hecha norma en las Leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011 y 1564 de 2012, conforme a las cuales las copias simples de documentos aportados al proceso tienen valor probatorio cuando las mismas hubieran obrado a lo largo del mismo y no hubiera sido cuestionada su veracidad durante las etapas de contradicción, y (iii) el artículo periodístico traído al expediente con la demanda, porque, de acuerdo con la jurisprudencia adoptada por la corporación, los artículos de prensa tienen valor para acreditar los hechos, siempre que al ser analizados se encuentre que guardan conexidad y coincidencia con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente(3).

3. Análisis de la Sala.

Considera la Sala que las entidades demandadas están obligadas a reparar los perjuicios que sufrió el señor Ramiro Pérez Arévalo como consecuencia de los daños causados al vehículo Ford-100, de placas CUA-916, de su propiedad, porque se reúnen en su caso los elementos previstos en el artículo 90 de la Constitución para acceder a sus pretensiones, esto es, la existencia de un daño antijurídico y la imputación de ese daño a las demandadas. En efecto:

3.1. Como antes se señaló, está demostrado que el señor Ramiro Pérez Arévalo era el propietario del vehículo Ford-100, modelo 68, azul y franjas blancas, de placas CUA-916, por haberlo adquirido del señor William Delgado, el 7 de septiembre de 1993, según consta en el formulario único nacional 0910377931 de la oficina departamental de transporte y tránsito de Norte de Santander (f. 39), y en la copia de la licencia de tránsito expedida el 14 de septiembre de 1993 (f. 32).

3.2. También está probado que dicho vehículo fue incinerado el 14 de octubre de 1998, durante la confrontación que se suscitó entre la fuerza pública y un grupo de campesinos que habían marchado desde la zona del Catatumbo hacia la cabecera del municipio de San José de Cúcuta. Estos hechos se acreditaron con las siguientes pruebas:

En la primera página del periódico “La Opinión” que circuló en la ciudad de Cúcuta el 15 de octubre de 1998 (fls. 14-15 c-1), se publicó la siguiente noticia:

Disturbios en Cúcuta.

Toque de queda paralizó la ciudad desde las 4:00 p.m. prohibido el tránsito de vehículos desde Tibú, Sardinata, San Cayetano, Puerto Santander, El Zulia y el Tarra.

Un agente herido, 89 detenidos, tres CAI destruidos y seis vehículos incinerados, saldo que dejaron los disturbios presentados ayer en diferentes zonas de la ciudad.

Defensoría del Pueblo se reunió anoche con los líderes campesinos. El ejército restringió salvoconductos vigentes de manera general para el porte de armas de fuego.

Intensa labor cumplieron policía, ejército para controlar la situación. Cerrada la frontera con Venezuela en la mañana por protesta de trabajadores estatales.

Cúcuta fue sacudida ayer por enfrentamientos entre la fuerza púbica y los campesinos del Catatumbo.

Tres comandos de atención inmediata de la policía destruidos, cinco vehículos incendiados, comercios apedreados y saqueados, 89 detenidos y un agente herido, dejó la refriega en la capital de Norte de Santander.

La Alcaldía señaló como responsables de los disturbios a cerca de 1.000 manifestantes que abandonaron el coliseo Eustorgio Colmenares. Ellos hacen parte de los 1.800 labriegos que llegaron de esa región del departamento.

Como si fuera poco, los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander fueron bloqueados por los maestros.

Por eso, a las 4:00 de la tarde comenzó a regir el toque de queda.

En la publicación figura fotografía en la que se observa un vehículo de placas CUA-916 en llamas.

La marcha campesina, la alteración del orden público y la incineración del vehículo de placas CUA-916 de que da cuenta la información periodística se consideran probados en este proceso porque tales hechos fueron confirmados con otras pruebas que obran en el expediente.

En efecto, obra la certificación expedida por el Comité Local de Emergencia del municipio de San José de Cúcuta (f. 17), en la cual se da cuenta de la incineración del vehículo de propiedad del demandante en los disturbios que se presentaron el 14 de octubre de 1998, en la ciudad de San José de Cúcuta:

Que el vehículo tipo camioneta, marca FORD 100 modelo 1968 placas CUA-916 Colombia, color azul, con franja blanca, Nº chasis F10AAJ22981 de propiedad del señor Ramiro Pérez Arévalo fue objeto del delito de terrorismo al ser incinerado, imputándole ese hecho a la marcha campesina realizada el día miércoles 14 de octubre de 1998 en el sector rompoi (sic) del aeropuerto de esta ciudad, según denuncia Nº 5112 de la SIJIN-Departamento de Policía Norte de Santander.

El señor Jorge Eliécer Escobar Melo, en la declaración que rindió ante el a quo (fls. 96-97), manifestó que conocía al señor Ramiro Pérez Arévalo desde hacía 10 años atrás, porque trabajaba con él haciendo acarreos, en la camioneta Ford 68, azul con blanco, que fue incinerada por manifestantes el 14 de octubre de 1998. Aseguró que ese día estaba acompañándolo a transportar un material para una obra que se adelantaba en Trigal Norte; al llegar a la redoma del aeropuerto, se encontraron con la marcha campesina, que había bloqueado la vía, por lo que debieron detenerse. Los manifestantes le pidieron al conductor las llaves del carro y los obligaron a descender del vehículo; luego, se presentó un enfrentamiento con la fuerza pública. Los campesinos les lanzaron piedras y palos a los soldados y estos les respondieron con la expulsión de gases lacrimógenos. Al marcharse, los campesinos incendiaron la camioneta. Cuando ellos pudieron acercarse al lugar verificaron que esta estaba destruida; la llevaron a un taller, en una grúa.

Obran a folios 26 a 28 del expediente cinco fotografías que muestran partes de un vehículo destruido en su parte interna y externa, en una de ellas se ve la placa del vehículo CUA-916. Dichas fotografías fueron reconocidas por el señor Jorge Eliécer Escobar Melo, en la declaración que rindió ante el a quo (fls. 96-97). El testigo aseguró que esas imágenes correspondían al vehículo de propiedad del demandante que fue incinerado en los hechos ocurridos el 14 de octubre de 1998.

3.3. El demandante atribuye a las autoridades civiles del municipio de San José de Cúcuta y del departamento de Norte de Santander, y a la fuerza pública los daños causados al vehículo de su propiedad, por no haber adoptado las medidas preventivas que de manera eficaz hubieran impedido que se presentaran esos hechos.

En relación con las actuaciones adelantadas por las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, orientadas a garantizar el mantenimiento del orden público, obran las siguientes pruebas:

El Decreto 0214 de 14 de octubre de 1998, mediante el cual el alcalde del municipio decretó el toque de queda en esa ciudad, desde las 16:00 horas de ese día, hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente (fls. 102-103), por las siguientes razones:

Que el alcalde es la primera autoridad policial del municipio y como tal facultado para tomar medidas a fin de preservar y mantener el orden público en su jurisdicción.

Que ante la recomendación del consejo de seguridad sobre la situación de la marcha campesina compuesta por cerca de cinco mil personas, que hasta la fecha se encuentran ubicadas en el barrio La Alejandra, jurisdicción del municipio de El Zulia, carretera Cúcuta-Tibú y ante la eventualidad de que se trasladen al municipio de Cúcuta, sin autorización del Gobierno Nacional para el cumplimiento de dicho propósito.

Que en el coliseo cubierto Eustorgio Colmenares se encuentran instalados aproximadamente mil ochocientos marchistas de la zona del Catatumbo, de los cuales aproximadamente unos mil abandonaron el día de hoy 14 de octubre sus instalaciones y armados de garrotes y otros objetos procedieron a ocasionar disturbios y actos atentatorios contra la policía y la población civil dejando un saldo parcial de dos CAI y cinco vehículos incendiados, en distintos sectores de la ciudad de Cúcuta.

Que sujetos no identificados en horas de la mañana de hoy bloquearon el paso de vehículos y peatones en los principales puentes de acceso a la ciudad de Cúcuta, como lo son puente internacional Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.

Que ante el paro que adelantan trabajadores y empleados estatales que afecta el normal desarrollo en la prestación de los servicios de la ciudadanía.

Que el consejo de seguridad departamental en reunión de la fecha considera necesario que se tomen algunas medidas como el toque de queda, para conservar el orden público.

Que ante la gravedad de los hechos, con miras a preservar y mantener el orden público, tendiente a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos (…).

También obra en el expediente copia del acuerdo celebrado el 14 de octubre de 1998, entre el gobernador del departamento de Norte de Santander, los representantes de los marchistas, el defensor del pueblo, delegados del ministerio público, el alcalde de San José de Cúcuta, y otras autoridades civiles (f. 105-107), con el fin de mantener el orden público y permitir que los marchistas satisficieran el propósito que los había llevado a desplazarse hasta la ciudad de San José de Cúcuta:

1. Ubicación de la marcha en la margen izquierda del río Zulia, a partir de la firma de la presente acta de acuerdo, sin afectar los derechos de los habitantes allí establecidos.

2. Las personas actualmente localizadas en el coliseo menor Eustorgio Colmenares de San José de Cúcuta permanecerán allí, serán vigiladas, controladas y protegidas por la Policía Nacional.

3. Se establece dos (2) días hábiles para que se adelanten gestiones ante el Gobierno Nacional sobre los puntos de solicitud objeto de la marcha, los cuales serán entregados al gobernador el 15 de octubre de 1998.

4. Las personas que fueron retenidas el día 14 de octubre en la ciudad de Cúcuta, con ocasión de los disturbios, serán ubicadas en el municipio de El Zulia, sitio de la concentración de la marcha, una vez se compruebe que no estén solicitadas por autoridad judicial competente, por hechos anteriores a ella, de conformidad con las normas legales vigentes. En el caso de que algunas de ellas resulten judicializadas, la Defensoría del Pueblo les ofrecerá servicios de defensoría pública.

5. Se evitará cualquier acto de provocación por parte de la fuerza pública a los marchistas, en los diferentes sitios de asentamiento.

6. Los negociadores designados por los marchistas tendrán libre movilización entre los diferentes asentamientos y los lugares de reunión y se les garantizarán las condiciones de seguridad. Para el cumplimiento de este punto deberán entregar el listado de los mismos al gobierno departamental. Entretanto, tales garantías operarán para los firmantes de la presente acta.

3.5. Considera la Sala que los daños causados al demandante son imputables al municipio de San José de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander, porque eran los responsables del mantenimiento del orden público en dicho municipio y, sin embargo, de acuerdo con lo que se probó en el expediente, solo adoptaron medidas orientadas a garantizarlo, cuando ya se habían producido los disturbios que culminaron con la incineración del vehículo de placas CUA-916.

El artículo 303 de la Constitución prevé que “el gobernador será el agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público”. En armonía con esa disposición, el artículo 305-1 ibídem atribuye a los gobernadores el deber de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales”. Las órdenes que expidan los gobernadores para la conservación del orden público o su restablecimiento donde fuere turbado, se aplicarán de manera inmediata y de preferencia, porque así lo dispone el artículo 296 de la misma Constitución.

Estas atribuciones estaban ya contenidas en disposiciones anteriores a la Constitución. Así en el Decreto 1222 de 1986(4), se atribuía a los gobernadores el deber de mantener el orden en el departamento y coadyuvar a su mantenimiento en el resto de la República” (art. 95-1), y “Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley” (art. 95-4)(5).

En relación con los alcaldes, el artículo 315-2 de la Constitución les atribuye la función de “Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.

Por su parte el artículo 12 de la Ley 62 de 1993(6), desarrolla las normas de la actual Constitución prevé que “Los gobernadores y alcaldes deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción”.

De acuerdo con las normas constitucionales citadas, y de las legales que la desarrollan, era deber del gobernador del departamento de Norte de Santander y del alcalde del municipio de San José de Cúcuta adoptar, conjuntamente con la Policía Nacional, las estrategias necesarias para atender la situación especial de orden público que se avecinaba con la marcha del numeroso grupo de campesinos que se dirigían desde el Catatumbo hasta la cabecera de ese municipio, para reclamar la presencia del Estado en esa región, a fin de que esa manifestación se desarrollara en completa calma, para garantizar así el respeto de los derechos a la vida y bienes de los habitantes del municipio.

Sin embargo, lo que se aprecia de las pruebas que obran en el expediente es que el toque de queda en el municipio y el acercamiento a los manifestantes con el fin de concertar las medidas necesarias para que estos cumplieran su propósito en condiciones que garantizaran la tranquilidad y seguridad en el municipio de San José de Cúcuta fueron adoptadas como respuesta a los hechos de violencia que se presentaron en las horas de la tarde del mismo 14 de octubre de 1998.

Los hechos violentos que alteraron el orden público en el municipio de San José de Cúcuta no fueron imprevisibles para las autoridades que representaban los entes demandados, si se tiene en cuenta que ya se habían reunido en el coliseo un grupo de 1.800 personas, situación que, claramente, no podía pasar desapercibida y que debió producirse en un tiempo considerable, porque las personas allí reunidas no eran habitantes del municipio sino que se habían desplazado desde varios lugares de la región del Catatumbo, e inclusive, se hallaba en las afueras del municipio otro grupo superior de manifestantes.

En consecuencia, considera la Sala que, a pesar de que fueron terceros, al parecer, personas que hacían parte del grupo de manifestantes, quienes causaron los daños al vehículo de placas CUA-916, el departamento de Norte de Santander y el municipio de San José de Cúcuta deben responder patrimonialmente por los perjuicios que esos hechos causaron al señor Ramiro Pérez Arévalo, porque estas autoridades omitieron adoptar las medidas necesarias para garantizar el orden público en el municipio, como era su deber constitucional y solo adoptaron dichas medidas cuando tales daños ya se habían causado(7).

En cuanto a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional, considera la Sala que no puede atribuírseles una falla del servicio, porque no se demostró que hubieran desatendido las órdenes que debieron darles el gobernador del departamento de Norte de Santander y el alcalde de San José de Cúcuta, que eran las autoridades encargadas de diseñar y adoptar las medidas necesarias para evitar que se causaran daños a los habitantes del municipio, con ocasión de la marcha campesina. Por el contrario, fueron esas autoridades quienes hicieron presencia en el lugar que se encontraban los campesinos, quienes habían decidido abandonar el coliseo, para desplazarse por las calles de la ciudad.

Sin embargo, se demostró en el proceso que los manifestantes reaccionaron en forma violenta ante la presencia de la fuerza pública, quien pretendió detener su desplazamiento por las principales vías de la ciudad. A palos y piedra, los campesinos atacaron a los miembros del ejército y de la policía, quienes reaccionaron con la dispersión de gases lacrimógenos y en medio de esa confrontación se causaron daños, entre otros, al vehículo de propiedad del demandante, el cual fue incinerado.

En ese orden de ideas, la Nación, representada en este caso por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional debe responder solidariamente con el departamento de Norte de Santander y el municipio de San José de Cúcuta, por los daños causados al vehículo de propiedad del señor Ramiro Pérez Arévalo, en tanto dichos daños se produjeron con ocasión del riesgo creado como consecuencia del enfrentamiento entre los manifestantes y la fuerza pública.

Ha considerado la Sala que son imputables al Estado los daños sufridos por quienes son sometidos a la exposición a un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Ha dicho la Sala:

En otros eventos (...) la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por ésta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado(8).

Por lo anterior, se condenará a las entidades demandadas a responder, en forma solidaria, por los perjuicios causados al señor Ramiro Pérez Arévalo como consecuencia de la incineración del vehículo Ford-100, de placas CUA-916. Sin embargo, se estima justo y equitativo de conformidad con la concurrencia de las diferentes entidades demandadas a la producción del daño, que la entidad que pague a la parte actora la totalidad de la condena, podrá luego reclamar a las otras entidades el siguiente porcentaje así: el departamento de Norte de Santander y el municipio de San José de Cúcuta les corresponde el 30% de la condena, cada uno; y el Ejército Nacional y la Policía Nacional el 20% de la condena, cada uno.

4. Indemnización de perjuicios.

4.1. Daño emergente.

Para acreditar los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, que sufrió como consecuencia del daño de su vehículo de placas CUA-916, el demandante trajo al expediente los siguientes documentos:

(i) Recibo correspondiente al servicio de grúa prestado por el establecimiento “Tigre Dos Mil”, el 14 de octubre de 1998, para el traslado del vehículo desde la redoma Aeropuerto, hasta el taller Torcoroma, por valor de $ 20.000 (fl. 23).

Considera la Sala que esa erogación está debidamente justificada en el expediente y su valor resulta razonable, por lo que se accederá a su reparación, previa actualización de ese valor a la fecha de esta sentencia, de conformidad con la siguiente fórmula:

F1
 

De donde:

Vp: Valor presente: valor a establecer

Vh: Valor histórico: $20.000

I. final: abril 2017 = 137,40

I. inicial: octubre de 1998, fecha del pago de las reparaciones: 51,62

F2
 

(ii) El contrato de servicios profesionales celebrado entre el demandante y el señor Abdon Blanco Rodríguez, el 18 de abril de 2000 (fls. 24-25), mediante el cual este se comprometió a reparar el vehículo Ford 100, de placas CUA-916, de propiedad del demandante y suministrarle los repuestos necesarios para que el vehículo quedara en buen estado de funcionamiento, en el término de un mes, contado a partir de la suscripción del contrato y, concretamente, en relación con los siguientes elementos:

El constratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como mecánico, pintor y latonero, proveyendo las partes, repuestos y materiales y mano de obra y cobrando por estos de manera integral los siguientes valores: 1. Proveeduría de una cabina de segunda, junto con vidrios, parabrisas, delanteros, traseros y laterales, con sus respectivos empaques y tapicería $ 2.800.000. 2. Proveeduría e instalación de sistema eléctrico general, incluyendo la bombillería, cableado de alta y simple, motor, limpiabrisas, sistema de encendido, relay, bobinas, planta de arranque, batería, cornetas, flusiblería por $ 1.500.000. 3. Proveeduría e instalación de motor de segunda en buen estado, recién reparado, por $1.800.000. 4. Proveeduría e instalación de carburador, prensa, disco, tapa de la caja, yugo, peladera y accesorios por $900.000. 5. Proveeduría e instalación de sistema de frenos por $400.000. 6. Proveeduría e instalación de tanque de combustible por $200.000. 7. Accesorios y bocelería por $ 200.000 y, 8. Latonería y pintura general de todo el vehículo por $ 1.800.000, para un total de nueve millones trescientos mil pesos ($ 9.300.000).

(iii) Tres recibos expedidos por el señor Abdón Blanco Arévalo, en los cuales consta que recibió del señor Ramiro Pérez Arévalo, las siguientes cantidades: $ 4.000.000, el 18 de abril de 2000; $ 3.000.000, el 3 de mayo de 2000, y $ 2.300.000, el 18 de mayo de 2000, en cumplimiento del “contrato de reparación de camioneta pick up, Ford-100, CUA-916” (fl. 43).

(iv) En el proceso se practicó dictamen pericial para establecer el valor del daño emergente y del lucro cesante reclamado por el señor Ramiro Pérez Arévalo. En el dictamen rendido el 6 de agosto de 2004, el perito conceptúo que el valor de reparación del vehículo ascendía a $ 8.970.000, y correspondía al valor de cada repuesto, discriminado de la misma forma en que figuraba en el contrato de reparación que el demandante trajo al expediente (fls. 108-110).

La Sala dará crédito a los documentos traídos por el demandante, con el fin de demostrar los gastos que debió realizar para reparar el vehículo que fue incinerado en los hechos de que trata este proceso, y no al dictamen, porque el perito no precisó para qué año correspondía ese valor de reparación, si para el momento de los hechos (1998), o al de la celebración del contrato de reparación (2000), o a la fecha del dictamen (2004), y porque se considera que el monto señalado en el contrato, que corresponde a los recibos de las sumas pagadas por el demandante al contratista, es razonable, teniendo en cuenta el mal estado en el que quedó el vehículo, de acuerdo con lo relatado por el testigo, el señor Jorge Eliécer Escobar Melo (fls. 96-97). Por lo tanto, se procederá a la actualización de ese valor, con la siguiente fórmula:

F1
 

Vp: Valor presente: valor a establecer

Vh: Valor histórico: $ 9.300.000

I. final: abril 2017 = 137,40

I. inicial: agosto de 2000, fecha del pago de las reparaciones: 60,99

F3
 

(v) No se reconocerá el valor de los bultos de cemento adquiridos en el establecimiento de comercio Materiales La Fortuna Mendoza, por valor de $ 70.000 (fl. 22), porque no se demostró que dicha adquisición la hubiera hecho el señor demandante; por el contrario, lo que se lo que afirma en la demanda es que el señor Ramiro Pérez Arévalo se ocupaba de transportar esos bienes, por encargo del ingeniero Juan Carlos Palma Parra, al momento de producirse la incineración del vehículo y posterior destrucción de su carga por los manifestantes, hecho que, de conformidad con lo previsto en el artículo 992 del Código de Comercio, lo exoneraba de la responsabilidad que le correspondía en su calidad de transportador(9).

2. Lucro cesante.

Se probó que el demandante destinaba el vehículo al transporte de carga, en el municipio de San José de Cúcuta, prueba de ello es que el mismo día de los hechos, estaba desarrollando una actividad lucrativa.

En la declaración rendida ante el a quo por el señor Jorge Eliécer Escobar Melo (fls. 96-97), manifestó que trabajaba con el señor Ramiro Pérez Arévalo, haciendo acarreos, en la camioneta Ford que fue incinerada el día de los hechos, la cual fue retenida por los manifestantes cuando transportaban un material para una obra que se estaba adelantando en Trigal Norte, por lo que no solamente él, sino también el señor Ramiro Pérez Arévalo habían estado sin empleo algún tiempo, mientras este consiguió el dinero para mandar a reparar el vehículo.

Obra también la certificación expedida por el señor Juan Carlos Palma Parra, “tecnólogo contratista” (fl. 18), quien aseguró que el demandante “laboró con el vehículo camioneta Ford 100, modelo 68, color azul, con franjas blancas y de placas CUA 916 de Cúcuta, como transportador de obreros y materiales, en actividades de reparación y mantenimiento de redes de agua potable en el perímetro del rea (sic) metropolitana de la ciudad de Cúcuta, en las cuales se desempeñó a cabalidad, devengando un salario integral diario equivalente a cincuenta mil pesos diarios ($ 50.000)”.

En el oficio dirigido el 3 de septiembre de 1998, por la secretaria de la división administrativa de salud del Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander, al jefe de la oficina de saneamiento del hospital Erasmo Meoz de Cúcuta (fl. 16), certificó que “el señor Ramiro Pérez Arévalo (…) es la persona que laborará en la jornada de campaña canina durante el período comprendido del 7 de septiembre al 9 de octubre del presente año, con el respectivo vehículo camioneta CUA.916 Cúcuta”.

Considera la Sala que las pruebas que se cita demuestran que el demandante ejercía la labor de transportador y que su actividad estaba debidamente reconocida en el municipio, al punto que sus servicios habían sido contratados por la oficina de saneamiento del hospital municipal. Para calcular el valor de la indemnización se tendrá en cuenta el ingreso certificado por el contratista, a quien prestaba sus servicios el día de los hechos, esto es, $ 50.000, diarios, que corresponden a $ 1.500.000 mensuales, por un lapso de 6 meses, que es el tiempo que prudencialmente ha reconocido la jurisprudencia, como lapso suficiente para que la víctima reinicie su actividad lucrativa. Esa suma será actualizada a la fecha y liquidada de acuerdo con las fórmulas adoptadas por la jurisprudencia:

F1
 

Vp: Valor presente: valor a establecer

Vh: Valor histórico: $1.500.000

I. final: abril 2017 = 137,40

I. inicial: mayo de 1999 (6 meses después de los hechos)

F4
 

Lucro cesante vencido:

F5
 

Total daños materiales: $ 53.235 (servicio de grúa) + $ 20.951.303 (reparación de vehículo) + $ 22.684.747 (lucro cesante) = $ 43.689.285.

3. Daños morales.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sala, es posible acceder a la reparación de perjuicios morales por la pérdida de bienes, a condición de que se encuentren demostrados tales perjuicios:

En lo que se refiere al pago de perjuicios por la pérdida de cosas materiales, inicialmente, el juez de lo contencioso no aceptaba dicho reconocimiento, sin embargo, en circunstancias especiales y por razones de particular afecto, admitía esta posibilidad, pero se exigía un tratamiento especial para evitar rendirle culto a las personas que “se dejan poseer por las cosas”. (…) de manera paralela, la jurisprudencia aceptó la posibilidad de que la pérdida de los bienes materiales causara perjuicio moral, sin embargo, éste no se presumía y debía acreditarse en el proceso. Igualmente, exigía que la afectación moral fuera tan intensa y tan apreciable que no cualquier pérdida de un bien podía ser moralmente compensado. Es más, se debían estudiar varios factores para determinar si había lugar a su reconocimiento. (…) la jurisprudencia ha decantado el asunto para llegar a aceptar que es posible indemnizar todo perjuicio moral, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas en esta materia independientes a la mera titularidad del derecho. (…) es preciso advertir que en la actualidad no existe obstáculo o razón alguna para no admitir la reparación del daño moral que podría causar la pérdida de un bien inmueble, claro está, siempre y cuando aquél esté debidamente fundamentado con pruebas que acrediten su existencia y magnitud…(10)”.

En el caso concreto, no se accederá al reconocimiento de los perjuicios morales reclamados por el señor Ramiro Pérez Arévalo, porque no se demostró que los daños causados a su vehículo le hubieran generado dolor moral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida el 29 de julio de 2011, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, se DECIDE:

1. DECLARAR patrimonialmente y solidariamente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, al departamento de Norte de Santander y al municipio de Cúcuta por los perjuicios sufridos por el señor Ramiro Pérez Arévalo, como consecuencia de los daños causados al vehículo de su propiedad, Ford-100, de placas CUA-916, en hechos ocurridos el 14 de octubre de 1998, en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander.

2. En consecuencia, CONDÉNASE solidariamente la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional, al departamento de Norte de Santander y al municipio de Cúcuta, a pagar al señor Ramiro Pérez Arévalo, por concepto de perjuicios materiales cuarenta y tres millones seiscientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos ($ 43.689.285).

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

3.(sic) La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, el departamento de Norte de Santander y el municipio de Cúcuta, darán cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Sin condena en costas.

6. La entidad que pague al demandante la totalidad de la condena aquí impuesta, podrá reclamar de las otras entidades el porcentaje que a cada una le corresponda, así: el departamento de Norte de Santander y el municipio de San José de Cúcuta el 30% del total de la condena, cada uno; y el Ejército Nacional y la Policía Nacional, el 20% del total de la condena, cada uno.

7. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(1) Para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año de 2000 tuviera vocación de segunda instancia ante esta Corporación debía tener una cuantía superior a $ 130.050.000, de conformidad con lo establecido en el artículo 132-6 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, y la cuantía determinada por la mayor de las pretensiones ascendía en ese año a $ 421.634.300, que corresponde a la indemnización solicitada por perjuicios materiales.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Escobar.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, exp. 23.816, C.P. Danilo Rojas Betancourth: “Esta corporación ha considerado que la información que aparece consignada en este tipo de documentos no puede ser valorada dentro de un proceso como una prueba testimonial, dado que carece de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no fue suministrada ante un funcionario judicial, no fue rendida bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho. No obstante, esto no significa que estos documentos carezcan por completo de valor probatorio, pues de acuerdo con un reciente pronunciamiento de esta corporación ‘…la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez (…). Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de mayo de 2012, 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI), C.P. Susana Buitrago Valencia)”.

(4) “Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental”.

(5) El artículo 87 del Decreto 1355 de 1970, “Por el cual se dictan normas sobre Policía”, que fue modificado por el art. 113 del Decreto Nacional 522 de 1971, establecía que “Los gobernadores, el alcalde de Bogotá (los intendentes y los comisarios especiales) podrán requerir el auxilio de las fuerzas militares, cuando las circunstancias de orden público lo exijan. // No obstante, ante peligro súbito y grave, los alcaldes podrán solicitar el auxilio de la fuerza militar, pero avisarán inmediatamente al respectivo gobernador, quien informará al comandante si ratifica o hace cesar tal auxilio. // Cuando lo considere necesario, el presidente de la República ordenará que las fuerzas militares colaboren con la policía para el cumplimiento de una tarea de orden interno”.

(6) “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”.

(7) En este mismo sentido resolvió la Sala las pretensiones formuladas por los propietarios de los establecimientos de comercio denominados farmacia La Cordialidad Nº 1 y Abastos Robertico, y de la camioneta Luv, de placas PSH-379, que fueron, respectivamente, saqueados e incinerada, en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en los disturbios presentados el 31 de agosto de 1999, dentro de la jornada de paro cívico nacional. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia de 13 de noviembre de 2014, exp. 34.308, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(8) Sentencia del 10 de agosto de 2000, exp. 11518, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En el mismo sentido, Sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 11834, C.P. Alier Hernández y de 22 de febrero de 2012, exp. 21.456, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre muchas otras.

(9) El artículo 992 del Código de Comercio, subrogado por el art. 10 del Decreto 01 de 1990 establece: “El transportador sólo podrá exonerarse, total o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño lo fue extraña o que en su caso, se debió a vicio propio o inherente de la cosa transportada, y además que adoptó todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación. // Las violaciones a los reglamentos oficiales o de la empresa, se tendrán como culpa, cuando el incumplimiento haya causado o agravado el riesgo. // Las cláusulas del contrato que impliquen la exoneración total o parcial por parte del transportador de sus obligaciones o responsabilidades, no producirán efectos”.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia de 9 de julio de 2014, exp. 44333, C.P. Enrique Gil Botero.